Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00255-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00255-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2017-00255-02
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
6 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 66001-23-33-000-2017-00255-02 (2730-2021)
Demandante : Eisen Hawer Murcia Durango
Demandada : Empresa Social del Estado (ESE) Hospital
Universitario San Jorge de Pereira (Risaralda)
Tema : Contrato realidad
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por las partes contra
la sentencia de 12 de marzo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo
de Risaralda (sala segunda de decisión), mediante la cual accedió parcialmente
a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control1 (ff. 211 a 232 y 236-2402). El señor Eisen Hawer Murcia
Durango, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Empresa Social del
Estado (ESE) Hospital Universitario San Jorge de Pereira (Risaralda), para que
se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare (i) la nulidad de la «[…] Resolución No.715 de
[…] 9 de agosto de 2016 […]» (sic), por la cual se negó el reconocimiento de
una relación laboral entre las partes y el pago de salarios, prestaciones sociales
y nivelaciones salariales correspondientes al lapso comprendido entre el 3 de
noviembre de 2008 y el 11 de noviembre de 2014; (ii) que se presentó la aludida
«[…] relación de carácter laboral […]» (sic) por el período reseñado; (iii) que
para el interregno de 2008 a 2012, en el que se le contrató para prestar sus
servicios en la institución hospitalaria a través de empresas de servicios
temporales, estas actuaron como simples intermediarios entre la relación
trabajador y empleador; y (iv) que «[…] el tiempo laborado […] bajo la
modalidad de contrato de prestación de servicios y como trabajador en misión
a través de empresa[s] de servicios temporales, se [compute] para efectos
1 Archivo «Rad. 2017-00255-00 EISEN HAWER MURCIA DURANGO y VS ESE HOSPITAL SAN JORGE
Cuad.1-1 pdf.pdf» del Samai. (Págs. 6 a 27 y 32 a 36 del archivo digital).
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Subsanación de la demanda.
Expediente 66001-23-33-000-2017-00255-02 (2730-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Eisen Hawer Murcia Durango contra la ESE Hospital Universitario San
Jorge de Pereira (Risaralda)
pensionales […]» (sic).
A título de restablecimiento del derecho, se condene al demandado a sufragar
al actor (i) las «[…] cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios,
vacaciones, bonificación especial por recreación, auxilio de transporte,
dotación de calzado y vestido de labor, primas de navidad y en general todas
las prestaciones acordes con la ley […]» (sic); (ii) lo correspondiente a «[…]
horas extras diurnas, horas extras nocturnas, dominicales y festivos […]» (sic),
«[…] conforme el valor pactado en los contratos de prestación de servicios
suscritos y ejecutados o sobre el valor que devengan las personas nombradas
que realizan [sus] mismas funciones si éste es menor […]» (sic); (iii) los aportes
hechos por el actor al sistema de seguridad social; (iv) el «[…] valor de las
cotizaciones a caja de compensación familiar […]» (sic); (v) «[…] los demás
salarios, prestaciones y diferencias salariales que se le reconozcan a un
empleado de planta […] que reali[ce] las mismas funciones o similares […]»
(sic); (vi) la indemnización que corresponda por el no pago oportuno de sus
salarios y prestaciones sociales, como el no reconocimiento de sus cesantías; y
(vii) las demás «[…] sumas que resulten debidamente probadas […] y que no
se encuentren necesariamente relacionadas […]» (sic). Todo lo anterior
debidamente indexado, con los respectivos intereses de mora y las costas
procesales.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que, en forma continua e
ininterrumpida, prestó sus servicios a la ESE Hospital Universitario San Jorge
de Pereira (Risaralda), en la que de manera habitual y permanente desempeñó
labores de enfermero desde el 3 de noviembre de 2008 hasta el 11 de noviembre
de 2014, al encontrarse vinculado por contratos de prestación de servicios que
suscribió directamente con la demandada o a través de empresas de servicios
temporales.
Afirma que durante dicho período se presentaron los elementos propios de una
relación laboral: la prestación personal del servicio, una remuneración,
continuidad y subordinación; lo anterior, porque se le exigió el cumplimiento
de una jornada laboral tanto ordinaria como suplementaria, compuesta por horas
nocturnas y extras, dominicales y festivos, a la que asistió de manera puntual,
pues siempre estuvo en su lugar de trabajo; realizó todas las funciones que le
fueron encomendadas, las cuales eran coordinadas con su jefe inmediato (los
enfermeros jefes) del área donde se desempeñaba; también le eran impuestas
órdenes por sus superiores en torno a la calidad y forma como debía desarrollar
sus tareas, recibía llamados de atención, circulares informativas dirigidas a todo
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Expediente 66001-23-33-000-2017-00255-02 (2730-2021)
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Eisen Hawer Murcia Durango contra la ESE Hospital Universitario San
Jorge de Pereira (Risaralda)
el personal y tenía que pedir permiso en caso de querer ausentarse de su lugar
de trabajo. Además, le correspondía realizar las funciones propias de su cargo,
iguales a las de un empleado de planta, en los mismos horarios que estos, asistir
junto con ellos a las capacitaciones propias para su labor y ejercer sus
actividades con los elementos que la entidad hospitalaria le suministraba; que
recibía, como contraprestación, el pago de una asignación mensual, la cual
resultaba ser menor a la de un trabajador de planta.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo acusado los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25,
29, 53, 90, 209, 229 y 300 (numeral 7) de la Constitución Política; 23, 24, 35 y
65 del Código Sustantivo del Trabajo; 2 de la Ley 15 de 1959; 1, 5, 6 y 8 del
Decreto 3135 de 1968; 1 y 42 (letra d) del Decreto 1042 de 1978; 1 del Decreto
1978 de 1989; 15 y 18 del Decreto 25 de 1995. Asimismo, las Leyes 21 de 1982,
70 de 1988, 50 de 1990, 100 de 1993, 1295 de 1994, 1437 y 1564 de 2012; y
los Decretos 1848 de 1969 y 1919 de 2002.
Arguye que con el acto acusado se desconocen los principios mínimos
fundamentales del trabajo previstos en el artículo 53 de la Constitución Política,
en especial, el de primacía de la realidad sobre las formas, al haberse encubierto
una verdadera relación laboral, mediante el uso y suscripción de contratos u
órdenes de prestación de servicios, cuando se encuentra probado que existieron
los elementos propios de aquella: la prestación personal del servicio, una
remuneración y su continua dependencia y subordinación.
Que en el desarrollo de sus actividades laborales «[…] debía acatar [las]
órdenes de sus superiores, […] estaba obligado a […] cumpli[r] un horario
[…]» y «[…] siempre [desempeñó] las mismas o similares labores […] que
desarrollaban los enfermeros profesionales de planta de la entidad […] lo cual
conllev[ó] a un vínculo laboral […] que gener[ó] […] un pago o remuneración
[…] elementos que dan origen a una verdadera relación laboral […] (sic)»,
por lo que se debe reconocer la existencia de dicha relación entre las partes, a
pesar de la denominación que se le dio a los contratos y la calificación que se le
dio de contratista; y, en consecuencia, pagar la totalidad de las diferencias
salariales, las prestaciones sociales y demás rubros por él deprecados.
1.5 Contestación de la demanda3 (ff. 260 a 276). La entidad accionada, por
intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las súplicas del libelo
3
Archivo «Rad. 2017-00255-00 EISEN HAWER MURCIA DURANGO y VS ESE HOSPITAL SAN JORGE Cuad.1-
1 pdf.pdf» del Samai. (Págs. 67 a 83 del archivo digital).
3
Expediente 66001-23-33-000-2017-00255-02 (2730-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Eisen Hawer Murcia Durango contra la ESE Hospital Universitario San
Jorge de Pereira (Risaralda)
introductorio; respecto de los hechos dijo que unos son ciertos, otros no y los
demás no le constan; y formuló las excepciones denominadas «falta de
legitimación en la causa por pasiva», «inexistencia de infracción de
disposiciones legales», «cobro de lo no debido», «imposibilidad de condenar a
la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira», «principio de la buena
fe» y «prescripción».
Argumenta que no se puede llegar a configurar una relación de naturaleza
laboral entre las partes, tal como lo pretende el demandante, puesto que de
conformidad con la normativa que rige a las empresas sociales del Estado, «[…]
la[s] vincula[ciones] que [estas] hace[n] [...] corresponde[n] a actos legales y
reglamentarios [al] tratarse de empleados públicos, o [...] contratos de
prestación de servicios […]» (sic), en los casos señalados por la ley.
Que resulta inviable hablar de la figura del contrato realidad, «[…] toda vez
que conforme a las leyes 100 y 80 de 1993 (art. 2o), la Empresa Social del
Estado, Hospital Universitario San Jorge de Pereira, es una entidad pública,
[cuya] vinculación de [sus] empleados y trabajadores se hace a través de
medios y actos legalmente establecidos, los cuales no pueden […] ser suplidos
por otros actos o hechos […]» (sic), con los que se desvirtúe su condición de
ente público.
Sostiene que al no existir un «[…] contrato de trabajo suscrito entre el
demandante y la ESE demandada, […] certificados de disponibilidad
presupuestal, […] un acto administrativo de nombramiento y posesión […]»
(sic), tampoco puede hablarse de la existencia de un vínculo laboral entre las
partes, y, por tanto, las pretensiones de la demanda no están llamadas a
prosperar.
Precisa que si bien «[…] la entidad suscribió varios contratos de prestación de
servicios con la cooperativa de trabajo asociado de profesionales de la salud
«PROFESALUD CTA» (hoy liquidada), cuyo objeto general [fue] la ejecución
de procesos asistenciales con la obligación de proporcionar personal para
realizar actividades de «enfermería profesional»,[…] [estos] fueron celebrados
conforme a la Ley 79 de 1988 y [el] Decreto 4588 de 2006 […]» (sic), por lo
que en ellos se acordó «[…] que era responsabilidad de la cooperativa
contratista […] asumir las remuneraciones salariales y prestaciones de las
personas vinculadas para la ejecución de los contratos […]» (sic).
4
Expediente 66001-23-33-000-2017-00255-02 (2730-2021)
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1.6 La providencia apelada4. El Tribunal Administrativo de Risaralda (sala
segunda de decisión), en sentencia de 12 de marzo de 2021, accedió
parcialmente a las súplicas del libelo introductorio (sin condena en costas), al
considerar que se encuentran demostrados los elementos de una verdadera
relación laboral entre las partes: (i) «[…] la prestación personal del servicio
[…] [pues] se evidencia que […] fue vinculado por la demandada mediante
contrato de prestación de servicios, y como trabajador en misión para prestar
sus servicios como enfermero profesional en la E.S.E. […] por el período
[comprendido] entre el 3 de noviembre de 2008 y el 30 de junio de 2014, [lo
cual se halla probado] con el contrato de prestación de servicios celebrado […]
y los [contratos] suscritos por la demandada con la cooperativa y empresas
temporales (Profesalud CTA, Universal Service S.A.S. y Etemco S.A.S.), las
certificaciones expedidas por éstas, los diversos contratos individuales de
trabajo de obra o labor celebrados entre el [demandante] y Etemco S.A.S. […],
[y] los testimonios de los señores Héctor Iván Sánchez Ortiz y Erika Díaz Parra
[…]»5; (ii) una «[…] remuneración […] por los servicios prestados […]»,
pagada mensualmente al actor por la entidad demandada con recursos propios;
y (iii) la «[…] subordinación o dependencia […] [por cuanto] los
[mencionados] testimonios […] fueron coincidentes [también] en afirmar que
[…] para prestar sus servicios [el demandante] debía cumplir un horario
laboral por turnos fijados en forma mensual, que se cumplían de día o de noche,
que iban de 7 de la mañana a 7 de la noche y de 7 de la noche a 7 de la mañana,
que eran dispuestos por el coordinador de enfermería, y que para realizar sus
actividades utilizaba los implementos y equipos que les suministraba el
[hospital]; que […] no podía ausentarse del servicio por su propia cuenta, ni
sustraerse del cumplimiento del horario laboral, por cuanto […] debía
cumplirse con el horario del turno y en caso tal de requerir ausentarse por
alguna circunstancia de fuerza mayor debía solicitar permiso a la
coordinadora de enfermería, quien era su jefe inmediata […]», y de
conformidad con la naturaleza jurídica del ente demandado, es claro que
desarrolló como enfermero «[…] actividades propias del giro ordinario de la
entidad […]», que también eran desempeñadas por personal de planta
En consecuencia, declaró la existencia de la relación laboral, en aplicación del
4
Archivo «26_ED_22 FALLOPRIMERAINSTAN (.pdf) Nro Actua 2» del Samai. (Págs. 1 a 72 del archivo digital).
5
Respecto a los testimonios, el a quo indicó que estos « […] dan cuenta que el demandante se desempeñó como
enfermero profesional en el [hospital], para el cual desarrolló las actividades propias del cargo […] asistenciales
de cuidado directo de pacientes, administración de medicamentos, procedimientos invasivos, toma de muestras,
curaciones, toma de cultivos de sangre y algunas labores administrativas como gestionar exámenes o traslados de
pacientes, lo cual realizaba […] en [sus] instalaciones […] y por lo cual cumplía los horarios determinados por
[este] para la prestación del servicio de acuerdo a la programación de turnos respectiva, […] […] que en el
cumplimiento de las actividades de enfermero profesional […] realizó el esfuerzo personal que la labor requería,
situación que permite corroborar la presencia del [mencionado] elemento […]».
5
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principio de prevalencia de la realidad sobre las formas, para el tiempo en el
que estuvo vigente la vinculación del demandante a través de contratos de
prestación de servicios y tercerización laboral, esto es, entre el 3 de noviembre
de 2008 y el 30 de junio de 2014; y al no haber operado para el caso el fenómeno
prescriptivo, procede reconocer la totalidad de los rubros deprecados por el
actor.
Por consiguiente, condena a la demandada a pagar (i) «[…] Las prestaciones
sociales legales generadas con ocasión del servicio desempeñado por el actor,
respecto del período en [el] que estuvo vinculado directamente por la
demandada a través de contrato de prestación de servicios (23-04-2012 al 22-
06-2012), incluyendo las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones,
bonificación especial por recreación, prima de navidad, prima de vacaciones y
demás prestaciones sociales a que haya lugar […] tomando como base los
honorarios contractuales derivados del contrato de prestación de servicios, en
las mismas condiciones y emolumentos, primas, que recibían quienes
detentaban las mismas funciones del demandante en el cargo de enfermero
profesional; […] las diferencias prestacionales entre los valores que fueron
reconocidos y pagados […] en virtud de [su] vinculación como trabajador en
misión a través de terceros - Profesalud CTA (03-11-2008 al 22-04-2012),
Universal Service S.A.S. (23-06-2012 al 31-01-2013) y Etemco S.A.S. (01-02-
2013 al 30-06-2014) - […] y las percibidas por el personal de planta de la
demandada con cargo similar (enfermero profesional) y que no fueron
cubiertas a plenitud por los terceros empleadores […]. Todo correspondiente
al período en el cual se demostró la existencia de la relación laboral, es decir,
entre el 03 de noviembre de 2008 al 30 de junio de 2014 […]; y (ii) «[…] las
diferencias que surjan por virtud de los derechos prestacionales que […] se
ordenan, y que impliquen variación del ingreso base para cotización de los
aportes a la seguridad social en pensión, teniendo en cuenta todo el período de
ejecución contractual (03 de noviembre de 2008 al 30 de junio de 2014) […]»
y [...] las sumas correspondientes a los aportes a la seguridad social en
pensiones que correspondía pagar a la entidad demandada y que debió pagar
el demandante […]». Por último, niega, por considerarlo improcedente, lo
concerniente a la devolución de aportes al sistema de seguridad social en salud
y riesgos profesionales, la sanción moratoria por el no pago oportuno de
prestaciones sociales y la dotación de calzado y vestido de labor; y, al no
haberse probado, lo relativo al trabajo suplementario y a las cotizaciones
efectuadas a la caja de compensación familiar6.
6
Precisa, en aplicación de la directriz constitucional de que los aportes al sistema de seguridad inciden en el
derecho pensional del actor, el cual es imprescriptible, que la entidad demandada deberá tomar todos los
períodos en los que el demandante fungió como contratista directo o en misión para calcular el ingreso base de
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1.7 Los recursos de apelación:
1.7.1 Parte demandante7. Inconforme con la anterior sentencia, el
demandante, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación
(parcial), en el que se reprocha: (i) la forma como se ordenó liquidar sus
prestaciones que le fueron reconocidas, al argumentar que, tal como lo ha
considerado la jurisprudencia, se debe aplicar, en virtud del principio de
igualdad, «[…] como criterio para la reparación del daño, el salario devengado
por un empleado de planta de la entidad, en aquellos casos en que se ha
demostrado que el empleo desarrollado por el contratista […] existe en la
planta de personal y es desempeñado en igualdad de condiciones que los
servidores públicos de planta, o cuando los honorarios pactados son inferiores
al salario devengado por un empleado de planta de la entidad con las mismas
funciones […]»; (ii) que se le haya negado las cotizaciones efectuadas a la caja
de compensación familiar, por no haber demostrado que se hubiesen realizado
sus pagos, porque «[…] independientemente [de que] el ente demandado la
cumpla o [no], [ello] no se trata de un aporte que como los de cotizaciones a
seguridad social le hubiere correspondido efectuar al demandante por
encontrarse bajo la modalidad de prestación de servicios […] [sino de] un
derecho o prerrogativa indiscutible, que corresponde específicamente a
aportes parafiscales que son contribuciones de carácter obligatorio impuestas
por la ley en todo caso a cargo o en cabeza del empleador […]»; y (iii) al haber
negado la sanción moratoria por el no pago oportuno de sus prestaciones, al
estimar no fue observado por el fallador de instancia que lo que «[…] se logra
con la sentencia es declarar la existencia de un vínculo o relación laboral que
en realidad ya venía de tiempo atrás […] de tal modo que al convertirse el
contrato de prestación de servicios en un contrato realidad, debe implicar per
se el reconocimiento también de sanciones y demás que permitan ver
materializado el vínculo legal entre las partes y de esta manera garantizar que
sean reconocidos todos los emolumentos que se derivan precisamente de esa
relación laboral, [pues] de lo contrario, sería básicamente […] premiar o
beneficiar a las entidades públicas que utilizan constantemente este tipo de
cotización (IBC) pensional de aquel, mes a mes, teniendo en cuenta todos los honorarios y salarios pactados, y
si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista o en misión y los que se debieron efectuar,
deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones, donde se encuentre afiliado el demandante la suma faltante por
concepto de aportes a pensión, pero solo en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador, en
los períodos en que se demostró la relación laboral.
Señala que, para tales efectos, la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante
todos los vínculos contractuales con inclusión de los de en misión, y en la eventualidad de que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar el aporte, según sea el caso,
en el porcentaje que le incumbía como trabajador.
Que el tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios y en misión (del 3 de noviembre
de 2008 al 30 de junio de 2014), se debe computar para efectos pensionales.
7
Archivo «33_ED_29 RECURSOAPELACION DT (.pdf) Nro Actua 2» del Samai. (Págs. 1 a 9 del archivo digital).
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Expediente 66001-23-33-000-2017-00255-02 (2730-2021)
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vinculación en detrimento de los derechos e intereses de los trabajadores […]»
(sic).
Agrega que «[…] si bien en la parte resolutiva de la sentencia se hizo relación
al pago de las prestaciones a que haya lugar [en favor del demandante] […]
con base en los honorarios contractuales derivados de los contratos de
prestación de servicios, correspondientes a los periodos en los cuales se
demostró la existencia de la relación laboral, se omite [relacionar] cada uno
de los emolumentos a tenerse en cuenta para procurar que por el ente
demandado se produzca el reconocimiento de todo a lo que por ley le
corresponde, y provocar así una sentencia en concreto, sin lugar a equívocos y
con los valores y liquidaciones correctas y legales […]» (sic).
Por último, respecto de la orden de no condena en costas, afirma que «[…] el
solo hecho de provocar [por] una entidad estatal que se ponga en marcha el
aparato jurisdiccional, por una acción u omisión en la observancia de sus
deberes frente a sus administrados […] sumado a […] la prosperidad de las
pretensiones […] [de] la demanda […] viabiliza [su] […] condena […]» (sic).
1.7.2 Entidad accionada8. Inconforme con la anterior sentencia, el ente
demandado, a través de apoderado, formuló alzada y solicitó que fuera revocada
la decisión, para denegar las súplicas de la demanda, con fundamento en las
argumentaciones expuestas en su escrito de contestación de demanda.
Sostiene que como se halla demostrado «[…] a través de documentos y de los
testimonios […] [que el] demandante […] prestó sus servicios como enfermero
profesional ante la entidad a través de varias cooperativas y empresas
temporales de servicios, se tiene que dichas empresas eran las verdaderas
empleadoras, encargadas del reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales, suministro de vestuario, […] elaborar los cuadros de turnos, y ante
quienes se debía[n] dirigir los trabajadores para obtener los permisos para
ausentarse del área laboral y cambios de turno […]» (sic).
Que ello se encuentra debidamente probado, con el testimonio rendido por el
señor Héctor Iván Sánchez9, quien de manera general hizo un pronunciamiento
8
Archivo «29_ED_25 RECURSOAPELACION P (.pdf) Nro Actua 2» del Samai. (Págs. 1 a 11 del archivo digital).
9
Por otra parte, en relación con la declaración rendida por la señora Érika Díaz Parra, refiere que no debe llegar a
ser considerada, si se observa que no reúne las condiciones para ser valorada, toda vez que la testigo guarda
información que de manera premeditada se abstuvo de testificar, lo que desconoce lo manifestado por el señor
Héctor Iván Sánchez y lo señalado en la misma demanda; que su declaración fue sesgada, en represalia de la
institución demandada, para la cual presuntamente también prestó sus servicios en las mismas condiciones que el
demandante.
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frente a que «[…] la empresa contratista tenía un trabajador que realizaba
actividades de coordinador y servía de enlace entre la institución contratante y
la empresa contratista para efectos de la administración de personal que
prestaba el servicio enviado por la empresa contratista; que el demandante
prestaba servicios por turnos los cuales eran articulados y programados
mensualmente por el coordinador de la entidad asistencial y por el coordinador
de la empresa contratista, que […] dependía de las órdenes impartidas por
ambos coordinadores, que los equipos con los que prestaba el servicio eran de
propiedad de la institución, su salario era variable toda vez que la empresa que
los contrataba cancelaba los recargos por horas nocturnas, dominicales y
festivos, que la ESE daba capacitaciones relacionadas con las nuevas
normatividades y funcionamiento de nuevos equipos que adquiría, y que si bien,
mensualmente les programaban los turnos y la dependencia donde iban a
realizar las actividades, igualmente podían ser cambiados a petición del
trabajador […]» (sic).
Aduce que «[…] efectivamente, entre la entidad demandada y la empresa
contratista – llámese cooperativa o empresa de servicios temporales -, existió
[un] acuerdo contractual para que el contratista designara un trabajador
permanente que sirviera de enlace entre ambas partes, quien era la persona
encargada de gestionar las necesidades e inquietudes de sus trabajadores, lo
cual está soportado en los distintos contratos suscritos entre ambas partes, y
que si bien, no se puede desconocer que el empleado coordinador a cargo de
la entidad asistencial emitía órdenes, este tipo de órdenes corresponden a la
coordinación entre actividades que deben desarrollarse en el trascurso de su
actividad laboral, puesto que los médicos o profesionales de la institución que
estén a cargo de determinada área son los encargados de [que] se desarrolle
la actividad normal del servicio que se presta en la entidad, sin que por ser
contratistas no se deban tener en cuenta, y que sean rueda suelta en el servicio
[…]» (sic).
Refuta que se encuentre probada la existencia de una relación laboral entre las
partes, menos a partir de las solas pruebas testimoniales y se ratifica en que es
claro que en el caso «[…] los honorarios o salarios pactados fueron cancelados
directamente por la cooperativa o empresa de servicios temporales con quien
contrató el demandante […]» (sic).
Por otra parte, en lo atañedero al término prescriptivo, asevera que «[…] los
contratos suscritos por el demandante son de diferentes modalidades, […] los
suscritos con las cooperativas, o sea contratos de cooperados, con las empresas
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temporales, [que son] contratos […] de trabajo, y el [contrato] de prestación de
servicios […]» (sic), que se suscribió directamente con la entidad hospitalaria,
y en este sentido contaba con «[…] tres (3) años para presentar [la]
reclamación de derechos laborales, desde la finalización del contrato de
prestación de servicios No. 542-2012, esto es desde el 22 de julio de 2012,
[pero] la reclamación [fue] presentada el 14 de julio de 2016 […]» (sic); y si,
por el contrario, «[…] le asist[e] razón al Honorable Tribunal, en el sentido de
que la prescripción se cuenta desde la finalización de la última relación
laboral, ésta se debe contar desde el último día que prestó el servicio, o sea
desde el 30 de junio de 2014, y hasta la terminación del contrato de prestación
de servicios No. 542-2012, o sea hasta el 22 de julio de 2012, toda vez que los
derechos que presuntamente devienen de este contrato ya están prescritos, toda
vez que son relaciones contractuales diferentes, que desfiguran un contrato de
trabajo, puesto que reúnen las condiciones del contrato de prestación de
servicios regulado por el Decreto 734 de 2012 […]» (sic), amén de que se debe
advertir que «[…] existen instituciones prestacionales como las vacaciones, que
tienen su [propia] manera de prescribir [cuya] prescripción es de dos (2) años
[…]» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
Los recursos de apelación fueron concedidos mediante proveídos de 15 y 20 de
abril de 202110 y admitidos por esta Corporación a través de auto de 12 de mayo
de 202211, en cumplimiento del artículo 24712 del CPACA, pero en la
oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem los sujetos procesales guardaron
silencio.
III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problemas jurídicos. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar
si al demandante le asiste razón jurídica para reclamar de la demandada el pago
de las prestaciones sociales no devengadas durante el tiempo que permaneció
vinculado directamente al hospital demandado, por intermedio de contratos de
prestación de servicios, cooperativas de trabajo asociado y empresas de
10
Archivos «31_ED_27 AUTOCONCEDEAPELACI (.pdf) Nro Actua 2» y «35_ED_31
AUTOCONCEDEAPELACI (.pdf) Nro Actua 2» del Samai.
11
Archivo «39_ AUTOADMITERECURSODEAPELACION (.pdf) Nro Actua 4» del Samai.
12
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
10
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servicios temporales, en aplicación del principio de «primacía de la realidad
sobre las formalidades». En caso de que se considere que existió una relación
laboral, se deberá precisar: (i) cuáles períodos deben reconocerse que no estén
afectados por el fenómeno de la prescripción; (ii) si procede la sanción
moratoria por no pago oportuno de las cesantías; (iii) si las diferencias
prestacionales se deben sufragar con base en lo recibido por un enfermero de
planta, y no con fundamento en lo pactado en el respectivo contrato; (iv) si se
le debe reconocer y pagar en su favor los aportes parafiscales o que debieron
sufragarse a las cajas de compensación; (v) las prestaciones que deben incluir
en el momento de liquidar la sentencia; y (vi) si hay lugar a condenar en costas.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
3.3.1 Asuntos de contrato realidad. En principio, cabe precisar que respecto
de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su
artículo 32 (numeral 3), dispone:
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración
o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse
con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse
con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Posteriormente, este artículo fue modificado por los Decretos 165 de 1997, 2209
de 1998 y 2170 de 2002, que precisaron «solo se realizarán para fines
específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio
a contratar».
Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y
que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez
que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del
contrato y de la ley contractual.
11
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Por su parte, la Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso
[…] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el
precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154
de 199713, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y
el de carácter laboral, así:
Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes
al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél
se configure se requiere la existencia de la prestación personal del
servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como
contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de
servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de
una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación
laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en
la ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato
de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus
elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste
singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto
para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los
mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de
servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra
un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada,
no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu,
en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración
contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto
a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo
con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la
denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los
términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como
contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo,
sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del
mandato respectivo.
13
M. P. Hernando Herrera Vergara.
12
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Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 196814, «[p]or el cual se
modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]»,
dispone:
Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la
Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad
competente que deben ser atendidas por una persona natural.
Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un
empleo y que ha tomado posesión del mismo.
Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil
de la República.
Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos
obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación;
temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de
ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la
Administración Pública y no se consideran comprendidos en el
servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los
empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse
contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales
funciones.
La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia,
entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una
relación laboral. Frente al tema, expuso:
La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de
celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de
funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque
constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no
sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino
también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato
de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado
de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender
funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las
labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden
ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos
especializados. De igual manera, despliega los principios
constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales
con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones
14
Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.
13
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permanentes en la administración pública debe realizarse con el
personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la
administración mediante el concurso de méritos.
De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a
favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en
el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía
de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de
la materia.
En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se
constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados,
propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en
sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo
sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las
necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos,
para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones
laborales15.
De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección
segunda16 recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la
que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen
reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a
la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a
la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con
los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la
jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de
servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare
la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos
laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de
servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la
calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den
los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión,
15
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27
de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
16
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-
000-2012-00020-01 (316-2014).
14
Expediente 66001-23-33-000-2017-00255-02 (2730-2021)
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elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en
cuenta para decidir el asunto sub examine.
3.3.2 Cooperativas de trabajo asociado. La Ley 79 de 1988, «[p]or la cual se
actualiza la legislación cooperativa», en su artículo 80, preceptúa que las
cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal
de sus socios para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación
de servicios, puesto que son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes
al sector solidario de la economía; su objeto social es el de generar y mantener
trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía,
autodeterminación y autogobierno. En sus estatutos, según el artículo 5 del
Decreto 4588 de 2006, «[p]or el cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de las cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado»,
se debe precisar la actividad socioeconómica que desarrollarán, encaminada al
cumplimiento de su naturaleza, en cuanto a la generación de un trabajo, en los
términos que determinan los organismos nacionales e internacionales sobre la
materia.
Este mismo Decreto, en sus artículos 16 y 17, establece la prohibición, por una
parte, de que el asociado que sea enviado por la cooperativa o precooperativa
de trabajo asociado a prestar servicios a una persona natural o jurídica, por lo
que se considerará trabajador dependiente de la que se beneficie con su trabajo;
y, por la otra, que no podrán actuar como empresas de intermediación laboral
ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal
a un usuario o a terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión
con el fin de que atiendan labores de estos, o permitir que respecto de los
asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con los
contratantes, y en tal caso, sus directivos serán solidariamente responsables por
las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado.
En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 27 de abril de
201617, así:
En la práctica, el trabajo asociado en algunos casos se ha utilizado como
instrumento para escapar a la legislación laboral y así eludir las
obligaciones para con los trabajadores dependientes o subordinados. Por
ello, el Legislador consagro la prohibición de que las Cooperativas de
Trabajo Asociado actúen como empresas de intermediación laboral,
dispongan del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra
temporal a usuarios o terceros beneficiarios, remitan a los asociados
17
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, fallo de 27 de abril de
2016, expediente 66001-23-31-000-2012-00241-01 (2525-14).
15
Expediente 66001-23-33-000-2017-00255-02 (2730-2021)
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como trabajadores en misión con la finalidad de que atiendan labores
propias de un usuario o tercero beneficiario del servicio, o permitan que
respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o
dependencia con terceros contratantes; y como consecuencia, estableció
que el asociado que acuda a estas prácticas se considerara trabajador
dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficie con su
trabajo. De tal manera que el tercero contratante, la Cooperativa y sus
directivos serán solidariamente responsables por las obligaciones
económicas generadas a favor del trabajador asociado18. Sin perjuicio
de que queden incursas en causal de disolución y liquidación y que les
sea cancelada la personería jurídica19.
Por su parte, la Corte Constitucional, en fallo T-442 de 13 de julio 201720,
reiteró:
[…] si durante la ejecución del contrato de trabajo asociado, la
cooperativa de trabajo asociado infringe la prohibición consistente en
que estas organizaciones solidarias no pueden actuar como empresas de
intermediación laboral, ni disponer del trabajo de sus asociados para
suministrar mano de obra a terceros beneficiarios, o admitir que respecto
de sus asociados se susciten relaciones de subordinación, se debe dar
aplicación la legislación laboral, y no la legislación civil o comercial
porque bajo estas hipótesis confluyen elementos esenciales que dan
lugar a la existencia de un contrato de trabajo simulado por el contrato
cooperativo21.
Así las cosas, se concluye que se defrauda la finalidad con la que se creó este
tipo de asociaciones cuando, a través del funcionamiento de una cooperativa de
trabajo asociado, se encubre el desarrollo de relaciones de labor dependiente, es
decir, cuando el cooperado presta sus servicios con el propósito de atender
funciones propias de un tercero beneficiario bajo los tres elementos del contrato
de trabajo, cuales son: (i) prestación de un trabajo o una labor en forma personal,
(ii) subordinación y (iii) contraprestación por la función desarrollada.
3.3.3 Sobre las empresas de servicios temporales. La Ley 50 de 1990, «[p]or
la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan
otras disposiciones», en su artículo 71, define las empresas de servicios
18
Artículos 16 y 17 del Decreto 4588 de 2006, que reglamentan la organización y funcionamiento de las
cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado.
19
«Artículo 7° de la Ley 1233 de 2008. Ley por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las
contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Pre
cooperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control concurrente y se
dictan otras disposiciones».
20
M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
21
Ver, entre otras, las sentencias: T-286 de 2003, T-445 de 2006, T-504 y 962 de 2008, T-484 de 2013 y T-531 de
2015.
16
Expediente 66001-23-33-000-2017-00255-02 (2730-2021)
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temporales como aquellas que contratan «[…] la prestación de servicios con
terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus
actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales,
contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene
con respecto de éstas el carácter de empleador»22.
A su vez, el artículo 74 de la mencionada Ley23 prevé la clasificación de los
trabajadores de tales empresas, así:
Los trabajadores vinculados a las empresas de servicios temporales son de
dos (2) categorías: Trabajadores de planta y trabajadores en misión. Los
trabajadores de planta son los que desarrollan su actividad en las
dependencias propias de las empresas de servicios temporales.
Trabajadores en misión son aquellos que la empresa de servicios
temporales envía a las dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o
servicio contratado por éstos.
El artículo 6 del Decreto 4369 de 200624, compilado en el Decreto 1072 de
201525, preceptúa los casos en los que las empresas usuarias pueden contratar
con las de servicios temporales, a saber: (i) cuando se trate de las labores
ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6° del Código
Sustantivo del Trabajo (CST)26; (ii) cuando se requiere reemplazar personal en
vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad; y
(iii) para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de
productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación
de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6)
meses más. No obstante, el parágrafo de dicha disposición establece que «[s]i
cumplido el plazo de seis (6) meses más la prórroga a que se refiere el presente
artículo, la causa originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste
en la empresa usuaria, esta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno
nuevo con la misma o con diferente Empresa de Servicios Temporales, para la
prestación de dicho servicio».
La modalidad de trabajo a través de las empresas de servicios temporales fue
objeto de análisis por esta Sala, en providencia de 6 de octubre de 201627, del
22
Definición también contenida en el artículo 2 del Decreto 4369 de 2006, «por el cual se reglamenta el ejercicio
de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales y se dictan otras disposiciones».
23
Categorización igualmente contenida en el artículo 4 del referido Decreto 4369 de 2006.
24
«Por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales y se dictan otras
disposiciones».
25
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo», artículos 2.2.6.5.1 a
2.2.6.5.23.
26
«Artículo 6o. Trabajo ocasional. Trabajo ocasional, accidental o transitorio, es el de corta duración y no mayor
de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del {empleador}»
27
Expediente 41001-23-33-000-2012-00041-00 (3308-13).
17
Expediente 66001-23-33-000-2017-00255-02 (2730-2021)
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siguiente modo:
[…] las empresas de servicios temporales conforman una modalidad de
trabajo en la que no existe vínculo directo entre quien se beneficia del
trabajo y el trabajador que lo realiza o presta el servicio.
Ahora, existe una pluralidad de vínculos jurídicos que se desprenden de la
relación contractual existente entre las empresas de servicios temporales y
el trabajador que presta la labor o servicio. Así como también, se genera
una relación jurídica entre el tercero beneficiario o empresa usuario, el
trabajador y la Empresa de Servicios Temporales.
Pues bien, respecto de la primera, es decir, la relación jurídica existente
entre la empresa de servicios temporales y el trabajador en misión que lleva
a cabo la prestación personal del servicio, existe un verdadero contrato de
trabajo o relación laboral, regido por la normatividad laboral del Código
Sustantivo del Trabajo28.
Y en lo que respecta al salario a devengar por parte de los trabajadores en
misión, la norma señala que “… los trabajadores en misión tendrán derecho
a un salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la empresa
usuaria que desempeñen la misma actividad”, así como los beneficios que
la usuaria tenga en materia de transporte, alimentación y recreación29.
Entre la Empresa de Servicios Temporales y el tercero beneficiario o
empresa usuaria, se genera una relación jurídica regida por un contrato de
prestación de servicios, el cual debe reunir los requisitos señalados por el
artículo 81 de la prementada normatividad, a saber:
“ARTÍCULO 81. Los contratos celebrados entre las empresas
de servicios temporales y los usuarios, deberán:
1. Constar por escrito.
2. Hacer constar que la empresa de servicio temporal se sujetará
a lo dispuesto por la ley para efectos del pago de salarios,
prestaciones sociales, horas extras, recargos diurnos y
nocturnos, dominicales y festivos.
3. Especificar la compañía aseguradora, el número de la póliza,
vigencia y monto con la cual se garantiza el cumplimiento de
las obligaciones laborales de las empresas de servicios
temporales con los trabajadores en misión.
4. Determinar la forma de atención de las obligaciones que en
materia de salud ocupacional se tiene para con los trabajadores
en misión, cuando se trate de las circunstancias establecidas en
el artículo 78 de la presente ley.”
28
«Artículo 75. A los trabajadores en misión se les aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el Código Sustantivo
del Trabajo y demás normas del régimen laboral. Así como lo establecido en la presente ley».
29
«Artículo 79. Los trabajadores en misión tendrán derecho a un salario ordinario equivalente al de los
trabajadores de la empresa usuaria que desempeñen la misma actividad, aplicando para el efecto las escalas de
antigüedad vigentes en la empresa. Igualmente, tendrán derecho a gozar de los beneficios que el usuario tenga
establecidos para sus trabajadores en el lugar de trabajo, en materia de transporte, alimentación y recreación».
18
Expediente 66001-23-33-000-2017-00255-02 (2730-2021)
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Y por último, entre la empresa usuaria y el trabajador en misión no se
genera relación laboral, al no existir entre la empresa usuaria y el trabajador
temporal contrato alguno, dado que entre la E.S.T. y el trabajador en misión
se configura un contrato laboral, de manera que la Empresa de Servicios
Temporales es la empleadora de aquel, tal como lo dispone el artículo 71
de la Ley 50 de 1990 y por ende, asume el pago de las prestaciones sociales
que por ley tiene derecho el trabajador en misión.
El panorama normativo antes reseñado, deja esclarecido la relación
jurídica que se origina entre las empresas de servicios temporales, los
trabajadores en misión y las empresas usuarias, lo que para el caso sub
judice, es de relevancia como quiera que el demandante estuvo gran parte
del tiempo vinculado con la Empresa de Servicios Temporales […] y
pretende se condene a la E.S.E. demandada al pago de las prestaciones
sociales a que tiene derecho durante el tiempo que estuvo vinculado con la
E.S.T como trabajador en misión.
Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del CST, existe
responsabilidad solidaria entre el dueño de la labor y el contratista que
suministra los trabajadores para desarrollar su objeto, en los siguientes
términos:
Contratistas independientes (artículo modificado por el artículo 3o. del
Decreto 2351 de 1965):
1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos
{empleadores} y no representantes ni intermediarios, las personas
naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la
prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio
determinado, asume todos los riesgos, para realizarlos con sus propios
medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario
del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a
las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente
responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las
prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores,
solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista
las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos
trabajadores.
2o) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será
solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior,
de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en
el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los
servicios de subcontratistas.
Respecto de la anterior responsabilidad solidaria en materia laboral, la Corte
19
Expediente 66001-23-33-000-2017-00255-02 (2730-2021)
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Constitucional30 evaluó los requisitos para su procedencia, al determinar:
[…] se predica responsabilidad solidaria en materia laboral, al tenor del
artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando se cumplen los
siguientes presupuestos: (i) la empresa contratante contrata a la empresa
contratista para que realice una labor o ejecute una obra que en principio
correspondería efectuarla a ella, por ser una de las actividades relacionadas
en su objeto social; (ii) la empresa contratista contrata, a través de contrato
laboral, al trabajador o a los trabajadores que se requieren para para la
ejecución de la labor o la obra; (iii) la labor ejecutada por el trabajador en
beneficio de la empresa contratante guarda relación directa con una o
varias de las actividades que aquella realiza, de acuerdo con el giro propio
de sus negocios (relación de causalidad)31; (iv) la empresa contratista
incumple, total o parcialmente, sus deberes como empleadora, de uno o
varios trabajadores que ejecutan la labor en beneficio de la empresa
contratista; y, (v) la labor la ejecutó el trabajador bajo órdenes y
supervisión de la empresa contratante; o siguiendo lineamientos por ella
establecidos; o en las instalaciones físicas de la misma y haciendo uso de
sus recursos físicos y de personal; o todas las anteriores.
En tales condiciones, las empresas de servicios temporales desarrollan una
modalidad de contratación que está respaldada en la ley y no cuenta con
reproche alguno siempre que se acaten a cabalidad las disposiciones que la
desarrollan, en especial los eventos en que el legislador permitió que las
entidades públicas puedan desarrollar su objeto mediante el uso de este tipo de
herramientas. No obstante, a pesar de que sea una modalidad laboral permitida
por la ley, lo cierto es que en determinados casos, establecidos por la
jurisprudencia constitucional, se genera una responsabilidad solidaria entre el
dueño de la labor y el contratista que suministra los trabajadores para desarrollar
su objeto, como lo son, entre otros, que (i) la empresa contratante contrata a la
empresa contratista para que realice una labor o ejecute una obra que en
principio correspondería efectuarla a ella, por ser una de las actividades
relacionadas en su objeto social; (ii) la empresa contratista incumple, total o
parcialmente, sus deberes como empleadora, de uno o varios trabajadores que
ejecutan la labor en beneficio de la empresa contratista; y (iii) la labor la ejecutó
el trabajador bajo órdenes y supervisión de la empresa contratante; o sigue los
lineamientos por ella establecidos; o en las instalaciones físicas de la misma y
hace uso de sus recursos físicos y de personal.
30
Sentencia T-889 de 2014, M. P. María Victoria Calle Correa.
31
«Cabe señalar que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha afirmado que también hay
responsabilidad solidaria entre la empresa contratista y la empresa contratante, por obligaciones laborales,
cuando se ejecuta en favor de aquella, una obra nueva o de mantenimiento, que van a ser parte de su cadena
productiva, dado que se trata de un instrumento para la manipulación de las materias que se transforman o de los
productos acabados, a través de la que justamente se desempeña el giro propio de sus negocios (ver en este sentido
la sentencia No. 27623 del 10 de marzo de 2009, MP. Eduardo López Villegas)».
20
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3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Certificación de 14 de marzo de 2013 (f. 33, expediente digital, Samai),
expedida por la representante legal de la cooperativa de trabajo asociado
«Profesalud CTA», según la cual el accionante estuvo vinculado y prestó sus
servicios en la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira (Risaralda)
«desde el (3) de noviembre de 2008 hasta el (22) de abril de 2012. Por medio
de Acto Cooperativo. Realizando procesos y subprocesos de Enfermero
Profesional».
b) Oficio emitido por la entidad demandada el 5 de febrero de 2018, que
certifica que «suscribió con esta institución, el contrato de prestación de
servicios No. 542-2012, el cual tuvo por objeto “… Prestación de servicios
profesionales como enfermero profesional…” por el período comprendido
entre el 23 de abril hasta el de 22 de junio de 2012» (expediente digital, Samai).
c) Constancia de 4 de febrero de 2012, en la que la empresa «Universal Service
S. A. S.» indica que el demandante laboró en «EMPRESA USUARIA HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA Desde 26/06/12 hasta el 3132 de
enero 2013, desempeñándose como ENFERMERO en el servicio de
INTERMEDIACION PEDIATRIA […]» (sic, f. 34. expediente electrónico).
d) Documento del subgerente de la empresa Centros de Empleos Temporales
de Colombia S. A. S. «Etemco S.A.S», emitida el 14 de marzo de 2013, con el
que certificó que el actor «es vinculado (a) asociado (a) […] prestando sus
servicios en la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira Risaralda
desde el primero (01) de febrero de 2013, realizando procesos y subprocesos
de Enfermero, por medio del contrato a término fijo», (f. 35, ibidem).
Asimismo, aparecen los respectivos contratos individuales de «trabajo de
duración determinada por la obra o la naturaleza de la labor contratada para
trabajadores en misión», desde el 1º de enero de 2013 (sin llenar fecha de
duración), del 22 de junio al 12 de noviembre33 de 2013 y del 1º de febrero al
32
El documento escaneado no es legible respecto del día, pero el a quo lo aclaró en el fallo recurrido y esta fecha
no presenta discusión en esta instancia.
33
Número enmendado, sin embargo, como lo precisó el Tribunal, es el mes de noviembre y, con las otras pruebas
recaudadas como las constancias de pagos, debe tenerse como válido.
21
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30 de junio de 2014 (ff. 191 a 196 vuelto, edjusdem).
e) Escrito del demandante presentado el 14 de julio de 2014, radicado
206005129, al hospital demandado, con el que pide «a partir del 3º de
noviembre de 2008 […] hasta el día 11 de noviembre de 2014 […] que se le
reconozcan y paguen […] los siguientes derechos, liquidados conforme a los
derechos laborales de los empleados de planta que realizan las mismas
funciones o similares en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira […]»
(sic, ff. 1 a 2, expediente electrónico).
f) A través de Resolución 715 de 9 de agosto de 2016, el gerente de la ESE
Hospital Universitario San Jorge de Pereira, en respuesta a la petición del actor,
afirmó que «a[l] no encontrarse ningún vínculo laboral o reglamentario entre
el [actor] y la [demandada], con todo respeto le manifestamos que esta entidad
asistencial no es la encargada de RECONOCER Y CANCELAR las
remuneraciones solicitadas por usted, por lo tanto, no se accede a lo
pretendido» (ff. 3 a 8, ibidem).
g) Audiencia de pruebas de 11 de febrero de 2021, en la que se recibieron los
testimonios de los señores Héctor Iván Sánchez Ortiz y Érika Díaz Parra
(expediente digital34), que relataron, en resumen, el primero que laboraba como
enfermero profesional y que laboró del 2005 al 2015 en condiciones similares
a las del demandante, y la última, que en su condición de terapista respiratoria,
trabajó en el hospital del 2006 al 2012, le constan las labores de enfermero
profesional que ejecutaba el actor.
Asimismo, en dicha audiencia se aceptó el desistimiento de las pruebas
documentales solicitadas de las empresas «Etemco S. A.» (anexo 08 del
expediente digital) y de servicios temporales «Universal Service S. A. S.»,
presentado por la parte demandante, relacionados con los tiempos de labor
ejecutados por él.
De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que (i) el demandante
prestó de manera personal sus servicios como enfermero en la ESE accionada
entre el 3 de noviembre de 2008 y el 30 de junio de 2014: por medio de
cooperativa de trabajo asociado «Profesalud Cta», desde el 3 noviembre de
2008 hasta el 22 de abril de 2012; por contrato de prestación de servicios
profesionales del 23 de abril al 2 de junio de 2012; y a través de las empresas
34
«Pdf. 21_6600123330002017002550217expedientedigi20210830091728», que contiene los enlaces para revisar
las audiencias por Lifesize.
22
Expediente 66001-23-33-000-2017-00255-02 (2730-2021)
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de servicios temporales «Universal Service S. A. S.» desde el 23 de junio de
2012 hasta el 31 de enero de 2013 y «Etemco S. A. S», del 1º de febrero de 2013
al 30 de junio de 201435; y (ii) con Resolución 715 de 9 de agosto de 2016, se
le negó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones
laborales y los parafiscales en su favor, deprecados el 14 de julio anterior.
En primer lugar, esta Corporación evidencia que frente a los lapsos en los que
el demandante estuvo contratado por la cooperativa de trabajo asociado y las
empresas de servicios temporales, se encuentran acreditados los tres requisitos
fundamentales, que se dejaron plasmados en el acápite anterior de esta
providencia, para que se desdibuje esas modalidades de vinculación, puesto que
el hospital demandado contrató a «Profesalud Cta», «Universal Service S. A.
S.» y «Etemco S. A. S» con el fin de que realizara una labor que corresponde
efectuarla a él, como es la de enfermero; y, según las certificaciones y
declaraciones recaudadas, el demandante trabajó bajo órdenes y supervisión del
contratante, a partir de los lineamientos y en la actividad misional de enfermería
propia de la empresa social del Estado.
Sobre la configuración del denominado contrato realidad, resulta oportuno
precisar que, en el caso de la cooperativa de trabajo asociado, la vinculación del
actor fue por contratos de prestación de servicios y/o contrato de obra o labor,
cuyo objeto fue trabajar como enfermero, según lo requirieran las necesidades
del servicio en la ESE accionada.
El período trabajado con intervención de la cooperativa será materia de análisis
más adelante, pero lo cierto es que se configuró un vínculo laboral con la
mencionada ESE, dada la naturaleza de la ocupación de enfermero que, en
principio, no debería ser enganchada por contratos de prestación de servicios y,
en todo caso, las actividades dependientes y subordinadas se coligen del objeto
del contrato que suscribió.
Respecto del empleo de enfermero, esta subsección ha aceptado que su
desempeño se presume subordinado porque no es dable hablar de autonomía
funcional, cuando no se puede desempeñar las funciones de manera
independiente.
En efecto, la subordinación en la función ejercida por los enfermeros se
presume, por cuanto no pueden definir sitio u horario de trabajo ni dejar de
35
En este caso el demandante alega que laboró hasta el 11 de noviembre de 2014, sin embargo, las pruebas, como
lo indicó el Tribunal y no fue apelado en esta instancia, solo demuestran que lo hizo hasta el 30 de junio de 2014, y
esta fecha es la que se va a tener como última de labores.
23
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asistir a laborar porque ponen en riesgo la prestación del servicio de salud, de
manera que, en estos casos, con el fin de desvirtuar la aludida presunción la
entidad demandada debe probar que la actividad se desarrolló en el marco de
un contrato de prestación de servicios36.
En ese entendido, esta Sala reitera que, según lo dispuesto en el artículo 5 del
Decreto 4588 de 2006, compilado en el 2.2.8.1.5 del Decreto 1072 de 201537,
el objeto social de las cooperativas de trabajo asociado es «el de generar y
mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con
autonomía, autodeterminación y autogobierne. En sus estatutos se deberá
precisar la actividad socioeconómica que desarrollarán, encaminada al
cumplimiento de su naturaleza, en cuanto a la generación de un trabajo, en los
términos que determinan los organismos nacionales e internacionales, sobre la
materia». Sin perjuicio de ello, las normas que regulan la materia y la
jurisprudencia han sido enfáticas en las prohibiciones de (i) enviar a un asociado
a que preste servicios a una persona natural o jurídica en labores propias de esta,
por lo que se considerará trabajador dependiente de la que se beneficie con su
trabajo; y (ii) fungir como empresas de intermediación laboral o disponer del
trabajo de sus asociados para suministrar mano de obra temporal, enviarlos
como trabajadores en misión o permitir que se generen relaciones de
subordinación y dependencia con los contratantes.
En lo que se refiere al vínculo a través de las empresas de servicios temporales,
igual argumento al anterior se puede sostener (frente a las cooperativas de
trabajo asociado), toda vez que las funciones del empleo de enfermero son, por
su naturaleza, subordinadas y dependientes, pues las entidades estatales deben
respetar el principio de salario igual a trabajo igual; esto pese a que en el sub
36
C.fr. en fallo de 2 de octubre de 2020, radicación 52001-23-33-000-2011-00262-01(5311-18), se indicó: «Esta
Corporación en sentencia del 21 de abril de 2016, sostuvo que la subordinación en la función desempeñada por
las enfermeras, se presume, en tanto no es posible hablar de autonomía cuando de ellas se trata. No obstante,
señaló que esto no impide que en algunos casos las enfermeras puedan actuar de manera independiente, situación
que deberá probar la entidad demandada a fin de desvirtuar la aludida presunción. Al respecto, manifestó: “(…)
la labor de enfermera no puede desempeñarse de forma autónoma, ya que quienes ejercen dicha profesión no
pueden definir ni el lugar ni el horario en que prestan sus servicios. Además de lo anterior, la actividad que
desarrollan no se puede suspender sin justificación pues se pone en riesgo la prestación del servicio de salud.//
Adicionalmente, se debe tener en consideración que en términos generales le corresponde a los médicos dictar las
directrices y órdenes respecto de los cuidados especiales que requiere cada paciente, así como establecer
condiciones respecto de cómo asistirlos en todo procedimiento médico y cómo se debe realizar el control de los
pacientes en los centros de salud. Lo anterior implica que la relación entre médicos y enfermeras por lo general va
más allá de la simple coordinación y pasa a ser de subordinación” [Nota al pie: «Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 21 de abril de 2016. Radicación: 13001
23 31 000 2012 00233 01 (2820-2014). M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Actor: Luz Elvira Montes Díaz.
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional»].
De conformidad con lo expuesto, es posible deducir que la labor de las enfermeras por regla general se enmarca
en una verdadera relación laboral. Así pues, en el presente asunto la aludida presunción no se encuentra
desvirtuada».
37
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo».
24
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lite no se excedió el término que establece el artículo 6°. del Decreto 4369 de
2006, compilado en el Decreto 1072 de 2015, para que la empresa usuaria pueda
contratar con las de servicios temporales, es decir, seis (6) meses prorrogables
hasta por seis (6) meses más, dado que los períodos en que laboró como
trabajador en misión en el ente hospitalario respetaron esta preceptiva, pero lo
cierto es que las funciones de enfermero comportan labor misional de los
hospitales y, en este caso, las empresas solo tenían un contrato de mediación,
habida cuenta de que antes de su intervención, el demandante ejercía sus tareas
de la misma manera y con idénticas características.
De igual modo, se encuentra demostrada, con las certificaciones y los
testimonios recaudados, la existencia de los elementos de la relación laboral,
por un lado, (i) la prestación personal del servicio, por cuanto efectivamente
el demandante fue contratado por la ESE como enfermero, según el objeto
contractual ya relatado, lo que implica que fue quien prestó el servicio; por otro,
(ii) la remuneración por el trabajo cumplido, comoquiera que se estipuló un
«valor del contrato y forma de pago» con cargo a los recursos presupuestales
de la entidad, es decir, la suma de dinero que tenía derecho a recibir y la
modalidad del pago, lo que comporta la remuneración pactada por el servicio
o el trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios o
salario), que le era pagada de manera mensual, según la suma acordada. Sin
embargo, cabe anotar que, pese a que no se aportó prueba de los pagos
recibidos, el ente demandado no lo controvirtió ni se opuso a ello, razón por la
cual ha de entenderse que sí los efectuó, al cumplir sus obligaciones
contractuales, con la cooperativa de trabajo asociado y las empresas de
servicios temporales.
En lo concerniente a (iii) la subordinación, como último elemento de la
relación laboral, resulta procedente analizar la naturaleza de las funciones
desempeñadas por el actor en el ente demandado y su verdadero alcance, con el
fin de establecer si existió o no, amén de lo atrás anotado.
Fueron atendidos en audiencia de pruebas los testimonios de los señores (i)
Héctor Iván Sánchez Ortiz, de profesión enfermero y vinculado en ese cargo en
la entidad demandada del 2005 al 2015, quien declaró que ejercía labores en
condiciones similares a las del demandante, que cumplía horario en los
diferentes turnos que se le programaban de doce horas (de 7:00 a. m. a 7:00 p.
m. y de 7:00 p. m. a 7:00 a. m. y algunos de 7:00 a 1:00 p. m.), y sus superiores
inmediatos eran los diferentes enfermeros jefes que designaba el hospital; y (ii)
Érika Díaz Parra, quien laboró en el hospital, como terapista respiratoria del
25
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2006 al 2012, le consta las labores de enfermero que ejecutaba el actor, el
cumplimiento de horarios a través de los diferentes turnos programados y que
fue objeto de llamados de atención.
Así las cosas, los medios de prueba permiten evidenciar la concurrencia de los
tres elementos propios de una relación de trabajo (subordinación, prestación
personal y remuneración), pero, sobre todo, que el accionante prestó la labor
en forma dependiente respecto del empleador, lo cual conduce a concluir que
no se trató de una relación de coordinación, sino de una en la que imperó la
subordinación.
Se aclara que, en virtud de la subordinación existe una sujeción del trabajador
hacia su empleador y, en tal sentido, esta cuenta en todo momento con la
posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación
correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las condiciones de
tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para
que el trabajador desarrolle sus labores, sin que le asista ningún tipo de
independencia.
Por tanto, si bien el demandante se vinculó a la ESE como enfermero, a través de
cooperativas de trabajo asociado, empresas de servicios temporales y contratos
de prestación de servicios, se desdibujaron las características propias de estos
tipos de vínculos, circunstancia que originó una relación laboral distinguida por
la permanencia y continuidad en su ejecución y la correspondiente subordinación,
tal como lo determinó el a quo.
En este orden de ideas, al asunto le es aplicable el principio de «la primacía de
la realidad sobre las formalidades», pues es indudable que el accionante se
encontraba en las mismas condiciones de otros empleados públicos de la planta
de personal de la entidad.
La jurisprudencia de esta sección ha sostenido que cuando el objeto del contrato
versa sobre el desempeño de funciones de carácter permanente y en el proceso
se demuestra que hubo subordinación y dependencia respecto del empleador,
surge el derecho al pago de prestaciones38, porque de lo contario se afectan los
derechos del trabajador.
No obstante, pese a que se encuentran probados los elementos configurativos de
38
Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso administrativo, sentencia de 18 de noviembre de 2003,
expediente: IJ-0039.
26
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una relación laboral en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades (prestación personal del servicio, contraprestación y subordinación
o dependencia), destaca la Sala que ello no implica que la persona obtenga la
condición de empleado público, puesto que no median los componentes para
una relación de carácter legal y reglamentaria en armonía con el artículo 122
superior39.
En tales condiciones, el argumento de apelación del ente demandado, referente a
la inexistencia de subordinación, está desvirtuado y, en esa medida, se confirmará
la sentencia impugnada.
Por otro lado, en lo atinente al fenómeno prescriptivo, tema que fue objeto de
inconformidad por la demandada, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-
S2-2021 de 9 de septiembre de 2021 de la sección segunda del Consejo de
Estado, se estableció, como regla, «[…] un periodo de treinta (30) días hábiles,
entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término
de la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá
flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre
probadas dentro del expediente».
Ahora bien, el a quo determinó que no hubo solución de continuidad mientras
el demandante laboró en la ESE accionada, a través de contratos de prestación
de servicios, cooperativa de trabajo asociado y empresas de servicios
temporales, en los siguientes períodos:
Entidad contratante Fecha de inicio Fecha de terminación
«Profesalud Cta» 3 de noviembre de 2008 22 de abril de 2012
Hospital 23 de abril de 2012 22 de junio de 2012
Universitario San
Jorge de Pereira
«Universal Service S. A. S.» 23 de junio de 2012 31 de enero de 2013
«Etemco S. A. S.» 1 de febrero de 2013 30 de junio de 2014
Por su parte, la entidad demandada afirma que su prestación fue interrumpida en
39
«No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter
remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente.
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y
desempeñar los deberes que le incumben.
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá
declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor
público […]».
27
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la medida en que cambió de empleador; para la subsección, el criterio manejado
por la entidad apelante no se aviene a la realidad fáctica del asunto, pues lo cierto
es que el demandante siempre laboró al servicio y bajo las órdenes de la ESE y
en ese sentido no hubo solución de continuidad en la labor prestada, pues dentro
del proceso aparecen probados todos los tiempos arriba relacionados en los que
no se observa una interrupción superior a treinta (30) días hábiles. Por ende, el
recurso de apelación propuesto por la demandada no prospera.
A continuación, se procede a resolver los aspectos planteados por la parte
demandante en su escrito de alzada.
En lo concerniente a la sanción moratoria deprecada, no hay lugar a su
reconocimiento habida cuenta de que a partir de esta sentencia surge la
obligación del pago de las prestaciones al beneficiario, en tal medida, no es
procedente esta pretensión.
En cuanto a los aportes a la caja de compensación familiar, cabe destacar que
el demandante no demostró que cumplía los requisitos establecidos en la Ley
21 de 1982 referentes a las cotizaciones efectuadas a caja de compensación
familiar, ni que era beneficiario de los planes con que cuentan esas entidades,
así como tampoco allegó prueba con la que acreditara pago alguno por ese
concepto, por lo que se evidencia la imposibilidad de haberlos recibido y debe
negarse su pago.
Por otra parte, para efectos de reconocer las prestaciones sociales a las que tiene
derecho, comoquiera que esta condena procede a título de restablecimiento del
derecho, de conformidad con la sentencia de unificación CE-SUJ2 5 de 25 de
agosto de 201640, deben ser liquidadas sobre el mismo salario devengado por
los servidores que ejercen el empleo de enfermero, en la medida en que sea
superior a los honorarios o salarios devengados en la ESE, la cooperativa de
trabajo asociado y las empresas de servicios temporales, pues en ese caso se
calcularán sobre estos, por consiguiente, se modificará el numeral 3. del fallo
impugnado acerca de este aspecto.
En lo atañedero al pago de las prestaciones sociales la Sala realiza las siguientes
precisiones:
Sobre las vacaciones, esta subsección, en sentencia de 29 de abril de 2010, al
resolver un caso de «contrato realidad», sostuvo que no tiene «[...] la
40
Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
28
Expediente 66001-23-33-000-2017-00255-02 (2730-2021)
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connotación de prestación salarial porque [es] un descanso remunerado que
tiene el trabajador por cada año de servicios»41, no obstante, en
pronunciamiento de 21 de enero de 201642, asumió un entendimiento diferente
de aquellas, cuando dijo:
Dentro de nuestra legislación, las vacaciones están concebidas como
prestación social y como una situación administrativa, la cual consiste en
el reconocimiento en tiempo libre y en dinero a que tiene derecho todo
empleado público o trabajador oficial por haberle servido a la
administración durante un año y el monto de las mismas se liquidará con
el salario devengado al momento de salir a disfrutarlas.
Por tanto, resulta menester precisar, en consonancia con este último criterio,
que las vacaciones comportan una prestación social y son un derecho de los
trabajadores, derivado del principio de garantía de descanso previsto por el
artículo 53 de la Constitución Política, consistente en la concesión de 15 días
no laborables remunerados43, que de manera excepcional ha de ser reconocido
monetariamente en los términos de Decreto ley 1045 de 197844, que dispone:
Artículo 20º.- De la compensación de vacaciones en dinero. Las
vacaciones solo podrán ser compensadas en dinero en los siguientes
casos:
a) Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para
evitar perjuicios en el servicio público, evento en el cual solo puede
autorizar la compensación en dinero de las vacaciones correspondientes
a un año;
b) Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado
definitivamente del servicio sin haber disfrutado de las vacaciones
causadas hasta entonces.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que en la sentencia de unificación CE-SUJ2
5 de 25 de agosto de 201645, la sección segunda de esta Corporación estableció,
41
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 29 de abril
de 2010, expediente 05001-23-31-000-2000-04729-01(0821-09), posición reiterada por la misma subsección en
fallo de 6 de octubre de 2011 dentro del proceso 25000-23-25-000-2007-01245-01(0493-11).
42
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, providencia de 21 de
enero de 2016, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-23-31-000-2005-03979-01 (2316-
12).
43
De conformidad con el Decreto 3135 de 1968, «por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre
el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores
oficiales», artículo 8º, «Los empleados públicos o trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) días hábiles
de vacaciones, por cada año de servicio, salvo lo que se disponga por los reglamentos especiales para empleados
que desarrollan actividades especialmente insalubres o peligrosos [...]».
44
Expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al presidente de la República mediante ley 51
de 1978, «[...] por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales
de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional».
45
Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
29
Expediente 66001-23-33-000-2017-00255-02 (2730-2021)
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Jorge de Pereira (Risaralda)
entre otras reglas, que el reconocimiento de prestaciones, derivado de la
nulidad del acto administrativo que niega la existencia de la relación laboral,
procede a título de restablecimiento del derecho, pues al trabajador ligado
mediante contratos de prestación de servicios, «[...] pese a su derecho a ser
tratado en igualdad de condiciones que a los demás empleados públicos
vinculados a través de una relación legal y reglamentaria […] le fue
cercenado su derecho a recibir las prestaciones que le hubiere correspondido
si la Administración no hubiese usado la modalidad de contratación estatal
para esconder en la práctica una relación de trabajo».
Por ende, al haber declarado la existencia de una relación laboral entre el
supuesta contratista y la Administración, corresponde compensarle al primero
el derecho a descansar de sus labores y a la par recibir remuneración ordinaria,
pero comoquiera que se le impidió el goce de tal período, ha de compensársele
con dinero esa garantía en los términos del aludido artículo 20 del Decreto ley
1045 de 1978, así como de la Ley 995 de 200546.
Frente al reconocimiento de otras prestaciones, cabe destacar que esta Sala, en
sentencia de 4 de febrero de 201647, precisó que «con el fin de determinar cuáles
son las prestaciones sociales que se deberán reconocer a título de reparación
integral del daño al declararse una relación de carácter laboral, […] acude a
la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre la base de quien
debe asumirlas. En ese orden de ideas, se encuentran las que son asumidas por
el empleador directamente y las que se prestan o se reconocen de forma
dineraria por el Sistema de Seguridad Social Integral. Dentro de las
prestaciones sociales que están a cargo directamente del empleador se
encuentran las ordinarias o comunes como son entre otras las primas, las
cesantías; y las prestaciones sociales que se encuentran a cargo del Sistema
Integral de Seguridad Social son la salud, la seguridad social, los riesgos
profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas o reconocidas por
cada sistema debe mediar una cotización». Asimismo, en providencia de 6 de
octubre siguiente48, aclaró que «el reconocimiento de la primacía de la realidad
sobre la formalidades que conlleva a la declaración de existencia de una
relación laboral subyacente de un contrato de prestación de servicio, no puede
otorgar al accionante la calidad de empleado público, por lo que no es posible
46
«Artículo 1°. Del reconocimiento de vacaciones en caso de retiro del servicio o terminación del contrato de
trabajo. Los empleados públicos, trabajadores oficiales y trabajadores del sector privado que cesen en sus
funciones o hayan terminado sus contratos de trabajo, sin que hubieren causado las vacaciones por año cumplido,
tendrán derecho a que estas se les reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo
efectivamente trabajado».
47
Expediente 810012333000201200020-01 (316-2014).
48
Expediente 660012333000201300091 01(0237-2014).
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Expediente 66001-23-33-000-2017-00255-02 (2730-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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reconocer prestaciones sociales de carácter extralegal que devenguen otros
funcionarios de la planta de personal del ente territorial demandado, máxime
cuando el accionante no acreditó dentro del proceso cuales son las
prestaciones a las que considera tener derecho ni el origen de las mismas».
En virtud del derrotero jurisprudencial expuesto, al actor le asiste el derecho al
reconocimiento de las prestaciones sociales de carácter legal que devenga, en
este caso, el empleo de la planta de personal que tenga similares funciones a las
que desarrollaba el contratista, tales como vacaciones, primas, bonificaciones,
cesantías y las reconocidas por el sistema integral de seguridad social, mas no
podrán reconocérsele aquellas extralegales, por cuanto comportan un beneficio
para los empleados públicos, condición de la que él carece.
En ese sentido, le corresponderá a la entidad accionada al momento de cumplir
la condena impuesta en este fallo, determinar las prestaciones sociales que serán
objeto de liquidación a favor del actor.
En relación con la condena en costas, que incluye las agencias en derecho, que
corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
esta Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 201649, se pronunció así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en
costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya
segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio
y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).
49
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
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Expediente 66001-23-33-000-2017-00255-02 (2730-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Eisen Hawer Murcia Durango contra la ESE Hospital Universitario San
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En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un
juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan
el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte
vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que
dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento,
cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan
calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la
vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia,
pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos
jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.
Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandada, no se
impondrá condena en costas.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, (i) se confirmará parcialmente el fallo de primera instancia,
que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda; y (ii) se
modificará el numeral 3 de su parte decisoria, en el sentido de ordenar que, de
conformidad con la sentencia de unificación CE-SUJ2 5 de 25 de agosto de
2016, las prestaciones reconocidas deben ser liquidadas sobre el mismo salario
devengado por los servidores que ejercen el empleo de enfermero, en la medida
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Expediente 66001-23-33-000-2017-00255-02 (2730-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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en que sea superior a los honorarios o salarios sufragados por la cooperativa de
trabajo asociado, directamente por la ESE y las empresas de servicios
temporales con las que estuvo vinculado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 12 de marzo de 2021 proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda (sala segunda de decisión), que accedió
de manera parcial a las súplicas de la demanda incoada por el señor Eisen Hawer
Murcia Durango contra la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira
(Risaralda), por lo indicado en la motivación.
2°. Modifícase el numeral 3 de la parte decisoria del fallo de primera instancia,
en el sentido de ordenar que, de conformidad con la sentencia de unificación
CE-SUJ2 5 de 25 de agosto de 201650, las correspondientes prestaciones
sociales deben ser liquidadas sobre el mismo salario devengado por los
servidores que ejercen el empleo de enfermero, en la medida en que sea superior
a los honorarios o salarios sufragados en la cooperativa de trabajo asociado,
directamente por la ESE y las empresas de servicios temporales con las que
estuvo vinculado, por las razones expuestas.
3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
50
Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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