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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00452-01

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00452-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFI RMAR la sentencia de 31 de enero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que acogió parcialmente las súplicas del señor Diego Alejandro González Correa en contra de la E.S.E . Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, Risaralda. SEGUNDO: CONDENAR E N costas d e segunda instancia al señor Diego Alejandro González Correa, las cuales se liquidarán de acuerdo con lo prescrito en el a rtículo 366 del Código General del Proceso. TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa “SAMAI” y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2014-00452-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

28 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 66001-23-33-000-2014-00452-01 (3883-2019)
Demandante: DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ CO RREA
Demandado: E.S.E. HOSPITAL SANTA MÓNICA DE
DOSQUEBRADAS

Tema: Contra to realidad – Prueba de la continuada
subordinación y dependencia . Ley 1437 de 2011

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA

I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado decide el recurso de apelación impetrado por la parte
demandante, en contra de la providen cia del 31 de enero de 2019 ,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda , por medio de
la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1 Pretensiones 1

2 . Diego Alejandro González Correa , por intermedio de apoderado y

en ejercicio del me dio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la
nulidad del Oficio 658 de 10 d e abril de 2014 por medio del cual la
E.S.E. Hospital S anta Mónica de Dosquebradas dio respuesta
negativa a la petición realizada el 28 de marzo de 2014 , en la que
se exigió reconoce r la existencia de una relación laboral entre el
demandante y dicha entidad en el lapso comprendido entre el 1 de
febrero de 2009 hasta el 25 de junio de 2010 , y que se pagaran las
diferencias entre los honorarios y lo que le correspondía, además
de la indem nización moratoria previst a en el artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo.

3 . A título de restablecimiento del derecho , solicitó
que se pague la
indemnización por el no pago oportuno de los salarios y
prestaciones socia les en los té rminos del artículo 52 del Decreto

1 Folios 13 a 15 cuaderno 1 del expediente.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 73001-23-33-000-2015-00168-01 (0338-2017)
Demandante: Diego Alejandro González Correa

2127 de 1945; la indemnización por el no reconocimiento y pago de
cesantías en los términos de la Ley 244 de 1995; que se reconozcan
las diferencias entre el salario devengado por los servidores de
planta con las mismas funciones y lo que percibió el demandante
por las labores que desempeñó; que se pague lo que corresponda
por prima de servicios, vacaciones, prima de vaca ciones, prima de
navidad, que le sea compensado lo que pagó como independiente
al sistema de seguridad social ; que se ordene la indexación de
todas las sumas; que se condene a la demandada al pago de la
indemnización por despido injustifica do; que se reint egre al señor
González a la entidad; y que se condene en costas a la demandada.

2.2. Hechos relevantes

4 . El señor
apoderado de la parte demandante narró los hechos que
se resumen a continuación 2:

2.2.1. Diego Alejandro G onzález Correa pre stó sus servicios a la
E.S.E. Hospital Sa nta Mónica de Dosquebradas , Risaralda ,
a través de contrat os de prestación d e servicios que fue ron
celebrados por el demandante con la Unión Temporal
Sersalud, el primero de ellos de fecha 1 de febrero de 2009,
a término in definido , para ejercer labores de médico de
consulta externa.

2.2.2. La demandada buscó enmascarar la existencia de u na
relación laboral recurriendo a la intermediación de la
mencionada unión temporal cooperativa de trabajo
asociado.

2.2.3. La parte demandante afirmó que los servicios fueron
prestados de manera personal, bajo continuada
subordinación y dependencia, sujetos a un horario de
trabajo y que las labores se cumplían en las mismas
condiciones que las de los servidores de planta , y por ellas
recibía los honorarios pactados.

2.2.4. Por medio de derecho de petición de 28 de marzo de 2014
solicitó el reconocimiento de una relación laboral , y el
restablecimiento en las condiciones p reviamente referidas .

2.2.5. A través del Oficio 658 de 10 de abril de 2014 la
demandada negó la solicitud de reconocimiento de una
relación laboral .

2 Folios 15 y 16 del cuaderno 1 del expediente.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 73001-23-33-000-2015-00168-01 (0338-2017)
Demandante: Diego Alejandro González Correa

2.3. Normas violadas y concepto de violación.

5 . Como disposiciones violadas citó las siguientes:

Constitución Política: artículos 1, 2, 4, 25, 48, 53 y 209
Decreto 3135 de 1968: artículo s 8, 9, 10, 11.
Decreto 1848 de 1969 artículo s 43 a 49, 51.
Decreto 1045 de 1978: artículos 8 a 26, 28 a 33 y 45.
Decreto 451 de 1984.
Ley 6 de 1945: artículo 17.
Ley 65 de 1946: artículo 1.
Decreto 1160 de 1947.
Ley 50 de 1990: artículos 99, 102 y 104.
Ley 344 de 1996: artículo 13.
Ley 244 de 1995.
Decreto 1252 de 2000.
Decreto 1042 de 1978: artículos 58 y 59.
Decreto 372 de 2006.

6.El señor apoderad o de la parte demandante indicó que el acto
administrativo demandado debe ser declarado nulo por cuanto se
desconoció que entre la E.S.E. Hospital Santa Mónica de
Dosquebradas y el señor González Correa se presentó una relación
laboral encubierta a través d e la intermediación de las cooperativas
de trabajo asociado.

7. Adicionalmente, señaló que en el artículo 7 de la Ley 1233 de
2008 se estableció que ninguna cooperativa de trabajo asociado
puede actuar como empresa de intermediación laboral, ni disponer
del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra a
terceros o remitirlos como trabajadores en misión, y esta
disposición fue reit erada en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.

8.Por otra parte, indicó que la labor de médico general no puede
considerarse pre stada de forma autónoma , porque estos
profesionales no pueden definir en qué lugares prestar sus servicios
ni en qué horario, y la coordinación de turnos y vigilancia de
pacientes no puede ser suspendida sino por justa causa.

2.4. Contestación de la de la demanda

9 . La
E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas contestó 3 la
demanda y se opuso a las pretensiones , conforme a los siguientes
argumentos:

3 Folios 61 a 65 del cuaderno 1 del expediente.

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Demandante: Diego Alejandro González Correa

1 0 . Para comenzar, sostuvo que entre el señor González Correa y la

entidad no existió continuada subordinación, ni se ap ortó prueba
alguna de órdenes de ningún jefe.

1 1 . Por otra parte, afirmó que
la parte demandante se contradice en
cuanto reconoció como empleador a un tercero.

1 2 . Ademáspropuso la excepci ón previa de falta de legitimación en
la causa por pasiva pues en la demanda no se mostró un vínculo
directo con la entidad.

13. De igual manera , propuso las excepciones de proposición
jurídica incompleta, puesto que no se enunció qué se pretende a
título de restablecimiento del derecho.

1 4 . Adicionalmente, presentó la excepción de prescripció n.

15.Por último, llamó en garantía a la compañía aseguradora
Seguros del Estado S.A. a través de las pólizas que a mpararon el
pago de salarios y prestaciones sociales de los contratos suscritos
con las empresas Sersalud y Salud y Bienestar.

2.5. Decisiones relevan tes en el curso de la audiencia inicial

1 6 . Dentro del trámite de la audiencia inicial, realizada el
2 de mayo
de 2018, el Tribunal Administrativo de Risaralda despachó
desfavorablemente la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, pues ju stamente el proceso versa sobre la existencia de
un vínculo jurídico con la entidad, y, por lo tanto, es un aspecto que
se debe analizar con el fondo del asunt o.

1 7 . Frente
a la exce pción de proposición jurídica incompleta señaló
que no tiene el carácter de excepción previa, por lo que se habría
de resolver con el fondo del asunto.

1 8 . En cuanto a la prescripción trienal , señaló que la misma depende

del derecho sustancial, motiv o por el cual se habría de resolver en
la sentencia.

1 9 . A continuación , fijó el lit igio en los siguientes términos:

«Se consider a por el Despacho que, de acuer do con la
dem anda y su cont est ación, el lit igi o se cir cunscr ibe al est udi o
de lega lid ad de l act o adm inist r at ivo No . ( sic) 658 del 10 d e
abr il d e 2014, expe dido por la E SE H o spit al S ant a M ónica de
Dosquebr adas, por m edio del cual se resolvi ó negat ivam en t e
la sol icit ud de r econocim ient o y pago del r eaj ust e salar ial y

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pr est acional con su r espect iva ind exación a f avor de l
dem andant e, y en consecuenci a se declar e la exist encia o no,
de una r elación l abor al ent r e el señor Diego Alej an dr o
G onzález Cor r ea y la ent idad dem andad a; lo ant er ior a ef ectos
de det er m inar si pr ocede el p ago de p r est aciones socia les y
dem ás em olum ent os que const it uyan f act or salar ial a f avor del
dem andant e, de acu er do con la labor qu e desem peñaba, po r el
per í odo com pr endido ent r e el 1 de f ebr er o de 2009 hast a el 25
de j unio de 2010. O si por el cont r ar io, no hay lugar a declar ar
la il egal idad de l a ct o señalado t oda vez que la ent idad
dem andada no le adeuda ninguna acr ee ncia al señor G onzález
Cor r ea, y a que nunca se pr esent ó un ví nculo labor al, pues lo
único que exist ió f ue una pr est ación de ser vicios sin
dependenc ia ni subo r dinació n » 4.

2.6. La sentencia apelada

20. El Tribunal Administrativo de Risaralda 5, por medio de la
sentencia proferida el 31 de enero de 2019 accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes
argumentos:

21. Para comenzar, indicó que no se configuró la excepción de
proposición jurídica incompleta, pu esto que la parte demandante
identificó correcta mente el acto demandado que definió su situación
jurídica concreta, y enunció en qué consiste el restablecimiento que
pretende.

2 2 . A continuación, señaló que entre SERSALUD y la E.S.E. Hospital

Santa Mónica de Dosquebradas suscribieron contratos de
compraventa de servicios de salud para que la mencionada unión
temporal realizara la «administración y apoyo de procesos
hospitalarios int egrados como servicios temporales en las áreas de
consulta ambulatoria, internación , urgencias y administrativa»
durante los períodos comprendidos entre el 1 de febrero de 2009 al
28 de febrero de 2009, del 1 de marzo de 2009 al 31 de marzo de
2009, del 1 de abril de 2009 al 30 de abril de 2009, del 1 de mayo
de 2009 al 31 de mayo de 2009, del 1 de junio de 2009 al 30 de
septiembre de 2009, del 1 de octubre de 2009 al 5 de octubre de
2009, y del 6 de octubre de 2009 al 31 de diciembre de 2009.

2 3 . Así mismo, señaló que en el expediente se encuentra el contrato

a término indefinido suscrito entre el demandante y la Unión
Temporal SERSALUD con fecha 1 de febrero de 2009 a término
indefinido.

4 Folio 246 del cuaderno 2 del expediente
5 Folios 129 a 138 del expediente.

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2 4 . Por otra parte, p uso de presente que las uniones temporales solo

están autorizadas para desarrollar actividades transit orias y no
permanentes.
25. El Tribunal Administrativo de Risaralda señaló que está
demostrado que Diego Alejandro González Correa se desempeñó
como médico general con vincu lación a tra vés de contratos de
prestación de servicios suscritos con la UT SERSALUD, que le
asignó como sitio de trabajo la E.S.E. Hospital Santa Mónica de
Dosquebradas a partir del 1 de febrero de 200 9.
26. Además, indicó que el médico Víctor Fabián Morales Rojas,
afirmó que el demandante prestó sus servicios como médico al de
la E.S.E. demandad a, en los mismos términos que los servidores
de planta, con el cumplimiento de un horario que era asignado por
el coordinador de urgencias en horarios diferentes asignados por
él, y en caso de incumplimiento del horario les era llamada la
atención.
2 7 . Al
respecto, precisó que la unión temporal jamás les hizo llegar
a los médicos un cuadro de turnos.
2 8 . Así
las cosas, consideró que se demostró la existencia de una
relación laboral entre el 1 de febre ro de 2009 y el 31 de diciembre
de 2009 y declaró la nulidad del Oficio 658 de 10 de abril de 2014 .
2 9 . En este punto señaló que dado que la solicitud de reconocimiento

de la existencia de una relación laboral se radicó el 28 d e marzo de
2014 y el vínculo concluyó el 31 de diciembre de 2009, se configuró
el fenómeno de la prescripción, salvo en lo relacionado con los
aportes al sist ema de seguridad social .
30.Debido a lo anterior, señaló que se deben indexar las sumas
objeto de condena.
31.Ahora bien, en cuanto al llamamiento en garantía indicó que las
pólizas allegadas al proceso no cubren la declaración de existencia
de la relación laboral, motivo por el cual determinó que la
aseguradora Seguros del Estado no estaba en obligación de realizar
ningún pago.
3 2 . Por último, condenó a la demandada en costas.

3 3 . Como consecuencia de lo anterior , dispuso:

«1. SE DECLA RA P RO BADA DE M ANE RA TO TAL la excepc ión
de pr escr ipción f or m ulada por la ent idad dem andada, conf or m e
lo expuest o en est a pr ovidenc ia.
2. SE DECLA RA LA NULI DA D del act o a dm inist r at ivo cont eni do
en el of ici o No. ( sic) 0658 del 10 de abr i l de 2014 , m ediant e el
cual la E. S. E. Hosp it al Sant a M ónica de Dosquebr adas ne gó el
r econocim ient o y pa go de los sa lar ios y pr est aciones soci ale s

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r eclam ados por el dem andant e. conf or m e lo expuest o en la
par t e consider at iva de la pr esent e pr ovi dencia.
3. Com o conse cuen cia de la a nt er ior de clar ación, y a t í t ulo de
r est ablecim ient o de l der echo , SE CO NDEN A a la E. S. E
Hospit a l Sant a M óni ca de Dosquebr adas a pagar en f avor del
dem andant e los por cent aj es de cot ización cor r espondient es a
pensión y sa lud q ue debió t r aslad ar a lo s Fondos r espect ivo s,
dur ant e el per í odo acr edit ado en que pr est ó sus ser vicios. En
su def ect o. la ent id ad ef ect uar á las cot izacio nes a que hay a
lugar , conf or m e se expuso en la par t e m ot iva de esta
pr ovidenc ia.
4. El t iem po labor ado baj o la m odalida d de t r abaj o en m isión a
t r avés de la Unión T em por al Ser vici os P r of esionales en Salu d
SERS ALU D, se debe com put ar par a ef ect os pensional es.
5. Se condena a la dem andada a ef ect uar los aj ust es de val or
sobr e las sum as que r esult en a f avor del dem andant e seg ún e l
í ndice de pr eci os al consum idor de conf or m idad con el inc is o
f inal de l ar t í culo 18 7 del C PAC A, pa r a l o cual se o bser var á lo
señalado en la par t e m ot iva de est e f allo .
6. La ent idad dem andada dar á cum plim ient o al pr esent e f al lo
en los t érm inos r ef eri dos en el ar t í culo 192 del CPACA , par a lo
ant er ior se enviar á la cop ia r espe ct iva del act a a la
Pr ocur adur í a Regio n al, par a los ef ect os del Ar t í culo 75 num er al
12 del Decr et o 262 de 2000.
7. SE NI EG AN l as dem ás súplic as d e la dem anda , por lo
consider ado
8. NI ÉG ASE el llam am ient o en gar ant í a for m ulado por la E. S.E
Hospit a l Sant a M ónica de Dosqu ebr adas a la com pañí a
asegur ador a Segur os del Est ado S. A, por las r azones
expuest as solapast e m ot iva de est e pr oveí do.
9. Se condena en cost as en est a inst ancia a l a par te
dem andada vencid a Liquí dense por Secr et ar í a.
10. Por Secr et ar í a y a cost a de la par t e int er esada , expí dan se
las copias que sean solicit adas por las par t es indicando cuá l
pr est a m ér it o ej ecut ivo
11. Ej ecut or iada est a pr ovidenc ia, devué lvase e l r em anent e de
la cuot a de gast os si a ello hub ier e lugar , y ar chivase el
expedient e.
12. Se r econoce personer í a a la abogada Joudy Xim ena Téll ez
Duque , ide nt if icad a con cédula d e ciudadaní a núm e r o
52. 737. 399 de Per eir a y t ar j et a pr ofesiona l 174. 212 d el
Consej o Super ior de la Judicat ur a, com o apoder ada de la
llam ada en gar ant í a Segur os del Est ado S. A. , en los t ér m inos
del Poder conf er ido, visibl e a f olio 286 d el cuader no 1 - 1».

2.7. El recurso de apelación.
34.La apoderada de la parte demandante apeló parcialmente la
anterior decisión 6, pues el señor González Corre a presentó
reclamación administrativa el 9 de noviembre de 2010, por lo que
no está de acuerdo con la declaración de prescripción .

6 Folios 309 a 312 del cuaderno 2 del expediente.

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35. Respecto de este aspecto, señaló que la demanda se presentó
inicialmente ante el Juzgado Primero Administrativo Laboral del
Circu ito de Pereira , pero que fue retirada y se presentó nuevamente
la petición el 28 de abril de 2014.

36.Adicionalmente, señaló que se demostró que el demandante
prestó sus servicios hasta el 25 de junio de 2010, lo que se deriva
de la prueba testimonial y del interrogatorio de parte.

2.8. Alegatos de concl usión en la segunda instancia.

37.La entidad demandada insistió en la defensa esgrimida en la
contestación de la demanda 7.

38.La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el
recurso de apelación 8.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

3 9 . De conformidad con el artículo
150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.

3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.
4 0 . De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso 10, la competencia del juez de segunda
instancia está circunscrita a los a rgumentos expuestos por el
apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado
la sentencia, el superior resolve rá sin limitaciones .

41. Por lo anterior, en el caso concreto el estudio en segunda
instancia se limita rá a analizar los argumentos de la apelación
conforme al problema jurídico que se formula a continuación.

7 Folios 366 a 370 vto. del cuaderno 2.
8 Folios 378 a 381 del cuaderno 2.
9 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en

segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios
de revisión o de unificación de jurisprudencia.
10 « C o m p e t e n c i a del superior . El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]».

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3.3. Problema jurídico.
42. De acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación, se
deberá determinar si la relación la boral que se declaró en la
sentencia de 31 de enero de 2019, se extendió hasta el 25 de junio
de 2010. Adicionalmente, será necesario establecer si se configuró
el fenómeno de la prescripción en el caso concreto .
43.Para resolver el problema jurídico planteado, se partirá por
recordar algunos aspectos relativos al reconocimiento de la relación
laboral enmascarada a través de contratos de prestación de
servicios.

3.2. Del contrato realidad

44. En primer lugar, debe señalarse que existe una clara línea
jurisprudencial de esta Corporación 11 en la que ha considerado que
el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se
comprueban los tres elementos constitutivos de un a relación
laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la
remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que
surge el derec ho al pago de prestaciones sociales a favor del
contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalid ades establecidas en las relaciones laborales,
consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que
se propende hacia la garantía de los derechos mínimos de las
personas, preceptuados en normas respecto de la materia.
4 5 . De
acuerdo con lo anterior, para acreditar la existencia de una
relación laboral es necesario probar los tres elementos referidos,
especialmente que el contratista desempeñó una actividad de la
entidad en condiciones de subordinación y dependencia
continua da.

4 6 . Contrario
sensu , se constituye una relación contractual, que se
rige por la Ley 8 0 de 1993, cuando se pacta la pre stación de
servicios relaciona dos con la administración o funcionamiento de la
entidad pública, caso en el cual el contratista es autónomo en el
cumplimiento de la labor contratada, recibe el pago de honorarios
por los se rvicios p restados por una labor convenida que no puede
realizarse con person al de planta o requiere co nocimientos
especializados.

11Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 25 de agosto de 2016, expediente 0088 -2015,
magistrado ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.

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de resaltar que en la sentencia C – 154 de 1997 12, la Corte
4 7 . Es

Constitucional declaró la constitucio nalidad pura y simple y no
condicionada de la expresión «cuando no puedan realizarse con
personal de planta» del artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993, motivo
por el cual la diferencia entre una y otra forma de vinculación se
encontrará en la continuada dependencia del servidor público, en
los términos del literal b del artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo, pero lo anterior no quiere decir que las actividades
«relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad» no se puedan adelantar a través de contratistas puesto
que precisamente la suprema guardiana de la Constitución Política
declaró ajustada al ordenamiento l a mencionada expresión.

4 8 . En ese orden de ideas, c uando se logra desvirtuar el contrato de

prestación de servicios, inexorablemente se impone el
reconocimiento de las prestaciones sociales generadas, atendiendo
a la causa jurídica que sustenta verdaderamente dicho
restablecimiento, que no es otra que la relación laboral que se
ocultó bajo el ropaje de un contrato administrativo estatal.

49. Ello en aplicación de los principios de igualdad y de
irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, consagrados
respectivamente en los artículos 13 y 53 de la Carta Fundamental.
De tal manera se superó esa prolongada tesis que prohijaba la
figura indemnizatoria como resarcimiento de los derechos laborales
conculcados 13.

50. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 25 de agosto de 2016, unificó su
jurisprudencia y señaló que el pago de las prestaciones que se
reconocen como consecuencia de la nulidad del acto administrativo
que negó la existencia de la relación laboral, procede a título de
restablecimiento del derecho y no como reparación integral del
daño. Al efecto, expresó lo siguiente:
« F re n te a l a n te ri o r p a n o ra m a ju ri s p rud e n c i al , re s u l ta i m pe ri o s o
u n i fi c a r e l p re c e d en te c o n e l fi n ú l tim o d e a c o g e r e l c ri te ri o q ue s e a
m á s fa v o ra b l e a lo s c i u d a d a no s q u e a c u d e n a n te l a ju s ti c i a
c o n te n c i o s o - a dm in i s tra ti v a e n b u s c a d e o b te n e r e l re c o n o c i mi e nto d e
l o s d e re c h o s q u e e ra n i n h e re n te s a u n a r e l a c i ón l a b o ra l p e ro q u e l a
A dm i ni s tra c i ó n d i s fra z ó c o n l a s u s c ri p c ió n d e u n c o n tra to e s ta ta l ,
p a ra l o c u a l h a d e a d v e rti rs e q u e e l re s ta b l e c imi e n to d e l d e re ch o e s
u n a c o n s e c u e n ci a l óg i c a d e l a n u l id a d qu e s e d e c re ta , y a q u e u n a
v e z e j e c u to ri a da la s e n te n c i a q ue a s í l o d e c l a ra , e l a c to

– 154 de 19 de marzo de 1997, magistrado
12 C o r t e C o n s t i t u c i o n a l , s e n t e n c i a C

ponente: Hernando Herrera Vergara.
13 C o n s e j o de Estado , Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 17 de abril de 2008 , expediente 2776-05, magistrado
ponente: Jaime Moreno García.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 73001-23-33-000-2015-00168-01 (0338-2017)
Demandante: Diego Alejandro González Correa

a d mi n i s tra ti v o d e s ap a re c e d e l m u n d o j u ríd i c o , p o r l o q u e l o s
d e re c h o s y s i tu a c i o ne s a fe c ta d o s d e b e n v o l v e r a s u e s ta d o i n i ci a l , e s
d e c i r, q u e e n l a s c o n tro v e rs i a s d e c o n t ra to re a l i d a d h a y l ug a r a
re c o n o c e r l a s p re s ta c i o n e s q u e e l c o n tra ti s ta d e j ó d e d e v e n g ar y e l
ti e m p o d e s e rv i c i o s co n fi n e s p e n s i o n a l e s , p u e s s u s i tu a c i ó n j u r íd i c a
fu e m e d i an te u n c o n tra to e s ta ta l , p e ro q u e e n s u e j e c u c i ón s e d i e ro n
l o s e l e me n to s c o n s ti t u ti v o s d e u n a re l a c i ó n l a b o ra l , q u e e n c a s o d e
h a b e r s i d o v i n cu l a d o c o m o em pl e a d o p úb l ic o h u b i e s e te n i do d ere c h o
a l a s m i s ma s p re s ta c i o n e s q u e d e v e n g an l o s d e m á s s e rv i d ore s d e
p l a n ta d e l a re s p e c ti v a e n ti d a d .
P o r c o n s i g ui e n te , n o re s u lta p ro c e d e nte c o n d e na r a la a g e n c ia
e s ta ta l d e ma n d a d a a l p a g o d e la s p re s ta c io n e s a la s q u e te n ía
d e re c h o e l c o n tra ti s ta -tra b a ja d o r a tí t u lo d e re p a ra c ió n i n te g ra l
d e p e rju ic io s , d a d o q u e e s ta s s e re c o n o c e n c o mo e fe c to d e la
a n u la c ió n d e l a c to q u e la s n e g ó , p e s e a s u d e re c h o a s e r t ra ta d o
e n i g u a l da d d e c o nd i c i o ne s q u e a l o s d e m ás e m pl e a do s p ú b l i c os
v i n c u l ad o s a tra v é s d e u n a re l a c i ó n l e g a l y re g l a m e n ta ri a , e s to e s , a
p e s a r d e te n e r u n a re m u n e ra c i ó n c o n sti tu i d a p o r l o s h o n o ra ri o s
p a c ta d o s , l e fu e c e rc e n a d o s u d e re c h o a re c i b i r l a s p re s ta c i on es q u e
l e h u b i e re c o rre s p o nd i d o s i l a A dm i ni s tra c i ó n n o h u b i e s e u s ad o l a
m o d al i da d d e c o n tra ta c i ó n e s ta ta l p a ra e sc o n d e r e n l a p rá c ti ca u na
re l a c i ó n d e tra b a j o » 14.
5 1 . En
cuanto a los derechos prestacionales derivados del contrato
realidad, otrora esta Sección concluyó que no prescriben, debido a
que su exigibilidad es imposible a ntes de que se produzca la
sentencia, porque la decisión judicial al declarar la existencia de la
relación laboral tie ne carácter constit utivo; es decir, que es a partir
del fallo que nace a la vida jurídica el derecho laboral recl amado y
por tanto no podía operar en estos casos el fenómeno procesal
extintivo 15.
52. Sin embargo, con el paso del tiempo se determinó que, aunque
es cierto que es desde la sentencia que se hacen exigibles las
prestaciones derivadas del contrato realidad, también lo es que el
particular debe reclamar el reconocimiento de su relación laboral
dentro de un término prudencial que no exceda el de la prescripción
de los derechos que pretende; lo que significa que debe solicita r la
declaratoria de la exi stencia de esa relación en un término no mayor
a tres años 16.
5 3 . De
igual manera, sobre este punto referido a la prescripción del
derecho reclamado en el marco de un contrato realidad, la Sección
Segunda de esta Corporación, en la referida sen tencia de
unificación de 25 de agosto de 2016, señaló:

14 Consejo de Estado , Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016 , expediente 0088-
2015, magistrado ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.
15 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , S e c c i ó n S e g u n d a ,

sentencia de 6 de abril de 2008, expediente 2152-06, magistrado ponen te:
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, S ección
Segunda, sentencia de 9 de abril de 2014 , expediente 131-13, magistrado
ponente: Luis Rafael Vergara Quintero.

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Radicado: 73001-23-33-000-2015-00168-01 (0338-2017)
Demandante: Diego Alejandro González Correa

« P o r l o ta n to , s i q u i e n p re te n d e e l re c o n o c im i e n to d e l a re l a c i ó n
l a b o ra l c o n e l E s ta d o , s e e x c e d e d e l o s tr e s a ñ o s , c o n ta d o s a p a rti r
d e l a te rm i n a c i ó n d e s u v ín c u l o c o n tra c tu a l , p a ra re c l a m ar l o s
d e re c h o s e n a p l i c a ció n d e l p ri n c i p io d e l a “… p ri ma c ía d e l a re a l i d a d
s o b re l a s fo rma l i d a de s e s ta b l e c i d a s p o r l o s s u j e to s d e l a s re l a c i o n es
l a b o ra l e s ” (a rtíc u l o 5 3 c o n s ti tu c i o n a l ), s e e x ti n g u e e l d e re c h o a
s o l i c i ta r l a s p re s ta c io n e s q u e s e d e ri v en d e a q u e l la , p u e s d i c ha
s i tu a c i ó n s e tra d u c i ría e n s u d e s i n te ré s , q u e n o p u e d e so p orta r e l
E s ta d o , e n s u c o n d i c i ó n d e e m pl e a d o r.

P e ro e n a q u e ll o s c o ntra to s d e p re s ta c i ó n d e s e rv i c i o s , p a c ta d os p o r
u n i n te rre g n o d e te rmi n a d o y q u e l a e je c uc i ó n e n tre u n o y o tro ti e n e
u n l a p s o d e i n te rru p c i ó n , fre n te a c a d a u n o d e e l l o s h a brá d e
a n a l i za rs e l a p re s c rip c i ó n a p a rti r d e s u s fe c h a s d e fi n a l i z ac i ó n ,
p u e s to q u e u n o d e l o s fu n d a m e n to s d e l a e x i s te n c i a d e l c o n tra to
re a l i d a d es p re c i s ame n te l a v o c a c ió n d e pe rm a n e nc i a e n e l s e rv i c i o .
P o r c o n s i g ui e n te , l e c o rre s p o n d e rá a l j uez v e ri fi c a r s i e x i s ti ó o n o l a
c i ta d a i n te rru p c i ó n co n tra c tu a l , q u e s e rá e x c l u i da d e re c o n o c im i en to
y e x a m i n ad a e n d e ta l l e e n c a d a c a s o p a r ti c u l a r, e n a ra s d e p ro te g e r
l o s d e re c h o s d e l o s tra b a j a d o re s , q u e h a n s i d o b u r l a d o s po r l a s
a u to ri d a d e s a d mi n i s tra ti v a s a l e n c u b ri r u n a re l a c i ó n l a b o ra l b a j o
c o n tra to s d e p re s ta c i ó n d e s e rv i c i o s » .

5 4 . Asimismo, dicha providencia aclaró que el fenómeno prescript ivo

no opera respecto de los aportes para pensión, teniendo en cuenta
la condición periódica del derecho pensional que lo hace
imprescriptible.

55.Finalmente, es de señalar que la Sección Segunda de esta
Corporación en sentencia SUJ-025-CE -S2-2021 de 9 de septiembre
de 2021 17 estableció las siguientes pautas de unificación frente a
varios aspectos d el contrato realida d como son: i) el sentido y
alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993; ii) la delimitación del término de solución de
continuidad en los contratos estatales de prestación de servicio s
que ocultaron la existencia de una relación laboral que se declara,
a efectos de determinar la prescripción de derechos; y, iii)
improcedencia de la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista.
5 6 . Al efecto señaló la Sección Segunda:

«[ …] ( i ) La primera regl a def ine que el concept o de «tér m ino
est r ict am ent e indispensable » , al que alude el num er al 3. º del
ar t í culo 32 de la Le y 80 de 1993, es el señalado e n los es t udios
pr evios y en el objet o del cont r at o, el cual, de acuer do con el
pr incip io de planeaci ón, t iene que est ar just if icado en la necesidad
de la pr est ación de l ser vicio a f avor de l a Adm inist r ación, de f or m a
esencia lm ent e t em por al y, de ninguna m aner a, con ánimo de
per m anencia.

17Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 9 de septiembre de 2021, expediente: 1317-2016,
magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

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( i i ) La segunda regl a est ablece un per iodo de t r eint a ( 30) dí as
hábi les, ent r e la f inaliz ación de un cont r at o y la ej ecución del
sigui ent e, com o t érm ino de la no soluci ón de cont inuidad, el cual,
en los cas os que se exceda, podr á f lex ib il izar se en at enc ión a las
especia les cir cunst a ncias que e l j uez e ncuent r e pr obadas dent r o
del exped ient e.

( i i i) La t ercera regl a det er m ina que f rent e a la no af il iaci ón al
sist em a de la S e gur idad So cia l en salud, por par t e de la
Adm inist r ació n, es im pr ocedent e la devoluci ón de los valor es que
el cont r at ist a hubie se asum ido de m ás, en t ant o se r ecaudar on
com o r ecur sos de nat ur aleza par af iscal ».
5 7 . En
esta misma providencia expresamente se puso de presente
que «aun cuando se acrediten los mencionados elementos del
contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad
es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la
primacía de la re alidad sobre las f ormalidades, por lo que, en
ningún caso, será posible darle la cat egoría de empleado público a
quien prest ó sus servicios sin que concurran los elementos
previstos en el artículo 122 de la Carta Política».

3.3. La utilización de cooperati vas de trabajo asociado para
enmascarar las relaciones laborales.
5 8 . Respecto
de la utilización de cooperativas de trabajo asociado
para esconder una relación laboral, e sta corporación ha señalado:

«En la pr áct ica, el t r abaj o asociado en algunos casos se ha
ut iliz ado com o inst r um ent o par a escapar a la legis lac ió n
labor al y así eludir las obligac iones par a con los t r abaj adores
dependi ent es o sub or dinados. Por e llo, el Leg isla dor consag r ó
la pr ohibic ión de que las Cooper at ivas de Tr abaj o Asociado
act úen com o em pr esas de int er m ediación labor al, dispong an
del t r abaj o de los asociados par a sum inist r ar m ano de obr a
t em por al a usuar ios o t er cer os benef iciar ios, r em it an a los
asociados com o t r ab aj ador es en m isión c on la f ina lid ad de qu e
at iendan labor es pr opias de u n usuar io o t er cer o benef icia r io
del ser vicio, o per m it an que r espect o de los asociados se
gener en r elaciones de subor dinación o dependencia c on
t er cer os cont r at ant es; y com o consecuencia, est ablec ió que el
asociado q ue acu da a est as pr áct icas se cons ider a r á
t r abaj ador dependient e de la per sona nat ur al o j ur í dica que se
benef icie c on su t r abaj o. De t al m aner a que el t er cer o
cont r at ant e, la Cooper at iva y s us dir ect ivos se r án
solid ar iam ent e r esponsables por las obl igaci ones económ ic as
gener adas a f a vor d el t r abaj ador asocia do. Sin p er j uicio d e que
queden inc ur sas en causal de d isoluc ión y liqui dació n y que l es
sea cancelada la pe r soner í a j urí dica » 18.

18Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 27 de abril de 2016, expediente 2525 -2014, magistrado
ponente: Gabriel Valbuena Hernández.

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5 9 . Por
su parte, la Corte Constitucio nal, en la sentencia C-855 de
2009 afirmó:

«…Si por conduct o de la Cooper at iva d e Tr abaj o Asociado
lleg a a suscit ar se una r elaci ón lab or al de un t r abaj ador
asociado con la coo per at iva, par a pr estar le ser vicios a un
t er cer o - con element os de subor dinación, hor ar io y
r em uner ación pr opio s del cont r at o de t r abaj o - , est a rel aci ón
l aboral preval ece sobre el acuerdo cooperat i vo, y en t al
caso apl i can t odas l as regul aci ones l aboral es,
incluy endo, por supuest o, la pr ot ección labor al r ef or zada a
las m uj er es em bar azadas o lact ant es (T - 177/ 03, T - 291/ 05,
T- 873/ 0 5, T - 063/ 06, T - 195/ 07, T - 531/ 07) , a las per sonas en
est ado de debi lida d m anif iest a ( T - 1219/ 05, T - 002/ 06) , o a
los discapac it ados o dism inuidos f í sicos ( T - 504/ 08, T -
962/ 08, T - 1119/ 08) . De com pr obar se la exist encia de un
cont r at o labor al par alel o o concom it a nt e con la r el ación de
í ndole cooper at iva, la Cor t e t am bién ha im puest o el
cum plim ient o de la s obligac iones r el acionadas con los
apor t es al sist em a de salud ( T - 413/ 04) , al sist em a de r iesgos
pr of esionales ( T - 632/ 04) , o incluso la m uy elem ent al de
r econocer los sala r ios pact ados con el t r abaj ador ( T -
353/ 08) . Cuando l os hechos del caso l o ameri t an, l a Cort e
ha ordenado, no a l a Cooperat i va, si no al t ercero que se
benef i ci a de l a labor del t rabaj ador asoci ado, que
responda por l as obl i gaci ones l aboral es omi t i d as (T -
471/ 08) , más aún si el ví ncul o ent re el t rabaj ador y l a
cooperat i va ya no pasa por l a prest aci ón de servi ci os a
un t ercero, si no que se t rat a de un a rel aci ón l aboral
ordi nari a ent re aquel y ést a (T - 900/ 04)» 19.

60. Apartir de lo a nterior, resulta claro que es posible condenar a
quien se beneficia de los servicios de los trabajadores a sociados a
una cooperativa cuando se pretende esconder una relación laboral,
en especial cuando se trata de funciones misionales.

3.4. De la prueba de la relación laboral
6 1 . En relación con el argumento expuesto por la parte demandante

según el cual la relación se extendió hasta el 25 de junio de 2010,
es necesario tener en cuenta que el contrato estatal por regla
general es solemne. Al respecto, la doctrina ha af irmado lo
siguiente:

«…Ahor a bien, dada la nat ur aleza del cont r at o del Est ado, este
es esencia lm ent e f or m alist a en at enci ón a m ot ivos de cer t ez a,
clar idad y segur i dad , am én de la aplica ción ir r est r ict a de lo s
pr incip ios de la función adm inist r at i va, ent r e ellos, la
publ icida d y la t r anspar encia ( ar t . 23 de la Ley 80 y 13 de la

19Corte Constitucional, sentencia C – 855 de 25 de noviembre de 2009,
magistrado ponente: Mauricio González Cuervo.

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Ley 1150 de 20 07) , de m odo que acá no oper a el pr inc ip io d e
la l iber t ad de f or m a de m anif est ación de l consent im ie nt o par a
ef ect os de su celebr ación y conf igu r ación. Por ello, su
nacim ient o a l a vid a j ur í dica debe r odear se del cum pl im ent o
de r equis it os que, d e no r eunir se a cab alid ad, t r aer í an como
consecuenci a su ine xist encia, dif er encia básica con el r égim e n
pr ivado, en dond e la aut onom í a de la vol unt ad en est e aspect o
t iene t ot al aplicac ió n, salvo que exist a nor m a especial qu e
exij a una f orm a deter m inada, cual es el caso de la hipot eca
pr evist o en el ar t í culo 2434 CC, y m ás especí f icam ent e lo que
consagr a el inciso 1. ° del ar t í culo 39110] de la Ley 80 de 1993,
que exige e l escr it o en los cont r at os que im pliq uen m ut ació n
del dom ini o o im posi ción de gr avám enes y ser vidum br es sobre
bienes i nm uebles y, en gener al, aquel lo s que conf or m e a las
leyes vigent es deb a n cum plir con dicha f or m alidad.

Com o consecuenc ia de lo a nt er ior , en consider ac ión a la s
clasif ic acion es lega les y las e labor a das por la doct r in a
iuspr ivat ist a, se pu ede af ir m ar que el cont r at o est at al es d e
car áct er i) bilat er al, por cuant o las par t es adquier en
obli gacio nes que s e m ir an com o r ecí pr ocas; ii) oner oso, e n
cuant o r epor t a ut il id ad o benef ic io p ar a am bos cont r at ant es,
gr avándose uno a favor del ot r o; iii) conm ut at ivo, com o r egla
gener al, por que cada una de las par t es se obliga a dar o hacer
una cosa que se e n t iende com o equ iva l ent e a lo que la ot r a
par t e debe dar o hacer a su vez, y iv) pri nci pal mente,
sol emne, ya que la m anif est ación de volunt ad, si no se
expr esa baj o la f or ma ad solem nit at em o ad subst ant iam act us
exigi da por la l ey, es inexist ent e, es de cir , se ent iende que el
cont r at o j am ás ha sido cr eado par a el mundo j ur í dico. Así, el
cont r at o est at al es esencia lm ent e f or malist a, a dif er enci a de
lo que acont ece en el der echo pr ivado en donde im per a, por
r egla gener a l, la ple na lib er t ad de f or m a conf or m e al pr incip i o
solus consensus oblig at , en vir t ud del cual, con la m er a
acept ación de la of e r t a, nace el cont r at o a la vida j ur í dica. Ell o
signif ica que en e l d er echo adm inist r at iv o la solem n idad es l a
r egla gener al y absolut a par a poder hablar de contr at o est at al,
de t al m ane r a que acá oper a el br ocár dico r om ano f or m a dat
esse r ei » 20.

6 2 . Es
de señalar que en el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012 se
estableció la carga de la prueba, por lo que es el demandante quien
debe demostrar la existencia de una verdadera relación labo ral.

63. Por su parte, en el 256 ibidem se determinó que la falta del
documento que la ley exija como solemnidad para la existencia o
validez de un acto o contrato no podrá suplirse por otra prueba.

20 J u a n
Carlos Expósito Vélez, Forma, formalidades y contenido del contrato
estatal. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2020.

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64.De conformidad con lo anterior, la prueba del vínculo no se
puede suplir con la declaración de testigos, pues se trata de un
documento que la ley exige como solemnidad.

3.5. Las oportunidade s probatorias en materia contenci oso
administrativa .

65.Las oportunidades probatorias que contempla el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
son las siguientes:

«Ar t í culo 212. O por t unidades pr obat or ias. Par a que sean
apr eciadas por el j uez las pr uebas deber án solic it ar se,
pr act icar se e incor por ar se al pr oceso dent r o de los t ér m inos y
opor t unidades seña l ados en est e Código .

En pr im er a inst ancia, son opor t unidades par a apor t ar o
solic it ar la pr áct ica de pr uebas: la dem a nda y su cont est ació n;
la r ef or m a de la m ism a y su r espuest a; la dem anda de
r econvención y su co nt est ación; las exce pciones y la o posic ió n
a las m ism as; y los incid ent es y su r espuest a, en est e últ im o
event o cir cunscr it as a la cuest ión plant e ada.

Las par t es podr án pr esent ar los dict ám enes per i ciale s
necesar ios par a pr obar su der echo, o podr án sol icit ar la
designac ión de per it o, en las opor tunidades pr obat or i as
ant er ior m ent e señaladas.

En segunda inst an cia, cuando se t r at e de apelaci ón d e
sent encia, en el t ér m ino de ej ecut or ia del aut o que ad m it e el
r ecur so, las par t es podr án pedir pr ueba s, que se decr et ar án
únicam ent e en los si guient es casos:

1. Cuando las par t es las pidan de com ún acuer do. En caso de
que exist an t er ceros dif er ent es al sim ple coadyuvant e o
im pugnant e se r equer ir á su anuenc ia.

2. Numeral modi f i cado por l a Ley 2080 de 2021 , artí cul o
53. Cuando f uer e negado su decr et o en pr im er a inst ancia o no
obst ant e haber se de cr et ado se dej ar on de pr act icar sin cu lp a
de la par t e qu e las pidi ó. En est e ú lt im o caso, solo co n el f i n
de pr act icar las o de cum plir r equis it os que les f alt en par a su
per f eccionam ient o.

3. Cuando ver sen sobr e hechos acaecidos después de
t r anscur r ida la opor t unidad par a pedir pr uebas en pr im era
inst ancia, per o sola m ent e par a dem ost rar o desvir t uar est os
hechos.

4. Cuando se t r at e de pr uebas que no pudier on so lic it ar se en
la pr im er a inst anc ia por f uer za m ayor o caso f or t uit o o por obr a
de la par t e cont r ar ia.

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Demandante: Diego Alejandro González Correa

5. Cuando con ellas se t r at e de desvir t uar las pr uebas de que
t r at an los num er ales 3 y 4, las cuales deber án solicit ar se
dent r o del t ér m ino de ej ecut or ia del aut o que las decr et a.

Par ágr af o. Si las pr u ebas pedid as en seg unda inst anc ia f uer en
pr ocedent es se decret ar á un t ér m ino para pr act icar las que no
podr á exceder de di ez ( 10) dí as hábiles».

66.De lo anterior se colige que las pruebas se deben pedir en la
demanda y su contestación, o durante el término de eje cutori a del
auto que admite el recurso de apelación, para demostrar hechos
acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir
pruebas en primera instancia, pero e xclusivamente para demostrar
o desvirtuar estos hechos.

67.En este orden de ideas, será necesario establecer si existe
prueba de la reclamación de derechos laborales en el mes de
noviembre de 2010, y, adicionalmente, si está o estas fueron
oportunamente solicitadas o aport adas en las oportunidades
pertinentes.

3.6. Los extremos temporales de la relación laboral

6 8 . Debido a que en el caso concreto se trata de un apelante único,

se parte de la base de la existencia d e una relación laboral entre el
señor Diego Alejandro González Correa y la E.S.E Hospital Santa
Mónica de Dosquebradas.

69. En cuanto a los extremos temporales en el expediente se
demostró la existencia de contratos de compraventa de servicios de
salud entre SERSALUD y la E.S.E. en los siguientes lapsos: 1 de
febrero de 2009 al 28 de febrero de 2009 (folio 72), del 1 de marzo
de 2009 al 31 de marzo de 2009 (Folio 79), del 1 de abril de 2009
al 30 de abril de 2 009 (folio 83), del 1 de mayo de 2009 al 31 de
mayo de 2009 (folio 88), del 1 de junio de 2009 al 30 de septiembre
de 2009 (folio 96), del 1 de octubre de 2009 al 5 de octubre de 2009
(folio 102), y del 6 de octubre de 2009 al 31 de diciembre de 2009
(folio 101).

70. Conforme a lo anterior, dado que no existe el contrato que
justificó la vincula ción del señor González Correa más allá del 31
de diciembre de 2009, es necesario confirmar en lo pertinente el
fallo de 31 de enero de 2019.

3.7. La prescripción

71.Como se puso de presente anteriormente, en el proceso
contencioso administrativo so lo es p osible pedir prueb as con la

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demanda o su contestación, o con el recurso de apelación, pero
exclusivamente para hechos que hayan acaecido de manera
posterior.

7 2 . En el caso concreto, la apoderada de la parte demandante señaló

que su representado presentó reclamación administrativa el 9 de
noviembre de 2010, con lo que se interrumpió el término de
prescripción, y la prueba de este hecho la aportó con el recurso de
apelación, en el que ni siquiera se solicitó su decreto y práctica.

7 3 . En relación con la misma, es de señalar que, no puede ser tenida

en cuenta, conforme a las consideraciones realizadas previamente,
pues no se solicitó de manera oportuna.

74.Así las cosas, para la sa la es evidente que se configuró el
fenómeno de la prescripción puesto que se demostró la prestación
del servicio hasta el 31 de diciembre de 2009, y la recla mación se
radicó el 28 de marzo de 2014.

En gracia de discusión, aun de tener como válida la prueba de la
reclamación del 9 de noviembre de 2010, esta solo interrumpía el
fenómeno de la prescripción por un lapso de 3 años, por lo que, en
cualquier caso la demanda debió presentarse a más tardar el 10 de
noviembre de 2013 , puesto que la prescripción so lo se interrumpe
por una única vez.

75.En este punto, sería del caso modificar la decisión de condenar
al pago de los aportes en salud, en los términos de la sentencia de
unificación de 9 de septiembre de 2021, puesto que la sala ha
señalado que estos no se deben reconocer por tratarse de recu rsos
de naturaleza parafiscal. Sin embargo, se recuerda que en el caso
concreto se trata de apelante único, motivo por el cual no se
procederá de tal manera para no perjudicar al señor González
Correa.

3.5. Costas.

7 6 . De acuerdo con los numerales 1,3 y 8 del artículo 365 de la Ley
1564 de 2012, aplicable en virtud de lo dispuesto por el artículo 188
de la Ley 1437 de 2011 hay lugar a condenar en costas de segunda
instancia al señor Diego Alejandro González Correa, puesto que el
recurso de apelación fue resuelto desfavorablemente y la entidad
participó en el trámite de la segunda instancia.

77.Las mismas se liquidarán de c onformidad con lo prescrito en el
artículo 366 del Código General del Proceso .

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7 8 . En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda

del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFI RMAR la sentencia de 31 de enero de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que acogió
parcialmente las súplicas del señor Diego Alejandro González
Correa en contra de la E.S.E . Hospital Santa Mónica de
Dosquebradas, Risaralda.

SEGUNDO: CONDENAR E N costas d e segunda instancia al señor
Diego Alejandro González Correa, las cuales se liquidarán de
acuerdo con lo prescrito en el a rtículo 366 del Código General del
Proceso.

TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el
programa “SAMAI” y ejecutoriada esta providencia devolver el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión del
veintiocho (28) de abril dos mil veinti dós (2022).

G A BRI EL VA LBUEN A HERNÁ NDEZ
Fir m ado elect r ónicam ent e

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Fir m ado elect r ónica m ent e Fir m ado elect r ónica m ent e

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