Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00053-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00053-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2017-00053-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de octubre de 2024
Radicación: 66001233300020170005301 (2197-2020)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00053-01 (2197-2020)
Demandante: Rodolfo del Río Cardona
Demandado: Municipio de Pereira
Temas: Relación laboral encubierta. Contrato de prestación de
servicios-vigilante. Subordinación, prescripción, reintegro
aportes de seguridad social, sanción moratoria, condena en
costas en primera y segunda instancia. MODIFICA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes, contra la
sentencia proferida el veinticinco (25) de octubre de dos mil diecinueve (2019)
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Rodolfo del Río Cardona instauró demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en contra del municipio de Pereira, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del oficio 27208 del 12 de julio de 2016, por medio del
cual se negó la existencia de una relación laboral y el pago de las prestaciones
dejadas de percibir.
Que se declare que existió una relación laboral desde el 1 de marzo de 2003
hasta el 31 de enero de 2016 y, se condene a la entidad a pagar las prestaciones
sociales y los recargos por el trabajo complementario.
Que reconozca las diferencias en los salarios y las prestaciones de lo que le pagó
la empresa SERVITEMPORALES S.A. y lo que debió devengar como vigilante
de la entidad territorial, durante el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 y el 1
de enero al 30 de junio de 2011.
Radicación: 66001233300020170005301 (2197-2020)
Que cancele los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y
riesgos profesionales.
Que reconozca la indemnización por el pago tardío de las cesantías y por el
retardo en el reconocimiento de las prestaciones sociales.
Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 178 del
CPACA y que se condene en costas y agencias en derecho a la parte
demandada.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que prestó sus servicios al municipio de Pereira como vigilante o conserje en
diferentes instituciones educativas, entre el 1 de marzo de 2003 y el 31 de enero
de 2016, a través de varios contratos de prestación de servicios.
Que entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 y el 1 de enero al 30 de junio
de 2011 estuvo vinculado como trabajador en misión enviado por la empresa de
servicios temporales SERVITEMPORALES S.A.
Que, según el objeto y alcance de los contratos de prestación de servicios de
vigilancia, sus obligaciones comprendían las siguientes actividades: (i) cumplir
con los turnos de celaduría asignados por los rectores y/o directores; (ii) custodiar
y cuidar el área o zona; (iii) controlar la entrada y salida de personas, vehículos y
objetos del plantel y (iv) velar por el buen estado y la conservación de los
elementos de seguridad e informar oportunamente las anomalías detectadas.
Que siempre estuvo subordinado a las órdenes de los rectores y/o directores de
las instituciones educativas donde prestó sus servicios.
Que cumplió turnos de doce horas diarias alternadas, nocturnos, dominicales y
festivos.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 25 de abril de 2017 y, notificada a la
entidad demandada quien manifestó que no tuvo ningún vínculo laboral con el
actor y que su relación se limitó a la contratación por prestación de servicios, por
el término indispensable.
Que no existió subordinación, pues la entidad solo emitió instrucciones generales
necesarias para coordinar y velar por el buen desarrollo de las actividades
contratadas.
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Que el vínculo no fue continuo, porque entre la suscripción de varios contratos
de prestación de servicios existieron interrupciones significativas, las cuales
conllevan a la prescripción de los derechos laborales reclamados.
Que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, el cumplimiento de un
horario o jornada de trabajo no es suficiente para declarar la existencia de la
relación laboral y, en el caso concreto, el contratista no acreditó bajo qué
circunstancias se configuró.
Propuso como excepciones la inexistencia de la obligación y el cobro de lo no
debido, prescripción, indebida interpretación normativa y la genérica.
Se celebró audiencia inicial el 28 de agosto de 2018, en la cual se fijó el litigio, se
surtió la etapa conciliatoria, se decretaron las pruebas y se programó la audiencia
para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio traslado a las
partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada
dentro del término oportuno por las partes.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 25 de octubre de
2019, accedió parcialmente a las pretensiones considerando que se probó el
encubrimiento de la relación laboral. Consideró que, se configuró una relación
laboral y enunció los diferentes contratos celebrados.
Que el actor estuvo vinculado con SERVITEMPORALES S.A. entre el 1 de enero
al 7 de octubre de 2010, 8 de octubre al 11 de diciembre de 2010 y 1 de enero al
30 de junio de 2011, de manera continua, lo cual desnaturaliza la figura de
trabajadores temporales y evidencia que el municipio empleó esa figura para
desconocer los derechos laborales.
Que la subordinación se deriva de la actividad de vigilancia a cargo del
demandante, por cuanto el objeto contractual y la naturaleza de esos servicios
en una institución educativa hacían indiscutible la falta de independencia y de
autonomía. Que la labor debía ejecutarse de forma permanente, continua y
controlada, porque la seguridad de los centros debía garantizarse siempre. Que
no existía libertad técnica o administrativa en la labor, como lo define la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
Ordenó el reconocimiento de las prestaciones sociales, incluidas las cesantías,
intereses a las cesantías y las primas legales durante los periodos comprendidos
entre el 1 de agosto de 2012 al 15 de septiembre de 2012, 16 de septiembre al
30 de octubre de 2012, 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2012, 2 de enero
al 15 de agosto de 2013, 16 de agosto al 15 de septiembre de 2013, 16 de
septiembre al 15 de octubre de 2013, 16 al 30 de octubre de 2013, 1 de noviembre
al 30 de diciembre de 2013, 2 de enero al 30 de junio de 2014, 1 al 30 de julio
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de 2014, 1 de agosto al 31 de octubre de 2014, 1 de noviembre al 31 de diciembre
de 2014, 2 de enero al 01 de abril de 2015, 2 de abril al 15 de junio de 2015, 16
de junio al 31 de diciembre de 2015 y 1 al 31 de enero de 2016, empleando como
base para el cálculo de aquellas los honorarios pactados en los contratos.
Declaró probada parcialmente la excepción de prescripción extintiva de los
derechos causados antes del 30 de noviembre de 2011, por no haberse
presentado la reclamación dentro de los tres años siguientes a la terminación de
vínculo; salvo lo relacionado con los aportes a pensión.
Condenó a la entidad a pagar la compensación en dinero de las dotaciones de
vestido y calzado de labor, al encontrarse cumplidos los requisitos definidos en
el artículo 1 de la Ley 70 de 1988. Que, también era procedente el pago
directamente al demandante de los porcentajes de cotización correspondientes
a pensión y salud de los tiempos no prescritos, al tratarse de una devolución o
recobro de lo pagado por aquel.
Ordenó al municipio de Pereira a reconocer los porcentajes de cotización a
pensión durante el tiempo de cada contrato, considerando como ingreso base de
cotización los honorarios pactados mes a mes y, si hay diferencia entre los
aportes realizados por el contratista y los que debieron efectuarse, hacer la
respectiva contribución en el monto correspondiente. También, dispuso que el
tiempo laborado por el demandante debía computarse para efectos pensionales.
Negó las demás pretensiones y no condenó en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada interpuso recurso de apelación indicando que no se
configuró una relación laboral, pues los testigos son insuficientes para acreditar
la subordinación, sus afirmaciones no denotan una completa dependencia ni
refieren específicamente que el actor recibió órdenes y la persona que se las
impartió.
Que el establecimiento de un horario y la emisión de pautas generales, por sí
solas no demostraban subordinación, sino que daban cuenta de una simple
coordinación en los usos y condiciones contractuales aceptadas para llevar a
cabo la labor contratada, en los términos de la jurisprudencia del Consejo de
Estado.
Que el actor incumplió la carga que le asistía de probar la existencia de personal
de planta que cumpliera las mismas funciones que él y el valor de las
prestaciones sociales devengadas por los funcionarios. Que no podría
reconocérsele la condición de empleado público.
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Que el análisis de la prescripción de los derechos laborales debe hacerse
individualmente frente a los contratos de prestación de servicios suscritos con el
demandante y declararse su configuración además de los tiempos considerados
por el juez de primera instancia, para el último período en que finalizó la relación
contractual, inclusive.
El demandante solicitó revocar la sentencia, en lo relativo a los extremos
temporales en los que se declaró la existencia de la relación laboral, la
declaratoria de la excepción de prescripción de los derechos laborales causados
antes de julio de 2012 y la negativa del reintegro de los aportes a la seguridad
social en salud, pensiones y caja de compensación que asumió y el
reconocimiento de la sanción moratoria. Expresó que debió condenarse en
costas, mínimo en un 4%
Que el Tribunal no tuvo en cuenta su vinculación durante los siguientes periodos:
del 1 al 31 de octubre de 2003, 1 de enero al 30 de abril de 2004, 1 de julio al 30
de septiembre de 2004, 1 al 30 de agosto de 2005, 1 al 31 de julio de 2006, 1 al
31 de diciembre de 2006, 5 de marzo al 31 de diciembre de 2008, 20 al 31 de
diciembre de 2010, 1 al 31 de diciembre de 2011 y 1 de enero al 31 de julio de
2012, a pasar de que acreditó la existencia de la relación, por intermedio de la
Certificación del 4 de septiembre de 2006 suscrita por el director operativo del
municipio de Pereira y copia de los contratos de algunos de los periodos
mencionados.
Que no operó la prescripción, porque si prestó sus servicios durante los periodos
en los cuales el juez de primera instancia encontró que existieron interrupciones,
de conformidad con lo expuesto en el párrafo precedente.
Que debían devolverse los aportes a la seguridad social en salud, pensión,
riesgos laborales y cajas de compensación, a título de indemnización, pues
durante el tiempo que mantuvo el vínculo con la entidad territorial esta nunca lo
afilió.
Que, en caso de reconocer el reintegro de esas sumas, debe ordenarse a la parte
demandada pagar a favor del actor, en el fondo de pensiones correspondiente el
valor del bono o título pensional o los aportes con los intereses moratorios
respectivos.
Que también tiene derecho a la sanción moratoria por la falta de pago de las
cesantías causadas durante la vigencia de la relación laboral, al tratarse de una
sanción o penalidad impuesta al empleador por su reconocimiento
extemporáneo.
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TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
Por auto del veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinte (2020), se admitió el
recurso y se dio traslado por el término de 10 días para la presentación de los
alegatos de conclusión y, posteriormente se corrió el mismo término para el
Ministerio Público.
Pronunciamiento de las partes
El demandado reiteró los argumentos tendientes a refutar que se configuró una
relación laboral subordinada y la acreditación de la prescripción de los derechos
laborales reclamados por el demandante.
Que no era procedente el reconocimiento de la compensación en dinero de las
dotaciones de vestido y calzado, al tratarse de una prestación social sino una
laboral propia de los empleados públicos y, por tanto, no aplicable a los
contratistas.
El demandante guardó silencio y el Ministerio Público no presentó concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Conforme con el recurso de apelación de la parte demandada, la Sala deberá
determinar si entre las partes, existió una verdadera relación laboral y, si como
consecuencia de ello, el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de
las prestaciones dejadas de percibir con ocasión de esa relación.
En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará el
desacuerdo relativo a la prescripción de los derechos reclamados y, los disensos
del actor, de los extremos temporales reclamados, si hay lugar o no a ordenar el
reintegro de los aportes al sistema de seguridad social realizados y reconocer la
sanción moratoria.
Por último, lo correspondiente a la condena en costas en primera y segunda
instancia.
Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:
«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
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personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la
relación contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad
si entre la actora y la entidad demandada existía un verdadero contrato de
prestación de servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la
que procede a analizarse.
La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia
o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el
elemento de la remuneración.
Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación
laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la
sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa
claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de
servicios, dice al respecto:
«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación
del mismo.
En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad
independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la
que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia
consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor
contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que
en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a
la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación
del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un
contrato de prestación de servicios independiente.
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Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos
del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas
para resaltar).
De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho
al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo
53 de la Constitución.
Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:
«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado
el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de
prestación del servicio.
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida-
ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias
que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las
siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades.
Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las
innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta
circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso
concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que
exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual
sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de
urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la
incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede
ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
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circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición
de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi,3 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia
o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el
demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario
de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su
objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una
actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación
con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de
que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones
o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta
de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de
ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus
servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones
de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad
contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el
cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por
consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de
sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de
la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de
actividades o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en
este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación
laboral, pues, en la práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente
para satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del
contrato de prestación de servicios sí exige que las funciones del contratista
sean desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la
necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso,
puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la
subordinación laboral.
(…)
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993.
131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados, es esencialmente temporal; por lo tanto, este
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tipo de contratos, cuando se suscriben con personas naturales, no pueden
concatenarse indefinidamente en el tiempo.
132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el
tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe
estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del
negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un
contrato de prestación de servicios».
133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución
de los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones
imprevistas que exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo
estimado, ab initio, como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede
resultar insuficiente. En cualquier caso, las mismas razones que en su
momento justificaron la planeación del contrato inicial y la suscripción de los
contratos modificatorios del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en
los mencionados estudios previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se
derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en
la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una
relación laboral como son: una actividad personal, un salario y la
subordinación. Así lo ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado
en varias oportunidades:
“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en
materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en
manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones
entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales
deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral
a través de un contrato de prestación de servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la
presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del
acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que
se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad
personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del
trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar un contrato de trabajo.»1.
1 Sentencia del 28 de octubre 2021. Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
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Radicación: 66001233300020170005301 (2197-2020)
Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación
por parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su
calidad, tales como las prestaciones sociales.
Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Quiere hacer notar la Sala, que en determinados casos en los que a pesar de
que la vinculación se da mediante contrato de prestación servicios, debido a la
actividad desarrollada, el Consejo de Estado ha dicho que se presume la
existencia de la relación de trabajo, tales son los casos de los docentes cuando
son contratados por instituciones educativas para cumplir funciones de docentes
y los celadores2. Presunción que deberá tener un mínimo probatorio.
Resolución al caso concreto
Según las pruebas, se puede establecer que el demandante prestó sus servicios
al municipio de Pereira a través de las diferentes órdenes y contratos de
prestación de servicios, los cuales para mayor claridad se relacionan en el
siguiente cuadro:
N.º de Duración o Objeto Valor
orden o plazo
contrato
1 SN 6 de mayo al Laborar en el Instituto Docente Kennedy, en el $ 347.339
30 de junio de cargo de celador
2003
2 SN 1 de julio al 30 $ 347.339
de septiembre
de 2003
3 SN 1 de $ 347.339
noviembre al
31 de
diciembre de
2003
4 SN 1 al 31 de $ 347.339
enero de 2004
5 SN 1 de mayo al Prestar servicios de celador en el Centro $ 371.653
30 de junio de Educativo y/o Institución Educativa
2004 LESTONAC del municipio de Pereira
6 SN 1 de octubre al Prestar sus servicios como celador $ 371.653
31 de
diciembre de
2004
7 SN 1 de enero al $ 396.032
28 de febrero
de 2005
2 Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 2 de mayo de 2013, Radicación
05001233100020040374201
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Radicación: 66001233300020170005301 (2197-2020)
8 SN 2 meses, 1 de Prestar los servicios de vigilancia, en el $ 1.460.000
marzo al 30 de establecimiento educativo de naturaleza oficial
abril de 2005 LESTONAC, del municipio de Pereira.
9 SN 1 al 31 de Prestar los servicios de vigilancia $ 730.000
mayo de 2005 mensuales
10 SN 1 al 30 de
junio de 2005
11 SN 1 al 30 de julio
de 2005
12 SN 1 al 31 de
agosto de
2005
13 SN 1 al 30 de
septiembre de
2005
14 111 1 al 31 de
octubre de
2005
15 107 1 de $ 1.460.000
noviembre al
31 de
diciembre de
2005
16 60 1 al 31 de $ 730.000
enero de 2006
17 106 1 de febrero al $ 1.460.000
31 de marzo
de 2006
18 103 7 de abril al 31 $ 1.460.000
de mayo de
2006
19 103 1 de junio al Vigilancia de los bienes muebles e inmuebles $ 1.460.000
31 de julio de del establecimiento educativo designado, el
2006 cual incluye además el de apoyar el control en
20 105 1 al 31 de el acceso y salida del establecimiento $ 730.000
agosto de educativo del personal de educandos,
2006 docentes, personal administrativo y en
21 62 2 de enero al general, la comunidad educativa $ 1.460.000
28 de febrero
de 2007
22 562 1 de marzo al $ 1.533.000
30 de abril de
2007
23 1075 1 de mayo al $ 1.533.000
30 de junio de
2007
24 1618 1 al 5 de julio $ 127.750
de 2007
25 2162 6 de julio al 30 $ 2.171.750
de septiembre
de 2007
26 2740 1 al 31 de $ 766.500
octubre de
2007
27 3295 1 al 30 de $ 766.500
noviembre de
2007
28 3868 1 al 31 de $ 766.500
diciembre de
2007
29 0060 2 al 31 de $ 817.166
enero de 2008
30 640 del 1 30 días Prestar los servicios de portería en el $ 817.166
de febrero establecimiento educativo LESTONNAC del
de 2008 municipio de Pereira, o en el establecimiento
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31 959 de 9 meses y 26 educativo que la Secretaría de Educación lo $ 8.062.704
marzo de días requiera, por necesidad del servicio
2008
32 067 de 12 meses $ 10.639.500
enero de
2009
33 159 de 20 10 días Prestar los servicios de conserjería en el $ 720.000
de Establecimiento Educativo INSTITUTO
diciembre TECNICO SUPERIOR del municipio de
de 2010 Pereira, o en el establecimiento educativo que
34 064 de 6 meses la Secretaría de Educación lo requiera, por $ 6.353.694
2011 necesidad del servicio.
35 063 de 2 meses Prestar los servicios de conserjería en el $ 2.182.000
2012 Establecimiento Educativo MARÍA
36 729 de 5 meses DOLOROSA FRANCISCO JAVIER del $ 5.455.000
marzo de municipio de Pereira, o en el establecimiento
2012 educativo que la Secretaría de Educación lo
requiera, por necesidad del servicio.
37 1016 de 1 mes y 15 Prestación de servicios para realizar $ 1.636.500
agosto de días actividades de apoyo operativo y asistencial en
2012 uno de los Establecimientos Educativos
38 1657 de 1 mes y 15 Oficiales del municipio de Pereira p donde la $ 1.636.500
septiembre días Secretaría de Educación lo requiera por
de 2012 necesidad del servicio.
39 2278 de 2 meses $ 2.218.366
noviembre
de 2012
40 0073 de 7 meses y 15 $ 5.673.200
enero de días
2013
41 11101437 1 mes $ 1.134.640
de 2013
42 11102099 1 mes $ 1.134.640
de 2013
43 11102420 15 días $ 567.320
de 2013
44 2719 de 2 meses $ 2.269.280
2013
45 11100060 6 meses $ 6.807.840
de 2014
46 11100739 1 mes $ 1.134.640
de 2014
47 11101408 3 meses Prestar servicios de apoyo a la gestión para $ 3.403.920
de 2014 realizar actividades operativas en uno de los
48 11101914 2 meses Establecimientos Educativos Oficiales del $ 2.269.280
de 2014 municipio de Pereira o donde la Secretaría de
49 11100075 3 meses Educación lo requiera por necesidad del $ 3.506.037
de 2015 servicio.
50 11100886 2 meses y 15 $ 2.882.742
de 2015 días
51 11101358 6 meses y 15 $ 7.596.413
de 2015 días
52 000058 de 1 mes $ 1.168.679
2016
Obran tres documentos suscritos por el actor con la empresa de Servicios
Temporales Empacamos S.A., SERVITEMPORALES S.A., bajo la denominación
de «contratos de trabajo por el término que dure la realización de la obra o labor
determinada», para desarrollar la labor de conserjería en el municipio de Pereira,
Secretaría de Educación Municipal. Dichas vinculaciones se suscitaron en los
siguientes periodos: i) 1 de enero al 7 de octubre de 2010; ii) 8 de octubre al 11
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de diciembre de 2010 y iii) 1 de enero al 30 de junio de 20113.
Finalmente, se encuentra el Contrato de Prestación de Servicios sin número del
29 de diciembre de 2009 suscrito entre el municipio de Pereira y
SERVITEMPORALES S.A., con el siguiente objeto: «PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTRO DE PERSONAL
TEMPORAL DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, EN LOS
PLANTELES EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA
LA VIGENCIA 2010».
Para la Sala existió una prestación personal del servicio, pues la entidad territorial
demandada vinculó al demandante para que éste facilitara sus servicios y, como
contraprestación de la labor, se pactó el pago de valores específicos.
En cuanto a la subordinación, se tiene que todos los contratos de prestación de
servicios suscritos entre las partes siempre estuvieron relacionados con las
mismas labores, pues, aunque se cambió la redacción del objeto contractual, las
actividades siempre estuvieron relacionadas con la vigilancia y control de acceso
en la institución educativa asignada.
Así, por ejemplo, dentro del alcance del Contrato 640 de 2008, se indicó que
debía «cumplir con los turnos de portería que se le asignen y en coordinación con
el Rector de la Institución y/o director rural. Custodiar y cuidar el área o zona de
la institución que se le asigne; custodiar y cuidar el área o zona de la institución
y otras».
Además, en el Contrato 064 de 2011, las obligaciones del contratista consistieron
entre otras, en las siguientes:
(i) Velar y coordinar el acceso del personal autorizado que ingrese al
plantel educativo, garantizando la tranquilidad del servicio educativo, el
orden y la tranquilidad de la comunidad educativa que le habita.
(ii) Velar por la puntual apertura y cierre de los portales y accesos.
(iii) Recepción de alarmas producidas durante el servicio y colaborar en la
prevención y control de situaciones de emergencia.
(iv) Contribuir con el uso adecuado, mantenimiento y buen cuidado del
material, muebles y enseres confiados a su manejo.
(v) Informar al interventor en forma oportuna sobre las inconsistencias,
anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o situaciones
operativas que se presenten en desarrollo de sus actividades.
(vi) Cumplir con los turnos de conserjes que se le asignen y en
coordinación con el rector de la institución y/o director rural, el área o
zona de la institución que se le haya designado.
3 Según la fecha de inicio de los contratos de trabajo visibles en los folios 146 a 148 del Cuaderno 1 del
expediente y la Certificación del 6 de octubre de 2016 expedida por el representante legal de
SERVITEMPORALES S.A. sobre el tiempo de servicios del actor, la cual obra en el folio 145.
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Radicación: 66001233300020170005301 (2197-2020)
(vii) Asistir por el buen cuidado y conservación de los mecanismos de
seguridad (alarmas), e informar oportunamente de las anomalías
detectadas.
En el Contrato No. 11101408 de 2014, cuyo objeto prevaleció en los últimos seis
acuerdos de prestación de servicios suscritos entre las partes, se indicó que el
alcance del objeto comprendía lo siguiente: (i) controlar el ingreso de personal
autorizado; (ii) comunicar al supervisor en forma oportuna sobre las
inconsistencias y anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o
situaciones operativas que se presenten en desarrollo de sus actividades y (iii)
realizar las actividades objeto del presente contrato en forma proactiva,
atendiendo las necesidades del establecimiento educativo respectivo.
De otra parte, obra en los folios 149 y 150 la Circular 07 de 2006 de la Secretaría
de Educación Municipal dirigida a los rectores de establecimientos educativos
oficiales del municipio de Pereira, en la que señala algunas directrices que
regirían para los funcionarios administrativos celadores vinculados en propiedad
o a través de órdenes y contratos de prestación de servicios, en las que se
destacan las siguientes:
«PRIMERA: El superior inmediato de un CELADOR es el rector del
establecimiento educativo al que éste se encuentre asignado, su función es
velar por el adecuado cumplimiento de las funciones del cargo y reportar
cualquier anomalía.
[…]
QUINTA: Dentro de los quince días siguientes a la expedición de esta
circular, todos los rectores de los establecimientos educativos oficiales,
deberán presentar a la secretaría de educación municipal, un cronograma,
donde se establezca la jornada de trabajo de los CELADORES a su cargo».
Así, se extrae del acervo probatorio que el demandante, durante el tiempo en que
prestó sus servicios como vigilante, actuó bajo dependencia y subordinación,
pues de acuerdo con la naturaleza de esa labor y las obligaciones impuestas, es
evidente que en sus actividades debía circunscribirse a las instrucciones de la
entidad demandada y, específicamente, a los horarios y a las necesidades de la
institución educativa donde estuviera asignado para prestar el servicio de
cuidado.
Además, no podía ausentarse de sus labores o escoger o modificar el lugar de
ejecución de aquellas, de forma autónoma. Con respecto a estas funciones de
vigilancia, la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha referido a este asunto
de la siguiente manera4:
«Advierte la Sala que si una persona presta servicios como vigilante - celador
4 Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección “A”. Magistrado Ponente Alfonso Vargas Rincón.
Sentencia del 2 de mayo de 2013, Radicación 05001233100020040374201.
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Radicación: 66001233300020170005301 (2197-2020)
resulta inadmisible afirmar que realiza actividades temporales e
independientes, siendo que la labor contratada por la entidad exige que se
brinde el servicio de seguridad en forma permanente para poder funcionar con
total tranquilidad.
Carecería de cualquier lógica que los servicios de vigilancia se prestaran
ocasionalmente, siendo que la seguridad de la entidad puede verse afectada
en cualquier momento, lo que exige la presencia continua de una persona que
ofrezca y garantice la guarda de la misma.
Lo anterior permite concluir que, para cumplir con las labores de vigilancia, la
persona contratada para tal fin, debe atender y obedecer las órdenes de sus
superiores, a quienes les corresponde determinar en qué forma, horario y
dependencia se debe prestar el servicio, es decir, que el elemento de la
subordinación es indispensable para que se pueda desarrollar tal servicio».
De acuerdo con la tesis jurisprudencial planteada por esta Corporación, de los
objetos de los contratos y los documentos allegados, se concluye que por las
características de las actividades realizadas existió una verdadera relación
subordinada y dependiente.
Contratos de trabajo por duración de la obra o labor contratada.
Debe precisarse que el demandante en los periodos del 1 de enero al 7 de
octubre de 2010, 8 de octubre al 11 de diciembre de 2010 y 1 de enero al 30 de
junio de 2011 prestó sus servicios al municipio de Pereira, a través de contratos
de trabajo por duración de la obra o labor contratada, modalidad frente a la cual
esta Sala ha considerado5 que es propia de las relaciones laborales privadas y
se encuentra definida en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, como
aquel que puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure una
obra o labor, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental
o transitorio y se deberá definir claramente la obra o labor para la cual se está
contratando y especificar las condiciones de modo, tiempo y lugar como se
prestará el servicio.
Analizando estos elementos, de cara a los contratos firmados por el demandante
con SERVITEMPORALES S.A., se observa que ninguno cumple con estos
presupuestos, pues, aunque en aquellos se indica que el demandante debía
prestar un servicio a una entidad diferente a la empresa de servicios temporales,
en este caso, al municipio de Pereira, no se definió claramente la obra o labor
contrada, en ese ítem se indicó que se trataba del cargo de conserje; y tampoco
se incluyeron las condiciones en que debía desarrollarse la obra o labor,
elementos fundamentales en este tipo de contrato.
Además, no se trató de un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Tampoco
puede pasarse por alto que prestó sus servicios a la entidad demandada de
manera subordinada, por un lapso de más de año y medio bajo esa modalidad
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de septiembre de 2023, radicación
76001-23-33-000-2016-00060-01 (2593-2019).
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como una manera de intermediación, para encubrir, bajo la apariencia de
legalidad, la relación laboral entre el actor y el demandado.
Todo lo anterior conduce a la Sala a concluir que, a pesar de la apariencia que
se quiso dar a la vinculación por parte de la entidad demandada (contratos de
prestación de servicios y, por intermediación laboral), en aplicación del artículo
53 de la Constitución Política, la realidad demostrada, por encima de las formas,
es que el demandante, tuvo con el municipio de Pereira una relación de carácter
laboral disfrazada en otras formas jurídicas.
Por lo tanto, se confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda,
en este punto.
Periodos de prestación del servicio.
Como lo expuso el demandante en el recurso de apelación, el juez de primera
instancia no tuvo en cuenta en su análisis algunos periodos; esto es, la orden de
servicios sin número del 1 de agosto de 20056, el Contrato No. 959 de marzo de
20087, el Contrato No. 159 de 2010, el Contrato No. 063 de enero de 2012 y el
Contrato No. 729 de marzo de 2012; los cuales, sí debieron ser tenidos en cuenta
pues se acreditó la prestación del servicio en dichos lapsos.
Además, contabilizó de manera errónea los términos de ejecución contractual del
Contrato No. 107 de 2005, que tuvo lugar entre el 1 de noviembre y el 31 de
diciembre de 2005 y no del 1 al 31 de diciembre de 2005, como lo consideró el
Tribunal.
Sin embargo, no se tendrá por probada la prestación del servicio por los periodos
del 1 al 31 de octubre de 2003, 1 de julio al 30 de septiembre de 2004, 1 al 31 de
julio de 2006, 1 al 31 de diciembre de 2006 y 1 al 31 de diciembre de 2011, pues
para acreditarlos, solo se cuenta con unos certificados expedidos el 4 de
septiembre de 2006 y el 11 de diciembre de 2012 por funcionarios de la Dirección
Administrativa de la Secretaría de Educación de Pereira, pero estos no dan
cuenta de las características y condiciones de la labor desempeñada.
Ciertamente, a partir de ese documento no logra corroborarse la prestación del
servicio, pues carece de información sobre el mismo, tampoco se detallaron las
funciones a cargo, solo se indica que se ocupó como «administrativo», sin que
esto resulte suficiente para aseverar con certeza que el objeto y alcance de las
actividades fueran de vigilancia y conserjería que se venía desarrollando y, de
esta manera que se trataron de las mismas que las contratadas a través de las
órdenes y contratos de prestación de servicios allegados al proceso.
6 Folio 29 del Cuaderno Principal 1.
7 Folios 49 y 50.
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Radicación: 66001233300020170005301 (2197-2020)
Tampoco se cuenta con otros elementos probatorios para contrastar esta
situación, lo cual impide tener como cierto lo alegado en el recurso respecto a la
prestación real y material del servicio durante los periodos pretendidos.
En consecuencia, los extremos temporales en los que el demandante prestó sus
servicios al municipio de Pereira son los siguientes:
1. 6 de mayo al 30 de junio de 2003
2. 1 de julio al 30 de septiembre de 2003
3. 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2003
4. 1 de enero al 31 de enero de 2004
5. 1 de mayo al 30 de junio de 2004
6. 1 de octubre al 31 de diciembre de 2004
7. 1 de enero al 28 de febrero de 2005
8. 1 de marzo al 30 de abril de 2005
9. 1 al 31 de mayo de 2005
10. 1 al 30 de junio de 2005
11. 1 al 30 de julio de 2005
12. 1 al 31 de agosto de 2005
13. 1 al 30 de septiembre de 2005
14. 1 al 31 de octubre de 2005
15. 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2005
16. 1 al 31 de enero de 2006
17. 1 de febrero al 31 de marzo de 2006
18. 7 de abril al 31 de mayo de 2006
19. 1 de junio al 31 de julio de 2006
20. 1 al 31 de agosto de 2006
21. 2 de enero al 28 de febrero de 2007
22. 1 de marzo al 30 de abril de 2007
23. 1 de mayo al 30 de junio de 2007
24. 1 al 5 de julio de 2007
25. 6 de julio al 30 de septiembre de 2007
26. 1 al 31 de octubre de 2007
27. 1 al 30 de noviembre de 2007
28. 1 al 31 de diciembre de 2007
29. 2 al 31 de enero de 2008
30. 1 al 29 de febrero de 2008
31. 4 de marzo al 31 de diciembre de 2008
32. 1 de enero al 30 de diciembre de 2009
33. 20 al 30 de diciembre de 2010
34. 1 de julio al 30 de noviembre de 2011
35. 2 de enero al 28 de febrero de 2012
36. 1 de marzo al 31 de julio de 2012
37. 1 de agosto al 15 de septiembre de 2012
38. 16 de septiembre al 30 de octubre de 2012
39. 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2012
40. 2 de enero al 15 de agosto de 2013
41. 16 de agosto al 15 de septiembre de 2013
42. 16 de septiembre al 15 de octubre de 2013
43. 16 de octubre al 30 de octubre de 2013
44. 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2013
45. 2 de enero al 30 de junio de 2014
46. 1 al 30 de julio de 2014
47. 1 de agosto al 31 de octubre de 2014
48. 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014
49. 2 de enero al 1 de abril de 2015
50. 2 de abril al 15 de junio de 2015
51. 16 de junio al 31 de diciembre de 2015
52. 1 al 31 de enero de 2016
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Radicación: 66001233300020170005301 (2197-2020)
Por lo anterior, la Sala modificará la decisión de primera instancia, en el sentido
de precisar que los periodos de la relación laboral corresponden a los aquí
relacionados.
Prescripción.
Frente a la prescripción, esta Corporación ha unificado criterios acerca de la
manera como debe analizarse el fenómeno fijando las siguientes reglas8:
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el
Estado es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo
contractual, y que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar
las prestaciones que se deriven de aquella.
• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación
de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
En la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 20219, esta Sección adoptó
el periodo de treinta días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y
de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la solución de continuidad del vínculo laboral.
Es claro entonces que la misma sentencia de unificación, estableció que el juez
puede superar este término e incluso reducirlo en caso de que los contratos
tengan objetos totalmente diferentes. Es que pretender que ese término sea
inmodificable puede incluso conducir a que se presente todo lo contrario a lo que
quiso la sentencia porque la administración con el solo propósito de eludir la regla
podrá en todos los casos superar los 30 días para hacer el nuevo contrato.
Además; si se le exigiera al particular que reclame inmediatamente termina un
contrato, esto llevaría a que no se le volviera a contratar, por ello considera la
Sala, que se debe analizar en cada caso concreto de cuánto tiempo pudo haber
sido la interrupción y así determinar si la petición, se elevó o no dentro de un
“plazo razonable”.
Con las anteriores precisiones, se procede a analizar el presente asunto. En ese
sentido, se cuenta con la constancia de cumplimiento de contratos No.333088010,
en la que la entidad certificó que los contratos con el demandante se ejecutaron
en los siguientes periodos:
8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25 de
agosto de 2016. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015).
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-33-
000-2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
10 Certificación que obra en las páginas 36-39 del Cuaderno Principal del expediente digital.
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Radicación: 66001233300020170005301 (2197-2020)
Contrato Inicio Finalización Interrupción
1 SN 6 de mayo 2003 30 de junio 2003 Sin interrupción
2 SN 1 de julio 2003 30 de septiembre 22 días hábiles
2003
3 SN 1 de noviembre 31 de diciembre Sin interrupción
2003 2003
4 SN 1 de enero 2004 31 de enero 2004 62 días hábiles
5 SN 1 de mayo 2004 30 de junio 2004 63 días hábiles
6 SN 1 de octubre 2004 31 de diciembre Sin interrupción
2004
7 SN 1 de enero 2005 28 de febrero 2005 Sin interrupción
8 SN 1 de marzo 2005 30 de abril 2005 Sin interrupción
9 SN 1 de mayo 2005 31 de mayo 2005 Sin interrupción
10 SN 1 de junio 2005 30 de junio 2005 Sin interrupción
11 SN 1 de julio 2005 30 de julio 2005 Sin interrupción
12 SN 1 de agosto 2005 31 de agosto 2005 Sin interrupción
13 SN 1 de septiembre de 30 de septiembre de Sin interrupción
2005 2005
14 111 1 de octubre de 31 de octubre de Sin interrupción
2005 2005
15 107 1 de noviembre de 31 de diciembre de Sin interrupción
2005 2005
16 60 1 de enero de 2006 31 de enero de 2006 Sin interrupción
17 106 1 de febrero de 2006 31 de marzo de 4 días hábiles
2006
18 103 7 de abril de 2006 31 de mayo de 2006 Sin interrupción
19 103 1 de junio de 2006 31 de julio de 2006 Sin interrupción
20 105 1 de agosto de 2006 31 de agosto de 4 meses
2006
21 62 2 de enero de 2007 28 de febrero de Sin interrupción
2007
22 562 1 de marzo de 2007 30 de abril de 2007 Sin interrupción
23 1075 1 de mayo 30 de junio de 2007 Sin interrupción
de 2007
24 1618 1 de julio de 2007 5 de julio de 2007 Sin interrupción
25 2162 6 de julio de 2007 30 de septiembre de Sin interrupción
2007
26 2740 1 de octubre de 31 de octubre de Sin interrupción
2007 2007
27 3295 1 de noviembre de 30 de noviembre de Sin interrupción
2007 2007
28 3868 1 de diciembre de 31 de diciembre de Sin interrupción
2007 2007
29 0060 2 de enero de 2008 31 de enero de 2008 Sin interrupción
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30 640 del 1 de 1 de febrero de 2008 29 de febrero de 1 día hábil
febrero de 2008 2008
31 959 de marzo de 4 de marzo de 2008 31 de diciembre de Sin interrupción
2008 2008
32 067 de enero de 1 de enero de 2009 30 de diciembre de Sin interrupción
2009 2009
33 INTERMEDIACIÓN 1 de enero de 2010 7 de octubre de Sin interrupción
SERVITEMPORAL 2010
34 INTERMEDIACIÓN 8 de octubre de 11 de diciembre de 5 días hábiles
SERVITEMPORAL 2010 2010
35 159 de 2010 20 de diciembre de 30 de diciembre de Sin interrupción
2010 2010
36 INTERMEDIACIÓN 1 enero de 2011 30 de junio de 2011 Sin interrupción
SERVITEMPORAL
37 064 de 2011 1 de julio de 2011 30 de noviembre de 21 días hábiles
2011
38 063 de 2012 2 de enero de 2012 28 de febrero de Sin interrupción
2012
39 729 de 2012 1 de marzo de 2012 31 de julio de 2012 Sin interrupción
40 1016 de 2012 1 de agosto de 2012 15 de septiembre de Sin interrupción
2012
41 1657 de 2012 16 de septiembre de 30 de octubre de Sin interrupción
2012 2012
42 2278 de 2012 1 de noviembre de 31 de diciembre de Sin interrupción
2012 2012
43 0073 de 2013 2 de enero de 2013 15 de agosto de Sin interrupción
2013
44 11101437 de 2013 16 de agosto de 15 de septiembre de Sin interrupción
2013 2013
45 11102099 de 2013 16 de septiembre de 15 de octubre de Sin interrupción
2013 2013
46 11102420 de 2013 16 de octubre de 30 de octubre de Sin interrupción
2013 2013
47 2719 de 2013 1 de noviembre de 30 de diciembre de Sin interrupción
2013 2013
48 11100060 de 2014 2 de enero de 2014 30 de junio de 2014 Sin interrupción
49 11100739 de 2014 1 de julio de 2014 30 de julio de 2014 Sin interrupción
50 11101408 de 2014 1 de agosto de 2014 31 de octubre de Sin interrupción
2014
51 11101914 de 2014 1 de noviembre de 31 de diciembre de Sin interrupción
2014 2014
52 11100075 de 2015 2 de enero de 2015 1 de abril de 2015 Sin interrupción
53 11100886 de 2015 2 de abril de 2015 15 de junio de 2015 Sin interrupción
54 11101358 de 2015 16 de junio de 2015 31 de diciembre de Sin interrupción
2015
55 000058 de 2016 1 de enero de 2016 31 de enero de 2016 Sin interrupción
Se observan tres interrupciones ostensiblemente amplias en la vinculación del
demandante con la entidad, esto es, a la culminación de los contratos sin número
de enero de 2004, marzo de 2004 y 105 de 2006, las cuales implicaron el
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rompimiento de la relación contractual entre las partes y, que, llevan a contabilizar
el término de prescripción de manera separada.
Visto lo anterior, a partir de la finalización de cada uno de estos contratos surgió
la obligación de la parte demandante de reclamar su derecho dentro de los tres
años siguientes; pero está acreditado que lo hizo solo hasta el 26 de junio de
2016, por lo que operó la prescripción extintiva frente a los derechos laborales
causados hasta el 31 de agosto de 2006.
En cuanto al último periodo de vinculación se advierte que inició el 2 de enero de
2007 y finalizó el 31 de enero de 2016, sin que se presentaran interrupciones
mayores a treinta días, por lo que el demandante contaba hasta el 31 de enero
de 2019 para solicitar a la entidad el reconocimiento de los derechos. Teniendo
en cuenta que el actor presentó la reclamación el 26 de junio de 2016, no se
configuró la prescripción frente a esos lapsos.
En ese orden de ideas, se modificará el numeral primero de la sentencia, en el
sentido de declarar probada parcialmente la prescripción extintiva de los
derechos reclamados respecto de los periodos anteriores al 31 de agosto de
2006; lo que conlleva a que se modifique el numeral tercero y sexto de dicha
providencia, teniendo en cuenta las precisiones que se hicieron sobre los
extremos de la prestación del servicio.
De la naturaleza de los aportes a seguridad social
No es posible ordenar el reintegro o compensación de los aportes a la seguridad
social, porque, como se determinó en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-
S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, estos tienen la connotación de parafiscales
para la financiación del Sistema General de Seguridad Social.
De este modo, no son ingresos ni beneficios económicos para la parte interesada,
por lo que, no corresponde el pago de estos rubros directamente a la demandante
ni es posible el reembolso de estos.
Por lo expuesto, se confirmará el numeral cuarto de la sentencia de primera
instancia.
Sanción moratoria
En cuanto a ese desacuerdo, conviene recordar que la jurisprudencia11 de esta
Sección ha sido clara en señalar que la sentencia que declara el encubrimiento
de una relación laboral es constitutiva y en ese entendido, es a partir de ella que
nacen los derechos laborales exigidos en el proceso.
11 Ver entre otras, las sentencias del 28 de septiembre de 2023, expediente 20160006001.
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Por lo anterior, no es posible ordenar el pago de la sanción moratoria por la no
consignación o pago de las cesantías, o de otras prestaciones a favor del
demandante, porque la parte demandada no ha incurrido en mora en tanto que,
es a partir de la ejecutoria de la sentencia que declara la existencia de un contrato
realidad que surge para la entidad la obligación de pagar las prestaciones
sociales en los términos señalados en el CPACA y demás normas concordantes.
En ese sentido, se confirmará lo decidido por el juez de primera instancia frente
a la negativa del reconocimiento.
De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia
Procederá la Sala a analizar lo relacionado con la negativa de condena en costas
impuesta en primera instancia, en consideración a que, para el demandante, sí
existe un fundamento que justifique la imposición de esta carga, por lo que
considera que esta orden debe ser revocada.
En lo que respecta a este punto de impugnación, la Sala en el caso particular
acudirá a la tesis que se ha sostenido a partir de la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, teniendo en cuenta la fecha de expedición de la sentencia de
primera instancia (22 de septiembre de 2021).
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado
en el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala
fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia
de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188
de la Ley 1437 de 2011, mas no con base en el artículo 366 del CGP como lo
adujo el demandante en su apelación, pues para estos efectos existe la referida
norma especial que debe ser aplicada en su integridad.
Por ello, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha situación a la luz
de la normativa vigente, así:
En el caso bajo estudio, aplicando el criterio anunciado, se observa que los
fundamentos expuestos en la contestación y en el recurso de apelación
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presentado por la entidad accionada, no revisten una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. A su vez, la parte
pasiva en su escrito indicó razones en defensa jurídica de sus intereses, por eso
al no encontrarse acreditado tal presupuesto normativo se confirmará la decisión
de primera instancia y se dispondrá no condenar en costas en segunda instancia.
Con lo anterior, se da respuesta a todas las inconformidades planteadas en los
recursos de apelación.
FALLA
Primero. Modificar los numerales primero, tercero y sexto de la sentencia del
veinticinco (25) de octubre de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, los cuales quedarán así:
«1. DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE LA EXCEPCIÓN DE
PRESCRIPCIÓN extintiva del derecho, respecto de los periodos
comprendidos del 6 de mayo al 30 de junio de 2003, 1 de julio al 30 de
septiembre de 2003, 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2003, 1 de enero
al 31 de enero de 2004, 1 de mayo al 30 de junio de 2004, 1 de octubre al 31
de diciembre de 2004, 1 de enero al 28 de febrero de 2005, 1 de marzo al 30
de abril de 2005, 1 al 31 de mayo de 2005, 1 al 30 de junio de 2005, 1 al 30
de julio de 2005, 1 al 31 de agosto de 2005, 1 al 30 de septiembre de 2005,
1 al 31 de octubre de 2005, 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2005, 1 al
31 de enero de 2006, 1 de febrero al 31 de marzo de 2006, 7 de abril al 31
de mayo de 2006, 1 de junio al 31 de julio de 2006 y 1 al 31 de agosto de
2006.
3. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, SE CONDENA al municipio de Pereira a pagar
en favor del demandante Rodolfo del Rio Cardona lo siguiente: (i) las
prestaciones labores laborales de orden legal a las cuales tiene derecho, de
los siguientes periodos: 2 de enero al 28 de febrero de 2007, 1 de marzo al
30 de abril de 2007, 1 de mayo al 30 de junio de 2007, 1 al 5 de julio de 2007,
6 de julio al 30 de septiembre de 2007, 1 al 31 de octubre de 2007, 1 al 30
de noviembre de 2007, 1 al 31 de diciembre de 2007, 2 al 31 de enero de
2008, 1 al 29 de febrero de 2008, 4 de marzo al 31 de diciembre de 2008, 1
de enero al 30 de diciembre de 2009, 20 al 30 de diciembre de 2010, 1 de
julio al 30 de noviembre de 2011, 2 de enero al 28 de febrero de 2012, 1 de
marzo al 31 de julio de 2012, 1 de agosto al 15 de septiembre de 2012, 16
de septiembre al 30 de octubre de 2012, 1 de noviembre al 31 de diciembre
de 2012, 2 de enero al 15 de agosto de 2013, 16 de agosto al 15 de
septiembre de 2013, 16 de septiembre al 15 de octubre de 2013, 16 de
octubre al 30 de octubre de 2013, 1 de noviembre al 30 de diciembre de
2013, 2 de enero al 30 de junio de 2014, 1 al 30 de julio de 2014, 1 de agosto
al 31 de octubre de 2014, 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014, 2 de
enero al 1 de abril de 2015, 2 de abril al 15 de junio de 2015, 16 de junio al
31 de diciembre de 2015 y 1 al 31 de enero de 2016, tomando como base
para liquidarlas los honorarios pactados en las órdenes de prestación de
servicios y (ii) las diferencias que resulten entre los salarios y prestaciones
recibidas por este durante el 1 de enero de 2010 al 7 de octubre de 2010, 8
de octubre de 2010 al 11 de diciembre de 2010 y 1 enero de 2011 al 30 de
junio de 2011 y los que devengaba un empleado de planta con iguales o
similares funciones a las suyas.
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Radicación: 66001233300020170005301 (2197-2020)
6. SE CONDENA a la entidad demandada al pago compensatorio en dinero,
en favor del demandante, de las dotaciones de vestido y calzado de labor
causadas en los periodos referenciados en el numeral tercero de la presente
decisión».
Segundo. Confirmar en lo demás la decisión de primera instancia.
Tercero. Sin condena en costas de segunda instancia.
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes n la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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