Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00797-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00797-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2016-00797-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
17 de junio de 2022
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00797-01 (5309-2019)
Demandante: DIEGO ANTONIO OCAMPO GARCÍA
Demandada: MUNICIPIO DE PEREIRA
Tema: Reconocimiento relación laboral subyacente o encubierta.
Vigilante.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
ASUNTO
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 16 de
mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Diego Antonio Ocampo García, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló, en síntesis, las siguientes:
Pretensiones1
1. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio 14474 del
25 de abril de 2016 expedido por la Secretaría de Educación del municipio
de Pereira, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de los
salarios y prestaciones sociales adeudadas, por haber prestado sus
servicios personales a dicha entidad bajo continuada subordinación y
dependencia, entre el 1.º de enero de 2008 y el 31 de enero de 2016.
2. Declarar que entre el demandante y la entidad demandada existió una
relación laboral en el periodo comprendido entre el 1.º de enero de 2008 y
el 1.º de enero de 2016.
3. A título de restablecimiento del derecho, ordenar al municipio de Pereira
reconocer y pagar a favor del interesado, a título de indemnización, el valor
de todas las prestaciones de ley y acreencias laborales a que haya lugar
con ocasión de la anterior declaración; así como los salarios y prestaciones
que se le reconozcan a un empleado de planta de la entidad territorial.
1
Folios 9 a 11 y 79.
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4. Condenar a la demandada a actualizar las sumas que resulten a favor del
convocante, desde la fecha en que se hizo exigible la obligación hasta el
momento de la conciliación; a compensar al demandante lo que pagó por
concepto de vestido y calzado, valores que debía reconocer el municipio
en calidad de empelado; a reconocer y pagar a favor del interesado, la
indemnización por el no reconocimiento y pago de las cesantías,
equivalente a un día del último salario por cada día de retraso en su
consignación, de conformidad con la Ley 244 de 1995, o por no haberlas
depositado oportunamente a un fondo como lo establece la Ley 344 de
1996; al pago de costas procesales.
Fundamentos fácticos relevantes2
1. El señor Diego Antonio Ocampo García prestó sus servicios personales y
remunerados, bajo la continua dependencia y subordinación de la
Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, mediante contratos de
prestación de servicios que fueron ejecutados entre el 1.º de enero de 2008
y el 31 de enero de 2016.
2. Durante el tiempo señalado, el demandante laboró sin solución de
continuidad y, durante los años 2010 y 2011, prestó sus servicios por medio
de un tercero o cooperativas de trabajo.
3. El demandante se desempeñó como vigilante de las instituciones
educativas del municipio de Pereira.
4. El señor Ocampo García recibió por parte de la entidad territorial una
contraprestación por el servicio de vigilancia, en pagos mensuales; acreditó
las condiciones de una prestación personal del servicio; sus jefes
inmediatos fueron los directores o rectores de los colegios o institutos
oficiales en donde desarrolló las actividades propias de la vigilancia,
celaduría y custodia; cumplía un horario, comprendido por turnos de 12
horas diarias, en jornadas alternadas, y; durante el término de la prestación
personal del servicio al municipio, no le fueron reconocidas prestaciones
sociales ni seguridad social.
5. El 1.º de abril de 2016, el interesado presentó reclamación administrativa
ante la entidad convocada con el propósito de que se le reconocieran y
pagaran todos los derechos, prestaciones e indemnizaciones laborales,
conforme a la ley.
6. Mediante el Oficio 14474 del 25 de abril de 2016, la Secretaría de
Educación del municipio de Pereira negó la solicitud elevada, bajo el
argumento de la inexistencia de un vínculo laboral.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»3, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
2
Folios 7 a 9.
3
Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
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3
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por los
intervinientes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia
inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y
aceptados por los intervinientes se convierten en una eficiente guía para el
decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los
recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida
más legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones4:
«Procede el Despacho a efectuar el análisis previsto en el numeral 6 del artículo
180 del C.P.A.C.A. en consonancia con el canon 100 del C.G.P., atendiendo que
la apoderada de la entidad demandada formuló las excepciones de
«INEXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO O RELACIÓN LABORAL»
«INEXISTENCIA DE CAUSA PARA DEMANDAR Y COBRO DE LO NO
DEBIDO» «PRESCRIPCIÓN» y la «GENÉRICA».
2.1 Frente a la excepción de «INEXISTENCIA DE CAUSA PARA DEMANDAR Y
COBRO DE LO NO DEBIDO», la cual descansa en el argumento que al
accionante no se le adeuda ninguna acreencia que tenga su génesis en un
contrato o relación de trabajo, porque nunca se dio el vínculo laboral, se aclara
que por estar relacionada directamente con los hechos que respaldan las súplicas
de la demanda, será estudiada con el fondo del asunto.
2.2 En relación con la excepción de «PRESCRIPCIÓN» debe decirse que en
reiteradas oportunidades esta Corporación ha manifestado que atendiendo al
mandato imperativo señalado en el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de
2011, la oportunidad para resolver la excepción de prescripción extintiva, es en la
audiencia inicial.
No obstante, es preciso referir que en reciente providencia, el Consejo de Estado
señaló la improcedencia de resolver en esta etapa del proceso las excepciones
que tienen por finalidad atacar el derecho sustancial debatido, caso en el cual la
excepción debe ser resuelta en la sentencia y no en forma previa como lo ordena
la norma en cita, por tratarse de un medio exceptivo de fondo.
De acuerdo a lo anterior, decidir sobre la prescripción del pago reclamado por el
demandante, en forma previa o anterior a la sentencia, comporta una decisión
sobre el derecho sustancial debatido en el proceso que puede involucrar
derechos de carácter imprescriptible según lo expuso el Consejo de Estado en la
referida providencia, por lo que debe dejarse para el momento de finiquitar el
litigio.
La apoderar judicial de la entidad demandada propuesto además la excepción de
«INEXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO O RELACIÓN LABORAL».
Respecto de tal excepción propuesta, estima el Despacho que dicho medio de
defensa no constituye excepción que tenga el carácter de previa, de las
señaladas en el artículo 100 C.G.P., ni en el 180 numeral 6º de la Ley 1437 de
2011.
4
Folios 111 y 112.
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4
En ese orden de ideas, y dado que el suscrito no encuentra probada alguna otra
de las excepciones previstas en el artículo 100 del Código General del Proceso,
aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, ni otras de las enlistadas en
el artículo 180-6º de ibídem, para ser decretada de manera oficiosa, dispone
continuar con el proceso, concretamente con los demás puntos de la presente
audiencia». (Negrillas, cursiva y mayúsculas originales)
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos5:
«Se considera por el Despacho que, de acuerdo con la demanda y su
contestación, el litigio se circunscribe al estudio de legalidad del acto
administrativo No. 14474 del 25 de abril de 2016, expedido por el municipio de
Pereira, por medio del cual se resolvió negativamente la solicitud de
reconocimiento y pago del reajuste salarial y prestacional con su respectiva
indexación a favor del demandante, y en consecuencia se declare la existencia o
no de una relación laboral entre el señor Diego Antonio Ocampo y la entidad
demandada municipio de Pereira; lo anterior a efectos determinar si procede el
pago de prestaciones sociales y demás emolumentos que constituyen factor
salarial a favor del demandante, de acuerdo con la labor que desempeñaba, por
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de enero de 2016.
O si por el contrario, no hay lugar a declarar la ilegalidad del acto señalado toda
vez que la entidad demandada no le adeuda ninguna acreencia al señor Diego
Antonio Ocampo, ya que nunca se presentó un vínculo laboral, pues lo único que
existió fue una prestación de servicios de forma interrumpida, al cual se le
cancelaron los honorarios pactados en el contrato».
SENTENCIA APELADA6
El tribunal dictó sentencia escrita el 16 de mayo de 2019, a través de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:
En primer lugar, enfatizó en que en el ordenamiento colombiano existen 4 tipos
de vinculación con entidades del Estado, a saber, a) los empleados públicos
(relación legal y reglamentaria); b) trabajadores oficiales (relación contractual
laboral; c) miembros de las Corporaciones Públicas; y d) contratistas de
prestación de servicios (relación contractual estatal).
Seguidamente desarrolló las posturas de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado sobre el contrato realidad y concluyó que, la tesis que actualmente
rige, reconoce al contratista que demuestra los elementos de una relación
laboral, las prestaciones sociales propias de esta clase de relación, pero bajo
el título indemnizatorio, o de reparación del daño.
Resaltó que además de las exigencias legales, corresponde a la parte que lo
demanda acreditar la permanencia, es decir que la labor sea inherente a la
entidad, y la equidad o similitud que es el parámetro de comparación con los
demás empleados de planta.
Con fundamento en las anteriores determinaciones normativas y
jurisprudenciales, el a quo procedió a efectuar la valoración probatoria a
efectos de establecer si en el presente asunto se configuraron los elementos
5
Folio 112 y 113.
6
Folios 140 a 164 Vto.
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de la relación laboral subyacente de prestación personal del servicio,
remuneración y subordinación. Así, y pese a que no fue posible la recepción
de los testimonios solicitados por la parte demandante como pruebas, las
funciones cumplidas por el señor Diego Antonio Ocampo García, en desarrollo
del objeto contractual, hacen indiscutible colegir que se presentó
subordinación, pues no podría predicarse que a un contratista dedicado a
prestar servicios de vigilancia en una institución educativa le asiste algún grado
de independencia autonomía en el desempeño de las labores, pues de la
naturaleza propia de las mismas se desprende que debe ser realizad de forma
permanente, continua y controlada.
La anterior disquisición permite inferir que, en virtud del principio de la primacía
de la realidad, en el presente caso existió una verdadera relación laboral
durante el tiempo de vigencia de los contratos, en la que concurrieron los
elementos esenciales de prestación personal del servicio, remuneración como
contraprestaciones y subordinación.
En punto a la certificación en la que consta que el demandante estuvo
vinculado con la Empresa de Servicios Temporales, Servitemporales S.A.
como empleado en misión en el cargo de conserje, desde el 1.º de enero hasta
el 11 de diciembre de 2010, y desde el 19 de febrero hasta el 30 de junio de
2011, el juez de primer grado indicó que la misma permite verificar la
continuidad en la prestación del servicio o la necesidad de este,
desnaturalizando la figura de los trabajadores temporales.
En ese orden, consideró que habiendo sido demostrado que en el asunto en
discusión, el municipio desconoció el principio de la primacía de la realidad
sobre las formas, surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor
del contratista.
Al pronunciarse sobre la prescripción, el tribunal sostuvo que en el caso del
señor Ocampo García, en lo atinente a los contratos celebrados desde el 1.º
de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2015, con inclusión de la
vinculación con Servitemporales S.A, no hubo ocurrencia del fenómeno
prescriptivo al no evidenciarse interrupciones significativas en la prestación del
servicio. Así, el interesado tenía hasta el 31 de diciembre de 2018, 3 años
posteriores al rompimiento del vínculo contractual, para radicar la reclamación,
hecho que aconteció el 1.º de abril de 2016.
Consideró oportuno precisar que la contabilización de la prescripción debe
hacerse desde el último de los contratos de prestación de servicios, según se
desprende de la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 y no cada
vez que termine cada contrato y haya interrupciones así sea de un día, quince
días o más como término de solución de continuidad, comoquiera que deben
ser suficientes y razonables las interrupciones.
En lo que toca a la reclamación de horas extras diurnas y nocturnas el juez
señaló que, si bien la declaratoria de existencia de una relación laboral no le
otorga al contratista la condición de empleado público, sí le permite acceder al
reconocimiento de las prestaciones sociales que devenguen aquellos, en la
medida en que se demuestren causadas; es por ello que, al no encontrar en
el expediente prueba de lo pedido por concepto de horas extras, las mismas
serían negadas.
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En cuanto a la dotación de calzado y vestido, el tribunal consideró acreditadas
las condiciones de ley para acceder a la mismas, por lo que procedió a
reconocer las dotaciones de los años 2008 a 2015.
Sobre la sanción por mora, refirió que la obligación de pago surge con la
sentencia a través de la cual se efectúa el reconocimiento de la relación laboral
subyacente, toda vez que la misma tiene carácter constitutivo, motivo por el
cual es a partir de su ejecutoria que empiezan a correr los términos para
reclamar los derechos que de ésta se deriven.
Corolario de lo expuesto, el a quo declaró la nulidad del acto administrativo
demandado; condenó al municipio de Pereira a reconocer y pagar a favor del
demandante las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene
derecho, teniendo como base para ello los honorarios pactados derivados de
los contratos de prestación de servicios, correspondientes a los periodos en
los cuales se demostró la existencia de la relaciona laboral, es decir, desde el
1.º de marzo de 2008 al 31 de diciembre de 2015; condenar a la demandada
a pagar al demandante los porcentajes de cotización a pensión y salud que
debió trasladar a los fondo respectivos, durante el lapso acreditado en que
prestó sus servicio, frente a los cuales no operó la prescripción; y condenar al
pago compensatorio en dinero a favor del señor Ocampo García de las
dotaciones de vestido y calzado de labor desde marzo de 2008 hasta el 31 de
diciembre de 2015.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada7 presentó recurso de apelación con fundamento en lo
siguiente:
El hecho de que la administración tuviera injerencia en la labor desarrollada
por el interesado no implica subordinación sino coordinación, es decir, resulta
lógico que la entidad contratante regule el cumplimiento del contrato mediante
un interventor, sin que por ello resulte dependiente el contratista.
De otro lado sostuvo que fue la necesidad del servicio la que ameritó la
contratación, pues no se contaba con la infraestructura para atender el mismo,
en la planta de personal de la administración municipal.
Adujo que si lo que se pretende decir es que si el contrato de prestación de
servicios viola la Constitución y la ley, la consecuencia de ello no sería otra
que la nulidad del vínculo, que no su existencia.
Así, si se presentara una causal de nulidad, como que el objeto del contrato
se opone a la ley o a mandatos de orden público, se requeriría, para que las
cosas regresen a su estado anterior, una sentencia que disponga su
invalidación, pues de no ser así, continuaría surtiendo efectos y sería imposible
que las partes de la relación jurídica sustancial lo desconocieran.
En ese sentido, desde ningún punto de vista puede sostenerse que el contrato
de prestación de servicios celebrado por la parte demandante con la
administración, se opone a derecho o se encuentra prohibido por la ley.
7
Folios 171 a 176 Vto.
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7
Refirió que, si bien la actividad del contratista puede ser igual a la de
empleados de planta, no es menos evidente que ello puede deberse a que
este personal no alcanza para colmar las aspiraciones del servicio público,
situación que hace imperiosa la contratación de personas ajenas a la entidad;
y de ser así, es apenas obvio que deban someterse a las pautas de ésta y a
la forma en que en ella se encuentran coordinadas las distintas actividades.
En lo que atañe a los elementos del contrato de trabajo, el recurrente
argumentó que no es posible deducir subordinación del contratista frente a la
administración, sobre la base de que existe identidad de las actividades
desarrolladas por aquél y un empleado público, cumplimiento de órdenes,
horarios, servicio, sitio, entre otros, por cuanto la ley dispone que la prestación
del servicio tiene como propósito el desarrollo de labores relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad.
Sostuvo que constituye requisito necesario para desmostar la existencia de
una relación de trabajo, que el interesado acredite en forma incontrovertible
la subordinación y dependencia, así como que desplegó funciones públicas,
de modo que no quede duda acerca del desempeño del contratista en las
mismas condiciones de cualquier otro servidor; de esta manera aseguró que,
dicha subordinación no fue aprobada por la parte demandante y que, sin
embargo, el tribual accedió a las pretensiones de la demanda con una simple
presunción.
Manifestó que de los contratos de prestación de servicios aportados se
desprende que, en algunas ocasiones, luego de cumplir el plazo del contrato,
pasaban periodo en los que no se contrataba, por lo que es lógico pensar que
no se requirió al contratista y éste tampoco se presentó a prestar sus servicios.
Dicha circunstancia demuestra que no hubo continuidad y, por ende, no puede
existir relación laboral.
Por último, al referirse a la prescripción, puntualizó que se está ante la
presencia no de un solo contrato de prestación de servicios, sino de varios y
que, por tanto, con prescripciones independientes dadas las interrupciones
presentadas a lo largo de la relación contractual entre el demandante y el
municipio, por lo que se encuentra configurado el fenómeno citado.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandada8 reiteró los argumentos expuestos en su escrito de
alzada.
La parte demandante, el ministerio público y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica guardaron silencio en esta etapa, de conformidad con la
constancia secretarial visible a folio 196 del plenario.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
8
Memorial visible a índice 12 del aplicativo SAMAI.
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8
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.
Consideración previa
Encuentra la Sala que dentro de los planteamientos expuestos por el municipio
de Pereira en su escrito de apelación, se encuentra el relacionado con la
solución jurídica que debería derivarse del hecho de que el contrato de
prestación de servicios contravenga normas de rango constitucional o
relacionadas con el ordenamiento jurídico, pues a voces del recurrente lo que
debería resolverse es la nulidad de dichos contratos y no su inexistencia.
Al respecto, suficiente es indicar que, la demanda presentada por el señor
Diego Antonio Ocampo García, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no se encuentra sustentada en la ilegalidad de
los contratos por él suscritos con la entienda territorial, y no tiene interés
distinto al de determinar la existencia de una relación laboral surgida con
ocasión de la presunta vinculación contractual sucesiva que mantuvo con el
demandado en el periodo comprendido entre 2008 y 2016.
Es de anotar que lo que se analiza entonces en este tipo de debates judiciales,
no es la nulidad de los actos que traban la relación contractual entre el
contratista y el contratante o su inexistencia, en el término propiamente dicho,
sino la transformación en el tiempo de las condiciones de los mismos, es decir,
la desnaturalización de dichos contratos al desaparecer los supuestos que
inicialmente los ubicaron en las hipótesis contempladas en la Ley 80 de 1993,
aparejado de la continuidad en el tiempo de las labores encomendadas y la
conformación o constitución de los elementos propios de una relación laboral.
De este modo, para esta Corporación no hay lugar a adelantar
consideraciones adicionales sobre el planteamiento expuesto por la
demandada a este tenor, en tanto, la discusión se circunscribe a determinar si
el señor Ocampo García satisfizo las exigencias legales para la comprobación
de un contrato de trabajo subyacente, y no a la ilegalidad de los acuerdos de
prestación de servicios por él firmados conforme lo enunciado por el
recurrente.
Problema jurídico
De conformidad con los planteamientos derivados de la sentencia impugnada
y del recurso de apelación elevado por la parte demandada, los problemas
jurídicos a resolver en esta instancia se circunscriben a:
1. ¿El señor Diego Antonio Ocampo García demostró la configuración de los
elementos de la relación laboral durante el tiempo que estuvo vinculado
como celador con el municipio de Pereira a través de contratos de
prestación de servicios suscritos directamente con la entidad, y con
empresas de intermediación laboral?
En caso afirmativo,
2. ¿Hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho, al haber transcurrido más de tres años entre la finalización de
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todos o algunos de los periodos contractuales y la reclamación
administrativa?
3. ¿Hay lugar a reembolsar al demandante las sumas pagadas por concepto
de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión?
Marco normativo y jurisprudencial
En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a
la cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por
las partes.
Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales
sobre el derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano,
forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral).
Por esta razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de
«salario igual por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del
Convenio 111 de la OIT,9 constituye, junto con otros principios
convencionales,10 un axioma laboral de aplicación directa en el ordenamiento
jurídico interno.
Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que
respecta al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los
instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes
de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el
cumplimiento de los fines del Estado), el numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993 lo recoge como un tipo de negocio jurídico o contrato típico, en los
siguientes términos:
«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal
de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales
y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»
Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los
contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni
generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los
elementos configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación
9
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
10
Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de
Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como
«(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño
de una actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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10
continuada, la prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo).
En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley
80 de 1993, y la forma en que este queda desvirtuado para dar lugar a la
declaratoria de una relación laboral encubierta o subyacente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique
conductas o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el
Estado es el empleador, deberá ser analizada en consideración de los
derechos fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo
53 de la Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo,
debidamente ratificados por el Estado.
En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios,
el elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a
saber:
i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se puede matizar ante
el surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o imposición de
jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en función del objeto contractual
convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se materializa,
por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del prestador del servicio en el
círculo rector, organizativo o disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera idéntica,
semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores de planta,
siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral.
No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna
manera, una vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle
la categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer
las exigencias del artículo 122 de la Carta Política.11
Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante
o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia.
11
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-
2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
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11
Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de
acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad
de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente
temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse
en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro
del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la
Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la
devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se
recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal.
En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de
dar cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la
manera más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente
indispensable» puede advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde
la entidad justifica, en función del objeto a contratar y de los recursos
disponibles, el tiempo máximo que estima imprescindible para la ejecución de
un contrato futuro. De ahí que los contratos de prestación de servicios no
puedan concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se suscriben con
personas naturales.
En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles,
en principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad
para aquellos contratos de prestación de servicios que presenten
interrupciones, cuya consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción
de derechos una vez declarada la relación laboral subyacente. En
consecuencia, de no superarse dicho lapso, se puede concluir «la existencia
de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate que los
objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o
similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades».
A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se
reiteró que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la
prescripción de derechos prestacionales derivados de la relación laboral
encubierta o subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016,12 según la cual, en caso de encontrarse
acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento debe
reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente
12
sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005
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12
a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización,13 por lo que de no
presentarse la reclamación en ese periodo, operará el fenómeno prescriptivo,
salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no está sometidos a
dicho término.14
En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo
cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación
laboral cuya duración deba ser examinada.
Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente
la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en
estudio en la vía judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver
el caso concreto a la luz de dichos parámetros.
De las empresas de servicios temporales y las relaciones jurídicas que
surgen con los trabajadores en misión y las empresas usuarias
El marco normativo de las empresas de servicios temporales está contenido
en la Ley 50 del 28 de diciembre de 199015 y el Decreto 24 de 199816,
modificado por el Decreto 50317 de esa misma anualidad. Es así como en el
artículo 71 de la prenotada Ley 50 de 1990, definió lo que es una Empresa de
Servicios Temporales en los siguientes términos:
«Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de
servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el
desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas
naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la
cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleado».
En este orden de ideas, se entiende que el objeto de las empresas de servicios
temporales es suministrar a un tercero la prestación de un servicio temporal o
transitorio de personas naturales, frente a las cuales la EST tiene la calidad de
empleador, dicho tercero es calificado por la ley como el usuario quien es «toda
13
En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de
prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene
un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez
verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y
examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que
han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de
prestación de servicios. […]» (Negrita fuera del texto)
14
Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado
de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante
como empleadora.
15
Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
16
Por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las empresas de servicios temporales.
17
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 0024 del 6 de enero de 1998, que reglamenta el
ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales
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13
persona natural o jurídica que contrate los servicios de las empresas de servicios
temporales.» (Art. 73).
Así mismo, en el artículo 74 ibídem, consagra la clasificación de los
trabajadores de dichas empresas de la siguiente manera:
«Los trabajadores de las EST son de dos clases: trabajadores de planta, que
desarrollan su actividad en las dependencias de las EST; y trabajadores en
misión, que son aquellos que la empresa de servicios temporales envía a las
dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado por éstos».
De acuerdo con la normatividad referenciada en precedencia, las empresas
de servicios temporales conforman una modalidad de trabajo en la que no
existe vínculo directo entre quien se beneficia del trabajo y el trabajador que lo
realiza o presta el servicio.
Ahora, el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 establece los eventos de
procedencia de la contratación de servicios a través de las empresas de
servicios temporales EST así:
«Artículo 77. Los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo podrán
contratar con éstas en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que
se refiere el artículo 6o del Código Sustantivo del Trabajo.
2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia,
en incapacidad por enfermedad o maternidad.
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de
productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la
prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogables hasta por
seis (6) meses más».
Dichas causales de procedencia se fundamentan en la intención del legislador
de proteger a los trabajadores temporales con el objeto de que los usuarios no
burlen sus garantías laborales cuando en realidad requieren los servicios de
trabajadores de manera permanente.
En tal sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-330 de 199518, al
estudiar la constitucionalidad del numeral 3 del artículo 77 de la Ley 50 de
1990 consideró que la finalidad de esta norma es «la protección de los
trabajadores, para que las empresas no abusen de la posibilidad de contratar
trabajadores temporales, haciendo a un lado los permanentes». Del mismo
modo, indicó la Corte que las causales para la procedencia de esta figura,
atienden a que el trabajo es un derecho que goza de especial protección del
Estado (art. 25 CP) y a que éste tiene la obligación de proteger a las personas
que por su condición económica se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta, en tanto «en la compleja relación empresa de servicios temporales,
usuario y trabajador, la parte más débil es este último».
Bajo estos supuestos, es claro que la Ley 50 de 1990 en su artículo 71 permite
la contratación con empresas de servicios temporales, pero bajo los precisos
límites del artículo 77 ibídem, motivo por el cual, al igual que lo ha expresado
la Sala en los casos en que ha aplicado el principio de la primacía de la realidad
18
M.P. Jorge Arango Mejía
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14
para reconocer la existencia del contrato realidad, no resulta viable acudir a la
contratación de empresas de servicios temporales cuando se trate del
desarrollo de actividades permanentes o propias del objeto de la entidad, pues
de ser así, se estarían desconociendo principios constitucionales que rigen la
función pública.
Primer problema jurídico
¿El señor Diego Antonio Ocampo García demostró la configuración de los
elementos de la relación laboral durante el tiempo que estuvo vinculado como
celador con el municipio de Pereira a través de contratos de prestación de
servicios suscritos directamente con la entidad, y con empresas de
intermediación laboral?
Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con el
análisis jurídico y probatorio, en el caso del señor Diego Antonio Ocampo
García se encuentran demostrados los tres elementos que configuran una
verdadera relación laboral, razón por la cual, en virtud del principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades, hay lugar a declarar su
existencia.
Sobre el asunto sometido a discusión
Advierte la Sala que, en el presente asunto, el demandante pretende la
declaración de la existencia de una relación laboral entre él y el municipio de
Pereira, por el periodo comprendido entre el 1.º de enero de 2008 y el 31 de
enero de 2016, sin solución de continuidad; y, en consecuencia, que se ordene
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de ley y demás
acreencias laborales que surjan con ocasión de dicha declaratoria.
El tribunal de primera instancia encontró acreditado el vínculo laboral aducido
por el señor Diego Antonio Ocampo García pero por el lapso transcurrido entre
el 1.º de marzo de 2008 y el 31 de diciembre de 2015 al considerar que, con
el material probatorio recaudado, se acreditaron los elementos que configuran
la relación de trabajo, esto es, la prestación personal del servicio, la
remuneración y la continua subordinación y dependencia; lo anterior, aunado
a haberse demostrado la permanente ejecución de actividades que
desnaturalizan el carácter temporal del contrato de prestación de servicios.
No obstante, según se desprende del recurso de alzada presentado por la
entidad demandada, en el presente asunto no hay lugar a declarar la
existencia de una relación laboral encubierta entre las partes y, por lo tanto,
no es procedente el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
reclamadas por el demandante.
Lo anterior, por cuanto el señor Ocampo García no acreditó la configuración
de los elementos esenciales del contrato realidad, específicamente el de
subordinación; y su vinculación bajo la modalidad de contrato de prestación de
servicios se encontraba amparada por la Ley 80 de 1993, por virtud de la cual,
no puede predicarse la existencia de una relación de trabajo.
De acuerdo con lo indicado, precisa esta Subsección que quien pretende la
declaratoria de existencia de una relación laboral oculta bajo la modalidad de
contratación por prestación de servicios, tiene el deber de demostrar, a través
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15
de los medios probatorios a su disposición, la configuración de los elementos
esenciales del contrato de trabajo.
Así las cosas, y conforme a la documentación obrante en el expediente, se
observa que el señor Diego Antonio Ocampo García prestó sus servicios al
municipio de Pereira, de la siguiente manera:
Vinculación contractual directa con el municipio de Pereira
N.º de Periodo Valor/Honorarios Objeto Folio
contrato u
orden
1078/2008 04/03/0819 $8.062.704 Prestar los servicios de portería en el 41 y 42.
31/12/08 Establecimiento Educativo LA BELLA del
Municipio de Pereira, o en el Establecimiento
Educativo que la Secretaría de Educación lo
requiera, por necesidad del servicio.
186/2009 01/01/09 $10.639.500 Ibídem. 40 y 43.
31/12/09
Vinculación contractual por intermedio de la EST Servitemporales S.A.20
N.º de Periodo Valor/Honorarios Objeto Folio
contrato u
orden
01/01/10 $519.261 Laboró en nuestra empresa con contrato de 30 a 33.
07/10/10 obra o labor determinada, suministrado como
empleado en misión para ALCALDÍA DE
PEREIRA – CONSERJE.
Prestación de servicios de administración y
suministro de personal temporal de apoyo
técnico, administrativo y operativo en los
planteles educativos oficiales del municipio de
Pereira para la vigencia 2010.
08/10/10 $519.261 Laboró en nuestra empresa con contrato de 30 a 33.
11/12/10 obra o labor determinada, suministrado como
empleado en misión para ALCALDÍA DE
PEREIRA – CONSERJE.
Prestación de servicios de administración y
suministro de personal temporal de apoyo
técnico, administrativo y operativo en los
planteles educativos oficiales del municipio de
Pereira para la vigencia 2010.
01/01/1121 $535.600 Laboró en nuestra empresa con contrato de 30 a 33.
30/06/11 obra o labor determinada, suministrado como
empleado en misión para ALCALDÍA DE
PEREIRA – CONSERJE.
Prestación de servicios de administración y
suministro de personal temporal de apoyo
técnico, administrativo y operativo en los
planteles educativos oficiales del municipio de
Pereira para la vigencia 2011.
Vinculación contractual directa con el municipio de Pereira
19
Es de anotar que la fecha indicada se concluye del hecho que de que el plazo previsto en el contrato
haya sido establecido en nueve (9) meses y veintiséis (26) días, y que el certificado de disponibilidad
presupuestal No. 570, haya sido expedido el 3 de marzo de 2008.
20
Conforme se desprende de la constancia emitida por el Representante Legal de la empresa de
servicios temporales SERVITEMPORALES S.A. el 4 de abril de 2016, y los contratos suscritos por dicha
empresa y el señor Diego Antonio García Ocampo.
21
Si bien en la certificación expedida por SERVITEMPORAES S.A., se indica como fecha de inicio del
3er. Contrato el 19 de febrero de 2011, en el contrato aportado con el libelo se visualiza que el mismo
registra como «Fecha de iniciación contrato» «ENERO 01 DE 2011» (fl. 33).
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16
N.º de contrato Periodo Valor/Honorarios Objeto Folio
u orden
189/2011 01/07/11 $4.235.796 Prestar los servicios de conserjería en el 45 y 44.
31/10/11 Establecimiento Educativo LA BELLA del
Municipio de Pereira, o en el Establecimiento
Educativo que la Secretaría de Educación lo
requiera, por necesidad del servicio.
Adición 01/11/11 $2.117.898 Ibídem. 46 y 47.
189/2011 31/12/11
188/2012 03/01/12 $2.182.000 Prestar los servicios de conserjería en el 48 y 49.
28/02/12 Establecimiento Educativo LA BELLA del
Municipio de Pereira, o en el Establecimiento
Educativo que la Secretaría de Educación lo
requiera, por necesidad del servicio, y/o en la
SEM.
825/2012 01/03/12 $4.364.000 Prestar los servicios de apoyo operativo en el 50 y 51.
30/06/12 Establecimiento Educativo LA BELLA del
Municipio de Pereira, o en el Establecimiento
Educativo que la Secretaría de Educación lo
requiera, por necesidad del servicio.
Adición 01/07/12 $1.091.000 Ibídem. 52 y 53.
825/2012 31/07/12
1125/2012 01/08/12 $1.636.500 Prestación de servicios para realizar 54 a 56.
15/09/12 actividades de apoyo operativo y asistencial
en uno de los Establecimientos Educativos
Oficiales del Municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación Municipal lo requiera
por necesidad del servicio.
1766/2012 16/09/12 $1.636.500 Ibídem. 57 a 59.
31/10/12
2400/2012 01/11/12 $1.491.033 Ibídem. 60 a 62.
11/12/12
Adición 12/12/12 $727.333 Ibídem. 63.
2400/2012 31/12/12
0197/2013 02/01/13 $5.673.200 Prestación de servicios para realizar 65 y Vto.
31/05/13 actividades de apoyo operativo y asistencial
en uno de los Establecimientos Educativos
Oficiales del Municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación Municipal lo requiera.
Adición 01/06/13 $2.836.600 Ibídem. 64.
0197/2013 15/08/13
11101565/2013 16/08/13 $1.134.640 Ibídem. 66 y Vto.
15/09/13
11102230/2013 16/09/13 $1.134.640 Ibídem. 67 y Vto.
15/10/13
11102547/2013 16/10/13 $567.320 Ibídem. 68 y Vto.
31/10/13
11102842/2013 01/11/13 $2.269.280 Ibídem. 69 y Vto.
31/12/13
11100182/2014 02/01/14 $4.538.560 Ibídem. 70 y Vto.
30/04/14
Adición 01/05/14 $2.269.280 Ibídem. 71.
11100182/2014 30/06/14
11100862/2014 01/07/14 $1.134.640 Ibídem. 34 y Vto.
31/07/14
11101534/2014 01/08/14 $3.403.920 Prestación de servicios de apoyo a la gestión 35 y Vto.
31/10/14 para realizar actividades operativas en uno de
los Establecimientos Educativos Oficiales del
Municipio de Pereira o donde la Secretaría de
Educación Municipal lo requiera.
11102043/2014 01/11/14 $2.269.280 Ibídem. 36 y Vto.
31/12/14
11100204/2014 02/01/15 $3.506.037 Ibídem. 37 y Vto.
01/04/15
11100865/2015 02/04/15 $2.882.742 Ibídem. 38 y Vto.
15/06/15
11101485/2015 16/06/15 $7.596.413 Ibídem. 39 y Vto.
31/12/15
Respecto de la relación que precede se debe indicar que, pese a que en el
plenario no obran constancias adicionales expedidas por la Secretaría de
Educación del municipio de Pereira en las que se corroboren los tiempos
durante los cuales el señor Ocampo García estuvo vinculado contractualmente
con dicha entidad, y que tampoco constan los actas de inicio y de terminación
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de los acuerdos bilaterales, de los documentos aportados es posible inferir,
válidamente, que los tiempos previamente señalados corresponden a los
plazos en los que se ejecutaron de manera efectiva los objetos contratados.
La anterior revisión probatoria permite colegir entonces que, entre el 4 de
marzo de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, el señor Diego Antonio Ocampo
García prestó sus servicios profesionales como celador/conserje/vigilante al
municipio de Pereira – Secretaría de Educación Municipal, mediante
vinculación contractual y a través de empresas de servicios temporales, con
apenas algunas interrupciones en términos de días.
Con fundamento en lo anterior, y de conformidad con las condiciones en que
fueron ejecutados los contratos referenciados, procede la Subsección a
verificar si el demandante acreditó la prestación personal del servicio,
remunerada y bajo continua subordinación y dependencia.
a) La prestación personal del servicio.
Para esta Subsección está acreditado que el señor Diego Antonio Ocampo
García prestó de forma personal sus servicios con ocasión a los diferentes
contratos celebrados, para desarrollar funciones requeridas en cumplimento
de los objetos contractuales contenidos en los contratos que suscribió, como
se relacionó al analizar los extremos temporales de la relación.
b) Remuneración por el servicio prestado.
Frente al elemento de la remuneración, la Sala puede inferir razonablemente
que al señor Diego Antonio Ocampo García se le cancelaban periódicamente
las sumas reconocidas a título de honorarios en los diferentes contratos de
prestación de servicios. Ello se advierte, principalmente, de las cláusulas
relacionadas con: i) el valor de los contratos; y ii) la forma de pago en la cual
se estipulaban los montos mensuales que recibiría el demandante por sus
servicios.
c) Subordinación y dependencia continuada
Este elemento esencial del contrato de trabajo, según el artículo 23 del CST22,
es considerado por la doctrina como el determinante para distinguir la relación
laboral de las demás prestaciones de servicios, y que faculta al empleador
para exigir el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al
tiempo, modo o cantidad de labores, así como para imponerle reglamentos y
el poder disciplinario, teniendo en cuenta para ello, los límites constitucionales
que imponen el respeto a la dignidad humana del trabajador y sus derechos
mínimos, es decir, bajo criterios de razonabilidad y sin arbitrariedad. De
acuerdo con lo anterior, la subordinación parte del poder de dirección respecto
a las actividades de trabajo y como potestad disciplinaria del empleador para
22
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El
nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:
[…]
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste
para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad
de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del
contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en
concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; […]» (Subraya la Sala).
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18
conservar el orden en la empresa, pero únicamente en lo atinente al ámbito
laboral.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-386 de 2000 indicó:
«[…] La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y
definidor del contrato de trabajo ha sido entendida, según la concepción más
aceptable por la doctrina y la jurisprudencia, como un poder jurídico permanente
de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a
través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de
reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe realizar las funciones y
cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de los
objetivos de la empresa, los cuales son generalmente económicos.
Se destaca dentro del elemento subordinación, no solamente el poder de
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
disciplinario que el empleador ejerce sobre éste para asegurar un
comportamiento y una disciplina acordes con los propósitos de la organización
empresarial y el respeto por la dignidad y los derechos de aquél. […]»23
Colofón de lo expuesto, como subordinación y dependencia continuada se
debe entender el elemento esencial y configurativo de la relación laboral,
según el cual el empleador, en ejercicio de su potestad de dirección, puede
exigir a sus empleados el acatamiento de órdenes e instrucciones sobre el
modo y la cantidad de trabajo, el cumplimiento de horarios para el desarrollo
de este, y la imposición de los reglamentos internos, en cualquier momento,
respetando la dignidad del trabajador y sus derechos mínimos constitucionales
y laborales.
Bajo tal entendimiento, se tiene que la parte demandada sustentó su recurso
de apelación sobre la base de que, entre otros, en el plenario no obran los
elementos de juicio suficientes para la determinación de los elementos que
configuran la relación laboral, específicamente la subordinación; que, de otro
lado, no puede inferirse la existencia de dicho elemento, a razón de que la
entidad regule el cumplimento del contrato mediante un interventor; que el
municipio obró conforme a derecho y, por tanto, no le asiste responsabilidad
alguna en la contratación del demandante, toda vez que la misma no es
violatoria del ordenamiento legal, sino que se trata de una relación contractual
amparada por la Ley 80 de 1993.
En ese sentido, y teniendo en cuenta que para esta Sala los elementos de
prestación personal del servicio y de remuneración o contraprestación, propios
de la relación laboral, se encuentran debidamente acreditados en el sub
examine, se procede entonces a realizar el estudio correspondiente al
elemento de la subordinación y dependencia continuada.
Análisis probatorio
Se advierte en primer lugar, que el alcance del objeto contractual para el cual
se requirió la prestación del servicio del señor Diego Antonio Ocampo García,
contiene una amplia carga obligacional a ser satisfecha por el contratista,
conforme se describe a continuación:
23
Magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell.
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19
«En desarrollo del objeto del contrato de prestación de servicios, el contratista
realizará las siguientes actividades: 1. Cumplir con los turnos de portería que se
le asignen y en coordinación con el Rector de la Institución y/o Director Rural. 2.
Custodiar y cuidar el área o zona de la Institución que se le haya designado. 3.
Controlar la entrada y salida de personas, vehículos y objetos del plantel
educativo. 4. Velar por el buen estado y mantenimiento y conservación de los
mecanismos de seguridad (alarmas), e informar oportunamente las anomalías
detectadas. 5. Velar por el mantenimiento, conservación y seguridad de los
bienes del establecimiento educativo en las zonas de vigilancia que le hayan sido
asignadas. 6. Colaborar en la prevención y control de situaciones de emergencia.
7. Consignar en los registros de control las anomalías detectadas durante sus
turnos e informar oportunamente sobre los mismos.»
«En desarrollo del objeto del contrato de prestación de servicios, el contratista
realizará las siguientes actividades: 1. Velar y coordinar el acceso del personal
autorizado que ingrese al plantel educativo, garantizando la tranquilidad del
servicio educativo, el orden y la tranquilidad de la comunidad educativa que le
habita. 2. Velar por la puntual apertura y cierre de los portales y accesos. 3. Asistir
por el buen cuidado de los cuartos contadores y motores y de las entradas de
energía eléctrica, así como de la conducción general de agua, bajantes y
sumideros receptores de aguas fluviales en las terrazas, azoteas, patios de
acceso por servicios comunales y que no entrañen peligrosidad. 4. Recepción de
alarmas producidas durante el servicios y colaborar en la prevención y control de
situaciones de emergencia. 5. Contribuir con el uso adecuado, mantenimiento y
el buen cuidado del material, muebles y enseres confiados a su manejo. 6.
Informar al interventor, en forma oportuna, sobre las inconsistencias, anomalías
relacionadas con los asuntos, elementos o situaciones operativas que se
presenten en desarrollo de sus actividades. 7. Cumplir con los turnos de
conserjes que se le asignen y en coordinación con el Rector de la Institución y/o
Director Rural, el área o zona de la Institución que se le haya designado. 8. Asistir
por el buen cuidado y conservación de los mecanismos de seguridad (alarmas),
e informar oportunamente las anomalías detectadas. 9. Atender los relevos
cuando se presente cualquier situación administrativa durante la ejecución del
contrato.»
«El contratista en desarrollo del objeto del contrato realizará las siguientes
actividades: 1. Controlar el ingreso del personal autorizado. 2. Comunicar al
supervisor en forma oportuna sobre las inconsistencias y anomalías relacionadas
con los asuntos, elementos o situaciones operativas que se presenten en
desarrollo de sus actividades. 3. Realizar las actividades objeto del presente
contrato en forma proactiva, atendiendo las necesidades del Establecimiento
Educativo respectivo.»
Así, al amparo de los contratos de prestación de servicios referenciados en el
cuadro que antecede, resulta claro que la labor para la cual se contrató al señor
Ocampo García, se encontraba encaminada a prestar los servicios de
vigilancia y celaduría para las instituciones educativas adscritas a la Secretaría
de Educación del municipio de Pereira con todo lo que ello entraña, además,
de extender su responsabilidad a la conservación y mantenimiento de las
instalaciones y bienes de los referidos establecimientos, así como el
acatamientos de turnos, horarios e instrucciones de personal de cierta
jerarquía institucional, como es el caso de rectores y directores rurales.
Sobre la existencia del cargo de celador en la planta de personal de la entidad
territorial se tiene que, en el escrito de apelación, la demandada manifestó de
manera insistente que la contratación realizada al demandante se encontraba
sustentada en la insuficiencia administrativa, específicamente en la carencia
del número necesario de empleados de planta, para atender las necesidades
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del servicio a cargo de la Secretaría de Educación; lo que a su entender,
justificaría la constante vinculación de personal bajo la modalidad de contratos
por prestación de servicios.
El contenido de los documentos referenciados, aunado a dicha manifestación,
permite concluir que, en efecto, y pese a que la demandada contaba con
empleados nombrados legal y reglamentariamente para el cumplimiento de
actividades concernientes a la celaduría y vigilancia de las instituciones
educativas, las necesidades del servicio requirieron la contratación de
personal adicional con el que se pudiera atender los requerimientos
funcionales y misionales de la entidad, en este caso de la Secretaría de
Educación Municipal; de lo que se sigue además, que salvo la diferencia en la
vinculación y las prerrogativas que la misma implica según se trate de contrato
de prestación de servicios o de una relación legal y reglamentaria, los
contratistas debían estar sometidos a similares condicionamientos de tipo
laboral que los empleados de planta, en la prestación de su servicio.
Ahora, frente al caso de aquellas personas que han sido contratadas por una
entidad pública a través de contratos u órdenes de prestación de servicios para
realizar funciones de celaduría, vigilancia o conserjería, esta Subsección ha
considerado que en el ejercicio de tales funciones no es posible identificar las
ya referidas características de autonomía e independencia propias de una
relación contractual24.
Lo anterior deviene necesariamente de la labor y las actividades que, en si
mismas comprenden la continua y permanente prestación personal del
servicio, que no es otro que el de garantizar la seguridad de las instalaciones,
el personal y los bienes encomendados.
De esta manera, bien podría entenderse que, por la esencia de las actividades
a desarrollar, este tipo de objetos contractuales implican de manera
inescindible el elemento de la subordinación. En tal sentido, el servicio de
celaduría, vigilancia o conserjería, así contratado también se encuentra
desprovisto de la transitoriedad o temporalidad que reviste una vinculación de
carácter contractual.
En efecto, esta Corporación ha indicado sobre el particular lo siguiente25:
«[…] Advierte la Sala que si una persona presta servicios como vigilante - celador
resulta inadmisible afirmar que realiza actividades temporales e independientes,
siendo que la labor contratada por la entidad exige que se brinde el servicio de
seguridad en forma permanente para poder funcionar con total tranquilidad.
Carecería de cualquier lógica que los servicios de vigilancia se prestaran
ocasionalmente, siendo que la seguridad de la entidad puede verse afectada en
cualquier momento, lo que exige la presencia continua de una persona que
ofrezca y garantice la guarda de la misma.
Lo anterior permite concluir que para cumplir con las labores de vigilancia, la
persona contratada para tal fin, debe atender y obedecer las órdenes de sus
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. C.P.:
William Hernández Gómez. Radicación: 66001 23 33 000 2013 00155 01. Número interno: 1470-2014.
Bogotá D.C., agosto 24 de 2017.
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. C.P.:
Alfonso Vargas Rincón. Radicación: 05001233100020040374201. Número interno: 2027-2012. Bogotá
D.C., mayo 2 de 2013.
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21
superiores, a quienes les corresponde determinar en qué forma, horario y
dependencia se debe prestar el servicio, es decir, que el elemento de la
subordinación es indispensable para que se pueda desarrollar tal servicio. […]».
(Subrayas fuera del texto original)
De igual forma, y en anterior oportunidad, la Subsección B concluyó en punto
al elemento de la subordinación en servicios de vigilancia, que26:
«[…] En tales condiciones, dado que la actividad desarrollada por el contratista,
referente al servicio de vigilancia, implicaba la subordinación y dependencia, es
claro que se desvirtuó el contrato de prestación de servicios celebrado entre las
partes y en tales condiciones hay lugar a declarar la existencia de una relación
laboral, al encontrarse demostrados los elementos que la configuran.[…]»
La jurisprudencia en cita, sumada a la relación probatoria de la labor
encomendada por la Secretaría de Educación del municipio de Pereira al señor
Diego Antonio Ocampo García, por virtud de los contratos de prestación de
servicios que suscribió, dan cuenta de la configuración del elemento sustancial
de subordinación, pues advierte la Sala que, aun cuando no se allegaron
pruebas que den cuenta de la obligación en el cumplimiento de un horario
impuesto por los rectores, lo cierto es que por la propia actividad se presupone
que el demandante debía cumplir con los horarios y turnos de trabajo definidos
en las instituciones educativas a las cuales había sido designado y que, así
mismo, los referidos rectores se encontraban a su vez, facultados para tales
menesteres en razón al clausulado previsto en los contratos de prestación de
servicios, y cuyas otras actividades también eran de su potestad y disposición.
Así, el rector como representante del plantel educativo, adscrito a la Secretaría
de Educación del municipio de Pereira, también fungía como representante de
dicha entidad territorial al impartir las directrices para el cumplimiento del
servicio del señor Ocampo García, implicando una total dependencia y
sumisión a las instrucciones de la contratante; es por ello que, contrario a lo
afirmado por la entidad recurrente, en el presente caso no se está frente a una
prestación del servicio independiente y autónoma.
En lo que toca a la vinculación mediante empresas de servicios temporales, y
su relevancia en la determinación del contrato realidad reclamado, así como
para la verificación de la continuidad del vínculo contractual, observa la Sala
que el representante legal de la empresa Servitemporales S.A., hizo constar
mediante documento de fecha 4 de abril de 2016, que el demandante tuvo un
contrato de obra o labor determinada, y que fue suministrado como empleado
en misión para la Alcaldía de Pereira, en calidad de conserje para los periodos
1.º de enero a 11 de diciembre de 2010 y 1.º de enero a 30 de junio de 201127.
Así mismo, con la demanda se aportaron los contratos firmados entre la EST
y el señor Ocampo García, en donde se visualizan como fechas de inicio el 1.º
de enero de 2010, el 8 de octubre de 2010, y el 1.º de enero de 2011, y como
duración del acuerdo bilateral «[…] el tiempo que dure la ejecución del contrato de
prestación de servicios con la empresa usuaria»28.
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. C.P.:
Gerardo Arenas Monsalve. Radicación: 05001233100020040039101. Número interno: 0151-2013.
Bogotá D.C., julio 10 de 2014.
27
El último de estos periodos se ajustó de conformidad con el contrato aportado al expediente, en donde
refiere como fecha de suscripción el 1.º de enero de 2011 y no el 19 de febrero de dicha anualidad,
según conta en lo certificado por Servitemporales S.A.
28
Folios 31 a 33, C1.
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La relación fáctica aquí descrita, permite considerar debidamente acreditado
que el señor Diego Antonio Ocampo García, también prestó sus servicios al
municipio de Pereira a través de la EST Servitemporales S.A., y el tiempo
certificado por aquella, y los documentos valorados en el expediente serán
revisados para los efectos del reconocimiento prestacional.
Finalmente, se demostró la permanencia del demandante en la entidad
territorial, pues fue contratado para la prestación de sus servicios como
vigilante y/o conserje por más de 7 años, a través de diversos vínculos
sucesivos con objetos semejantes, como se desprende de las contratos
allegados al dossier, situación que desvirtúa el uso de la figura del contrato de
prestación de servicios, al igual que la contratación con empresas de servicios
temporales, en tanto no se trata de labores ocasionales, accidentales o
transitorias, pues los servicios contratados contradicen el carácter temporal
propio de este tipo de acuerdos.
Tales han sido las consideraciones que ha asumido esta Corporación en
providencias dictadas dentro de los expedientes 66001-23-33-000-2016-
00299-01, 66001-23-33-000-2015-00357-01 y 66001-23-33-000-2015-00245-
01, del 12 de mayo de 2022, 24 de marzo de 2022 y 22 de enero de 2022,
respectivamente, en donde se trataron asuntos de similares circunstancias
fácticas y normativas, por lo que constituyen un precedente para la resolución
del caso sometido a debate.
En conclusión: al haberse demostrado en el proceso la presencia de los
elementos que configuran una relación laboral encubierta o subyacente, debe
declararse la existencia de una relación laboral encubierta entre el municipio
de Pereira y el señor Diego Antonio Ocampo García, por el periodo durante el
cual estuvo vinculado directamente con la entidad territorial y a través de la
empresa de servicios temporales Servitemporales S.A., el cual corresponde al
transcurrido entre el 4 de marzo de 2008 y el 31 de diciembre de 2015.
Ello así, habrá de modificarse la sentencia de primera instancia en lo que toca
al periodo reconocido, pues se recuerda que para esta Subsección la relación
laboral subyacente inició el 4 de marzo de 2008, en tanto el plazo previsto en
el contrato 1078 de 2008 se fijó en nueve (9) meses y veintiséis (26) días, y el
certificado de disponibilidad presupuestal No. 570 en él referenciado, fue
expedido el 3 de marzo de 2008.
Segundo problema jurídico.
¿Hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho, al haber transcurrido más de tres años entre la finalización de todos
o algunos de los periodos contractuales y la reclamación administrativa?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: los interesados en la declaratoria
de existencia de un contrato realidad no pueden exonerarse de su deber de
reclamar el derecho dentro de los tres años siguientes a la finalización del
vínculo contractual; es por ello que, en el presente caso no se encuentra
configurado el fenómeno jurídico de la prescripción extintiva respecto de las
prestaciones sociales a las que tendría derecho el demandante toda vez que
entre los diferentes contratos de prestación de servicios no se verificaron
interregnos superiores a 30 días hábiles de interrupción, y no transcurrieron
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tres años entre la terminación del último vínculo y la reclamación
administrativa.
Prescripción aplicada a contrato realidad
En materia de derechos laborales de los empleados públicos, los artículos 41
del Decreto 3135 de 196829 y 102 del Decreto 1848 de 196930 (reglamentario
del primero), regulan que las acciones que emanen de los derechos
consagrados en dichas normas prescriben en tres años contados desde que
la respectiva obligación se haya hecho exigible.
Particularmente, en cuanto al reconocimiento de la existencia de la relación
laboral encubierta a través de un contrato de prestación de servicios, esta
Sección, en sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016,
estipuló las siguientes reglas respecto a la prescripción extintiva de los
derechos salariales y prestacionales derivados del contrato realidad31:
«[…] i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual.
ii) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para
pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía
con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y
progresividad.
iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues
esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el
derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las
cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían
tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.
iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral
de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la
caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c,
del CPACA).
v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como
requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de
controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones
29
«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en
tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.»
30
«Artículo 102. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968
y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva
obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso
igual.»
31
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25
de agosto de 2016. Consejero Ponente Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001-23-33-000-
2013-00260-01 (0088-2015).
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24
que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el
carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.
vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia,
una vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral, pues el hecho
de que esté concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los
aportes al sistema de seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es
imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión
principal (la nulidad del acto administrativo que negó la existencia del vínculo
laboral).
vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya
deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el
demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción de
una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la
efectividad de los derechos del trabajador. […]». (Subrayado de la Subsección)
Conforme con lo previsto en la sentencia de unificación jurisprudencial citada,
en su aparte aquí transcrito, se tiene que:
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el
Estado es de tres años, contados a partir de la terminación del vínculo
contractual, y que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar
las prestaciones que se deriven de aquella.
• En aquellos casos donde existe interrupción entre los contratos de
prestación de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción
frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
Sobre el particular, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016
indicó:
«[…] Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un
interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de
interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a
partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la
existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia
en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no
la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y
examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos
de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas
al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]».
(Subrayado de la Subsección)
Ahora, si bien es cierto que esta Sala ha sostenido en varias ocasiones,
particularmente en el año 2018, que cuando existen múltiples contratos u
órdenes de prestación de servicios y entre uno y otro se presentaban
interrupciones de al menos un día, debe considerarse suficiente para
determinar la interrupción el vínculo contractual, de manera que a partir de la
finalización de cada uno de estos periodos debe iniciar la contabilización del
término de prescripción, lo anterior fue revaluado ante la disparidad de criterios
sobre el momento a partir del cual ha de contarse el fenómeno extintivo del
derecho.
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25
En tal sentido, y de conformidad con la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 202132, esta Sección ha adoptado un nuevo enfoque que
considera menos lesivo para efectos de contabilizar dicho lapso, en tanto que
se ha dispuesto fijar un periodo de treinta (30) días hábiles como indicador
temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de
fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los
elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se
presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.
Lo anterior permite aclarar que, en caso de múltiples vinculaciones
contractuales en los que se presenten interrupciones, debe entenderse que,
para efectos de determinar la fecha a partir de la cual empieza a correr el
término prescriptivo, no habrá solución de continuidad cuando entre contrato
y contrato no transcurran más de 30 días hábiles (sin perjuicio de que el juez
contencioso pueda determinar un término superior en un caso específico).
En otras palabras, si entre uno y otro vínculo contractual no transcurren más
de 30 días hábiles de interrupción, el juez contencioso deberá determinar que
no existió solución de continuidad, de modo que no podrá tener como extremo
para contabilizar la prescripción la finalización del primer vínculo, en tanto, se
reitera, a la luz de la jurisprudencia se debe entender que no hubo una ruptura
del vínculo laboral y, por consiguiente, se debe contabilizar como una única
relación.
Ahora bien, para la Sala resulta pertinente exponer que, de establecerse la no
solución de continuidad, los efectos jurídicos de dicha declaración serán
solamente los de concluir que, a pesar de haberse presentado interrupciones
entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de los derechos que
pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. Razonamiento del cual debe
concluirse que del hecho de que no hubo solución de continuidad solo lleva
aparejado la no configuración de la prescripción extintiva frente a la
reclamación de reconocimiento de la relación laboral encubierta, y no puede
interpretarse como una obligación de la entidad pública a liquidar las
prestaciones a las cuales resulte condenada, sobre los tiempos en los que se
interrumpió la relación contractual.
Conforme a lo anotado en el primer problema jurídico, para la Sala está
plenamente acreditada la vinculación contractual directa con el municipio de
Pereira, entre el 4 de marzo de 2008 y el 31 de diciembre de 2015.
Como se ha indicado previamente, y vale la pena reiterar, la demanda
persigue, entre otros aspectos, el reconocimiento y pago de las acreencias
laborales por el periodo en que el señor Diego Antonio Ocampo García estuvo
vinculado, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios con la
entidad territorial, comprendido entre el 1.º de enero de 2008 y el 31 de enero
de 2016.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
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26
Por su parte, el recurso de apelación incluyó dentro de sus peticiones la de
revisar la procedencia del fenómeno de prescripción extintiva del derecho, en
caso de no serle favorables las consideraciones del presente pronunciamiento.
Al respecto, y para los precisos efectos de esta decisión, se tiene que la última
fecha en la que el demandante estuvo vinculado contractualmente con la
entidad demandada corresponde al 31 de diciembre de 2015.
Conforme la revisión efectuada en el plenario, se encuentra probado que la
solicitud administrativa que perseguía el reconocimiento y pago de las
acreencias laborales, fue radicada ante la Secretaría de Educación del
municipio de Pereira el 1.º de abril de 201633.
A su turno, se tiene que el escrito petitorio fue presentado ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo el 26 de octubre de 201634.
En tal sentido, por tratarse de una vinculación ininterrumpida al servicio
público, el término para que opere la prescripción extintiva debe contarse a
partir de la finalización del periodo laborado, lo que quiere decir que, el plazo
para reclamar los derechos prestacionales derivados de la vinculación laboral
(que como se indicó, corresponde a un único lapso comprendido entre el 4 de
marzo de 2008 y el 31 de diciembre de 2015), corrió hasta el 31 de diciembre
de 2018; luego, no se evidencia la prescripción de las prestaciones causadas,
por virtud de la relación laboral comprobada.
En conclusión y de conformidad con los razonamientos precedentes,
considera esta Subsección que en el presente asunto no se encuentra
configurado el fenómeno prescriptivo sobre las prestaciones a que hay lugar a
reconocer, conforme a lo aludido por la entidad territorial, en su recurso de
apelación.
Tercer problema jurídico
¿Hay lugar a reembolsar al demandante las sumas pagadas por concepto de
aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión?
Al respecto la Sala sostiene la siguiente tesis: de conformidad con la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, el reconocimiento al que hay lugar
en materia de seguridad social, específicamente frente a los aportes a salud y
pensión, comprende únicamente el pago de los porcentajes que debieron
haber sido cotizados por el empleador al fondo de pensión respectivo, durante
el tiempo en que se acreditó la relación laboral.
Sea lo primero indicar que en el caso concreto la orden de cancelación de
aportes a seguridad social en pensión y salud no fue objeto de apelación por
parte de la demandada, pues sobre este punto sus argumentos se encuentran
dirigidos de manera general a la improcedencia del reconocimiento y pago de
prestaciones sociales a favor del demandante. Sin embargo, extender el
argumento del recurso a la orden impartida por el juez de primera instancia,
no comprende para esta Sala vulneración al principio de la no reformatio in
peius en tanto la providencia bajo analisis ordenó el pago al demadnante de
las cotizaciones a pensión y salud que debió trasladar la demandada a los
33
Folios 29 y 3 a 5, C1.
34
Folio 75, C1.
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27
fondos respectivos durante el periodo acreditado en que éste prestó sus
servicios, desconociendo la naturaleza y finalidad de dichos aportes a
seguridad social, conforme pasa a explicarse.
Como se indicó en precedencia, la sentencia de unificación del 26 de agosto
de 2016 ordenó al Juez Administrativo estudiar en todos los procesos en los
cuales proceda el reconocimiento de la relación laboral o contrato realidad,
aunque no se haya solicitado expresamente, el tema concerniente a las
cotizaciones adeudadas por la administración al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones.
Dicha circunstancia conlleva a que, con fundamento en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021, también se verifiquen los aspectos
relacionados con la orden impartida por el tribunal de primera instancia de
cancelar al interesado los aportes que debieron efectuarse al Sistema de
Seguridad Social en Salud, por razón de su naturaleza y finalidad.
Así, la mencionada providencia de unificación del 9 de septiembre de 2021,
sostuvo en materia de devolución y retorno de aportes a salud y pensión lo
siguiente:
«[…]
161. Finalmente, por albergar el fundamento de la interpretación que aquí se
adopta, merece especial consideración lo señalado por la misma Corte
Constitucional en la Sentencia C-895 de 2009, que frente a la protección
constitucional de los recursos de la Seguridad Social y la destinación específica
de los aportes a salud y pensión, expuso, de manera concreta, lo siguiente:
Teniendo en cuenta este mandato superior, la jurisprudencia ha reconocido de
manera uniforme y pacífica que los recursos que ingresan al Sistema de
Seguridad Social, tanto en salud como en pensiones, con independencia de la
denominación que de ellos se haga (cotizaciones, aportes, cuotas
moderadoras, copagos, tarifas, deducibles, bonificaciones, etc.), no pueden
ser utilizados para propósitos distintos a los relacionados con la
seguridad social debido a su naturaleza parafiscal. Al referirse al alcance
del artículo 48 de la Constitución en este aspecto, la Corte ha explicado lo
siguiente:
“En relación con dicho precepto superior [artículo 48 CP] la Corte
Constitucional en numerosas decisiones de tutela ha estado llamada a
examinar el tratamiento que se debe dar a los recursos de la seguridad
social que se encuentren depositados en entidades financieras en
liquidación para asegurar precisamente el mandato de destinación y
utilización exclusiva de los recursos de las instituciones de seguridad
social.
Al respecto la Corte ha hecho énfasis en i) la naturaleza parafiscal de
los recursos de la seguridad social tanto en materia de salud como en
pensiones ii) en el tratamiento particular que debe dársele a dichos
recursos en los procesos de liquidación de las entidades financieras y
iii) en la imposibilidad de asimilar el caso de los depósitos de recursos
parafiscales de la seguridad social en las entidades financieras con las
indemnizaciones debidas por concepto de contratos de reaseguro de
las enfermedades de alto costo”.
3.1.2 Esta Corporación de manera reiterada ha precisado en efecto que los
recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en Salud (C-
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28
577/97, C-542/98, T-569/99, C1707/00) como en pensiones (C-179/97),
llámense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos,
copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones
parafiscales de destinación específica, en cuanto constituyen un gravamen,
fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a
determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones
y que, al no comportar una contraprestación equivalente al monto de la
tarifa fijada, se destinan también a la financiación global bien del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, bien del Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones (C086/02, C-789/02). [Negrilla fuera de texto].
162. En definitiva, es claro que las anteriores sentencias se encuentran en
armonía con el artículo 48 de la Carta, que consagra expresamente que «no se
podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social
para fines diferentes a ella»,35 […].
163. En atención a la naturaleza parafiscal de los recursos de la Seguridad Social,
el parágrafo del artículo 182 de la Ley 100 de 1993 ordena a las empresas
promotoras de salud (EPS) manejar los recursos provenientes de las cotizaciones
de los afiliados «en cuentas independientes del resto de rentas y bienes de la
entidad». Esto, porque tales dineros únicamente pueden ser previstos y
empleados para garantizar la prestación de los servicios sanitarios en los dos
regímenes (subsidiado y contributivo), sin que quepa destinarlos para otros
presupuestos. Asimismo, estos recursos ostentan la condición de ingresos no
gravados fiscalmente, pues su naturaleza parafiscal (establecida en la Ley 100
de 1993, en desarrollo del artículo 48 constitucional) prohíbe su destinación y
utilización para fines distintos a los consagrados en ella.
164. Las anteriores razones han conducido a esta Sección36 a considerar
improcedente la devolución de los aportes a salud realizados por el contratista, a
pesar de que se haya declarado a su favor la existencia de una relación laboral
encubierta. Como se ha indicado, en función de su naturaleza parafiscal,37 estos
recursos son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico y, por tanto,
independientemente de que se haya prestado o no el servicio de salud, no
constituyen un crédito a favor del interesado, pues su finalidad era garantizar la
prestación de los servicios sanitarios para los dos regímenes que integran el
sistema, «lo que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos
pretenda el actor ejercer».38
165. Por consiguiente, dado que corresponde al contratista sufragar dicha
contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla,39 no es procedente
ordenar su devolución, aunque se haya declarado la existencia de una relación
laboral encubierta. Además, reembolsar estos aportes implicaría contradecir al
legislador, cuya voluntad, como se expuso, buscaba que su recaudo fuera
directamente a las administradoras de servicios de salud, por tratarse, se itera,
de contribuciones de pago obligatorio con una destinación específica y con
carácter parafiscal.
35
Corte Constitucional, Sentencia C – 824 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimy Yepes.
36
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01
(3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
37
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 28 de septiembre de 2016. Radicación 76001 23
33 000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
38
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01
(3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
39
Situación que también cambia y amerita mención especial con la entrada en vigor del Decreto 1273
de 2018 « Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3
del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación al pago
y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores
independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Trabajo»
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29
166. En ese orden de ideas, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de
precisar que, frente al hecho consumado de la no afiliación a las
contingencias de salud y riesgos laborales por parte de la Administración,
es improcedente el reembolso de los aportes que el contratista hubiese
realizado de más, por constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».
Así, si bien la providencia en cita, refiere de manera específica las
circunstancias que demarcan la improcedencia de la devolución de aportes en
salud y pensión, la misma resulta extensible a la disposición que se efectúe de
pago o cancelación de cotizaciones directamente al beneficiario, por cuanto se
reitera, el concepto de aportes comprende la salvaguarda de ciertas
contingencias que tienen amparo constitucional y que por su misionalidad
ostentan la calidad de ser parafiscales, no destinados a hacer parte del
patrimonio de la persona titular.
De lo que se sigue entonces que, en este caso, también resulta inadmisible
considerar el traslado de montos reconocidos por concepto de salud, a favor
de la persona beneficiaria de una relación laboral encubierta o subyacente.
En cuanto al pago de las cotizaciones realizadas al sistema de seguridad
social en pensiones, este aspecto de retribución, originado en la declaración
de la existencia de la relación laboral, se acompasa con la imprescriptibilidad
de los derechos pensionales en los términos definidos en la sentencia de
unificación del 26 de agosto de 2016.
Se reitera pues que, dicha prerrogativa no ampara la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista,
como tampoco el reconocimiento directo a éste, de montos dejados de cotizar
por parte del empleador, sino las cotizaciones adeudadas que podrían afectar
la liquidación del monto pensional, y que se derivan de la relación de trabajo
comprobada, que comprende la obligación, a cargo del empleador/contratante,
de efectuar los correspondientes aportes al sistema.
De manera que no hay lugar a la reclamación de devolución de los aportes
efectuados por este concepto por parte del contratista, o de la cancelación a
favor de éste de los dejados de efectuar por el empleador, sino al efectivo pago
del porcentaje de cotización al sistema pensional que le correspondía al
contratante por virtud de la mencionada relación de trabajo.
En esa medida, el beneficio derivado de la declaratoria de existencia de una
relación laboral encubierta entre un particular y una entidad pública, en materia
de seguridad social, solo abarca la obligación de la administración de
determinar mes a mes si existe diferencia entre los porcentajes de cotización
que se debieron efectuar por ésta y los realizados por el contratista para, en
consecuencia, cotizar al respectivo fondo la suma faltante por concepto de
aportes a pensión, en el porcentaje que le concernía como empleador.
Por tal motivo, en aplicación de las reglas de unificación aludidas, no resulta
procedente la devolución de los valores pagados por el demandante por
concepto de salud o la cancelación al interesado de los montos dejados de
aportar por el empleador; y, en esa medida, el reconocimiento al que hay lugar,
en materia pensional, solo comprende el traslado de los aportes al fondo
respectivo, en el porcentaje que le correspondía al contratante, conforme
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quedó suficientemente aclarado en líneas que anteceden, por lo que habrá de
revocarse en lo pertinente la sentencia de primera instancia.
Decisión de segunda instancia
Por las razones expuestas la Subsección modificará los numerales 4. y 7. de
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en el
entendido de que el extremo inicial del periodo respecto del cual se acreditó la
existencia de la relación laboral encubierta o subyacente es el correspondiente
al 4 de marzo de 2008.
Así mismo, revocará el numeral 5. por cuanto dispuso pagar en favor del
demandante los porcentajes de cotización correspondiente a pensión y salud
que la entidad territorial debió trasladar a los Fondos respectivos, durante el
periodo en que se acreditó la prestación de sus servicios, conforme se expuso
en la parte motiva de esta providencia.
Finalmente, confirmará en todo lo demás la sentencia apelada.
De la condena en costas
Esta Subsección en providencias del 7 de abril de 201640 sentó posición sobre
la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se
determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en
costas por lo siguiente:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
40
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
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f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP41, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
En ese orden de ideas, en el presente caso hay lugar a condenar en costas de
segunda instancia a la parte demandada por cuanto con su recurso de alzada
presentó argumentos que no tuvieron vocación de prosperidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Modificar los numerales 4 y 7 de la sentencia del 16 de mayo de
2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso el señor Diego
Antonio Ocampo García en contra del municipio de Pereira, en el entendido
de que el extremo inicial del periodo respecto del cual se acreditó la existencia
de la relación laboral encubierta o subyacente es el correspondiente al 4 de
marzo de 2008.
Segundo: Revocar el numeral 5 de la sentencia impugnada, en cuanto
dispuso pagar en favor del demandante los porcentajes de cotización
correspondiente a pensión y salud que la entidad territorial debió trasladar a
los Fondos respectivos, durante el periodo en que se acreditó la prestación de
sus servicios, conforme se expuso en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Confirmar en todo lo demás la sentencia recurrida.
Cuarto: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, de
conformidad con lo expuesto en precedencia.
Quinto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
41
«Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
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32
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente en comisión
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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