Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-01179-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-01179-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2014-01179-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2014-01179-01 (2112-2020)
Demandante: Luis Enrique Martínez Ávila
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional
Tema: Control judicial integral del acto administrativo sancionatorio
disciplinario. Nulidad de los actos administrativos. Causales.
Nulidad por desviación de poder, falsa motivación y violación al
debido proceso. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el treinta (30) de agosto de dos mil diecinueve
(2019) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Luis Enrique Martínez Ávila instauró demanda en contra de la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de
que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
i) Decisión disciplinaria de primera instancia del 5 de agosto de 2012, por medio
de la cual se le declaró disciplinariamente responsable y se le impuso la
sanción de destitución e inhabilidad general por el término de diez años.
ii) Decisión disciplinaria de segunda instancia del 9 de noviembre de 2012, que
confirmó la sanción impuesta.
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iii) Resolución No. 00257 del 30 de enero de 2013 mediante la cual se ejecutaron
las decisiones disciplinarias citadas anteriormente.
A título de restablecimiento del derecho solicitó el reintegro al servicio activo de la
entidad, así como el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir,
debidamente actualizados, desde la fecha en la que se produjo el retiro del servicio
y hasta el momento en que se reincorpore nuevamente al mismo, sin solución de
continuidad.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que con anterioridad a las decisiones disciplinarias fue retirado por discrecionalidad
de la Policía Nacional mediante la Resolución No. 067 del 14 de octubre de 2010.
Que el 3 de febrero de 2010 se interpuso una queja por un procedimiento policivo
irregular, en la que un ciudadano manifestó que unos uniformados ingresaron a su
local comercial y lo requisaron, que debió entregarles $4.500.000 a cambio de que
no lo asesinaran, lo que dio lugar a la apertura de una indagación preliminar.
Que el 10 de noviembre de 2011 se formuló pliego de cargos y, practicadas las
pruebas ordenadas, se expidió decisión de primera instancia el 5 de agosto de 2012,
la cual, una vez presentado el recurso de apelación, fue confirmada el 9 de
noviembre del mismo año y ejecutada el 30 de enero de 2013.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Constitución Política artículos 13 y 29; Ley 1437 de 2011 artículo 42; Ley 1015 de
2006 artículos 7 y 34 y; Ley 734 de 2002 artículos 9, 128 y 129.
Que los actos demandados incurrieron en nulidad por falsa motivación, porque a
pesar de que la entidad no contaba con elementos de juicio verdaderos y
provenientes de un medio probatorio, impuso la sanción de destitución del cargo,
con remisión a un tipo penal sin soporte legal de existir un proceso en su contra.
Que no se demostró en las decisiones que hubiere cometido las faltas disciplinarias
contempladas por los numerales 1 y 10 (sic) del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006
y que, en consecuencia, los actos se expidieron de manera irregular, violando el
principio de presunción de inocencia, pues no quedó acreditado el dolo o la culpa ni
la calidad en la que supuestamente actuó en la ejecución de la conducta
disciplinada.
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Que se incurrió en desviación de poder, pues se desconoció el derecho a la igualdad
al hacer referencia de forma abstracta a tipos penales sin tener soportes de esa
naturaleza, lo que resulta en una calificación objetiva de la responsabilidad.
Que hubo falencias probatorias en primera instancia y, a pesar de haber sido
evaluadas en el fallo de segunda instancia, no se varió en nada lo que ya se había
tramitado.
Que se vulneró el debido proceso por cuanto no se hizo alusión a las pruebas que
presuntamente hicieron parte de alguna investigación penal, ni se precisó dónde se
estaba adelantando la misma ni qué delitos penales se estaban investigando en su
contra y que por ello no era posible calificar la falta disciplinaria remitiéndose al
Código Penal.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida en providencia del 9 de diciembre de 20141,
notificándosele a la entidad, quien se opuso a las pretensiones indicando que,
analizadas las diferentes etapas de la investigación disciplinaria adelantada en
contra del demandante, se evidencia que no existen vicios de nulidad que la afecten.
Que la entidad fue garantista en la instrucción de la investigación disciplinaria,
dándole aplicación a los preceptos legales y constitucionales, observándose
congruencia entre los hechos investigados con el auto del pliego de cargos y la
decisión sancionatoria, que se brindaron las garantías y oportunidades procesales
para ejercer el derecho de defensa y contradicción.
Que el demandante tuvo la oportunidad de aportar y controvertir las pruebas, se le
dio a conocer sus derechos como investigado, se le notificaron todas las decisiones
en tiempo y, se le dio la oportunidad de presentar los recursos y de tener una
defensa técnica de un profesional del derecho respetándosele en todo momento las
garantías al debido proceso y el derecho de defensa.
Que se agotaron todas las etapas del proceso disciplinario y el actor conoció todas
las decisiones que se adoptaron en el trámite, además pudo aportar y controvertir
las pruebas, rendir descargos, alegar de conclusión e impugnar las determinaciones
adoptadas por el funcionario investigador, actuaciones que llevó a cabo a través de
su apoderado legal2.
Se celebró audiencia inicial el 26 de noviembre de 20153, en la que se fijó el litigio
y, tras agotar el período probatorio y dar traslado a las partes para que alegaran de
conclusión, se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por el
1
Véanse folios 224-225 del expediente.
2
Véanse folios 230 a 241 del expediente.
3
Véanse folios 289 a 299 del expediente.
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demandante.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del treinta (30)
de agosto de dos mil diecinueve (2019), negó las pretensiones tras considerar que,
atendiendo a las condiciones del actor y a la fecha de ocurrencia de los hechos, la
norma aplicable era la Ley 1015 de 2006, tal como lo hizo la entidad.
Que dicha normativa rige los parámetros de la disciplina de los miembros de la
institución remitiendo en aspectos generales como el procedimiento a las
disposiciones consagradas en la Ley 734 de 2002, la cual consagró 2 tipos para
adelantar las investigaciones disciplinarias, de una parte, el ordinario y de otra, los
especiales dentro de los que se encuentran el verbal y el que se tramita ante el
Procurador General de la Nación.
Que, de conformidad con las pruebas, no se encontró ninguna inconsistencia en
cuanto al procedimiento impartido, como quiera que se dio la apertura a la
indagación preliminar citando al demandante y a los otros agentes a rendir versión
libre y espontánea sobre lo ocurrido; que, si bien no se encontraba prueba de la
notificación del auto de apertura de la investigación disciplinaria, esto no tiene la
capacidad de desvirtuar la legalidad de los actos acusados.
Que la valoración probatoria llevada a cabo por el operador disciplinario, bajo las
reglas de la sana crítica, daba cuenta de manera coherente de las condiciones de
tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo el operativo adelantado por los
uniformados, sin que se generaran dudas en relación con su autoría en la conducta
reprochada.
Que, revisado el procedimiento de manera global, se observa el apego a las
ritualidades procesales y probatorias establecidas para la investigación disciplinaria
sin que se evidencien inconsistencias que puedan afectar tales actuaciones y que,
lo que pretende el actor es reabrir el debate probatorio sobre su responsabilidad
disciplinaria.
Condenó en costas a la parte demandante.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que reiteró los
reproches de nulidad que consignó en el acápite del concepto de violación de la
demanda, agregando que la entidad omitió allegar las respectivas constancias de
denuncias penales (sic) que requieren querella (sic) del presunto delito de concusión
(sic) y que esta omisión implica que no se contaba con las pruebas para establecer
desde el inicio cuál fue el tipo penal infringido, por lo que se presenta una falsa
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motivación del acto al no dilucidar en concreto con el respectivo soporte probatorio
el presunto ilícito en que habían incurrido los policías.
Que, al no tener certeza del delito que supuestamente cometió, no había lugar a
determinar si su actuación se realizó con dolo o con culpa.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 21 de septiembre de 20204 fue admitido el recurso de apelación y el 9 de
diciembre del mismo año5 se dio traslado para alegar a las partes y al Ministerio
Público para que emitiera concepto.
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta instancia.
Por auto del 29 de julio de 20246 se requirió a la demandada y al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca para que remitieran a la Corporación los
antecedentes administrativos, requerimiento que fue atendido por la Policía
Nacional el 15 de agosto de 20247.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala deberá determinar si los actos administrativos demandados incurrieron en
nulidad por desviación de poder, falsa motivación y violación al debido proceso.
Marco normativo aplicable al análisis de la actuación disciplinaria
La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.
De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y
procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido
proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido
pacífica la posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional
de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.
Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del juez
4
Véase índice 00003 de SAMAI.
5
Véase índice 00008 de SAMAI.
6
Véase índice 00015 de SAMAI.
7
Véase índice 00019 de SAMAI.
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de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el
demandante, lo que se denominó como “intangibilidad relativa” de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias8.
Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en que la
demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto
de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de
aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo que
se denominó como “intangibilidad relativa explícita y deferencia especial”9.
Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se unificó
jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
“control judicial integral” por cuanto “[…] la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales”10, y se indicó además que:
i) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial”
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la
ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
8 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego
Younes Moreno.
9 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011.
Exp. 2060-2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y CONSEJO DE ESTADO. Sección
Segunda. Subsección B. Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia
Ramírez de Páez.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de
2016. Exp. 1210-11. C.P. William Hernández Gómez.
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disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.
Causales de nulidad de los actos administrativos
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los actos
administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción, desde luego, parte
del cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.
En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los artículos
13711 y 13812 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales es
posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.
De las anteriores, se analizarán las causales de nulidad invocadas por el actor, a
saber, la falsa motivación, la desviación de poder y el derecho al debido proceso;
luego de lo cual, se abordará el contenido de los actos demandados.
• Nulidad del acto administrativo por falsa motivación
Esta causal tiene lugar cuando las razones que se plasman en la fundamentación
de un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica o jurídica, sobre la
cual, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que guarda estrecha
relación con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos
determinantes de la decisión administrativa13.
En esa misma línea, se ha precisado que la prosperidad de la pretensión de nulidad,
cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia de tres elementos:
“(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o
parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una causal de
anulación distinta; (b) la existencia de una evidente divergencia entre la
realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos
argüidos o tomados como fuente por la administración pública, y (c) la
11 Del medio de control de nulidad.
12 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-
00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
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efectiva demostración por parte del demandante del hecho de que el acto
administrativo se encuentra falsamente motivado”14.
El último elemento en cita puede demostrarse acreditando una de dos
circunstancias: i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí
estaban probados y que, de haberse considerado, habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente15.
• Nulidad del acto administrativo por desviación de poder
El análisis de la desviación de poder como causal de nulidad del acto administrativo
implica que, pese a que el acto en cuestión se hubiere expedido por una autoridad
competente y con las formalidades debidas, en realidad persigue fines distintos a
los que le ha fijado el ordenamiento jurídico, lo que puede ocurrir tanto si el propósito
que persigue es contrario a derecho como cuando se expide con un fin altruista,
puesto que lo determinante es que se trate de un propósito distinto al autorizado o
señalado por la norma en que se funda el acto. Al respecto, se ha señalado:
“Para su valoración es necesario tener en cuenta tanto los fines generales
e implícitos en toda actuación administrativa (satisfacción del interés
general, búsqueda del bien común, mejoramiento del servicio público,
etc.), como el específico para cada tipo de acto administrativo, el cual se
haya en la regulación de la atribución o competencia con que él se ejerce.
Usualmente la desviación del fin es oculta, por cuanto se queda en la
mente de quienes intervinieron en la expedición del acto, y resulta velada
por la indicación expresa del fin que jurídicamente corresponde al acto, o
por la presunción de éste cuando no se exterioriza, de allí que para
establecerla deba auscultarse en las intimidades del acto, lo cual dificulta
su verificación, sobre todo cuando la desviación es hacia intereses
espurios, innobles, o mezquinos, caso en el cual, solo los propios autores
del acto son los que saben de sus propias intenciones, lo que además de
un problema de legalidad, entraña también un problema ético y puede
llegar incluso al campo penal o disciplinario”16.
• Nulidad del acto administrativo por violación al debido proceso
El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplica
tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica
que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se
14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Radicado 52001-
23-33-000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez.
15 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-
00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
16 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 7 de junio de 2012. Radicado 66001-23-31-000-1998-
00645-01. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E). Al respecto, ver también: Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Radicado 13001-23-31-000-2007-00052-01 (0105-
12). C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 22 de febrero de 2018. Radicado 25000-23-25-000-2008-00942-01 (1635-17). C. P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
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le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada
juicio.
Atendiendo a lo anterior, bajo esta causal de nulidad se examinan elementos
formales y sustanciales en la formación del acto administrativo que repercuten en la
garantía que consagra el artículo 29 constitucional. Su respeto tiene que ver
entonces, con la concreción de por lo menos estos elementos: (i) que la actuación
se adelante por el competente, (ii) permitiendo la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (iv) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y (vi) que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas17.
La Corte Constitucional en la Sentencia T-076 de 201818 determinó que, tanto de
las providencias judiciales, como de los actos administrativos, puede predicarse la
vulneración sustancial del derecho al debido proceso, la cual se materializa en los
distintos defectos identificados por la jurisprudencia constitucional:
“‘Defecto orgánico, que se estructura cuando la autoridad administrativa
que profiere el acto objeto de reproche constitucional carecía
absolutamente de competencia para expedirlo (…).
Defecto procedimental absoluto, el cual se predica de la actuación
administrativa, cuando ha sido tramitada completamente al margen del
procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico (…).
Defecto fáctico, que se demuestra cuando la autoridad administrativa ha
adoptado la decisión bajo el absoluto desconocimiento de los hechos
demostrados dentro de la actuación. (…)
Defecto material o sustantivo, el cual concurre cuando la autoridad
administrativa profiere el acto a partir de la aplicación de normas
inexistentes, inconstitucionales, declaradas ilegales por la jurisdicción
contenciosa o abiertamente inaplicables para el caso concreto. La
jurisprudencia también ha contemplado que la interpretación irrazonable
de las reglas jurídicas es una causal de estructuración de defecto
sustantivo, evento en el que se exige una radical oposición entre la
comprensión comúnmente aceptada del precepto y su aplicación por
parte de la autoridad administrativa, situación que encuadra en lo que la
doctrina define como interpretación contra legem.
Error inducido o vía de hecho por consecuencia, defecto que se predica
cuando la autoridad administrativa adopta una decisión contraria a los
derechos fundamentales de las partes interesadas, debido a la actuación
engañosa por parte de un tercero.
Falta de motivación, que corresponde a los actos administrativos que no
hacen expresas las razones fácticas y jurídicas que le sirven de soporte.
(…)
17 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Radicado 05001-23-31-000-2000-
02324-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
18 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Desconocimiento del precedente constitucional vinculante, defecto que
ocurre cuando la autoridad administrativa obra, de forma injustificada, en
contravía del contenido y alcance de los derechos fundamentales que ha
realizado, con efectos obligatorios, la Corte Constitucional.
Violación directa de la Constitución, lo que se predica del acto
administrativo que desconoce, de forma específica, normas de la Carta
Política (…)’19”20.
Análisis del caso concreto
Para resolver el primer problema jurídico, esto es, si en primera instancia se realizó
control integral del proceso disciplinario, se resalta que el examen de legalidad de
la actividad administrativa disciplinaria no es un juicio de corrección sino de validez,
por lo que bajo esa premisa, el estudio que hizo el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca de los actos disciplinarios cuestionados en esta controversia sí fue
integral, porque analizó tanto los elementos procedimentales como sustanciales de
la actuación, el régimen jurídico aplicable y la actividad probatoria del operador
disciplinario.
Además, de forma acertada, concluyó que el procedimiento que precedió la
expedición de los actos acusados se desarrolló con estricto apego a las
disposiciones que regulaban la actividad del demandante; y, como se verá en lo que
sigue, que no había lugar a desvirtuar la presunción de legalidad de las decisiones
sancionatorias.
Que no se haya accedido a las pretensiones no supone, per se, que el control
judicial del acto administrativo sancionatorio disciplinario no haya considerado la
legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que soportaron la imposición
de la sanción disciplinaria o que no haya analizado el estricto cumplimiento de todos
y cada uno de los principios rectores de la ley disciplinaria.
Precisado lo anterior, a continuación, la Sala estudiará los cargos de nulidad
formulados por el demandante: i) la falsa motivación; ii) la desviación de poder y iii)
la violación al debido proceso, bajo el elemento común de los reproches: que no
existía en el procedimiento ninguna prueba que permitiera concluir que al
demandante se le adelantó algún tipo de juicio de naturaleza penal y que, por ello,
no era procedente ni la formulación de cargos ni la imposición de la sanción, lo que
reflejaría una valoración contraria a la realidad, el exceso de la autoridad en la
determinación de la responsabilidad disciplinaria y el desconocimiento del principio
de presunción de inocencia.
Al respecto, del análisis del expediente de la actuación disciplinaria, se destaca:
19 Ver Sentencia T-076 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
20 Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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• Que el 3 de febrero de 2010 se recibió una queja formulada por el señor Luis
Aristizábal Montoya, quien relató que el 28 de enero del mismo año, en horas de
la noche, unos uniformados lo abordaron en su local ubicado en la ciudad de
Cali e, intimidándolo con armas de fuego, ingresaron y le sustrajeron la suma de
ochocientos mil pesos ($800.000); luego de lo cual le dijeron que debía
acompañarlos y lo subieron a un taxi con placa VDJ-100 de Bogotá. Que lo
condujeron por la autopista mientras le exigían la suma de veinte millones de
pesos para no matarlo; suma que logró hacer reducir a cuatro millones
quinientos mil pesos.
Que llamó a un amigo de nombre Ernesto para que le prestara el dinero, quien
le dijo que tenía dos millones quinientos mil pesos en efectivo y que debía retirar
el resto, lo que en efecto hizo; y, una vez entregada la suma a los uniformados,
lo dejaron en una calle con $20.000 para pagar un taxi21.
• Que, por esos hechos, el 10 de noviembre de 2011 se formuló al señor Martínez
Ávila los siguientes cargos:
“PRIMER CARGO
(…)
TIPICIDAD:
Con el comportamiento descrito anteriormente, el hoy patrullero retirado
MARTÍNEZ ÁVILA LUIS ENRIQUE, presuntamente infringió la Ley 1015
del 7 de febrero de 2006, (…) Artículo 34. Faltas gravísimas. Numeral 1
“PRIVAR ILEGALMENTE DE LA LIBERTAD A UNA PERSONA O
DEMORAR INJUSTIFICADAMENTE LA CONDUCCIÓN DE LA MISMA
ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
(…)
SEGUNDO CARGO
(…)
TIPICIDAD:
Con el comportamiento descrito anteriormente, el hoy patrullero retirado
MARTÍNEZ ÁVILA LUIS ENRIQUE, presuntamente infringió la Ley 1015
del 7 de febrero de 2006, (…) Artículo 34. Faltas gravísimas. Numeral 9.
‘realizar una Conducta (sic) descrita en la ley como delito, a título de
dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia
de la función o cargo’.
(…)
(…) para el caso del asunto se observa que la conducta del investigado
se enmarca dentro del tipo penal estipulado en el Título VII Capítulo II, del
ARTÍCULO 244. EXTORSIÓN. (…) el que constriña a otro a hacer,
tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho
ilícito cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero
(…)”22.
El operador disciplinario concluyó que la conducta, respecto de ambos cargos,
se había ejecutado en la modalidad de acción y de forma dolosa.
21 Véanse páginas 13 a 16 del documento “MECAL-2010-143- TOMO 1”, disponible en el archivo
“16RECIBEMEMORIAL_MECAL2010143zip(.zip)”, visible en el índice 00019 de SAMAI.
22 Véanse folios 92 a 95 del cuaderno de investigación disciplinaria (físico).
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• Que en el transcurso de la actuación se decretaron y practicaron pruebas
documentales, testimoniales y periciales que se valoraron al formular los cargos
y que, llegada la fecha de definición de la situación disciplinaria, llevaron a la
autoridad a la certeza, más allá de toda duda razonable, de la responsabilidad
del demandante en relación con los hechos del 3 de febrero de 2010; y en esos
términos se justificó la imposición de la sanción consistente en destitución e
inhabilidad general por diez (10) años.
Lo primero que destaca la Sala es que, contrario al sustento de los cargos de nulidad
formulados, la ausencia de una actuación de naturaleza penal no obsta para que el
procedimiento disciplinario se adelante y que a su vez se imponga la sanción si se
acredita la concurrencia de los elementos estructurales de la responsabilidad
disciplinaria, que, conforme al análisis del régimen jurídico aplicable que se efectuó
en la sentencia apelada, corresponden a los dispuestos por la Ley 1015 de 2006,
normativa que regulaba los aspectos sustanciales del procedimiento para la fecha
de los hechos investigados.
Es necesario tener en cuenta que con un mismo comportamiento es posible lesionar
bienes jurídicos protegidos por distintos regímenes de responsabilidad, pero ello no
implica que uno subsuma al otro; o que, de concluirse en uno que el investigado
debe ser sancionado o no, deba llegarse a igual decisión en el otro. Este punto ha
sido pacíficamente abordado por la jurisprudencia de esta Corporación, destacando
que “(…) si bien los distintos regímenes punitivos comparten elementos comunes,
cada uno de ellos tiene su peculiaridad, en especial, el penal y el disciplinario, dado
que la misma conducta puede ser sancionada en estos ámbitos sin que haya
violación al principio non bis in idem”23.
Consideración que se fundamenta en los distintos pronunciamientos de la Corte
Constitucional en los cuales se ha destacado que no existe identidad de objeto y
causa cuando por un mismo hecho se adelanta una actuación disciplinaria y una
penal, porque los bienes jurídicos tutelados en cada ámbito son distintos; pues en
uno se juzga el comportamiento de los servidores públicos en relación con normas
destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública;
mientras que en el otro se busca la preservación de bienes sociales más amplios24.
De esta forma, no se incurrió en una desviación de poder al formular un cargo
disciplinario acudiendo a un tipo penal, ni se expidieron los actos sancionatorios con
falsa motivación o desconociendo el derecho al debido proceso, pues, por la misma
independencia entre ambos sistemas, no era necesaria la existencia de una
decisión que comprometiera penalmente al demandante para que pudiera ser
declarado disciplinariamente responsable.
23 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 26 de septiembre de 2012. Radicado
11001-03-25-000-2010-00127-00 (0977-2010). Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
24 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C- 244 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Día; reiterada en la Sentencia C-
181 de 2002. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
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Ahora bien, en relación con la valoración probatoria que dio lugar a la formulación
de cargos y posterior sanción, reproche que debe analizarse desde la posible
concreción de un defecto fáctico como cargo de violación al debido proceso, es
necesario precisar que este se estructura “[…] siempre que existan fallas
sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del
proceso”25, que pueden generarse como consecuencia:
i) De una omisión, que ocurre cuando se niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa o puede ser por la falta de práctica y decreto
de pruebas conducentes al caso debatido, presentándose una insuficiencia
probatoria;
ii) De una acción positiva, que se presenta cuando se aprecian pruebas
esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que
no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas y al hacerlo se desconoce la Constitución, o por la valoración de
pruebas que son nulas de pleno derecho o que son totalmente inconducentes
al caso concreto26.
iii) Del desconocimiento de las reglas de la sana crítica27.
En el caso que nos ocupa, son de interés las subcategorías i), que se refiere a la
omisión que se configura cuando se niega una prueba o se valora de manera
arbitraria, irracional y caprichosa y iii) que se refiere al desconocimiento de las
reglas de la sana crítica. La primera, porque el demandante señala que no existió
prueba que comprometiera su responsabilidad penal; y la segunda, porque las
reglas de la experiencia y de la sana crítica dictaban que, ante la ausencia de tales
pruebas, no podía endilgársele responsabilidad disciplinaria.
Sobre lo primero se reitera que no se trata de un aspecto que pueda desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos demandados, pues una cosa es que en virtud
del sistema de tipos abiertos28 del derecho disciplinario, la falta contemplada en el
numeral 9 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 se pudiera acudir a las
disposiciones del derecho penal para determinar concretamente la conducta
ejecutada -lo que en efecto ocurrió- y otra que esa remisión a la normativa penal
implique la obligación de que existan pruebas o elementos recaudados en dicho
25 Corte Constitucional. Sentencia T-419 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
26 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-803 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
27 Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
28 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-030 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: “El concepto jurídico de
‘tipos abiertos’ hace referencia a ‘aquellas infracciones disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de
contar con un listado detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento
normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se consagren deberes, mandatos y prohibiciones
que resulten aplicables a los servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina
por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra que de
manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una
infracción disciplinaria’”. Ver también: Sentencia C-404 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y Sentencia
C-810 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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escenario para imputar responsabilidad disciplinaria.
En relación con las pruebas que se decretaron, practicaron y valoraron en la
actuación disciplinaria, para la Sala resulta claro que, en aplicación de las reglas de
la sana crítica, se satisfizo el estándar probatorio exigido para la imposición de la
sanción.
Lo anterior, por cuanto la queja recibida el 3 de febrero de 2010 permitió evidenciar:
que un ciudadano fue obligado a entregar una suma de dinero en su local y luego
en el transcurso de un trayecto que fue constreñido a realizar en compañía de
quienes presuntamente se desempeñaban como policías; que en esa misma
situación resultó implicado un vehículo de la institución y que algunos vecinos del
sector presenciaron el hecho.
Con esos elementos, la autoridad disciplinaria llamó a declarar a la señora Luz
Amparo Henao, quien tuvo conocimiento de los hechos; ordenó identificar a quién
se encontraba asignado el vehículo al que hizo referencia el quejoso y, dispuso la
realización de una diligencia de reconocimiento fotográfico en presencia del
Ministerio Público29.
Practicadas las anteriores diligencias, se determinó que el automóvil en cuestión
pertenecía a la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de
Santiago de Cali30, luego de lo cual se realizó una visita a sus instalaciones para
verificar el personal en disponibilidad para el día de los hechos y el registro de
vehículos31.
Adicionalmente, el 3 de febrero de 2010, en horas de la tarde, se llevó a cabo la
diligencia de reconocimiento fotográfico en presencia de la señora Gloria Janeth
Rojas Moreno en calidad de Delegada del Ministerio Público. En la misma, el señor
Luis Aristizábal Montoya, quien formuló la queja disciplinaria, identificó, en el tercer
reconocimiento la fotografía exhibida con el Nro. 5, correspondiente al entonces
patrullero Luis Enrique Martínez Ávila, indicando que fue quien, en compañía de
otros individuos, ayudó a requisar su establecimiento y lo amenazó con un arma de
fuego32.
Por su parte, la señora Luz Amparo Henao Quintero, en declaración juramentada,
detalló que para la fecha de los hechos se encontraba en su casa, ubicada sobre el
29
Pruebas decretadas el 3 de febrero de 2010, mediante el auto que ordenó la apertura de una indagación
preliminar. Véanse páginas 17 a 19 del documento “MECAL-2010-143- TOMO 1”, disponible en el archivo
“16RECIBEMEMORIAL_MECAL2010143zip(.zip)”, visible en el índice 00019 de SAMAI.
30
Véanse páginas 23 a 26 del documento “MECAL-2010-143- TOMO 1”, disponible en el archivo
“16RECIBEMEMORIAL_MECAL2010143zip(.zip)”, visible en el índice 00019 de SAMAI.
31
Véanse páginas 27 a 40 del documento “MECAL-2010-143- TOMO 1”, disponible en el archivo
“16RECIBEMEMORIAL_MECAL2010143zip(.zip)”, visible en el índice 00019 de SAMAI.
32
Véanse páginas 41 a 49 del documento “MECAL-2010-143- TOMO 1”, disponible en el archivo
“16RECIBEMEMORIAL_MECAL2010143zip(.zip)”, visible en el índice 00019 de SAMAI; el reconocimiento del
demandante obra en la página 42.
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local del quejoso y que bajó porque vio al señor Aristizábal Montoya en el negocio
con dos policías y unas personas de civil, que al acercarse fue apartada por los
policías y que por eso no alcanzó a ver lo que pasaba dentro del establecimiento,
pero que vio un taxi parqueado frente al almacén con placa VDJ-100 de Bogotá, con
una persona dentro.
Que vio cuando salieron del local con el quejoso y lo subieron al taxi, momento en
el cual una moto, que también estaba en el lugar de los hechos, salió detrás33.
En el transcurso de la investigación, se recibieron las declaraciones de quienes
autorizaron la salida del vehículo del parqueadero de la Seccional de Investigación
Criminal de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali34.
También se escucharon las versiones libres de quienes fueron vinculados a la
actuación disciplinaria35, quienes de manera uniforme manifestaron que ese día se
dirigieron a realizar un operativo, pues por información de un anónimo, supieron que
el 28 de enero de 2010 se comercializarían unas armas de fuego y que el objetivo
de subir al quejoso al automóvil -por demás, sin que este opusiera resistencia- tenía
como fin llevarlo a la estación para su judicialización; no obstante, ello no se hizo
porque, durante el trayecto, recibieron una llamada del informante, indicándoles que
se habían llevado a la persona equivocada36.
Como se observa, la versión de los disciplinados, incluido el demandante, resultaba
contraria a lo manifestado por el quejoso, de lo que también dio cuenta la señora
Henao Quintero, sumado a que el vehículo de placas VDJ-100 efectivamente fue
empleado por los investigados el 28 de enero de 2010 y a que según certificación
expedida por Bancolombia el 17 de marzo de 2010, de la cuenta de ahorros del
señor Ernesto Wartski se hicieron cinco retiros, por valor de $400.000 cada uno,
entre el 28 de enero de 2010 a las 11:06:29 y el 29 de enero de 2010 a las 00:05:26,
para un total de $2.000.00037, coincidiendo la suma con la que el quejoso relató que
su amigo debió retirar del cajero para entregar a los uniformados38.
33 Véanse páginas 51 a 55 del documento “MECAL-2010-143- TOMO 1”, disponible en el archivo
“16RECIBEMEMORIAL_MECAL2010143zip(.zip)”, visible en el índice 00019 de SAMAI.
34 El intendente Javier Pedraza González, en declaración del 4 de febrero de 2010, relató que prestó las llaves
del vehículo con placas VDJ-100 al patrullero Jorge Luis Hernández Hernández, pues este la manifestó que
debía dirigirse al sector de Nueva Floresta para verificar una información (véanse páginas 58 a 65 del
documento “MECAL-2010-143- TOMO 1”, disponible en el archivo
“16RECIBEMEMORIAL_MECAL2010143zip(.zip)”, visible en el índice 00019 de SAMAI).
El patrullero Jorge Luis Hernández Hernández fue identificado por el quejoso como uno de los uniformados que
llegó a requisar el establecimiento y lo amenazó con un arma de fuego (véase página 41 del documento
“MECAL-2010-143- TOMO 1”, disponible en el archivo “16RECIBEMEMORIAL_MECAL2010143zip(.zip)”,
visible en el índice 00019 de SAMAI).
35 El demandante fue vinculado a la actuación por auto del 5 de febrero de 2010. Véanse páginas 75 a 77 del
documento “MECAL-2010-143- TOMO 1”, disponible en el archivo
“16RECIBEMEMORIAL_MECAL2010143zip(.zip)”, visible en el índice 00019 de SAMAI.
36 Así lo manifestaron los patrulleros Jorge Eduardo Trujillo Rojas (páginas 157 a 161), Miller Anderson
Yaguapaz Chamorro (páginas 162 a 164); Jorge Luis Hernández Hernández (páginas 214 a 225); Luis Enrique
Martínez Ávila (páginas 242 a 252); Santiago Javier Yaguapaz Chamorro (páginas 253 a 260
37 Véase página 300 del documento “MECAL-2010-143- TOMO 1”, disponible en el archivo
“16RECIBEMEMORIAL_MECAL2010143zip(.zip)”, visible en el índice 00019 de SAMAI.
38 En el transcurso de la investigación se recibió la declaración del señor Ernesto Wartski, quien negó haberle
prestado el dinero al quejoso (páginas 167-168); no obstante, de manera posterior se recibió la declaración del
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El estudio conjunto de lo anterior permitió a la autoridad disciplinaria concluir que,
en efecto, el señor Luis Aristizábal Montoya fue retenido sin ninguna justificación,
atentando contra su libertad, pues sin mediar orden en ese sentido debió subir al
vehículo de placas VDJ-100, propiedad de la Policía de Santiago de Cali y debió
permanecer con los uniformados.
Adicionalmente, se acreditó que el ciudadano fue constreñido por los servidores
públicos, entre ellos el demandante, para que entregara una suma de dinero. Ambos
supuestos fácticos se encuadraron en los tipos normativos que se citaron como
constitutivos de las faltas disciplinarias endilgadas y contaron con las pruebas
pertinentes y conducentes, practicadas en debida forma y sometidas al principio de
contradicción.
En consecuencia, la Sala encuentra que el estudio de la legalidad de los actos
demandados realizado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca estuvo
conforme a derecho y, por ello, confirmará la sentencia apelada.
De la condena en costas en segunda instancia
Es importante aclarar que la jurisprudencia de la Subsección A, de la Sección
Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo consagrado en
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe.
No obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura, en la que en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ellas, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2°, del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
señor Carlos Hernán Escobar Ramírez, quien dijo ser abogado y encontrarse representando los intereses del
señor Luis Aristizábal Montoya y, en su testimonio, relató que aproximadamente quince días después de los
hechos sostuvieron una reunión con el señor Ernesto Wartski y que este le manifestó que por el préstamo del
dinero lo habían estado buscando y que siempre fue claro en decir que él era quien había realizado el préstamo
al quejoso (páginas 198-199); ambas declaraciones visibles en el archivo del documento “MECAL-2010-143-
TOMO 2”, disponible en el archivo “16RECIBEMEMORIAL_MECAL2010143zip(.zip)”, visible en el índice 00019
de SAMAI.
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En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que, en los
argumentos de la parte vencida, no se presenta una carencia de fundamentación
que dé lugar a la condena en costas en esta instancia. Contrario a ello, en sus
escritos, la parte manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta (30) de agosto de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de
la cual se negaron las pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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