RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 66001-23-33-000-2016-00785-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00785-01

Fecha
22 de junio de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00785-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Modificar el numeral CUARTO de la sentencia del veintiuno (21) de junio de dos mil diecinueve (2.019), proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda el cual quedará así: “CUARTO: : CONDENAR a la entidad demandada, a título de restablecimiento del derecho, tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional del demandante, dentro de los periodos laborados por contrato de prestación de servicios, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados por este como contratista y los que se debieron efectuar, deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante en concepto de aportes, pero solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. En ese sentido, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 Radicado: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020) Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas el tiempo que duró su vinculación, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, deberá cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le correspondía como trabajador”. Segundo. Confírmese en lo demás la sentencia de primera instancia. Tercero. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia. Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2016-00785-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

22 de junio de 2023

1
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas
Demandado: Municipio de Pereira.
Tema: Relación laboral encubierta. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
contra la sentencia proferida el veintiuno (21) de junio de dos mil diecinueve
(2.019) por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor GILDARDO ANTONIO PÉREZ ARENAS, instauró demanda en contra
de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo y con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. 14468
del 25 de abril de 2016, por medio del cual se negó el reconocimiento de los
derechos prestacionales y de seguridad social reclamados, así como la
existencia de una relación laboral entre el demandante y la entidad.

Como consecuencia, se declare que entre las partes existió una relación laboral

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas

conforme los extremos laborales mencionados en la demanda y por ello, se
condene a la entidad demandada a que reconozca a favor del señor Gildardo
Antonio Pérez Arenas las horas nocturnas y extras, cesantías, intereses a las
cesantías, prima de navidad, primas de servicios, salarios y prestaciones que se
reconozcan a un funcionario de planta del municipio de Pereira y compensar lo
que el accionante pagó al sistema de seguridad social, que correspondía a la
entidad demandada como empleadora.

Que se condene a la demandada al pago de vestido y calzado en condición de
empleadora y al pago de la indemnización por no pagar cesantías.

Que, las sumas que resulten declaradas a favor se actualicen y que, se condene
en costas.
HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que el señor Gildardo Antonio Pérez Arenas fue vinculado el 25 de mayo de
2.012 a través de contratos de prestación de servicios a la Secretaría de
Educación del municipio de Pereira para desempeñarse como vigilante en
diferentes instituciones educativas del municipio, sin solución de continuidad.
Vínculo que se prorrogó hasta el 30 de enero de 2.016.

Que las labores fueron desarrolladas de forma directa, personal y exclusiva, pues
tenía prohibido designar reemplazos en los establecimientos educativos donde
prestó sus servicios, ya sea por toda o media jornada laboral.

Que los jefes inmediatos fueron los directores o rectores de las instituciones
educativas donde prestó sus servicios, y sus funciones a desempeñar eran todas
las inherentes a la celaduría, como velar por el mantenimiento, conservación y
seguridad de los colegios, custodiar y cuidar las diferentes zonas, en turnos de
12 horas diarias alternadas, esto es, dos días seguidos y dos noches seguidas
con dos días de descanso, incluidos dominicales y festivos, por lo que trabajaba
jornadas de 44 horas extra diurnas y extra nocturnas al mes.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas

Que durante el término de ejecución de los contratos al señor Gildardo Antonio
Pérez Arenas no le fue pagada suma alguna por concepto de vacaciones, prima
de vacaciones, prima de navidad, cesantías e intereses, el porcentaje
correspondiente a la seguridad social, ni tampoco horas extra diurnas y extra
nocturnas a los que tenía derecho.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del nueve (9) de diciembre de 2.016 y
notificada a la entidad demandada, quien contestó manifestando que el señor
Gildardo Antonio Pérez Arenas estuvo vinculado al Municipio de Pereira a través
de contratos de prestación de servicios.

Que no hubo subordinación, por cuanto el demandante era autónomo e
independiente. Que los contratos celebrados, lo fueron de manera interrumpida,
y no se puede hablar de un periodo de tiempo determinado. Que las funciones
eran las estipuladas en las ordenes de servicio.

Que en el caso en estudio se puede demostrar que el demandante tuvo una
relación contractual con el municipio, toda vez que se requería de sus
«conocimientos especiales» para desarrollar las actividades consignadas en los
contratos.

Que las órdenes de prestación de servicios y el acto demandado fueron
expedidos de conformidad con el ordenamiento legal, particularmente lo
establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

Se propusieron como excepciones, prescripción, compensación, y cualquier otra
que el despacho considerara probada de conformidad con el artículo 164 del
C.C.A.

Se celebró audiencia inicial el cuatro (4) de enero de 2.018 en la cual, se fijó el
litigio, se decretaron pruebas y se señaló audiencia para su práctica. Luego de
agotado el periodo probatorio se dio traslado a las partes para que alegaran de
conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del término oportuno
por la entidad demandada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia proferida el veintiuno
(21) de junio de dos mil diecinueve (2.019), accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

Luego de efectuar un recuento del marco normativo y jurisprudencial aplicable,
consideró que, de acuerdo con el acervo probatorio allegado se encuentra
debidamente acreditado que el demandante prestó sus servicios al municipio de
Pereira como vigilante en establecimientos educativos de dicho ente territorial,
entre el 25 de mayo de 2.012 y el 31 de diciembre de 2.015.

Que, conforme al testimonio de Carlos Ariel Zapata, quien también prestó sus
servicios con el señor Gildardo, debían cumplir un horario, en turnos de 12 horas,
bajo la directriz de la rectora del plantel educativo.

Que las actividades realizadas por el señor Gildardo Antonio Pérez Arenas en
desarrollo del objeto contractual hacen indiscutible que hubo subordinación, pues
es claro que no puede predicarse de un contratista dedicado a prestar servicios
de vigilancia en una institución educativa, que le asiste algún grado de
independencia y autonomía en el desempeño de su labor a la luz del artículo 32
de la Ley 80 de 1.993.

Que de su naturaleza propia se desprende que debe ser realizada de forma
permanente, continua y controlada, dado que la vigilancia y seguridad de las
instituciones debe ser garantizada en todo momento, a fin de que quienes ocupan
el establecimiento gocen de seguridad y así mismo se protejan los bienes
muebles e inmuebles de las instituciones, para tal efecto se cita jurisprudencia
del Consejo de Estado, en la cual se ha señalado la dificultad lógica que existe
de prestar servicios de vigilancia con libertad técnica o administrativa.
Que, conforme a las pruebas y la jurisprudencia sobre el tema, en virtud del
principio de la primacía de la realidad, es evidente que se presentó una verdadera
relación laboral velada bajo contratos de prestación de servicios.

Que, al encontrarse probada la existencia de una verdadera relación laboral entre

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas

las partes, corresponde el reconocimiento de prestaciones sociales, las cuales
se tendrían que liquidar con base en los honorarios contractuales pactados en
cada encargo, el consecuente cómputo del tiempo laborado para efectos
pensionales y el pago de las cotizaciones correspondientes a la seguridad social
integral.

Que no hubo lugar al fenómeno de la prescripción, teniendo en cuenta que entre
el 25 de mayo de 2.012 y el 31 de diciembre de 2.015, no se presentaron
interrupciones significativas en la prestación del servicio, y la reclamación
administrativa se efectuó dentro de los 3 años siguientes al rompimiento del
vínculo laboral, esto es, el 5 de abril de 2.016

En consecuencia, declaró la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio
número 14468 del 25 de abril de 2.016, mediante el cual se negó la existencia de
una relación laboral y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la
demandada a pagar las prestaciones laborales de orden legal, incluyendo
vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, dotación y primas legales a las
que haya lugar, tomando como base los honorarios contractuales derivados de
los contratos de prestación de servicios correspondientes a los períodos en los
cuales se demostró la existencia de la relación laboral, esto es, entre el 25 de
mayo de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.

Condenó a pagar en favor del demandante los porcentajes de cotización
correspondientes a pensión y salud que debió trasladar a los fondos respectivos
por el tiempo acreditado, o en su defecto que la entidad efectúe los aportes al
sistema.

Las demás pretensiones de la demanda fueron denegadas.

No hubo condena en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación
en los siguientes términos:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas

Que, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 en concordancia
con lo sostenido al respecto por la Corte Constitucional en sentencia T-523 de
1998, el a quo no debió declarar una relación laboral encubierta y el
correspondiente pago de prestaciones sociales, «pues siempre fueron honorarios
y no salario ».

Que el ejercicio de supervisión o vigilancia, no supone subordinación, sino que
aquella obedece a una coordinación para el cumplimiento del objeto contractual,
siendo necesario que el servicio prestado por el demandante se realice de
manera idónea y bajo inspección, sin el ánimo de quebrantar las características
del contrato de prestación de servicios.

Que la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha
establecido que el solo hecho de que el contratista reciba instrucciones, realice
la labor en las instalaciones de la entidad o tenga la obligación de cumplir un
horario, no es suficiente para que se configure el elemento de subordinación, sino
que se hace necesario valorar el conjunto de pruebas, aunado a ello, no obra
prueba testimonial o documental que permita afirmar que el horario y las
funciones pactadas con el contratista sean similares a las de un trabajador de
planta del municipio de Pereira.

Que los contratos celebrados se realizaron de manera interrumpida, por lo que
debe declararse el fenómeno jurídico de prescripción.

Que, al único testigo traído a instancia, no le consta ningún hecho de la demanda,
sumado a que debe proceder la tacha impetrada en su contra, tampoco se
demostró el cumplimiento de un horario, por el contrario, el demandante podía
desarrollar las actividades de forma independiente como acontece con los
contratos de prestación de servicios.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Por auto del veinticuatro (24) de julio de 2.020, se admitió el recurso de apelación
interpuesto, luego se ordenó la presentación de los alegatos por escrito en el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas

término de 10 días y, vencido este término se fijaron 10 días para el agente del
Ministerio Público.

La parte demandante manifestó que el acervo probatorio obrante en el
expediente da cuenta de la configuración de los 3 elementos exigidos por la
jurisprudencia para la configuración de una relación laboral encubierta, motivo
por el cual solicitó se confirme la sentencia apelada.

La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal.

MINISTERIO PUBLICO.

El señor Agente del Ministerio Público no presentó concepto dentro del presente
proceso.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala deberá determinar si bajo la apariencia de contratos de prestación de
servicios existió un vínculo laboral entre las partes y como consecuencia de ello,
si la parte demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones dejadas de percibir con ocasión de ese vínculo.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual indica:

“Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.

En los contratos de Prestación de Servicios, se requiere que la prueba de la
relación contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad
si entre el actor y la entidad demandada existía un verdadero contrato de
prestación de servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la
que procede a analizarse.

La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia
o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el
elemento de la remuneración.

Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación
laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la
sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa
claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de
servicios, dice al respecto:

“Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación
del mismo.

En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad
independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la
que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia
consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor
contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que
en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas

quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación
del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un
contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos
del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo”. (Negrillas
para resaltar).

De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho
al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo
53 de la Constitución.

Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del Consejero RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:

“2.3.3.2. Subordinación continuada

102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de
trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de
prestación del servicio.2

103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida-
ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que
permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:

104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades.
Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas

innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta
circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso
concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.

105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea
simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia
en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación
de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia
del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la
existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser
valorada en función del objeto contractual convenido.

106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición
de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi,3 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o
no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el
demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de
la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva
sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de
control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en
sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista,
habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación.

107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de
que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones
o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de
la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas,
incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus
servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones
de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad
contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el
cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por
consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de
sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de
la entidad.

108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de actividades
o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en este caso la
de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación laboral, pues,
en la práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente para
satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del
contrato de prestación de servicios sí exige que las funciones del contratista
sean desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la
necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso,
puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la
subordinación laboral.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas

(…)

3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993.

131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados, es esencialmente temporal; por lo tanto, este tipo de
contratos, cuando se suscriben con personas naturales, no pueden
concatenarse indefinidamente en el tiempo.

132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo
necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe estar
sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación práctica «en
la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio jurídico,
pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que
justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».

133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución
de los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones
imprevistas que exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo
estimado, ab initio, como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede
resultar insuficiente. En cualquier caso, las mismas razones que en su
momento justificaron la planeación del contrato inicial y la suscripción de los
contratos modificatorios del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en
los mencionados estudios previos.

134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de pr9estación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan,
sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para
garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).

Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en
la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una
relación laboral como son: una actividad personal, un salario y la
subordinación. Así lo ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado
en varias oportunidades:

“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en
materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en
manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones
entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales
deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral
a través de un contrato de prestación de servicios.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas

42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto
administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se
prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal
del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y
(iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda
configurar un contrato de trabajo.”1

Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación
por parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su
calidad, tales como las prestaciones sociales.

Quiere hacer notar la Sala, que en determinados casos en los que a pesar de
que la vinculación se da mediante contrato de prestación servicios, en razón de
la actividad desarrollada, el Consejo de Estado ha dicho que se presume la
existencia de la relación de trabajo, tales son los casos de los docentes cuando
son contratados por instituciones educativas para cumplir funciones de docentes
y los celadores2.

Debe aclararse que cuando se reconoce la existencia de una relación laboral, al
accionante le asiste el derecho al pago del conjunto de prestaciones sociales
generadas con la prestación del servicio, tal como lo ha expresado el Consejo de
Estado3, y no a título de indemnización, como anteriormente se reconocía.

Resolución al caso concreto

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

Que el señor Gildardo Antonio Pérez Arenas tuvo varias vinculaciones mediante
contratos de prestación de servicios con el municipio de Pereira para prestar
labores como conserje – vigilante entre el veinticuatro (24) de mayo de 2.012 y
enero de 2.0164, contratos que han sido certificados por la directora
administrativa de prestación del servicio educativo y administración de plazas
docentes de la Secretaría de Educación de Pereira, por periodos entre el 24 de

1 Sentencia del 28 de octubre 2021.Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ.
Radicación número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
2 Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección “A”. Magistrado Ponente Alfonso Vargas

Rincón. Sentencia del 2 de mayo de 2013, Radicación 05001233100020040374201
3 Sentencia del H. Consejo de Estado en sentencia del 17 de abril de 2008 Exp. 2000 -00020

(2776 – 05) M. P. Jaime Moreno García.
4 Folios 28 a 60 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas

mayo de 2.012 y el 15 de junio de 2.015.

Si bien la prueba documental destaca diferencias en los extremos de la relación,
esto se analizó en la sentencia de primera instancia, dónde se determinó que
estos datan del 25 de mayo de 2012 al 31 de diciembre de 2015, aspecto que no
fue apelado por ninguna de las partes y que por congruencia no será objeto del
recurso.

De los contratos se puede evidenciar el acuerdo de voluntades tendiente a
obtener la prestación de un servicio personal consistente en el control de ingreso
del personal autorizado, comunicación al supervisor en forma oportuna sobre las
inconsistencias y anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o
situaciones operativas que se presenten en desarrollo de sus actividades y
manejo de archivo digital y físico conforme la ley.

Teniendo en cuenta los argumentos de la apelación, se procederá a examinar la
subordinación.

Se tiene que, mediante oficios de fechas 23 de octubre de 2.013, 19 de mayo de
2.014, 19 de noviembre de 2.014, 20 de enero de 2.015 y 23 de junio de 2.015,
el supervisor de servicios generales de la institución educativa INEM Felipe Pérez
del municipio de Pereira, envió la programación de turnos de celaduría al
personal de vigilancia y seguridad institucional de dicho centro educativo, entre
ellos, al demandante5.

Además, el testigo Carlos Ariel Prieto Zapata, quien se desempeñó como
vigilante o conserje en la institución educativa, manifestó haber sido compañero
del demandante en el colegio en comento entre el 2.012 y el 30 de enero de 2.016
y que, las labores prestadas por el señor Gildardo consistían en la vigilancia y
supervisión dentro de las instalaciones, especialmente respecto de los
estudiantes, pero incluyendo el ingreso y salida de vehículos.
Que las labores se organizaban en turnos de 12 horas entre nueve personas, en
distribución de 12 por 24. Que, en relación con el personal mencionado, algunos
de ellos realizaban sus actividades mediante contratos de prestación de
servicios, en tanto que había otros que lo hacían “nombrados”.

5 Folios 22 a 27.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas

Que, en adición a las labores tendientes a la seguridad y el ingreso a las
instalaciones del Colegio INEM Felipe Pérez de Pereira, recibían instrucciones
de realizar labores de aseo y mantenimiento, según les fuera indicado.

Que para la realización de las labores de mantenimiento disponían de un
reglamento que les era puesto en conocimiento, y les suministraban la pintura,
brochas, trapero, escoba, según se requiriera.

Teniendo en cuenta las pruebas mencionadas, la forma en la que se organizaban
y dirigían las actividades, las condiciones de tiempo, modo y lugar, la Sala logra
evidenciar la falta de autonomía para la prestación del servicio.

Llama la atención la afirmación de la parte demandada en el sentido de que el
demandante no cumplía con horarios, pues era autónomo e independiente, lo
cual riñe con la naturaleza misma de los servicios pactados en los contratos, y
con la prueba de programación de turnos de celaduría dirigida al personal de
vigilancia y seguridad institucional de dicho centro educativo.

Sobre la citada programación de turnos, se observa la instrucción: «Al funcionario
de la portería principal se le recuerda NO ABANDONAR SU SITIO DE TRABAJO, en el
caso de necesitar moverse deberá solicitarle a su compañero su reemplazo temporal.».
(Negrita, subrayas y mayúsculas conforme a la transcripción).

Ahora bien, tratándose de labores de seguridad, vigilancia y celaduría, esta
Corporación ha tenido la oportunidad de precisar, en casos como este, que existe
una imposibilidad lógica que involucra la realización de labores de vigilancia y
celaduría a través de contratos de prestación de servicios, pues son actividades
que por su permanencia y sujeción no pueden realizarse con autonomía técnica
ni administrativa6.
Aunado a lo anterior, resulta de particular relevancia al analizar la autonomía
técnica y administrativa pretendida por la apelante, destacar que, durante las
distintas órdenes de prestación de servicios, el señor Gildardo debía cumplir
labores ajenas a los servicios de seguridad y vigilancia para las que fue

6 A título de ejemplo, el asunto se explica detenidamente en sentencias del Consejo de Estado,

Sección Segunda, Sentencia 05001233100020040374201 (20272012) C. P. Alfonso Vargas y
Sentencia 6001-23-33-000-2013-00431-01(0846-15) C. P. Gabriel Valbuena Hernández.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas

contratado, entre ellas, labores logísticas, de aseo y mantenimiento que se
realizaban en el plantel educativo y según se le requiriera. Este tipo de órdenes
prueban el grado de sujeción que tenía el demandante en la prestación del
servicio y reflejan la potestad unilateral característica del ius variandi.

Es preciso señalar que a pesar de que la apoderada de la entidad demandada
en el recurso de apelación manifestó que no debe debía dársele credibilidad al
testimonio aportado al plenario, esta Corporación encuentra que en el transcurso
de la práctica del medio probatorio ninguna de las partes intervinientes tachó al
testigo, tal y como lo prevé el artículo 211 del Código General del Proceso7, razón
por la cual se reafirma la suficiencia de las declaraciones al ser confrontadas con
las pruebas documentales allegadas.

Conforme a lo anotado, para la Sala está plenamente acreditada la vinculación
contractual directa del demandante con el municipio de Pereira, entre el 25 de
mayo de 2012 y el 31 de diciembre de 2.015, de la siguiente manera:

Contrato Desde Hasta Interrupción
1549 24/05/2012 23/09/2012 Sin interrupción
1555 24/09/2012 08/11/2012 Sin interrupción
2429 09/11/2012 31/12/2012 Sin interrupción
0227 02/01/2013 15/08/2013 2 días
11101596 16/08/2013 15/09/2013 Sin interrupción
11102261 16/09/2013 15/10/2013 Sin interrupción
11102577 16/10/2013 30/10/2013 Sin interrupción
1110872 01/11/2013 30/12/2013 Sin interrupción
11100213 02/01/2014 30/06/2014 2 días
11100892 01/07/2014 30/07/2014 Sin interrupción
11101560 01/08/2014 31/10/2014 Sin interrupción
11102070 01/11/2014 31/12/2014 Sin interrupción
11100234 02/01/2015 01/04/2015 Sin interrupción
11100820 02/04/2015 15/06/2015 Sin interrupción
11101516 16/06/2015 31/12/2015 Sin interrupción

7 «Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio

de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad,
en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el
testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso.»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas

Se destaca que, si bien en el proceso se demostró que el extremo inicial de la
relación laboral fue el 24 de mayo de 2.012, y que en la demanda la solicitud de
reconocimiento se formuló desde esta misma fecha, atendiendo el principio de la
non reformatio in pejus, dado que el Tribunal declaró la relación laboral a partir
del 25 de mayo de 2.012, y esto no fue objeto de apelación por la parte
demandante, se mantendrá dicha fecha8.

Igual circunstancia ocurre en cuanto al extremo final, pues se reclama en la
demanda que fue el 30 de enero de 2.016, pero solo se demuestra hasta el 31
de diciembre de 2015, pues el último contrato aportado9, no cuenta con plazo de
ejecución, tal como lo indicó el a quo.

En síntesis, al haberse demostrado en el proceso la presencia de los elementos
que configuran un contrato de trabajo, debe declararse la existencia de una
relación laboral encubierta entre el municipio de Pereira y el señor Gildardo
Antonio Pérez Arenas, entre el 25 de mayo de 2.012 y el 31 de diciembre de
2.015.

Ahora, sobre la excepción de prescripción propuesta en la apelación, se recuerda
que esta Corporación ha unificado criterios en cuanto al reconocimiento de la
existencia de la relación laboral encubierta a través de un contrato de prestación
de servicios, en sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de
2.016, fijando las siguientes reglas respecto a la prescripción extintiva de los
derechos salariales y prestacionales derivados del contrato realidad10:

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado es
de tres años, contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y que
pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se
deriven de aquella.

8 Folios 4 y 6
9 Folios 57 a 58
10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05

del 25 de agosto de 2016. Consejero Ponente Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001-
23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas

• En aquellos casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de
ellos, a partir de sus fechas de finalización.

Sobre el particular, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2.016 indicó:

«[…] Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
[…]».

Ahora, si bien es cierto que esta Sala ha sostenido en varias ocasiones,
particularmente en el año 2.018, que cuando existen múltiples contratos u órdenes de
prestación de servicios y entre uno y otro se presentaban interrupciones de al menos
un día, debe considerarse suficiente para determinar la interrupción el vínculo
contractual, de manera que a partir de la finalización de cada uno de estos periodos
debe iniciar la contabilización del término de prescripción, la anterior postura fue
revaluada ante la disparidad de criterios sobre el momento a partir del cual ha de
contarse el fenómeno extintivo del derecho.

En tal sentido, y de conformidad con la sentencia de unificación del 9 de septiembre
de 2.02111, esta Sección ha adoptado el periodo de treinta (30) días hábiles como
indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios, sin que este constituya una «camisa de fuerza» para el juez
contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren
dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la solución de continuidad
del vínculo laboral.

Según lo expuesto en el cuadro anterior, no hubo en ningún caso un lapso que amerite
argumentar que alguna interrupción entre los contratos, por lo que no hay lugar a la
terminación o rompimiento del vínculo contractual, a la luz de la sentencia de
unificación citada en precedencia.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado:
05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos
mil veintiuno (2021).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas

Se tiene entonces que como la última fecha en la que el demandante estuvo vinculado
contractualmente con la entidad demandada, corresponde al 31 de diciembre de
2.015, la reclamación administrativa fue radicada el 5 de abril de 2.01612 y la demanda
fue presentada el 21 de octubre del mismo año13, no operó el fenómeno prescriptivo,
toda vez que la reclamación de los períodos contractuales anteriores a esta fecha (21
de octubre de 2.016) tuvo lugar dentro del término de 3 años siguientes (a) la
culminación de la relación contractual respectiva, tal como lo consideró el a quo.

Así las cosas, teniendo en cuenta los argumentos de la apelación, contrastados
con el acervo probatorio, no se encuentra que el Tribunal hubiera incurrido en
error alguno al considerar probada una relación de trabajo encubierto, por el
contrario, se observa que hubo una adecuada aplicación de las normas y
valoración de las pruebas para encontrar una verdadera relación laboral, cuyos
derechos mínimos e irrenunciables, deben ser reconocidos por la demandada.

No obstante, no resulta procedente la condena efectuada por el a quo en materia
de aportes a salud y pensión en los términos por él dictados; por lo que habrá de
modificarse la decisión; toda vez que se condenó a pagar en favor del
demandante los porcentajes correspondientes a pensión y salud que debieron
haber sido efectuados por el municipio en su calidad de empleador, o que en su
defecto, la entidad efectuara las cotizaciones a las que hubiera lugar.

Se hace necesario precisar que mediante sentencia de unificación SUJ-025-CE-
S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, se aclaró la naturaleza parafiscal de dichos
recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social, los cuales
no son un ingreso ni beneficio económico para el demandante, por lo que, ha sido
pacífica esta Corporación al señalar que no corresponde el pago de estos rubros
directamente a la parte interesada.

Así, se modificará el numeral 4° de la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia y se condenará pagar al municipio la diferencia entre los aportes que
se debieron efectuar y los realizados por el contratista, y cotizar al respectivo
fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en

12 Folios 14 a 17
13 Folio 65

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas

el porcentaje que le correspondía como empleador y por los períodos en los que
fue reconocida la relación laboral.

En ese sentido, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duró
su vinculación, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese
diferencia en su contra, deberá cancelar o completar, según sea el caso, el
porcentaje que le correspondía como trabajador.

Ahora bien, como el a quo ordenó la devolución de aportes a salud; de
conformidad con esta misma providencia, se ha establecido que, corresponde al
contratista sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por ley a hacerlo,
por lo que no es posible ordenar su devolución así se haya declarado la existencia
de un vínculo laboral, ya que, de admitirse tal pretensión, se le estaría otorgando
«un beneficio propiamente económico, que no influye en el derecho prestacional como
tal»

De la condena en costas de segunda instancia

Esta Subsección, en sentencia del 7 de abril de dos mil dieciséis (2.016),14
respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la
legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio
subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas
del Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez
revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con
el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad
de las partes.

14Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-2014), demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas

Conforme a las anteriores reglas, y en atención a que, el Consejo de Estado, ya
ha venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha
situación a la luz de la normatividad vigente, así:

De la revisión de la demanda y de la oposición a la misma, no se observa que
sea manifiesta una carencia de fundamentación legal, que dé lugar a la condena
en costas. Contrario a ello, ambas partes, en sus escritos, manifestaron razones
en defensa jurídica de sus intereses, por tal razón, al no encontrarse acreditado
tal presupuesto normativo, no se condenará en costas en esta instancia.

Esto, aunado a que se está dando aplicación a la sentencia de unificación del
2021 en relación con los aportes parafiscales

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Modificar el numeral CUARTO de la sentencia del veintiuno (21) de
junio de dos mil diecinueve (2.019), proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda el
cual quedará así:

“CUARTO: : CONDENAR a la entidad demandada, a título de
restablecimiento del derecho, tomar el ingreso base de cotización o
IBC pensional del demandante, dentro de los
periodos laborados por contrato de prestación de servicios, mes a
mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados por este como
contratista y los que se debieron efectuar, deberá cotizar al respectivo
fondo de pensiones la suma faltante en concepto de aportes, pero
solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

En ese sentido, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00785-01 (1307-2020)
Demandante: Gildardo Antonio Pérez Arenas

el tiempo que duró su vinculación, y en la eventualidad de que no las
hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, deberá cancelar o
completar, según sea el caso, el porcentaje que le correspondía como
trabajador”.

Segundo. Confírmese en lo demás la sentencia de primera instancia.

Tercero. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.