Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2015-00038-02
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2015-00038-02
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 66001-23-33-000-2015-00038-02
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
10 de octubre de 2022
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Radicado: 66001 23 33 000 2015 00038 02
Demandante: Defensoría del Pueblo, Regional
Risaralda
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Radicación núm.: 66001 23 33 000 2015 00038 02
Actor: Defensoría del Pueblo, Regional Risaralda
Demandado: Ministerio de Cultura, Ministerio de Minas y Energía, Unidad
Administrativa Especial de Planeación Minero Energética – UPME, Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales – ANLA, Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P., Corporación
Autónoma Regional de Risaralda – CARDER y Departamento de Risaralda
Tesis: Existe cosa juzgada respecto del fallo 14 de marzo de 2019, si dicho trámite
guarda relación de partes, objeto y causa petendi, frente al asunto de la referencia.
No vulnera el derecho e interés colectivo a la moralidad administrativa, si se alega que
éste fue desconocido por la ejecución del proyecto UPME 02-2009 Subestación
Armenia a 230 KV y líneas de Transmisión Asociadas.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Defensoría del
Pueblo, Regional Risaralda, contra la sentencia del 22 de marzo de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, que denegó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El 4 de febrero de 2015, la Defensoría del Pueblo, Regional Risaralda, presentó
acción popular en contra del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Minas y Energía, la
Unidad Administrativa Especial de Planeación Minero Energética (en adelante UPME),
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA), la Empresa de
Energía de Bogotá S.A. E.S.P., hoy Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P.1 (en adelante
1 De los considerandos de la Resolución 01178 del 26 de julio de 2018, proferida por la ANLA, “Por la
cual se acepta el cambio de razón social de una sociedad”, se advierte que la sociedad Empresa de
Energía de Bogotá S.A. E.S.P. - EEB SA ESP, a través de Escritura Pública No. 3679 de la Notaría 11
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GEB S.A. E.S.P.); la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (en adelante
CARDER) y el Departamento de Risaralda, solicitando la protección de los derechos e
intereses colectivos al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido
en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; la moralidad
administrativa; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución; la conservación de las especies animales y
vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la
comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; la
defensa del patrimonio público; la defensa del patrimonio cultural de la Nación; la
seguridad y salubridad públicas, y el acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública.
1.2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó:
“PRETENSIONES
PRIMERO: Declarar que la NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, la
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA UPME, la AUTORIDAD
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, la EMPRESA DE ENERGÍA
DE BOGOTÁ EEB, la NACIÓN MINISTERIO DE CULTURA, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER, y el DEPARTAMENTO DE
RISARALDA; vulneran los DERECHOS COLECTIVOS relacionados con el goce
de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley
y las disposiciones reglamentarias; la moralidad administrativa; la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección
de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las
zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con
la preservación y restauración del medio ambiente; la defensa del patrimonio
público; la defensa del patrimonio cultural de la Nación; la seguridad y salubridad
públicas; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública. Que se causan a los habitantes de los municipios de Santa Rosa de Cabal,
Dosquebradas y Pereira, con la ejecución del Proyecto de la Unidad de Planeación
Minero Energética (UPME), adscrita al Ministerio de Minas y Energía, quien
adjudicó a la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) el Proyecto UPME 02 2009,
consistente en la "CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
SUBESTACIÓN ARMENIA A 230 KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS.
de Bogotá D.C., del 23 de octubre de 2017, inscrita el 25 de octubre de la misma anualidad bajo el
número 02270451 del Libro IX, cambió su razón social por el de Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. -
GEB SA ESP, identificada con NIT 899.999.082-3.
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SEGUNDO: Ordenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, la
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGETICA UPME, la AUTORIDAD
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, la EMPRESA DE ENERGÍA
DE BOGOTÁ EEB, la NACIÓN - MINISTERIO DE CULTURA, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER, y el DEPARTAMENTO DE
RISARALDA, para que de manera conjunta, dentro del ámbito de sus
competencias y en los términos de la Constitución Política y la Ley, de inmediato
o en el término máximo fijado por el Despacho Judicial, contado a partir de la
ejecutoria de la Sentencia, si a dicha fecha no se hubiere efectuado por los
demandados, adopten las medidas necesarias y técnicamente viables con el fin de
hacer cesar la vulneración de los derechos colectivos relacionados con el goce de
un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y
las disposiciones reglamentarias; la moralidad administrativa; la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección
de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las
zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con
la preservación y restauración del medio ambiente; la defensa del patrimonio
público; la defensa del patrimonio cultural de la Nación; la seguridad y salubridad
públicas; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública; de conformidad con los hechos descritos en la presente demanda, y las
recomendaciones que dentro de la misma se llegaren a concluir; tendientes a
conjurar los referidos riesgos y/o desastres técnicamente previsibles, mediante:
1. Cancelar toda actividad de construcción, montaje, ejecución, operación
mantenimiento de todas las acciones o actividades relacionadas con el
desarrollo del Proyecto UPME 02 2009, consistente en la ‘CONSTRUCCIÓN,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN ARMENIA A 230
KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS’, a fin de prevenir un daño
inminente, amenaza, peligro, vulneración sobre los derechos e intereses
colectivos.
2. Que esta suspensión de las actividades de construcción, montaje, ejecución,
operación mantenimiento de todas las acciones o actividades relacionadas con
el desarrollo del Proyecto UPME 02 2009, consistente en la ‘CONSTRUCCIÓN,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN ARMENIA A 230
KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS’, se mantenga hasta tanto se
diseñe un trayecto para instalar las torres que no vulnere los Derechos e
intereses colectivos aquí enunciados.
3. Que se ordene el desmonte de todas las torres de energía ya instaladas, toda
vez que contrarían lo estipulado en la Licencia Ambiental, Resolución No. 0582
del 5 de junio de 2014, la cual permitió la ejecución del Proyecto UPME 02
2009, consistente en la ‘CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LA SUBESTACIÓN ARMENIA A 230 KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
ASOCIADAS’; e igualmente vulnera los Derechos e intereses colectivos aquí
de los habitantes de los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y
Pereira.
4. Que se ordene a la NACIÓN - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, la
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA UPME, la AUTORIDAD
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, la EMPRESA DE
ENERGÍA DE BOGOTÁ - EEB, la NACIÓN - MINISTERIO DE CULTURA, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER, y el
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, para que de manera conjunta, dentro del
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ámbito de sus competencias, adelanten las gestiones y actividades
administrativas y operacionales necesarias, que conduzcan a la reparación de
restablecimiento de los daños ecológicos, ambientales y estructurales
causados con las excavaciones e instalación de las torres de energía.
TERCERO: Que las entidades demandas acaten inmediatamente la orden que su
despacho le imparta, según lo dispone el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.
CUARTO: Que las entidades demandadas sean condenadas en costas a favor de
la Defensoría del Pueblo Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos”2.
1.3. Como sustento fáctico de las pretensiones, adujo lo siguiente:
1.3.1. La Defensoría del Pueblo, Regional Risaralda, señaló que el Comité por la
Defensa del Territorio y el Patrimonio Cultural Cafetero le expuso la inconformidad
frente a la ejecución del proyecto UPME 02-2009 Subestación Armenia a 230 KV y
líneas de Transmisión Asociadas, adjudicado por la UPME, entidad adscrita al
Ministerio de Minas y Energía, a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., hoy
Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P., el contrato para la construcción, operación y
mantenimiento de la subestación Armenia a 230 KV y de las líneas de transmisión
asociadas.
1.3.2. Afirmó que este proyecto incluye en su trazado una línea de transmisión de
treinta y ocho (38) kilómetros, con ochenta y tres (83) torres metálicas que soportarán
cables de conducción eléctrica y atravesará los Departamentos de Quindío y Risaralda
desde la actual subestación Armenia, ubicada en el Municipio de Circasia, Quindío,
hasta interceptar la línea existente entre la vereda La Hermosa del Municipio de Santa
Rosa de Cabal y el Municipio de La Virginia, Risaralda.
1.3.3. Aseguró que los habitantes de los Municipios de Santa Rosa de Cabal,
Dosquebradas y Pereira no están de acuerdo con que el proyecto se levante en medio
de los Distritos de Conservación de Suelos de Barbas Bremen y La Marcada, y el
Parque Regional Alto del Nudo, los cuales son Patrimonio de la Humanidad, por estar
incluidos en el Paisaje Cultural Cafetero, que es considerado Patrimonio Cultural de la
Nación y que está inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las
Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación – UNESCO.
2 Visible a folios 26 y 27 del Cuaderno del Tribunal
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1.3.4. Sostuvo que, de acuerdo con información brindada por los medios de
comunicación, las partes involucradas llegaron a un acuerdo con la Gobernación del
Quindío para suspender el inicio de las obras, mientras se concertaba un trazado que
no perjudicara el medio ambiente, pero que GEB S.A. E.S.P. lo incumplió, pues instaló
varias torres de energía.
1.3.5. Alegó que en el trazado o ruta del proyecto, se pretenden cruzar e instalar
dieciséis (16) torres en el área protegida pública del Distrito de Conservación de Suelos
Barbas Bremen; treinta y dos (32) en el Paisaje Cultural Cafetero; veintiuna (21) en la
Reserva Forestal Central de que trata la Ley 2 de 1959; ocho (8) en el Distrito de
Conservación de Suelos La Marcada y una (1) en la construcción de ampliación de la
Subestación Armenia 230 KV, en proximidad del casco urbano de la ciudad de
Armenia.
1.3.6. Advirtió que este es uno de los proyectos del Sector Minero Energético del
Ministerio de Minas y Energía, que, mediante la Resolución 180925 de 2003, delegó a
la UPME la realización de las convocatorias públicas. Lo anterior, teniendo en cuenta
que los mantenimientos, restauraciones, modificaciones, ampliaciones y
repotenciaciones tendrían término indefinido.
1.3.7. Aseveró que la UPME adelantó la Convocatoria Pública UPME-02-2009 y el 14
de febrero de 2012, adjudicó a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., hoy GEB
S.A. E.S.P., el contrato con un ingreso anual esperado de diez millones cuatrocientos
treinta y un mil seiscientos veintinueve dólares con un centavo (US$ 10.431.629,1),
toda vez que esa entidad ofertó el menor valor presente de los ingresos esperados
durante un plazo de veinticinco (25) años.
1.3.8. Alegó que la UPME había advertido en la convocatoria pública al inversionista
ganador sobre la existencia en el área de afectación de las siguientes zonas con
potenciales restricciones ambientales:
a) Áreas Protegidas Nacionales: (i) Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya,
ubicado en el Municipio de Pereira, y (ii) Parque Nacional Natural Los Nevados,
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ubicado en los Municipios de Pereira, Santa Rosa de Cabal, Risaralda, y Salento,
Quindío.
b) Áreas Protegidas Regionales: (i) Parque Regional Natural y Ecológico El Nudo,
ubicado en los Municipios de Pereira, Marsella, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal,
(ii) Parque Regional Natural y Ecológico La Marcada, ubicado en los Municipios de
Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, (iii) Parque Regional Natural Barbas Ucumari,
ubicado en los Municipios de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, (iv) Parque
Regional Natural Barbas Bremen, ubicado en los Municipios de Pereira, Filandia,
Circasia y Salento, (v) Reserva Forestal Natural y de Investigación Bremen – La Popa,
ubicado en los Municipios de Filandia y Circasia, (vi) Parque Regional Natural Ucumari,
ubicado en los Municipios de Pereira, Salento y Santa Rosa de Cabal
c) Áreas Protegidas Locales: Distrito de Manejo Integrado Cuenca Alta del Río
Quindío, ubicado en los Municipios de Circasia y Salento.
d) Reservas naturales protegidas de la sociedad civil: Parque Natural La Mona,
ubicado en el Municipio de Marsella, Risaralda.
e) Resguardos indígenas: Etnia Emberá Chamí, ubicado en el Municipio de
Marsella.
1.3.9. Sostuvo que el proyecto presentado por GEB S.A. E.S.P. proponía un trazado
en línea recta o casi recta, la cual optimiza, por cercanía, los accesos para la
construcción, montaje y mantenimiento de las redes, pero involucraba el paso por
zonas geológicamente inestables, por una zona de amenaza sísmica alta, por zonas
restringidas por autoridades ambientales y municipales y por áreas de reserva forestal
protectoras, lo que involucraba un alto costo desde el punto de vista ambiental. Y,
además, el trazado generaba la modificación del Paisaje Cultural Cafetero.
1.3.10. Alegó que la convocatoria pública de la UPME indicó que el ganador de la
propuesta debía adelantar las investigaciones preliminares detalladas y las consultas
a las autoridades en relación con la ruta del proyecto, sobre (i) el plan de ordenamiento
territorial, (ii) las restricciones para la aeronavegación en el área de interés para el
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proyecto, y (iii) en general, con todo tipo de restricciones y reglamentaciones
existentes. Pero que GEB S.A. E.S.P. no realizó dichas investigaciones y consultas.
1.3.11. Dijo que GEB S.A. E.S.P. inició ante la ANLA el trámite para obtener la licencia
ambiental, pero propuso una única opción de trazado y no un Diagnóstico Ambiental
de Alternativas (DAA), en los términos del artículo 17 del Decreto 2820 de 20103, que
exige que se presenten varias posibilidades, para que se seleccione la que permita
optimizar y racionalizar el uso de recursos y minimizar los riesgos y efectos negativos.
1.3.11.1. Sostuvo que la ANLA concedió la licencia ambiental en los términos
planteados por GEB S.A. E.S.P., sin justificar técnica ni jurídicamente la ausencia del
Diagnóstico Ambiental de Alternativas.
Agregó al respecto que, si bien la ANLA señaló que tal diagnóstico no era necesario
porque la solicitante tenía como objetivo evitar el cruce de la línea de transmisión por
zonas de inestabilidad, susceptibles de erosión, teniendo en cuenta la localización de
fallas geológicas, lo cierto era que en el área de influencia directa del proyecto se
cruzaban dos accidentes geológicos: Al oriente, la falla Romeral – Almaguer, y al
occidente, la falla Romeral – Armenia, las cuales, contra lo afirmado por GEB S.A.
E.S.P. en la solicitud de licencia, en algunos tramos se encuentran activas.
1.3.12. Manifestó que, como hecho irregular del trámite, pese a que ya se había
vencido el término de quince (15) días consagrado en el numeral 2º del artículo 25 del
Decreto 2820 de 2010, para que la ANLA solicitara conceptos a otras entidades sobre
el Estudio de Impacto Ambiental, y el término de veinte (20) días para solicitar al
interesado la información adicional que estimara necesaria, sin que la entidad hubiese
remitido ninguno de tales requerimientos, GEB S.A. E.S.P. presentó una ampliación al
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, que en realidad reemplazó el texto de cada
componente, lo que conllevó a que los datos, cifras y conceptos no fueran confiables,
situación que fue ignorada por la ANLA, que, mediante oficio 4120-E2-39503 del 21 de
agosto de 2014, indicó que no se trataba de un reemplazo, sino de información
complementaria o aclaratoria.
3 “Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 10 de Ley 141 de 1994, 121 de la Ley 1151 de
2007 y se modifica el Decreto 416 de 2007”.
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Sobre este punto, adujo que la consecuencia de reemplazar el componente de fauna
del Estudio de Impacto Ambiental de 2012 por otro elaborado en abril de 2013, en
relación con los sitios de observación, es que los análisis de la información arrojen
datos totalmente diferentes. Además, arguyó que el segundo estudio indicó que no era
posible realizar la estimación de los índices de diversidad, pese a que el presentado
inicialmente sí lo había incluido, por lo que no existía certeza frente a la riqueza o
número de diversidad.
1.3.13. Por otro lado, advirtió que el Vicecontralor General de la República, en
aplicación de la función de advertencia, ofició al Ministerio de Cultura sobre las
afectaciones paisajísticas derivadas de la instalación de las torres de conducción de
energía sobre el Paisaje Cultural Cafetero, reconocido por esa cartera como patrimonio
cultural de la Nación mediante la Resolución 2079 de 2011 y declarado patrimonio
mundial de la UNESCO.
Agregó que, en virtud de tal condición, el Estado debía aplicar los principios de
preservación del sitio y notificar al Comité del Patrimonio Mundial sobre el propósito
de iniciar o autorizar obras de restauración o edificaciones que pudieran modificar el
valor universal excepcional del bien.
1.3.14. Advirtió que GEB S.A. E.S.P. erigió torres de energía en áreas de exclusión
establecidas en el artículo tercero de la Resolución 582 del 5 de junio de 2014 4,
mediante la cual la ANLA concedió la licencia ambiental. En concreto, planteó que el
proyecto afectaba áreas de exclusión en doce (12) casos particulares:
(i) Cinco (5) viviendas (artículo tercero, literal h).
(ii) Un (1) restaurante típico de la región (artículo tercero, literal h).
(iii) Dos (2) áreas de intervención con restricciones, por ser zonas susceptibles de
procesos erosivos, deslizamientos y movimientos en masa, específicamente, la zona
de influencia de las fallas geológicas de Romeral – Almaguer y Romeral – Armenia, y
4 Folios 223 a 291, cuaderno 2.
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el talud de la Autopista del Café, que se encuentra a aproximadamente cincuenta (50)
metros del lugar donde se tiene proyectada la construcción de la torre 50 (artículo
tercero, numeral 2.1, literal c).
(iv) Tres (3) manantiales y nacimientos de fuentes de agua, que tienen un radio de
protección de cien (100) metros a la redonda (artículo tercero, literal c).
(v) Un (1) santuario religioso (artículo tercero, literal h), en específico, el Santuario
Hindú Santipura Oasis de Paz.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La acción popular fue presentada el 4 de febrero de 2015 y, mediante auto del 16
del mismo mes y año5, el Tribunal Administrativo de Risaralda la admitió y ordenó
notificar como demandados a los Ministerios de Cultura y de Minas y Energía, a la
UPME, a la ANLA, a GEB S.A. E.S.P., a la CARDER y al Departamento de Risaralda.
2.2. En esa misma fecha, la apoderada de GEB S.A. E.S.P. interpuso recurso de
reposición contra el auto admisorio de la demanda6 y alegó que se había presentado
el agotamiento de la jurisdicción, porque en el Tribunal Administrativo del Quindío
cursaba otra acción popular con similares hechos y pretensiones, instaurada por los
señores Gildardo Cuellar y Roberto Arias Estefan contra la ANLA, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, GEB S.A. E.S.P., la UPME, el Ministerio de Minas y
Energía, el Ministerio de Cultura y el instituto Colombiano de Antropología e Historia
(en adelante ICANH).
2.3. Mediante auto del 18 de marzo de 2015, el Tribunal Administrativo de Risaralda
ordenó requerir al Tribunal Administrativo del Quindío que certificara la existencia de
la acción popular con radicado 63001 23 33 000 2014 00222 00, mencionada por la
apoderada de GEB S.A. E.S.P. en el recurso de reposición.
5 Folios 341 a 343, cuaderno 2.
6 Folios 373, cuaderno 2, a 498, cuaderno 3.
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2.4. El 20 de febrero y el 20 de marzo de 2015, los señores Javier Elías Arias
Idárraga7 y Sergio Hincapié8, respectivamente, solicitaron ser tenidos como
coadyuvantes de la parte actora.
2.5. A través de providencia del 29 de abril de 20159, el Tribunal Administrativo de
Risaralda señaló que, en efecto, la acción popular que cursaba ante el Tribunal
Administrativo del Quindío también tenía por objeto “la construcción, ejecución y
operación del proyecto UPME 20-2009 subestación Armenia 230 KV y línes de
transmisión asociada de alta tensión, la cual recorre el Departamento del Quindío y de
Risaralda”. En consecuencia, repuso parcialmente el auto admisorio de la demanda y
la rechazó en relación con el Ministerio de Cultura, la ANLA, la UPME y GEB S.A.
E.S.P.
Además, en este proveído aceptó la coadyuvancia de los señores Javier Elías Arias
Idárraga y Sergio Hincapié.
2.6. El 6 de mayo de 201510 la parte actora instauró el recurso de apelación contra la
anterior providencia, en lo relacionado con el rechazo parcial de la demanda, y alegó
que en este caso la acción popular tenía por objeto la protección de los derechos
colectivos de los habitantes de los Municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas
y Pereira, Departamento de Risaralda.
2.7. Esta Sección11, mediante proveído del 5 de mayo de 201612, revocó el numeral 1º
de la parte resolutiva del auto apelado y ordenó al Tribunal Administrativo de Risaralda
proveer sobre la admisión de la demanda respecto del Ministerio de Cultura, la ANLA,
la UPME y le GEB S.A. E.S.P. Indicó que la lectura integral de la demanda que cursaba
ante el Tribunal Administrativo del Quindío permitía inferir que la misma se interpuso
con el fin de obtener la protección del medio ambiente de ese Departamento, en
especial, de los Municipios de Filandia, Circasia y Armenia. Que, además, las
demandas no guardan plena identidad en cuanto a los derechos colectivos invocados,
7 Folio 372, cuaderno 2.
8 Folio 662, cuaderno 4.
9 Folios 759 a 764, cuaderno 4.
10 Folios 791 a 795, cuaderno 4.
11 Con ponencia del Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés.
12 Folios 878 a 889, cuaderno 5.
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pues ante el Tribunal Administrativo de Risaralda se alegó la violación del derecho e
interés colectivo a la moralidad administrativa, respecto del cual nada se dijo en el otro
proceso.
2.8. El 17 de noviembre de 2016, el señor Paulo César Rodríguez Carmona13 solicitó
ser tenido como coadyuvante de la parte actora.
Manifestó que es propietario de dos (2) predios rurales denominados La Aurora y El
Tabor, localizados junto a la vereda Volcanes del Municipio de Santa Rosa de Cabal,
y que ambos predios fueron afectados por el proyecto UPME 02-2009.
Adujo que, mediante memorial del 14 de agosto de 2015, el arquitecto Felipe Jaramillo
Londoño, tercero interviniente en el trámite de la licencia ambiental ante la ANLA, alegó
que GEB S.A. E.S.P. estaba violando la licencia ambiental porque se había construido
la Torre 61 a trescientos cuarenta y ocho (348) metros del lugar autorizado por la
Resolución 582 de 2014. En atención a esa denuncia, de acuerdo con lo ordenado por
la Ley 1333 de 2009, la ANLA expidió la Resolución 100 del 3 de febrero de 2016,
mediante la cual impuso la medida preventiva de suspensión de actividades de
construcción de la torre; y, a través de Auto 281 de la misma fecha, ordenó la apertura
de una investigación ambiental.
Dijo que, pese a lo anterior, de manera sorpresiva y a sabiendas de que la torre 61 se
estaba construyendo en lugar distinto al autorizado, la ANLA expidió la Resolución 494
del 6 de mayo de 2016, que levantó la medida preventiva. Y que, como consecuencia
de la relocalización en sitio no autorizado, los trabajadores de GEB S.A. E.S.P.
realizaron un importante hallazgo arqueológico, el cual fue informado el 26 de julio de
2015 al Comandante de la Policía de Santa Rosa de Cabal.
Aseveró que, como propietario del inmueble en el que se realizó el hallazgo, estaba
dispuesto a donar la fracción del predio y a establecer la respectiva servidumbre, pero
que la GEB S.A. E.S.P., con la aceptación del ICANH, pretendía extraer el hallazgo,
despojando a la región de ese importante patrimonio cultural. Agregó que las
13 Folios 915 a 925, cuaderno 5.
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anteriores conductas infringen gravemente los derechos colectivos consagrados en el
artículo 15 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 10 de la Ley 1185 de 2008.
Con base en lo expuesto, el señor Paulo César Rodríguez Carmona formuló las
siguientes pretensiones14:
“1. Que se declare la amenaza y vulneración de los derechos colectivos contenidos
en los artículos 63 y 72 de la Constitución Política, el artículo 15 de la Ley 397 de
1997 y la Ley 1185 de 2008.
2. Que como consecuencia de lo anterior se ordene a GEB S.A. E.S.P. cambiar la
localización de la torre N° 61 en el sitio autorizado por la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales ANLA, esto es para las coordinadas 1’159.931E,
1’020.495N. Esto es a los 115 metros al suroeste de las coordenadas autorizadas
inicialmente mediante la Licencia Ambiental”.
2.9. Mediante providencia del 24 de enero de 201715, el Tribunal Administrativo de
Risaralda, en cuanto a la admisión de la demanda, ordenó estarse a lo resuelto por
esta Corporación en el auto del 5 de mayo de 2016, que revocó el rechazo respecto
del Ministerio de Cultura, la ANLA, la UPME y le GEB S.A. E.S.P. Además, aceptó
como coadyuvante de la parte actora al señor Paulo César Rodríguez Carmona.
2.10. Las demandadas contestaron la demanda, esgrimiendo los siguientes
argumentos:
2.10.1. El Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P.16 manifestó que las actividades del
proyecto UPME 02-2009 Subestación Armenia a 230 KV y Líneas de Transmisión
Asociadas, se han adelantado al amparo de la licencia ambiental otorgada por la ANLA
mediante la Resolución 582 de 2014, la cual se encuentra en firme y goza de
presunción de legalidad. Que, por lo anterior, resultan infundadas las acusaciones de
la demanda sobre el supuesto daño al medio ambiente.
2.10.1.1. Sostuvo que, contra lo alegado en la demanda, dentro del proyecto no se
encuentra programada la intervención del Parque Regional Alto del Nudo, como se
14 Folio 923, cuaderno 5.
15 Folios 948 a 949 (vuelto), cuaderno 5.
16 Folios 952 a 982, cuaderno 5.
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expresa en el capítulo 3 del Estudio de Impacto Ambiental, áreas sensibles, y en la
Resolución 582 de 2014.
2.10.1.2. Alegó que, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 18 del Decreto 2820
de 2010, los interesados en la ejecución de los proyectos, obras o actividades que allí
se consagran, entre los que se encuentra el tendido de líneas nuevas de transmisión
del Sistema Nacional de Interconexión Eléctrica (numeral 8º), deben solicitar
pronunciamiento “de la autoridad ambiental competente sobre la necesidad de
presentar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA”. Es decir, que la
presentación de dicho diagnóstico no es obligatoria en todos los casos, y sobre ello
puede pedirse concepto a la autoridad ambiental.
2.10.1.2.1. Que, en tal sentido, mediante escritos del 13 de marzo y del 23 y 30 de
mayo de 2012, pidió a la ANLA que determinara si el proyecto UPME 02-2009
Subestación Armenia 230 KV y Líneas de Transmisión asociada necesitaba del
Diagnóstico Ambiental de Alternativas, requerimiento que fue atendido por la entidad
a través de comunicación 4120-E2-39379 del 16 de julio de 2012, en la que indicó que
el proyecto no demandaba tal diagnóstico, previa fundamentación de cada uno de los
criterios que se tuvieron en cuenta, esto es, elementos físicos (geología,
geomorfología, hidrogeología, geotecnia, suelos, hidrología), bióticos (coberturas
vegetales, áreas sensibles, flora y fauna), socioeconómicos, culturales y perceptuales.
2.10.1.3. Por otra parte, contradijo la afirmación de la demanda según la cual en el
área de influencia del proyecto cruzan dos accidentes geológicos, y adujo que la
Resolución 582 de 2014, que otorgó la licencia ambiental, evaluó los riesgos derivados
de la falla Romeral y señaló que “el trazado de la línea de transmisión evita el paso
directo por estas fallas, en especial en la parte que se encuentran activas”.
2.10.1.4. Alegó que el hecho de que la ANLA no haya cumplido con los términos
señalados en el Decreto 2820 de 2010 para las solicitudes de información adicional,
no configura ningún vicio de ilegalidad del acto que confirió la licencia ambiental y, en
todo caso, el juicio de validez de este escapa a la acción popular, y debe agotarse a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de acuerdo con
lo consagrado en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA).
2.10.1.4.1. Afirmó que, además, a la luz de la normativa que consagra los procesos de
licenciamiento ambiental, específicamente del Decreto 2820 de 2010, nada impide que
el interesado en una licencia ambiental presente aclaraciones, complementaciones o
ajustes, sin que deba ser requerido por la autoridad ambiental. Que, de hecho, el
numeral 4º del artículo 25 del mencionado Decreto autoriza al interesado para aportar
nuevos documentos o informaciones relacionados con el proyecto hasta antes de que
se expida el auto de trámite que declara reunida la información para decidir sobre su
concesión.
2.10.1.4.2. Que, en todo caso, mediante comunicación 4120-E2.3503 del 21 de agosto
de 2014, la ANLA precisó que los documentos aportados correspondían a información
aclaratoria o complementaria de la inicialmente incorporada en el Estudio de Impacto
Ambiental. Por tanto, dicha información no genera incertidumbre sobre los sitios de
observación o muestra de sitio de fauna, sino que, por el contrario, la empresa amplió
el alcance del diagnóstico para otorgar mayor certeza a la caracterización de la fauna
que podría encontrarse en el área de influencia del proyecto.
2.10.1.4.3. Sobre el mismo asunto, alegó que la evaluación y caracterización biológica
de los grupos de especies animales en estudio se basó en lo dispuesto en el
documento Términos de Referencia para la Elaboración de Estudios de Impacto
Ambiental para el Tendido de Líneas de Transmisión del Sistema Nacional de
Interconexión Eléctrica LI-TER 1-01, además de lo contemplado en relación con las
caracterizaciones ecológicas rápidas, que responden a los requerimientos
establecidos por la ANLA.
2.10.1.4.4. Señaló que las especies que se observaron en el área de influencia directa
del proyecto y que tienen condición de amenaza y endemismo sí fueron consideradas
dentro del plan de manejo ambiental presentado a la ANLA. Con base en lo anterior,
alegó que no es cierto que haya incertidumbre en relación con tales especies. Y advirtió
que, en todo caso, la ecología de las especies de flora y fauna responde a las
condiciones de calidad de hábitat y, específicamente, para el área de influencia del
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proyecto, a las condiciones actuales de deforestación y fragmentación de las
coberturas vegetales, que en algunas zonas son inexistentes.
2.10.1.5. Adujo que, en efecto, mediante la Resolución 2079 del 7 de octubre de 2011,
el Ministerio de Cultura declaró el Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio Cultural
de la Nación y como bien inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Que, por esa razón, el 16 de julio de 2012, solicitó a la Dirección de Patrimonio del
Ministerio de Cultura la autorización para la intervención de ese paisaje, para lo cual
presentó la debida sustentación y los anexos correspondientes.
2.10.1.5.1. Señaló que la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura evaluó el
proyecto y encontró que el mismo no generaba impactos negativos ni afectaba los
atributos por los que se manifiesta el Valor Universal Excepcional del Paisaje Cultural
Cafetero. Por lo tanto, mediante la Resolución 2369 de 22 de octubre de 201217,
autorizó realizar el proyecto en el área principal y de influencia del Paisaje Cultural
Cafetero.
2.10.1.5.2. De acuerdo con lo anterior, argumentó que el análisis sobre el impacto del
proyecto sobre el paisaje se evaluó desde dos (2) instancias diferentes: la ambiental,
por parte de la ANLA, y la cultural, por parte del Ministerio de Cultura, y ambas
concluyeron que el proyecto no afectaba el Patrimonio Cultural Cafetero.
2.10.1.6. Sostuvo que no es cierto que el proyecto haya erigido torres de energía en
áreas de exclusión, y que, por el contrario, se ha cumplido con el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas (RETIE), adoptado por el Ministerio de Minas y Energía a
través de la Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013, que para casos como el que
aquí se estudia, establece una franja de servidumbre de treinta y dos (32) metros,
dieciséis (16) a cada lado del eje de la línea de transmisión, por lo que la presencia de
infraestructura, viviendas, centros religiosos o paradores turísticos, como los
mencionados por la demandante en el hecho vigesimoctavo, por fuera de esa franja,
no está sujeta a ninguna restricción y no son en realidad zonas de exclusión.
17 Folios 316 a 318, cuaderno 2.
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2.10.1.6.1. Afirmó que, de todos modos, en cumplimiento del RETIE y de las demás
obligaciones como diseñador del proyecto, durante la elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental desarrolló una evaluación y un inventario de las viviendas que se
encontraban en la franja de servidumbre del proyecto, y solo encontró una (1) vivienda,
la cual, en todo caso, estaba abandonada. Por lo tanto, el proyecto no afecta de
manera directa a familias que deban ser reasentadas, lo cual fue corroborado por la
ANLA en la visita de evaluación, y así quedó plasmado en la página 53 de las
consideraciones de la Resolución 582 de 2014.
De acuerdo con lo anterior, señaló que era de suponer que las viviendas reportadas
por el demandante en el hecho vigesimoctavo de la demanda se construyeron con
posterioridad a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y de la expedición de
la licencia ambiental.
2.10.1.6.2. Entonces, explicó que, como dentro de la franja de servidumbre solo se
detectó una vivienda abandonada, la estrategia definida para el proceso de gestión de
servidumbres consistía en negociar con el propietario para indemnizarlo o reponer el
inmueble. Que, en consecuencia, la existencia de dicha vivienda no configuró una
exclusión para el proyecto.
2.10.1.6.3. Agregó que la restricción de la zona de exclusión consagrada en el literal
h) del artículo tercero de la Resolución 582 de 2014, se refiere a viviendas que se
dediquen a la actividad turística, pero la demandante no demostró que esa actividad
se lleve a cabo en el área de influencia del proyecto, y, por el contrario, se limitó a
mencionar algunos predios y a dar información incompleta sobre éstos.
2.10.1.6.4. Asimismo, señaló que en la zona solo se encontró un nacimiento de aguas
dentro de la franja de cien (100) metros de que trata el artículo tercero de la Resolución
582 de 2014, el cual sí constituiría un área de exclusión. Sin embargo, la empresa
informó de la situación a la ANLA, y el tema fue catalogado como una afectación no
prevista o un cambio menor que no genera impactos adicionales a los inicialmente
identificados y dimensionados en el Estudio de Impacto Ambiental y a lo autorizado
por dicha entidad.
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2.10.1.7. Por otra parte, en relación con las presuntas contravenciones a la licencia
ambiental, específicamente en lo que respecta a zonas susceptibles de procesos
erosivos, deslizamientos y movimientos en masas, dijo que el Estudio de Impacto
Ambiental presentado no desconoció la existencia de fallas geológicas cercanas al
área de influencia del proyecto ni otros asuntos puntuales como la cercanía del talud
de la Autopista del Café al sitio proyectado de ubicación de la torre 50. Que, al
respecto, la Resolución 582 de 2014 destacó que el trazado de la línea de transmisión
evitaba el paso directo por las fallas geológicas, especialmente las que se encuentran
activas.
2.10.1.7.1. Que, asimismo, el artículo tercero del mencionado instrumento ambiental
determinó como parte de la zonificación ambiental para la infraestructura y las
actividades autorizadas del proyecto, que las zonas susceptibles de procesos erosivos,
deslizamientos y movimientos en masa, correspondían a áreas de intervención con
restricciones y no como áreas de exclusión, como lo pretende hacer ver la
demandante.
2.10.1.8. Propuso la excepción de mérito que denominó “inexistencia de violación y/o
amenaza a los intereses colectivos invocados en la demanda”, y alegó que, en el
Estudio de Impacto Ambiental, se aplicó la metodología de valoración de impactos
Conesa V, la cual se mide en función del grado de incidencia o intensidad de la
alteración producida y de la caracterización del efecto. Que, al aplicarla, encontró que
el proyecto podía incidir sobre el Paisaje Cultural Cafetero de dos formas: (i) una
temporal, manifestada en la etapa de construcción de las torres y el tendido de los
conductores, etapa en la cual habría movilización de personal, maquinaria y equipos a
los sitios de obra, y (ii) una permanente, que vendría determinada por la presencia
física de las torres y de los conductores tendidos entre ellas; no obstante, el Estudio
de Impacto Ambiental indicó que en la zona ya existían líneas de conducción de ciento
quince (115) KV y de distribución, por lo que estos elementos son comunes en la zona.
2.10.1.9. Aseveró que, en la evaluación previa al otorgamiento de la licencia, la ANLA
concluyó que el proyecto no generaría un impacto significativo en el paisaje, teniendo
en cuenta que esta zona, por lo general, consiste en pastizales y suelos erosionados,
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y que en algunos sectores hay cultivos de café, lo que indica que ya ha sido intervenida
por otros factores antrópicos.
2.10.1.10. Por otro lado, aseguró que no es cierto que la presentación de información
adicional al Estudio de Impacto Ambiental invalidara la licencia, pues ello no está
prohibido por el Decreto 2028 de 2010, y, además, como lo manifestó la propia
demanda, la ANLA reconoció que dicha información no era un reemplazo de la
aportada originalmente, sino que era complementaria y aclaratoria.
Agregó que, en todo caso, la información complementaria aportada, que involucró una
ampliación del área de cobertura, no conducía a afirmar que el estudio presentara
incertidumbre sobre los sitios de observación o muestra de fauna, sino todo lo
contrario, pues el ajuste de la información permitió tener claridad sobre la
caracterización de los componentes de fauna, flora, inventario forestal y
caracterización socioeconómica del área de influencia del proyecto.
2.10.1.11. Adujo que la Resolución 582 de 2014 no prohibió el levantamiento de
infraestructura en las zonas de exclusión establecidas en el literal f) de, esto es, los
Distritos de Conservación de Suelos Barbas Bremen y La Marcada, sino que lo permite
bajo la condición de que se cumplan algunos presupuestos de cuidado y manejo, los
cuales han sido cumplidos a cabalidad.
2.10.1.11.1. En este punto, precisó que el artículo 25 de la Resolución 582 de 2014
exigió que, previamente a la construcción de las torres en el distrito de conservación
Barbas Bremen, debía presentar un documento técnico en el que se analizara la
posibilidad de incrementar la altura de las torres, lo cual se cumplió mediante memorial
del 11 de agosto de 2014, en el que se aclaró que los sitios que se tienen proyectados
en dicha zona, correspondientes a las torres 35, 39 y 40, se encuentran en áreas
destinadas a la ganadería y en los que, además, la cobertura vegetal corresponde a
pastos, por lo que se presentaría un impacto no significativo sobre un área que ya ha
sido intervenida anteriormente.
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En relación con el distrito La Marcada, señaló que la CARDER recomendó la no
intervención de las zonas identificadas como el Alto del Toro y las zonas aledañas a la
quebrada San José, disposición que fue acogida por GEB S.A. E.S.P.
2.10.1.12. Propuso también la excepción que denominó “el proyecto ejecutado por la
Empresa de Energía de Bogotá ha sido debidamente autorizado mediante licencia
ambiental”, y reiteró los argumentos relacionados con la presunción de legalidad de la
Resolución 582 de 2014 y con la improcedencia de la acción popular para
controvertirla.
2.10.1.13. Asimismo, propuso la excepción de “inexistencia de incumplimiento de la
EEB a la licencia ambiental y a los requisitos para el levantamiento de la medida
preventiva impuesta por la ANLA mediante la Resolución No. 100 de 2016”, y señaló
que, debido a que se advirtió la existencia de un brote de agua o manantial a menos
de cien (100) metros de distancia de la ubicación propuesta en el Estudio de Impacto
Ambiental para la torre 61, se procedió, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
582 de 2014, a ubicar la torre a una distancia de ciento quince (115) metros del lugar
inicialmente contemplado, manteniéndose dentro de la misma franja de servidumbre.
Lo anterior, en cumplimiento de los deberes de: (i) respeto por las distancias
establecidas en el artículo 3, numeral 1º, literal c), de la Resolución 582 de 2014,
respecto de las áreas de protección de manantiales y nacimientos de fuentes de agua,
(ii) no intervención de las coberturas boscosas, y (iii) no aprovechamiento de recursos
adicionales a los contemplados y aprobados en la referida resolución.
Señaló que, en atención a lo anterior, la ANLA, mediante comunicación 2015055061-
2-001 de 21 de diciembre de 2015, manifestó que la reubicación de la torre 61 se
ajustaba a lo previsto en la licencia ambiental, pues; (i) el movimiento de la torre se
encuentra dentro del corredor caracterizado, (ii) el nuevo sitio presenta las mismas
características geomorfológicas, (iii) se encuentra por fuera de las rondas de
protección, (iv) no existe diferencia de las coberturas vegetales, (v) no se requerirá uso
ni aprovechamiento de recursos, y (vi) la reubicación se realizaría dentro del mismo
predio.
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Advirtió que, no obstante lo anterior, la ANLA expidió la Resolución 100 del 3 de febrero
de 2016, que impuso la medida preventiva de suspensión de las obras de construcción
de la torre 61 e impuso como condición para su levantamiento que GEB S.A. E.S.P.
obtuviera pronunciamiento de la misma autoridad ambiental sobre si la reubicación era
un cambio menor de la actividad licenciada, o si se debía aplicar el instrumento de
manejo establecido en la Resolución 582 de 2014.
Que, en efecto, mediante comunicación 2016006586-1-000, GEB S.A. E.S.P. solicitó
el levantamiento de la medida e indicó que la reubicación de la torre 61 correspondía
a un ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada, que no genera
impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados. Y, en consecuencia,
mediante Resolución 494 del 6 de mayo de 2016, la ANLA levantó la medida.
De acuerdo con lo anterior, concluyó que cumplió con lo establecido en el artículo
2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 201518, que consagra el trámite de las modificaciones
menores o ajustes normales, y con los requisitos exigidos por la entidad, para el
levantamiento de la medida.
2.10.1.14. Por otra parte, se opuso a los argumentos expuestos por el coadyuvante
Paulo César Rodríguez Carmona, propietario del predio en el que se adelanta la
construcción de la torre 61, y señaló que el hallazgo arqueológico de dos tumbas de
cancel que realizó GEB S.A. E.S.P. no constituye prueba de un perjuicio irremediable
sobre los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio cultural de la
Nación.
2.10.1.14.1. Dijo además que ha actuado de manera diligente frente a la situación
planteada, pues tramitó ante el ICANH la autorización para realizar la intervención
arqueológica del proyecto, esto es, para la adopción de medidas adecuadas para el
rescate del patrimonio arqueológico de la Nación. Dicha autorización le fue otorgada a
nombre del arqueólogo Enrique Bedoya Álvarez, que es colaborador de la empresa.
18 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible”.
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Agregó que el 27 de agosto de 2015, de acuerdo con lo manifestado por el ICANH en
la comunicación del 24 del mismo mes y año, el GEB S.A. E.S.P. reinició las
actividades necesarias para rescatar y disponer en un sitio adecuado las tumbas de
cancel halladas. Pero esas labores fueron obstaculizadas abruptamente por el señor
Paulo César Rodríguez Carmona, propietario del predio, razón por la cual la empresa
se vio obligada a suspender la actividad, y hasta la fecha no se han reanudado, pues
el propietario del predio no permite el acceso a los trabajadores.
Advirtió que el 27 de enero de 2016, el ICANH manifestó estar de acuerdo con que la
sociedad Bolivariana de Santa Rosa de Cabal fuera la tenedora de los materiales
arqueológicos recuperados, y señaló que se debían adelantar los trámites pertinentes
para el registro y tenencia de los materiales que harán parte del Museo Arqueológico
del Municipio, lo cual fue informado el 1º de febrero de ese año por GEB S.A. E.S.P.
al propietario del predio y al Municipio.
Sin embargo, expuso que fue luego de estos hechos que la ANLA expidió la Resolución
100 del 3 de febrero de 2016, que impuso una medida preventiva de suspensión de
las obras de construcción de la torre 61, por lo que no fue posible adelantar las labores
de recuperación del material arqueológico. Y ni si quiera después de la expedición de
la Resolución 494 del 6 de mayo de 2016, que levantó la medida, ha sido posible llevar
a cabo esas labores, debido a problemas de orden público que se han generado en el
predio, los cuales incluso han llevado a adelantar acciones policivas.
2.10.1.15. Adicionalmente, alegó que carecían de fundamento probatorio las
afirmaciones del coadyuvante Paulo César Rodríguez Carmona, que dijo que la torre
61 estaba siendo construida a trescientos cuarenta y ocho (348) metros de distancia
del lugar autorizado por la resolución 582 de 2014.
Al respecto agregó que, con el Estudio de Impacto Ambiental, presentó la
geodatabase, de acuerdo con lo reglamentado por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible en la Resolución 1503 del 4 de agosto de 2010, modificada por
la Resolución 1415 de 2012. Con base en lo anterior, señaló que, contra lo alegado
por el coadyuvante, no existen antiguas y nuevas coordenadas, lo cual fue explicado
por la ANLA en la Resolución 494 de 2016, cuando indicó que GEB S.A. E.S.P.
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presentó una ubicación en el Estudio de Impacto Ambiental y otra en la geodatabase,
de modo que, al tomar el punto final de reubicación de la torre 61 con respecto al sitio
propuesto por la empresa, se tendría una distancia de trescientos cincuenta y tres
(353) metros, pero si se toma el punto final de reubicación con respecto al sitio
presentado en la geodatabase, la distancia resulta ser de ciento quince (115) metros,
lo que corresponde al dato indicado mediante radicado 2015041516-1-000 del 6 de
agosto de 2015. Que, entonces, ante esa duplicidad, la información a tener en cuenta
es la de la geodatabase, que es la que permite verificar, durante el seguimiento y
control ambiental de los proyectos, lo encontrado en campo.
2.10.2. El Departamento de Risaralda19 presentó contestación por intermedio de
apoderado judicial y alegó que no le constaban los hechos de la demanda,
especialmente porque no ha suscrito ningún contrato o acuerdo relacionado con el
proyecto UPME 02-2009 Subestación Armenia a 230 KV y líneas de Transmisión
Asociadas.
2.10.2.1. No obstante, adujo que había elevado solicitud a la CARDER acerca del
proyecto, y esa entidad le dio respuesta el 4 de septiembre de 2014, en la que
manifestó que este no fue debidamente concertado con las autoridades ambientales
de la región, y que solo tuvo conocimiento a través de las comunidades que
manifestaron inconformidad y preocupación por su ejecución.
En este orden, señaló el proyecto no fue socializado con la entidad antes del
otorgamiento de la licencia ambiental, razón por la cual no le es atribuible ninguna
responsabilidad, y no se entiende por qué la demanda se dirigió en su contra.
2.10.2.2. Alegó que la responsabilidad frente a los hechos de la demanda es atribuible
a el GEB S.A. E.S.P., el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la ANLA,
dado que son quienes tienen a cargo la operación de los bienes sobre los que
presuntamente recae la vulneración de los derechos e intereses colectivos, así como
el otorgamiento de la licencia ambiental para su ejecución, por tratarse de un proyecto
que incide sobre más de un Departamento.
19 Folios 500 a 512, cuaderno 3.
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Por su parte, agregó que, a la CARDER y a la Corporación Autónoma Regional del
Quindío (en adelante CRQ), les correspondía ejercer la inspección, vigilancia y control
sobre las zonas protegidas como el Parque Regional Natural y Ecológico La Marcada,
el Parque Regional Natural y Ecológico El Nudo, el Parque Natural Regional Barbas
Bremen y el Parque Nacional Natural Los Nevados, entre otras.
2.10.2.3. Además, aseveró que, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 298 de
la Constitución Política, el Departamento de Risaralda había servido como
intermediario entre la Nación y la comunidad de los Municipios afectados; y que, de
acuerdo con lo consagrado en el literal e) del artículo 7 del Decreto 1222 de 1986, ha
colaborado con las autoridades competentes en la ejecución de las tareas necesarias
para la conservación del medio ambiente y para la preservación de los recursos
naturales.
Concluyó proponiendo la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y
hecho de un tercero, razón por la que solicitó que se la desvinculara del asunto de la
referencia.
2.10.3. El Ministerio de Cultura20 presentó contestación por intermedio de apoderado
judicial y señaló que no le correspondía pronunciarse respecto de los hechos de la
demanda pues en torno a estos no se discutía ninguna actuación u omisión suya, que
fuera generadora o potencial causante de vulneración de los derechos colectivos
invocados.
2.10.3.1. Explicó que al Ministerio únicamente le corresponde la declaratoria y manejo
de los monumentos nacionales y los bienes de interés cultural del ámbito nacional, es
decir, la orientación técnica para los efectos del mantenimiento, en los términos de la
Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, las cuales le dan la competencia
para autorizar o denegar cualquier intervención que se pretenda hacer en esos bienes
o en sus áreas de influencia.
Se refirió a las competencias que la Constitución y la Ley 136 de 1994 asignan a los
concejos y a los alcaldes en cuanto a la protección del patrimonio cultural de los
20 Folios 546 a 550 (vuelto), cuaderno 3.
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municipios y distritos. Además, señaló que el artículo 85 de la Ley 388 de 1997
establece que el producto de la participación en la plusvalía a favor de dichas entidades
debe destinarse, entre otras finalidades, al mantenimiento del patrimonio cultural,
mediante la mejora, adecuación o restauración de bienes inmuebles que estén así
catalogados.
2.10.3.2. En cuanto a los hechos materia de la acción popular, sostuvo que la entidad
evaluó el proyecto en lo que atañe al Paisaje Cultural Cafetero y cuestionó a la
solicitante, GEB S.A. E.S.P., la inexistencia de un estudio previo de alternativas
ambientales o trayectos alternativos para el trazado de la infraestructura. En tal
sentido, dijo que el Ministerio emitió la Resolución 2639 de 2012, en la que adoptó las
medidas necesarias para que el proyecto no causara impactos al Valor Universal
Excepcional del Paisaje Cultural Cafetero ni al patrimonio urbanístico, arquitectónico y
arqueológico rural o urbano que conforman el paisaje, ni tampoco los cultivos de café,
los productos y las manifestaciones asociadas al mismo.
Dijo que el solicitante cumplió con los requisitos técnicos para el desarrollo del Plan de
Manejo Arqueológico, por lo que el ICANH emitió la autorización No. 2900, para la
prospección arqueológica en el área para el proyecto. Además, el Ministerio lo
socializó junto con las actividades a realizar ante el Comité Directivo y Técnico
Regional del Paisaje Cultural Cafetero, celebrado el 27 de septiembre de 2013 en el
Municipio de Palestina, Caldas, con la participación de la ANLA, GEB S.A. E.S.P. y la
UPME.
2.10.3.2. Adujo que realizó una visita de campo entre los días 25 al 27 de julio de 2012
a los sitios donde se planteaba ejecutar el proyecto, y se acordó: (i) revisar el diseño
arquitectónico de la Subestación GIS y la caseta de control, en lo correspondiente
lenguaje volumétrico y fachadas, con el fin de obtener un resultado coherente con el
Paisaje Cultural Cafetero, (ii) ampliar la información sobre los impactos ambientales y
las medidas de manejo del proyecto, (iii) informar al Ministerio la programación de la
socialización de impactos y del plan de manejo ambiental del proyecto, y (iv) elaborar
un documento explicativo de la secuencia de la relación con los propietarios de los
predios, de acuerdo con el proceso de obtención de la licencia ambiental, indicando la
legislación correspondiente.
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Advirtió que, mediante comunicaciones electrónicas del 9 y 10 de agosto de 2012, el
GEB S.A. E.S.P. resolvió ante el Ministerio de Cultura los anteriores aspectos,
complementando la información técnica del proyecto, y que luego remitió información
adicional requerida por dicha cartera.
En este orden, dijo que la Dirección de Patrimonio del Ministerio evaluó técnicamente
el proyecto que le fue remitido por el GEB S.A. E.S.P., y visitó la zona planteada para
la instalación de las torres y redes, y encontró que el proceso de diseño y obtención
de los permisos correspondientes del proyecto incluye los temas relativos al patrimonio
cultural, contiene medidas de comunicación con las comunidades y no atraviesa el
Paisaje Cultural Cafetero, sino que pasa por una parte del mismo y de su zona de
influencia, además de que la instalación de los equipamientos no genera impactos
negativos ni afecta los atributos por los que se manifiesta el Valor Universal
Excepcional de dicho paisaje.
En consecuencia, la entidad lo consideró técnicamente viable, por lo que emitió
concepto técnico favorable para su autorización, de acuerdo con el informe de
Evaluación de Impacto en el Paisaje Cultural Cafetero.
En tal orden, la entidad profirió la Resolución 2639 del 22 de octubre de 2012, que
autorizó el proyecto en lo relacionado con el patrimonio cultural, por lo que los demás
aspectos deben ser gestionados por GEB S.A. E.S.P. ante las demás autoridades
competentes.
2.10.4. La Unidad Administrativa Especial de Planeación Minero Energética –
UPME21 contestó la demanda por intermedio de apoderado y señaló que el proyecto
se extiende a lo largo de treinta y ocho (38) kilómetros e influye sobre varios municipios
de los Departamentos de Quindío y Risaralda. Que el mismo exige un área de
servidumbre de treinta y dos (32) metros de ancho, de acuerdo con el RETIE, distancia
con la que se pretende, entre otros aspectos, prevenir cualquier efecto que puedan
tener los campos electromagnéticos.
21 567 a 573, cuaderno 3.
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2.10.4.1. Señaló que es cierto que contempla la ocupación de áreas especiales, pero
su uso está autorizado, bien porque se realizó la sustracción correspondiente de
acuerdo con la ley o porque la autoridad competente, previa solicitud de concepto,
consideró que no era conveniente sustraerla debido a que era compatible con la
respectiva área. Todos estos aspectos, sostuvo, se encuentran consignados en la
Resolución 582 de 2014, mediante la cual la ANLA confirió la licencia ambiental.
2.10.4.2. Advirtió que el Proyecto hacía parte de una política pública adoptada por el
Ministerio de Minas y Energía a través del Plan de Expansión de Transmisión del
Sistema Nacional de Interconexión Eléctrica, y precisó que éste fue contratado por la
UPME con base en la delegación efectuada por dicha cartera a través de la Resolución
181315 del 2 de diciembre de 2002, modificada por la Resolución 180925 del 2003.
Agregó que adjudicó la convocatoria al GEB S.A. E.S.P., luego de acreditarse el
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley para esos efectos en la Ley 143
de 1994.
2.10.4.3. Alegó que la demandante pretendía cuestionar la justificación de una política
pública de expansión de transmisión de energía eléctrica, que fue debidamente
adoptada por el Ministerio de Minas y Energía a través de los mencionados actos
administrativos y en cumplimiento del numeral 7º del artículo 5 del Decreto 70 de 2001;
y además, buscaba rebatir la presunción de legalidad del acto administrativo que
confirió la licencia ambiental para el desarrollo de un proyecto específico, sin tener en
cuenta que el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos no es
el idóneo para esa finalidad.
Es decir, que la demandante busca que se desconozcan leyes, decretos y actos
administrativos de la máxima autoridad en materia ambiental, expedidos en desarrollo
de una competencia privativa. En tal sentido, pretende que la jurisdicción actúe como
una autoridad de reemplazo en esas materias, lo que desconoce el sistema legal
colombiano y la división de competencias prevista en la Constitución.
2.10.4.4. Advirtió que el acto que concedió la licencia ambiental analizó los hechos que
plantea la actora como factores de amenaza y concluyó que en el procedimiento
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administrativo se garantizó el derecho a la participación ciudadana, se tuvieron en
cuenta los conceptos de las corporaciones autónomas regionales, se solicitó el
concepto para la sustracción de áreas protegidas y, cuando fue necesario o
conveniente, estas fueron sustraídas; se propusieron modificaciones al Estudio de
Impacto Ambiental y al plan de manejo ambiental, y se impusieron obligaciones al
inversionista.
2.10.4.5. Luego, destacó que la ANLA en la Resolución 582 de 2014, que concedió la
licencia ambiental, garantizó el derecho a la participación ciudadana estudiando y
superando las inquietudes que surgieron en la audiencia pública ambiental, teniendo
en cuenta los estudios y conceptos presentados por las corporaciones autónomas
regionales, solicitando la sustracción de las áreas protegidas, proponiendo
modificaciones al EIA y la PMA e imponiendo obligaciones al inversionista que
desarrolla el proyecto.
En cuantos a estos dos (2) últimos puntos destacó que: (i) frente al Distrito de
Conservación de suelos Barbas Bremen, en atención a las consideraciones de la CRQ,
consideró necesario requerir al GEB S.A. E.S.P. la presentación, previo a la
construcción del proyecto, de un documento en el cual se analizara la posibilidad de
incrementar la altura de las torres, para facilitar a futuro el desarrollo de actividades de
restauración y la conectividad biológica y de las coberturas vegetales, (ii) en el artículo
tercero, numeral 2.2, impuso al GEB S.A. E.S.P. la obligación de tener en cuenta las
restricciones y medidas de manejo exigidas por la CRQ, y estableció medidas de
monitoreo y seguimiento de mediciones de campos electromagnéticos dentro de la
franja de servidumbre del proyecto, teniendo en cuenta lo establecido en el RETIE, y
(iii) impuso medidas para controlar los potenciales fenómenos de erosión, remoción en
masa o inestabilidad del terreno de las áreas a ser intervenidas.
2.10.4.6. Además, sostuvo que la ANLA advirtió al GEB S.A. E.S.P. que, en caso de
que durante la etapa constructiva se detectara la presencia de algún nacedero o
cuerpo de agua sobre el trazado de la línea, debía adoptar las medidas necesarias
para evitar la potencial afectación, considerando la necesidad de tramitar la
modificación de la licencia ambiental.
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2.10.4.7. Adujo que la ANLA solicitó a GEB S.A. E.S.P. información adicional sobre la
posible afectación del proyecto sobre la Reserva Forestal Central de que trata la Ley
2 de 1959, los Distritos de Conservación de Suelos Barbas Bremen y La Marcada, el
Parque Regional Alto del Nudo, las Reservas de la Sociedad Civil Horizontes, La Isla
y La Samaritana. Que, al respecto, la empresa explicó las razones por las cuales estos
serían intervenidos o excluidos del trazado de la línea de transmisión. Además, se
refirió al Paisaje Cultural Cafetero, a las coberturas vegetales, a las cabeceras
municipales y a las características geológicas de la zona, y adujo que procuraba
atravesarlos en la menor extensión posible.
2.10.4.8. Por otra parte, señaló que el proyecto es considerado como de utilidad
pública e interés social, pues hace parte del Plan Nacional de Expansión del Sistema
de Transmisión Nacional – STN, aprobado por el Ministerio de Minas y Energía, que
tiene por objeto asegurar la eficiencia en el suministro actual y futuro de energía
eléctrica en el Eje Cafetero, bajo condiciones de eficiencia, seguridad y confiabilidad,
lo que representa un beneficio colectivo para todos los habitantes, además de para la
industria y el comercio. Por lo tanto, acceder a las pretensiones de la demanda
afectaría el derecho colectivo de acceso y goce a los servcios públicos y atentaría
contra el interés general.
2.10.4.9. Por último, alegó que la UPME carecía de legitimación en la causa por pasiva
en el asunto, pues en el asunto objeto de examen se limitó a adelantar la convocatoria
para la selección del inversionista y del interventor, en cumplimiento estricto de a
función que le delegó el Ministerio de Minas y Energía; y que si bien realiza
seguimiento al proyecto, no tiene entre sus funciones cancelarlo o suspenderlo, pues
este obedece a una política pública gubernamental.
2.10.5. El Ministerio de Minas y Energía22 contestó la demanda por intermedio de
apoderado y, de entrada, aclaró que la UPME no es una dependencia suya, sino una
entidad ascrita, con calidad de unidad administrativa especial de carácter técnico, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal, con régimen especial
en materia de contratación.
22 Folios 627 a 636, cuaderno 4.
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2.10.5.1. Alegó que las especificaciones técnicas del proyecto incluidas en la
Convocatoria Pública UPME-02-2009 contenían un mapa de ubicación ilustrativo, pero
señalaban que el inversionista sería responsable de realizar investigaciones detalladas
y las consultas a las autoridades relacionadas con los asuntos ambientales, los planes
de ordenamiento territorial, las restricciones para la aeronavegación en el área y, en
general, con todas las posibles restricciones y reglamentaciones existentes.
Que, además, el documento señaló que, para la selección de la ruta de la línea de
transmisión, debía tenerse en cuenta que, entre la vereda Hojas Anchas (Subestación
Armenia) y el Municipio de Santa Rosa de Cabal (Subestación La Hermosa), se
encuentran algunos parques naturales, entre estos, el Parque Nacional de Los
Nevados.
2.10.5.2. Dijo que es cierto que existe la probabilidad de afectación de algunas áreas
protegidas nacionales, regionales y locales, así como reservas naturales protegidas
de la sociedad civil y resguardos indígenas, conforme se advirtió en el documento
“Area de Influencia del Proyecto Armenia 230 KV e identificación Preliminar de
Restricciones”, que hace parte de la Convocatoria Pública UPME-02-2009.
Que, además, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 3.5 de la descripción y las
especificaciones técnicas de la convocatoria, la consecución de licencias y permisos
es responsabilidad del inversionista.
2.10.5.3. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa, y alegó que,
mediante las Resoluciones 181315 de 2002 y 180925 de 2003, delegó a la UPME las
gestiones administrativas necesarias para la selección, mediante convocatoria pública,
de inversionistas de proyectos para el Plan de Expansión de Transmisión del Sistema
Interconectado Nacional, en los términos del artículo 85 de la Ley 143 de 1994. Y que,
con base en esas facultades, la UPME adelantó la Convocatoria Pública UPME 02-
2009
2.10.5.4. Expresó que la UPME revisó el plan de expansión de los recursos de
generación de las redes de transmisión de electricidad, con fundamento en la
información de la infraestructura eléctrica, y elaboró un plan de expansión de
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referencia de generación y transmisión proyectado de 2009 a 2023, y seleccionó al
inversionista, esto es, al GEB S.A. E.S.P.
Explicó que el Ministerio de Minas y Energía definió los planes de expansión de la
generación y de la red de interconexión y fijó criterios para orientar el planeamiento de
la transmisión y la distribución, en los términos del artículo 18 de la Ley 143 de 1994,
formuló políticas y planes generales, y estimuló la inversión de particulares en los
servicios públicos de acuerdo con lo ordenando por el numeral 3.8 del artículo 3° de la
Ley 142 de 1994, y el numeral 8.3 del artículo 8 ibidem, relacionado con la garantía de
la actividad de interconexión de las redes nacionales de energía eléctrica, en el marco
del artículo 365 de la Constitución Política.
Con base en lo anterior, advirtió que, de conformidad con el artículo 85 de la Ley 143
de 199423, GEB S.A. E.S.P. no tiene vínculo contractual con el Ministerio ni con la
UPME, y que sus actividades no se desarrollan en virtud de un contrato estatal ni de
una concesión, por lo que, en caso de demostrarse la vulneración o amenaza de un
derecho colectivo, tendrá que asumir individualmente su resarcimiento. Es decir que,
en virtud de esa norma, los riesgos del proyecto están trasladados al inversionista, por
lo que sus ofertas antes de ser presentadas deben comprender todas las posibilidades
de obstáculos administrativos que pueden dificultar el proyecto.
Advirtió que, al inversionista le corresponde la definición de las especificaciones
técnicas de las líneas de 230 KV y de la subestación Armenia, según las obras
descritas en el Anexo No. 1 de la convocatoria, así como la preconstrucción de las
obras, incluyendo diseños, servidumbres, estudios, licencias y demás permisos o
coordinaciones interinstitucionales requeridas para iniciar la construcción, cubrir
costos y obtener la viabilidad ambiental.
Finalmente, sobre esta excepción, adujo que sus actuaciones son totalmente
independientes a las de la ANLA, autoridad que otorgó la licencia ambiental que el
demandante cuestiona.
23 “Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y
comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan
otras disposiciones en materia energética”.
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2.10.5.5. Luego, propuso la excepción que denominó “No existe vulneración ni
amenaza de derechos colectivos por parte de la Nación – Ministerio de Minas y
Energía”, y alegó que la enventual infracción de dichas prerrogativas corresponde al
GEB S.A. E.S.P. En todo caso, dijo que los fundamentos de la demanda no eran claros
ni concretos y no se dirigían contra el Ministerio.
Sostuvo que en el desarrollo del proyecto no se ha lesionado el patrimonio público,
pues con la convocatoria no se han afectado bienes del Estado, y ésta tiene por objeto
la satisfacción de un servicio público, además de que no se ha infringido la
normatividad que rige la administración de los recursos públicos. En el mismo sentido,
aseveró que no estaba demostrada la ocurrencia de ningún daño al medio ambiente
por parte del Ministerio.
2.10.5.6. Seguidamente, propuso la excepción de “improcedencia de la acción
popular”, y argumentó que la demandante no explicó las razones que sustentan la
supuesta vulneración de derechos e intereses colectivos, y que lo que en el fondo se
controvierte son actuaciones y decisiones de la Administración, particularmente, la
Resolución 582 de 2014, la cual tendría que haber sido atacada por los medios de
control que la ley establece par cuestionar la legalidad de actos administrativos.
2.10.5.7. Por último, propuso la excepción “genérica”, y pidió que se declare cualquier
medio exceptivo que se encuentre probado a su favor.
2.10.6. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA24 contestó la
demanda por intermedio de apoderado, y señaló que es cierto que en la ejecución del
proyecto UPME 02-2009 se instalarán torres de transmisión de energía en los Distritos
de Conservación de Suelos Barbas Bremen y La Marcada, pero que es falso que
dichas obras se desarrollarían en el Parque Regional Alto del Nudo. Que, además, es
falso que esos distritos de conservación sean patrimonio de la humanidad, pues no
están incluidos en el Paisaje Cultural Cafetero.
2.10.6.1. Señaló que es cierto que el GEB S.A. E.S.P. le solicitó pronunciarse sobre la
necesidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, y que para ello presentó los
24 Folios 744 a 750 (vuelto), cuaderno 4.
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documento radicados 4120-E1-25772 del 13 de marzo de 2012, 4120-E1-33503 del
23 de mayo de 2012 y 4120-E1-34412 del 30 de mayo de 2012, que exponían las
razones que justificaban la proposición de una única opción. Dijo que la entidad evaluó
esa información y encontró que la misma optimizaba y racionalizada el uso de los
recursos naturales y minimizaba algunos riesgos, efectos e impactos negativos, de
acuerdo con lo consagrado en el artículo 17 del Decreto 2820 de 2010, pues si el
trazado fuera diferente, generaría mayores impactos e intervenciones en áreas
protegidas en el Paisaje Cultural Cafetero e, incluso, en zonas de expansión urbana
de los municipios del área de influencia.
Precisó que, de acuerdo con el artículo 17 del Decreto 2820 de 2010, la finalidad del
Diagnóstico Ambiental de Alternativas es contar con los elementos necesarios para
seleccionar la opción que permita optimizar el uso de recursos y evitar o minimizar los
riesgos, efectos o impactos negativos que puedan generarse. Por lo tanto, concluyó
que el trazado propuesto por el GEB S.A. E.S.P. reducía los riesgos de la
infraestructura ante la presencia de las fallas geológicas Romeral – Almaguer y
Romeral – Armenia en la región del eje cafetero, y minimizaba los efectos o impactos
negativos sobre el Paisaje Cultural Cafetero y sobre áreas protegidas.
2.10.6.2. Explicó que en esta clase de proyectos es necesario evitar que la línea de
transmisión cruce por zonas de inestabilidad geológica y susceptibles de erosión, lo
que en este caso podría ocurrir si el proyecto fuera de manera paralela a las fallas
geológicas Romeral – Almaguer y Romeral – Armenia, pues eso pondría en riesgo la
estabilidad física de las torres y de la propia línea de transmisión.
2.10.6.3. Dijo que la empresa propuso una línea de transmisión con la mínima
intervención posible sobre el Paisaje Cultural Cafetero, y que, en tal sentido, el
Ministerio de Cultura, a través de la Resolución 2369 del 22 de octubre de 2012,
autorizó la ejecución del proyecto en la zona propuesta.
2.10.6.4. Asimismo, advirtió que la Corporación Autónoma Regional del Quindío y la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda, mediante los Acuerdos 017 del 17 de
junio de 2011 y 010 del 04 de julio de 2013, recategorizaron las áreas protegidas de
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Barbas Bremen y La Marcada, pasando de ser Parques Regionales Naturales a
Distritos de Conservación de Suelos.
2.10.6.5. Señaló que el pronunciamiento de la entidad se produjo mediante el
Concepto Técnico 1080 del 6 de julio de 2012 y del oficio 4120-E1-39379 del 13 del
mismo mes y año, en los que se expusieron los argumentos técnicos y jurídicos que
se tuvieron en cuenta para determinar que el trazado propuesto por el GEB S.A. E.S.P.
era la única alternativa viable.
2.10.6.6. Adujo que, contra lo alegado por la demandante, no se desconocieron los
términos para solicitar información adicional, pues éstos solo empiezan a computarse
desde el momento en que las decisiones pertinentes son notificadas a los interesados,
so pena de que se presente vulneración al debido proceso de todos los intervinientes.
Expuso que GEB S.A. E.S.P. presentó el documento “Ampliación del Alcance del
Estudio de Impacto Ambiental Proyecto UPME-20-2009 S/E Armenia a 230kV y Líneas
de Transmisión Asociadas”, en el cual señala que la nueva información reemplaza
algunas secciones del Estudio de Impacto Ambiental inicialmente presentado, entre
las que se encuentran fauna y flora, la caracterización socioeconómica y la zonificación
ambiental.
Luego, mediante oficio con radicado 4120-E1-6867 del 14 de febrero de 2013, aclaró
algunos aspectos de los componentes físico-bióticos y socioeconómicos de dicho
estudio. Además, a través de oficio con radicado 4120-E1-13633 del 2 de abril de 2013,
presentó algunas aclaraciones requeridas por la ANLA. Por tanto, al evidenciar que se
había reemplazado la información inicialmente presentada, la entidad entendió que se
trataba de la última versión de las secciones complementadas por la empresa y que
solamente ésta debía ser tenida en cuenta, con el fin de evitar confusiones.
Señaló que, en todo caso, una vez revisado el contenido, se encontró que el nuevo
documento ampliaba y precisaba la información que hace parte del área de influencia
originalmente propuesta y, en últimas, fue esta la información que se evaluó. Precisó
además que, de acuerdo con la información remitida por el GEB S.A. E.S.P., se
observó que el número de datos obtenidos para el Estudio de Impacto Ambiental no
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permitía incluir índices de biodiversidad, pero que la entidad evaluó la información
presentada, en el marco de los impactos que el proyecto podría generar sobre los
grupos faunísticos.
2.10.6.7. Propuso la excepción que denominó “ausencia de vulneración de derechos
colectivos por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA”, y
señaló que no se encuentra probado que la entidad haya sido responsable de la
vulneración de derechos e intereses colectivos.
2.10.6.8. También propuso la excepción que calificó como “actuación conforme a la
ley”, y sostuvo que verificó que el proyecto cumpliera con la normativa ambiental y que
contribuyera al desarrollo sostenible del país, de acuerdo con lo consagrado en el
artículo 1 del Decreto 2820 de 2010, así como en la Ley 1333 de 1999 y en la Ley 99
de 1993.
2.10.6.9. Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, y señaló
que no es la llamada a responder por la posible vulneración de los derechos e intereses
colectivos invocados en la demanda, pues en el ámbito de sus competencias, concedió
la licencia ambiental para un proyecto que cumple con los parámetros técnicos y
legales. Que, por tanto, solo en el evento en que se demuestre que la empresa ha
incumplido los términos y condiciones de la licencia, la ANLA podría intervenir a través
de la imposición de medidas preventivas que van desde multas hasta la revocatoria o
declaratoria de caducidad.
2.10.6.10. Por otra parte, formuló la excepción de “inexistencia de solidaridad en el
otorgamiento de licencia ambiental. ANLA no es responsable ni autónoma ni
solidariamente respecto de los beneficiarios de licencias ambientales”, y argumentó
que, contrario a lo que han considerado diversas autoridades judiciales, el
otorgamiento de una licencia ambiental y el deber de vigilancia de su cumplimiento no
crean en cabeza de la ANLA una relación de responsabiliad solidaria con el particular,
quien debe responder por el cumplimiento de las obligaciones que en ésta se
consignan. En tal sentido, dijo que la ANLA no es asociada ni coadministradora del
GEB S.A. E.S.P., pues no participa de las deicisiones que esta adelanta en virtud de
la licencia ambiental que le otorgó.
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2.10.6.11. Formuló la excepción de “inexistencia de responsabilidad y nexo de
causalidad”. Alegó que la declaratoria de responsabilidad de una autoridad exigía la
identificación de un nexo de causalidad entre el hecho generador de un daño
antijurídico y el menoscabo de un bien jurídico tutelado por el legislador, presupuesto
que no se cumple en este caso, pues la ejecución del proyecto UPME 02-2009 no
depende directa ni indirectamente de la ANLA, lo que descarta la existencia de
responsabilidad de la entidad.
2.10.6.12. Propuso la excepción de “inexistencia de vulneración o daño –perjuicios-”.
En este punto adujo que, si bien la demandante alegó que se habían configurado unos
perjuicios sobre los derechos e intereses colectivos que invocó, no existen elementos
probatorios que permitan concluir que estos hayan sido producidos por la ANLA y, por
el contrario, la demanda está formulada con base en apreciaciones subjetivas de la
parte actora.
2.10.7. Por otro lado, indicó que, en caso de que se considere que ninguna de las
anotadas excepciones tenían vocación de prosperidad, lo cierto era que, dentro del
trámite de licenciamiento, había observado lo previsto en los artículos 1 y 3 del Decreto
3573 de 2011, de manera que, de acreditarse la vulneración de los derechos
colectivos, ello sería imputable a la empresa titular de la licencia.
2.11. El 7 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la audiencia de pacto de
cumplimiento25, la cual se declaró fallida debido a la inasistencia de los apoderados
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la ANLA, del Ministerio de
Cultura y de la CARDER, así como de los coadyuvantes Javier Elías Arias Idárraga,
Paulo César Rodríguez y Sergio Hincapié.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
25 Folios 1003 a 1007, cuaderno 5.
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3.1. El Tribunal Administrativo de Risaralda dictó sentencia el día 22 de marzo de
201926, que denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que no había
quedado demostrada la afectación de los derechos e intereses colectivos invocados
en la demanda.
3.2. Señaló que el debate planteado giraba en torno al supuesto deterioro que el
proyecto UPME 02-2009 Subestación Armenia a 230 KV y líneas de Transmisión
Asociadas podría causar sobre el Paisaje Cultural Cafetero y el Distrito de
Conservación de Suelos Barbas Bremen. Precisó que, al respecto, la actora alega que,
al otorgar la licencia ambiental, la ANLA no tuvo en cuenta las recomendaciones de
las corporaciones autónomas regionales, particularmente porque no se solicitó al GEB
S.A. E.S.P. realizar un Diagnóstico Ambiental de Alternativas.
3.3. Para resolver la controversia, valoró el Concepto Técnico 2818 del 23 de
noviembre de 201227, expedido por la CARDER, y el Informe Técnico y Jurídico 016-
2013 de marzo de 201328, expedido por la Procuraduría Delegada para Asuntos
Ambientales y Agrarios, emitido luego de una visita al lugar de los hechos llevada a
cabo durante los días 18, 19 y 20 de febrero de 2013.
En particular, señaló que el concepto de la Procuraduría recomendó a la ANLA contar
con el apoyo de las autoridades ambientales locales en todo el proceso de la licencia,
y que el seguimiento se hiciera de manera conjunta; y además, la instó para que
adelantara la audiencia pública de que trata el artículo 72 de la Ley 99 de 1993, que
fue solicitada por las autoridades ambientales regionales, y le indicó que en futuros
proyectos que generen rechazo por parte de la comunidad, sería importante que se
realice el Diagnóstico Ambiental de Alternativas.
Con fundamento en dichos conceptos, encontró probado que las entidades regionales
en materia ambiental solicitaron a la ANLA adoptar las medidas necesarias para
garantizar los derechos e intereses colectivos frente al proyecto UPME 02-2009.
26 Folios 1201 a 1231, cuaderno 6.
27 Folios 141 a 146, cuaderno 1.
28 Folios 151 a 165, cuaderno 1.
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Sostuvo que, para el otorgamiento de la licencia ambiental, la ANLA evaluó la
información remitida por el GEB S.A. E.S.P. y concluyó que la propuesta optimizaba el
uso de los recursos, reducía los riesgos de la infraestructura ante la presencia de las
fallas geológicas Romeral – Almaguer y Romeral – Armenia, y menguaba los efectos
negativos sobre el Paisaje Cultural Cafetero y sobre las áreas protegidas de mayor
categoría.
Adujo que la Resolución 582 de 2014 indicó que la ANLA, con base en el Concepto
Técnico 1080 del 6 de julio de 2012, a través de comunicación 4120-E2-39379 del 16
de julio de 2012, declaró que el proyecto no requería un Diagnóstico Ambiental de
Alternativas y fijó los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental.
Teniendo en cuenta lo anterior, señaló que, de acuerdo con lo consagrado en el
artículo 17 del Decreto 2820 de 2010, el Diagnóstico Ambiental de Alternativas puede
resultar no exigible en los casos en los que solo hay una alternativa que permite
optimizar los recursos y minimizar los riesgos e impactos negativos, y que, por lo tanto,
a la demandante no le asistió la razón al señalar que la ANLA no verificó el
cumplimiento de dicho requisito.
En cuanto a la imputación de responsabilidad a la ANLA por el otorgamiento de la
licencia ambiental sobre un proyecto que supuestamente afecta los Parques
Regionales Naturales Barbas Bremen29 y La Marcada, señaló que estos fueron
recategorizados por la CARDER y la CRQ a Distritos de Conservación de Suelos.
Ahora, específicamente sobre la posible afectación del Distrito de Conservación de
Suelos Barbas Bremen, adujo que la CARDER, mediante oficio 10889 del 4 de
septiembre de 201430, señaló que la ANLA y la Procuraduría, en desarrollo de las
visitas de campo, evidenciaron que el proyecto no afectaba las coberturas naturales
del cañón del río Barbas ni los acueductos de la zona.
29 En específico, destacó que, mediante los Acuerdos 017 de 17 de junio de 2011 y 033 del 29 junio de
2011, el Parque Regional Natural Barbas Bremen, con categoría de área protegida del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SINAP), fue recategorizado a Distrito de Conservación de Suelos Barbas Bremen.
30 Folios 178 y 179, cuaderno 1.
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No obstante, dijo que sí se reconocían impactos negativos del proyecto sobre el
Paisaje Cultural Cafetero, pero que el Ministerio de Cultura, que era el competente
sobre ese asunto, había dado viabilidad al proyecto.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que no se encontraba probada la afectación
de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, de conformidad
con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias, y a la
existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución.
3.4. En cuanto a los derechos e intereses colectivos a la defensa del patrimonio público
y a la defensa del patrimonio cultural de la Nación, señaló que en el expediente estaba
acreditado que, frente a la intervención del Paisaje Cultural Cafetero, bien inscrito en
la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, GEB S.A. E.S.P. realizó los trámites
pertinentes ante el Ministerio de Cultura, entidad que, por intermedio del Director de
Patrimonio, mediante Resolución 2639 del 22 de octubre de 201231, autorizó la
realización del proyecto, por considerar que no generaba impactos negativos sobre
dicho paisaje.
En concreto, dijo que, al contestar la demanda, el Ministerio de Cultura sostuvo que se
había verificado que el proyecto no afectara el Valor Universal Excepcional ni el
patrimonio urbanístico, arquitectónico, arqueológico rural o urbano, ni los cultivos de
café o los demás productos o manifestaciones asociadas a éste. Que, asimismo, la
entidad afirmó que el proyecto no atravesaba el Paisaje Cultural Cafetero, sino que
pasaba por una parte de éste y de su zona de influencia, y que la instalación de los
equipamientos no generaba impacto negativo ni afectaba los atributos por los que se
manifiesta el Valor Universal Excepcional del paisaje.
3.5. Señaló que tampoco se encontraba vulnerado el derecho de acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, pues el objetivo del
proyecto era justamente construir la infraestructura para la eficiente prestación de los
servicios públicos a cargo del Estado, propendiendo por el bienestar general.
31 Folios 316 a 318, cuaderno 2.
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3.6. Por otro lado, arguyó que no se presentaba vulneración del derecho e interés
colectivo a la moralidad administrativa, porque las entidades demandadas han actuado
dentro del marco de la legalidad.
Al respecto, dijo que la licencia ambiental había sido conferida al GEB S.A. E.S.P. por
la ANLA, que es la entidad que goza de la competencia conferida para el efecto por la
Ley 3573 de 2011. Que, además, mediante Auto 1976 del 2 de junio de 201332, por
solicitud de la CRQ, la ANLA ordenó llevar a cabo la audiencia pública ambiental en
relación con el proyecto, para dar a conocer a las organizaciones sociales, a la
sociedad en general y a las entidades públicas acerca de la solicitud de licencia
ambiental.
3.7. Por ultimo, señaló que el artículo 144 del CPACA prohibe al juez popular declarar
la nulidad de actos administrativos o contratos, por lo que su examen se debe restringir
al estudio de la posible afectación a los derechos e intereses colectivos como
consecuencia de la aplicación de los efectos del acto, frente a lo cual está facultado
para adoptar medidas en desarrollo de los principios de prevención y preservación.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
La Defensoría del Pueblo, Regional Risaralda, presentó recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia33.
4.1. Alegó que el Tribunal no tuvo en cuenta el Concepto Técnico 2818 del 23 de
noviembre de 2012, en el que la CARDER señaló que el Estudio de Impacto Ambiental
presentado por el GEB S.A. E.S.P. no reconocía la afectación que el proyecto podía
causar sobre la zona, específicamente sobre los Distritos de Conservación de Suelos
de Barbas Bremen y La Marcada, y que el proyecto tenía gran impacto sobre el Paisaje
Cultural Cafetero, ni el Informe Técnico y Jurídico 016-201334 de marzo de 2013,
expedido por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, que
32 Folios 180 a 183, cuaderno 1.
33 Folios 1233 a 1236, cuaderno 6.
34 Folios 151 a 165, cuaderno 1.
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advirtió que la ANLA no había tenido en cuenta la veda que existía sobre las plantas
epífitas.
Según la recurrente, el a quo desconoció las anteriores pruebas y, al denegar las
pretensiones de la acción popular, se limitó a señalar que el Parque Regional Natural
Barbas Bremen había sido recategorizado a Distrito de Conservación de Suelos,
razonamiento que envió un mensaje erróneo que no afectaría solo a la comunidad
involucrada en esta acción popular, sino que tendría efectos sobre otras situaciones
futuras, debido a que se estaba sacrificando parte de la reserva forestal para el
desarrollo del proyecto.
4.2. Invocó la Opinión Consultiva OC-23/17 DE., proferida por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos35, que se refirió a la obligación de los Estados de garantizar los
derechos consagrados en la Convención Americana en materia de medio ambiente, lo
que les impone el deber de prevención, el cual abarca todas las medidas de distinto
carácter que promuevan la salvaguarda de tales prerrogativas y aseguren que las
eventuales violaciones de éstas sean objeto de sanciones e indemnizaciones.
Además, el pronunciamiento invocado señaló que los Estados están obligados a usar
todos los medios a su alcance para evitar que bajo su jurisdicción se causen daños
significativos al medio ambiente, obligación que debe cumplirse bajo un estándar de
debida diligencia apropiado y proporcional al grado de riesgo. Y que, en especial, las
medidas que un Estado debe adoptar para la conservación de ecosistemas frágiles
son mayores y distintas a las que corresponde adoptar frente al riesgo de daño de
otros componentes del medio ambiente.
4.3. Por último, insistió en la vulneración del derecho e interés colectivo a la moralidad
administrativa y sostuvo que es de vital importancia mantener la credibilidad, pues a
partir de ello se generan las buenas relaciones que dan lugar a la prevalencia del
interés general.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
35 Solicitada por la República de Colombia. Noviembre 2017.
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5.1. Mediante auto del 15 de julio de 2019, el magistrado sustanciador Roberto Augusto
Serrato Valdés admitió el recurso de apelación36 y, en proveído del 27 de agosto del
mismo año, corrió traslado para alegar de conclusión37.
5.1.1. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA38 presentó escrito
de alegatos de conclusión en el que sostuvo que en el proceso de otorgamiento de la
licencia ambiental evaluó la información remitida por el GEB S.A. E.S.P. y encontró
que la propuesta presentada era la más optimizada y racionalizada en cuanto al uso
de los recursos naturales, y que era la que mejor minimizaba los riesgos e impactos
negativos, por lo que cumplía con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 2820 de
2010, compilado en el Decreto 1075 de 2015.
5.1.1.1. De acuerdo con ello, manifestó que, si el trazado hubiese sido diferente, se
habrían generado mayores impactos e intervenciones en áreas protegidas, en el
Paisaje Cultural Cafetero y en las zonas de expansión urbana de los municipios del
área de influencia del proyecto, y que el Ministerio de Cultura, a través de la Resolución
2369 de 2012, autorizó la realización del mismo en dicha zona.
Agregó que, en el Concepto Técnico 1080 de 2012 y en el Oficio 4120- EI – 39379 de
2012, relacionó los argumentos técnicos y jurídicos que viabilizaron el anotado trazado,
y que las áreas protegidas Barbas Bremen y La Marcada fueron recategorizadas por
las autoridades ambientales a Distritos de Conservación de Suelo, de acuerdo con los
Acuerdos 012 de 2011 emitido por la CRQ y 017 y de 2011 y 010 de 2013, ambos
emitidos por la CARDER, respectivamente.
5.1.1.2. Dijo que la entidad realizó un examen exhaustivo de la información
presentada, llevó a cabo visitas, emitió conceptos técnicos y actos administrativos que
se ajustaron en todo al procedimiento ambiental y al debido proceso. Que, además,
cumplió con la gestión de seguimiento y control, lo que le permitió conocer el estado
de cumplimiento de las obligaciones a cargo del titular de la licencia.
36 Folios 1244 a 1245, cuaderno 6.
37 Folio 1257, cuaderno 7.
38 Folios 1278 a 1282 (vuelto), cuaderno 7.
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5.1.1.3. Explicó que, mediante Resolución 557 del 7 de junio de 2013, la Dirección de
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible sustrajo definitivamente un área de 1.084 hectáreas de la
Reserva Forestal Central de que trata la Ley 2 de 1959, de las cuales 0,1784 hectáreas
se destinaron a la construcción de la Subestación Armenia a 230 KV, y 0,8400
hectáreas, correspondientes al área de veintiuna (21) torres a establecer dentro de la
reserva, con un área promedio de cuatrocientos (400) metros cuadrados, para la
implementación del proyecto.
Con base en lo anterior, alegó que la entidad tuvo en cuenta el entorno geográfico, las
características bióticas, abióticas y socioeconómicas, el análisis comparativo de los
efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad, así como las posibles soluciones y
medidas de control y mitigación, por lo que contó con los elementos necesarios para
seleccionar la alternativa propuesta.
5.1.1.4. Sostuvo que, de acuerdo con lo consagrado en los Decretos 2820 de 2010,
2041 de 2014 y 1076 de 2016, el GEB S.A. E.S.P. solicitó el levantamiento de la veda
de las especies epífitas ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que,
por intermedio de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, a
través del a Resolución 1252 del 25 de septiembre de 2013, accedió de manera
temporal y parcial a lo pedido, en relación con las especies epífitas vasculares y no
vasculares presentes en el área de influencia.
5.1.1.5. Señaló que, en suma, en el proceso de licenciamiento, la ANLA evaluó de
manera técnica la información presentada en el Estudio de Impacto Ambiental, la
información aclaratoria de dicho documento, la información adicional derivada de la
audiencia pública ambiental, las resoluciones de levantamiento de veda y sustracción
de reserva, emitidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, además de
los conceptos técnicos de las CAR.
5.1.2. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER39 presentó
escrito de alegatos de conclusión en el cual destacó que en el trámite de la licencia
ambiental había emitido el Concepto Técnico 2818 del 23 de noviembre de 2012, en
39 Folios 1284 a 1293, cuaderno 7.
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el que, entre otras cosas, solicitó a la ANLA adoptar las medidas necesarias para
garantizar los derechos e intereses colectivos de la comunidad afectada.
5.1.2.1. Además, la entidad brindó el acompañamiento en una visita de campo, luego
de la cual se emitió el Concepto Técnico 0248 del 1º de febrero de 201340, en el que
también se hicieron algunas recomendaciones, como que el GEB S.A. E.S.P.
complementara el Estudio de Impacto Ambiental.
5.1.2.2. Señaló que, mediante Concepto Técnico 516 del 27 de febrero de 2015, la
Subdirección de Gestión Ambiental Territorial de la CARDER advirtió que desde el
primero de ellos había recomendado a la ANLA que realizara el Diagnóstico Ambiental
de Alternativas, para buscar que el proyecto no impactara directamente los Distritos
de Conservación de Suelos Barbas Bremen y La Marcada. Sin embargo, dijo que dicha
recomendación no fue acogida al estudiar y otorgar la licencia ambiental.
5.1.2.3. No obstante, precisó que, luego del otorgamiento de la licencia ambiental, el
GEB S.A. E.S.P. ha dado cumplimiento a todas las medidas ambientales definidas por
la CARDER sobre los Distritos de Conservación de Suelos Barbas Bremen y La
Marcada, por lo que estima cumplidos los requerimientos consagrados en el artículo 5
de la Resolución 582 de 2014, que concedió la licencia ambiental, y en el parágrafo
primero del artículo tercero de la Resolución 103 de 2015, mediante la cual la ANLA
levantó una medida preventiva e impuso otra de suspensión de actividades.
5.1.2.4. Por último, adujo que existía carencia actual de objeto, toda vez que el GEB
S.A. E.S.P. ha ejecutado todas las acciones relacionadas con las medidas adicionales
que fueron propuestas por la CARDER, por lo que, a su juicio, no existía
incumplimiento de ninguna norma con fuerza de ley o acto administrativo.
5.1.3. El Departamento de Risaralda41 alegó de conclusión y manifestó que los
competentes para dar cumplimiento a lo pretendido por la actora ante una eventual
condena son GEB S.A. E.S.P. y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
40 Folios 147 y siguientes, cuaderno 1.
41 Folios 1295 a 1296 (vuelto), cuaderno 7.
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No obstante, señaló que ha servido como intermediario entre los organismos del orden
nacional y las comunidades de los municipios que sienten vulnerados sus derechos
como consecuencia de la ejecución del proyecto.
5.1.4. La Unidad Administrativa Especial de Planeación Minero Energética –
UPME42 presentó escrito de alegatos en el que manifestó que el a quo acertó al
considerar que no hubo vulneración del Paisaje Cultural Cafetero, pues en el proceso
está probado que el GEB S.A. E.S.P. adelantó todos los procedimientos
administrativos pertinentes ante la Dirección de Patrimonio de Ministerio de Cultura,
que, mediante la Resolución 2639 de 2012, autorizó su ejecución.
Entonces, adujo que, si la parte actora estimaba que no debía haberse otorgado esa
autorización, debió recurrir el acto administrativo a través de los recursos de la vía
administrativa y, luego, del medio de control ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
Advirtió que los argumentos de la alzada en cuanto a la vulneración del derecho a la
moralidad administrativa no eran claros y que, en todo caso, las entidades
demandadas han actuado dentro del marco de la legalidad. Además, manifestó que,
para que se configure tal vulneración, es necesario que se pruebe la concurrencia de
un elemento objetivo, consistente en la violación de la ley o los principios generales
del derecho, y otro subjetivo, que se concreta en el comportamiento deshonesto de
quien cumple una función pública, lo cual exige que el actor popular presente una
imputación directa, seria y real, lo cual no ocurrió en este caso.
5.1.5. El GEB S.A. E.S.P.43 alegó de conclusión y pidió que se confirme la sentencia
de primera instancia.
5.1.5.1. Señaló que en el proceso quedó probado que la empresa cumplió con las
cargas impuestas por la ley frente al desarrollo del proyecto, y que resulta evidente
que la actora incurrió en un yerro al buscar controvertir, a través de la acción popular,
42 Folios 1299 a 1303 (vuelto), cuaderno 7.
43 Folios 1304 a 1312, cuaderno 7.
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la Resolución 582 de 2014, pues desconoció que para eso debía instaurar el medio de
control consagrado en el artículo 137 del CPACA.
5.1.5.2. Por otro lado, señaló que los recursos de la alzada no son certeros, pues se
limitan a citar un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
pero sin aterrizar su contenido al caso concreto. Asimismo, reprochó que la apelación
no contenía acusaciones concretas y específicas que permitan definir cuáles eran los
yerros fácticos o jurídicos de la sentencia recurrida, que ameriten su revocatoria.
5.1.5.3. Dijo que, contra los argumentos de la demanda, el concepto de la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios demostraba que el proyecto no
generaría mayores impactos sobre áreas protegidas ni sobre el bienestar de la
comunidad y del ecosistema, y que éste cumplió con todos los presupuestos de ley.
Que, además, quedó probado que la ANLA acogió las recomendaciones de la
Procuraduría, en el sentido de celebrar audiencias públicas para la socialización del
proyecto.
5.1.5.4. Frente al Concepto Técnico 2818 del 23 de noviembre de 2012, alegó que la
CARDER no es la entidad competente para emitir la licencia ambiental, sino la ANLA,
tal como lo establece el Decreto 2820 de 2010. Y que, en todo caso, dicho concepto
no analizó el Estudio de Impacto Ambiental, pues, de haberlo hecho, habría concluido
que este sí valoró las afectaciones que pudieran causarse en la zona.
Advirtió que, además, la CARDER incurrió en una contradicción pues, en el oficio
10889 del 4 de septiembre de 2014, que dio respuesta a una petición de la
Gobernación de Risaralda, señaló que, en desarrollo de las visitas, se estableció que
el proyecto no afectaba de manera significativa las coberturas naturales del cañón del
río Barbas ni los acueductos de la zona, dado que se proponen en zona de potrero.
5.1.5.5. Manifestó que la ANLA, en la evaluación previa al otorgamiento de la licencia
ambiental, sí estudió lo relacionado con la modificación del paisaje, y señaló que,
teniendo en cuenta lo observado en la visita de campo, el proyecto no generaría
impacto significativo y que el trazado de la propuesta única alternativa minimizaba los
riesgos de la infraestrucctura ante la presencia de las fallas geológicas Romeral –
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Almaguer y Romeral – Armenia, y los efectos sobre el Paisaje Cultural Cafetero y las
áreas protegidas.
5.1.5.6. Sostuvo que en el expediente también se encontraba acreditado que el
proyecto no generaba impactos negativos sobre el Paisaje Cultural Cafetero, pue así
lo señaló el Ministerio de Cultura en la Resolución 2639 del 22 de octubre de 2012,
que confirió la autorización y señaló que éste era técnicamente viable y que no
afectaba el área de influencia ni el patrimonio urbanístico, arquitectónico, arqueológico,
rural o urbano de dicho paisaje.
5.1.5.7. Señaló que el proyecto no vulneraba el derecho a la infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública, sino que, por el contrario, lo garanizaba.
Al respecto, indicó que el artículo 15 de la Ley 56 de 198144 declaró de utilidad pública
e interés social los planes, proyectos y la ejecución de obras para la generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, acueductos, riego, regulación de ríos y
caudales, así como las zonas a ellos afectadas.
Advirtió que, en el mismo sentido, el artículo 5 de la Ley 143 de 1994 45, establece que
“la generación, interconexión transmisión, distribución y comercialización de
electricidad están destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en
forma permanente; por esta razón, son consideradas servicios públicos de carácter
esencial, obligatorio y solidario, y de utilidad pública”.
De acuerdo con lo anterior, alegó que el proyecto se encaminaba a garantizar a futuro
la continuidad y universalidad del servicio público domiciliario de electricidad, de
acuerdo con las proyecciones de aumento de demanda, y que constituía una medida
de mitigación de los riesgos de interrupción por motivos de racionamiento. Dijo que,
en otras palabras, el proyecto busca incrementar la transferencia de energía con
eficiencia y confiabilidad, reducir los costos operativos, elevar la seguridad energética
44 “Por la cual se dictan normas sobre obras públicas de generación eléctrica, y acueductos, sistemas
de regadío y otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales
obras”.
45 “Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y
comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan
otras disposiciones en materia energética”.
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y la estabilidad del sistema eléctrico, además de aportar a la autosuficiencia energética
del país.
5.1.5.8. Finalmente, en cuanto a la vulneración del derecho e interés colectivo a la
moralidad administrativa, sostuvo que el apelante citó descontextualizadamente un
aparte del concepto técnico de la CARDER y una conclusión de una sentencia de esta
Corporación, pero sin señalar o decir por qué se vio afectada tal prerrogativa. Es decir,
que la alzada no explicó por qué se violó la ética pública ni cuáles fueron los valores y
normas transgredidas con la licencia ambiental, carga mínima del recurrente, en los
términos del artículo 167 del Código General del Proceso (en adelante CGP).
5.1.6. A través de escrito del 17 de septiembre de 2019, el Ministerio de Minas y
Energía alegó de conclusión con base en los siguientes argumentos:
5.1.6.1. Indicó que, mediante Resolución No. 181315 de 2002, delegó a la UPME las
gesiones administrativas necesarias para la sección de inversionistas de los proyectos
del Plan de Expansión de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional, de
manera que dicha cartera ministerial no tenía ningún vinculo contractual ni con esa
entidad ni con la GEB S.A. E.S.P.
En tal contexto, resaltó que no tenía legitimación en la causa por pasiva para intervenir
en el presente asunto, debido a que no era el constructor de la obra civil objeto de
controversia, ni asumió bajo su cuenta y riesgo la elaboración de la misma.
5.1.6.2. Por otro lado, acotó que no se había acreditado un nexo causal entre los
hechos generadores del daño y la actuación de ese Ministerio, por lo que, a su juicio,
esa entidad no había vulnerado los derechos colectivos invocados en el libelo
introductorio.
5.1.6.3. Finalmente, resaltó que la presente acción popular era improcedente pues se
habían cuestionado actos administrativos, los cuales podían ser controvertidos a
través de los medios de control previstos por el ordenamiento jurídico para esos
efectos.
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5.2. Mediante auto de mejor proveer del 13 de marzo de 202046, el Consejero de
Estado Roberto Augusto Serrato Valdés ordenó oficiar a la ANLA para que allegara: (i)
los documentos obrantes en el expediente del licenciamiento relacionados con las
medidas de manejo propuestas por la CARDER y por la CRQ, y su implementación, y
(ii) un informe sobre el cumplimiento de los criterios de exclusión de manantiales,
nacederos y cuerpos lóticos respecto de las torres de energía eléctrica localizadas en
esas áreas protegidas o en las cercanías de los ríos Barbas y Consotá, con los
respectivos soportes.
5.2.1. Mediante oficio 2020127396-2-000 del 6 de agosto de 2020, remitido por medios
electrónicos en esa misma fecha, el apoderado de la ANLA rindió el informe solicitado
y allegó varios documentos. De lo anterior, la Secretaría General de la Corporación
corrió traslado mediante fijación en lista de 10 de agosto de 202047.
5.2.2. Dentro del término de traslado, el Ministerio de Minas y Energía se pronunció
sobre las pruebas allegadas por la ANLA48, y dijo que el Auto 02869 del 13 de abril
de 2020, expedido por dicha autoridad ambiental, “Por el cual se efectúa seguimiento
y control ambiental”, hace referencia al ejercicio de vigilancia y control del cumplimiento
de las obligaciones ambientales derivadas de la licencia conferida al GEB S.A. E.S.P.,
es decir, que se refiere a situaciones posteriores a las que suscitaron la acción popular.
5.2.2.1. Por otra parte, señaló que esta Sección, mediante fallo del 14 de marzo de
201949, resolvió en segunda instancia la acción popular instaurada por los señores
Gildardo Cuellar y Roberto Arias Estefan, que cursó en primera instancia ante el
Tribunal Administrativo del Quindío, por hechos relacionados con el proyecto UPME
02-2009 subestación Armenia 230 KV y líneas de transmisión asociadas.
De acuerdo con lo anterior, solicitó que se analizara la posible configuración del
fenómeno de cosa juzgada, aunque destacó que inicialmente esta Sección revocó la
providencia que declaró probado el agotamiento de jurisdicción.
46 Folios 1368 a 1369 (vuelto), cuaderno 7.
47 Visible en el índice número 47 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI
48 Visible en el índice 52 del proceso en el sistema SAMAI, enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=66001233300020
1500038021100103
49 Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López, radicación: 63001-23-33-000-2014-00222-01.
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5.2.2.2. Por último, se refirió al principio de precaución en materia de protección al
medio ambiente y dijo que, aún en los casos en lo que se avizore la necesidad de
aplicarlo, la medida a adoptar no debe ser necesariamente la interrupción, suspensión
o prohibición de la actividad, sino que se deben analizar las particularidades de cada
caso, para evitar que la decisión tenga consecuencias perjudiciales frente al
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, como en este caso, la prestación del
servicio público esencial de energía eléctrica.
5.2.3. El Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P., mediante escrito de 13 de agosto de
2020, advirtió que no pudo descargar el citado documento por problemas de acceso a
través de la plataforma digital. En consecuencia, mediante auto del 17 de noviembre
de 2020, el Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés ordenó que, por
secretaría, se corriera traslado a dicha sociedad del informe presentado por la ANLA
el 6 de agosto de 2020, por el término de tres (3) días, orden que se cumplió mediante
fijación en lista del 26 de noviembre de 2020.
5.2.3.1. Dentro del término correspondiente, el apoderado del GEB S.A. E.S.P. se
pronunció sobre las pruebas allegadas por la ANLA50 y destacó que la autoridad
ambiental concluyó que la empresa dio estricto cumplimiento a las obligaciones
emanadas de la licencia ambiental y a los requerimientos efectuados durante los
seguimientos de control ambiental realizados durante las visitas de seguimiento y en
los informes de cumplimiento; y que, en general, ha adoptado todas las medidas
tendientes a proteger el medio ambiente, en estricto cumplimiento de la normativa
ambiental y los actos administrativos relacionados con el licenciamiento.
Luego mencionó algunas acciones que ha adelantado para la protección del medio
ambiente en la zona, como un programa para la conservación de la biodiversidad, la
reforestación y siembra de árboles en el Distrito de Conservación de Suelos Barbas
Bremen, el manejo integral del recurso hídrico mediante el tratamiento de aguas
residuales con la instalación de pozos sépticos en fincas de la región, sistemas de
captación de aguas lluvias y la instalación de bebederos en fincas para ganado, para
reducir la afectación sobre los cuerpos de agua, entre otros.
50 Índice 59 ibidem.
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Adujo que, además, el 24 de agosto de 2020 radicó ante la CRQ el Reporte de
Compensación Forestal en el marco del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el
artículo cuarto de la Resolución 582 de 2014, que dispone como obligación del
licenciatario “concertar con las Autoridades Ambientales Regionales competentes
(CARDER y CRQ), las áreas donde realizarán las compensaciones forestales y de
guadua, de acuerdo con el aprovechamiento realizado en jurisdicción de cada una de
ellas”.
Por otra parte, en cuanto a la localización de “las torres y demás infraestructura,
permanente o temporal, respetando las franjas forestales protectoras y zonas de retiro,
esto es cien (100) metros de radio desde las zonas de nacimiento y treinta (30) metros
a cada lado de las corrientes hídricas identificadas en la zona”, señaló que la ANLA,
a través del Auto 3533 de 2018, determinó que los afloramientos cercanos a las torres
3, 4, 44, 56 y 67 no corresponden a nacimientos de agua, razón por la cual la empresa
no incumplió con lo establecido en los literales c) y d) del numeral 1º del artículo tercero
de la Resolución 582 de 2014, que establecen como áreas de exclusión el radio de
cien (100) metros respecto de nacimientos y manantiales y los cuerpos de agua de
tipo lótico y léntico.
Indicó que, a través de oficio número 3146-2017 del 29 de marzo de 2017, comunicó
a la CARDER sobre el inicio de las actividades dentro del Distrito de Conservación
Barbas Bremen y La Marcada.
Por otra parte, respecto de lo manifestado por la ANLA en el numeral 4º del informe,
relacionado con las áreas donde se ejecutará la reubicación de especies epífitas y la
compensación por el aprovechamiento forestal del proyecto, señaló que, en atención
al requerimiento de la CARDER, que dijo que se debían priorizar áreas dentro de los
Distritos de Conservación de Suelos Barbas Bremen y La Marcada, GEB S.A. E.S.P.
llevó a cabo una serie de reuniones y presentó documentos técnicos a la CAR, que se
pronunció mediante la Resolución 3200 del 27 de octubre de 2015, por la cual aprobó
el protocolo para la reubicación, y la Resolución 930 del 5 de mayo de 2015, mediante
la cual autorizó el plan de reforestación.
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Señaló que los dos (2) actos administrativos indicaron que el rescate de las epífitas y
las compensaciones se hicieran en el Predio Sinaí de propiedad de la CARDER, que
se encontraba al interior del Distrito de Conservación de Suelos Barbas Bremen.
Al respecto, agregó que, oportunamente, informó a la ANLA y al ICA que por diferentes
factores se había tenido una mortalidad del ciento por ciento (100%) de los individuos
rescatados debido a la exposición permanente a la radiación solar, cambios físicos de
temperatura, humedad, depredación por insectos, enfermedad por plagas y
microorganismos, razón por la cual presentó una alternativa adicional de
compensación a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del
Ministero de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el radicado GEB-0571-
03797-2019-S, esto es, dando continuidad al mantenimiento durante dos (2) años más
al enriquecimiento de las quince (15) hectáreas, que cultivó voluntariamiente dentro de
su política de sostenibilidad.
En cuanto al numeral 5º del informe, “Las actividades que se ejecuten en desarrollo de
la reubicación de especies epífitas y de la compensación por el aprovechamiento
forestal del proyecto, deberán considerar y realizarse con la participación de la
comunidad del área donde se desarrollen dichas actividades”, señaló que la CARDER
requirió que la reubicación y la compensación debían efectuarse con la participación
de la comunidad del área donde se desarrollen.
Que, por lo anterior, el GEB S.A. E.S.P. inicialmente suscribió un convenio con la Junta
de Acción Comunal (JAC) de la Vereda Yarumal, la cual se encargó de realizar el
establecimiento y los mantenimientos de las compensaciones durante el primer año.
Posteriormente, se celebró el Contrato 101415 de 25 de enero de 2018 con esa JAC,
con el objeto de realizar los mantenimientos durante el segundo año.
5.3. Mediante auto de mejor proveer del 27 de abril de 202151, el Consejero de
Estado Roberto Augusto Serrato Valdés ordenó oficiar al Ministerio de Cultura para
que allegara los siguientes documentos:
51 Índice 64 ibidem.
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“1.1. Copia de la respuesta o el concepto de fondo que emitió la jefatura de la
Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Patrimonio Mundial de la
Unesco en relación con: a) la modificación de la Resolución N.º 2079 de 7 de
octubre de 2011 (solicitada por el Contralor Delegado Intersectorial para el Sistema
General de Regalías de la Contraloría General de la República), y b) el alcance de
los impactos del proyecto UPME 02-2009 sobre el P.C.C., luego de que se le
hubiese allegado la información solicitada en el Oficio de 4 de abril de 2013.
1.2. Copia del Plan Especial de Manejo y Protección -P.E.M.P.- del Paisaje Cultural
Cafetero, así como sus modificaciones y fundamentos correspondientes,
destacando claramente la delimitación del área afectada y la zona de influencia,
el nivel permitido de intervención y las condiciones de manejo.
1.3. Copia del «Informe de Evaluación de Impacto en el Paisaje Cultural Cafetero»
en el cual se evidencian los fundamentos técnicos de la decisión de autorización
de ejecución del proyecto UPME 02-2009 «en el área principal y de influencia» del
P.C.C., así como el límite autorizado de intervención y las medidas de
protección, conservación, manejo, gestión y restauración de los impactos
que se generarían por las intervenciones del proyecto, de conformidad con el
P.E.M.P.
1.4. Copias de los documentos que acrediten las medidas periódicas de
supervisión, seguimiento, inspección y vigilancia de las diferentes
actividades de intervención del Paisaje Cultural Cafetero con ocasión del
desarrollo del proyecto, conforme a los condicionamientos del P.E.M.P. y el
documento técnico de autorización, y
1.5. Copia del concepto técnico sobre el cumplimiento de las pautas e instrumentos
de protección y ordenación, así como del estado actual de conservación del
Paisaje Cultural Cafetero, considerando los impactos del desarrollo del proyecto
UPME 02-2009 en relación con los elementos que componen el valor universal
excepcional -V.U.E.- del P.C.C. y los criterios de valor o significación cultural
que el Ministerio de Cultura le atribuyó al P.C.C. como bien de interés cultural -
B.I.C.-, al tenor de los principios generales de intervención”. (Negrillas del
original).
5.3.1. Por oficio del 28 de mayo de 2021, remitido por medios electrónicos en esa
misma fecha, el Director de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura dio
respuesta al auto del 27 de abril de 2021 y allegó varios documentos 52, y de estos, la
Secretaría General de la Corporación corrió traslado mediante fijación en lista del 1º
de junio de 2021.
A través de auto del 1º de septiembre de 2021, el Despacho Sustanciador ordenó
requerir bajo los apremios de ley el Ministerio de Cultura para que remitiera la totalidad
de los documentos solicitados en el proveído del 27 de abril de ese año53.
52 Índice 76 ibidem.
53 Índice 88 ibidem.
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Mediante oficio del 17 de septiembre de 2021, el Director de Patrimonio y Memoria del
Ministerio de Cultura remitió otros documentos con destino al proceso54, y de estos la
Secretaría corrió traslado mediante fijación en lista del 23 del mismo mes y año.
5.4. A través de comunicación del 14 de mayo de 2021, el Consejero de Estado
Roberto Augusto Serrato Valdés declaró el impedimento para continuar conociendo
del proceso, y éste aceptado por la Sección, mediante proveído del 1º de julio de
202155. En consecuencia, el proceso fue asumido por el Consejero de Estado Oswaldo
Giraldo López.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 del 5 de agosto de
1998, el artículo 150 de CPACA, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 del Consejo
de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de
los recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los Tribunales
Administrativos en las acciones populares.
6.2. Hechos
6.2.1. La UPME, por delegación del Ministerio de Minas y Energía, efectuada a través
de la Resolución 181315 del 2 de diciembre de 2002, modificada por la Resolución
180925 del 2003, adelantó la Convocatoria Pública UPME-02-2009, con la finalidad de
seleccionar un inversionista que ejecutara el proyecto UPME 02-2009 Subestación
Armenia a 230 KV y líneas de Transmisión Asociadas, que tiene por objeto asegurar
la eficiencia en el suministro actual y futuro de energía eléctrica en el Eje Cafetero,
bajo condiciones de eficiencia, seguridad y confiabilidad, el cual es considerado como
de utilidad pública e interés social, pues hace parte del Plan Nacional de Expansión
del Sistema de Transmisión Nacional – STN.
54 Índice 82 ibidem.
55 Índice 94 ibidem.
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6.2.2. El 14 de febrero de 2012 el proyecto fue adjudicado al GEB S.A. E.S.P.
6.2.3. Mediante oficio 4120-E1-51861 del 17 de octubre de 201256, el GEB S.A. E.S.P.,
de acuerdo con el trámite previsto en el Decreto 2820 de 2010, solicitó a la ANLA el
otorgamiento de la licencia ambiental para desarrollar y ejecutar el proyecto en los
Departamentos del Quindío y Risaralda, en una longitud de treinta y ocho (38) km, con
un ancho de servidumbre de treinta y dos (32) metros y compuesta por cuarenta (40)
torres en Quindío y cuarenta y tres (43) en Risaralda, algunas de las cuales se
encuentran ubicadas en los Distritos de Conservación de Suelos Barbas Bremen y La
Marcada.
6.2.4. Mediante Resolución No. 582 de 2014, la ANLA otorgó licencia ambiental a la
GEB S.A. E.S.P., para el desarrollo de mencionado proyecto, luego de adelantar el
trámite previsto en el Decreto 2820 de 2010.
6.2.5. La Defensoría del Pueblo Regional Risaralda interpuso la acción popular de la
referencia, solicitando la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente
sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias, la moralidad administrativa, la existencia del equilibrio ecológico y el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de
las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio
ambiente, la defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de la
Nación, la seguridad y salubridad públicas, y el acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública.
6.2.6. A través de fallo calendado el 22 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo
de Risaralda denegó las pretensiones de la demanda.
6.2.7. Inconforme con esa decisión, la parte actora interpuso recurso de alzada.
56 Página 1 de la Resolución 582 de 2014.
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6.2.6. Planteamiento
En atención a los antecedentes expuestos, la Sala observa que el debate propuesto
en esta instancia gira en torno a la acreditación de la vulneración de los derechos
colectivos relacionados con la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio
ambiente, la defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de la
Nación, la seguridad y salubridad públicas, y el acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública, pues, para la recurrente, era evidente
que, de haberse valorado el Concepto Técnico 2818 del 23 de noviembre de 2012,
proferido por la CARDER, y el Informe Técnico y Jurídico 016-2013 de marzo de 2013,
expedido por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, que
daban cuenta de los impactos negativos que el proyecto podía causar sobre los
Distritos de Conservación de Suelos Barbas Bremen y La Marcada y en relación con
la veda que existía sobre las plantas epífitas, respectivamente, la conclusión fuese la
de obtener el amparo en la forma en que se invocó; mientras que, para el Tribunal, la
trasgresión no se probó, dado que, del análisis conjunto de las pruebas allegadas al
plenario, era viable concluir que la ANLA había evaluado la información remitida por el
GEB S.A. E.S.P., lo que se traducía en que la propuesta optimizaba el uso de los
recursos y minimizaba los riesgos de la infraestructura y los efectos negativos sobre
los mencionados Distritos de Conservación de Suelos y sobre el Paisaje Cultural
Cafetero.
Por otro lado, presentan discrepancia concretamente sobre el derecho a la moralidad
administrativa, dado que para la memorialista las autoridades demandadas lo
desconocieron con la habilitación para la ejecución del proyecto objeto de
licenciamiento, mientras que el Tribunal consideró que no resultó quebrantado porque
las entidades accionadas actuaron dentro del marco de la legalidad.
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Finalmente, existe controversia sobre el acaecimiento del fenómeno de cosa juzgada,
comoquiera que, para el Ministerio de Minas y Energía, sí operó respecto del fallo
expedido el 14 de marzo de 2019, en el proceso identificado con número de radicado
63001 23 33 000 2014 00222 01.
Vista la controversia así planteada, la Sala procederá a resolver cada uno de los
reparos, iniciando por el reproche relacionado con la cosa juzgada.
6.3. Generalidades de la acción popular
De acuerdo con su definición constitucional - artículo 88 de la Constitución Política- y
legal -artículo 2, inciso 2 de la Ley 472 de 1998, las acciones populares se ejercen
para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o
agravio sobre los derechos e intereses colectivos consagrados por la Constitución y la
ley, o para restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
Se trata, según lo dispuesto por el artículo 9 de la precitada ley, de acciones que
proceden contra toda acción u omisión de las autoridades o los particulares que hayan
violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. Por ende, a la luz de lo
dispuesto por los artículos 2 y 9 ejusdem, la acción popular se ha calificado como un
medio procesal de carácter preventivo, reparativo, correctivo o restitutorio,
dependiendo de las particularidades del caso.
6.4. De la cosa juzgada.
Pues bien, es pertinente señalar que la cosa juzgada es una garantía que se refiere a
los efectos jurídicos de las decisiones que toman las autoridades judiciales que tiene
como consecuencia la inmutabilidad, así como el carácter vinculante y coercitivo de
una sentencia ejecutoriada.
La Corte Constitucional se pronunció en dichos términos en la sentencia C-622 de
2007: “La cosa juzgada hace referencia a los efectos jurídicos de las sentencias, en
virtud de los cuales éstas adquieren carácter de inmutables, definitivas, vinculantes y
coercitivas, de tal manera que sobre aquellos asuntos tratados y decididos en ellas, no
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resulta admisible plantear litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento. La cosa
juzgada brinda así seguridad y estabilidad a las decisiones judiciales.”57
Adicionalmente, en la misma decisión, la Corte refirió las consecuencias de la cosa
juzgada, de la siguiente manera:
“A la cosa juzgada se le atribuyen las siguientes consecuencias: la de vincular o
constreñir al juez para que reconozca y acate el pronunciamiento anterior (principio
de la res judicata pro veritate habetur); la prohibición que se impone también al
operador jurídico para resolver sobre el fondo de conflictos ya decididos a través
de sentencia en firme, evitando además que respecto de una misma cuestión
litigiosa se presenten decisiones contradictorias con la primera; y la que se
materializa en el hecho de que, por su intermedio, se brinda la posibilidad de
ejecución forzada de la sentencia.”58
En síntesis, la sentencia ejecutoriada que hace tránsito a cosa juzgada: i) vincula al
juez para que acate el pronunciamiento anterior; ii) prohíbe al juez resolver sobre
conflictos ya decididos; iii) evita pronunciamientos contradictorios sobre una misma
cuestión litigiosa, y iv) lo resuelto en la sentencia es de ejecución forzosa.
La Corte, en la decisión citada, también fijó los requisitos generales para que se
configure la cosa juzgada, en los siguientes términos:
“Para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere que concurran
en ambos juicios tres requisitos comunes: identidad de objeto, identidad de
causa e identidad de partes. La identidad de partes marca el límite subjetivo de
la cosa juzgada en el sentido de que en virtud de tal identidad la sentencia sólo
produce efectos entre quienes fueron parte en el proceso y, por tanto no se
extiende a terceros que han permanecido ajenos a dicha actuación. La identidad
de objeto y causa fija los llamados límites objetivos de la cosa juzgada, dando a
entender que ésta se predica si y solo si, de las causas que han sido debatidas en
el proceso y decididas en la sentencia.”
Como se puede observar, se requiere que concurra identidad de objeto, causa y partes
para declarar la cosa juzgada. No obstante, estos requisitos en materia de acciones
populares adquieren unas especiales particularidades, por la naturaleza constitucional
de la protección de derechos colectivos que se pretende garantizar con la acción
57 Corte Constitucional. Sentencia C-622 del 14 de agosto de 2007. Magistrado Ponente: Rodrigo
Escobar Gil.
58 Ibídem.
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popular; el artículo 35 de la Ley 472 de 1998 establece que “la sentencia tendrá efectos
de cosa juzgada respecto de las partes y del público en general”.
Así, la jurisprudencia de esta Corporación ha determinado una relativización del
requisito “identidad de partes” en la acción popular, en los siguientes términos:
respecto de la parte demandante, se ha expresado que, en virtud de que su objeto de
protección está constituido por derechos cuya titularidad es difusa, lo decidido en la
sentencia afecta por igual a toda la comunidad interesada, dentro de la cual puede o
no estar el actor popular.
Mientras que, frente a la parte demandada, se ha sostenido que la excepción de cosa
juzgada procede cuando “los responsables por la afectación al derecho colectivo
invocado sean los mismos.”59. Ello es así pues la exigencia de identidad de la parte
accionada deriva de un vínculo estrecho entre lo decidido en la sentencia ejecutoriada
por parte del juez popular y las funciones de las entidades responsables de solucionar
la vulneración a los derechos colectivos.
En lo que atañe a la identidad de objeto y causa, el artículo 303 del Código General
del Proceso (en adelante, CGP), señala lo siguiente: “La sentencia ejecutoriada
proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y
entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.”
De una parte, que verse sobre el mismo objeto significa que las pretensiones hayan
sido decididas en la sentencia ejecutoriada.
Ahora, que se funde en la misma causa significa que los fundamentos fácticos y
jurídicos (causa petendi) guarden identidad entre el proceso que tiene sentencia
ejecutoriada y el nuevo proceso que se examina.
Visto ello, se procederá a analizar si en el presente asunto se acreditaron dichos
requisitos:
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 12 de junio de 2008, rad.
2005-90013-01 (AP). Magistrado Ponente Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
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6.4.1. Identidad de partes.
Al respecto, observa que, tanto en el proceso de la referencia como en el tramitado
con número de radicación 63001 23 33 000 2014 00222 01, coinciden en tener como
partes demandadas los Ministerios de Minas y Energía, de Cultura, la Unidad de
Planeación Minero Energética – UPME, GEB S.A. E.S.P. y la ANLA.
En cuanto a la Carder y el Departamento de Risaralda se advierte que solamente
fueron vinculados en el presente asunto, de modo que el requisito de identidad de
partes únicamente no se cumple frente a dichas entidades.
6.4.2. Identidad de objeto.
a. Sobre el particular, se observa que en el proceso de la referencia se pidió el
amparo de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la moralidad
administrativa, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, la conservación de las especies animales y
vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la
comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente, la
defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de la Nación, la
seguridad y salubridad públicas y el acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública.
En consecuencia, se pidió que se ordenara a las entidades accionadas que, entre otras
cosas, cancelaran cualquier tipo de actividad relacionada con el proyecto UPME 02
2009; veamos:
“SEGUNDO: Ordenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, la
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGETICA UPME, la AUTORIDAD
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, la EMPRESA DE ENERGÍA
DE BOGOTÁ EEB, la NACIÓN - MINISTERIO DE CULTURA, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER, y el DEPARTAMENTO DE
RISARALDA, para que de manera conjunta, dentro del ámbito de sus
competencias y en los términos de la Constitución Política y la Ley, de inmediato
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o en el término máximo fijado por el Despacho Judicial, contado a partir de la
ejecutoria de la Sentencia, si a dicha fecha no se hubiere efectuado por los
demandados, adopten las medidas necesarias y técnicamente viables con el fin de
hacer cesar la vulneración de los derechos colectivos relacionados con el goce de
un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y
las disposiciones reglamentarias; la moralidad administrativa; la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección
de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las
zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con
la preservación y restauración del medio ambiente; la defensa del patrimonio
público; la defensa del patrimonio cultural de la Nación; la seguridad y salubridad
públicas; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública; de conformidad con los hechos descritos en la presente demanda, y las
recomendaciones que dentro de la misma se llegaren a concluir; tendientes a
conjurar los referidos riesgos y/o desastres técnicamente previsibles, mediante:
1. Cancelar toda actividad de construcción, montaje, ejecución,
operación mantenimiento de todas las acciones o actividades
relacionadas con el desarrollo del Proyecto UPME 02 2009, consistente
en la ‘CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
SUBESTACIÓN ARMENIA A 230 KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
ASOCIADAS’, a fin de prevenir un daño inminente, amenaza, peligro,
vulneración sobre los derechos e intereses colectivos.
2. Que esta suspensión de las actividades de construcción,
montaje, ejecución, operación mantenimiento de todas las acciones o
actividades relacionadas con el desarrollo del Proyecto UPME 02 2009,
consistente en la ‘CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LA SUBESTACIÓN ARMENIA A 230 KV Y LÍNEAS DE
TRANSMISIÓN ASOCIADAS’, se mantenga hasta tanto se diseñe un
trayecto para instalar las torres que no vulnere los Derechos e intereses
colectivos aquí enunciados.
3. Que se ordene el desmonte de todas las torres de energía ya
instaladas, toda vez que contrarían lo estipulado en la Licencia Ambiental,
Resolución No. 0582 del 5 de junio de 2014, la cual permitió la ejecución
del Proyecto UPME 02 2009, consistente en la ‘CONSTRUCCIÓN,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN ARMENIA A
230 KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS’; e igualmente
vulnera los Derechos e intereses colectivos aquí de los habitantes de los
municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Pereira.
4. Que se ordene a la NACIÓN - MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA, la UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA UPME,
la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, la
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ - EEB, la NACIÓN - MINISTERIO
DE CULTURA, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
RISARALDA – CARDER, y el DEPARTAMENTO DE RISARALDA, para
que de manera conjunta, dentro del ámbito de sus competencias,
adelanten las gestiones y actividades administrativas y operacionales
necesarias, que conduzcan a la reparación de restablecimiento de los
daños ecológicos, ambientales y estructurales causados con las
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excavaciones e instalación de las torres de energía.”60 (Subrayas de la
Sala).
b. A su vez, en el proceso identificado con número de radicación 63001 23 33 000
2014 00222 01, los allí demandantes también solicitaron la protección de los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de
las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio
ambiente, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas y el
derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
Igualmente, coinciden en pedir que “se ordenara a las accionadas cancelar o cesar toda
actividad, construcción, montaje, ejecución, operación, mantenimiento de todas las
acciones o actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto UPME 02-2009
Subestación Armenia 230 kv y líneas de transmisión asociadas a fin de proteger un daño
inminente, amenaza, peligro, vulneración sobre los derechos enunciados en el área
protegida pública Distrito de Conservación de Suelos Barbas Bremen, al paisaje cultural
cafetero como patrimonio cultural de la nación y como bien inscrito en la lista de
patrimonio mundial de la UNESCO”61.
c. En ese caso, es claro que existe una similitud de objeto parcial entre ambos
procesos, pues en ambos se pidió el amparo de los mismos derechos colectivos y se
requirió que no se ejecutara el proyecto UPME 02 2009 de la subestación Armenia a
230 KV y líneas de transmisión asociadas.
Sin embargo, se advierte que el amparo al derecho de moralidad pública únicamente
fue solicitado en el proceso de la referencia, por lo que frente a este último punto no se
cumple este presupuesto.
6.4.3. Identidad de causa
60 Visible a folios 26 y 27 del Cuaderno Principal
61 Folio 27.
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Sobre este requisito, debe advertirse que ambos trámites guardan identidad de causa
petendi, en los siguientes puntos: (i) que la ejecución del mencionado proyecto
implicaría un daño grave al paisaje cultural cafetero declarado como patrimonio
mundial por la Unesco y a los Distritos de Conservación de Suelos Barbas Bremen y
La Marcada, (ii) que dentro del trámite de licenciamiento la GEB S.A. E.S.P presentó
una única alternativa para la instalación de las torres, y (iii) que se modificó
completamente el EIA por lo que no existe certeza frente a los impactos que el proyecto
podría ocasionar a la fauna y a la flora.
En efecto, sobre el primer punto, el siguiente cuadro comparativo de los hechos de
ambas demandas, demuestran lo antes dicho:
Proceso identificado con número de Expediente número 2014 00022
radicado 2015-00038
PRIMERO: El COMITÉ POR LA DEFENSA DEL PRIMERO. Son de conocimiento público y de las
TERRITORIO Y EL PATRIMONIO CULTURAL entidades de control, las protestas,
CAFETERO, expuso ante esta Agencia del pronunciamientos, polémicas, inconformidades,
Ministerio Público, su inconformismo con la oposición de las comunidades: de la Autoridad
ejecución del Proyecto de la Unidad de Ambiental Regional con Jurisdicción en el
Planeación Minero Energética (UPME), Departamento del Quindío, Corporación
adscrita al Ministerio de Minas y Energía, Autónoma Regional del Quindío - (CRQ), de las
quien adjudicó a la Empresa de Energía de Entidades Territoriales del orden Municipal y
Bogotá (EEB) el Proyecto UPME 02 2009, Departamental, como son las Alcaldías
consistente en la "CONSTRUCCIÓN, Municipales de Finlandia, Circasia, y Armenia,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA Concejos Municipales de Finlandia, Circasia y
SUBESTACIÓN ARMENIA A 230 KV Y LÍNEAS Armenia, Gobernación del Quindío, de las
DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS". Organizaciones Ambientalistas, afectados y de la
Comunidad en General del Departamento del
S E G U N D O : La ejecución de este proyecto Quindío, Territorio que forma parte del área en el
contiene en su trazado, una línea de cual se tiene previsto la Construcción, Ejecución,
transmisión de 38 k ilómetros, que incluye Operación y Mantenimiento del PROYECTO
83 torres m etálicas que soportarán cables UPME-02-2009 SUBESTACIÓN ARMENIA 230
de conducción eléctrica desde la actual KV Y LINEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS
subestación Armenia, ubicada en Circasia de ALTA TENSIÓN, que puede originar un daño,
(Quindío), hasta interceptar la línea existente amenaza, peligra y vulnera los derechos e
entre La Her m os a, en Santa R os a de intereses colectivos, en el entendido que este
Cabal ( Ris ar al da) y La Virgi nia proyecto, hace parte del "SECTOR MINERO
(Risaralda). ENERGÉTICO”, cuya vida Útil hace referencia a
25 AÑOS y de manera INDEFINIDA. Protestas,
TERCERO: Los habitantes de los pronunciamientos, polémicas, inconformidades y
municipios de Santa Rosa de Cabal, oposiciones, que se han traducido o visualizado
Dosquebradas y Pereira, no están de acuerdo través de los medios periodístico escritos desde
con que el proyecto se levante medio de dos octubre de 2012 hasta la fecha, el cual se anexa
distritos de conservación de suelos: Barbas - en el capítulo de pruebas de forma cronológica.
Bremen y Las Marcadas, y el Parque
Regional Alto del Nudo, además que estos SEGUNDO. PROYECTO UPME-02-2009
son Patrimonio de la Humanidad por estar SUBESTACIÓN ARMENIA 230 KV Y LINEAS DE
incluidos en la declaratoria del Paisaje Cultural TRANSMISIÓN ASOCIADAS de ALTA TENSIÓN
Cafetero (PCC). que recorre el Departamento del Quindío y de
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Risaralda (1), específicamente en el caso del
CUARTO: Se tiene conocimiento por los Departamento del Quindío, los Municipios de
medios de comunicación, que ya se había FILANDIA, CIRCASIA y ARMENIA(2), en una
llegado a un acuerdo con la Gobernación del longitud de 38,06 Km a lo largo del recorrido del
Quindío, en el que se estipuló la suspensión Proyecto, con un ancho de servidumbre en todo
del inicio de las obras, mientras se el recorrido de Treinta y Dos (32) metros(3). línea
concertaba un trazado que no perjudicara el de transmisión que está compuesta por la
medio ambiente; más sin embargo, se pudo CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y TRES (83)
verificar que la Empresa de Energía de Bogotá TORRES de las cuales CUARENTA (40) SE
incumplió el acuerdo, pues ya instaló muchas ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DEL
de las torres de energía. QUINDÍO y Cuarenta y Tres (43) en el
Departamento de Risaralda. En el trazado o ruta
QUINTO: El PROYECTO UPME-02-2009 del proyecto, se pretenden cruzar e instalar 16
SUBESTACIÓN ARMENIA 230 KV Y TORRES en el ÁREA PROTEGIDA PÚBLICA del
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS
de ALTA TENSIÓN que recorre el BARBAS - BREMEN; 32 TORRES en el PAISAJE
Departamento del Quindio y de Risaralda, CULTURAL CAFETERO como PATRIMONIO
específicamente en el caso del CULTURAL DE LA NACIÓN y como bien inscrito
Departam ento de Ris ar alda los en la lista de PATRIMONIO MUNDIAL DE LA
Munic i pios d e S anta Ros a de Caba l, UNESCO - declarado por la UNESCO; 21 en la
Dosquebradas y Pereira, en una longitud de RESERVA FORESTAL CENTRAL 8 en el
38,06 Km a lo largo del recorrido del Proyecto, DISTRITO DE CONSERVACION DE SUELOS
con un ancho de servidumbre en todo el LA MARCADA: áreas de predios «de fincas
recorrido de Treinta y Dos ( 3 2) m etr os l . cafeteras y no cafeteras y 1 (UNA) TORRE en la
Lí n ea de tr ans m i s i ón que es t á construcción de ampliación de la Subestación
c om pues t a por la CONSTRUCCIÓN DE Armenia 230 Kv, en la a proximidad del casco
OCHENTA Y TRES (83) TORRES de las cuales urbano de la ciudad de armenia, torre ubicada en
CUARENTA (40) SE ENCUENTRAN EN EL límite entre Armenia y circasia. DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO y Cuarenta y
Tres (43) en el Departamento de Risaralda. En (…)
el trazado o ruta del proyecto, se pretenden
cruzar e instalar 16 TORRES en el ÁREA DÉCIMO TERCERO. Ahora bien, los CRITERIOS
PROTEGIDA PUBLICA del DISTRITO DE BÁSICOS tenidos en cuenta para la ruta o
CONSERVACIÓN DE SUELOS BARBAS - selección del proyecto por la EMPRESA DE
BREMEN; 32 TORRES en el PAISAJE ENERGÍA DE BOGOTÁ, según el Estudio de
CULTURAL CAFETERO como PATRIMONIO Impacto Ambiental, fue la de lograr una línea
CULTURAL DE LA NACIÓN y como bien TÉCNICA y ECONÓMICAMENTEADECUADA,
inscrito en la lista de PATRIMONIO como lo afirma el Estudio de Impacto Ambiental,
MUNDIAL DE LA UNESCO declarado por la PERO _ANTIECONOMICA, para el goce de un
UNESCO; 21 en la RESERVA FORESTAL ambiente sano, la existencia del equilibrio
CENTRAL; 8 en el DISTRITO DE ecológico, la conservación de las especies
CONSERVACIÓN DE SUELOS LA MARCADA; animales y vegetales, la protección de ¡áreas de
áreas de predios de fincas cafeteras y no especial importancia ecológica, de los
cafeteras y 1 (UNA) TORRE en la ecosistemas, así como los demás intereses de la
construcción de ampliación de la Subestación comunidad relacionados con la preservación y
Armenia 230 Kv, en la proximidad del casco restauración «el medio ambiente, la Seguridad y
urbano de la ciudad de Armenia, torre Salubridad Pública, el derecho a la seguridad y
ubicada en límite entre armenia y circasia. prevención de desastres previsibles
técnicamente, la defensa del patrimonio cultural y
cafetero. Así, como efectivamente, se puede
SEXTO: Ahora bien, el Proyecto"UPME- inferir del TRAZADO EN LÍNEA RECTA O CASI
02-2009 SUBESTACIÓN ARMENIA 230 KV RECTA, que buscó la EMPRESA DE ENERGÍA
Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS DE BOGOTÁ.
Una línea económica, al
DE ALTA TENSIÓN", hace parte de los OPTIMIZAR en el trazado, la cercanía de accesos
proyectos del "SECTOR MINERO para la construcción, montaje y mantenimiento de
ENERGÉTICO" del MINISTERIO DE las redes a tal punto que no se requiere la
MINAS Y ENERGIA, quien delego según construcción de nuevos accesos, minimizaron la
Resolución No. 18 0925 de 2003 en LA cantidad y magnitud de ángulos, maximizaron la
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO longitud de los alineamientos como también
ENERGÉTICO la Convocatoria Pública maximizaron la facilidad de salida y llegada a los
UPME 02-2009 y cuyo objeto fue la puntos terminales PASANDO por zonas
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selección de un inversionista y un geológicamente inestables, zona de amenaza
interventor para el diseño, adquisición de sísmica alta, zonas restringidas por autoridades
los suministros, construcción, operación y ambientales y municipales, áreas protectoras
mantenimiento de la subestac ión armenia forestales y modificando el Paisaje Cultural, así
230 kv y las líneas de transmisión las cosas se transcribe los criterios de selección
asociadas de alta tensión, teniendo en de la ruta que manejo la Empresa:
cuenta que los mantenimientos,
restauraciones, modificaciones, (…)
ampliaciones y/o repotenciaciones no son
a 25 AÑOS sino de manera INDEFINIDA, CUADRAGÉSIMO TERCERO. De igual modo, en
tal como está consagrado en e l documento relación al tema de Sustracción del Área
denominado "ampliación del alcance del Protegida Publica del Distrito de Conservación
estudio del estudio de impacto ambiental. Barbas Bremen, según solicitud AUTO 3129 de la
ANLA, se tiene que la Corporación Autónoma
(…) Regional del Quindío - CRQ previa concertación
con la Corporación Autónoma Regional de
VIGESIMOSEXTO: El Vicecontralor General de Risaralda CARDER, da respuesta a la Empresa
la República, en aplicación de la Función de de Energía de Bogotá y a la ANLA, mediante
Advertencia, ofició al Ministerio de Cultura sobre oficio No 00005926 y anexo 00009956 de fecha
las afectaciones paisajísticas derivadas de la 11 de diciembre de 2013, se acordó por parte de
instalación de las torres de conducción eléctrica estas dos corporaciones la NO expedición de
sobre el Paisaje Cultural Cafetero reconocido por términos de referencia para la sustracción del
el Ministerio de Cultura mediante Resolución área Barbas-Bremen (33),(34),en los siguientes
2079 de 2011 como Patrimonio Cultural de la términos:
Nación y declarado como Patrimonio Mundial de
la UNESCO. (…)
VIGESIMOSÉPTIMO: En su condición de sitio CUADRAGÉSIMO QUINTO. Ahora bien, la CRQ,
inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial de la a través del oficio No 00005724 de Mayo 22 de
Unesco, el Estado debe dar aplicación a los 2014, nuevamente se pronuncia con respecto al
compromisos de preservación del sitio como un cruce del proyecto por el AREA PROTEGIDA
paisaje cultural cafetero y sustentable, es decir PUBLICA del DISTRITO DE CONSERVACION
un paisaje dinámico, entre ellos, notificar al DE SUELOS BARBAS-BREMEN entre otros
Comité del Patrimonio Mundial, a través de la aspectos relacionados con: a) antecedentes o
Secretaria del propósito de iniciar o autorizar en reseña histórica b)Análisis de los atributos. Cc)
la zona del P.C.C.62 obras de restauración Amenaza a la Estabilidad y Conectividad en la
considerables o nuevas edificaciones, que Zona de Servidumbre, en los siguientes términos:
pudieran modificar el Valor Excepcional del bien, (…)
sin que a la fecha se tenga conocimiento por
parte de autoridad alguna del cumplimiento de CUADRAGÉSIMO CUARTO. Así las cosas, no
este compromiso, el cual se transcribe: (…) conforme la CRQ, con la información adicional
presentada por la EMPRESA a la ANLA según
VIGESIMOCTAVO: Contraviniendo lo estipulado auto 3129 de 2013, se lleva a cabo una MESA
en la Licencia Ambiental Resolución No. 0582 del TÉCNICA(35).en la ciudad de Bogotá, en las
5 de junio de 2014, emanada de la AUTORIDAD instalaciones de la ANLA, el día 16 de Enero de
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- 2014,con participación de la UPME(36),
ANLA, la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ CRQ,ANLA, E.E.B. y alcalde del municipio de
• EEB, erigió torres de energía en ÁREAS DE Finlandia, donde mediante acta de reunión se
EXCLUSIÓN (…)”63 concluye:
Por Parte de la CRQ: incluir el riesgo, proyecto de
alto impacto ambiental, inexistencia de un
diagnóstico de alternativas ambientales, impacto
electromagnético, criterios para fragmentación de
ecosistemas bajo el espíritu de la integralidad,
modificar el trazado, considerar que el espíritu
62El detalle de los compromisos de Colombia ante la Unesco se encuentra en las “Directrices Practicas
para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial” que, entre otros indican lo siguiente en el
Parágrafo 172 (...).
63 Visible a folios 1 a 45 del Cuaderno del Tribunal
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Barbas-Bremen es aumentar el bosque alto
andino.
Por Parte de la ANLA: "Verificar en campo donde
están propuestas las 3 torres y mirar posibilidad
de relocalización".
CUADRAGÉSIMO SEXTO. La posición de la
CARDER )y la ECORREGION DEL EJE
CAFETERO coinciden con la posición de la CRQ,
en el sentido que la sustracción del área natural
protegida Barbas —Bremen, pone en riesgo la
estabilidad y conectividad del Sistema Regional
de áreas protegidas -—SIRAP, afectándose de
manera directa, la representatividad e
integralidad ecológica, irremplazabilidad,
representatividad de especies, significado cultural
y beneficios ambientales del área, contrariando
sus objetivos de conservación.
"Esta posición es concordante con la de la
Autoridad Ambiental con la cual se comparte
Distrito (CARDER),lo cual se evidencia en las
actas de las reuniones técnicas conjuntas del 5
de diciembre de 2010 y del 22 de noviembre de
2013.lIgualmente, es concordante con la posición
ce la ECORREGIÓN EJE CAFETERO, asumida
en Comité Técnico realizado el 10 de febrero de
2014, donde además, revisados los antecedentes
del proyecto y los riesgos para la
representatividad e integralidad ecológica,
iremplazabilidad, representatividad de especies,
significado cultural y beneficios ambientales del
área que son vislumbrados, se ha considerado
inconveniente el trámite y otorgamiento de
sustracción del área natural protegida Barbas -
Bremen, desde la visión y posición de los actores
regionales y nacionales que han tenido
competencias e intervenciones históricas en su
protección, conservación y preservación" | página
7 de 9 y 8 de 9).
A su vez, en la petición de medida cautelar en
contra de dicho proyecto se dijo:
(…)
CUADRAGÉSIMO NOVENO. De otra parte, la
SUSTRACCIÓN DEFINITIVA de la RESERVA
FORESTAL, corresponde a una EXTENSIÓN
TOTAL del 26 68BHECTÁREAS, solicitud que fue
presentada por la Empresa de Energía de Bogotá
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y la cual fue concedida mediante la Resolución
0557 del 07 de Junio de 2013 con el fin de
construir VEINTIÓN (21) TORRES, con su
correspondiente LINEA de transmisión de 230 Kv,
incluye el sitio donde se encuentra hoy la
Subestación Armenia, en los siguientes términos:
“El área solicitada en sustracción definitiva, por
parte de la Empresa de Energía de Bogotá S.A.S,
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Risaralda
DENTRO DE LA RESERVA FORESTAL
CENTRAL, CORRESPONDE A UNA
EXTENSIÓN TOTAL DE 26,68 HA y comprende
el área delimitada para la construcción cle la
subestación Armenia a 230 kv proyectada,
correspondiente a un área de 1784 m 2 y por el
área de servidumbre de la línea de transmisión,
equivalente a 32 m [¡óm a lado y laclo del eje de
la línea) por los 8,27 Km de longitud
comprendidos entre la subestación Armenia a
230 kV hasta 380 metros después de la torre 21
de la línea de transmisión, incluyendo su
conexión con la subestación”. [página 30,
resolución ) (negrilla, subrayado y cursiva fuera
de texto)
Finalmente, en el escrito de medidas cautelares
se indicó:
Con todo respeto, ruego al Señor(a) Juez, que
antes de resolver de fondo las pretensiones
incoadas a través de éste libelo, se sirva decretar
medida cautelar, conforme a lo establecido en el
artículo 25 de la Ley 472 de 1998 en el sentido de
ordenar la inmediata cesación o suspensión de
las actividades que puedan originar el daño, que
lo hayan causado o lo sigan ocasionando, por la
Construcción, Ejecución y Operación del
Proyecto UPME _02-2009 Subestación Armenia
230 Kv y líneas de Transmisión Asociadas”, a fin
de prevenir un daño inminente, amenaza, peligro,
vulneración sobre los derechos e intereses
colectivos en nuestra AREA PROTEGIDA
PÚBLICA del DISTRITO DE CONSERVACIÓN
DE SUELOS BARBAS -— BREMEN; PAISAJE
CULTURAL CAFETERO como PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACIÓN y como bien inscrito
en la lista de PATRIMONIO MUNDIAL DE LA
UNESCO - declarado por la UNESCO; RESERVA
FORESTAL CENTRAL. Líneas de Transmisión
asociada que está compuesta por la
CONSTRUCCION de OCHENTA y_ TRES (83)
TORRES de las cuales CUARENTA (40) se
encuentran en el DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍO y Cuarenta y Tres (43) en el
Departamento de Risaralda.
En relación al Área Protegida Publica del Distrito
de Conservación _de Suelos Barbas — Bremen,
el proyecto no solo afecta las áreas de
construcción de torres, sino también el área
vinculada al trazado lineal requerido para el
tendido de las redes de alta tensión a 230 kv,
corredor de 32 metros de servidumbre, que
restringe el establecimiento de coberturas
naturales, con las especies propias del bosque
subandino localizado en la zona, de manera
natural y espontanea o facilitadas por el proceso
de: restauración, situación que pone en riesgo la
estabilidad y conectividad del Sistema Regional
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de áreas protegidas-SIRAP[65),, afectándose de
manera directa, la representatividad e
integralidad ecológica, iremplazabilidad,
representatividad de especies, significado cultural
y beneficios «ambientales «del área, contrariando
sus objetivos de conservación. Adicionalmente
ser un área que representa el relicto «de bosque
subandino de mayor tamaño que alberga
especies endémicas amenazadas con número
limitado de individuos que pone en riesgo la
posibilidad de subsistencia (66): Otro factor, dada
la importancia estratégica del área natural
protegida, son las condiciones de sismicidad y
generación de movimiento en masa propias de la
zona que pueden afectar la infraestructura del
proyecto, con efectos colaterales sobre la
biodiversidad y los ecosistemas (67) allí
establecidos, por cuanto la rula”64
Mientras que, sobre el segundo punto, esto es, el relacionado con los
cuestionamientos respecto al PMA, se advierte que los siguientes reparos son
coincidentes en ambas demandas:
Proceso identificado con número de radicado Expediente número 2014 00022
2015-00038
“DECIMOSEGUNDO: Posteriormente se inicia el DÉCIMO QUINTO. Ahora bien, en este orden de
trámite para obtener la licencia ambiental por ideas, se inicia el trámite para obtener la licencia
parte de la Empresa de Energía de Bogotá, con ambiental por parte de la Empresa de Energía de
la solicitud de diagnóstico ambiental de Bogotá, con la SOLICITUD DE DIAGNÓSTICO
alternativas - D.A.A., con un único trazado, AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS — D.A.A.CON
desconociendo el artículo 17 del Decreto 2820 de UN ÚNICO TRAZADO, desconociendo el artículo
2010, cuyo diagnóstico ambiental de alternativas 17 del decreto 2820 de 2010, cuyo diagnóstico
tienen como objeto, evaluar y comparar las ambiental de alternativas tienen como objeto,
diferentes opciones de trazado para seleccionar evaluar y comparar las diferentes opciones de
la alternativa o alternativas que permitan trazado para seleccionar _la alternativa _o
optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar alternativas que permitan optimizar y racionalizar
minimizar los riesgos, efectos e impactos el uso de recursos y evitar o minimizar los
negativos que puedan generarse, sin que en este riesgos, efectos e impactos negativos que
caso se diera cumplimiento y el cual se puedan generarse, sin que en este caso se diera
desarrollara más adelante. cumplimiento y el cual se desarrollara más
adelante.
DECIMOTERCERO: Solicitud de Diagnóstico (…)
Ambiental de Alternativas que fue expuesto
entonces por la E.E.B. ante la Autoridad Nacional DÉCIMO SEXTO. Solicitud de Diagnóstico
de Licencias Ambientales -ANLA con un ÚNICO Ambiental de Alternativas que fue expuesto
TRAZADO con el argumento de una MÍNIMA entonces por la E.E.B. ante la Autoridad Nacional
AFECTACIÓN en el Distrito de Conservación de de Licencias Ambientales –ANLA con un ÚNICO
Suelos Barbas - Bremen, Paisaje Cultural TRAZADO con el argumento de una “MINIMA
64 Visible a folios 386 a 420 del Cuaderno del Tribunal.
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Cafetero, Reserva Forestal Central y durante el AFECTACIÓN” en el Distrito de Conservación de
recorrido a los largo de los 38 km de la línea de Suelos Barbas Bremen, Paisaje Cultural
transmisión de 230 kv. Solicitud que fue Cafetero, Reserva Forestal Central y durante el
concedida por la ANLA, sin que hasta la fecha se recorrido a los largo de los 38 km de la línea de
conozca cuáles fueron los criterios técnicos y transmisión de 230 kv. solicitud que fue
jurídicos que justifico la Autoridad Ambiental concedida por la ANLA, sin que hasta la fecha se
sobre la NO necesidad del diagnóstico ambiental conozca cuáles fueron los criterios técnicos y
de alternativas D.A.A., en los siguientes términos: jurídicos que justifico la Autoridad Ambiental
sobre la NO necesidad del diagnóstico ambiental
(…) de alternativas D.A.A., en los siguientes términos:
DECIMOQUINTO: La Máxima Autoridad (…)
Ambiental ANLA, concluyo entre otros aspectos
que no era necesaria la presentación del estudio DÉCIMO SÉPTIMO. La Máxima Autoridad
de Diagnostico de Alternativa Ambiental, por Ambiental ANLA(18), concluyo entre otros
cuanto el fin de la empresa, es evitar el cruce de aspectos que no era necesaria la presentación
la línea de transmisión por zonas de inestabilidad del estudio de Diagnostico de Alternativa
geológica y susceptibles de erosión, teniendo en Ambiental, por cuanto el fin de la empresa, es
cuenta a la localización de las fallas geológicas, evitar el cruce de la línea de transmisión por
sin embargo, se observa que en el área de zonas de inestabilidad geológica y susceptibles
influencia directa del proyecto cruzan dos de erosión, teniendo en cuenta a la localización
accidentes geológicos, al oriente se encuentra la de las fallas geológicas, sin embargo, se observa
falla romeral (almaguer) y al occidente se que en el área de influencia directa del proyecto
encuentra la falla romeral (armenia) las cuales en cruzan dos accidentes geológicos, al oriente se
algunos tramos se encuentran activas, encuentra la falla romeral (almaguer) y al
contrariando lo afirmado por la Empresa, así: occidente se encuentra la falla romeral (armenia)
las cuales en algunos tramos se encuentran
(…)65 activas, contrariando lo afirmado por la Empresa,
así:
(…)
A su vez, frente a los reproches por la modificación del EIA, en los anotados procesos
se indicó:
Proceso identificado con número de Expediente número 2014 00022
radicado 2015-00038
DECIMONOVENO: Se da inicio al trámite VIGÉSIMO PRIMERO. Se da inicio al trámite
administrativo de licencia ambiental mediante el administrativo de licencia ambiental mediante el
Auto No. 3631 del 22 de noviembre de 2012. Sin Auto No 3631 del 22 de noviembre de 2012. Sin
embargo, como un hecho irregular a este trámite, embargo, como un hecho irregular a este trámite,
los 15 días con que contaba la Autoridad los 15 días con que contaba la Autoridad
Ambiental ANLA para solicitar conceptos a otras Ambiental ANLA para solicitar conceptos a otras
entidades sobre el Estudio de Impacto Ambiental, entidades sobre el Estudio de Impacto Ambiental,
se vencieron el día 17 de diciembre de 2012, y se vencieron el día 17 de diciembre de 2012, y los
los 20 días hábiles para requerir información 20 días hábiles PARA REQUERIR
adicional al interesado, vencieron el día 17 de INFORMACIÓN ADICIONAL AL INTERESADO,
enero de 2013. Ambas fechas vencidas contadas vencieron el día 17 de enero de 2013. Ambas
a partir del 27 de noviembre de 2012, día hábil fechas VENCIDAS contadas a partir del 27 de
siguiente a aquel en que quedo ejecutoriado el noviembre de 2012, día hábil
auto de inicio de trámite de solicitud de licencia siguiente a aquel en que quedo ejecutoriado el
ambiental, según norma a aplicar para este auto de inicio de trámite de solicitud de licencia
procedimiento (art. 25, numeral 3 y parágrafo 2 ambiental, según norma a aplicar para este
del Decreto 2820 de 2010).
65 Visible a folios 1 a 45 del Cuaderno del Tribunal
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procedimiento(art. 25, numeral 3 y parágrafo 2 del
VIGÉSIMO: Así las cosas, sin ser requerido por decreto 2820 de 2010).
la ANLA, la Empresa de Energía de Bogotá
presenta las supuestas aclaraciones, VIGÉSIMO SEGUNDO. Así las cosas, sin ser
complementaciones o ajustes de los requerido por la ANLA, la Empresa de Energía de
componentes físico-bióticos y socio económicos Bogotá presenta las supuestas aclaraciones,
del estudio de impacto ambiental en un complementaciones o ajustes de los
documento que denomino “AMPLIACIÓN DEL componentes físico-biólicos y socio económicos
ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO del estudio de impacto ambiental en un
AMBIENTAL Proyecto UPME-02-2009 S/E documento que denomino "AMPLIACIÓN DEL
Armenia a 230 Kv y líneas de transmisión ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO
asociada, donde realmente en el texto de cada AMBIENTAL Proyecto UPME-02-2009 S/E
componente indica que está REEMPLAZANDO Armenia a 230 Kv y líneas de transmisión
POR COMPLETO O EN SU TOTALIDAD, los asociada, donde realmente en el texto de cada
componentes de flora, inventario forestal, fauna, componente indica que está REEMPLAZANDO
caracterización socioeconómica, zonificación POR COMPLETO O EN SU TOTALIDAD, los
ambiental como se muestra en el cuadro a componentes de flora, inventario forestal, fauna,
continuación: caracterización socioeconómica, zonificación
ambiental como se muestra en el cuadro a
(…) continuación:
VIGESIMOPRIMERO: No obstante, lo (…)
anteriormente expuesto, en el hecho vigésimo
segundo, la Máxima Autoridad Ambiental VIGÉSIMO TERCERO. No obstante, lo
desconoce que la Empresa de Energía de anteriormente expuesto, en el hecho vigésimo
Bogotá, reemplazo en su totalidad o casi segundo, la Máxima Autoridad Ambiental
totalidad, los componentes de flora; inventario desconoce que la Empresa de Energía de
forestal, fauna, caracterización socioeconómica, Bogotá, reemplazo en su totalidad o casi
zonificación ambiental, que conlleva a que los totalidad, los componentes de flora, inventario
datos, cifras y conceptos, no sean confiables y forestal, fauna, caracterización
precisos. Se transcribe apartes del oficio 4120- socioeconómica, zonificación ambiental, que
E2-39503 de fecha agosto 21 de 2014, donde la conlleva a que los datos, cifras y conceptos, no
ANLA, precisa que no fue un reemplazo sino una sean confiables y precisos. Se transcribe apartes
información complementaria o aclaratoria hecha del oficio 4120-E2-39503 de fecha agosto 21 de
por la EMPRESA, en los siguientes términos: 2014, donde la ANLA, precisa que no fue un
reemplazo sino una información complementaria
(…) o aclaratoria hecha por la EMPRESA, en los
siguientes términos:
VIGESIMOSEGUNDO: Ahora bien, la
consecuencia de reemplazar el componente de (…)
FAUNA del Estudio de Impacto Ambiental de
2012 al de abril de 2013, en relación a los SITIOS VIGÉSIMO CUARTO. Ahora bien, la
DE OBSERVACIÓN, es de tener sitios de consecuencia de reemplazar el componente de
observación con un área y cobertura más FAUNA del Estudio de Impacto Ambiental de
extensa en el E.I.A. DEL 2012 como eran el 2012 al de abril de 2013, en relación a los
ÁREA PROTEGIDA PUBLICA -DISTRITO DE SITMOS DE OBSERVACIÓN, es de tener sitios
CONSERVACIÓN DE SUELOS BARBAS - de observación con un área y cobertura más
BREMEN; SUBESTACIÓN ARMENIA- Vereda extensa en el EIA DEL 2012 como eran el ÁREA
Hojas Anchas; AFLUENCIA DE LA QDA, Cruces PROTEGIDA PUBLICA -DISTRITO DE
sobre el Río Portachuelo - Barbas Bremen - CONSERVACIÓN DE SUELOS BARBAS -
Filandia; Finca El Cortijo - Sr. Carlos Madrid - BREMEN;SUBESTACIÓN ARMENIA- Vereda
Armenia; Finca la Ponderosa - Sr. Orlando Ador. Hojas Anchas: AFLUENCIA DE LA QDA, Cruces
-Armenia, Finca Girasol - MARCADA PRN La sobre el Río Portachuelo — Barbas Bremen —
Marcada - Sr. Héctor - Circasia; PARQUE Finlandia; Finca El Cortijo — Sr. Carlos Madrid —
REGIONAL LA Vereda Alto del Oso-Pereira, A Armenia; Finca la Ponderosa - Sr. Orlando Ador.
pasar a tener UNOS SITIOS DE Armenia, Finca Girasol — Sr. Héctor — Circasia;
OBSERVACIÓN, con el estudio de ampliación PARQUE REGIONAL LA MARCADA PRN La
del años 2013 con una cobertura, área, e Marcada - Vereda Alio del Oso-Pereira , A pasar
importancia distinta a la inicialmente presentada, a tener UNOS SITIOS DE OBSERVACIÓN, con
cuya muestra es el “SITIO de la TORRE” con tan el estudio de ampliación del años 2013 con una
solo una muestra de CINCO (5) torres por cobertura, área, e importancia distinta a la
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Departamento de un total Ochenta y Tres (83) Inicialmente presentada, cuya muestra es el
Torres. "SITIO de la TORRE" con tan solo una muestra
de CINCO (5) torres por Departamento de un total
VIGESIMOTERCERO: A continuación se de Ochenta y Tres (83) Torres.
muestra el cuadro comparativo que indica que los
SITIOS DE OBSERVACIÓN DE FAUNA A continuación se muestra el cuadro comparativo
descritos o registrados en el Estudio de Impacto que indica que los SITIOS DE OBSERVACIÓN
Ambiental de 2012 se REEMPLAZAN en su DE FAUNA descritos o registrados en el Estudio
TOTALIDAD por SITIOS DE TORRES en el de Impacto Ambiental de 2012 se REEMPLAZAN
estudio mal llamado ampliación, porque como se en su TOTALIDAD por SITIOS DE TORRES en
puede observar, conducen a que los análisis de el estudio mal llamado ampliación, porque como
la información arrojen otros datos, cifras, se puede observar, conducen a que los análisis
porcentajes. Por lo tanto, se puede concluir que de la información arrojen otros datos, cifras,
NO HAY CERTEZA, que hay INCERTIDUMBRE, porcentajes. Por lo tanto, se puede concluir que
de los SITIOS DE OBSERVACIÓN O MUESTRA NO HAY CERTEZA, que hay INCERTIDUMBRE,
DE SITIO de FAUNA. de los SITOS DE OBSERVACIÓN O MUESTRA
DE SITIO de FAUNA.
VIGESIMOCUARTO: De igual modo, se omitió la
estimación de los índices de diversidad en AVES (…)
Y MAMÍFEROS, del estudio de impacto
ambiental presentado ante la ANLA en octubre VIGÉSIMO QUINTO. De igual modo, se omitió la
de 2012 por la Empresa de Energía de - Bogotá, estimación de los índices de diversidad(20)Jen
no obstante, el estudio de ampliación del estudio AVES Y MAMIFEROS, del estudio de impacto
de impacto ambiental de abril de 2013 en AVES ambiental presentado ante la ANLA en octubre de
Y MAMÍFEROS, concluye que NO es posible 2012 por la Empresa de Energía de Bogotá, no
realizar una estimación de los índices de obstante, el estudio de ampliación del estudio de
diversidad teniendo en cuenta que los datos impacto ambiental de abril de 2013 en AVES(21)
obtenidos en el presente estudio solo pueden ser Y MAMIFEROS(22), concluye que NO es posible
evaluables mediante un esfuerzo continuo que realizar una estimación de los índices de
derive en una representatividad superior al diversidad teniendo en cuenta que los datos
90%.”66 obtenidos en el presente estudio solo pueden ser
evaluables mediante un esfuerzo continuo que
derive en una representatividad superior al 90%.
A continuación se muestra el cuadro comparativo
del estudio de impacto ambiental de 2012 y el
estudio de impacto ambiental presentado en abril
de 2013 denominado por la Empresa de Energía
de Bogotá "ampliación del estudio de impacto
ambiental", en relación a la ESTIMACIÓN DE
LOS INDICES DE DIVERSIDAD. Significa lo
anterior que no hay certeza de la riqueza o el
numero existente en un sistema.
VIGÉSIMO SEXTO. Ahora bien, las fichas
ecológicas consideradas prioritarias para el
proyecto y de alta representatividad para el
Paisaje Cultural Cafetero, (23) en_el Estudio de
Impacto Ambiental 2012 son SIETE FICHAS
ECOLÓGICAS: 1) Pudumephistophiles (venado
conejo); 2)Alovattaseniculus (mono aullador rojo);
3)Leptosittacabranickii(perico
paramuno); 4)oso de anteojos; 5) Pava caucana;
6) pavón picaazul; 7)periquito orejiamarillo y con
Estados de Amenaza CR Y EN.
Sin embargo de SIETE FICHAS ECOLOGICAS y
DOS ESTADOS DE AMENAZA (En Peligro
66 Visible a folios 1 a 45 del Cuaderno del Tribunal
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Critico —-CR y En Peligro -EN) presentadas en el
estudio de impacto ambiental de Octubre de
2012, se pasa a DOS FICHA ECOLOGICAS y UN
ESTADO DE AMENAZA (En Peligro -EN) en el
estudio de ampliación de
estudio de impacto ambiental de abril de son:
Penélopeperspicax (Pava Caucana) y 2)]Mono
aullador desaparecido el 1)Pudumephistophiles
(venado conejo); 2)Leptosittucabranickii (perico
paramuno); 3) oso de anteojos; 4) pavón
picoazul; 5)periquito orejiamarillo.
(…)
VIGÉSIMO SÉPTIMO. Ahora bien,una vez
revisada por la Autoridad Nacional
de licencia Ambientales — ANLA, la
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y
CARTOGRÁFICA(26) entregada por la
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ
manifiesta que esta NO se encuentra conforme
en cuanto a la "Estructura y Contenido de
conformidad con las exigencias establecidas en
la resolución 1415 _ de 2012” del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible”, Resolución
aplicable para la E.E.B, en el momento de
presentar los estudio de impacto ambiental.
6.4.3.1. Así las cosas, resulta necesario indicar que, como quedó en evidencia en
los antecedentes, en providencia del 29 de abril de 2015, el Tribunal Administrativo de
Risaralda resolvió rechazar por agotamiento de jurisdicción parcialmente la demanda,
al encontrar que en el trámite identificado con número de radicado 63001 23 33 000
2014 00222 01, se ventilaba un escrito introductorio con similares hechos y
fundamentos de derecho a los que se debaten en el asunto de la referencia, pero dicha
decisión fue revocada por la Sala de esta Sección en providencia del 5 de mayo de
2016, al encontrar que en el presente asunto, se buscaba el amparo de los derechos
de colectivos de la población que habitaba el Departamento de Risaralda, mientras
que en el anotado proceso se pretendía la protección de las personas que residían en
el Quindío.
Sin embargo, debe advertirse que, para el momento de expedición de dicha decisión,
en el asunto de la referencia las entidades accionadas no habían tenido la oportunidad
de contestar la demanda, ni mucho menos se había agotado el periodo probatorio, de
modo que solo hasta cuando se aportaron los elementos de juicio anotados fue posible
vislumbrar que las dos controversias cuestionaban la ejecución del proyecto UPME
02-2009 Subestación Armenia a 230 KV y líneas de Transmisión Asociadas, al advertir
una posible afectación de los Distritos de Conservación de Suelos Barbas Bremen y
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La Marcada, así como el paisaje cultural cafetero reconocido como patrimonio de la
humanidad por la UNESCO, territorios que, valga señalar, son compartidos por los
anotados departamentos.
En efecto, nótese cómo, en la sentencia proferida el 14 de marzo de 2019, ésta Sala
de Decisión no se limitó a analizar la posible vulneración de los derechos allí invocados
exclusivamente el Departamento del Quindío, sino que lo hizo de manera general
respecto de todas las torres que fueron objeto del contrato que se controvierte en esta
sede, particularmente, las que se encontraban en los Distritos de Conservación de
Suelos Barbas Bremen y La Marcada; veamos:
“De la vulneración de los derechos colectivos
En la demanda, la parte actora señaló como derechos colectivos vulnerados los
siguientes: goce de un ambiente sano, existencia del equilibrio ecológico y el manejo
y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio
ambiente, defensa del patrimonio público, seguridad y salubridad públicas y derecho
a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
Sustentó lo anterior en que el proyecto en cuestión va a ser desarrollado en predios
que hacen parte de un área nacional protegida denominada Distrito de
Conservación de Suelos, incumpliendo la normativa ambiental referida a las
rondas hídricas, afectando el paisaje cultural cafetero y generando un impacto
negativo con la fragmentación del área protegida como consecuencia de la
instalación del cableado y por los efectos electromagnéticos que producen las
torres de interconexión eléctrica.
Vistas así las cosas, se abordarán cada uno de estos tópicos, pues fueron los que
ocuparon la atención de los recursos que se presentaron en relación con el fallo
de primera instancia.
5.4.1.1. De la protección ambiental de las rondas hídricas
Resulta imperioso delimitar el alcance del pronunciamiento que se efectúe sobre el
particular, teniendo en cuenta que de los recursos de apelación interpuestos por la
parte demandante, la CRQ y el Departamento del Quindío, se desprende que la
vulneración de los derechos colectivos previstos en los literales a) y c) del artículo
4º de la Ley 472 de 1998 se predica de las torres de energía identificadas con los
números 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 26, 29, 34, 35 y 38 a 52 del proyecto.
Respecto a éstas, principalmente se adujo que afectan las rondas hídricas, por lo
que la Sala se concentrará en analizar la situación de dichas torres de conformidad
con las pruebas allegadas al plenario.
Los recursos cuestionaron el cumplimiento de normas ambientales de las torres
ubicadas principalmente fuera de las áreas protegidas (Distritos de Conservación
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de Suelos Barbas-Bremen y La Marcada); esto, de conformidad con la parte
considerativa de la Resolución nro. 0103 del 3 de febrero de 2015, en donde se
lee que en el DCS La Marcada está prevista la construcción de 9 torres (torres 68
a 76) y en el DCS Barbas Bremen, la construcción de 16 torres (torres 35 y 38 a
52)67. Esta precisión es fundamental con el fin de advertir que no todo el análisis
se practicará sobre áreas protegidas.
Determinar si existe vulneración a los mencionados derechos colectivos implica
necesariamente tener certeza del alcance de las normas que regulan la protección
de rondas hídricas y Distritos de Conservación de Suelos:
El Decreto 2372 del 1º de julio de 2010, hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015,
respecto a los Distritos de Conservación de Suelos, dispuso que son considerados
áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y pueden ser definidos
como “Espacio geográfico cuyos ecosistemas estratégicos en la escala regional,
mantienen su función, aunque su estructura y composición hayan sido modificadas
y aportan esencialmente a la generación de bienes y servicios ambientales, cuyos
valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población
humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible, preservación,
conocimiento y disfrute”68.
En cuanto a sus usos, se advierte que dependerán del plan de manejo que para el
efecto expida la autoridad ambiental competente, los cuales deberán siempre
propender por la recuperación de suelos alterados o degradados y la prevención
de fenómenos que lleven a ese estado69.
Por su parte, en relación con la protección de rondas hídricas, el Decreto 2811 de
1974 y el Decreto 1076 de 2015, en su orden, señalan:
Decreto 2811 de 1974
“Artículo 83.- Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes
inalienables e imprescriptibles del Estado:
a) El álveo o cauce natural de las corrientes;
b) El lecho de los depósitos naturales de agua;
c) Las playas marítimas, fluviales y lacustres;
d) Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;
e) Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares;
f) Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas”. (Subrayas de la
Sala).
Decreto 1076 de 2015
67 Folio 15. Cuaderno de anexos.
68 Artículos 2.2.2.1.2.1 y 2.2.2.1.2.7 del Decreto 1076 de 2015.
69 Artículos 2.2.2.1.4.1 y 2.2.2.1.4.2 del Decreto 1076 de 2015.
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“ARTÍCULO 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En
relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de
predios están obligados a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales
protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de
100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas
máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua;
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45).
2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que
existan dentro del predio.
3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de
plagas forestales y con el control de quemas”. (Subrayas de la Sala).
Teniendo claro, entonces, cuál es el estado legal del área protegida y las previsiones
normativas en torno a las rondas hídricas, a continuación se realizará el análisis
probatorio en relación con la situación de las torres de energía aducidas en los
recursos de apelación.
Los siguientes son los medios de prueba que obran en el plenario en relación con
este preciso punto:
Copia del oficio No. MC-000953-EE-2013 del 2 de abril de 2013, por medio del
cual el Ministerio de Cultura señala que el proyecto Armenia 230 Kv y Líneas de
transmisión asociada fue evaluado por dicho ente dando lugar a la expedición de la
Resolución No. 2639 del 22 de octubre de 2012, en la que se autorizó el mismo al
estimar que no genera impactos negativos ni afecta los atributos por los que se
manifiesta el Valor Universal Excepcional del Paisaje Cultural Cafetero70.
Oficio No. 00004794 del 16 de junio de 2015, por el cual la CRQ allega al
expediente el informe denominado “Incumplimiento normativo y posible afectación
de rondas hídricas por proyecto UPME 02-2009 Subestación Armenia y redes
asociadas a 230 Kw” y “Concepto técnico componente flora y fauna Distrito de
Conservación de Suelos Barbas-Bremen”71.
Copia del Concepto Técnico No. 1203 del 10 de junio de 2015, proferido por la
CARDER, por medio del cual se realizó visita al proyecto y se indicó la distancia
de algunas torres frente a los cuerpos de agua y nacimientos72.
CD contentivo de copia del Expediente LAV0005-12 correspondiente al trámite
de licenciamiento ambiental del proyecto Subestación Armenia 230 Kv y Líneas de
70 Folio 76 del Cuaderno de Pruebas.
71 Folios 23 a 63 del Cuaderno de Pruebas.
72 Folios 18 a 22 del Cuaderno de Pruebas.
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transmisión asociadas, que contiene la Resolución No. 582 del 5 de junio de 2014,
por medio de la cual se otorgó la Licencia Ambiental73.
Copia de la Resolución No. 103 de 2015, por la cual se levantó la medida
preventiva impuesta por la CRQ a prevención y se impuso una nueva consistente
en la suspensión de las obras de construcción al interior de los Distritos de
Conservación de Suelos Barbas-Bremen y La Marcada74.
Copia de la Resolución No. 822 de 2016, por la cual se levanta la medida
preventiva impuesta por la Resolución No. 103 de 2015 al haberse cumplido las
condiciones para ello75.
Testimonio del Gerente General de la Empresa de Energía del Quindío, cuyo
objeto era declarar sobre el real impacto y conveniencia del proyecto UPME 02-
2009 Subestación Armenia 230 Kv y líneas de transmisión asociadas76.
Frente a la torre 4 del proyecto, la cual fue objeto de la medida cautelar contenida
en el auto del 18 de septiembre de 2015, se destaca que el apoderado judicial de
la EEB allegó al expediente copia del oficio fechado el 15 de abril de 2016 y
remitido por la CARDER, en el que dicha autoridad ambiental indicó que “los
resultados del estudio sustentan que los afloramientos de agua reportados en
cercanías de la torre 4, no corresponden a nacimientos de agua”77.
Así mismo, a folios 2016 y 2020 del expediente, obran dos documentos expedidos
por la ANLA que dan cuenta de que alrededor de dicha torre no existen nacimientos
de agua; veamos:
En primer lugar, el apoderado judicial de la EEB allegó copia de la respuesta dada
por el Subdirector de Evaluación y Seguimiento de la ANLA a una petición elevada
por la empresa, en la que la autoridad de licencias afirmó que, de conformidad con
el documento denominado “Estudio Hidrogeológico para determinar la posible
afectación de acuíferos por la construcción de la torre 4 proyecto UPME-02-2009”
y con el Concepto Técnico 3887 del 4 de agosto de 2016 elaborado por la ANLA,
se concluye que “la empresa con los resultados presentados en el modelo
hidrogeológico y los análisis fisicoquímicos de los afloramientos cercanos a la torre
4, sustentan que los mismos no corresponden a nacimientos de agua y de igual
manera no está incumpliendo con lo establecido en el literal c) del numeral 1 del
Artículo Tercero de la Resolución 0582 del 05 de junio de 2014 de la ANLA, que
establece como áreas de exclusión del proyecto los “Manantiales y nacimiento de
fuentes de agua, con un radio de protección de 100 metros a la redonda”78.
Por otro lado, la ANLA, por medio de memorial presentado el día 22 de marzo de
2017 en la Secretaría General de esta Corporación, remitió el Concepto Técnico
3887 del 4 de agosto de 2016 en cual afirmó79:
“Una vez realizada visita y evaluada la información presentada por la
Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. del proyecto “UPME-02 de 2009
Subestación Armenia a 230 kv y Líneas de Transmisión Asociadas”,
73 Folio 190 vto. del Cuaderno de Pruebas.
74 Anexo del memorial suscrito por el apoderado de la EEB.
75 Folios 1918 a 1963. Esta prueba fue allegada de manera sobreviniente al proceso por la EEB.
76 Folios 11 a 13 del Cuaderno de Pruebas.
77 Folio 1915.
78 Folio 2017.
79 Folio 2039.
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relacionada con las torres 4, 21, 24, 30, 34 y 38, 44, 56, 67 se determina que
a través de la revisión y evaluación de la información hidrogeológica
relacionada con las torres:
La empresa demostró que los afloramientos de agua cercanos a dichas
estructuras cercanos a dichas estructuras (sic) corresponden a escorrentías
superficiales y flujos subsuperficiales correspondientes a brotes de agua de
infiltración en la capa superficial de suelos arcillosos y areno-arcillosos
producto de la meteorización de las cenizas volcánicas de la formación
Pereira y en los suelos residuales producto de la meteorización de la roca
ígnea, que se presentan en la capa superficial de no más de 10 m, cuyos
flujos por cierto insignificantes para la recarga del acuífero, no tienen
conexión efectiva con las capas almacenadoras.
Los brotes de agua identificados se infiltran por escorrentía y por condición
topográfica resumen o brotan en puntos de quiebre de pendiente, donde por
lo general se presentan drenajes intermitentes o permanentes. Sin embargo,
estos brotes se encuentran lo suficientemente alejados del sitio de
construcción de las torres, por lo cual tampoco existe intervención de los
mismos y de la vegetación presente, dado que dichas manifestaciones de
agua no corresponden a puntos que se generen por influencia de los niveles
piezométricos del acuífero o por fluctuaciones del nivel freático del mismo,
en realidad corresponde a parte de la escorrentía que se filtra en superficie
saturando los suelos arcillosos y no son nacimientos.
De acuerdo a lo anterior, los nuevos sitios propuestos para las torres 30,
34 y 38 no generarán impactos ambientales adicionales a los identificados
en la licencia ambiental y por lo tanto corresponde a una modificación menor
o de ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada.
Así mismo a través de los modelos hidrogeológicos se demuestra que los
sitios propuestos para la ubicación de las torres 30, 34 y 38 no incumplen lo
establecido en el literal c) del numeral 1 del Artículo Tercero de la Resolución
0582 del 05 de junio de 2014 de la ANLA, establece como áreas de exclusión
del proyecto los “Manantiales y nacimiento de fuentes de agua, con un radio
de protección de 100 metros a la redonda”. (Subrayas de la Sala).
Así mismo, es pertinente resaltar que la CARDER, en su calidad de autoridad
ambiental en la jurisdicción del proyecto energético, mediante oficio 4323 del 15
de abril de 2016, remitido a la EEB y allegado al expediente por el apoderado de
la empresa, analizó el estudio hidrogeológico y, aunque planteó dos observaciones
con el fin de dar mayor grado de certeza a la conclusión del estudio, afirmó que
“Se reitera entonces que los resultados del estudio, sustentan que los
afloramientos de agua reportados en cercanías de la torre 4, no corresponden a
nacimientos de aguas, y donde aportes y aclaraciones en el sentido de las
observaciones realizadas incrementarían la certidumbre de los resultados
obtenidos, lo cual se deja a consideración de la Empresa de Energía de Bogotá”80.
En conclusión, para la Sala existe suficiente material probatorio para afirmar que
respecto al lugar de construcción de la torre 4 no se está afectando la ronda hídrica,
toda vez que no existen nacimientos de agua o manantiales en dicho perímetro.
En el mismo sentido, y de conformidad con el concepto técnico elaborado por la
ANLA al que se acaba de hacer referencia, tampoco hay evidencia de la existencia
80 Folio 1969.
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de manantiales o nacimientos de agua dentro del área de (cien) 100 metros a la
redonda de las torres 21, 34, 38 y 44 del proyecto.
En referencia a la torre 14, resulta pertinente acudir al Concepto Técnico nro.
001203 del 10 de junio de 2015 elaborado por la CARDER, el cual versó sobre la
medición de la distancia entre los nacimientos y corrientes de agua y algunas
torres, entre ellas la mencionada81. Al respecto, la autoridad ambiental afirmó que
dicha torre aún no se encontraba instalada; sin embargo, elaboró un estudio del
sitio en el que posiblemente se ubicaría.
De esa manera, manifestó que la torre 14 se construiría a una distancia de 90
metros de una corriente de agua, y que existe un drenaje intermitente (para recibir
aguas lluvias) a una distancia de cuarenta 7 cinco (45) metros. Adicionalmente,
indicó que el uso del suelo del sitio para la implantación de la torre está dado por
pastos82.
Así las cosas, del concepto técnico referido y del documento denominado
“Complemento, ajuste Concepto Técnico 1203 del 10 de Junio de 2015”83,
evidencia la Sala que, respecto a la torre 14, no se afectó el área mínima de
protección de las rondas hídricas de nacimientos de agua.
Por otro lado, al revisar los documentos denominados “INCUMPLIMIENTO
NORMATIVO Y POSIBLE AFECTACIÓN DE RONDAS HÍDRICAS POR
PROYECTO UPME 02-2009 SUBESTACIÓN ARMENIA Y REDES ASOCIADAS
A 230 KW” y el “DOCUMENTO SISTESIS INCUMPLIMIENTO NORMATIVO Y
POSIBLE AFECTACIÓN DE RONDAS HÍDRICAS POR PROYECTO UPME 02-
2009 SUBESTACIÓN ARMENIA Y REDES ASOCIADAS A 230 KW”, allegados
por la CRQ, advierte la Sala que en dichos conceptos técnicos se afirmó que, de
conformidad con la “georreferenciación realizada en campo y con las coordenadas
del Estudio de Impacto Ambiental”, las torres 3, 4, 6, 20, 21 y 29 se encuentran
dentro de los cien (100) metros del área de ronda hídrica de manantiales o
nacimientos de agua. Así mismo, manifestó que las torres 11, 12, 13, 14, 15, 20,
23 y 26 se ubican dentro de la zona de ronda hídrica de 30 metros de corrientes
de agua permanentes o no84.
Lo anterior se corrobora con en el Acta de visita técnica realizada los días 13 y 14
de mayo de 2015 y con el informe técnico que las acompaña, en el que se concluye
que la torre 3 se encuentra dentro de la ronda de protección de los cien (100)
metros, mientras que las torres 6, 20 y 29, al haber sido reubicadas por la
empresa, se encuentran por fuera del margen de protección de las rondas
hídricas85.
Así mismo, en cuanto a la afectación de la ronda hídrica paralela a las corrientes
de agua, se indicó que la torre 11 no tiene ningún “río, cauce o arroyo” frente al
cual medir el área de la ronda hídrica. Igual consideración se hizo frente a la torre
12 reubicada. Por su parte, en cuanto a la torre 13 se afirmó que se ubica a
veintisiete punto diecisiete (27,17) metros de un cauce seco o drenaje
intermitente86.
81 Folio 19V°. Cuaderno de pruebas.
82 Folio 20. Cuaderno de pruebas.
83 Folios 1473 a 1493.
84 Folio 39. Cuaderno de pruebas.
85 Folio 46V°.
86 Folio 47V°.
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Por otro lado, en atención a que la sentencia apelada determinó respecto a las
torres 35 y 38 a 52, esto es, las que se encuentran ubicadas al interior del Distrito
de Conservación de Suelos Barbas-Bremen, que se mantenían las disposiciones
efectuadas por la ANLA en la Resolución nro. 103 del 3 de febrero de 2015, y dado
que esta última, fue revocada mediante la Resolución nro. 0822 del 14 de agosto
de 201687, expedida por dicha autoridad, corresponde la Sala estudiar la situación
en que se encuentran las mencionadas torres.
Al respecto, se advierte que la Resolución No. 103 de 2015 impuso una medida
preventiva de suspensión de obras de construcción de las torres ubicadas en los
Distritos de Conservación de Suelos Barbas-Bremen y La Marcada y estableció
tres (3) condiciones para el levantamiento de dicha medida, cuyo cumplimiento fue
analizado en la Resolución No. 882 de 2016, de la cual se pasará a transcribir los
apartes relevantes:
“CONDICIÓN No. 1
“Informar sobre el estado actual de la construcción en los Distritos de
Conservación de Suelos Barbas – Bremen y La Marcada, indicando número
de torre y estado de avance”.
(…)
ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN No. 1.
(…)
De la información remitida por la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.
-EEB S.A. E.S.P., este Despacho observa que dentro de los Distritos de
Conservación de Suelos Barbas – Bremen y La Marcada, se encuentran
localizadas veinticuatro (24) torres que hacen parte del proyecto “UPME 02-
2009 Subestación Armenia a 230 kV y Líneas de Transmisión Asociadas”,
esto es, las Torres Nos. 35, 39, 40 (DCS Barbas Bremen – CRQ); 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 (DCS Barbas Bremen – CARDER); 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76 (DCS La Marcada – CARDER), de los cuales se
evidencia que las torres Nos. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 (DCS Barbas-
Bremen – CARDER) muestran en su etapa de construcción y montaje un
avance que va hasta el “tendido cable guarda” y las torres Nos. 41, 51, 52,
53, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76 (DCS Barbas- Bremen – CRQ y La Marcada -
CARDER), en su fase de construcción y montaje llegan hasta la etapa de
“torque, verticalidad, revisión”.
En relación con las torres Nos. 35, 39, 40 (DCS Barbas Bremen – CRQ) y 69
(DCS La Marcada – CARDER), se advierte que éstas no han iniciado su
etapa constructiva.
Por lo expuesto, acorde con las conclusiones del Concepto Técnico No. 3832
del 1° de agosto de 2016, que dio alcance al Concepto Técnico No. 517 de
2016, para esta Autoridad Ambiental es claro que la Empresa de Energía de
Bogotá S.A. E.S.P. -EEB S.A. E.S.P., ha dado íntegro cumplimiento a la
condición establecida en el numeral 1° del Parágrafo Primero del Artículo
Tercero de la Resolución No. 0103 del 03 de febrero de 2015, por cuanto de
la información remitida se puede observar con claridad el estado actual de la
87 “Por la cual se levanta una medida preventiva y se adoptan otras determinaciones”.
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construcción de las torres de transmisión localizadas al interior de los
Distritos de Conservación de Suelos Barbas – Bremen y La Marcada.
CONDICIÓN No. 2
“Informar sobre las medidas de manejo que la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda -CARDER y la Corporación Autónoma Regional del
Quindío -CRQ, definan que deben implementarse en los Distritos de
Conservación de Suelos Barbas-Bremen y La Marcada.
(…)
ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN No. 2
(…)
Dentro de los documentos que obran en el expediente LAV0005-12,
contentivo de la Licencia Ambiental (Resolución No.0582 del 05 de junio de
2014), otorgada a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. -EEB S.A.
E.S.P., para el desarrollo del proyecto “UPME 02-2009 Subestación Armenia
a 230 kV y Líneas de Transmisión Asociadas”, ubicado en jurisdicción de los
Municipios de Circasia y Filandia en el Departamento del Quindío y en los
Municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal en el
departamento de Risaralda, se evidencia que la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda -CARDER, mediante Oficio No. 16482-2015 del 27 de
octubre de 2015, radicado en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
-ANLA con el consecutivo No. 2015063816-1-000 del 30 de noviembre de
2015, remitió el Concepto Técnico CARDER No. 2395 del 5 de octubre de
2015, en donde se establecen las medidas de manejo ambiental adicionales
que deben ser implementadas por parte de la Empresa de Energía de Bogotá
S.A. E.S.P. -EEB S.A. E.S.P., en los Distritos de Conservación de Suelos
Barbas – Bremen y La Marcada en el marco del desarrollo del proyecto
“UPME 02-2009 Subestación Armenia a 230 kV y Líneas de Transmisión
Asociadas”.
En efecto, en el Concepto Técnico CARDER No. 2395 del 5 de octubre de
2015 (Radicado ANLA No. 2015063816-1-000 de 30/11/2015) y en armonía
con lo indicado por la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. -EEB S.A.
E.S.P. (Radicado No. 2016033383-1-000 del 27 de julio de 2016), se puede
apreciar que como medidas de manejo ambiental adicionales a las
establecidas en la Licencia Ambiental (Resolución No. 0582 del 05 de junio
de 2014), al momento de construir y montar las torres localizadas al interior
de los DCS Barbas-Bremen y La Marcada en jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda -CARDER, la Empresa de Energía de
Bogotá S.A. E.S.P. -EEB S.A. E.S.P., deberá implementar las siguientes:
Informar por escrito a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -
CARDER, la fecha de inicio de las actividades al interior de los Distritos de
Conservación de Suelos Barbas – Bremen y La Marcada.
Ejecutar el tendido de conductores, mediante la implementación de
metodologías que minimicen los impactos ambientales y sociales, tales como
la afectación total o parcial de la vegetación y la generación de emisiones y
ruido, para lo cual además de considerar la ejecución de la actividad con
operaciones helicoportadas, deberá evaluar la utilización de DRONES.
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Disminuir el número de individuos arbóreos a aprovechar dentro de las
áreas de los Distritos de Conservación de Suelos Barbas-Bremen y La
Marcada.
En el proceso de selección de las áreas donde se ejecutará e
implementará la reubicación de especies epífitas y la compensación por el
aprovechamiento forestal del proyecto, se deberán considerar y priorizar
áreas que estén al interior de los Distritos de Conservación de Suelos
Barbas-Bremen y La Marcada.
Las actividades que se ejecuten en desarrollo de la reubicación de
especies epífitas y la compensación por el aprovechamiento forestal del
proyecto, deben realizarse con la participación de la comunidad del área
donde se desarrollen dichas actividades.
Se deberá presentar con una periodicidad semanal, informe escrito en
donde se reporten las actividades y acciones implementadas durante el
periodo de tiempo que dure el proceso de construcción del Proyecto en
mención en los Distritos de Conservación de Suelos Barbas-Bremen y La
Marcada.
Así las cosas, este Despacho concluye que la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda -CARDER, acorde con la información que reposa en
los expedientes LAV0005-12 y SAN0049-00-2014, a través de Radicado
ANLA No. 2015063816-1-000 de 30/11/2015, remitió copia del Concepto
Técnico CARDER No. 2395 del 05 de octubre de 2015, con el cual se
advierte el cumplimiento de la condición establecida numeral 2° del
Parágrafo Primero del Artículo Tercero de la Resolución No. 0103 del 03 de
febrero de 2015, respecto de las medidas que deben ser implementadas por
la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. -EEB S.A. E.S.P., en los DCS
Barbas-Bremen y La Marcada de jurisdicción de la Corporación en mención.
Ahora bien, en relación con las medidas de manejo ambiental adicionales a
las establecidas en la Resolución No. 0582 del 05 de junio de 2014 (Licencia
Ambiental), que debían ser definidas por la Corporación Autónoma Regional
del Quindío -CRQ, para el desarrollo del proyecto “UPME 02-2009
Subestación Armenia a 230 kV y Líneas de Transmisión Asociadas”, en el
Distrito de Conservación de Suelos Barbas-Bremen, este Despacho observa
que la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. -EEB S.A. E.S.P.,
mediante escrito radicado con el consecutivo ANLA No. 2015039224-1-000
del 24 de julio de 2015, remitió el documento titulado “Resultado de las
mesas de trabajo entre la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. y la
Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ, auspiciadas por la
Procuraduría General de la Nación con el objeto de lograr concesos (Sic) en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 582 del 5 de junio de 2014”,
en donde se discriminan cada una de las medidas a implementar en el
desarrollo del proyecto en mención.
Así las cosas, de la concertación a la cual llegaron la Corporación Autónoma
Regional del Quindío -CRQ y la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.
-EEB S.A. E.S.P. el 04 de junio de 2015, acorde con lo señalado en el
Radicado ANLA No. 2016004410-1-000 del 01 de febrero de 2016, se
advierte que en relación con las medidas de manejo ambiental adicionales a
las establecidas en la Licencia Ambiental para el desarrollo del proyecto en
mención, en jurisdicción de la CRQ (DCS Barbas – Bremen), la empresa
aludida deberá:
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Considerar para la implementación de las medidas de manejo, no solo
el área a intervenir en el área natural protegida, sino el área con la función
amortiguadora de área protegida del Distrito de Conservación de Suelos
Barbas-Bremen, en concordancia con el Decreto 2372 de 2010.
Elevar la altura de las torres que quedan dentro del Distrito de
Conservación de Suelos Barbas – Bremen y en la zona con función
amortiguadora del área protegida.
Evitar la intervención de los ecosistemas insuficientes representados
para el Departamento del Quindío y de las zonas con alta importancia
estratégica ambiental.
Mantener o restaurar áreas intervenidas por la implementación del
proyecto, teniendo en consideración la estructura y composición de los
ecosistemas similares en la zona.
Favorecer la conectividad a través de la restauración de las áreas
forestales protectoras asociadas a las fuentes hídricas.
Desarrollar la instalación de los cables mediante metodologías que no
contemplen el corte total o parcial de vegetación y que no generen daños
colaterales a otros recursos como el agua, el suelo y la fauna.
Tomar las previsiones necesarias para evitar accidentes en las
operaciones helicoportadas.
El retiro del mayor número de torres del Distrito de Conservación de
Suelos Barbas-Bremen de tal forma que se ocasione el menor número de
intervenciones.
Implementar desviaciones de vuelo y otras medidas que prevengan o
eviten la colisión y contacto nocivo o letal de aves con la infraestructura.
Implementar medidas para prevenir la afectación de especies de fauna
con la infraestructura.
Con el análisis de información disponible, establecer medidas que
disminuyan o se eviten los efectos del electromagnetismo a la fauna de la
zona.
Diseñar e implementar planes de contingencias para atender posibles
incendios o daños diversos, derivados de atentados a la infraestructura, de
vandalismo con la misma o de incendios generados en la zona asociados a
la actividad, con el fin de evitar afectaciones al área protegida.
Localizar las torres y demás infraestructura, permanente o temporal,
respetando las franjas forestales protectoras y zonas de retiro, es decir, de
cien (100) metros de radio desde la zona de nacimiento y treinta (30) metros
a cada lado de las corrientes hídricas identificadas en la zona.
Por lo anterior, esta Autoridad Ambiental concluye que la Empresa de
Energía de Bogotá S.A. E.S.P. -EEB S.A. E.S.P., cumplió la condición
establecida en el numeral 2° del Parágrafo Primero del Artículo Tercero de
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la Resolución No. 0103 del 03 de febrero de 2015, por cuanto informó sobre
las medidas de manejo ambiental definidas técnicamente por la Corporación
Autónoma Regional del Quindío -CRQ, adicionales a las establecidas en la
Licencia Ambiental (Resolución No. 0582 del 05 de junio de 2014)-, que
deben ser implementadas en el DCS Barbas – Bremen, al momento de
construir y montar las torres que hacen parte del proyecto “UPME 02-2009
Subestación Armenia a 230 kV y Líneas de Transmisión Asociadas”, ubicado
en jurisdicción de los Municipios de Circasia y Filandia en el Departamento
del Quindío y en los Municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de
Cabal en el Departamento de Risaralda.
CONDICIÓN No. 3
“Implementar las medidas de manejo que establezcan la CARDER y la CRQ
para los Distritos de Conservación de Suelos Barbas – Bremen y La
Marcada”.
(…)
ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN No. 3
(…)
Implementación de las medidas de manejo definidas por la Corporación
Autónoma Regional del Quindío – CRQ
Acorde con lo señalado en el Radicado ANLA No. 2016004410-1-000 del 01
de febrero de 2016, la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ
concertó con la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. -EEB S.A. E.S.P.
trece (13) medidas de manejo ambiental adicionales a las establecidas en la
Licencia Ambiental (Resolución No. 0582 del 05 de junio de 2014), las cuales
-por así haberlo dispuesto dicha Autoridad Ambiental-, deben ser
implementadas al momento de realizar la construcción y el montaje de las
torres que hacen parte del proyecto “UPME 02-2009 Subestación Armenia a
230 kV y Líneas de Transmisión Asociadas” y se encuentran localizadas al
interior del Distrito de Conservación de Suelos Barbas-Bremen ubicado en
jurisdicción de la CRQ.
Así las cosas, una vez realizada la valoración técnica de cada una de las
medidas de manejo concertadas, el Grupo de Energía, Presas, Represas,
Trasvases y Embalses de esta Autoridad Ambiental a través del Concepto
Técnico No. 3832 del 1° de agosto de 2016, que dio alcance al Concepto
Técnico No. 517 de 2016, determinó que a excepción de la medida o acción
No. 8, consistente en “El retiro del mayor número de torres del Distrito de
Conservación de Suelos Barbas-Bremen de tal forma que se ocasione el
menor número de intervenciones”, las restantes doce (12) medidas sólo
podrán ser implementadas “durante el proceso constructivo del proyecto y
no antes de la instalación de las torres ni del tendido de la línea (sic)
transmisión”.
Sin embargo, en relación la (Sic) implementación de la medida de manejo
ambiental No. 8 establecida y concertada por la Corporación Autónoma
Regional del Quindío -CRQ, esto es, “El retiro del mayor número de torres
del Distrito de Conservación de Suelos Barbas-Bremen de tal forma que se
ocasione el menor número de intervenciones”, este Despacho de
conformidad con los antecedentes que integran el presente asunto y de
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acuerdo con las consideraciones establecidas en el Concepto Técnico No.
3832 del 1° de agosto de 2016, el cual dio alcance al Concepto Técnico No.
517 de 2016, observa que si bien a la fecha la Empresa de Energía de Bogotá
S.A. E.S.P. -EEB S.A. E.S.P. no ha elevado solicitud de consulta de cambio
menor o de ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada
(proyecto “UPME 02-2009 Subestación Armenia a 230 kV y Líneas de
Transmisión Asociadas”) o de modificación de la Licencia Ambiental
(Resolución No. 0582 del 05 de junio de 2014), de acuerdo con el
pronunciamiento realizado por la ANLA en el Oficio No. 2015052878-2-002
del 17 de febrero de 2016, respecto del conjunto de Torres Nos. 34 a 40,
localizadas en jurisdicción de la CRQ, se advierte que conforme al Concepto
Técnico No. 3832 del 1° de agosto de 2016, en los actuales momentos se
“encuentra implementando medidas para retirar las torres 35 y 39 del Distrito
de Conservación de Suelos Barbas-Bremen en la jurisdicción de la CRQ, las
cuales, según el nuevo trazado propuesto, serían eliminadas”.
(…)
Así las cosas, para este Despacho es claro que con el retiro o eliminación de
las Torres Nos. 35 y 39, la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. -EEB
S.A. E.S.P. daría pleno cumplimiento a la implementación de la medida de
manejo ambiental No. 8 concertada con la Corporación Autónoma Regional
del Quindío -CRQ, por cuanto del trazado aprobado en la Resolución No.
0582 del 05 de junio de 2014, se estaría retirando el “mayor número de torres
del Distrito de Conservación de Suelos Barbas-Bremen”, ya que como se
señaló, dentro de dicho Distrito de Conservación sólo quedaría ubicada la
Torre No. 40.
Por lo expuesto, este Despacho tomando en consideración que la Empresa
de Energía de Bogotá S.A. E.S.P -EEB S.A. E.S.P., a la fecha ha planteado
acciones para retirar las torres 35 y 39 del Distrito de Conservación de
Suelos Barbas-Bremen en jurisdicción de la CRQ para dar íntegro
cumplimiento a las medidas de manejo ambiental adicionales concertadas
con la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ, considera
procedente levantar la medida preventiva de suspensión de actividades
impuesta a través del Artículo Tercero de la Resolución No. 0103 del 03 de
febrero de 2015, por cuanto en relación con la condición fijada en el Numeral
3° ibídem, se advierte que la implementación de las medidas establecidas
por la CRQ para el DCS Barbas-Bremen está asociada directamente a la
fase de construcción de la Torre 40, cuya ubicación genera menor
intervención y ha sido concertada con esa Corporación al interior de dicha
área protegida; por lo que se hace necesario advertir a la empresa que dicho
levantamiento no la exime de promover y agotar la consulta de cambio menor
o ajuste normal dentro del giro ordinario o modificación de la Licencia
Ambiental otorgada por Resolución No. 0582 del 05 de junio de 2014, para
el conjunto de Torres Nos. 34 a 40, de conformidad con el pronunciamiento
contenido en el Oficio ANLA No. 2015052878-2-002 del 17 de febrero de
2016.
(…)
Implementación de las medidas de manejo definidas por la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda -CARDER
Ahora bien, en relación con las medidas de manejo ambiental adicionales
que deben ser implementadas por parte de la Empresa de Energía de Bogotá
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S.A. E.S.P. -EEB S.A. E.S.P. en los Distritos de Conservación de Suelos
Barbas-Bremen y La Marcada de jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda -CARDER, en el marco del desarrollo del proyecto
“UPME 02-2009 Subestación Armenia a 230 kV y Líneas de Transmisión
Asociadas”, este Despacho observa que mediante Oficio No. 16482-2015 del
27 de octubre de 2015, radicado en la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA con el consecutivo No. 2015063816-1-000 del 30 de
noviembre de 2015, dicha Corporación remitió el Concepto Técnico No. 2395
del 05 de octubre de 2015, en el cual se establecieron seis (6) medidas a
implementar en dichas área (sic) de protección especial.
Sin embargo, una vez realizada la respectiva valoración y evaluación por
parte del equipo técnico del Grupo de Energía, Presas, Represas, Trasvases
y Embalses de esta Autoridad Ambiental a través del Concepto Técnico No.
517 de 2016, se verificó que la Autoridad Ambiental Regional (CARDER)
asoció dichas medidas de manejo directamente al proceso constructivo del
proyecto.
De manera que esta Autoridad Ambiental al evidenciar la carente posibilidad
de acreditar su implementación en los actuales momentos, toda vez que la
construcción y montaje de las torres Nos. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53 (DCS Barbas-Bremen -CARDER), 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y
76 (DCS La Marcada -CARDER), se encuentran suspendidas conforme lo
establecido en la Resolución No. 0103 del 03 de febrero de 2015, no
encuentra necesario insistir en el cumplimiento de la condición establecida
en el numeral 3° del Parágrafo Primero del Artículo Tercero ibídem, por
cuanto dicha decisión iría en contraposición con el objeto mismo de las
medidas preventivas, el cual no es otro que el de “prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el
paisaje o la salud humana”, además, a la fecha no se están realizando
actividades constructivas en los Distritos de Conservación de Suelos Barbas-
Bremen y La Marcada de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda -CARDER-
(…)
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Levantar la medida preventiva de “suspensión
inmediata del desarrollo de actividades al interior de los Distritos de
Conservación de Suelos Barbas-Bremen y La Marcada, asociadas al
proyecto denominado “UPME 02-2009 Subestación Armenia a 230 kV y
Líneas de Transmisión Asociadas”, impuesta en el Artículo Tercero de la
Resolución No. 0103 del 03 de febrero de 2015; esto es, respecto de la
construcción y montaje de las torres que se encuentran ubicadas en los
Distritos de Conservación de Suelos Barbas-Bremen y La Marcada en
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER y
la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ, así como en el
Distritos de Conservación de Suelos Barbas-Bremen en jurisdicción la (Sic)
Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ; por las razones
ampliamente expuestas en la parte motiva del presente acto.
PARÁGRAFO.- Advertir a la Empresa de Energía de Bogotá EEB - E.S.P. a
través de su Representante Legal, que el levantamiento de la medida
preventiva impuesta mediante el Artículo Tercero de la Resolución No. 0103
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del 03 de febrero de 2015, no la exime de promover y agotar la consulta de
cambio menor o ajuste normal dentro del giro ordinario o modificación de la
Licencia Ambiental otorgada por Resolución No. 0582 del 05 de junio de
2014, para el conjunto de Torres Nos. 34 a 40, de conformidad con el
pronunciamiento contenido en el Oficio ANLA No. 2015052878-2-002 del 17
de febrero de 2016, con el propósito de establecer en definitiva la ubicación
de las citadas torres.”88. (Subrayas de la Sala).
En referencia a lo transcrito, observa la Sala que la ANLA, para levantar la medida
preventiva a la EEB de suspensión inmediata de desarrollo de actividades al
interior de los Distritos de Conservación de Suelos Barbas-Bremen y La Marcada
en desarrollo del proyecto UPME-02 2009, que había sido impuesta mediante la
Resolución nro. 0103 del 3 de febrero de 2015, verificó el cumplimiento de las tres
condiciones señaladas.
Por lo anterior, ante el levantamiento de la medida preventiva por parte de la ANLA,
las torres 35 y 38 a 52, es decir, las que se ubican al interior del DCS Barbas-
Bremen, se observa que no tienen activa una medida de protección ambiental
diferente a que la EEB debe presentar una propuesta ante la ANLA con el fin de
modificar el instrumento de control ambiental, circunstancia que amerita que deba
adoptarse una medida de protección como se explicará más adelante.
En conclusión, analizado el material probatorio, la Sala encuentra que, respecto a
las torres 4, 6, 11, 12, 14, 20, 21, 29 y 34 del proyecto, no se logró demostrar por
los demandantes que su ubicación y construcción afectara cuerpos de agua
comprendidos dentro del perímetro de las rondas hídricas, por lo que, respecto de
estas torres, no se evidencia vulneración a los derechos colectivos invocados.
No obstante, advierte la Sala que de las pruebas analizadas, se evidencia que las
torres 3 y 13 del proyecto sí se ubican dentro del perímetro de protección de
rondas hídricas, área excluida del proyecto de conformidad con lo previsto en el
artículo tercero de la Resolución nro. 582 de 2014, el cual dispuso:
“ARTÍCULO TERCERO.- Se establece la siguiente Zonificación Ambiental
para la infraestructura y actividades autorizadas en el presente acto
administrativo dentro del proyecto “UPME 02-2009 SUBESTACIÓN
ARMENIA 230 KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS”, con las
excepciones indicadas:
1 ÁREAS DE EXCLUSIÓN
a) Áreas con limitación de tipo legal como las áreas protegidas y en
especial las pertenecientes al Sistema Nacional de Parques y Reservas
Forestales Protectoras Nacionales, a excepción de las áreas sustraídas para
el desarrollo del Proyecto autorizado en esta Licencia.
b) Áreas de reservas municipales y/o de la sociedad civil debidamente
establecidas, como Horizontes, La Isla y La Samaritana, a excepción de las
áreas autorizadas en la Licencia Ambiental.
c) Manantiales y nacimiento de fuentes de agua, con un radio de protección
de 100 metros a la redonda.
88 Folios 1922 a 1934.
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d) Cuerpos de agua de tipo lótico y léntico tales como ríos, quebradas,
caños, lagunas naturales y su franja de protección de 30 metros, medidos a
partir de la cota de máxima inundación a excepción de los indicados en las
Áreas de Intervención con Restricciones.
e) Masas boscosas bien conservadas y con algún grado de intervención,
exceptuando la intervención por aprovechamiento forestal autorizado en la
Licencia Ambiental.
f) Áreas de protección o de exclusión determinadas en los planes de
manejo y ordenamiento de las áreas con alguna categoría de protección:
Distritos de Conservación de Suelos Barbas-Bremen y La Marcada.
g) Áreas de protección o de exclusión de a (sic) Reserva Forestal Nacional
Central, a excepción de las áreas sustraídas para el desarrollo del Proyecto
por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, mediante
Resolución 0557 del 07 de junio de 2013.
h) Viviendas y centros poblados, santuarios religiosos, restaurantes típicos
de la región y haciendas que se dedican a la actividad turística por la
conservación del patrimonio cultural cafetero y arquitectónico de la zona, al
igual que la infraestructura asociada a la prestación de servicios sociales
tales como escuelas, hospitales, estaciones de policía y sitios de recreación
ubicados en las veredas inmersas en el corredor proyectado”. (Subrayas de
la Sala).
Al respecto, debe recordarse que a dicha conclusión se llega tras el análisis de los
documentos denominados “INCUMPLIMIENTO NORMATIVO Y POSIBLE
AFECTACIÓN DE RONDAS HÍDRICAS POR PROYECTO UPME 02-2009
SUBESTACIÓN ARMENIA Y REDES ASOCIADAS A 230 KW”, “DOCUMENTO
SISTESIS INCUMPLIMIENTO NORMATIVO Y POSIBLE AFECTACIÓN DE
RONDAS HÍDRICAS POR PROYECTO UPME 02-2009 SUBESTACIÓN
ARMENIA Y REDES ASOCIADAS A 230 KW” y “Acta de visita técnica realizada
los días 13 y 14 de mayo de 2015”, en los que se afirmó que la torre 3 se encuentra
dentro de la ronda hídrica de protección de cien (100) metros cercana a
manantiales o nacimientos de agua, y la torre 13 se ubica a veintisiete punto
diecisiete (27,17) metros de un drenaje intermitente.
Por otro lado, en referencia a las torres ubicadas al interior del Distrito de
Conservación de Suelos Barbas- Bremen (torres 35 y 38 a 52), se destaca que, si
bien es cierto la medida preventiva de suspensión de toda actividad impuesta por
la ANLA se levantó al encontrarse que las tres (3) condiciones previstas en el acto
administrativo fueron acatadas por la EEB, también lo es que se ordenó a la
empresa solicitar un cambio menor dentro del giro ordinario de la actividad o la
modificación del instrumento con el fin de reubicar las torres, situación que para la
Sala genera una amenaza al área protegida, dado que al proyecto “UPME 02-2009
Subestación Armenia a 230 Kv y Líneas de Transmisión Asociadas”, no le fue
impuesta ninguna orden de suspensión por parte de la ANLA en el interregno entre
el levantamiento de la medida preventiva y la aprobación de la modificación al
instrumento de control ambiental; máxime cuando el fundamento de la Resolución
nro. 0103 del 3 de febrero de 2015 fue el incumplimiento de los términos de la
licencia ambiental por parte de la empresa.
Así las cosas, la Sala resalta dos aspectos que imponen dar aplicación al principio
de precaución en materia ambiental. El primero, tiene que ver con que la ANLA
sometió a la EEB a cumplir la condición de agotar la consulta de cambio menor o
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ajuste normal dentro del giro ordinario o modificación de la licencia ambiental,
actuación que materializa la amenaza al área protegida, al no existir una orden
clara y precisa de suspensión durante el periodo que se requiera para aprobar la
modificación al instrumento de control ambiental.
Por otro lado, dado que las medidas de manejo ambiental adicionales a las
establecidas en la licencia, formuladas por la CRQ y la CARDER, en su mayoría,
deben ser implementadas en la fase de construcción de las torres, ello conlleva a
que se agilicen las obras para la construcción de las mismas, por lo que resulta
necesario mantener la orden judicial de suspensión de actividades en las áreas
protegidas mencionadas hasta tanto se ajuste o modifique la licencia ambiental.
En referencia al principio de precaución en materia ambiental, sostuvo esta
Sección (…)
Finalmente, con relación a las torres 23 y 26 del proyecto, respecto a las cuales
también se alegó la vulneración de los derechos colectivos previstos en los literales
c) y d) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, la Sala no encuentra que la parte
actora haya cumplido con la carga probatoria que le correspondía, razón por la que
no se incluirán en las órdenes tendientes a amparar los derechos colectivos
invocados.
5.4.2.1. Del Paisaje Cultural Cafetero.
Sobre la alegada afectación al Paisaje Cultural Cafetero se advierte que no existe,
toda vez que, sin lugar a entrar a analizar temas propios del trámite administrativo
adelantado por parte de la ANLA y que hacen parte de un juicio de legalidad del
acto administrativo que no es propio de este tipo de acciones, es posible afirmar
que no existe material probatorio alguno que la sustente. En efecto, de la revisión
del acervo probatorio se destaca una certificación del Ministerio de Cultura en la
cual se da cuenta de dos aspectos fundamentales, a saber:
Por una parte, que la empresa EEB llevó a cabo el procedimiento correspondiente
para obtener la autorización de dicha cartera ministerial, siendo otorgada a su favor
mediante Resolución 2639 de 2012, lo que permite concluir que, desde el punto
de vista de la protección cultural, el máximo ente en la materia tuvo la oportunidad
de analizar, estudiar y evaluar las implicaciones del proyecto en el Paisaje Cultural
Cafetero.
De otra parte, y como consecuencia del análisis realizado por esa entidad, la
conclusión a la que se arribó consiste en que el proyecto objeto de esta acción
popular no tiene vocación de generar afectación alguna al Paisaje Cultural
Cafetero.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que no hay prueba que desvirtúe tales
afirmaciones oficiales, no hay lugar a declarar que el proyecto a desarrollar
amenaza o afecta el Paisaje Cultural Cafetero”89 (Subrayas de la Sala).
En consecuencia, en dicha providencia se modificó el fallo de primera instancia así:
89 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de
marzo de 2019. Proceso radicado número 63001 23 33 000 2014 00222 01. Consejero Ponente:
Oswaldo Giraldo López.
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PRIMERO: REVOCAR el literal el literal a) del numeral tercero de la sentencia del
22 de octubre de 2015, en lo referente a la suspensión de actividades en la torre
4, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR el literal b del numeral tercero de la sentencia del 22 de
octubre de 2015 dictada por el Tribunal Administrativo de Quindío de la siguiente
manera:
“TERCERO: Como medidas de protección de los derechos colectivos encontrados
como vulnerados dispone:
a) Mantener la orden de suspensión de actividades al interior de los Distritos de
Conservación de Suelos Barbas-Bremen y La Marcada asociadas al Proyecto
denominado “UPME-02 del 2009 Subestación Armenia a 230 Kv y Líneas de
Transmisión Asociadas”, que fue levantada en la Resolución nro. 0822 del 4 de
agosto de 2016, expedida por la ANLA, hasta tanto dicha entidad profiera el acto
administrativo mediante el cual apruebe un cambio menor dentro del giro ordinario
de la actividad o modifique la licencia ambiental.
Así mismo, se extiende la medida de suspensión a las torres 3 y 13 del proyecto,
de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, y se
ordena a la CRQ practicar en el término de diez (10) días siguientes a la notificación
de esta sentencia, la medición en el sitio con el fin de determinar con claridad, si
existen manantiales o cuerpos de agua cuya ronda hídrica deba ser protegida.
Información que deberá remitir a la ANLA, autoridad que, luego de recibir el informe
técnico elaborado por la CRQ, definirá si se mantiene o no la suspensión aquí
ordenada de conformidad con los resultados arrojados, y en caso afirmativo,
establecerá las condiciones que se requieran para su levantamiento.
b) Ordenar a la Empresa de Energía de Bogotá EEB dar estricto cumplimiento a
lo dispuesto por la ANLA en la licencia ambiental otorgada mediante Resolución
No. 0582 del 05 de junio de 2014, para la ejecución del Proyecto UPME 02-2009,
Subestación Armenia 230 Kv y Líneas de Transmisión Asociadas.
c) Ordenar a la ANLA continuar ejercitando la supervisión, seguimiento y vigilancia
en relación al cumplimiento y observancia por parte de la EEB, al contenido y
alcance de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 582 del 05 de
junio de 2014, para el Proyecto referido previamente, adoptando de ser el caso,
las medidas de corrección, protección al medio ambiente y control que estime
pertinentes y convenientes para la salvaguarda de los derechos colectivos que hoy
se declaran como transgredidos.
d) Exhortar a la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ, a fin que, como
autoridad ambiental para la Región y de manera concreta para el Departamento
del Quindío, preste su asistencia en las oportunidades que la ANLA así lo requiera
e intervenga en la vigilancia del cumplimiento de la presente providencia”90
(Subrayas de la Sala).
6.4.4. Así las cosas, se impone revocar parcialmente la sentencia controvertida para, en
su lugar, declarar el acaecimiento del fenómeno de cosa juzgada respecto de la
90 Ibídem
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afectación al paisaje cultural cafetero y a los Distritos de Conservación de Suelos Barbas
Bremen y La Marcada, así como frente a los reproches relacionados con el trámite del
licenciamiento en relación con los derechos al goce de un ambiente sano, la existencia
del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de
áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la
preservación y restauración del medio ambiente, la defensa del patrimonio público, la
seguridad y salubridad públicas y el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, por parte los Ministerios de Minas y Energía, de Cultura, la
Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, GEB S.A. E.S.P. y la ANLA.
Ahora, es pertinente recalcar que no opera la cosa juzgada así estudiada para atribuir
responsabilidad al Departamento de Risaralda y de la CARDER, pues no hicieron parte
del proceso judicial que terminó con la sentencia del 14 de marzo de 2019, y en el
proceso de la referencia no les fue definida responsabilidad alguna en el fallo apelado,
y tampoco se formuló algún reproche en contra de las actuaciones de dichos entes, de
manera que se estima que en este punto la recurrente estuvo conforme con lo decidido
por el Tribunal, por lo que no se emitirá un nuevo pronunciamiento sobre el particular.
6.4.5. Finalmente, se advierte que los reparos esgrimidos por la Defensoría frente a la
falta de valoración del Informe Técnico y Jurídico 016-2013 de marzo de 2013,
expedido por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, en el
que dicha entidad expuso que no se tuvo en cuenta la veda sobre las plantas epífitas
al momento de conceder la licencia, no quedaron cobijados por la anotada figura, por
lo que dicha cuestión merece un análisis autónomo, como se pasa a enunciar.
6.5. De los reparos por la afectación de las plantas epífitas
Pues bien, de entrada lo que observa Sala es que, pese a que el mencionado informe
fue aportado con el libelo introductorio, lo cierto es que, como se vio, los
cuestionamientos relacionados con la veda de las plantas epífitas no hicieron parte de
la causa petendi del trámite de la referencia. Ello es así, pues los reproches de ese
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tema apenas vinieron a ser ventilados con el recurso de alzada, de manera que, frente
a tal aspecto, el Tribunal no tuvo la oportunidad de emitir alguna consideración en la
sentencia recurrida, ni las partes a efectuar algún pronunciamiento dentro del trámite
de instancia.
Siendo ello así, un eventual pronunciamiento sobre el particular implicaría que la Sala
adopte un fallo extra petita, circunstancia que impone definir si se cumplen los
requisitos para emitir una decisión de esa naturaleza.
A efectos de resolver lo anterior, es preciso señalar que el artículo 144 del CPACA
permite que el Juez adopte un fallo de esa índole en el curso de dicho medio de control.
El artículo en cuestión es del siguiente tenor:
“Artículo 34. Sentencia. La sentencia que acoja las pretensiones del
demandante de una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no
hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho
o interés colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su
cargo, y exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al
estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere
físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa
la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo
amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del
demandante. Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular. (….)”
(Subrayas de la Sala).
Ahora, en múltiples oportunidades, esta Corporación ha desarrollado el alcance de la
mencionada disposición, en los siguientes términos:
“Por lo demás se advierte que la posición sobre el particular ha sido uniforme, ya
que, si bien se reconoce una facultad amplia del juez popular de fallar fuera de lo
pedido, tal atribución encuentra un límite morigerado en los hechos que dan lugar
a la presunta vulneración de los derechos colectivos, así como en las personas a
las cuales se imparten las órdenes respectivas, que deben estar vinculadas al
proceso para la adecuada defensa de sus intereses.
En efecto, en ellas se consagra la facultad que tienen los jueces en este tipo de
procesos de proferir sentencias extra petita pero siempre dentro del margen de la
conducta generadora del daño con el fin de evitar la violación al principio de
congruencia y al derecho de defensa.
Sentencias como las referenciadas por el demandante proferidas por la Sección
Tercera dan cuenta de ello:
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“Así, el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, abre la posibilidad al juez
constitucional, de ampliar o superar la causa petendi, mediante fallos extra y
ultra petita, siempre que, con ello se garantice la protección real del derecho
vulnerado:
“ARTÍCULO 34. SENTENCIA. Vencido el término para alegar, el juez
dispondrá de veinte (20) días para proferir sentencia. La Sentencia que
acoja las pretensiones de la demanda de una acción popular podrá
contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de
perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés
colectivo a favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su
cargo, y exigir la realización de conductas necesarias para volver las
cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés
colectivo, cuando fuere físicamente posible. La orden de hacer o de no
hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger
el derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se
vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder
a las pretensiones del demandante. Igualmente fijará el monto del incentivo
para el actor popular.
La condena al pago de los perjuicios se hará ‘in génere’ y se liquidará en el
incidente previsto en el artículo 307 del C. P. C.; en tanto se le dará
cumplimiento a las órdenes y demás condenas. Al término del incidente se
adicionará la sentencia con la determinación de la correspondiente condena
incluyéndose la del incentivo adicional a favor del actor.
En caso de daño a los recursos naturales el juez procurará asegurar la
restauración del área afectada destinando para ello una parte de la
indemnización.
En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el
alcance de sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el
cumplimiento de la providencia y posteriormente culminar su ejecución. En
dicho término el juez conservará la competencia para tomar las medidas
necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas
contenidas en el Código de Procedimiento Civil y podrá conformar un Comité
para la verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán
además las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o
interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental
con actividades en el objeto del fallo.
También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que,
en lo que sea de su competencia, colaboren en orden a obtener el
cumplimiento del fallo”. (resaltado y subrayado fuera de texto)
Como se nota, el juez popular está revestido de amplias facultades, para
definir la protección del derecho, prevenir la amenaza o vulneración y,
procurar la restauración del daño en caso de que éste se produzca, tal como
lo ha advertido esta Sala en diferentes pronunciamientos.91 Lo anterior, sin
exceder las fronteras mismas surgidas de los hechos de la demanda, en
tanto es a partir del debate de éstos que se garantiza el derecho de
contradicción y el derecho de defensa. Esto quiere decir que, si bien el juez
constitucional puede apartarse en cierto modo del petitum no está autorizado
91 Sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 10 de abril de 2003 y de 03 de marzo
de 2005.
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para salirse del radio de acción definido por los hechos y pruebas que
soportan sus pretensiones.”92
De igual forma, en el proceso número 25000-2325-000-2004-002418-01, se reiteró
la anterior posición:
“3.1. El principio de congruencia en materia de acciones populares
Si bien es cierto que la acción popular es de naturaleza constitucional, y que
los derechos que se pretenden amparar con su interposición son aquellos de
tipo colectivo, es decir, que pertenecen en principio a toda la colectividad, y
que, por consiguiente, muchos de ellos están igualmente reconocidos
directamente por el texto constitucional, no debe perderse de vista que el
principio de congruencia opera también en este tipo de procesos.
En consecuencia, la jurisprudencia ha reconocido, como lo plantea el
apoderado de la sociedad contratista demandada, que en tratándose del
principio de congruencia en acciones populares, este postulado y garantía
del debido proceso se flexibiliza o relaja, para permitir que el juez no esté
necesariamente vinculado en relación con algunos aspectos que podrían
sistematizarse de la siguiente forma: i) en relación con las medidas
deprecadas en la demanda para proteger los derechos o intereses colectivos
vulnerados o amenazados, toda vez que de conformidad con el artículo 34
de la ley 472 de 1998, el juez adoptará cualquier orden de hacer, de no hacer,
o decretará el pago de perjuicios, con miras a proteger el núcleo del derecho
transgredido, razón por la que, constatada la vulneración o el peligro, el juez
cuenta con una amplia gama o haz de posibilidades para decretar todas las
medidas que estime pertinentes para garantizar el amparo efectivo de los
derechos e intereses afectados, ii) en cuanto concierne a la posibilidad de
amparar derechos colectivos no invocados expresamente en la demanda,
siempre y cuando la acusación de su vulneración se desprenda de las
circunstancias fácticas narradas en la causa petendi de la demanda, y iii) en
relación con hechos que se van presentando a lo largo del proceso, siempre
y cuando estén relacionados con los supuestos fácticos establecidos en la
demanda. En otros términos, el juez de la acción popular podrá abordar el
estudio de nuevos hechos que vayan apareciendo a lo largo del proceso,
siempre y cuando aquellos tengan relación con la causa petendi formulada
en la demanda.
En relación con los aspectos antes precisados, la Sala ha puntualizado93:
“Como es sabido el juzgador debe observar el principio de congruencia
(artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, modificado Decreto 2282 de
1989, art. 1 num. 13594)- el cual reviste, por regla general, un carácter
absoluto en tanto derivación del principio de imparcialidad rigurosa del
funcionario judicial (Aragoneses). Esa consonancia del fallo impone la
identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones, imperativo legal, que –
92 Sentencia del 16 de mayo de 2007 proferida dentro de la Acción Popular identificada con el número
25000-2325-000-2003-01252-02.2003-01252
93 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de abril de 2006, exp. AP 2004-640, M.P. Ruth
Stella Correa Palacio.
94 “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda
y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”
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como precisa el profesor Devis Echandía95- está relacionado a la vez con el
derecho fundamental al debido proceso (art. 29 CP) y con el valor de la cosa
juzgada.
“Sin embargo, tratándose del juicio popular este principio de
congruencia reviste algunos matices que lo tornan menos absoluto,
debido a la naturaleza de la acción y a las particularidades del derecho
objeto de protección. Así, v.gr., para la protección efectiva de los intereses
colectivos invocados la orden del juez consignada en la sentencia (art. 34 ley
472) no está circunscrita a la conducta pedida en el escrito de demanda;
también puede el juez oficiosamente vincular al proceso a otros posibles
responsables (art. 18 eiusdem); del mismo modo la decisión final debe
referirse al curso que vayan tomando los hechos y no se contrae
exclusivamente a los indicados en el escrito de demanda, siempre y
cuando la conducta que se sigue desplegando sea aquella acusada
como trasgresora por el actor popular desde la demanda, tal y como lo
ha señalado la Sala en criterio que hoy se reitera:
“para proteger el derecho o interés colectivo el juez, en los términos del
artículo 34 de la ley 472 de 1998, expedirá orden de hacer o no hacer,
destinada a ser cumplida por la autoridad pública que incurre en la
trasgresión, orden que no está circunscrita a la conducta pedida en la
demanda, porque el juez actúa con total amplitud y discrecionalidad al
momento de disponer lo que corresponda para lograr el amparo del derecho
o interés colectivo vulnerado o amenazado, ello en consideración a que la
congruencia se predica frente a la petición de protección del derecho o
interés colectivo que se afirma vulnerado, y no frente a las conductas que en
criterio del actor son suficientes e idóneas para lograr el amparo solicitado.
“Cabe recordar por otra parte que dado el fin supremo que persigue la acción
popular – protección de derechos e intereses colectivos - , se ha dotado de
amplios poderes al juez popular, tales como que oficiosamente está en el
deber de vincular al proceso a cualquiera otra persona que en el curso del
mismo surja como posible responsable de la infracción al derecho o interés
colectivo, ello siempre que no se haya dictado sentencia de primera
instancia, para que tenga oportunidad de asumir su defensa de manera
adecuada (artículo 18 ley 472 de 1998).
“Esa vinculación también supera los límites tradicionales del principio de
congruencia concebido para las acciones subjetivas y con efecto inter partes,
como quiera que en virtud de tal vinculación, la sentencia de condena bien
puede cobijar también a ese tercero contra quien no se dirigió la demanda.
“Ahora bien, cuando durante el transcurso del proceso el trasgresor
continúa con la realización de las conductas que desde un comienzo el
actor indicó como vulnerantes del derecho colectivo cuya protección
ha demandado, la sentencia debe pronunciarse no sólo en relación con
los hechos de la demanda y los argumentos de la defensa, sino que
además deberá referirse al curso que vayan tomando los hechos, a
efectos de que la decisión tenga la virtualidad de abarcar con
efectividad la protección de los derechos colectivos que encuentre
vulnerados, con la condición de que la conducta que se continúa sea aquella
acusada como transgresora desde la demanda, en aras de garantizar el
95DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo
I, Decimotercera edición, Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 1994, Pág. 57.
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debido proceso en una de sus manifestaciones más importantes, el derecho
de defensa. Es decir, no puede el juez juzgar hechos cuya existencia no
le ha sido puesta de presente en las oportunidades de que disponen las
partes dentro del proceso.”96
“Con todo, y aunque el principio de congruencia en sede popular no
tiene la rigidez propia de los procesos ordinarios, también impone
algunas restricciones al fallador, entre ellas que el ámbito de
competencia del fallador está circunscrito a los derechos colectivos
que la demanda acusa como vulnerados (ordinal a) del artículo 18 de la
ley 472), en aras de garantizar el derecho de defensa del demandado.
No se olvide que de conformidad con el inciso segundo del artículo 6º de la
ley 472 el juez popular debe velar por el respeto al debido proceso, las
garantías procesales y el equilibrio entre las partes, precepto que está en
perfecta consonancia con el artículo 9 de la LEAJ, conforme al cual es deber
de los funcionarios judiciales respetar, garantizar y velar por la salvaguarda
de los derechos de quienes intervienen en el proceso. En consecuencia, no
se hará pronunciamiento alguno sobre el derecho invocado en el recurso de
apelación.” (negrillas y subrayado adicionales).
Como se aprecia de los anteriores planteamientos, el juez de la acción
popular puede proferir fallos extra o ultrapetita, así como también dar
aplicación al principio iura novit curia97, para garantizar la protección de los
derechos colectivos vulnerados o amenazados; no obstante, las anteriores
facultades oficiosas del juez constitucional entran en colisión con el principio
al debido proceso y el derecho de defensa de las entidades o personas que
fungen como demandadas en un proceso de esta estirpe.
Y en ese orden de ideas, la Sala a partir de la constatación anterior ha
recurrido a la ponderación para establecer una postura intermedia que
permita atemperar la citada confrontación que existe entre la idónea
protección a derechos colectivos amenazados, y los derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa. Por consiguiente, se ha
elaborado una línea jurisprudencial que reconoce la amplitud con que cuenta
el juez de la acción popular para adoptar y determinar todo tipo de medidas
(de dar, hacer o no hacer) encaminadas a la satisfacción y garantía de los
derechos cuya trasgresión se haya verificado; de otra parte, se ha avalado
la posibilidad con que cuenta el juez de la acción popular de estudiar hechos
que se produzcan a lo largo del proceso, y que por lo tanto no fueron
planteados desde el inicio de la demanda, siempre y cuando los mismos
tengan una relación con la causa petendi fijada en aquella, así como la
posibilidad de amparar derechos colectivos disímiles a los precisados en el
libelo introductorio, siempre y cuando, se itera, estén vinculados con los
supuestos fácticos que fueron debatidos en el proceso. En efecto, esta
postura intermedia, en términos del principio de proporcionalidad satisface el
objetivo de las acciones populares, pero de otro lado respeta los parámetros
de los derechos de los demandados en un proceso de esta naturaleza.
96 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA,
Sentencia de 16 de marzo de 2006, Radicación número: AP-130012331000200300239-01, Actora: Luz
Yolanda Morales Peña, Demandado: Lotería de Bolívar, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
97 Al respecto se pueden consultar las sentencias de: 16 de mayo de 2007, exp. 2005-10005, M.P.
Mauricio Fajardo Gómez, 16 de octubre de 2007, exp. 2002-2714, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, entre
otras.
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En esa perspectiva, admitir que el juez de la acción popular falle sobre
hechos absolutamente desconocidos y que no fueron objeto del debate a lo
largo del proceso, supone sorprender a los demandados, puesto que es
precisamente en la sentencia donde aparecerían definidos esos supuestos
fácticos que hasta ese momento eran ignorados, por no haber sido, se
insiste, materia del debate jurídico y probatorio.
Así las cosas, la Sala no prohíja una hermenéutica que circunscriba o limite
las facultades reconocidas en el artículo 34 de la ley 472 de 1998, en cabeza
del juez constitucional de la acción popular, a contrario sensu, la
interpretación avalada garantiza que en la sentencia se puedan amparar
derechos colectivos no contenidos o precisados con el escrito de demanda;
que estudie hechos nuevos que han tenido su desarrollo o producción a lo
largo del proceso, siempre y cuando tengan su génesis en la misma conducta
que se censura o reprocha con el libelo introductorio, así como la posibilidad
de que el administrador de justicia decrete diversidad de medidas
encaminadas o tendientes a la garantía efectiva de los derechos colectivos,
sin que se encuentre de manera alguna limitado por el marco trazado en la
demanda.”
La Sección Primera ha seguido el mismo derrotero:
II. De otra parte, en cuanto al segundo problema jurídico antes planteado, la Sala
considera pertinente precisar que de acuerdo al principio de congruencia en materia
de acciones populares la jurisprudencia de esta Corporación ha dicho:
“La Sala tiene determinado que el juez popular también debe respetar el
principio de consonancia o congruencia que debe informar todo fallo
judicial, en tanto la imparcialidad del juzgamiento exige identidad entre
lo decidido y el petitum (las pretensiones) y la causa petendi (los
hechos que le sirven de fundamento), aunque -también lo ha resaltado-
en sede popular no reviste el carácter absoluto que por regla general tiene,
en razón de la naturaleza de la acción y al particular carácter de los derechos
objeto de amparo. En cuanto hace específicamente a la causa petendi esta
Sala recientemente señaló que el fallador en sede popular, no obstante
sus amplios poderes, tiene restricciones fundadas en el respeto al
debido proceso, pues aunque puede pronunciarse sobre el curso que
los hechos vayan tomando mientras se tramita el proceso, lo que no le
está permitido es invocar otros hechos distintos a los expuestos en el
escrito de demanda, pues ello nada menos que significa modificar motu
proprio la conducta trasgresora en franca violación del derecho fundamental
al debido proceso, a las garantías procesales y al equilibrio entre las partes,
que en sede popular están expresamente protegidos por el artículo 5º de la
ley 472. De modo que en punto de la causa petendi el juez popular
también debe observar el principio de congruencia (art. 305 CPC) según
el cual la sentencia debe estar en consonancia con los hechos aducidos
en la demanda que impone la imparcialidad del juez (Aragoneses).
Identidad jurídica entre lo resuelto y los supuestos fácticos invocados
que impone la garantía del derecho fundamental al debido proceso (art.
29 C.N.). Principio de congruencia que si bien no reviste en sede
popular los visos rígidos y absolutos que lo distinguen en procesos
ordinarios, en todo caso la decisión final debe referirse al curso que
vayan tomando los hechos y no se contrae exclusivamente a los
indicados en el escrito de demanda, siempre y cuando -ha precisado la
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Sala- “la conducta que se sigue desplegando sea aquella acusada como
trasgresora por el actor popular desde la demanda”.98
Entonces, el principio de congruencia implica la consonancia de la sentencia en
relación con la situación fáctica y las pretensiones expuestas en la demanda. Sin
embargo, por las amplias facultades que goza el juez constitucional, la aplicación
del principio en materia de acciones populares es más flexible, pues es viable que
se tengan en cuenta hechos distintos a los que aparecen en la demanda, siempre
que la conducta que se persiga sea la misma que la parte actora indicó como
trasgresora en la demanda. En ese orden de ideas, la sentencia debe ser
coherente con la conducta vulneradora imputada en el escrito de la demanda.
Esta Corporación ha resaltado, en varias ocasiones, el carácter especial que
comportan las acciones populares, en las cuales el Juez cuenta con unas
obligaciones de impulsión oficiosa del proceso y protección de la comunidad en
general.
En efecto, ha expresado:
“La Acción Popular tiene un carácter especial que la diferencia de todas las
demás acciones, idea que se ha establecido por el legislador desde el
momento de creación de la ley de acciones populares:
“Las nuevas acciones populares son por su naturaleza acciones de derechos
humanos y no litis. En cuanto acciones requieren de una regulación a través
de un procedimiento, pero su objeto no es buscar la solución a una
controversia entre dos partes, sino cesar la lesión o amenaza contra un
derecho colectivo, y si es posible restablecer las cosas a su estado anterior.
Un elemento esencial de las nuevas acciones populares es el carácter
oficioso con que debe actuar el juez, sus amplios poderes y la
discrecionalidad de los mismos con miras a la defensa del interés público”.
(Subrayado fuera de texto).
Posición que también es compartida por la H. Corte Constitucional:
“Finalmente, hay que observar que estas acciones tienen una estructura
especial que la diferencia de los demás procesos litigiosos, en cuanto no son
en estricto sentido una controversia entre partes que defienden intereses
subjetivos, sino que se trata de un mecanismo de protección de los derechos
colectivos prexistentes radicados para efectos del reclamo judicial en cabeza
de quien actúa a nombre de la sociedad, pero que igualmente están en cada
uno de los miembros que forman la parte demandante de la acción judicial”99.
El carácter de la no controversia entre partes otorga particularidades a la
acción popular, ya que como lo habíamos expresado anteriormente, es por
el carácter público de tal acción y por el derecho colectivo que busca su
protección que se configura tal singularidad.
98 Consejo de Estado. Sección Tercera M.P. Ruth Stella Correa Palacio, Rad. Núm. 41001 2331 000
2004 00351 02 (AP). Sentencia del 16 de octubre de 2007.
99 Corte Constitucional, Sentencia C-215 de abril 14 de 1999, Magistrado Ponente: María Victoria
Sáchica.
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Es claro para esta Sala que la acción popular no configura una litis ordinaria
sino que dado su carácter especial se tiene un derecho colectivo que implica
a toda la comunidad que busca su protección100”.
En conclusión, de conformidad con la jurisprudencia mencionada, es válido
al Juez de las acciones populares proteger más allá de lo pedido por el actor,
pues el fin último de las mismas es resguardar la comunidad que se está
viendo afectada de alguna forma.
Por lo anterior, se colige que, en virtud de la naturaleza de las acciones como
la instaurada en el proceso de la referencia, es dable que el juez profiera
fallos ultra y extra petita.”101.
En otro fallo de la Sección Primera se dijo:
“La Sala advierte que no le asiste razón al impugnante al considerar que
dada la naturaleza de la acción popular no le es posible al juez popular fallar
ultra o extra petita. Todo lo contario, como se ha venido sosteniendo por la
jurisprudencia de esta Sección, la naturaleza constitucional y protectora de
la acción popular permiten este tipo de fallos.
Al respecto, mediante sentencia de 16 de agosto de 2007, M.P. Marco
Antonio Velilla Moreno, esta Sala expresó:
“Cabe recordar igualmente, que en virtud de la naturaleza especial y
prevalente del medio procesal previsto en el artículo 88 de la Carta Política,
resulta válido que el juez de la acción popular profiera fallos ultra o extra
petita cuando de los hechos de la demanda y las pruebas visibles en el
expediente ello se haga necesario para cumplir con el fin esencial del Estado
de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución
(art. 2° C.P.)”102”103
La Sección Segunda en su oportunidad trajo a colación el tema de la
siguiente forma:
“La aplicación de esta figura ya ha sido utilizada por esta Sala en casos
anteriores, en los cuales está en discusión la afectación al derecho colectivo
de la moralidad administrativa (Consejo de Estado, Sección Tercera, EXP:
AP-166, C.P: Alier Hernandez.).104
100 Consejo de Estado Sección Tercera, Exp: 25000-23-26-000-2000-0059. Marzo 22 de 2001. C.P.
Jesús María Carrillo.
101 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 9 de agosto de 2012. Acción Popular número
73001-2331-000-2010-00472-01. Consejero Ponente Marco Antonio Velilla Moreno.
102 Sentencia de 16 de agosto de 2007, Rad.: 41001-23-31-000-2004-00925-01, Actor: Diana Constanza
Cubillos Ibata M.P. Marco Antonio Velilla Moreno
103 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 25 de agosto de 2011 proferido dentro de la
Acción Popular 25000-23-25-000-2002-90123-01. C.P: María Claudia Rojas Lasso.
104 “De acuerdo con el artículo 18 de la ley 472 de 1998, para promover una acción popular se debe
presentar una demanda que cumpla, entre otros, con el requisito de indicar el derecho o interés colectivo
amenazado o vulnerado. Ello no significa que el juez deba negar la protección de un derecho colectivo,
sin más, por el sólo hecho de que no fue señalado expresamente en la demanda. El juez no puede
modificar el petitum de la demanda y los hechos que le sirvan de fundamento. Pero, si de tales hechos
se deriva que hay un derecho colectivo comprometido, diferente del que se señaló expresamente, el
juez, en cumplimiento de su deber de administrar justicia y procurar la vigencia de los derechos
consagrados en la Constitución, deberá aplicar la ley a como corresponda a lo alegado en la demanda
y probado en el proceso, protegiendo el derecho colectivo que encuentre amenazado o vulnerado.
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C. Síntesis.
Bien sea que se decida aplicar el principio de la protección prevalente y eficaz
de los derechos o el principio del Iura Novit Curia, las dos vías procesales
convergen en una conclusión sustancial: Es válido al juez de las acciones
populares proteger otros derechos colectivos no alegados por el actor, con
el fin de proteger a una comunidad que está afectada por la decisión jurídica,
más no está representada en su totalidad en la Litis y por ende los principios
constitucionales y demás normas legales son parte de la decisión del juez de
esta acción.”105”106. (Subrayas y negrillas de la Sala)
De lo expuesto, se desprende que el límite para la procedencia de los fallos extra o
ultra petita en acciones populares, lo marca la garantía del derecho al debido proceso
y concretamente el de defensa en lo que atañe al extremo pasivo del litigio, esto es,
que haya contado con la oportunidad de pronunciarse sobre los nuevos hechos y los
derechos colectivos que se ventilan, de tal suerte que no se vea sorprendida por la
decisión adoptada en el correspondiente fallo.
En tal orden, lo que evidencia la Sala es que las partes, particularmente las accionadas,
no han tenido la posibilidad de ejercer su derecho de defensa frente la veda de las plantas
epífitas dentro del trámite de licenciamiento del proyecto objeto de controversia, y, por
ende, no han podido explicar las razones por las cuales creerían que, por ejemplo, no
hay vulneración de los derechos colectivos por dicha circunstancia; o, habiendo aceptado
o demostrado tal cuestión, no deben asumir responsabilidades.
Bajo tal perspectiva, es claro que dicho punto amerita la apertura de un nuevo trámite
procesal en el que, además de contar con la prueba que se estima que no fue valorada,
se ventilen aquellas que los sujetos procesales tengan a bien aportar y las que el juez
incluso decrete de oficio, cuando se den las condiciones para ello en aras de garantizar
Se trata solamente de la aplicación del antiguo principio da mihi factum dabo tibi jus, además de que,
dado que la aplicación de la ley se debe hacer conforme a los hechos expuestos, conocidos por el
demandado, no se vulnera su derecho de defensa.
En otros términos, a juicio de la Sala, resulta imperioso la aplicación del principio iura novit curia a los
procesos de la acción popular. No hay razón para sostener lo contrario, pues si tal principio rige
procesos en donde se pretende la reparación de derechos individuales, como los contencioso
administrativos de reparación directa, y de nulidad y restablecimiento del derecho, estos últimos cuando
se requiere la protección de un derecho fundamental, con mayor razón deberá aplicarse en procesos
por medio de los cuales se protegen derechos colectivos”.
105 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 6 de septiembre de 2001 proferida dentro de la
Acción Popular 13001-2331-000-2000-00005-01 (AP-507). C.P: Jesús María Carrillo Ballesteros.
106 Sala Plena. Sala Dieciocho (18) Especial de Revisión. Sentencia del 4 de septiembre de 2018.
Proceso número: 11001 33 31 001 2010 00322 01. M.P. Oswaldo Giraldo López.
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un juicio equilibrado y apegado al orden jurídico. Lo mismo que los argumentos sobre
el análisis constitucional de la situación a la luz de los derechos respecto de los que
se reclama una decisión de amparo y, obviamente, frente a las disposiciones de
asignación de responsabilidades, si es del caso.
Así, es claro que en el presente asunto no es viable adoptar un fallo extra petita sobre
las plantas epífitas que se verían afectadas por la ejecución del proyecto, al no cumplirse
los requisitos para esos efectos.
6.6. De la controversia sobre la vulneración del derecho a la moralidad
administrativa
A continuación, la Sala deberá determinar si vulnera el derecho e interés colectivo a la
moralidad administrativa, si se alega que éste fue desconocido por la ejecución del
proyecto UPME 02-2009 Subestación Armenia a 230 KV y líneas de Transmisión
Asociadas.
El artículo 88 de la Carta Política relaciona como derecho e interés colectivo el de la
moralidad administrativa, incorporado en el literal b) del artículo 4 de la Ley 472 de
1998.
En este punto, es preciso advertir que el derecho a la moralidad administrativa tiene
por finalidad que el Estado, representado en sus entidades y funcionarios, guíen sus
actuaciones en el cumplimiento de los fines propios del Estado Social del Derecho, de
tal suerte que el análisis de vulneración de dicho derecho no puede dirigirse
simplemente a que se verifique si las actuaciones de los servidores públicos fueron
amañadas para su favorecimiento propio o de un tercero (que, se advierte, no hay
duda que atentan contra la moral administrativa), sino que, por otra parte, el juicio de
reproche que adelante la autoridad judicial debe corroborar si la conducta que la
administración desplegó buscaba impactar positivamente a la comunidad y atender el
bienestar en general de la población.
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En este caso, la Sala advierte que, si bien en la demanda se solicitó el amparo de la
moralidad administrativa, no se presentaron argumentos concretos de los que se
pudiera predicar la vulneración de tal derecho e interés colectivo.
De hecho, en la alzada simplemente se señaló que tal prerrogativa “es integrada por
principios, valores y normas de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, se relaciona
con la ética pública, y cuando la normatividad es vulnerada en cualquier nivel, se
destruye ese principio moral, afectando la confianza depositada, confianza que hace
parte del contrato social planteado entre el Estado Colombiano y sus administrados;
es de vital importancia mantener la credibilidad y la moral administrativa pues de ello
se generan las buenas relaciones contiguo del proceso mutuo que tiene como
prevalencia del interés general”107.
En ese orden, como la actora no cumplió con el deber de sustentar concretamente sus
reproches frente al anotado derecho, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 22 de marzo de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, y en su lugar, declarar el
ACAECIMIENTO DEL FENÓMENO DE COSA JUZGADA PARCIAL, respecto del
fallo 14 de marzo de ese mismo año, proferido por esta Sala de Sección, frente a los
derechos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo
y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio
ambiente, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas y el
107 Folio 1236, cuaderno 6.
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derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, cuya
vulneración fue imputada a los Ministerios de Minas y Energía, de Cultura, la Unidad
de Planeación Minero Energética – UPME, GEB S.A. E.S.P. y la ANLA, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
CUARTO: Ejecutoriado esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala el 10 de octubre de 2022.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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