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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00704-01

Fecha
6 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00704-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. MODIFICAR los numerales 3, 4 y 6 de la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Risaralda la cual quedara así: Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Radicación: 66001-23-33-000-2017-00704-01 (2041-2020) «3. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA al Municipio de Pereira a reconocer y pagar el valor por conceptos de prestaciones sociales a que haya lugar, durante los periodos entre el 5 de julio de 2013 al 25 de noviembre de 2013; del 17 de enero de 2014 al 18 de mayo de 2014; del 7 de julio de 2014 al 1 de diciembre de 2014; del 3 de febrero de 2015 al 3 de abril de 2015; del 22 de mayo de 2015 al 21 de junio de 2015 y del 25 de junio de 2015 al 31 de enero de 2016. 4. El Municipio de Pereira deberá tener en cuenta los honorarios pactados en todos los contratos celebrados y calcular el Ingreso Base de Cotización (IBC) pensional del actor, mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los aportes realizados por aquel como contratista y los que se debieron efectuar, caso en el cual, SE ORDENA cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, pero solo en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador al municipio, de la totalidad de todos los periodos laborados bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios a partir del 1 de enero de 2009. Para tales efectos, la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador, de acuerdo con las consideraciones de esta providencia. 6. SE CONDENA a la entidad demandada a reconocer y pagar al demandante el valor que corresponda por concepto de las dotaciones dejadas de percibir entre el 5° de julio de 2013 y el 31 de enero de 2016, a las cuales tenga derecho, teniendo en cuenta el valor establecido por el […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2017-00704-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

6 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00704-01 (2041-2020)
Demandante: Marco Antonio Silva García
Demandada: Municipio de Pereira

Temas: Relación laboral encubierta- Vigilante. Prescripción-Sanción
moratoria-Prueba aportada con el recurso. MODIFICA
SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el veintidós (22) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Marco Antonio Silva García presentó demanda en contra del Municipio de
Pereira en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la existencia de la “relación de carácter laboral” entre las partes
desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de enero de 2016.

Que se declare la nulidad del acto administrativo No. 30103 del 26 de julio de 2017,
por medio del cual se negó la existencia de una relación laboral, el reconocimiento
y pago del reajuste salarial y de las prestaciones sociales.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
demandada al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas de pagar
durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios.

HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

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1

Radicación: 66001-23-33-000-2017-00704-01 (2041-2020)

Que el demandante fue vinculado mediante contrato de prestación de servicios en
el Municipio de Pereira como vigilante en diferentes instituciones educativas entre
el 1 de enero de 2009 al 31 de enero de 2016.

Que en el desarrollo del contrato se sometió a horarios laborales y acatamiento de
las órdenes dictadas por los rectores de las instituciones educativas en las que
prestó el servicio.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida por auto del 23 de enero del 2018 y notificada a la entidad
demandada, quien se opuso a las pretensiones, sosteniendo que la relación no fue
continua, debido a que se evidencian periodos en los cuales no hubo. Que no puede
hablarse de subordinación solo por el hecho de que el contratista deba cumplir y
desempeñar las actividades por las cuales se suscribió el contrato.

Como excepciones de mérito propuso la legalidad del acto administrativo,
prescripción extintiva del derecho, la falta de concordancia entre la reclamación
administrativa y el acto demandado, el cobro de lo no debido y la caducidad de la
acción.

En la audiencia inicial celebrada el 5 de diciembre de 2018, se declararon no
probadas las excepciones propuestas, se fijó el litigio y se decretaron las pruebas,
luego de lo cual se dictó sentencia.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de sentencia del 22 de noviembre
de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones, considerando que el demandante
logró desvirtuar la legalidad del acto administrativo demandado, pues consiguió
probar la configuración de los elementos que componen una verdadera relación
laboral con el Municipio de Pereira, partiendo de la naturaleza de las actividades
que eran realizadas en ejecución del contrato suscrito.

Indicó que se encontró probada la prestación del servicio en los siguientes periodos:

1 enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009
1 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2011
2 de enero de 2012 al 29 de febrero de 2012
19 de julio de 2013 al 18 de agosto de 2013
19 de agosto de 2013 al 18 de septiembre de 2013
19 de septiembre de 2013 al 1 de diciembre de 2013
10 de enero de 2014 al 4 de septiembre de 2014
8 de septiembre de 2014 al 30 de noviembre de 2014
3 de febrero de 2015 al 9 de mayo de 2015
15 de mayo de 2015 al 21 de junio de 2015
/25 de junio de 2015 al 31 de diciembre de 2015
1 al 30 de enero de 2016

Que, como la reclamación se realizó el 12 de julio de 2017, y como se presentaron
varias interrupciones, entre ellas del 29 de febrero de 2012 al 12 de julio de 2013 (1
año y 4 meses), declaró prescritos los periodos anteriores al 29 de febrero de 2012;

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2

Radicación: 66001-23-33-000-2017-00704-01 (2041-2020)

y ordenó el pago de las prestaciones laborales de orden legal a las cuales tiene
derecho el actor por los periodos del 8 de septiembre de 2014 al 30 de noviembre
de 2014, del 3 de febrero de 2015 al 9 de mayo de 2015, del 15 de mayo de 2015
al 21 de junio de 2015, del 25 de junio de 2015 al 31 de diciembre de 2015 y del 1
al 30 de enero de 2016.

Ordenó cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de
aportes para pensión en su calidad de empleador por los periodos indicados
anteriormente y, teniendo en cuenta los honorarios pactados en cada contrato.

Negó las cotizaciones a la caja de compensación familiar bajo el argumento de que
no acreditó que era beneficiario de los mismos. También negó el pago de las horas
extras, diurnas y nocturnas considerando que esta sentencia no le otorgaba la
calidad de empleado público al contratista.

Que no había lugar al pago de la sanción moratoria en atención a que el derecho a
las cesantías surge de la ejecutoria de la presente sentencia ya que la relación entre
las partes era de tipo contractual y no laboral.

Condenó al municipio de Pereira a pagar la compensación en dinero por la dotación
de vestido y calzado, de las dotaciones que fueron causadas en el periodo
comprendido del 8 de septiembre de 2014 al 30 de noviembre de 2014 y del 3 de
febrero de 2015 al 30 de enero de 2016.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante manifestó su inconformidad frente a la declaratoria de la
prescripción, pues consideró que no se tuvieron en cuenta los periodos del 1 de
enero de 2009 hasta el 29 de febrero de 2012 pues de enero de 2010 al 30 de junio
de 2011, el personal administrativo, incluido el demandante, estuvo vinculado con
el municipio a través de SERVITEMPORALES donde se le pagaba el salario mínimo
y las prestaciones sociales, así como las horas extras, etc, por lo que considera que
ambas empresas son responsables solidarios.

Que no existió interrupción entre el 1 de marzo de 2012 y el 18 de julio de 2013,
pues si bien no se suministraron en su totalidad los contratos suscritos, por medio
de la declaración realizada por el señor Luis Fernando Granada, con quien
compartió labores en la misma institución durante los años 2012 y 2013, considera
que se deja claro que durante ese tiempo sí mantuvo una relación laboral con el
Municipio de Pereira.

Que se debe incluir el pago de la indemnización por el periodo comprendido entre
el 1 de enero de 2009 y el 18 de julio de 2013 por la vinculación laboral del
demandante con la empresa temporal SERVITEMPORALES S.A y que se debe
reconocer la diferencia que surja por concepto de prestaciones sociales.

Finalmente solicita que se imponga el pago de la sanción moratoria al municipio de
Pereira por la falta de consignación de las cesantías durante la vigencia de la
relación laboral con el actor toda vez que el Tribunal no decidió este asunto.

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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00704-01 (2041-2020)

Adjuntó una resolución expedida por Colpensiones y manifestó que en esta se
evidencian los aportes que realizó la empresa SERVITEMPORALES del 1 de enero
de 2010 hasta el 30 de junio de 2011.

La parte demandada interpuso recurso de apelación reiterando los argumentos de
la contestación de la demanda y los alegatos de conclusión en el sentido de que
con las pruebas allegadas y practicadas no se pueden probar con certeza los
hechos en los que se fundamenta la demanda, pues no es posible predicar una
continuada dependencia y subordinación laboral solo porque el contratista
cumpliera las funciones propias para las que se contrató, además manifiesta que
cumplir un horario no implicaría por sí mismo una relación laboral.

Que, los testimonios hacen alusión a vivencias y circunstancias propias de los
mismos y poco hacen referencia a los hechos de la demanda y, que cumplir un
horario en ejecución de un contrato de prestación de servicios no implica que se
trate de un “contrato de trabajo” o relación laboral.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto del 21 de septiembre de 20201 se admitió el recurso y el 23 de febrero
de 2021, se dio traslado por el término de 10 días para la presentación de los
alegatos de conclusión, posteriormente se corrió el mismo término para que el
Ministerio Público presentara concepto.

La parte demandante manifestó que se pudo demostrar que las labores
desarrolladas por el accionante no fueron ocasionales o temporales y que estaba
subordinado a las directrices de los rectores de las instituciones en las que laboró.
Reiteró los argumentos del recurso de apelación sobre los periodos que fueron
declarados prescriptos en la sentencia de primera instancia.

La parte demandada, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
en consideración a que con ocasión a las pruebas allegadas al proceso no puede
predicarse la existencia de una subordinación, ni mucho menos que se configuren
los elementos constitutivos de una relación laboral.

Que el demandante pudo aceptar o no la celebración de los contratos realizados a
través de los años, por lo que es posible afirmar que en desarrollo de los mismos
se cumplieron todos los parámetros establecidos por las normas relacionadas con
ese tipo de contratación.

El Ministerio Público no presentó concepto.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La Sala deberá determinar si bajo la apariencia de contratos de prestación de

1 Folio 262.

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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00704-01 (2041-2020)

servicios existió un vínculo laboral entre las partes y como consecuencia de ello, si
el accionante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
dejadas de percibir con ocasión de ese vínculo. De igual modo, la Sala estudiará la
prescripción de los periodos en los que se llevó a cabo la relación.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

En los contratos de Prestación de Servicios, se requiere que la prueba de la relación
contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad si entre el
actor y la entidad demandada existía un verdadero contrato de prestación de
servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la que procede a
analizarse.

La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia o
subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el elemento
de la remuneración.

Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación laboral
ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la sentencia
C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa claramente
las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios, dice al
respecto:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure
se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo.

En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente
desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el
elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad
de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son
bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias
y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como
por la naturaleza y objeto de los mismos.

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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00704-01 (2041-2020)

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en
el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada,
así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones
sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de
prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del
contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas para
resaltar).

De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al
pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución.

Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:

«2.3.3.2. Subordinación continuada

102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de
trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.2

103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida- ha
considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que
permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:

104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado
por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo,
ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por

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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00704-01 (2041-2020)

lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta.

105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de
una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea
simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en
el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de
jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia
de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.

106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento,
en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos
internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,3 la dirección y
control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos
más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la
subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción
en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que
demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que
llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio
probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio
normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio
claro de subordinación.

107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización
de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma
permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos
esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona
que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes
perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá
acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada
se enmarca en el objeto misional de la entidad.

108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de actividades o
funciones propias de una carrera profesional liberal (como en este caso la de
abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación laboral, pues, en la
práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el
objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del contrato de prestación
de servicios sí exige que las funciones del contratista sean desarrolladas con un
alto grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con la
entidad contratante que, en ningún caso, puede servir de justificación para
ejercer comportamientos propios de la subordinación laboral.

(…)

3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993.

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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00704-01 (2041-2020)

131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, es
esencialmente temporal; por lo tanto, este tipo de contratos, cuando se suscriben
con personas naturales, no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo.

132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de los
recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para su
ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo
necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto
al principio de planeación, que encuentra su manifestación práctica «en la
elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues es
allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que justifiquen
que la Administración recurra a un contrato de prestación de servicios».

133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución de
los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones imprevistas que
exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo estimado, ab initio,
como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede resultar insuficiente. En
cualquier caso, las mismas razones que en su momento justificaron la planeación
del contrato inicial y la suscripción de los contratos modificatorios del plazo de
ejecución, deben encontrar soporte en los mencionados estudios previos.

134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla a
cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan, sin
perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para
garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).

Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral como son: una actividad personal, un salario y la subordinación. Así lo ha
consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado en varias oportunidades:

“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir
esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un
contrato de prestación de servicios.

42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto
administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se
prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal del
trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii)
remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda
configurar un contrato de trabajo.»2.

2 Sentencia del 28 de octubre 2021.Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radicación

número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00704-01 (2041-2020)

Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación por
parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su calidad, tales
como las prestaciones sociales.

Quiere hacer notar la Sala, que en determinados casos en los que a pesar de que
la vinculación se da mediante contrato de prestación servicios, en razón de la
actividad desarrollada, el Consejo de Estado ha dicho que se presume la existencia
de la relación de trabajo, tales son los casos de los docentes cuando son
contratados por instituciones educativas para cumplir funciones de docentes y los
celadores3. Presunción que deberá tener un mínimo probatorio.

Debe aclararse que cuando se reconoce la existencia de una relación laboral, al
accionante le asiste el derecho al pago del conjunto de prestaciones sociales
generadas con la prestación del servicio, tal como lo ha expresado el Consejo de
Estado4, y no a título de indemnización, como anteriormente se reconocía.

Resolución del caso concreto

De conformidad con las pruebas allegadas, el demandante prestó sus servicios al
Municipio de Pereira entre el 1 enero de 2009 al 31 de enero de 2016 con sus
respectivas interrupciones mediante los siguientes contratos y con los objetos que
allí se relacionan:

CONTRATO PLAZO DE TIEMPO OBJETO DEL CONTRATO
EJECUCIÓN
Contrato 251- fl. 12 meses 1 ene 2009-31 Prestar servicios de portería en el establecimiento
13 dic 2009 educativo Deogracia Cardona
Contrato 262- 4 meses 29 jun 2011-29 Prestar servicios de consejería/vigilancia en el
fl.15 oct 2011 establecimiento educativo Gabriel Trujillo
Contrato 2 meses 1 nov 2011-31 Prestar servicios de consejería/vigilancia en el
adicional 1-262 dic 2011 establecimiento educativo Gabriel Trujillo
de 2011- fl. 17
Contrato 2 meses 1 ene 2012-29 Prestar servicios de consejería/vigilancia en el
adicional 262 de feb 2012 establecimiento educativo Gabriel Trujillo
2012- fl. 20
Contrato No. 1 mes 5 jul 2013- 5 Prestación de servicios para realizar actividades de
11101039- flo.22 ago 2013 apoyo operativo y asistencial en uno de los
establecimientos educativos…/servicios generales
CLAUSULA SEGUNDA: Alcance del objeto: el
contratista apoyará al Establecimiento
educativo… 1. En las reparaciones locativas
menores de la institución.
Contrato No. 1 mes 16 ago 2013- Igual al anterior
11101683-fl. 21 15 sept 2013
Contrato No. 2 meses 13 sept 2013- Igual al anterior
11101760- fl. 23 13 nov 2013
Contrato 12 días 13 nov 2013- Igual al anterior
adicional al 25 nov 2013
11101760- fl. 24
Contrato No. 4 meses 17 ene 2014- Igual al anterior
1100335- fl. 25 18 may 2014
Contrato 2 meses 7 jul 2014- 6 Igual al anterior
No.11101009- sept 2014
fl.26
Contrato No. 2 meses y 23 8 sept 2014-1 Igual al anterior
11102012- fl. 27 días dic 2014

3 Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección “A”. Magistrado Ponente Alfonso Vargas Rincón.

Sentencia del 2 de mayo de 2013, Radicación 05001233100020040374201
4 Sentencia del H. Consejo de Estado en sentencia del 17 de abril de 2008 Exp. 2000 -00020 (2776 – 05) M.

P. Jaime Moreno García.

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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00704-01 (2041-2020)

Contrato No. 3 meses 3 feb 2015- 3 Prestar servicios de apoyo a la gestión para realizar
11100655-fl. 28. abril 2015 actividades operativas/ vigilancia en uno de los
establecimientos educativos del municipio de Pereira.
CLAUSULA SEGUNDA: Alcance del objeto:
Controlar el ingreso del personal autorizado
Contrato No. 1 mes 22 may 2015- Igual al anterior
11101292-fl. 29 21 jun 2015
Contrato No. 6 meses y 7 25 jun 2015- 31 Igual al anterior
11101564- fl.30 días dic 2015
Contrato No. 1 mes 1 ene 2016- 31 Igual al anterior
000249- fl.31 ene 2016

Contrario a lo afirmado por el demandante, dentro del plenario no se observan
prestaciones del servicio a través de empresas temporales, afirmación que tampoco
fue objeto de debate dentro del litigio, pues el actor durante todo el proceso se refirió
únicamente a su prestación directamente al servicio del municipio.

Pretende demostrar este hecho en el recurso de apelación anexando un documento,
pero este no será valorado pues no es el momento procesal oportuno para aportar
pruebas, ni pretender demostrar hechos que ni si quiera fueron expuestos en la
demanda y que la entidad nunca tuvo oportunidad de controvertir.

Además, no fue solicitado bajo ninguna de las causales consagradas en el artículo
212 del C.P.A.C.A para resolverlo como una solicitud pruebas en segunda instancia.

Ahora, frente a los periodos del 1 de marzo de 2012 al 4 de julio de 2013, considera
el demandante que este tiempo debe tenerse en cuenta por cuanto el testimonio del
señor Luis Fernando Granada Velarde da fe de la prestación en esa época.

Considera la Sala que el testimonio del señor Granada no tiene la fuerza suficiente
para ser la única prueba que demuestre la prestación del servicio en dichos
periodos, pues este no refiere de manera precisa los extremos temporales en que
estuvo vinculado el demandante a la entidad, ni aporta mayores detalles de los
periodos de la relación, por lo que no se podrían tener como probados los mismos
con esta sola declaración.

A partir de los contratos aportados, la Sala se ocupará de realizar el análisis de los
tres elementos que configuran una relación laboral, es decir, se realizará el estudio
de la prestación personal, la remuneración como contraprestación y la
subordinación.

En cuanto a la prestación personal es claro que el accionante fue contratado a
través de contratos de prestación de servicios con el objeto de que realizara labores
de asistencia general y vigilancia en varias instituciones educativas del Municipio de
Pereira y es evidente que a partir de la naturaleza de las actividades que le fueron
encomendadas y por la ejecución de estas, eran realizadas de manera personal por
el accionante.

Esto se evidencia también del alcance de cada uno de los contratos aportados, pues
allí se le exigía, entre otras cosas, controlar el ingreso del personal autorizado,
comunicar al supervisor las inconsistencias y anomalías relacionadas con los
asuntos, elementos o situaciones operativas que se presenten en desarrollo de sus
actividades, realizar reparaciones locativas, etc.

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Del mismo modo, se tiene constancia de la remuneración, pues el demandante
recibía mensualmente el valor pactado en cada contrato como contraprestación del
servicio prestado. Es decir, que no hay duda de la prestación personal y la
remuneración.

Teniendo en cuenta que las labores que ejecutó el actor durante toda la relación
fueron de vigilancia y asistencia general; se tiene que, frente a ambas, se presentan
unas particularidades referentes a la naturaleza de las actividades desempeñadas,
pues de las mismas no se puede predicar ningún tipo de autonomía, debido a que
de las funciones fijadas en los contratos se evidencia que el accionante debía
permanecer al servicio de la entidad de manera continua.

Lo anterior encuentra sustento también en las declaraciones de los señores Arrison
Silva Echavarría y Luis Fernando Granada Velarde, que fueron coincidentes y
consistentes en afirmar que el demandante prestaba los servicios de vigilancia y
conserjería bajo cumplimiento estricto de horarios e indicaciones dadas por los
rectores de cada una de las instituciones educativas en las que prestó el servicio.

La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha referido a estos asuntos de la
siguiente manera:

«Advierte la Sala que si una persona presta servicios como vigilante - celador
resulta inadmisible afirmar que realiza actividades temporales e independientes,
siendo que la labor contratada por la entidad exige que se brinde el servicio de
seguridad en forma permanente para poder funcionar con total tranquilidad.

Carecería de cualquier lógica que los servicios de vigilancia se prestaran
ocasionalmente, siendo que la seguridad de la entidad puede verse afectada en
cualquier momento, lo que exige la presencia continua de una persona que
ofrezca y garantice la guarda de la misma.

Lo anterior permite concluir que, para cumplir con las labores de vigilancia, la
persona contratada para tal fin, debe atender y obedecer las órdenes de sus
superiores, a quienes les corresponde determinar en qué forma, horario y
dependencia se debe prestar el servicio, es decir, que el elemento de la
subordinación es indispensable para que se pueda desarrollar tal servicio».5

Frente a las labores de servicios generales, el Consejo de Estado también ha
afirmado que no es posible que las mismas se cumplan de forma liberal:

«56. Ahora bien, en cuanto al requisito correspondiente a la “subordinación
continuada y dependencia del trabajador”, esta se afirma por sí misma, en el
objeto y las funciones transcritas de los contratos, como de otras especificidades
determinadas en los mismos, atiéndase a que se escriben como obligaciones,
actividades de auxiliar de servicios generales, cuya naturaleza no es posible
cumplir de forma liberal, con elementos propios y sin atención a horarios y
órdenes superiores»6. (Negrillas de la Sala)

Así, partiendo de las tesis jurisprudenciales planteadas por esta Corporación y de
los testimonios recaudados en la audiencia de pruebas, se concluye que en razón
del caso bajo estudio y de las características de las actividades realizadas por el
accionante durante la ejecución de los contratos, se puede establecer que se trata

5 Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección “A”. Magistrado Ponente Alfonso Vargas Rincón.

Sentencia del 2 de mayo de 2013, Radicación 05001233100020040374201.
6 Consejo de Estado SUBSECCIÓN B. Consejero ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, 26 de agosto

de 2021. Radicación número: 66001-23-33-000-2015-00154-01(3841-17)

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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00704-01 (2041-2020)

de una relación subordinada y dependiente.

De lo mencionado y de acuerdo al material probatorio aportado al proceso, la Sala
evidencia la presencia de los elementos constitutivos de una relación laboral, por lo
que se confirmará la sentencia de primera instancia en este sentido.

Prescripción

Respecto a la prescripción extintiva del derecho que se está reclamando hay que
tener en cuenta que este fenómeno cuenta con un análisis normativo y
jurisprudencial propios, por lo que es necesario realizar la respectiva revisión del
tema. En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica en
señalar que, para estudiar la prescripción de derechos laborales en el orden
administrativo, resulta aplicable el Decreto N°3135 de 1968, el cual estableció, en
su artículo 41, lo siguiente:

«Artículo 41.- Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este
Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación
se haya hecho exigible.»

Luego, mediante el Decreto 1848 de 1969, en su artículo 102, se precisó el lapso
de prescripción de acciones de la siguiente manera:

«Artículo 102.- Prescripción de acciones. Las acciones que emanan de los
derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben
en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se
haya hecho exigible.»

Ahora la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 9 de
septiembre de 2021 unificó la jurisprudencia en materia de relación laboral
encubierta en consideración al termino de interrupción de los contratos estatales de
servicio, sobre esto indico:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual
debe computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones
contractuales consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con
el fin de establecer si se presentó o no la solución de continuidad en la relación
laboral declarada. En ese sentido, la Sala considera adecuado establecer un
periodo de treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no
solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de
servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez
contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que
obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura del
vínculo que se reputa laboral. »

De lo anterior tenemos que, el término para la presentación de la acción que busque
el reconocimiento de una relación laboral es de 3 años a partir de la terminación del
vínculo contractual existente entre las dos partes, es decir, que el fenómeno de
prescripción extintiva se aplica cuando las reclamaciones son realizadas 3 años
posteriores a la terminación del vínculo.

Si bien los contratos que se aportaron estipulan que el plazo de ejecución comienza

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a partir del acta de inicio, hay que tener en cuenta que dentro del material probatorio
no hay constancia de todas estas actas, por lo que se tomará para el estudio de los
tiempos laborados por el accionante las fechas en las que fueron suscritos los
contratos de prestación de servicios de la siguiente manera:

CONTRATO PLAZO DE TIEMPO INTERRUPCIÓN PRESCRIPCIÓN
EJECUCIÓN
Contrato 251- fl. 13 12 meses 1 ene 2009-31 1 año y 6 meses Prescrito
dic 2009
Contrato 262- fl.15 4 meses 29 jun 2011-29 Sin interrupción Prescrito
oct 2011
Contrato adicional 1- 2 meses 29 oct 2011-29 1 año y 7 meses Prescrito
262 de 2011- fl. 17 dic 2011

Contrato adicional 2 meses 1 ene 2012-29 1 año 4 meses Prescrito
262 de 2012- fl. 20 feb 2012
Contrato No. 1 mes 5 jul 2013- 5 7 días No prescrito
11101039- flo.22 ago 2013
Contrato No. 1 mes 16 ago 2013- Sin interrupción No prescrito
11101683-fl. 21 15 sept 2013
Contrato No. 2 meses 13 sept 2013- Sin interrupción No prescrito
11101760- fl. 23 13 nov 2013
Contrato adicional al 12 días 13 nov 2013- 35 días No prescrito
11101760- fl. 24 25 nov 2013
Contrato No. 4 meses 17 ene 2014- 32 días No prescrito
1100335- fl. 25 18 may 2014
Contrato 2 meses 7 jul 2014- 6 2 días No prescrito
No.11101009- fl.26 sept 2014
Contrato No. 2 meses y 23 8 sept 2014-1 43 días No prescrito
11102012- fl. 27 días dic 2014
Contrato No. 3 meses 3 feb 2015- 3 33 días No prescrito
11100655-fl. 28 abril 2015
Contrato No. 1 mes 22 may 2015- 4 días No prescrito
11101292-fl. 29 21 jun 2015
Contrato No. 6 meses y 7 25 jun 2015- Sin interrupción No prescrito
11101564- fl.30 días 31 dic 2015
Contrato No. 000249- 1 mes 1 ene 2016- 31 Fin de la relación No prescrito
fl.31 ene 2016

A partir de lo anterior, la Sala encuentra que durante el extremo temporal del 29 de
febrero de 2012 al 4 de julio de 2013 se presentó una interrupción en la prestación
del servicio por un 1 año y 4 meses; termino suficientemente amplio para que se
presente la terminación del vínculo, por lo que si se toma la fecha de reclamación,
12 de julio de 2017 y la fecha de terminación, 29 de febrero de 2012, pasaron más
de 3 años; lo que da lugar a la prescripción de los periodos anteriores al 29 de
febrero de 2012 tal y como lo decidió el Tribunal. Por lo que se confirmará también
este punto de la sentencia.

Continuando con los demás periodos, esto es, del 5 de julio de 2013 al 31 de enero
de 2016, si bien se presentó una interrupción de hasta 43 días, para esta Sala de
decisión, este lapso no se considera suficiente para declarar una interrupción total
en la prestación del servicio.

Esto pues si se considera la sentencia de unificación citada en la que se estableció
un periodo de 30 días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad, sin ser una camisa de fuerza para el juez, pues será este quien
determine si se presentó o no la rotura del vínculo; se puede establecer que la
relación que llevaron a cabo las partes se dio de manera continua durante los

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periodos mencionados; y no como decidió el Tribunal, el 8 de septiembre de 2014;
por lo que se modificará el numeral 3 de la sentencia en este sentido.
Estableciéndose, además, que el Juez de instancia, no tuvo en cuenta los periodos
de los años 2013 sin dar ninguna explicación al respecto.

Restablecimiento del derecho.

Se reconocerá el valor por conceptos de prestaciones sociales a que haya lugar,
durante los periodos comprendidos entre el 5 de julio de 2013 al 25 de noviembre
de 2013; del 17 de enero de 2014 al 18 de mayo de 2014; del 7 de julio de 2014 al
1 de diciembre de 2014, del 3 de febrero de 2015 al 3 de abril de 2015, del 22 de
mayo de 2015 al 21 de junio de 2015 y del 25 de junio de 2015 al 31 de enero de
2016.

Compensación en dinero por la dotación de vestido y calzado

Teniendo en cuenta que la sala modificará la sentencia en relación a los periodos
de prestación del servicio, resulta pertinente realizar la modificación en relación al
momento a partir del cual tiene derecho a dicha compensación; esto es, el 5 de julio
de 2013 y no el 8 de septiembre de 2014, ordenando entonces a la entidad, a
reconocer y pagar al demandante el valor que corresponda por concepto de las
dotaciones dejadas de percibir entre el 5° de julio de 2013 y el 31 de enero de 2016,
a las cuales tenga derecho, teniendo en cuenta el valor establecido por el ente
territorial en cada vigencia fiscal al momento de la adquisición de la dotación de los
empleados que cumplen con los requisitos establecidos en el Decreto 1978 de 1989,
y la jurisprudencia de esta Corporación7.

Aportes a pensión.

Revisada la parte resolutiva de la sentencia, se encuentra una incongruencia en el
sentido de que se ordenó realizar los aportes para pensión excluyendo los
periodos prescritos, pero en la parte motiva del fallo se indicó que dichos aportes no
prescribían; por lo tanto, se debe aclarar que las cotizaciones a pensión se deben
realizar por la totalidad del tiempo en que se encontró demostrada la prestación del
servicio y no habrá prescripción frente a estos aportes. Por lo que se modificará el
numeral cuarto y se reconocerán los aportes a pensión por todos los periodos
efectivamente laborados bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios,
esto es, desde el 1 de enero de 2009 al 31 de enero de 2016.

Sanción moratoria.

La jurisprudencia de esta Sección ha sido clara en señalar que la sentencia en
materia de contrato realidad es constitutiva, y en ese entendido, es a partir de ella

7 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B. Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS. 15 de julio de 2021. Radicación número:
66001-23-33-000-2016-00951-01(0741-14)

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00704-01 (2041-2020)

que nacen los derechos laborales exigidos en el proceso.

Así las cosas, no es posible ordenar el pago de la sanción moratoria por la no
consignación de las cesantías, porque la demandada no ha incurrido en mora en
tanto que, es a partir de la ejecutoria de la sentencia que declara la existencia de un
contrato realidad que surge para la entidad la obligación de pagar las prestaciones
sociales en los términos señalados en el CPACA y demás normas concordantes.

Por lo que se confirmará la sentencia en este punto.

Recapitulando, se modificarán los numerales 3, 4 y 6 de la sentencia de primera
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 22 de noviembre
de 2019.

De la condena en costas en segunda instancia

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obro con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la reciente normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art. 188 de la Ley
1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa de los fundamentos
de la parte vencida y de su oposición que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costa. Contrario a ello, ambas
partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de
sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta
instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. MODIFICAR los numerales 3, 4 y 6 de la sentencia proferida el 22 de
noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Risaralda la cual quedara así:

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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00704-01 (2041-2020)

«3. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, SE CONDENA al Municipio de Pereira a
reconocer y pagar el valor por conceptos de prestaciones sociales a que
haya lugar, durante los periodos entre el 5 de julio de 2013 al 25 de
noviembre de 2013; del 17 de enero de 2014 al 18 de mayo de 2014; del
7 de julio de 2014 al 1 de diciembre de 2014; del 3 de febrero de 2015 al 3
de abril de 2015; del 22 de mayo de 2015 al 21 de junio de 2015 y del 25
de junio de 2015 al 31 de enero de 2016.

4. El Municipio de Pereira deberá tener en cuenta los honorarios pactados
en todos los contratos celebrados y calcular el Ingreso Base de Cotización
(IBC) pensional del actor, mes a mes, a fin de establecer si existe
diferencia entre los aportes realizados por aquel como contratista y los que
se debieron efectuar, caso en el cual, SE ORDENA cotizar al respectivo
fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión,
pero solo en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador
al municipio, de la totalidad de todos los periodos laborados bajo la
modalidad de contrato de prestación de servicios a partir del 1 de enero
de 2009.

Para tales efectos, la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad
de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la
carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le
incumbía como trabajador, de acuerdo con las consideraciones de esta
providencia.

6. SE CONDENA a la entidad demandada a reconocer y pagar al
demandante el valor que corresponda por concepto de las dotaciones
dejadas de percibir entre el 5° de julio de 2013 y el 31 de enero de 2016,
a las cuales tenga derecho, teniendo en cuenta el valor establecido por el
ente territorial en cada vigencia fiscal al momento de la adquisición de la
dotación de los empleados que cumplen con los requisitos establecidos en
el Decreto 1978 de 1989, conforme quedó expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda del 22 de noviembre de 2019.

Tercero. RECONOCER personería a la doctora Martha Lucia Bedoya Marín,
portadora de la tarjeta profesional 143.197 del Consejo Superior de la Judicatura,
en calidad de apoderada sustituta del demandante conforme al poder que le fue
otorgado mediante memorial visible en el índice 21 de la plataforma SAMAI.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las respectivas
anotaciones en el portal SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00704-01 (2041-2020)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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