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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2013-00358-02

Fecha
18 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2013-00358-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFÍCASE sentencia del 31 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así: <<PRIMERO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER- por los daños causados al demandante GERMÁN BOTERO GALLEGO como consecuencia de la ocupación de su propiedad. SEGUNDO: CONDÉNASE a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER- al pago de treinta y nueve millones setenta mil setecientos veintinueve pesos ($39.070.729) a favor del demandante GERMÁN BOTERO GALLEGO. TERCERO: La sentencia deberá ser registrada y protocolizada en la oficina de registro de instrumentos públicos para que obre como título traslaticio de dominio de los lotes No. 2 y No. 3 del predio denominado <<El Finco>> a favor de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER-. Los gastos correspondientes al registro serán por cuenta de la entidad territorial. CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: CONDENA en costas en primera instancia en los términos expuestos en esa decisión. SEXTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículo 187 y 192 del CPACA. SEGUNDO: SIN CONDENA en costas en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente a su Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 66001-23-33-000-2013-00358-02

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

18 de noviembre de 2024

Radicado: 66001-23-33-000-2013-00358-01 (60753)
Demandante: Germán Botero Gallego

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Reparación directa
Radicación: 66001-23-33-000-2013-00358-01 (60753)
Demandante: Germán Botero Gallego
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER- y
Municipio de La Virginia

Tema: Ocupación permanente por obra pública. Se confirma la decisión de
primera instancia que declaró la responsabilidad de la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda -CARDER- porque se probó que,
con ocasión de la construcción de una obra para mitigar la
emergencia invernal, ocupó de forma permanente los lotes de
propiedad del demandante afectando su unidad e integridad. Se
revoca la condena en perjuicios realizada con fundamento en el
dictamen pericial, porque no se tuvo en cuenta la condición del
inmueble. En su lugar, se fija la condena con fundamento en el valor
de adquisición del inmueble actualizado a la fecha.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda -CARDER- contra la sentencia del 31 de agosto de 2017
proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala
Tercera de Decisión, que resolvió:

<<1. DECLÁRESE administrativamente y patrimonialmente responsable a la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER- de los daños y perjuicios
ocasionados al señor Germán Botero Gallego con la ejecución de una obra pública
y la ocupación permanente de los predios de su propiedad, identificados con los
folios de matrículas inmobiliarias Nos. 290-161675 y 290-161676.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda -CARDER- a pagar al señor Germán Botero
Gallego, el resarcimiento de los perjuicios irrogados a título de daño emergente por
la suma de $478.169,67 y lucro cesante por la suma de $148.539.000, por
concepto de la ocupación permanente de los inmuebles de su propiedad.

3. ORDÉNESE la inscripción de la presente sentencia en los folios de matrículas
inmobiliarias Nos. 290-161675 y 290-161676 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Pereira, como título traslaticio de dominio de los

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Radicado: 66001-23-33-000-2013-00358-01 (60753)
Demandante: Germán Botero Gallego

inmuebles de propiedad del demandante Germán Botero Gallego, a favor de la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER-.

4. Se condena en costas a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –
CARDER-, por lo considerado en la parte motiva de este fallo.

5. La Corporación Autónoma Regional -CARDER- dará cumplimiento al presente
fallo, en los términos referidos en los artículos 187 y 192 del CPACA. Para lo
anterior se enviará la copia respectiva de esta sentencia a la Procuraduría
Regional, para los efectos del artículo 75, numeral 12 del Decreto 262 de 2000.

6. Se deniegan las demás pretensiones de la demanda. (…)>>

La sala es competente para proferir esta providencia porque resuelve un recurso
de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal
administrativo que conoció el proceso en primera instancia en razón de la cuantía
estimada en la demanda1.

El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 15 de febrero de
20182. En el auto del 28 de septiembre de 20183 se corrió traslado para alegar
de conclusión. El demandante y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
-CARDER- presentaron alegatos de conclusión. El Municipio de La Virginia
guardó silencio y el Ministerio Público no rindió concepto.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda fue presentada el 15 de octubre de 2013 por Germán Botero
Gallego. Se dirigió contra la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –(en
adelante CARDER) y el Municipio de La Virginia (en adelante, el municipio) para
obtener la indemnización de perjuicios causados por la ocupación permanente
que las citadas entidades realizaron sobre los lotes 2 y 3 de su propiedad en el
predio denominado <<El Finco>>.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<3.1. Declarar a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA
-CARDER-, (…) y al MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, (…) RESPONSABLES
ADMINISTRATIVA, EXTRACONTRACTUAL Y SOLIDARIAMENTE de los daños
y perjuicios de todo orden ocasionados al patrimonio del señor GERMÁN BOTERO
GALLEGO (…), por los hechos y omisiones ocasionados con motivo de la
ocupación irregular e ilegítima, hecha el día 14 de enero de 2012 sobre el bien

1 Según lo dispuesto en el artículo 157 del C.P.A.C.A., los tribunales administrativos conocían en

primera instancia las demandas de reparación directa cuya pretensión mayor excedía 500
SMLMV, que al momento de presentar la demanda ascendía a $294.750.000. En este caso la
cuantía estimada superó dicho monto.
2 F. 510, c. ppl.
3 F. 522, c. ppl.

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Radicado: 66001-23-33-000-2013-00358-01 (60753)
Demandante: Germán Botero Gallego

inmueble integrado por los lotes 2 y 3 ampliamente singularizados en el hecho 2.4
de la relación de hechos, por causa de trabajos públicos que deterioraron la
integridad del inmueble en forma total, realizada por LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER- , como ejecutora de las
obras por intermedio del contratista ADRIAN CAMILO HERNÁNDEZ, con
conocimiento de las autoridades municipales del Municipio La Virginia (…).

3.2. Como consecuencia de la declaración anterior CONDENAR a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER-, (…) y al
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, (…) en forma solidaria por los siguientes conceptos
y de manera integral:

3.2.1. PERJUICIOS DE ORDEN MATERIAL

3.2.1.1. DAÑO EMERGENTE

Resulta del daño total causado por la ocupación parcial con deterioro total e íntegro
del inmueble en sus dos lotes de mi representado.

Por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($443.400.000)

Adicional a la suma anterior se debe condenar por los reiterados viajes por parte
de mi cliente de su domicilio al lugar de los hechos, tiempos utilizados para atender
las actuaciones ilícitas de las administraciones; diligencias practicadas con fines
conciliatorios, atenciones judiciales, tutela como medio transitorio en Juzgado de
la Virginia y posteriormente el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira –
Risaralda, etc. Por el anterior concepto: Por la suma de QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($500.000)
(…)
3.2.1.2 LUCRO CESANTE: Se estima la suma de TREINTA Y UN MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($31.500.000).
(…)
3.2.2. PERJUICIOS DE ORDEN MORAL
Se estima como perjuicios de orden moral de CINCUENTA MILLONES DE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($50.000.000) y en subsidio, la suma que señale la
jurisdicción contenciosa en <<arbitrium iudicis>> (…)>>

3.- Las pretensiones se basaron en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El demandante es propietario del terreno llamado <<El Finco>>, integrado
por dos lotes contiguos cuya extensión es de 2,217 metros cuadrados cada uno,
los cuales están ubicados en el barrio Alfonso López del municipio de La Virginia,
Risaralda.

3.2.- Mediante Resolución 3214 del 13 de septiembre de 2011, la CARDER
ordenó la construcción de unas obras para mitigar la emergencia que presentaba
el municipio a causa de la ola invernal. Según la mencionada resolución, <<las
obras se desarrollarián única y exclusivamente dentro de los 30 metros de la zona
forestal protectora de los ríos Cauca y Risaralda, medido a partir de la línea de
mareas máxima del cauce de los ríos mencionados, y las zonas de la Madre Vieja
o cauces abandonados que forman parte del cauce natural>>. En dicho acto

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Demandante: Germán Botero Gallego

también se indicó que el predio <<El Finco>> se encontraba ubicado en el antiguo
cauce del río Risaralda denominado Madre Vieja. Ese acto administrativo no fue
notificado a los propietarios de los predios que serían afectados por las obras que
llevaría a cabo la entidad.

3.3.- Los lotes 2 y 3 son de naturaleza privada y no de uso público: la <<tradición
inmobiiiaria está bien sustentada históricamente y con respaldo de documentos
públicos idóneos y versiones de memoria oral en cabeza de un conglomerado de
personas que afirman que el antiguo cauce del rio Risaralda y su actual Madre
Vieja en ningún momento estuvieron ubicados geográficamente dentro del suelo
que actualmente soporta el inmueble materia de este debate, situación fáctica
que excluye en forma radical la presencia de los lotes de propiedad privada
dentro de un bien de uso público, como es conocido los cauces antiguos de los
ríos denominados Madre Vieja>>.

3.4.- <<En modo alguno, en el sitio actual donde están ubicados los lotes 2 y 3
existe cauces permanentes de ríos y lagos o cauces permanentes de
cualesquiera tipos de corrientes de agua, no existen sectores riberanos a ríos,
quebradas, arroyos, arroyuelos, caños, depósitos naturales de agua
superficiales, salvo el nivel freático muy propio de todo el Municipio de La Virginia
y la región determinado en razón de la presencia de los ríos Cauca y Risaralda.
Tampoco hay muestras de existencias de álveos, cauces o lecho de ríos y aguas
corrientes, ahora desecadas y que se denominan Madre Viejas y si ésta existen
a la fecha o existieron, no quedan dentro o al interior de los predios objeto de
este debate.>>, por lo que no podía ser intervenido sin ninguna compensación,
de tal manera que lo procedente era acudir a la compra o negociación del predio;
sin embargo, eso no se hizo.

3.5.- Pese a que el demandante siempre se negó a autorizar la realización de
esas obras en su predio, el 14 de enero de 2012 funcionarios de la CARDER
ingresaron de manera violenta a su inmueble e iniciaron la excavación y apertura
de un canal de tres metros, aproximadamente. Dicho canal fue construido en la
mitad de los dos lotes y atravesó todo el terreno.

<<Si bien la intervención antijurídica realizada por la entidad demandada no
afectó la totalidad del inmueble, el diseño de las excavaciones y obras
complementanas (jarillones, huecos, movimientos de tierra etc.) hechas sobre la
mitad del inmueble y a toda la longitud del mismo, inhabilitaron las zonas no
ocupadas rompiendo la integridad y unidad del inmueble y consiguientemente
perdiendo toda su funcionalidad y su capacidad de desarrollo económico>>.

3.6.- Ante la intervención arbitraria se interpuso una acción de tutela que no
prosperó porque, según el juez, las obras ejecutadas tenían sustento en la
mencionada resolución y las mismas estaban siendo ejecutadas para mitigar el

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Demandante: Germán Botero Gallego

impacto de la inundación, por lo que lo procedente era demandadar la legalidad
de esos actos.

3.7.- El demandante alega que esta obra destruyó su predio porque rompió la
integridad y unidad del inmueble y ahora no se puede explotar económicamente
para actividades de pesca, pues el canal atraviesa los dos lotes por la mitad. En
consecuencia, pide el reconocimiento de: (i) perjuicios morales; (ii) daño
emergente por el valor del deterioro total de los lotes y los gastos de transporte
en los que incurrió por la acción de tutela que interpuso por estos hechos; (iii) el
lucro cesante por la rentabilidad mensual que su predio dejó de producir; y (iv)
los intereses legales del dinero que se le debió pagar por la ocupación.

B. Posición de la parte demandada

4.- La CARDER se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en
que:

4.1.- La actuación de la entidad se ajustó a los procedimientos legales y tenía
como finalidad mitigar los efectos negativos de la época invernal. La CARDER
realizó los encuentros de socialización con la comunidad para informarles de la
importancia de estas obras y el beneficio que traerían al municipio de La Virginia.
En la Resolución 3214 del 2011, que ordenó la ejecución de esas obras, se
justificó su necesidad y se explicaron las razones por las cuales se debía
intervenir los lotes del demandante, pues este se encontraba ubicado en la Madre
Vieja, antiguo cauce del río Risaralda. Ante el desbordamiento del río, el predio
del demandante se inundó y era necesario devolver las aguas que volvieron al
antiguo cauce del río, ocupado por los asentamientos humanos, al río Risaralda.

4.2.- Existe un informe técnico realizado el 9 de noviembre de 2006 por la entidad
cuya elaboración es anterior a los hechos de la demanda y a la adquisición del
predio por el demandante. Este informe contiene la información técnica e histórica
del sector de la Madre Vieja, en el cual se encuentra ubicado el predio del
demandante. Dicha zona está ubicada al oriente del casco urbano del municipio
de La Virginia y uno de sus asentamientos es el barrio Alfonso López. Debido a
sus condiciones geológicas-geomorfológicas la zona está compuesta por
<<depósitos aluviales de los ríos Risaralda y Cauca>> que ante la creciente de
estos se generan inundaciones en todo el sector. Sus formaciones superficiales
se caracterizan por <<suelos blandos>>, por lo que allí está prohibida la
construcción de viviendas.

4.3.- Además, el Decreto 2811 de 1974 en sus artículos 83 literal D y 84, 206,
207 y 209 establece que los cauces permanentes de los ríos y lagos son de uso
público y no podrán ser adjudicados. Por tanto, al estar el predio del demandante
ubicado en el antiguo cauce del río Risaralda y contener depositos aluviales, el

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Demandante: Germán Botero Gallego

bien es de uso público en los términos del artículo 14 del decreto 1541 de 1978
y podía ser intervenido por la CARDER para mitigar los efectos de la ola invernal.

Las normas mencionadas señalan lo siguiente:

<<Decreto 2811 de 1974

Artículo 83.- Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables
e imprescriptibles del Estado:
(...)

d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente
de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho.

Artículo 84: La adjudicación de un baldío no comprende la propiedad de aguas,
cauces ni, en general, la de bienes a que se refiere el artículo anterior, que
pertenecen al dominio público.

Artículo 206: Se denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública
o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o
mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras
o productoras-protectoras.

Artículo 207: El área de reserva forestal sólo podrá destinarse al
aprovechamiento racional permanente de los bosques que en ella existan o se
establezcan y, en todo caso, deberá garantizarse la recuperación y supervivencia
de los bosques.

En el caso, previamente determinado, en que no existan condiciones ecológicas,
económicas o sociales que permitan garantizar la recuperación y supervivencia
de los bosques, el concesionario o titular de permiso pagará la tasa adicional que
se exige en los aprovechamientos forestales únicos.

Artículo 209: No podrán ser adjudicados los baldíos de las áreas de reserva
forestal.

Se podrá otorgar concesión sobre el uso de baldíos desprovistos de bosques,
aun dentro de área de reserva forestal, durante el tiempo necesario para que el
concesionario establezca bosques artificiales y los pueda aprovechar.

No se reconocerá el valor de mejoras hechas en una región después de haber
sido declarada área de reserva forestal. Tampoco habrá lugar al pago de mejoras
en alguna de dichas áreas cuando se hayan hecho después de ponerse en
vigencia este Código. (EXEQUIBLE).>>

Decreto 1541 de 1978

Artículo 14°.- Para efectos de aplicación del artículo 83, letra d) del Decreto-Ley
2811 de 1974, cuando el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora,
pretenda titular tierras aledañas a ríos, lagos procederá, conjuntamente con el
Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena,
a delimitar las franja o zona a que se refiere éste artículo, para excluirá de la
titulación.

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Demandante: Germán Botero Gallego

Tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de ríos
arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la zona a que se refiere
el artículo anterior, cuando por mermas, desviación o desacatamiento de
las aguas, ocurridos por causas naturales, quedan permanentemente al
descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, los suelos que se tendrán
como parte de la zona o franja que alude al artículo 83, letra d) del Decreto-
Ley 2811 de 1974, que podrá tener hasta treinta (30) metros de ancho.>>

4.4.- Lo anterior si se tiene en cuenta que los artículos 126 y 129 del Decreto
2811 de 1974 y los artículos 196 a 198 del Decreto 1541 de 1978, establecen
que los propietarios de predios aledaños a los cauces de los ríos no pueden
oponerse a la construcción de obras que tengan como objetivo detener las
inundaciones derivadas de la época invernal. Como el predio del demandante se
encuentra ubicado en esa zona, era posible realizar la intervención y las obras.

Estas normas, textualmente señalan:

<<Decreto 2811 de 1974

Artículo 126: Cuando por causas de aguas lluvias o sobrantes de aguas usadas
en riego se produzcan inundaciones, los dueños de los predios vecinos
deberán permitir la construcción de obras necesarias para encauzar las
aguas, previa la aprobación de los correspondientes planos.

Artículo 129: En ningún caso el propietario, poseedor o tenedor de un predio, podrá
oponerse al mantenimiento de las acequias de drenaje, desvío o corona.

Decreto 1541 de 1978

Artículo 196: Cuando por causa de crecientes extraordinarias u otras emergencias,
los propietarios, poseedores, tenedores o administradores de predios o las
Asociaciones de Usuarios, se vieren en la necesidad de construir obras de
defensa sin permiso del Inderena (hoy CARDER), deberán dar aviso escrito al
Instituto, dentro de los seis (6) días siguientes a su iniciación, Dichas obras serán
construidas con carácter provisional, cuidando de no causar daños a terceros y
quedaran sujetas a su revisión o aprobación por parte del Inderena.

Artículo 197: En los mismos casos previstos por el artículo anterior, el Inderena
podrá ordenar la construcción o demolición de obras para conjurar daños
inminentes. Pasado el estado de emergencia, el Inderena dispondrá que se
retiren las obras que resulten inconvenientes o se construyan otras nuevas,
por cuenta de quienes resultaron defendidos directa o indirectamente.

Artículo 198. Ningún propietario podrá oponerse a que en las márgenes de los ríos
o en los cauces o lechos de las corrientes o depósitos de agua se realicen obras
de defensa para proteger a otros predios contra la acción de las privadas o
públicas.>>

4.5.- Sostuvo que las obras se ejecutaron dentro de los 30 metros de la zona
forestal protectora de los ríos Cauca y Risaralda, medidos a partir de la línea de
mareas máximas del cauce de los ríos y las zonas de Madre Vieja (antiguo cauce
del río Risaralda que fue modifcado por la manipulación del asentamiento
humano en la zona).

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Demandante: Germán Botero Gallego

4.6.- El demandante no probó el daño que supuestamente se le causó con estas
obras; por el contrario, está demostrado que desde la construcción de las mismas
el inmueble nunca volvió a inundarse y <<que ello constituye plusvalía a favor del
Estado>>. Es decir, las obras eran necesarias y le generaron un beneficio al
demandante y al casco urbano del municipio que ante las crecientes del río
Cauca y Risaralda se inundaba, debido a que las aguas volvían a su antiguo
cauce.

4.7.- Propuso las excepciones de cobro de lo no debido e inexistencia de
perjuicios. Lo anterior, si se tiene en cuenta que el demandante no acreditó que
el predio hubiera sufrido una desvalorización por la obra que se realizó o que dejó
de percibir ingresos porque realizaba alguna actividad en este lugar ni que que
este pudiera explotarse económicamente con la actividad de pesca que adujo en
la demanda.

5.- El Municipio de La Virginia guardó silencio en el proceso.

C. Sentencia recurrida

6.- Mediante sentencia del 31 de agosto de 2017 el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Tercera de Decisión, adoptó las siguientes decisiones:

6.1.- Exoneró de responsabilidad al Municipio de La Virginia porque el daño fue
causado por la ocupación arbitraria de los lotes por parte de la CARDER, y no
por los acuerdos dictados por el municipio para mitigar los efectos de la ola
invernal; adicionalmente, se acreditó que las obras de intervención del predio no
fueron realizadas por el municipio sino por los funcionarios de la corporación
demandada.

6.2.- Declaró responsable a la CARDER porque el demandante no tenía el deber
de soportar que su predio fuera ocupado por una obra pública sin que mediara
indemnización por parte esta entidad. Con base en la inspección judicial realizada
en la acción de tutela y el dictamen pericial, encontró probado que el predio del
demandante perdió su unidad, funcionalidad y capacidad de desarrollo
económico como consecuencia de la construcción inconclusa de un canal de
corte trapezoidal4, que atraviesa los dos lotes, cuya finalidad era el tratamiento
de aguas del río Risaralda.

6.3.- Así mismo, indicó que, si bien el predio se encontraba ubicado en una
llanura de inundación, lo que lo hace fácilmente inundable, esto no eximía a la
entidad de obtener la autorización del propietario para realizar las obras
orientadas a mitigar los efectos de la ola invernal acontecida durante 2010 y 2011

4 Es un canal abierto con una sección transversal trapezoidal en la que ambos lados tienen la

misma pendiente.

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Demandante: Germán Botero Gallego

o de comprarle el área afectada, ya que, según las pruebas, el predio es de
propiedad del demandante.

6.4.- Los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978 que menciona la demandada
como fundamento para realizar las obras, no justifican la ocupación del bien
privado con una obra pública y no indemnizar al propietario afectado. Por el
contrario, esta normatividad lo que autorizaba era realizar intervenciones
temporales que afectaran lo menos posible el predio y que en caso de ser
necesario debía adelantarse previamente el procedimiento de expropiación si no
se lograba un acuerdo con el propietario para su compra.

6.5.- Finalmente, señaló que, de acuerdo con lo concluido por el perito, el predio
del demandante no debió ser intervenido porque estaba lejos del cauce del río
Risaralda, esto es, a <<190.90 metros aproximadamente>> según la aplicación
Google Earth.

6.6.- En cuanto a los perjuicios: (i) negó los perjuicios morales porque no estaban
acreditados; (ii) reconoció el daño emergente correspondiente al valor
actualizado del inmueble ocupado ($478.169.667) y ordenó que los dos lotes
fueran transferidos a la CARDER. Determinó esa suma con base en los cálculos
realizados por el perito teniendo en cuenta el avalúo comercial de bienes
similares; (iii) reconoció el lucro cesante por <<los réditos que habría dejado de
producir el dinero que se le debió entregar al afectado para el momento en el que
se ocupó su bien>>, esto es, la suma de $148.539.000; y (iv) negó lo dejado de
producir en el terreno porque no se puede reconocer el valor de los lotes (daño
emergente) y, también, lo que debía rentar como lo estableció el perito.

D. Recurso de apelación

7.- La CARDER solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y se
nieguen las pretensiones. Presenta los siguientes reparos:

7.1.- El tribunal no tuvo en cuenta que, al estar ubicado en una llanura de
inundación que pertenece al antiguo cauce del río Risaralda en la zona de la
Madre Vieja, el predio del demandante es un bien de uso público por lo que tiene
las característica de inembargable, imprescriptible e inalienable según lo
dispuesto en el artículo 83 literal D del Decreto 2811 de 1974. De tal suerte que
podía ser intervenido por parte de esta entidad para mitigar los efectos de la ola
invernal y la inundación en la zona, sin que deba reparar ningún daño.

7.2.- Según las sentencias T-666 de 2002 y 2001-00051 de 2013, así como lo
dispuesto en el artículo 14 del decreto 1541 de 1978 <<cualquier reducción,
desviación o desecamiento de las riveras de los ríos, arroyos o lagos no
accedería a los predios privados, sino que se tendría como parte de la zona
definida en el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974>>. De manera que el tribunal

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Demandante: Germán Botero Gallego

desconoció dichas normas y sin fundamento legal condenó a la entidad. En este
caso no basta con que el demandante tenga un título que lo acredite como
propietario de los lotes, era necesario constatar su titularidad con las condiciones
del terreno y verificar que el mismo se encuentra ubicado en el antiguo cauce del
río Risaralda, suelos que son de uso público. Así mismo, resalta que, <<no se
puede con una sentencia legalizar las invasiones realizadas sobre el cauce de
los ríos Risaralda y Cauca, pues la modificación del cauce se hizo por maniobras
humanas>>.

7.3.- Insiste en que, historicamente la zona donde está ubicado el predio del
demandante es inundable y según los planos que se indican en el informe técnico
del 9 de noviembre de 2006, con una proyección de 10, 20 y de 100 años, el río
tendrá una progresión de retorno, que inunda la zona.

7.4.- Si se revisan las escrituras de los lotes del demandante, los cuales fueron
adquiridos el 26 de diciembre de 2006, es fácil advertir que estos pertenecían al
Municipio de Bilbao y después por una accesión pasaron hacer parte del
Municipio de la Virginia, conformando una llanura, la cual hace parte de la Madre
Vieja, entendida esta como parte del cauce que cuando el río crece o se producen
fuertes lluvias se inunda. Por tal motivo y debido a las condiciones geomórficas
del predio, allí no es posible realizar ningún tipo de construcción, por lo que su
uso es paisajistico. El predio del demandante no tiene ninguna funcionalidad por
las condiciones del suelo, por lo que no era posible reconocerle perjuicios por esa
causa.

7.5.- Si bien el demandante refiere que en el predio había realizado obras para
la actividad de pesca, en el proceso está acreditado no tenía licencia para
ejecutarlas, por lo que no puede exigir el reconocimiento de perjuicios por una
funcionalidad que no tenía.

7.6.- El tribunal valoró un dictamen que carece de fundamento y que no justifica
la condena. En la decisión se incurrió en varias imprecisiones, tales como: (i)
aceptar que el predio demandante está localizado sobre una llanura de
inundación, pero que no es un bien de uso público porque el demandante
demostró tener un título que acredita su calidad de propietario de los lotes; (ii)
aceptar que el predio está en una zona que no lo hace apto para construcción,
pero a su vez, concluir que la CARDER no podía intervenirlo y que el demandante
tiene derecho a la reparación por el daño causado; y (iii) estimar y cuantificar los
perjuicios materiales en estudios subjetivos y que carecen de soporte. Esto,
debido a que el perito no tuvo en cuenta el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial del Municipio de La Virginia que establece que el uso del suelo de esa
zona está limitado actividades de reforestación y a proyectos urbanísticos de
recuperación paisajística.

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Radicado: 66001-23-33-000-2013-00358-01 (60753)
Demandante: Germán Botero Gallego

7.7.- No realizó una valoración adecuada e integral de las pruebas, pues los
medios de prueba documentales y técnicos aportados por la demandada
demuestran que las obras realizadas para mitigar los efectos de la época invernal
eran necesarias y no requerían de la autorización de los propietarios de los
bienes, aunque dichas obras sí fueron socializadas con la comunidad y con el
demandante quien se rehusó a autorizarlas. Así mismo, no consideró que en la
audiencia de contradicción se evidenció que las conclusiones del dictamen
carecieran de fundamento y soporte, que se aceptó que el predio está en la
Madre Vieja antiguo cauce del río.

7.8.- <<Debido a que no se puede legalizar la ocupación Indebida de los lechos
de los ríos, meandros, lagunas, nichos y Madres Viejas, y autorizar por la justicia
una flagrante ocupación ilegal de las zonas de uso público contraviniendo el
ordenamiento legal; con base en el caudal probatorio obrante en el proceso, las
reglas de la lógica, la sana crítica, y valoración Integral de las pruebas
practicadas, y los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, los
alegatos de conclusión, -los cuales guardan cabal vigencia-; solicita revocar la
sentencia de primera instancia, o en su defecto modificar la tasación de perjuicios
teniendo en cuenta las actividades permitidas por el PBOT del Municipio de la
Virginia>>.

7.9.- Así mismo, solicita <<que en el evento de ser confirmada la sentencia, se
reduzcan considerablemente las costas procesales impuestas, toda vez que la
CARDER no actuó de mala fe, se limitó a ejercer su derecho de contradicción y
defensa>>.

II.- CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

8.- La sala se pronunciará de fondo porque la acción de reparación directa se
presentó dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del CCA. La
ocupación del predio sucedió el 14 de enero de 2012 y la demanda fue
presentada el 15 de octubre de 2013; es decir, fue oportuna.

F. Decisión

9.- La sala confirmará la sentencia de primera instancia en el sentido de condenar
solo a la CARDER a indemnizar el perjuicio causado al demandante con la
ocupación permanente realizada en los dos lotes de su propiedad. Si bien los
lotes del demandante Botero Gallego se encuentran ubicados en la zona de la
Madre Vieja, antiguo cauce de los ríos Risaralda y Cauca, lo cierto es que el
demandante adquirió esos lotes y son de su propiedad, como lo acreditan las
escrituras y el certificado de instrumentos público que obran en el expediente. En

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Demandante: Germán Botero Gallego

este caso, el Muncipio de La Virginia permitió su titulación y no obra una prueba
que acredite que estos hagan parte de la delimitación de la faja paralela a la línea
del cauce permanente de los mencionados ríos para considerarlos como un bien
de uso público como lo plantea la CARDER para justificar el no pago de una
idenmización por la intervención realizada al predio.

10.- La sala entiende que conforme a la Resolución 3214 del 13 de septiembre
de 2011 las obras eran urgenetes para mitigar las inundaciones por la ola invernal
y conforme los artículos 126 del Decreto 2811 de 1974 y 197 del Decreto 1541
de 1978 el demandante no podía oponerse a su realización; no obstante, dichas
normas no establecen como lo indicó el tribunal que debían ser provisionales y
debían construirse evitando causar daño al propietario. Tal exigencia está dirigida
es para el propietario o poseedor que construya en un estado de emergencia y
que debe evitar causar daños a tereceros, según el artículo 196 del Decreto 1541
de 1978.

11.- Lo que le era exigible a la CARDER es que <<pasado el estado de
emergencia, dispondrá que se retiren las obras que resulten inconvenientes o se
construyan otras nuevas, por cuenta de quienes resultaron defendidos directa o
indirectamente>>. Pero en este caso la parte demandante no probó que la obra
realizada en su predio fuera inconveniente ni alegó en la demanda que la obra
hubiese quedado inconclusa como lo afirmó el tribunal. Además, como se
expondrá mas adelante con la prueba pericial decretada en el proceso esa
afirmación no está probada.

12.- Sin embargo, el hecho de que las obras fueran necesarias y hubieran servido
para evitar la inundación en el predio por las lluvias y la creciente de los ríos
Risaralda y Cauca, y que las mismas hubieran conjurado la emergencia invernal
de la época, no permite concluir que el demandante no tenga derecho a que se
le repare el perjuicio patrimonial sufrido por la afectación de su inmueble. En el
expediente está probado que las obras de excavación y la realización de un canal
por la la mitad de los lotes afectó su unidad, y este daño no debe ser soportado
por el particular propietario del inmueble.

13.- Los medios de prueba evidencian que el demandante adquirió la propiedad
de un predio que efectivamente anteriormente era el lecho de un río y que estaba
sometido a limitaciones en relación con su uso; que era indispensable realizar
obras en el mismo para evitar la inundación; que estas obras fueron definitivas, y
que afectaron la integralidad de los dos lotes. Esta es una carga que no debe
soportar el demandante y estructura un daño antijurídico que debe ser
indemnizado por el Estado bajo esa sola consideración, tal y como lo ha indicado
la jurisprudencia en estos casos.

14.- Ahora bien, en relación con la demostración de los perjuicios, los medios de
prueba obrantes en el expediente acreditan que las obras realizadas no fueron

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Demandante: Germán Botero Gallego

provisionales y afectaron la integralidad del predio, por lo cual, el daño debe ser
reparado ordenando el pago de su valor. Sin embargo, la sala estima que el valor
a indemnizar no corresponde al determinado en el dictamen, pues este se realizó
sin considerar que los lotes no eran urbanizables ni su precio podía fijarse
teniendo en cuenta el promedio del mercado para terrenos con tal vocación.

15.- La existencia del perjuicio y su magnitud debían ser acreditados por el
demandante y es evidente que éste no cumplió con dicha carga. Alegó que en el
predio estaba proyectado a realizar actividades de pesca deportiva sin determinar
si dicha actividad podía realizarse teniendo en cuenta las limitaciones que
pesaban sobre el mismo. La condena fijada con base en un dictamen que parte
de considerar que el predio era urbanizable no puede tenerse en cuenta por que
el predio objeto de avalúo no tiene esa condición. Por tal virtud y teniendo en
cuenta que en el expediente obra prueba del precio de adquisición de los lotes
por parte del demandante Botero Gallego, el cual es superior al avalúo catastral,
se reconocerá dicho monto actualizado hasta la fecha.

16.- En cuanto a los demás perjuicios, la sala: (i) confirmará la decisión de negar
los perjuicios morales y el daño emergente correspondiente a los gastos de
transporte por la acción de tutela que interpuso, porque no fue apelado por el
demandante; y (ii) revocará el reconocimiento por lucro cesante correspondiente
al interés legal que dejó de producir la plata que le debieron reconocer por los
lotes, dado que dichas sumas reconocidas por concepto de daño emergente
serán debidamente actualizadas.

G. Aunque los lotes del demandante están ubicados en la Madre Vieja
no eran bienes de uso público

17.- La CARDER afirma que al estar los lotes del demandante ubicados en el
antiguo cauce del río Risaralda son bienes de uso público. Contrario a lo dicho
por esta entidad, el demandante indicó que no se encuentran ubicados en está
zona por lo tanto no tienen esa condición.

18.- Del informe técnico 960 del 9 de noviembre de 20065 es posible advertir que
el predio <<El Finco>> de propiedad del demandante si se encuentra ubicado al
oriente del casco urbano del municipio sobre la llanura aluvial formada por los
cauces de los ríos Risaralda y Cauca y que esta zona está expuesto a riesgos
naturales de tipo hridrológico, además que se caracteriza por la presencia de
<<suelos blandos de origen aluvial>>, por lo que <<no posee aptitud
urbanística>> y solo se contempla como uso paisajístico. Puntualmente, se
indicó:

5 Fls. 184 -196, c. 1.

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Demandante: Germán Botero Gallego

<<(…) En relación con los cambios artificiales en el curso del río Risaralda, se logró
identificar, por medio del análisis bibliográfico y fotográfico, que el meandro,
mencionado en algunos estudios fue creado en los años 1961 y 1966, mediante el
recorte y rectificación intencional del cauce, cortando los dos brazos del meandro
y dejando como consecuencia, de manera aislada, el sector conocido como
<Madre Vieja>>.
(…)
En el documento La Virginia: Breve reseña y descripción de la problemática social
elaborado por CARDER en 1990, se logra detectar que en general sobre el margen
izquierda del río Risaralda se han llevado acabo procesos de construcción,
invasión y reubicación de viviendas, los cuale se describen a continuación.

En predios de los que en la actualidad se conoce como Barrio El Progreso en 1958
se conocía como barrio Pío XII, allí fueron trasladadas unas familias que habían
invadido terrenos de una familia prestante de la localidad, pero <<este
asentamiento fue afectado por graves y frecuentes inundaciones, lo que obligo al
gobierno a reubicar nuevamente su población, lo cual se hizo en 1975, con el
traslado de 286 familias a terrenos contiguos a los predios que habían ocupado
anteriormente en forma clandestina con el nombre de Pío XII Nuevo>>.

La Urbanización La Isla contigua al primer asentamiento Pío XII, tuvo que ser
reubicada debido a las inundaciones.

El Instituto de Crédito Territorial -ICT- inició unos planes masivos de viviendas,
algunos de ellos ubicados en áreas cercanas a la margen del río Risaralda
(contiguo a Pío XII y La Isla), zona inundable, por lo que se tuvo que reubicar a la
población damnificada por las inundaciones.

Los nuevos asentamientos en la zona de inundación del río Risaralda, se
localizaron en terrenos de donde fueron ubicados los barrios Pío XII, La Isla y los
del ICT, estos asentamientos fueron:

• El progreso: Invasión en terrenos del antiguo Pío XII.
• Alfonso López: Invasión en los terrenos del Instituto de Crédito Territorial.
• San Carlos: Invasión de los terrnos del Instituto de Crédito Territorial.

En el año de 1993 la CARDER contrato el <<Diseño de obras de Estabilización en
la Cabecera del Municipio de La Virginia>>, el cual se centró en el diagnóstico y
formulación de obras de estabilización y control de inundaciones en la Madre Vieja
del cauce del río Risaralda; este estudio arrojó como recomendación la ejecución
de un canal en concreto sobre el cauce actual para el manejo de las crecientes
súbitas del río y la ejecución de alcantarillados paralelos a dicho canal, alternativa
no acogida por los altos costos que representa la intervención.

En la actualidad los cambios geomofológicos del cauce de la Madre Vieja han
estado marcados por la ocupación indebida con materiales de escombros y
sombrantes de excavación, los cuales han sido utilizados para el asentamiento de
infraestructura de vivienda y desarrollo de la infraestructura vial del municipio. Esta

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Radicado: 66001-23-33-000-2013-00358-01 (60753)
Demandante: Germán Botero Gallego

situación se agrava, debido a la estratografía resultante una vez ejecutados los
lleos, y el comportamiento de las estructurs sobre esos materiales.

3.- CONDICIONES GEOLÓGICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y FORMACIONES
SUPERFICIALES

En el casco urbano del Municipio de La Virginia se identifica solo una unidad
geológica y corresponde a los depósitos aluviales de los ríos Risaralda y Cauca.
Estos son depósitos recientes y están constituidos por gravas, arena y limos de la
llanura de inundación.

Afloramientos solo se encuentran en los orillales de ambos ríos, donde es posible
apreciar la parte superior de los limos de la llanura de inundación.
(….)
Además de los sismos que pueden ser generales para toda la región, los procesos
que causan problemas en el casco urbano son la erosión de orillas en el cauce de
los ríos Cauca y Risaralda, y las inundaciones generadas tanto cuando el río Cauca
sube de nivel y represa el río Risarlda, como por crecientes directas de este último;
siendo estos los principales fenómenos que es necesario controlar ya sea para
prevenir y/o mitigar los efectos negativos sobre la población que está expuesta.

Con respecto al fenómeno sísmico es importante considerar la naturaleza de las
formaciones superficiales caracterizadas por la presencia de suelos blandos de
origen aluvial, los cuales pueden ser licuabloes, lo que los hace deficientes para
la construcción de viviendas. Esto se agrava aún más copn la presencia y
ejecución de rellenos antrópicos, los cuales ofrecen el peor comportamiento frente
a fenómenos sísmicos.
(….)
8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta las características de los terrenos, tal como se ha descrito, el
sector no tiene aptitud urbanística. Cualquier actividad o intervención que se
proponga, debe ir orientada a su recuperación ambiental, sanitaria y de salubridad.
(….)
Para la determinación del uso de los terrenos en el sector de la Madre Vieja y su
zona de influencia, se deben considerar los siguientes aspectos:
1.- Aptitud de los suelos. Esta zona no posee aptitud urbanística. Por ningún motivo
se debe considerar la posibilidad de construir viviendas o construcciones rigidas
con destinación comercial o de infraestructura. Las áreas de expansión deben
localizarse en otro sector.
(…)
4.- Áreas de espacio público, de interés ambiental para toda la población. La
recuperación ambiental del sector es importante para mejorar estos aspectos. Es
la función principal del sector (…)>>.

19.- Desde la fecha de elaboración del mencionado informe se constata que
dentro de las obras para evitar las constantes inundaciones en esa zona se
realizaría un <<canal trapezoidal>> a lo largo de los brazos de la Madre Vieja que

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Demandante: Germán Botero Gallego

facilite la <<devolución de las aguas al río de manera más rápida una vez haya
bajado el nivel del río Cauca>>. Además, se estableció que con estas obras se
eliminarían los grandes empozamientos en las zonas más bajas y <<se evitará la
construcción de nuevas viviendas en inmediaciones del antiguo meandro>>.

20.- Según la escritura No. 1247 del 26 de diciembre de 20066 el demandante
Germán Botero Gallego adquirió los Lotes No. 2 y No. 3 ubicados en el barrio
Alfonso López y según la licencia ortogada para la subdivisión las acciones
permitidas eran <<Orientar el uso de suelo de reserva hacia la prestación de
servicios turísticos y recreativos de bajo impacto de los siguientes predios y
áreas: El Finco, lote comprendido entre la vía paisajística y el Rio Risaralda>>.

21.- También obran las declaraciones de terceros que manifestaron que el sector
donde estaba ubicado el predio <<El Finco>> es una llanura de inundación que
era el antiguo cauce del río Risaralda; que en época invernal esa zona resulta
gravemente afectada y que la CARDER ejecutó unas obras en el sector, entre
esas, una <<zanja>> en el predio del demandante que ocupa gran parte de su
terreno y que no fue terminada.

21.1.- Luis Eduardo Ruiz, quien para la época de los hechos trabajaba en el
sector y fue llamado a declarar dentro del proceso por solicitud de éste, manifestó
lo siguiente:

<<(…) el predio el FINCO siempre ha sido una isla. (…) abrieron una zanja que
tiene por ahí unos cuarenta o cincuenta metros de ancho y eso allá está en
resortes porque no han hecho nada todavía. (…) Yo conocí ese predio por el
señor Jesús Hernández porque trabajé ahí. Yo conozco esa área de la Madre
Vieja porque ahí nos bañábamos nosotros cuando eramos jovenes. (…) la Madre
Vieja pasaba a la orilla de la carretera, no quedaba sino 1.50 de la orilla de la
carretera. (…) la Madre Vieja toda la vida ha existido en La Virginia. (…) la zanja
que hizo la CARDER está por la finca en partes, no está por la madrevieja y la
distancia de la antigua Madre Vieja es como de 25 o 30 metros. (…) la isla la
bordeaba la Madre Vieja. (…) la Madre Vieja estaba compuesta de sirena y agua.
(…) la Madre Vieja rodeaba <<El Finco>> por eso se le dice isla. (…) todo lo que
es por donde están los talleres, el bar eso era bañadero (…)>>.

21.2.- Así mismo, José Alberto Panigua Durán, testigo también citado por la parte
demandante en el proceso, quien indicó ser vecino del barrio El Progreso y
conocer el predio <<El Finco>>, pero no a su propietario, señaló lo siguiente:

<<(…) esa obra esta casi en los terrenos que es <<El Finco>> porque el río pasaba
muy arrecostado a la orilla de carretera. (…) Ese canal lo conozco hasta donde
uno puede andar porque para el lado donde es el Gas eso ya está construido y no
puede uno meterse por allá. (…) al pasar a bordo de carretera el canal está hecho
más o menos por ahí 60 metros, más entrado en <<El Finco>> porque repito el río
pasaba era bordeando la carretera. (…) lo que es el tomadero de <<El Finco>>
eso practicamente está por donde corría el río. (…) ese terreno de la Madre Vieja

6 Fls. 407 – 440, c. anexo 1.

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Radicado: 66001-23-33-000-2013-00358-01 (60753)
Demandante: Germán Botero Gallego

es blando porque es un relleno. (…) siempre hubo agua en esos predios. (…) la
Madre Vieja se fue llenando con basuras. (…) la zanja se hizo en terreno firme.
(…) la Madre Vieja era corredero del río, el río daba una vuelta de caracol. El río
llegaba hasta un guadualito en el barrio Caicedo, ahí entraba el río se devolvía y
cogía orilla de carretera y tomaba el barrio Bavaria y Buenos Aires, salía abajo a
la playa. Le hicieron un trabajo y lo pusieron directo. (…) El predio <<El Finco>>
era una especie de isla. (…) El río Risaralda rodeaba el predio <El Finco>>. (…)
cuando se crecía el río todo lo cubría. (…) Inundaba el barrio Alfonso López y solo
quedaba la escuela porque estaba alto, de resto todo se inundaba, todo ese
terreno. (…) el tomadero <<El Finco>> está por el corredero del río, cauce del río.
(…) Cuando desviaron el río quedó la Madre Vieja y lo que hicieron fue
rellenarla para ocuparlo. (…) <<El Finco>> quedaba en especie de isla, el río
prácticamente bañaba lo que era la orilla de esa hacienda (…)>>.

22.- Según los planos aportado por la CARDER el predio del demandantente se
encuentra ubicado en la zona de la Madre Vieja, por lo que se desvituó las
manifestaciones del demandante de que su predio no está ubicado en esa zona.
Sin embargo, tampoco le asiste razón a la CARDER de que por su ubicación es
un bien de uso público. Esto debido a que las normas que refiere indican que el
Estado titulara tierras aledañas a ríos, lagos, excluyendo las que se encuentren
dentro de los treinta metros y para ello, deberá delimitarlo, lo cual no ocurrió en
el presente caso.

H. La normatividad aplicable que permitió la construcción de las obras,
pero que no exime a la demandada de reparar por el daño causado

23.- Mediante Resolución 3214 del 13 de septiembre de 20117 se ordenó la
construcción de obras y se indicó que uno de los predios a intervenir era el del
demandante porque, al estar ubicado en <<el antiguo cauce del río Risaralda,
hoy denominado Madre Vieja>>, era una zona donde se podían acumular las
aguas lluvias del municipio y era necesario conducirlas hacia el río. Para evitar la
acumulación, se debían realizar unas excavaciones con forma de canal de tres a
cinco metros que permitieran la recuperación, adecuación y manejo de las aguas
causantes de las inundaciones por saturación de los suelos. En la resolución se
indicó:

<<Que de conformidad con el informe consolidado elaborado por el CREPAD, en
el Municipio de La Virginia se reportaron inundaciones en la zona urbana por
desbordamiento de los ríos Cauca y Risaralda, reflujo del alcantarillado, 3973
familias damnificadas, 3 centros docentes con averías, y el 60% de las vías
urbanas afectadas.

Que, dentro de las obras a ejecutar por parte de la CARDER, fruto del Convenio,
se encuentran los jarillones paralelos a los ríos Risaralda y Cauca en su margen
izquierda del Municipio de La Virginia con el fin de mitigar el impacto que ocasiona
las fuertes crecienees producidas por la Ola Invernal (…)
(…)

7 Fls. 139 – 140, c. 1.

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Radicado: 66001-23-33-000-2013-00358-01 (60753)
Demandante: Germán Botero Gallego

Que es claro el Artículo 198 del Decreto 1541 de 1978, al manifestar que ningún
propietario podrá oponerse a que en las márgenes de los ríos o en los cauces o
lechos de las corrientes o depósitos de agua se realicen obras de defensa para
proteger a otros predios contra la acción de las privadas o públicas.

Que la CARDER ha socializado el proyecto y ha realizado diferentes reuniones con
la comunidad de los barrios El Progreso, Alfonso López, (…) los propietarios de los
predios <<EL FINCO>>, para lo cual se han identificado las siguientes acciones:

• Realizar el levantamiento topográfico y delimitación del área a intervenir en los
predios afectados, garantizando una franja máxima de 30 metros y mínima de
15 metros paralela al cauce del río Cauca, a partir de la cuota de inundación.
(…)
• La zona del predio <EL FINCO>>, antiguo cauce del río Risaralda, hoy
denominado Madre Vieja, en la cual es necesario la ejecución de obras de
recuperación, adecuación y manejo de las aguas causante de las
inundaciones por saturación de suelos; se hace necesario establecer una
franja mínima de 30 metros y máxima de 100 metros, donde se ejecutarán
excavaciones de 3 a 5 metros de profundidad, sitio en el cual se podrán
acumular las aguas lluvias del municipio garantizando el balance y mitigando
las inundaciones del municipio.
(…)
Que no obstante lo anterior, (…) los propietarios de los predios del FINCO, a la
fecha no han facilitado la ejecución de las obras y han dilatado la autorización para
su ejecución; situación esta que pone en riesgo la estabilidad de la zona por falta
de las obras a ejecutar, ante las crecientes que han afectado el sector y las que se
avecinan.

Que se hace necesario por parte de la CARDER, ordenar la ejecución de las obras
conforme lo dispone el Decreto Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1541 de 1978; para
lo cual ningún propietario se puede oponer a su ejecución por tratarse de obras a
realizarse en las márgenes de los ríos, conforme lo dispone el Artículo 83, numeral
d) del Decreto Ley 2811 de 1974 (…)>>.

24.- Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que las decisiones y actuaciones de
la CARDER estuvieron fundamentadas en los artículos 197 y 198 del Decreto
1541 de 1978 que permiten que en caso de emergencia ambiental se ordené la
construcción de unas obras que mitiguen los riesgos de inundación por las
crecientes de los ríos Cauca y Risaralda, ante lo cual, los propietarios de los
bienes no podrán oponerse según lo dispuesto en los artículos 126 y 127 del
Decreto 2811 de 1974. Sin embargo, transcurrida la emergencia deberá la
entidad retirar las obras que resulten inconvenientes o en caso de requerir su
permanencia iniciar la negociación directa de compra con el propietario y de no
llegar a un acuerdo, la respectiva expropiación administrativa como lo disponen
los artículos 140 a 142 del Decreto 1541 de 1978, lo cual no ocurrió en este caso.

25.- La CARDER alega que las obras se realizaron en los márgenes permitidos
por el artículo 83, letra d) del Decreto-Ley 2811 de 1974. Para la sala, las normas
indicadas por la CARDER establecen que se puede intervenir los predios que se
encuentran a treinta metros del cauce permanente de los ríos y según los planos
aportados y lo descrito en la Resolución 3214 del 13 de septiembre de 2011 que

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Demandante: Germán Botero Gallego

ordenó la construcción de las obras, los lotes No. 2 y 3 del predio <<El Finco>>
de propiedad del demandante se encontraban a esta distancia.

26.- Sin embargo, en el dictamen los peritos indicaron que los lotes No. 2 y 3 del
predio <<El Finco>> no se encontraban en dicha delimitación, sino que la
distancia entre el centro de los dos lotes y la orilla del río Risaralda es de
<<194.90 metros>> según la aplicación Google Earth. Esto fue controvertido por
la CARDER en la audiencia de contradicción, ante lo que el perito contestó que
no realizó ninguna medición física ni tenía ningún otro soporte que así lo
demuestre sino que corresponde a la distancia arrojada por dicha herramienta
cuya medición no corresponde a la indicada por la CARDER en los planos ni en
la resolución.

27.- Por lo anterior, es claro que la actuación de la CARDER se fundamentó en
la necesidad y urgencia de <<conjurar los daños inminentes>> que estaba
ocasionado esta ola invernal en ese sector y dada la ubicación del predio
demandante y dentro de los márgenes permitidos; sin embargo, esto no lo eximía
de reparar al propietario afectado.

I. Los medios de prueba que acreditan la responsabilidad de la
CARDER bajo un régimen objetivo de responsabilidad

28.- Está probado que los lotes 2 y 3 del predio denominado <<El Finco>> son
de propiedad del demandante Germán Botero Gallego desde el 26 de noviembre
de 2006, quien los adquirió por valor de ocho millones trescientos treinta mil
pesos ($8.330.000) cada uno8; que están ubicados en zona urbana del municipio
de La Virginia; y que antes formaban parte del <<antiguo cauce del río Risaralda,
hoy denominado Madre Vieja>>. Así mismo, está acreditado que estos lotes
fueron ocupados de forma permanente por la CARDER con la construcción de
<<un gran canal>> que no fue terminado y que afecta su unidad e integridad.

29.- En relación con los daños generados por la ocupación permanente de una
parte o la totalidad de un bien inmueble de propiedad del demandante, la
jurisprudencia ha señalado que opera la responsabilidad objetiva como título de
imputación general. En la sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente
15351, la Sección Tercera del Consejo de Estado9 afirmó:

<<(…) Tratándose de supuestos como el que mediante esta providencia se
resuelve, la Sala ha sostenido que el régimen aplicable corresponde a la especie
de la responsabilidad objetiva y que hay lugar a declararla una vez demostrado

8 Como consta en las escrituras y certificados de tradición (fls. 433 – 440, c. anexo 1 y fls. 48 –

49, c. 1).
9 En este sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

sentencia de 28 de abril de 2005, Radicación número 13.643, Consejero Ponente: Germán
Rodríguez Villamizar, Actor: Pablo Daniel Portilla Maya.

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Radicado: 66001-23-33-000-2013-00358-01 (60753)
Demandante: Germán Botero Gallego

que una parte o la totalidad de un bien inmueble de propiedad del demandante,
fue ocupado permanentemente por la administración o por particulares que actúan
autorizados por ella10.

La imposición de la obligación resarcitoria a cargo del Estado en este tipo de casos
se justifica por la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas en
que la ocupación se traduce, pues no existe para el particular afectado el deber
jurídico de soportar, sin compensación alguna, el detrimento que a su patrimonio
⎯material o inmaterial⎯ se ocasiona a causa de la realización de unas obras o
trabajos públicos que bien pueden reportar beneficio para la colectividad entera,
pero lesionan desproporcionadamente los derechos de un coasociado. La
concreción y prevalencia del interés general ⎯artículo 1º de la Constitución
Política⎯, si bien respalda y orienta teleológicamente la actividad administrativa,
no justifica el desproporcionado sacrificio de la esfera de derechos e intereses del
individuo, cuya salvaguarda también constituye fin esencial del Estado a tenor de
lo normado por el artículo 2º de la Carta. (…)>>.

30.- En este caso está acreditado con el dictamen pericial11 que el perito realizó
una inspección ocular al predio denomiando <<El Finco>> de propiedad del
demandante Germán Botero Gallego, en la que pudo verificar y establecer las
obras que se realizaron, así:

<< (…) Actualmente el lote está cubierto por malezas, hierbas de nacimiento
silvestre, hasta alturas de 80 centimetros más o menos.
(…)
En el lote existe una gran excavación en forma de canal con una curvatura que
utiliza gran parte de los dos lotes, el lote No. 2 y el lote No. 3.
La excavación corresponde al diseño de un plano, que se llamara plano No. 1, que
contiene:
• Planta general localización obra escala 1:500
• Planta general y secciones transversales
• Zona nororiental sector el Finco
• Ajustes de diseño al sistema colectores de aguas lluvias e interceptores de
aguas residuales del sistema de alcantarillado de La Virginia Risaralda. Ing.
Juan Carlos Pulecio Moreno, Contratista Interventos PAHEME – CARDER.
(…)
El predio objeto de la prueba presenta una configuración especial, que lo inutiliza
físicamente para construcciones, pero tiene otra limitación mayor, y es que en el
predio se ha construido un gran canal, en el terreno bruto, sin revestimiento,
y de alta profundidad que debe dejarse como está, porque parece que
pertenece a un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias y residuales
que presentan un volumen considerable de almacenamiento, no se sabe si de
aguas tratadas o aguas estancadas particularmente.

10 En este sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

sentencia de veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), Radicación número: 52001-23-31-
000-1993-05663-01(13643), Consejero Ponente: Germán Rodríguez Villamizar, Actor: Pablo
Daniel Portilla Maya, Demandado: Municipio De Túquerres.
11 La parte demandante solicitó la práctica de una inspección a los dos lotes y un dictamen pericial.

En audiencia inicial del 29 de septiembre de 2015 el tribunal consideró que debido a que el
demandante y la CARDER también habían pedido la práctica de un dictamen pericial y que con
esta se podría dar cumplimiento <<acertadamente>> al objeto de la prueba, decretó la práctica
del dictamen y no se dispuso la inspección judicial (fls. 246 – 249, c. 1).

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Radicado: 66001-23-33-000-2013-00358-01 (60753)
Demandante: Germán Botero Gallego

No es posible, en el estado actual de la obra donde no hay apariencia de
continuidad del proyecto determinar el uso que tendrán esos canales.
(…)
Se anexan varios planos y fotografías históricas y actuales para mostrar las
condiciones iniciales y finales de la superficie de los lotes No. 2 y 3 del FINCO.
En uno de los planos, con el título de <<LOTES No. 2 y No. 3 SECTOR EL FINCO
LA VIRGINIA – ZONA OCUPADA PARA CANAL DE CARDER>> se dice:
Área de los lotes 4.434 M2
Área ocupada por la obra 2.219 M2 – 50.04%
Área remanente 2.215 M2 – 49.95%

No se observaron escombros o desechos en el terreno.
Al lado del canal existen jarillones o muros en tierra que forman parte de las obras
de excavación para el canal.
(…)
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRENO
a) Topografía: Lote de terreno plano, con un canal en tierra, que atraviesa
todo el lote. El canal construido por la CARDER no permite el uso normal del
predio.
b) Uso actual: No existe utilización actual por el predio.
c) Clase de terreno: Terreno firme estable, compuesto principalmente por
materiales sedimentarios, arena y piedras.
d) Localización: Sobre la vía abierta para el desenglobe del lote o del predio
EL FINCO.

5.1. Identificación urbanística: Lote de terreno urbano. (…)>>12.

31.- Según las conclusiones del dictamen, la CARDER ocupó el 50.04% de cada
uno de los lote No. 2 y No. 3 de propiedad del demandante, denomiando <<El
Finco>>, en las que realizó unas excavaciones con forma de canal de tres a cinco
metros que debido a su dimensión y ubicación generaron la inutilidad de esos
dos lotes. Dicha obra debe dejarse como está, porque parece que pertenece
a un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias y residuales que
presentan un volumen considerable de almacenamiento, y aclaró que no es
posible, en el estado actual de la obra donde no hay apariencia de continuidad
del proyecto determinar el uso que tendrán esos canales. No obstante, de dicha
afirmación no es posible llegar a la conclusión del tribunal que la obra estaba
inconclusa dentro de los lotes, pues la premisa es que la obra debe dejarse como
está porque pertenece a un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias,
además, de las fotografías aportadadas con el dictamen, las cuales indicó que
era un registro historico, no es posible advertir que la obras estén inconclusas,
ya que estas no se encuentra caracterizadas y no se aclaró las fechas en que se
ejecutaron las obras que allí aparecen ni existe referencias explicativas de cada
una de ellas.

32.- En cambio con la inspección judicial realizada el 18 de enero de 2012
realizada con ocasión de la acción de tutela promovida por el demandante contra
la entidad demandada (radicado 2012-00048) y que fue trasladada a este

12 Fls. 1-157, c. anexo 1.

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Radicado: 66001-23-33-000-2013-00358-01 (60753)
Demandante: Germán Botero Gallego

proceso en calidad de prueba documental13, se advierte que al momento de la
misma se halló una excavación que atraviesa los dos lotes y que en la propiedad
se encontraban trabajadores de la CARDER que aceptaron haber realizado la
obra. Puntualmente, se indicó:

<<(…) se procedió a identificar el bien inmueble objeto de la inspección de acuerdo
a lo expresado por la accionante. Lote 1 por el norte con predio de la señora
BLANCA QUINTERO, por el occidente con una vía interna sin pavimentar que fue
trazada al margen de la calle 12 en su externo sur y en su externo norte con la vía
que de La Virginia conduce al municipio de Apia, por el oriente con el predio del
señor WILLIAN TANGARIFE y talleres, por el sur con el otro lote de su propiedad.
Este lote mide por el norte 50.59 mts, y por el sur 55 metros, por el occidente 40
metros y por el oriente 38 mts. El lote 2 colinda por el norte con predio de propiedad
del accionante, por el occidente con vía interna sin pavimentar, por el oriente con
talleres, por el sur con predio de propiedad del señor JAIME HERNÁNDEZ, tiene
una extensión por el norte de 55 metros, por el sur 85 metros, por el oriente 32 mts
y por el occidente de 35 metros cuadrados, dichos lotes se encuentran cercados
por el norte, oriente y sur y enmallados por el occidente donde se encuentran las
puertas de ingreso para cada lote, encontrándose en la puerta del primer lote que
el candado se encontraba violentado, al ingreso del primer lote se encontró un área
delimitada por estacas dentro de la misma se halló una excavación, la cual
atraviesa parte del lote número 2. La que se encuentra con agua, extrayéndose la
misma con una motobomba. En el segundo lote 2 junto a la anterior se encuentra
un montón de tierra que según la Igeniera Residente que se encontraba trabajando
en el lote, esta fue traída al sitio de otra parte-. En ese lote se encontraron dos
huecos o excavaciones y que según manifiesta el accionante los mismos fueron
hechos por él con destino a realizar unos lagos de pesca. En ninguno de de los
lotes se encontraron viviendas ni cultivos, solo en el primer lote se encontraron dos
semovientes vacunos pastando por un costado. Se deja constancia que se
encontraron trabajadores y que los ingenieros de la CARDER allí presentes
manifestaron haber realizado tal obra, se deja constancia igualmente que se
tomaron fotograrías del predio (….)>>.

33.- En las reuniones del 1° de agosto de 2011, el 11 de enero de 2012 y 14 de
enero de 201214 que realizó la CARDER para socializar las obras de
recuperación, adecuación y manejo de las aguas causante de las inundaciones
por saturación de los suelos se dejó constancia que el demandante se opuso a
las obras y no autorizó su ejecución porque no le habían hecho ninguna oferta de
compra.

En la última acta se indicó:

<<(…) El señor Germán manifiesta no estar de acuerdo con la ejecución de las
obras por considerar que la CARDER no lo ha llamado a la negociación de su
predio. Adicional a ello, el señor German manifiesta que si es el interés de la
CARDER para cumplimiento de sus funciones iniciar la ejecución de las obras -
pues pueden iniciar, yo lo autorizo, tumben las cercas y empiecen – refiriéndose a
Adrían Camilo Hernández, contratista de la obra, hecho efectuado en presencia de
los asistentes y registrado en un acta firmada por los mismos, excepto por el señor

13 Fls. 378 – 380, c. 4.
14 Estas actas fueron aportadas por la entidad demandada (fls. 142 - 143, 170 – 175, c. 1).

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Radicado: 66001-23-33-000-2013-00358-01 (60753)
Demandante: Germán Botero Gallego

German Botero, el cual se negó a firmarla por desacuerdo y de la cual se anexa
copia.

Se concluye la reunión decidiendo iniciar las obras por parte de la CARDER.

Después de terminada la reunióin, el señor Germán Botero manifiesta por escrito
(nota adjunta) que no autoriza ninguna obra dentro de su predio, pues lo considera
un abuso y violación al derecho de propiedad, especificando que se comenten los
siguientes delitos penales.

• Violación de domicilio.
• Perturbación a la propiedad.
• Perturbación a la posesión.
• Daño en bien ajeno.
• Invasión de tierras. (…)>>.

34.- A partir de la valoración conjunta del material probatorio obrante en el
proceso, para la sala está probado que la CARDER ejecutó una obra pública en
los lotes No. 2 y No. 3 del predio <<El Finco>> de propiedad del demandante
Botero Gallego, la cual tenía por objeto la construcción de un sistema de
colectores de aguas lluvias e interceptores de aguas residuales del sistema de
alcantarillado de La Virginia y que dichas obras tuvieron como propósito mitigar
los efectos de la ola invernal y la constante inundación en la zona. En
consecuencia, a raíz de esta obra, parte de los lotes del demandante que tienen
un área de 2.217 M2 cada uno fue ocupada de forma permanente en un 50.04%
por parte de la entidad demandada, afectando su unidad e integridad, lo que
generó un rompimiento del equilibrio de las cargas públicas que el afectado no
estaba en la obligación de soportar.

J. Determinación de perjuicios y reparación

i) Daño emergente

35.- El demandante solicitó por este concepto: (i) el pago de $443.400.000 por el
valor de la porción de terreno que fue ocupada por la CARDER y (ii) los gastos
de transporte en que incurrió por la acción de tutela que el demandante presentó
contra la demandada por estos hechos. Estos últimos fueron negados por el
tribunal y el demandante no apeló como se indicó en la introducción de la
decisión.

36.- Para acreditar el valor de la propiedad del demandante Germán Botero
Gallego, el tribunal ordenó la práctica de un dictamen pericial por parte de un
ingeniero civil y economista. Dicha prueba, fue practicada por los peritos Mario
Corrales Giraldo y Óscar Tamayo Rivera, quienes calcularon este perjuicio
material con base en precios de venta de bienes del Municipio La Virginia que
tienen uso comercial y que pueden ser explotados en proyectos urbanísticos.

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Radicado: 66001-23-33-000-2013-00358-01 (60753)
Demandante: Germán Botero Gallego

37.- Respecto al daño emergente, los peritos estimaron en $221.700.000 el valor
a reconocer por cada lote, lo que da un total por los lotes No. 2 y No. 3 del predio
<<El Finco>> de cuatrocientos cuarenta y tres millones cuatrocientos mil pesos
($443.400.000). La CARDER objetó por error grave la estimación del daño
emergente realizada en el dictamen en cuestión porque: (i) los cálculos
estimados no fueron probados por el demandante y tampoco allegó los soportes
de los cuáles los estimó; y (ii) la suma de $443.400.000 que considera debe
reconocerse al demandante no tiene soporte probatorio alguno, sino que es una
apreciación subjetiva de los peritos en relación al valor de venta de unos predios
del Municipio La Virgina que no tienen las mismas particularidades del bien objeto
de controversia.

38.- El tribunal tuvo en cuenta la suma estimada por los peritos y actualizó la
misma desde la fecha de realización del dictamen hasta la fecha en que se dictó
la providencia.

39.- La sala considera que el dictamen y su aclaración rendida por los auxiliares
de la justicia en cuanto a la cuantificación de los perjuicios carece de soporte que
respalden sus cálculos y se realizó bajo el supuesto de que el bien era explotable
económicamente. Los peritos se limitaron a estimarlos con base en las
afirmaciones realizadas en la demanda y en lo que supuestamente investigaron
sobre las últimas ventas realizadas en el Municipio de La Virginia para calcular el
valor del área de los lotes No. 2 y No. 3 del demandante. Además, sus
conclusiones en cuanto a la cuantificación de este perjuicio no tuvo en cuenta lo
dispuesto en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de La
Virginia (Acuerdo 041 de 2008) que establece que la zona urbana donde está
ubicada el predio tiene riesgo de inundación y, por ello, su uso del suelo no es
apto para desarrollo urbanístico y está limitado a las condiciones que estableciera
la Secretaría de Planeación Municipal, de conformidad con los requisitos
ambientales determinados por la CARDER. En la audiencia de contradicción del
dictamen, el apoderado de la CARDER le preguntó al perito Mario Corrales
Giraldo, de profesión ingeniero civil, lo siguiente:

<<Pregunta del apoderado de la CARDER: ¿Sr. Perito para la elaboración del
dictamen tuvo en cuenta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio
de La Virginia vigente para la época en la que se realizaron las obras y cuál es ese
uso que determinó ese plan para ese predio?15.
Contesta el perito del perito: <<Yo estuve en las Oficinas de Planeación de La
Virginia un buen rato y dijeron en La Virginia no hay Plan Básico de Ordenamiento
Territorial (…). En la Virginia hay un Plan del 2009 que el Concejo lo va a cambiar,
pero no han podido ponerse de acuerdo y no me quisieron dar copia porque eso

15 Minuto 01:12:55 a 01:13:05 de la grabación de la audiencia de contradicción (CD que obra en

el folio 310 del c. 3).

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Radicado: 66001-23-33-000-2013-00358-01 (60753)
Demandante: Germán Botero Gallego

no está vigente. Entonces a mí no me dieron ninguna indicación porque nada está
vigente>>16.
Pregunta del apoderado de la CARDER: Indica que el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial vigente para la época en la que se ejecutaron las obras
es el Acuerdo 041 de 2008, el cual contempla como usos del suelo en el barrio
Alfonso López, específicamente en el sector <<El Finco>> actividades de
reforestación y proyectos eco-turísticos de recuperación paisajística, ese era
el uso del suelo. ¿Revisado su dictamen pericial señala que el uso del suelo
es el desarrollo arquitectónico y urbanístico, explíquele al despacho como
se armoniza eso?17:
Contesta el perito: <<Como le digo estuve en la Oficina de planeación y hablé con
varios funcionarios y me dijeron que en La Virginia no hay Plan Básico de
Ordenamiento Territorial porque existe el del 2009 para algunas cosas vigentes y
pregunté si en ese tenía algo relacionado con EL FINCO y me dijeron que no, que
eso era muy general. (…)>>18.

40.- Teniendo en cuenta que está acreditado que la CARDER ocupó un área de
2.219 m2 de los lotes No. 2 y No. 3 del predio denominado <<El Finco>> de
propiedad del demandante Botero Gallego, lo que da lugar a reparar el daño
causado, pero no por los montos solicitado en la demanda, ni en la proporción
reconocida por el tribunal, la Sala advierte que en el expediente obran los
siguientes documentos, con base en los cuales fijará el valor a reparar por este
concepto, habida cuenta de que está probado que los lotes – desde que fueron
adquiridos por el demandante – no podían construídos ni en ellos podía
desarrollarse ningún tipo de actividad comercial:

40.1.- La escritura No. 1247 del 26 de diciembre de 2006 en la que consta que el
demandante Germán Botero Gallego compró los lotes No. 2 y No. 3 del predio
denominado <<El Finco>> por el valor de ocho millones trescientos treinta mil
pesos ($8.330.000) cada uno, lo cual también consta en los certificados de
libertad y tradicción aportados19.

40.2.- La factura del impuesto predial unificado de los lotes No. 2 y No. 3 del
predio denominado <<El Finco>> del año 2012 en el que consta que el avalúo de
cada uno es de un millón seiscientos cincuenta mil pesos ($1.650.000).

41.- En vista que obra como prueba el valor de adquisición de los lotes, el cual
resulta superior al avalúo catastral, la Sala reconocerá este primer valor

16 Minuto 01:13:06 a 01:14:26 de la grabación de la audiencia de contradicción (CD que obra en

el folio 310 del c. 3).
17 Minuto 01:14:26 a 01:16:06 de la grabación de la audiencia de contradicción (CD que obra en

el folio 310 del c. 3).
18 Minuto 01:16:08 a 01:16:28 de la grabación de la audiencia de contradicción (CD que obra en

el folio 310 del c. 3).
19 Fls. 433 – 440, c. anexo 1 y fls. 48 – 49, c. 1.

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Demandante: Germán Botero Gallego

($8.330.000 por cada lote) debidamente actualizado por concepto de daño
emergente a favor del demandante. Al no existir otro medio de prueba que
permita determinar el valor del inmueble, la sala considera razonable estimarlo
en su valor de adquisición: el demandante compró por esa cantidad los lotes en
esas condiciones, sin que pueda pretender el pago de un valor comercial distinto;
sabía –porque así lo admite en la demanda– cuál era el valor de su derecho, por
lo cual resulta ajustado reconocerlo en esos términos también en desarrollo del
principio de buena fe que le prohíbe a las personas desconocer sus propios actos.

42- Así las cosas, la Sala estima procedente reconocer al demandante Germán
Botero Gallego el valor de adquisición de los lotes No. 2 y 3 pactado en la
escritura No. 1247 de 2006, esto es, el valor total por los dos lotes que
corresponde a dieciséis millones seiscientos sesenta mil pesos ($16.660.000).

42.1.- El anterior valor se actualizará a la fecha de esta sentencia con base en la
siguiente fórmula:
Ra = Rh x Índice final
Índice inicial
Donde:
Ra: Renta actualizada.
Rh: Renta histórica, o suma que se actualiza: $16.660.000
Índice final certificado por el DANE para octubre de 202420: 143,83
Índice inicial certificado por el DANE para diciembre de 200621: 61,33

Ra = $16.660.000 143,83
61,33
Ra = $39.070.729
42.2.- En consecuencia, se reconocerá a favor del demandante Germán Botero
Gallego la suma de treinta y nueve millones setenta mil setecientos veintinueve
pesos ($39.070.729) por concepto de daño emergente.

20 Último disponible a la fecha de expedición de esta sentencia.
21 Ipc correspondiente al mes en el que se realizó el pago.

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Radicado: 66001-23-33-000-2013-00358-01 (60753)
Demandante: Germán Botero Gallego

42.3.- La sentencia deberá ser protocolizada y registrada para que obre como
título traslaticio de dominio, de conformidad con lo señalado en el artículo 220 del
CCA22.

ii) Lucro cesante

43.- El tribunal reconoció por concepto de lucro cesante <<los réditos que habría
dejado de producir el dinero que se le debió entregar al afectado para el momento
en el que se ocupó su bien>>. Calculó que los reditos de los $443.000.000
corresponden a la suma $148.539.000.

44.- La sala estima que no es procedente el reconocimiento de réditos por cuanto,
la suma a reconocer por concepto de daño emergente fue debidamente
actualizada a la fecha de esta sentencia.

K. Condena en costas

45.- El primer inciso del artículo 188 del CPACA dispone que <<salvo en los
procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil>>.

45.1.- En cuanto a la condena en primera instancia, la Sala advierte que los
argumentos de la CARDER para que se le disminuyan, entre esos, que actúo de
buena fe y en su legítimo derecho de defensa no son criterios que se adecuen a
los parámetros establecidos por el CPACA, por lo tanto se confirmará esta
decisión.

45.2.- Sin embargo, la Sala advierte que en esta instancia sí prosperaron
parcialmente los reparos efectuados por la CARDER en relación a la
cuantificación del daño emergente a reconocer. Por lo tanto, se abstendrá de
condenar en costas en esta instancia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

22 <<Artículo 220. Transmisión de la propiedad. Si se tratare de ocupación permanente de una

propiedad inmueble, y se condenare a una entidad pública, o a una entidad privada que cumpla
funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada, la sentencia protocolizada y
registrada obrará como título traslaticio de dominio>>.

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Demandante: Germán Botero Gallego

RESUELVE

PRIMERO: MODIFÍCASE sentencia del 31 de agosto de 2017 proferida por el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así:

<<PRIMERO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER-
por los daños causados al demandante GERMÁN BOTERO GALLEGO
como consecuencia de la ocupación de su propiedad.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE RISARALDA -CARDER- al pago de treinta y nueve millones setenta mil
setecientos veintinueve pesos ($39.070.729) a favor del demandante
GERMÁN BOTERO GALLEGO.

TERCERO: La sentencia deberá ser registrada y protocolizada en la oficina
de registro de instrumentos públicos para que obre como título traslaticio de
dominio de los lotes No. 2 y No. 3 del predio denominado <<El Finco>> a
favor de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER-. Los
gastos correspondientes al registro serán por cuenta de la entidad territorial.

CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: CONDENA en costas en primera instancia en los términos
expuestos en esa decisión.

SEXTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículo 187 y
192 del CPACA.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVUÉLVASE el
expediente a su Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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