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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00151-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00151-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2017-00151-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

19 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00151-01 (2236-2020)
Demandante: Nevio Andrés Sierra Agudelo
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Tema: Control judicial integral de los actos administrativos
sancionatorios. Nulidad de los actos administrativos. Violación al
debido proceso. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de
la sentencia proferida el trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Nevio Andrés Sierra Agudelo instauró demanda en contra de la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de
que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad parcial de la decisión disciplinaria expedida el 30 de junio
de 2016 por Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de
Pereira, mediante la cual fue sancionado con destitución e inhabilidad general por
el término de 15 años; de la decisión disciplinaria expedida el 26 de julio de 2016,
por la Inspección Delegada Tres, que modificó la sanción de inhabilidad general,
fijándola en 14 años; y de la Resolución 05434 del 25 de agosto de 2016, que la
ejecutó.

Que, en consecuencia, sea reintegrado al grado de patrullero o a uno superior y se
ordene el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, con
intereses moratorios.

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Radicado: 66001-23-33-000-2017-00151-01 (2236-2020)

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que se adelantó una investigación disciplinaria en contra suya y de su superior
porque presuntamente el 16 de noviembre de 2015 recibieron dádivas para omitir la
captura de quien al parecer estaba transportando sustancias alucinógenas en un
vehículo que transitaba por la vía Dosquebradas-Chinchiná.

Que, por lo anterior, les formularon 3 cargos: (i) realizar una conducta descrita en la
ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón del cargo,
adecuada al prevaricato por omisión (artículo 414 del Código Penal); (ii) recibir
directamente dádivas con el fin de omitir el ejercicio de sus funciones (artículo 34,
numeral 4 de la Ley 1015 de 2006); y (iii) realizar una conducta descrita en la ley
como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón del cargo,
adecuada a la falsedad ideológica en documento público (artículo 286 del Código
Penal).

Que se expidió decisión de primera instancia, mediante la cual fue sancionado con
destitución e inhabilidad general por el término de 15 años y en segunda instancia
se modificó la sanción y, en consecuencia, se fijó la inhabilidad general en 14 años.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política: artículos 1, 2, 4, 13 y 29; Ley 734 de 2002: artículos 20, 132 y
143; Ley 1015 de 2006.

Que las normas constitucionales fueron desconocidas, porque se le impuso una
sanción disciplinaria fuera del contexto legal, en la medida en que la autoridad no
cumplió con su deber de practicar pruebas y de comunicar las actuaciones
procesales, lo que derivó en unas decisiones soportadas en vicios procedimentales.

Que se vulneró el debido proceso, porque no le notificaron la totalidad de
decisiones, como los autos del 17 de marzo y 5 de mayo de 2016 y que los CDs
que se ordenó desglosar se llevaron a un laboratorio sin su presencia. Además, en
el auto que adoptó el procedimiento verbal se ordenó investigar de manera
separada a Harold Andrés Cordero, lo que no se podía hacer y se negó la práctica
de pruebas que resultaban fundamentales.

Que los cargos se calificaron de forma inadecuada, pues a lo sumo se le debió
investigar por la falta grave consistente en dejar de informar, o hacerlo con retardo,
los hechos que deben ser llevado a conocimiento del superior por razón del cargo
o servicio (artículo 35, numeral 15 de la Ley 1015 de 2006) e, inclusive, lo
procedente era aplicar la resolución en caso de duda.

Que los actos demandados son nulos por desconocimiento de los derechos de
audiencia y de defensa, porque no fue escuchado, por intermedio de su apoderado,
cuando solicitó las nulidades procesales, ni cuando pidió la práctica de pruebas.

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Que en la expedición de las decisiones sancionatorias se incurrió en falsa
motivación, porque los argumentos que allí se exponen en relación con el trámite
de las nulidades son contrarios a la realidad y a los preceptos legales.

Que se trató, por tanto, de actos irregularmente expedidos, porque la autoridad
disciplinaria no corrigió las nulidades, no practicó las pruebas necesarias para
esclarecer los hechos y conocer la verdad y no permitió ejercer el derecho de
contradicción, pues se incorporó un audio al procedimiento sin que para ello mediara
una decisión.

Que el tercer cargo formulado no debió prosperar, pues el informe que sobre los
hechos suscribió junto con su superior no fue declarado ilegal por parte de la
autoridad que conoció de la incautación y ninguna prueba desvirtuó su presunción
de legalidad dentro de la actuación disciplinaria.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 28 de marzo de 20171 y se notificó a la entidad, quien
se opuso a las pretensiones. Expresó que la actuación disciplinaria se tramitó por
quienes eran competentes para ello, en los términos de la Ley 1015 de 2006. Se
inició con fundamento en un informe elaborado por el jefe de la Seccional de
Tránsito y Transporte de Pereira, quien dio cuenta de un posible procedimiento
irregular adelantado por dos policías, quienes incautaron una sustancia
alucinógena, sin capturar al portador porque al parecer habían recibido una dádiva.

Que no se configuró ninguno de los vicios expuestos, pues si se rompió la unidad
procesal fue porque el patrullero Cordero no participó en ninguna operación con el
señor Sierra Agudelo y que la negativa de unas pruebas testimoniales estuvo
debidamente sustentada.

Que se pudo establecer que el 16 de noviembre de 2015 el intendente John Jairo
Gómez Miranda y el patrullero Nevio Andrés Sierra Agudelo detuvieron un vehículo
negro, en el cual se transportaban 60 kilos de una sustancia que después se pudo
identificar como cannabis y derivados; sin capturar a quien la llevaba. Irregularidad
que se advirtió cuando alguien tomó contacto con un policía de apellido Hernández
Riaño y le manifestó que en un puesto de control unos uniformados le quitaron una
sustancia alcaloide que transportaba y la suma de tres millones de pesos.

Que el anterior relato se contrastó con las demás pruebas recaudadas; que la
prosperidad del tercer cargo formulado no dependía de una decisión en el ámbito
penal y que la grabación a la que se hizo referencia en la demanda fue incorporada
siguiendo la ritualidad del procedimiento y valorada siguiendo las reglas de la sana
crítica.

1Véanse folios 624-625 del cuaderno 1-3. La demanda fue recibida por reparto en el Juzgado Segundo
Administrativo de Pereira, el cual, por auto del 23 de febrero de 2017 la remitió por competencia al Tribunal
Administrativo de Risaralda (véanse folios 614 a 617 del cuaderno 1-3).

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Que todas las actuaciones fueron debida y oportunamente notificadas, logrando
ratificar que la responsabilidad del señor Sierra Agudelo se encontraba
comprometida, pues su comportamiento se adecuó a los tipos disciplinarios que se
le endilgaron y, con ello, afectó sus deberes funcionales2.

Se celebró audiencia inicial el 28 de mayo de 20183, en la que se fijó el litigio y se
decretaron pruebas documentales y una prueba testimonial; una vez practicada la
última4, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera su concepto; luego de lo cual se dictó sentencia,
que fue apelada en el plazo oportuno por el demandante.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del trece (13) de
diciembre de dos mil diecinueve (2019)5, negó las pretensiones, tras concluir, que
los actos demandados contenían una debida valoración probatoria, que otorgaba la
certeza sobre la ocurrencia de los hechos imputados al demandante y, en esa
medida, no se expidieron con falsa motivación ni de manera irregular.

Que no se desconoció el derecho al debido proceso, pues las nulidades procesales
propuestas se resolvieron en la actuación disciplinaria, las pruebas incorporadas se
pusieron en su conocimiento y la negativa a la práctica de algunos medios de prueba
se sustentó en debida forma. Se destacó, en este punto, que el apoderado del
entonces investigado fue reconocido desde el 20 de noviembre de 2015 y, a partir
de entonces, tuvo acceso a la totalidad del expediente disciplinario.

Que de conformidad con el artículo 131 del Código Disciplinario Único, la falta y la
responsabilidad del investigado se pueden demostrar acudiendo a cualquiera de los
medios de prueba legalmente reconocidos y, en ese sentido, la negativa de una
prueba testimonial y de un cotejo de voz no significaron lesionar el derecho de
defensa ni implicaron una actuación caprichosa por parte de la autoridad, pues la
ocurrencia de los hechos se acreditó acudiendo a pruebas testimoniales y
documentales, sin que se pueda pretender que el juez de lo contencioso
administrativo realice una nueva valoración probatoria.

Que en su calidad de patrullero, el demandante se encontraba en la obligación de
proceder con la captura de quien transportaba la sustancia que incautó y que la
valoración probatoria que adelantó la autoridad disciplinaria dio cuenta de que el
procedimiento adelantado el 16 de noviembre de 2015, aproximadamente a las
00:40 horas, no se desarrolló como en principio lo quisieron hacer ver el
demandante y su compañero y, en esa medida, desconoció sus deberes
funcionales.

2 Véanse folios 630 a644 del cuaderno 1-3.
3 Véanse folios 658 a 660 del cuaderno 1-3 y CD en folio 661 del mismo cuaderno.
4 Audiencia de pruebas celebrada el 22 de agosto de 2018 (véanse folios 617-672 del cuaderno 1-3 y CD en

folio 673 del mismo cuaderno).
5 Véanse folios 695 a 715 del cuaderno 1-3.

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Finalmente, resolvió no condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

El demandante6 interpuso recurso de apelación, en el cual señaló que se ratificaba
en los hechos y pretensiones de la demanda y en lo manifestado en los alegatos de
conclusión, porque en la decisión del Tribunal no se analizaron sus argumentos,
prueba de ello es que su motivación es general y se parece a la que contenía la
decisión de otros policías; inclusive, en la página 19 de la providencia se referencia
la actuación disciplinaria de «Pulido Pineda y sus compañeros».

Que el debido proceso no implica únicamente seguir un paso a paso, sino buscar la
realidad de lo ocurrido y permitir a la parte ejercer el derecho a la defensa y que,
por ello, no se puede pasar por alto que la autoridad disciplinaria desatendió lo
dispuesto por el artículo 81 de la Ley 734 de 2002, que la obligaba a tramitar por la
misma cuerda procesal la investigación que de forma inexplicable inició por
separado en contra del patrullero Cordero.

Que el cotejo de voz dejado de practicar resultaba fundamental para verificar o no
si el referido patrullero era quien había informado que unos uniformados se habían
quedado con sustancias alucinógenas y con dinero, pues, si en efecto se trataba de
él, se le debía investigar bajo el mismo proceso; por el contrario, si no correspondía
a su identidad, se debía fundar una duda, en la medida en que hubiese resultado
imposible determinar si los hechos sucedieron como quedó plasmado en el
procedimiento disciplinario.

Que las pruebas testimoniales que le fueron negadas también resultaban
relevantes, pese a lo cual la demandada no desplegó su poder para ubicar a los
posibles declarantes. Que al procedimiento se aportaron unas grabaciones por un
funcionario que no tenía permiso para grabar ello y que no ejercía actividades de
policía judicial y que al no haberse practicado e incorporado con el lleno de los
requisitos legales constituían un mero indicio.

Que los funcionarios llamados a declarar eran testigos de oídas, pues ninguno
estuvo en el lugar de los hechos; que respecto del referido audio existían
contradicciones entre la transcripción que hizo la demandada y el contenido del
informe de quien lo aportó y que no se pudo probar la existencia del vehículo que
presuntamente transportaba la sustancia incautada; todo lo cual implica que no se
pudo desvirtuar su presunción de inocencia y que la demandada no cumplió con su
carga probatoria.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 8 de octubre de 20207 fue admitido el recurso y el 9 de diciembre del mismo año8
se corrió traslado para alegar a las partes y al Ministerio Público para que emitiera

6 Véanse folios 791 a 795 del cuaderno principal.
7 Véase índice 00003 de SAMAI y constancia en folio 735 del cuaderno 1-3.
8 Véase índice 00008 de SAMAI y constancia en folio 737 del cuaderno 1-3.

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concepto.

El demandante9 advirtió que el hecho investigado es atípico, pues nunca se probó
que el patrullero Cordero fuera el dueño de la sustancia incautada y en su
declaración negó que le hubiese ocurrido una situación como la que se relató en la
actuación disciplinaria y que, en todo caso, si no se encontró el vehículo que se dio
a la fuga, era porque aquel en que lo perseguían presentaba fallas.

Que en el procedimiento disciplinario no existió un quejoso o denunciante y que no
se podía concluir que el automóvil que se vio en los archivos de video de la vía
correspondía al que supuestamente transportaba la marihuana; sustancia en
relación con la cual lo ocurrido correspondió a lo que él y su superior relataron, esto
es, que las bolsas puestas a disposición de la Fiscalía estaban sobre la vía, pues
no resulta lógico pensar que un uniformado iba a llamar para informar que otros
policías le habían quitado una sustancia psicoactiva.

Que, a lo sumo, lo debieron sancionar por otra conducta, la de haber existido una
demora en informar los hechos; pero que, sobre lo investigado, existía una duda
que debió resolverse en su favor; máxime si se tiene en cuenta que en el ámbito
penal no se le vinculó por ninguna anomalía relacionada con el procedimiento de
incautación, ni se dijo que el informe que él y su superior elaboraron contuviera una
falsedad; y que, en ese sentido, la autoridad disciplinaria no podía exceder el ámbito
de sus funciones.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si en la sentencia apelada se analizaron los
cargos de nulidad formulados por el demandante y si los actos demandados se
encuentran viciados de nulidad por violación al debido proceso, derivado de una
indebida valoración probatoria. Con este propósito, la providencia se referirá al
marco normativo y jurisprudencial del control judicial de los actos administrativos
sancionatorios disciplinarios, a la causal de nulidad enunciada y abordará el caso
concreto.

Marco normativo aplicable al análisis de la actuación disciplinaria

La actividad disciplinaria comprende una función especializada, con un componente
preventivo y correctivo, que busca garantizar la efectividad de los principios de la
función pública y el buen desempeño y gestión transparente de los servidores
públicos. En ese sentido, se rige por disposiciones y procedimientos especiales,
transversalizada por las garantías propias del debido proceso constitucional.

El resultado de tales actuaciones, representada en actos administrativos, es
susceptible de examen a través del medio de control de nulidad y restablecimiento

9 Véase índice 00013 de SAMAI.

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del derecho. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación no ha sido pacífica
en relación con el alcance de la intervención del juez de lo contencioso
administrativo, como a continuación se expone.

La primera tesis de la jurisprudencia se inclinó por sostener que el control del juez
de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el
demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias10.

Luego, se adoptó la posición en la que incluso en los casos en que la demanda no
cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación,
si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de aplicación inmediata,
oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo que se denominó como
«intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»11.

Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se unificó
jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»12, y se advirtió que:

i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial»
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la
ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no solo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.

10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes

Moreno.
11 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp.

05001-23-31-000-1998-02823-01 (2060-2010). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado.
Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 11001-03-25-000-2009-00140-00
(2038-2009). C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.

11001-03-25-000-2011-00316-00 (1210-2011). C.P. William Hernández Gómez (E).

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viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.

Nulidad del acto administrativo por violación al debido proceso

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los actos
administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.

En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los artículos
13713 y 13814 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales es
posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.

Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de un
acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso,
teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.

Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir un
límite al ejercicio del poder público, constituye un mecanismo para proteger los
derechos de los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los
agentes del Estado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el
curso de cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan
resultar afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y
sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico15.

Atendiendo a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad por su
desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la formación
del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el artículo 29
constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se adelante por el
competente, (ii) permitiendo la participación activa de todos los interesados; (iii) que
estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan dilaciones

13 Del medio de control de nulidad.
14 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
15 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-

33-000-2014-02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y controvertir
pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida forma y
que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 16; y b) en
sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad siempre
que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado se
presuma inocente.

La Corte Constitucional en la Sentencia T-076 de 201817 precisó que tanto de las
providencias judiciales como de los actos administrativos, puede predicarse la
vulneración sustancial del derecho al debido proceso, la cual se concreta en los
distintos defectos identificados por la jurisprudencia constitucional:

«“Defecto orgánico, que se estructura cuando la autoridad administrativa que
profiere el acto objeto de reproche constitucional carecía absolutamente de
competencia para expedirlo (…).

Defecto procedimental absoluto, el cual se predica de la actuación
administrativa, cuando ha sido tramitada completamente al margen del
procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico (…).

Defecto fáctico, que se demuestra cuando la autoridad administrativa ha
adoptado la decisión bajo el absoluto desconocimiento de los hechos
demostrados dentro de la actuación. (…)

Defecto material o sustantivo, el cual concurre cuando la autoridad
administrativa profiere el acto a partir de la aplicación de normas inexistentes,
inconstitucionales, declaradas ilegales por la jurisdicción contenciosa o
abiertamente inaplicables para el caso concreto. La jurisprudencia también ha
contemplado que la interpretación irrazonable de las reglas jurídicas es una
causal de estructuración de defecto sustantivo, evento en el que se exige una
radical oposición entre la comprensión comúnmente aceptada del precepto y su
aplicación por parte de la autoridad administrativa, situación que encuadra en
lo que la doctrina define como interpretación contra legem.

Error inducido o vía de hecho por consecuencia, defecto que se predica cuando
la autoridad administrativa adopta una decisión contraria a los derechos
fundamentales de las partes interesadas, debido a la actuación engañosa por
parte de un tercero.

Falta de motivación, que corresponde a los actos administrativos que no hacen
expresas las razones fácticas y jurídicas que le sirven de soporte. (…)

Desconocimiento del precedente constitucional vinculante, defecto que ocurre
cuando la autoridad administrativa obra, de forma injustificada, en contravía del
contenido y alcance de los derechos fundamentales que ha realizado, con
efectos obligatorios, la Corte Constitucional.

Violación directa de la Constitución, lo que se predica del acto administrativo
que desconoce, de forma específica, normas de la Carta Política (…)’18»19.

16 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Radicado 05001-23-31-000-2000-

02324-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
17 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
18 Ver Sentencia T-076 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
19 Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Caso concreto:

Analizado el expediente de la actuación disciplinaria, la Sala destaca:

• Que el 16 de noviembre de 2015 el capitán Luis Felipe Durán Galvis elaboró un
informe de novedad, mediante el cual relató que ese día, sobre las 00:40 horas,
en la vía Dosquebradas-Chinchiná (PR 7+200), las unidades en servicio
incautaron una sustancia alucinógena, sin proceder a la captura de quien la
transportaba y que, al contactar a los policías, estos le manifestaron que habían
notado una actividad sospechosa de un vehículo en el PR 6+900, pero que este
huyó; que intentaron alcanzarlo, pero no pudieron, por lo que retornaron a
instalar el área de prevención y cuando pasaron por el PR 6+900 observaron
unas bolsas de color negro en la orilla de la vía, que contenían una sustancia
vegetal con olor a marihuana, por lo que contactaron al intendente Aguirre, para
que estuviera pendiente e informara a las unidades acerca de un automóvil Aveo
negro, lo que quedó registrado en la central a la 1:40 horas.

Que al comunicarse con la Seccional de Tránsito de Risaralda, el intendente
Robinson Gómez Ospina le manifestó que la información sobre el vehículo la
recibieron tarde, pues antes de ello lo habían detenido y, como no encontraron
novedad, le permitieron continuar con la marcha20.

• Que, por su parte, el intendente Carlos Mario Aguirre informó que el 16 de
noviembre de 2015, sobre la 1:35 horas, recibió una llamada del CAD21-123, en
la cual le consultaron por los vehículos de tránsito que estaban en servicio, pues
se había recibido una llamada al 123 en la que un ciudadano manifestó que unos
uniformados que se desplazaban en el automóvil de placa ZJN-212 le incautaron
60 libras de marihuana, pero que lo dejaron ir.

Que a las 1:40 horas el intendente Jhon Gómez Miranda y el patrullero Nevio
Sierra Agudelo informaron que tenían asignado el vehículo ZJN-21222.

• Que por auto del 16 de noviembre de 2015 se abrió una indagación preliminar23,
en el marco de la cual se allegaron dos nuevos informes de novedad. El primero,
elaborado por el intendente Robinson Gómez Ospina, quien narró que para el
momento de los hechos se encontraba asignado al dispositivo de control y
registro de personas y vehículos de la vía Dosquebradas-Chinchiná, siendo las
01:45 horas, en compañía de otros dos uniformados, cuando el intendente
Carlos Aguirre les solicitó estar atentos al paso de un vehículo Aveo Negro.

Indicó que, previamente, sobre las 00:45 horas, habían detenido un vehículo con
tales características, conducido por una persona que se identificó como policía,
de apellido Cordero, quien iba en compañía de dos mujeres y dos menores de

20 Véanse folios 9-10 del cuaderno 1.
21 Centro Automático de Despacho.
22 Véase folio 23 del cuaderno 1.
23 Véanse folios 27 a 31 del cuaderno 1. Esta decisión se notificó personalmente al demandante el 16 de

noviembre de 2015 (véanse folios 37-38 del cuaderno 1).

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edad. Que dejaron ir el automóvil porque no encontraron ninguna novedad 24.

En el segundo informe, elaborado por el subintendente Jorge William Restrepo
Montoya, se relató que el 16 de noviembre de 2015, sobre las 01:15 horas,
recibió una llamada de un ciudadano que se identificó como «Camilo», quien le
narró que en un puesto de control sobre la vía que de Dosquebradas conduce a
Santa Rosa de Cabal, unos uniformados le habían quitado 80 libras de
marihuana y 3 millones de pesos.

Que, luego de ello, recibió un reporte relacionado con el hallazgo de un
alucinógeno y un vehículo en fuga25.

Con fundamento lo anterior, por auto del 19 de noviembre de 2015 se ordenó la
práctica de pruebas documentales y testimoniales adicionales26.

• Que el 13 de mayo de 2016 se adoptó el procedimiento verbal, para lo cual al
demandante le fueron formulados tres cargos: (i) realizar una conducta descrita
en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón del cargo; el
cual se adecuó al prevaricato por omisión (artículo 414 del código penal); (ii)
recibir directamente dádivas para sí, con el din de omitir el ejercicio de sus
funciones (artículo 34 numeral 4 de la Ley 1015 de 2006); y (iii) realizar una
conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en
razón del cargo; el cual se adecuó a la falsedad ideológica en documento público
(artículo 286 del Código Penal).

Lo anterior, luego de determinar provisionalmente que el demandante omitió un
acto propio de sus funciones, como era proceder a la captura de quien
transportaba la sustancia incautada (cargo 1), porque al parecer recibió dádivas
para ello (cargo 2) y, en consecuencia, la información contenida en el informe de
Policía de Vigilancia en casos de captura en flagrancia, suscrito por él y su
superior, presuntamente no correspondía a la realidad (cargo 3). En los tres
eventos, se indicó que se trataba de faltas disciplinarias gravísimas, ejecutadas
a título de dolo27.

• Que, escuchados los argumentos de la defensa, por auto del 30 de junio de 2016
fue declarado disciplinariamente responsable, pues se encontró acreditado que
el 16 de noviembre de 2015 incurrió en las conductas objeto de reproche. Por
ello, fue sancionado con destitución e inhabilidad general por el término de 15
años28.

• Que, apelada la anterior decisión, el 26 de julio de 2016 fue modificada, pues se
declaró desvirtuado el cargo nro. 2. En consecuencia, el término de la inhabilidad

24 Véanse folios 40-42 del cuaderno 1.
25 Véase folio 91 del cuaderno 1.
26 Véanse folios 95 a 98 del cuaderno 1. El 20 de noviembre de 2015 se reconoció personería al apoderado del

demandante, se le notificó el auto que ordenó la práctica de pruebas y se le entregó copia del expediente
(véanse folios 99 a 101 del cuaderno 1).
27 Véanse folios 256 a 322 del cuaderno 1-1. La formulación de cargos al demandante, en folios 289 a 321.
28 Véanse folios 376 a 400 del cuaderno 1-1 y 401 a 472 del cuaderno 1-2.

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general se fijó el 14 años29.

Para el demandante, en la sentencia apelada no se analizaron sus argumentos y,
por el contrario, su motivación es tan general que inclusive se refiere a otro sujeto
procesal en un fragmento.

La Sala encuentra que en la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda se abordaron la totalidad cargos de nulidad presentados por el
demandante y, en perspectiva del control integral, se analizó cada etapa de la
actuación, de lo que se concluyó que las garantías procedimentales del señor Sierra
Agudelo no fueron lesionadas.

La referencia a «Pulido Pineda y sus compañeros» no significa más que un lapsus
en la parte motiva de la providencia, fragmento que en todo caso no puede leerse
de manera aislada, pues es claro que para concluir que no se logró desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos sancionatorios, se abordó el concepto de
violación expuesto por el demandante y no otro, contraponiéndolo a las decisiones
que integraron el expediente de la actuación disciplinaria.

Que no se compartan las razones para negar las pretensiones constituye
justamente el objeto del recurso de apelación, pero ello no significa que la sentencia
apelada se alejara del objeto del litigio. En ese punto, el demandante insiste en que
las pruebas que la autoridad disciplinaria dejó de practicar resultaban
fundamentales para que se generara una duda que debía resolverse en su favor,
que hubo pruebas cuyo decreto y práctica no se dieron a conocer a los sujetos
procesales y que en todo caso el comportamiento objeto de reproche no se pudo
probar.

En relación con las pruebas cuya práctica negó la autoridad disciplinaria, aspecto
que se puede analizar bajo el concepto de «defecto fáctico» previamente enunciado,
la Sala advierte que, en consonancia con lo que sobre esta cuestión se plasmó en
la sentencia apelada, la negativa de una prueba no implica, por ese solo hecho, una
trasgresión del debido proceso, ni que, en el caso concreto, se hubiese generado
una duda en favor del investigado.

Cabe precisar que en la audiencia disciplinaria celebrada el 3 de junio de 2016, el
apoderado del señor Sierra Agudelo solicitó que se recibiera la declaración
juramentada del patrullero Harold Andrés Cordero Vanegas, quien fue identificado
como el ciudadano que presuntamente transportaba en la madrugada del 16 de
noviembre de 2015 la sustancia que fue incautada por el demandante 30.

Una vez escuchado el declarante, partiendo de que este había mencionado a un
amigo suyo, de nombre «Edison», como propietario del vehículo en el cual se
transportaba y dijo además haber estado en compañía de su cónyuge, llamada
«Carolina Andrea Jaramillo», en diligencia del 7 de junio de 2016 la defensa del

29 Véanse folios 488 a 553 del cuaderno 1-2. Esta decisión se notificó personalmente al apoderado del
demandante el 1 de agosto de 2016 (véase folio 556 del cuaderno 1-2).
30 Véase folio 336 del cuaderno 1-1.

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investigado solicitó que se decretaran tales testimonios.

En esa oportunidad, la autoridad negó la recepción del testimonio de «Edison»,
teniendo en cuenta que no se habían aportado más datos del ciudadano, mientras
que ofició al área de talento humano para que aportara los datos para contactar a
la pareja del declarante31. En respuesta, el 8 de junio de 2016 se informó que el
patrullero Harold Andrés Cordero Vanegas nunca había registrado esposa o
compañera permanente ante la institución32, por lo cual en audiencia del 9 del
mismo mes y año se resolvió no llamar a declarar a «Carolina Andrea Jaramillo»33.

En la diligencia del 7 de junio de 2016 también se solicitó por parte de la defensa el
decreto y práctica de un cotejo de voz. Esto, al considerar que resultaba necesario
identificar si quien llamó al subintendente Jorge William Restrepo Montoya era el
declarante Cordero Vanegas. Esta prueba se negó por considerar que, además de
que el testigo no era el funcionario investigado, tal diligencia podría redundar en un
falso testimonio para él34.

De manera que la decisión en relación con tales solicitudes probatorias se
fundamentó en debida forma; inclusive, si se repara en la valoración que en la
decisión de primera instancia se realizó del testimonio del señor Cordero Vanegas,
es posible advertir que tenía la especial condición de ser sujeto disciplinable en una
actuación que se adelantaba con ocasión de lo ocurrido en la madrugada el 16 de
noviembre de 2015, por lo que resultaba claro que en su declaración omitiría
asuntos que lo pudieran llevar a autoincriminarse.

Pero ni el cotejo de voz ni los testimonios de «Edison» y «Carolina Andrea
Jaramillo» hubiesen llevado a la demandada a exonerar de responsabilidad al
demandante; ni su ausencia significa que sobre la actuación pesara un manto de
duda que debía resolverse en su favor, pues, además de que el régimen probatorio
disciplinario no exige una tarifa legal, lo cierto es que en el expediente existió prueba
suficiente de que los hechos no ocurrieron como el señor Sierra Agudelo y superior
lo informaron:

• Las declaraciones de Robinson Gómez Ospina35, Lady Viviana Collazos
Mellizo36 y Rafael Adrián Duque Urrea37 permitieron precisar que el vehículo
Aveo color negro fue detenido por el demandante y su compañero
aproximadamente a las 00:40.

Lo anterior, porque para el 16 de noviembre de 2015 integraban el grupo de
control ubicado en «Guayabito» (Km 16 de la vía) y coincidieron al relatar que
en ese sector, sobre las 00:45 horas, habían detenido un vehículo con las
características del Aveo negro, en el que se transportaba un patrullero de

31 Véase folio 347 del cuaderno 1-1.
32 Véase folio 357 del cuaderno 1-1.
33 Véase folio 358 del cuaderno 1-1.
34 Véase folio 347 del cuaderno 1-1.
35 Véanse folios 70 a 73 del cuaderno 1-1.
36 Véanse folios 81 a 83 del cuaderno 1-1.
37 Véanse folios 74 a 76 del cuaderno 1-1.

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apellido Cordero; mientras que la instrucción de estar atentos a la novedad
reportada por los entonces investigados les fue informada sobre la 01:45 horas.

• Los videos de las cámaras de la vía Dosquebradas-Chinchiná permitieron
determinar que aproximadamente a las 00:48 transitó un vehículo con similares
características y que a las 01:44 pasó un automóvil asignado a la policía de
carreteras38.

• La declaración juramentada del subintendente Jorge William Restrepo Montoya
permitió dar cuenta de la llamada que este recibió de un ciudadano que dijo
llamarse «Camilo» (posteriormente identificado como Harold Cordero), quien se
identificó como policía y le narró que en el puesto de control que quedaba a la
salida de Santa Rosa de Cabal, un patrullero y un intendente «(…) se le habían
quedado con una mercancía la cual describió como ochenta libras de marihuana
y tres millones de pesos y que él se encontraba muy dolido por eso, porque los
compañeros no le quisieron colaborar»39.

• El señor Restrepo Montoya aportó la grabación de la referida llamada, que fue
transcrita por la autoridad disciplinaria el 8 de febrero de 201640 y, al adoptar el
procedimiento verbal, se ordenó correrles traslado de dicha actuación41.

• Mediante comunicación del 11 de febrero de 2016 se aportó al trámite
disciplinario el «informe de policía de vigilancia en casos de captura en
flagrancia», elaborado por el patrullero Nevio Andrés Sierra Agudelo y el
intendente Jhon Jairo Gómez, en el cual quedó registrada la 01:40 como hora
del presunto operativo de incautación de una sustancia después identificada
como marihuana42.

Con lo anterior quedaron acreditados los supuestos fácticos de los por los que fue
sancionado el demandante. Por un lado, que el 16 de noviembre de 2015 no capturó
a quien transportaba la sustancia incautada, siendo su deber funcional hacerlo –lo
que se endilgó como prevaricato por omisión–; por el otro, que las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que quedaron consignadas en el informe suscrito por los
funcionarios no correspondían a la realidad, lo que llevo a que su conducta se
adecuara típicamente a la falsedad ideológica en documento público; sin que en
ninguno de los dos casos resultara necesario que mediara la decisión de una
autoridad penal, en virtud de la autonomía que caracteriza a la actuación
disciplinaria43.

38 Estos fueron aportados por la concesión vial «autopistas del Café» (véanse folios 110-111 del cuaderno 1) y

reposan en medio magnético en el CD que obra a folio 653 del cuaderno 1-3.
39
Véanse folios 105 a 108 del cuaderno 1.
40 Véanse folios 204 a 207 del cuaderno 1-1.
41 Véanse folios 321-322 del cuaderno 1-1.
42 Véanse folios 209 a 214 del cuaderno 1-1.
43 Sobre este asunto, esta Corporación ha precisado que con un mismo comportamiento es posible lesionar

bienes jurídicos protegidos por distintos regímenes de responsabilidad, pero ello no implica que uno subsuma
al otro; o que, de concluirse en uno que el investigado debe ser sancionado o no, deba llegarse a igual decisión
en el otro y que imponer una sanción en ambos no significa lesionar el principio non bis in idem. Cfr.: Consejo
de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 26 de septiembre de 2012. Exp. 11001-03-25-000-
2010-00127-00 (0977-2010). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Tesis reiterada de manera reciente en:
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 28 de noviembre de 2024. Exp. 76001-23-
33-000-2014-01179-01 (2112-2020). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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Como se indicó en la providencia del Tribunal Administrativo de Risaralda y al
realizar el recuento de la actuación disciplinaria en esta sentencia, la demandada
notificó en debida forma las decisiones del trámite disciplinario y el demandante
contó con las oportunidades procesales para ejercer su derecho a la defensa y
contradicción.

La autoridad resolvió los recursos que fueron interpuestos en los diferentes
momentos de la audiencia, se pronunció de manera motivada en punto a las
nulidades alegadas y, en cumplimiento de su carga probatoria, encontró acreditado,
más allá de toda duda razonable, la realización de unas conductas típicas (previstas
en la ley penal como delitos) y antijurídicas (que afectaron los deberes funcionales),
en las que se incurrió a título de dolo (con conocimiento de la ilicitud del
comportamiento y direccionando la conducta hacia su concreción) y, en esos
términos, se motivó la sanción impuesta, acorde con lo dispuesto en los artículos 44
a 47 de la ley 734 de 2002.

Finalmente, la apertura de una actuación disciplinaria independiente para investigar
al patrullero Harold Andrés Cordero Vanegas en nada vicia el procedimiento
adelantado en contra del demandante, pues si bien el artículo 81 de la Ley 734 de
2002 dispone que «[c]uando varios servidores públicos de la misma entidad
participen en la comisión de una falta o de varias que sean conexas, se investigaran
y decidirán en el mismo proceso, por quién tenga la competencia para juzgar al de
mayor jerarquía», lo cierto es que el señor Cordero solo fue identificado con las
pruebas que permitieron a la demandada formular cargos al patrullero Nevio Andrés
Sierra Agudelo.

De allí que resultara procedente adelantar una actuación independiente, que en
términos de la demandada tendría como propósito «(…) iniciar Indagación
Preliminar (…) a efectos de determinar si le asiste algún tipo de responsabilidad en
relación con los hechos sucedidos el día 16 de noviembre de 2016 (sic)44», sin que
ello imposibilitara continuar con el trámite en contra del demandante; máxime
teniendo en cuenta que la normativa disciplinaria también permite romper la unidad
procesal45 y que, en el caso concreto, se identificó a un posible sujeto disciplinable
respecto de quien era necesario desplegar una actividad probatoria diferente.

En síntesis, el estudio de legalidad de los actos demandados permite afirmar que
no se configuró en ellos ningún vicio que lleve a su nulidad y, por tanto, la decisión
de primera instancia será confirmada.

44 Véase folio 322 del cuaderno 1-1.
45 Ley 734 de 2002. «Artículo 151. Ruptura de la unidad procesal. Cuando se adelante indagación preliminar

por una falta disciplinaria en la que hubieren intervenido varios servidores públicos y solamente se identificare
uno o algunos de ellos, se podrá romper la unidad procesal, sin perjuicio de que las actuaciones puedan
unificarse posteriormente para proseguir su curso bajo una misma cuerda».

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De la condena en costas

Sobre este punto, es importante aclarar que según el cambio introducido por el
legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202146, que dicha declaración es
viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta
carencia de fundamento legal. Teniendo en cuenta lo anterior, la Subsección A
considera que, en el presente caso, observando los argumentos esbozados por la
parte recurrente en sus distintas intervenciones, no se presenta el referido supuesto;
por el contrario, manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses, de manera que no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el trece (13) de diciembre de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual
se negaron las pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

46 Ley 2080 de 2021. «Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo

caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal».

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