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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2013-00166-01

Contrato estatal de prestación de servicios: desnaturalización. RELACIÓN LABORAL – Elementos/ PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO

Fecha
26 de abril de 2018
Consejero ponente
Carmelo Darío Perdomo Cuéter
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2013-00166-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1. Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 9 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada por el señor Jhon Jairo Echeverry Moreno contra el municipio de Pereira, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 2. Adiciónase el fallo de primera instancia, en el sentido de declarar de oficio la excepción de prescripción extintiva de los emolumentos laborales derivados del vínculo que sostuvo el actor con el ente demandado en virtud de los contratos de prestación de servicios números 274, de 2 de enero de 2007 (2/1/7-28/2/7); 566, de 1.º de marzo de 2007 (1/3/7-30/4/7); 1079, de 30 de abril de 2007 (1/5/7-30/6/7); 1622, de 29 de junio de 2007 (1/7/7-5/7/7); 2166, de 6 de julio de 2007 (6/7/7-30/9/7); 2744, de 1.º de octubre de 2007 (1/10/7-31/10/7); 3299, de 1.º de noviembre de 2007 (1/11/7-30/11/7); 3872, de 1.º de diciembre de 2007 (1712/7-31/12/7); 64, de 2 de enero de 2008 (2/1/8-31/1/8); 644, de 1.º de febrero de 2008 (1/2/8-29/2/8) y 1047, de 4 de marzo de 2008 (4/3/8-31/12/8), de acuerdo con las razones expresadas en la motivación. 3. Modifícanse las órdenes impartidas por el a quo en los numerales tres, cuatro y cinco de la parte decisoria de la sentencia de 9 de junio de 2014, en cuanto a que el pago de prestaciones sociales y devolución de aportes en salud al sistema de seguridad social, corresponderá únicamente a cada período trabajado en virtud de los contratos de prestación de servicios números 76 (entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2009), 67 (del 1.º de julio al 31 de octubre de 2011) y su respectivo adicional 1 (desde el 1.º de noviembre y el 31 de diciembre de 2011) y el 66 (del 2 de enero al 29 de febrero de 2012), por cuanto operó la prescripción trienal respecto de los derechos laborales reclamados frente a los demás; en cambio, las cotizaciones para pensión, por ser las acciones imprescriptibles, incluye a todos los lapsos en que se ejecutaron los contratos de prestación de servicios, tal como se decidió en el fallo recurrido. 4. Revócase el numeral diez, en el sentido de que no hay lugar a condena en costas. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2013-00166-01

Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter

26 de abril de 2018

CONTRATO ESTATAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – Noción

El contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las diferencias entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios: Corte constitucional, sentencia C-154 de 1997.

FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 32

CONTRATO ESTATAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – Desnaturalización. RELACIÓN LABORAL – Elementos/ PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO / SUBORDINACIÓN / REMUNERACIÓN / PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES

El contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la desnaturalización del contrato de prestación de servicios: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 27 de enero de 2011, C.P.: Víctor Hernando Alvarado Ardila, rad.: 0202-10.

CONTRATO REALIDAD / SUBORDINACIÓN –Prueba / PERMANENCIA – Prueba

En reciente decisión la subsección B de esta sección segunda recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión, elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el elemento subordinación en el contrato realidad: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, C.P.: Gerardo Arenas Monsalve, rad.: 0316-14.

CONTRATO REALIDAD – Reconocimiento / PRESCRIPCIÓN TRIENAL DE LOS DERECHOS DERIVADOS DEL CONTRATO REALIDAD – Computo / PRESCRIPCIÓN TRIENAL DE LOS DERECHOS DERIVADOS DEL CONTRATO REALIDAD – Interrupción

Se debe tener en cuenta que, con arreglo al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, «Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible», es decir, que una vez llegado el fin de cada contrato de prestación de servicios, comienza a correr, a partir del día siguiente, la extinción de la acción, salvo que, como también lo dice la norma, «El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual».

FUENTE FORMAL: DECRETO 3135 DE 1968 – ARTÍCULO 41

CONTRATO REALIDAD / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Pago de prestaciones sociales con base en los honorarios pactados en el contrato, por ser superiores a los salarios que devenga el personal de planta

En atención a que en el presente caso se encuentra demostrada la existencia de una relación laboral disfrazada bajo contratos y órdenes de prestación de servicios, hay lugar a dar aplicación a los principios de igualdad e irrenunciabilidad de derechos en materia laboral (artículos 13 y 53 de la Carta Política); y, en consecuencia, proceder a reconocer el pago de las correspondientes prestaciones sociales, con base en los honorarios pactados porque son superiores a los salarios devengados por los celadores de planta de la secretaría de educación, según consta en oficio de 5 de octubre de 2012, de la directora administrativa de prestación del servicio educativo y administrativo de plazas docentes, dirigido al apoderado del actor, en el que se asegura que en los años 2010, 2011 y 2012 percibían la suma, en su orden, de $693.070, $721,371 y $763.211 (f. 84), mientras que el accionante, en el 2012, conforme a la constancia, de 14 de noviembre de 2012, recibió honorarios por valor de $1.091.000 (f. 9).

IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS APORTES PENSIONALES EN EL CONTRATO REALIDAD / DIFERENCIAS DE APORTES PENSIONALES – Pago

Dado que los aportes al sistema de seguridad social en pensiones son imprescriptibles, tal como se explicó en la precitada sentencia de unificación, la entidad accionada deberá tomar (durante el tiempo comprendido en los siguientes lapsos: 2 de enero de 2007-31 de diciembre de 2007, 2 de enero de 2008-29 de febrero de 2008, 6 de marzo de 2008-31 de diciembre de 2008, 1.º de enero de 2009- 30 de diciembre de 2009, 1.º de julio de 2011-31 de diciembre de 2011, y 2 de enero de 2012-29 de febrero de 2012) el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante (los honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, debe cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter, rad.: 0088-15.

APORTES EN SALUD EN EL CONTRATO REALIDAD – Pago / PRESCRIPCIÓN DE LOS APORTES A SALUD – Operancia

Los aportes en salud, establecidos en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, el ente demandado deberá pagar al demandante la cuota parte correspondiente a los períodos, no prescritos, comprendidos entre el 1º de enero y el 30 de diciembre de 2009, y desde el 1 de julio de 2011 hasta el 29 de febrero de 2012, salvo las interrupciones, siempre y cuando este demuestre que asumió esa carga.

CONTRATO REALIDAD / CALZADO Y VESTIDO DE LABOR – Compensación / PRESCRIPCIÓN TRIENAL- Operancia

Por lo que se refiere al reconocimiento del valor de las dotaciones de calzado y vestido de labor, conforme a la Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989, la Sala compensará en dinero solo las correspondientes a las fases inluidas, por no estar prescritas las acciones, entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2009 (tres dotaciones), y desde 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2011 (una dotación). (…). La condena de la compensación en dinero de las dotaciones de vestido y calzado de labor, solo incluirá, por no haber ocurrido el fenómeno de la prescripción trienal, los lapsos laborados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009 (tres dotaciones), y desde 1.º de julio hasta el 31 de diciembre de 2011 (una dotación).

FUENTE FORMAL: DECRETO 1978 DE 1989 – ARTÍCULO 2 / DECRETO 1978 DE 1989 – ARTÍCULO 3

EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES - Definición / TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES – Clases / TRABAJADORES EN MISIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES- Definición / TRABAJADORES DE PLANTA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES - Definición

En cuanto a los trabajadores en misión, que cuestiona el recurrente de no haberse pronunciado el a quo, según los artículos 71 y 74 de la Ley 50 de 1990, «Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones», la empresa de servicios temporales «es aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador», y sus trabajadores son de dos categorías: «Trabajadores de planta y trabajadores en misión. Los trabajadores de planta son los que desarrollan su actividad en las dependencias propias de las empresas de servicios temporales. Trabajadores en misión son aquellos que la empresa de servicios temporales envía a las dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado por éstos» (negrillas fuera de texto).

FUENTE FORMAL: LEY 50 DE 1990 – ARTÍCULO 79 / DECRETO 1042 DE 1978 – ARTÍCULO 36 / DECRETO 1042 DE 1978 – ARTÍCULO 42

CONDENA EN COSTAS – Criterio subjetivo

Esta Sala considera que el artículo 365 del CGP, por remisión del 188 del CPACA, deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, actuación que no se observa en el proceso, por lo que se revocará la sentencia apelada al respecto.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUETER

Bogotá D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 66001-23-33-000-2013-00166-01(3917-14)

Actor: JHON JAIRO ECHEVERRY MORENO

Demandado: MUNICIPIO DE PEREIRA

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Contrato realidad

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de 9 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 96-133). El señor Jhon Jairo Echeverry Moreno, por conducto de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el municipio de Pereira para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.1.1 Pretensiones (ff.100-101). 1) El actor aspira a que se declare la nulidad del oficio 30150 de 2 de noviembre de 2012, del secretario de educación de Pereira, a través del cual se le negó al demandante el reconocimiento y pago del reajuste salarial y de prestaciones sociales, con su respectiva indexación, por haber laborado en dicha entidad.
2) Que se declare la existencia de una relación de carácter laboral entre el demandante y el ente demandado, entre el 2 de enero de 2007 y el 29 de febrero de 2012.

3) Que se ordene al municipio de Pereira-secretaría de educación liquidar y pagar las prestaciones sociales: prima de servicios, auxilio de transporte, dotación, cesantías, intereses a las cesantías y las prestaciones sociales acordes con la ley, entre el 2 de enero de 2007 y el 30 de diciembre de 2009, y del 1.° de julio de 2011 al 29 de febrero del 2012, así como el trabajo suplementario, conforme a la remuneración pactada en los contratos de prestación de servicios suscritos y ejecutados, o sobre el salario que devengan otros servidores que realizan las mismas funciones, en caso de que esta sea inferior, e indexados en el momento que se realice el pago al demandante.

4) Condenar al municipio de Pereira-secretaría de educación a pagar al accionante los porcentajes de cotización correspondientes a pensión, ARP y salud que se debió trasladar a los fondos correspondientes y que fueron asumidos por él, entre el 2 de enero de 2007 y el 30 de diciembre de 2009 y del 1° de julio del 2011 al 29 de febrero de 2012.

5) Que se condene al municipio de Pereira-secretaría de educación al pago del reajuste salarial y de prestaciones sociales de ley, de salud, ARP y pensiones, así como del trabajo suplementario, de conformidad con la liquidación realizada por Servitemporales S.A., entre el 1.° de enero del 2010 y el 11 de diciembre del 2010, y del 1.° de enero al 30 de junio de 2011, con arreglo a la retribución percibida por los empleados que prestan las mismas actividades, e indexados en el momento que se realice el pago al actor.
6) Que se declare que el tiempo laborado por el demandante bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios y como trabajador en misión se debe computar para efectos pensionales.

7) Que se condene al accionado a pagar la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo; las costas procesales, y a las sumas que resulten probadas y no estén relacionadas.

1.1.2 Fundamentos fácticos (ff. 96-100). Relata el accionante que prestó sus servicios al municipio de Pereira, secretaría de educación, desde el 2 de enero de 2007 hasta el 30 de diciembre de 2009, y del 1.o de julio de 2011 al 29 de febrero de 2012, según desprendibles de pago, actas de interventoría y contratos de prestación de servicios. Asimismo, como trabajador en misión, a través de la empresa de servicios temporales Servitemporales S.A., entre el 1.º de enero de 2010 y el 11 de diciembre de 2010, y del 1.º de enero de 2011 al 30 de junio del mismo año.

Se desempeñó como vigilante en las instituciones educativas Escuela La Palabra y Pablo Emilio Cardona, de Pereira, con notoria subordinación, sin queja o llamado de atención por parte de sus superiores y funciones que incluían cumplir los turnos que se le asignaran en coordinación con el rector; controlar la entrada y salida de personas, vehículos y objetos del plantel educativo; custodiar y cuidar las áreas que se le asignaran; estar atento a la prevención o control de situaciones de emergencia; velar por el mantenimiento, conservación y seguridad de los bienes, en razón a la vigilancia que le haya sido fijada; atender los relevos cuando se presentara alguna situación administrativa durante la ejecución del contrato, y consignar en un registro de control las anomalías detectadas en el turno e informarlas.
Expone que no le fueron reconocidas las prestaciones sociales a las cuales por ley tiene derecho (primas, cesantías, vacaciones, etc.), a pesar de cumplir horarios en domingos, festivos y horas nocturnas, que nunca le fue reconocido; todo ello constituye factor salarial, y aduce la entidad demandada que es un contrato de prestación de servicios. Tampoco se le reconoce lo correspondiente al pago de seguridad social (salud, pensión, ARP), y no es beneficiario de ninguna caja de compensación familiar. Por el contrario, le tocaba pagar la totalidad de la seguridad social, conforme a la ley.

Por oficio 30150 de 2 de noviembre de 2012, del secretario de educación de Pereira, se le negó al actor su solicitud, de 25 de octubre anterior, sobre el reconocimiento de la existencia de su relación laboral, desde el 2 de enero de 2007 hasta el 29 de febrero de 2012.

Por último, el valor promedio de los contratos en las diferentes instituciones fue el siguiente: año 2007, $766.500; 2008, $817.166; 2009, $886.625; 2011, $1.058.949; y 2012, $1.091.000.

1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por el acto administrativo acusado las siguientes: los artículos 2, 4, 6, 13, 25, 28, 53, 90, 209, 229 y 300, numeral 7, de la Constitución Política; 1, 5, 6 y 8 del Decreto 3135 de 1968; 23, 35 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, Leyes 100 de 1993, 50 de 1990 y 21 de 1982 y Decretos 1848 de 1969 y 1295 de 1994.

Asevera que, en síntesis, las labores para las cuales se le contrató configuran una relación de naturaleza legal y reglamentaria, pues son evidentes los elementos esenciales del contrato de trabajo establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En tal virtud, se quebranta el principio de igualdad por cuanto a funcionarios en situaciones idénticas a la de él se les daba un trato diferente, al reconocérseles una relación laboral con todas las prerrogativas que eso implica, lo cual vulnera el derecho al trabajo, los derechos adquiridos y el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política.

Aduce que la autonomía e independencia del contratista constituye el elemento esencial del contrato de prestación de servicios, circunstancia que no es aplicable en el presente caso, al considerar que está plenamente probado que él prestó sus servicios como vigilante de establecimientos educativos, empleo existente en la planta de personal y, además, con el cumplimiento de funciones permanentes, lo que contradice el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que permite la celebración de este tipo de contratos, siempre que se trate de una labor temporal o transitoria que no pueda desempeñarse por personal de planta y amerite conocimientos especializados, los que él no requería.

1.2 Contestación de la demanda (ff. 154-162). El accionado se opone a las pretensiones de la demanda, al considerar que, en esencia, la vinculación del actor con el municipio de Pereira no era laboral, sino contractual, de conformidad con el artículo 32, numeral 3, de la Ley 80 de 1993, tal como se puede constatar con los contratos de prestación de servicios. Él prestó sus servicios en las instituciones educativas La Palabra y Pablo Emilio Cardona, sin ser de recibo las afirmaciones sobre la subordinación, pues, en la relación contractual, puede solo darse la coordinación porque el contratista no puede quedar como una rueda suelta.

El accionante laboró en condiciones dignas y justas, y percibió honorarios que superan de manera evidente lo devengado por el personal adscrito a la Administración municipal, los cuales cumplían labores de vigilancia, sin que ejercieran idénticas funciones.

Propuso las excepciones de cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación y cualquiera que se encuentre probada en el proceso.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia de 9 de junio de 2014, accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda, al declarar la nulidad del oficio 30150 de 2 de noviembre de 2012, del secretario de educación de Pereira, y considerar que el elemento subordinación propio de la relación laboral se encuentra acreditado en el caso concreto, dada la naturaleza de las labores realizadas por el demandante, en cumplimiento de las órdenes impartidas por los rectores de las instituciones educativas, de lo cual se desprende la falta de autonomía e independencia en la prestación del servicio.

En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, condenó al ente accionado a pagarle al actor las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho, «tomando como base los honorarios contractuales derivados de los contratos y órdenes de prestación de servicios correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, desde el 2 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007, desde el 2 de enero de 2008 hasta el 29 de febrero de 2008 y del 6 de marzo de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2008, desde [el] 1o de enero de 2009 hasta el 30 de diciembre de 2009, desde el 1o de julio de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011 y desde el 2 de enero de 2012 hasta el 29 de febrero de 2012».
Igualmente, condenó al accionado, por una parte, a pagar en favor del demandante los porcentajes de cotización correspondientes a pensión y salud que debió trasladar a los fondos respectivos, durante el período acreditado en que prestó sus servicios, y, por la otra, la compensación en dinero de las dotaciones de vestido y calzado de labor en los siguientes términos: 2 de enero de 2007-31 de diciembre de 2007 (tres dotaciones); 2 de enero de 2008- 29 de febrero de 2008 y 6 de marzo de 2008-31 de diciembre de 2008 (tres dotaciones); 1.º de enero de 2009-30 de diciembre de 2009 (tres dotaciones); (iv) 1.º de julio de 2011-31 de diciembre de 2011 (una dotación).

Y, por último, el tiempo laborado bajo la modalidad de contratos y órdenes de prestación de servicios, se debe computar para efectos pensionales. Condenó en costas al accionado (ff. 212-227).

III. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

El accionante interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia, en que aduce los siguientes aspectos: (i) a pesar de haber laborado sin solución de continuidad, desde el 2 de enero de 2007 hasta el 29 de febrero de 2012, ello no se le reconoce en el fallo; (ii) la orden al municipio de Pereira de pagar todas las prestaciones sociales de orden legal, incluye las ordinarias y extraordinarias, que goza el personal de planta que realiza iguales o similares funciones; (iii) no se tuvo en cuenta el trabajo suplementario, no obstante, estar probado dentro del plenario que sí lo laboró; (iv) no se ordenó el reajuste salarial por el tiempo laborado en misión a través de Servitemporales S.A., tal como se solicitó en las pretensiones: con base en el valor pactado en los contratos suscritos y ejecutados o sobre el valor que devengan las personas nombradas si este es menor (ff. 236-238).

Por su parte, el ente accionado, funda su inconformidad, en pocas palabras, en que no puede pregonarse subordinación por el hecho de que se desplieguen labores propias del contrato celebrado, pues la entidad que contrata regula su cumplimiento por medio de un interventor, sin que por ello resulte subordinado el contratista. Si bien se determina que la actividad se desarrollará bajo la orientación de un coordinador o interventor, ello no configura la existencia de una relación laboral, ya que es lógico que el servicio debe prestarse dentro de los marcos y objetivos que tenga trazados el contratante (ff. 239-247).

IV. TRÁMITE PROCESAL

Los recursos de apelación interpuestos por las partes fueron concedidos en auto de 4 de julio de 2014 ante esta Corporación (f. 249), y se admitieron por proveído de 20 de octubre siguiente (f. 274); y, después, en providencia de 19 de febrero de 2015, se dispuso a correr traslado simultáneo a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión y conceptuara, en su orden (f. 117), oportunidad por todos desaprovechada.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), esta Corporación es competente para conocer del presente litigio en segunda instancia.

5.2 Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar si al demandante le asiste razón jurídica o no para reclamar del municipio de Pereira-secretaría de educación el pago de las prestaciones salariales y sociales no devengadas durante el tiempo que permaneció vinculado como contratista, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre formalidades, o, por el contrario, si los contratos de prestación de servicios (o cualquiera que sea su denominación) que celebró con dicha entidad territorial se ajustan a la normativa legal vigente, por cuanto no se configuraron los elementos de subordinación y continua dependencia que alega, propios de una relación laboral.

5.3 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se destaca:

a) Escrito del actor, a través de apoderado, de 25 de octubre de 2012, en el que solicita de la secretaría de educación de Pereira el reconocimiento y pago de reajustes salariales y de prestaciones sociales por haber laborado en dicha entidad, mediante contratos de prestación de servicios, y como trabajador en misión a través de la empresa de servicios temporales Servitemporales S. A., entre el 2 de enero de 2007 y el 29 de febrero de 2012 (ff. 4-8)).

b) Oficio 30150 de 2 de noviembre de 2012, del secretario de educación y de la directora administrativa de prestación del servicio y administración de plazas docentes, por la cual resuelve de manera negativa la petición del accionante antes reseñada, de 25 de octubre de 2012, en el sentido de que «En ningún caso estos contratos [de prestación de servicios] generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebran por el término estrictamente indispensable» (f. 3).

c) Constancia de 14 de noviembre de 2012, de la directora administrativa de prestación del servicio educativo y administración de plazas docentes, de la secretaría de educación de Pereira, sobre los contratos de prestación de servicios celebrados entre la entidad demandada y el accionante como conserje en la Institución Educativa La Palabra (f. 9).

d) Fotocopias de contratos de prestación de servicios celebrados entre la secretaría de educación de Pereira y el actor, en los que prestó los de servicios de portería en las Instituciones Educativas Pablo Emilio Cardona y Escuela La Palabra, de Pereira. Dichos contratos son los números 274, de 2 de enero de 2007 (2/1/7-28/2/7); 566, de 1.º de marzo de 2007 (1/3/7-30/4/7); 1079, de 30 de abril de 2007 (1/5/7-30/6/7); 1622, de 29 de junio de 2007 (1/7/7-5/7/7); 2166, de 6 de julio de 2007 (6/7/7-30/9/7); 2744, de 1.º de octubre de 2007 (1/10/7-31/10/7); 3299, de 1.º de noviembre de 2007 (1/11/7-30/11/7); 3872, de 1.º de diciembre de 2007 (1712/7-31/12/7); 64, de 2 de enero de 2008 (2/1/8-31/1/8); 644, de 1.º de febrero de 2008 (1/2/8-29/2/8); 1047, de 4 de marzo de 2008 (4/3/8-31/12/8); 76, de 1.º de enero de 2009 (1/1/9-31/12/9); 67, de 29 de junio de 2011, y su contrato adicional 1 (1/7/11-31/12/11); y 66, de 2 de enero de 2012 (2/1/12-29/2/12) [ff. 11-23 y 48-53, cdno. ppal.].

e) Certificación de 13 de noviembre de 2012, de la rectora de la Institución Educativa Escuela de La Palabra, en la que declara que el accionante laboró en ese plantel como conserje hasta el 28 de febrero de 2012, con los siguientes turnos: dos días, dos noches, dos descansos (f. 62).

f) Constancia de 17 de octubre de 2012, de la rectora de la Institución Educativa Escuela de La Palabra, en la que manifiesta que el demandante laboró en ese colegio como conserje hasta el 28 de febrero de 2012, con el horario de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. y de 6:00 p. m. a 6:00 a. m. (f. 63).

g) Fotocopia de Circular 7 de 2006, de la secretaría de educación de Pereira (f. 30, cdno. de pruebas).

h) Certificación de la empresa Servitemporales S. A., de 9 de octubre de 2012, en la que se declara que el actor «ha laborado en nuestra empresa con contratos de obra o por labor determinada suministrada como trabajador en misión con Alcaldía de Pereira-Secretaría de Educación» entre el 5 de enero de 2010 y el 30 de junio de 2011 (f. 72).

i) Desprendibles de pago de nómina del demandante en la empresa Servitemporales S. A., desde el 1.º de enero de 2010 hasta el 30 de junio de 2011 (ff. 73-78).

j) Oficio de la directora administrativa de prestación del servicio educativo y administración de plazas docentes, de 5 de octubre de 2012, en el que le informa al apoderado del accionante sobre la planta de personal de la secretaría de educación (f. 84).

k) Testimonios de los señores Herman Largo Calvo, María Cecilia Loaiza Rivillas y Luz Dary Pérez (ff. 187-191).

De las pruebas que obran en el proceso, se infiere que el actor desarrolló actividades en las Instituciones Educativas Pablo Emilio Cardona, desde el 2 de enero hasta el 30 de septiembre de 2007, y en la Escuela La Palabra, entre el 1.º de octubre de 2007 y el 29 de febrero de 2012, del municipio de Pereira, como conserje o portero, por medio de los distintos contratos de prestación de servicios reseñados en la letra d) de este acápite, cuyos objetos y alcances fueron los siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Prestar los servicios de portería en el establecimiento educativo Escuela La Palabra del Municipio de Pereira, o en el Establecimiento Educativo que la Secretaría de Educación lo requiera, por necesidades del servicio.
CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: El contratista en desarrollo del objeto del contrato realizará las siguientes actividades inherentes al objeto contractual: 1) Cumplir con los turnos de portería que se le asignen y en coordinación con el Rector de la Institución y/o Director Rural. 2) Custodiar y cuidar del área o zona de la Institución que se le haya designado. 3) Controlar la entrada y salida de personas, vehículos y objetos del plantel educativo; 4)Velar por el buen estado y conservación de los mecanismos de seguridad (alarmas), e informar las anomalías detectadas; 5) Velar por el mantenimiento, conservación y seguridad de los bienes del establecimiento educativo en las zonas de vigilancia que le hayan sido asignadas; 6) Colaborar en la prevención y control de situaciones de emergencia; 7) Consignar en los registros de control las anomalías durante sus turnos e informar oportunamente sobre los mismos (tomado del contrato 644, de 1.º de febrero de 2008, ff. 19-20) [sic para todo el texto].

Como ha de recordarse, el contrato u orden de prestación de servicios se ha definido como el celebrado por las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las instituciones; sus condiciones están dadas, entre otras normas, por el artículo 32, numeral 3, de la Ley 80 de 1993, modificado por el Decreto 165 de 1997; el Decreto 2209 de 1998, que, al dictar normas sobre austeridad del gasto para las entidades que manejan recursos del tesoro nacional, reguló el tema; y el Decreto 2170 de 2002, que, en relación con esas contrataciones, además de indicar la manera de selección del contratista, precisa que «solo se realizarán para fines específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio a contratar».

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

Y, al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154 de 19 de marzo de 1997, precisó la disparidad entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral: la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo, y, además, determinó que «el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que […] en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente».

De lo anterior, se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende a la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda recordó que i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión, elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine.

Dicho esto, se tiene que en folios 11-23 y 48-53 del cuaderno principal del expediente reposan fotocopias de los contratos de prestación de servicios celebrados entre la entidad accionada y el demandante, atrás relacionados, y, en folio 9, se encuentra una constancia, de 14 de noviembre de 2012, de la directora de administración de prestación de servicio educativo y administración de plazas docentes, del municipio de Pereira, en la que da testimonio del período de esos contratos, como se transcriben a continuación, y de la última remuneración: «[…] en el último prestó sus servicios en la Institución Educativa La Palabra, percibiendo honorarios para esa vigencia por $1.091.000».
DESDE
HASTA

02/01/2007
28/02/2007
01/03/2007
30/04/2007
01/05/2007
30/06/2007
06/07/2007
30/09/2007
01/10/2007
31/10/2007
01/11/2007
30/11/2007
01/12/2007
31/12/2007
02/01/2008
31/01/2008
01/02/2008
29/02/2008
06/03/2008
31/12/2008
01/01/2009
30/12/2009
01/07/2011
31/12/2011
02/01/2012
29/02/2012

En la anterior tabla, se puede observar que existe un vacío, entre el 1.º de enero de 2010 y el 30 de junio de 2011, que el recurrente lo explica de la siguiente manera: «Del 05 de Enero del 2010 al 11 de Diciembre de 2010 y Del 01 de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011 (Trabajador en misión a través de la Empresa de Servicios Temporales-SERVITEMPORALES S. A.)» [f. 237] (sic para toda la cita). Quiere decir ello, que el accionante, durante el lapso señalado, no celebró contrato de prestación de servicios, de modo personal y directo, con el municipio de Pereira, sino que ejerció sus actividades de vigilante o portero en la misma escuela como trabajador en misión, tema que se abordará más adelante.

A más de lo anterior, se debe tener en cuenta que, con arreglo al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, «Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible», es decir, que una vez llegado el fin de cada contrato de prestación de servicios, comienza a correr, a partir del día siguiente, la extinción de la acción, salvo que, como también lo dice la norma, «El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual».

En efecto, como el reclamo ante el municipio de Pereira-secretaría de educación lo efectuó el demandante, por conducto de su apoderado, el 25 de octubre de 2012, solo se encuentran en vigor las acciones que se desprenden de los contratos números 76 (entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2009), 67 (del 1.º de julio al 31 de octubre de 2011) y su adicional 1 (desde el 1.º de noviembre y el 31 de diciembre de 2011) y el 66 (del 2 de enero al 29 de febrero de 2012), ya que en los anteriores (cada uno por separado), el término prescriptivo se inició un día después de la terminación y se extinguieron las acciones; por ejemplo, el contrato 274, de 2 de enero de 2007, con una duración del 2 de enero al 28 de febrero de 2007, comenzaron los tres años a computarse desde el primero de marzo ulterior hasta el primero de marzo de 2010. En fin, los lapsos no prescritos son los contenidos entre el 1.º de enero y el 30 de diciembre de 2009, y desde el 1.º de julio de 2011 hasta el 29 de febrero de 2012.

Por otra parte, fuera de los documentos allegados, se escuchó en audiencia de pruebas, el 13 de noviembre de 2013, los testimonios de los señores Luz Dary Pérez, Herman Largo Calvo y María Cecilia Loaiza, excompañeros de trabajo del demandante en la Institución Educativa Escuela La Palabra (ff. 187-191), en que coinciden en atestiguar que este en su trabajo, como vigilante del plantel, le correspondía estar pendiente de abrir y cerrar puertas para el acceso y salida de los vehículos, que recibía órdenes directas de la rectora o de la coordinadora y que ejercía labores todos los días, incluidos los fines de semana y festivos durante 12 horas por 24 de descanso.

De ahí que estos testimonios, que convienen en los hechos narrados, merezcan credibilidad por cuanto demuestran los tres elementos propios de una relación de trabajo (subordinación, prestación personal y remuneración); pero, sobre todo, que el demandante prestó la labor en forma subordinada o dependiente respecto del empleador, sujeto a órdenes de la rectora, y que en el proceso reposan los contratos de prestación de servicios ejecutados (prestación personal) con el valor de los honorarios recibidos.

Así las cosas, en atención a que en el presente caso se encuentra demostrada la existencia de una relación laboral disfrazada bajo contratos y órdenes de prestación de servicios, hay lugar a dar aplicación a los principios de igualdad e irrenunciabilidad de derechos en materia laboral (artículos 13 y 53 de la Carta Política); y, en consecuencia, proceder a reconocer el pago de las correspondientes prestaciones sociales, con base en los honorarios pactados porque son superiores a los salarios devengados por los celadores de planta de la secretaría de educación, según consta en oficio de 5 de octubre de 2012, de la directora administrativa de prestación del servicio educativo y administrativo de plazas docentes, dirigido al apoderado del actor, en el que se asegura que en los años 2010, 2011 y 2012 percibían la suma, en su orden, de $693.070, $721,371 y $763.211 (f. 84), mientras que el accionante, en el 2012, conforme a la constancia, de 14 de noviembre de 2012, recibió honorarios por valor de $1.091.000 (f. 9).

El pago de las prestaciones sociales a que tiene derecho el accionante, es consecuencia de la nulidad del acto acusado (oficio 30150 de 2 de noviembre de 2012, de la secretaria de educación y de la directora administrativa de prestación del servicio y administración de plazas docentes), como se determinó en sentencia de unificación de la sección segunda de esta Corporación, a título de restablecimiento del derecho; pero ello no conlleva reconocerle el estatus de empleado público, ya que tal condición presupone la existencia de un acto administrativo que disponga el nombramiento, de la posesión en el cargo y de disponibilidad presupuestal.

En esta misma sentencia de unificación, la sección segunda de esta Corporación precisó:
[…]

ii) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y progresividad.

[…]

De igual modo, se unifica la jurisprudencia en lo que atañe a que (i) el consecuente reconocimiento de las prestaciones por la nulidad del acto administrativo que niega la existencia de la relación laboral y del tiempo de servicios con fines pensionales proceden a título de restablecimiento del derecho […].

En este orden de ideas, dado que los aportes al sistema de seguridad social en pensiones son imprescriptibles, tal como se explicó en la precitada sentencia de unificación, la entidad accionada deberá tomar (durante el tiempo comprendido en los siguientes lapsos: 2 de enero de 2007-31 de diciembre de 2007, 2 de enero de 2008-29 de febrero de 2008, 6 de marzo de 2008-31 de diciembre de 2008, 1.º de enero de 2009- 30 de diciembre de 2009, 1.º de julio de 2011-31 de diciembre de 2011, y 2 de enero de 2012-29 de febrero de 2012) el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante (los honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, debe cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

Y en cuanto a los aportes en salud, establecidos en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, el ente demandado deberá pagar al demandante la cuota parte correspondiente a los períodos, no prescritos, comprendidos entre el 1.º de enero y el 30 de diciembre de 2009, y desde el 1.º de julio de 2011 hasta el 29 de febrero de 2012, salvo las interrupciones, siempre y cuando este demuestre que asumió esa carga.

Por lo que se refiere al reconocimiento del valor de las dotaciones de calzado y vestido de labor, conforme a la Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989, la Sala compensará en dinero solo las correspondientes a las fases inluidas, por no estar prescritas las acciones, entre el 1.º de enero y el 30 de diciembre de 2009 (tres dotaciones), y desde 1.º de julio hasta el 31 de diciembre de 2011 (una dotación).

Por otro lado, en cuanto a los trabajadores en misión, que cuestiona el recurrente de no haberse pronunciado el a quo, según los artículos 71 y 74 de la Ley 50 de 1990, «Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones», la empresa de servicios temporales «es aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador», y sus trabajadores son de dos categorías: «Trabajadores de planta y trabajadores en misión. Los trabajadores de planta son los que desarrollan su actividad en las dependencias propias de las empresas de servicios temporales. Trabajadores en misión son aquellos que la empresa de servicios temporales envía a las dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado por éstos» (negrillas fuera de texto).

Como el actor alega su condición de trabajador en misión, vinculado a la empresa de servicios temporales Servitemporales S. A. y enviado a prestar servicios al municipio de Pereira-secretaría de educación y a la Institución Educativa Escuela La Palabra, es conveniente expresar que entre la empresa y el ente municipal existe una relación laboral, regida por el Código Sustantivo del Trabajo, conforme al artículo 75 de la mencionada Ley 50 de 1990; pero esta no es perceptible ni directa entre este último y el trabajador en misión.

No obstante, el artículo 79 ibidem ordena «Los trabajadores en misión tendrán derecho a un salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la empresa usuaria que desempeñen la misma actividad, aplicando para el efecto las escalas de antigüedad vigentes en la empresa. Igualmente, tendrán derecho a gozar de los beneficios que el usuario tenga establecidos para sus trabajadores en el lugar de trabajo, en materia de transporte, alimentación y recreación».

Por ello, en el presente asunto, no basta que el demandante arguya su calidad de trabajador en misión, durante el período del 5 de enero de 2010 al 30 de junio de 2011, sino que resulta menester probar, por medio de los contratos de suministro de personal y de trabajo, las funciones para las que fue contratado y cómo las desarrolló, y no con una certificación de la empresa de servicios temporales Servitemporales S. A., de 9 de octubre de 2012, en la que se asevera que él «ha laborado en nuestra empresa con contratos por obra o labor determinada como trabajador en misión», y con los desprendibles de pago de nómina (ff. 73-78). Por lo tanto, no es dable acceder a esta pretensión.

Y, por último, en cuanto al pago de horas extras de trabajo, esta Sala, en sentencia de 6 de octubre de 2016, después de invocar el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, sobre otros factores que constituyen salario, determinó que «tal regulación tiene como destinatarios a los empleados públicos, condición de la cual carece el actor y por la que no es posible admitir que estuvo sujeto a la jornada ordinaria laboral prevista en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, lo que excluye la posibilidad de reconocimiento y pago del trabajo suplementario». Y, además, conforme a la letra b) del artículo 36 del citado decreto, «El trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente, mediante comunicación escrita, en la cual se especifiquen las actividades que hayan de desarrollarse», lo cual no se demuestra en el proceso. En consecuencia, no es viable acceder a esta petición.

En este orden, con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la Sala confirmará de manera parcial la sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, respecto de la nulidad del acto acusado (oficio 30150 de 2 de noviembre de 2012, de la secretaria de educación y de la directora administrativa de prestación del servicio y administración de plazas docentes), la que adicionará para declarar el acaecimiento de la prescripción extintiva de los derechos prestacionales derivados de los contratos de prestación de servicios suscritos y ejecutados con anterioridad al 1.º de enero de 2009 y, por tanto, modificará las órdenes descritas en los numerales tres, cuatro y cinco de su parte decisoria, que ordenaron lo siguiente:

3. Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, se condena al Municipio de Pereira a pagar en favor del demandante Jhon Jairo Echeverry Moreno, de las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho, tomando como base los honorarios contractuales derivados de los contratos y órdenes de prestación de servicios correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, desde el 2 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007, desde el 2 de enero de 2008 hasta el 29 de febrero de 2008 y del 6 de marzo de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2008, desde 1o de enero de 2009 hasta el 30 de diciembre de 2009, desde el 1o de julio de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011 y desde el 2 de enero de 2012 hasta el 29 de febrero de 2012, dentro del marco de las consideraciones de este proveído.

4. Asimismo, se condena a la entidad demandada a pagar en favor del demandante los porcentajes de cotización correspondientes a pensión y salud que debió trasladar a los Fondos respectivos, durante el período acreditado en que prestó sus servicios. En su defecto, la entidad efectuará las cotizaciones a que haya lugar, conforme se expuso en la parte motiva de esta providencia.

5. Igualmente, se condena al Municipio de Pereira a pagar, en favor del demandante, la compensación en dinero de las dotaciones de vestido y calzado de labor en los siguientes términos: (i) del 2 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007: Lo correspondiente a tres (03) dotaciones, (ii) del 2 de enero de 2008 hasta el 29 de febrero de 2008 y del 6 de marzo de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2008: Lo correspondiente a tres (03) dotaciones, (iii) del 1o de enero de 2009 hasta el 30 de diciembre de 2009: Lo correspondiente a tres (03) dotaciones, (iv) del 1o de julio de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011: Lo correspondiente a una (01) dotación.

En su lugar, se dispone que tal condena, en lo que atañe a prestaciones sociales y aportes de salud, solo abarca las etapas trabajadas en virtud de los contratos de prestación de servicios números 76 (entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2009), 67 (del 1.º de julio al 31 de octubre de 2011) y su respectivo adicional 1 (desde el 1.º de noviembre y el 31 de diciembre de 2011) y el 66 (del 2 de enero al 29 de febrero de 2012), ya que operó la prescripción trienal respecto de los derechos laborales reclamados frente a los demás. En cuanto a las cotizaciones para pensión, sí ampara a todos los períodos en que se ejecutaron los contratos de prestación de servicios, tal como lo determinó el a quo.

La condena de la compensación en dinero de las dotaciones de vestido y calzado de labor, solo incluirá, por no haber ocurrido el fenómeno de la prescripción trienal, los lapsos laborados entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2009 (tres dotaciones), y desde 1.º de julio hasta el 31 de diciembre de 2011 (una dotación).

En lo que hace a la condena en costas, que incluye las agencias en derecho que correspondan a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, se pronunció esta Corporación en sentencia de 1.º de diciembre de 2016, en el sentido de que «corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma».

Por ello, esta Sala considera que el artículo 365 del CGP, por remisión del 188 del CPACA, deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, actuación que no se observa en el proceso, por lo que se revocará la sentencia apelada al respecto.

En atención a que quien se halla habilitado legalmente para ello, confirió poder en nombre de la entidad demandada municipio de Pereira-secretaría de educación, se reconocerá personería a la profesional del derecho destinataria de este.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 9 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada por el señor Jhon Jairo Echeverry Moreno contra el municipio de Pereira, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

2. Adiciónase el fallo de primera instancia, en el sentido de declarar de oficio la excepción de prescripción extintiva de los emolumentos laborales derivados del vínculo que sostuvo el actor con el ente demandado en virtud de los contratos de prestación de servicios números 274, de 2 de enero de 2007 (2/1/7-28/2/7); 566, de 1.º de marzo de 2007 (1/3/7-30/4/7); 1079, de 30 de abril de 2007 (1/5/7-30/6/7); 1622, de 29 de junio de 2007 (1/7/7-5/7/7); 2166, de 6 de julio de 2007 (6/7/7-30/9/7); 2744, de 1.º de octubre de 2007 (1/10/7-31/10/7); 3299, de 1.º de noviembre de 2007 (1/11/7-30/11/7); 3872, de 1.º de diciembre de 2007 (1712/7-31/12/7); 64, de 2 de enero de 2008 (2/1/8-31/1/8); 644, de 1.º de febrero de 2008 (1/2/8-29/2/8) y 1047, de 4 de marzo de 2008 (4/3/8-31/12/8), de acuerdo con las razones expresadas en la motivación.

3. Modifícanse las órdenes impartidas por el a quo en los numerales tres, cuatro y cinco de la parte decisoria de la sentencia de 9 de junio de 2014, en cuanto a que el pago de prestaciones sociales y devolución de aportes en salud al sistema de seguridad social, corresponderá únicamente a cada período trabajado en virtud de los contratos de prestación de servicios números 76 (entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2009), 67 (del 1.º de julio al 31 de octubre de 2011) y su respectivo adicional 1 (desde el 1.º de noviembre y el 31 de diciembre de 2011) y el 66 (del 2 de enero al 29 de febrero de 2012), por cuanto operó la prescripción trienal respecto de los derechos laborales reclamados frente a los demás; en cambio, las cotizaciones para pensión, por ser las acciones imprescriptibles, incluye a todos los lapsos en que se ejecutaron los contratos de prestación de servicios, tal como se decidió en el fallo recurrido.

4. Revócase el numeral diez, en el sentido de que no hay lugar a condena en costas.

5. Reconócese personería a la abogada Diana Milena Grisales Hurtado, con cédula de ciudadanía 42.128.737 y tarjeta profesional de abogado 214.981 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada del municipio de Pereira-secretaría de educación, en los términos del poder que obra en f. 310 del expediente.

6. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

CARMELO PERDOMO CUÉTER

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
Corte Constitucional, sentencia de 19 de marzo de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-00020-01 (0316-2014), actora: Magda Viviana Garrido Pinzón, demandado: Unidad Administrativa Especial de Arauca.
En la Circular 7 de 2006, del secretario de educación de Pereira, dirigida a los rectores de establecimientos educativos oficiales, se estableció: «[…] PRIMERA: El superior inmediato de un CELADOR es el rector de un establecimiento educativo al que éste se encuentre asignado, su función es velar por el adecuado cumplimiento de las funciones del cargo, y reportar a la secretaría de educación cualquier anomalía que se presente, las facultades sancionatorias son competencia de la Secretaría de Educación […]» (f.30, cdno. de pruebas).
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia de 25 de agosto de 2016, radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Lucinda María Cordero Causil, demandado: Municipio de Ciénaga de Oro. «[…] no resulta procedente condenar a la agencia estatal demandada al pago de las prestaciones a las que tenía derecho el contratista-trabajador a título de reparación integral de perjuicios, dado que estas se reconocen como efecto de la anulación del acto que las negó […]».
Así lo sostuvo esta Corporación en sentencia de 10 de febrero de 2011, sección segunda, subsección A, consejero ponente: Gustavo Gómez Aranguren, expediente 73001-23-31-000-2008-00081-01(1618-09).

Según los artículos 2 y 3, la entrega de dotación de vestido y calzado los días 30 de los meses de abril, agosto y diciembre, siempre y cuando se hubiera trabajado de manera ininterrumpida tres meses antes de cada suministro.

La actividad de esta empresa fue regulada por el Decreto 24 de 1998, que, a su vez, fue modificado y adicionado por el Decreto 503 del mismo año.
Ley 50 de 1990, artículo 81. «Los contratos celebrados entre las empresas de servicios temporales y los usuarios, deberán:
1. Constar por escrito.
2. Hacer constar que la empresa de servicio temporal se sujetará a lo dispuesto por la ley para efectos del pago de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos diurnos y nocturnos, dominicales y festivos.
3. Especificar la compañía aseguradora, el número de la póliza, vigencia y monto con la cual se garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas de servicios temporales con los trabajadores en misión.
4. Determinar la forma de atención de las obligaciones que en materia de salud ocupacional se tiene para con los trabajadores en misión, cuando se trate de las circunstancias establecidas en el artículo 78 de la presente ley».
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 6 de octubre de 2016, expediente 66001-23-33-000-2013-00091-01(0237-14), consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, actor: Miguel Ángel Castaño Gallego, demandado: Municipio de Pereira-secretaría de educación.
Decreto 1042 de 1978, artículo 42. «Además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios».
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

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Radicación No. 41001-23-33-000-2015-00217-01
Actor: DANIELA ALEJANDRA PÉREZ MONJE
IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE TUTELA - Pág. No. PAGE 1

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