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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2015-00154-01

Contrato realidad

Fecha
26 de agosto de 2021
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2015-00154-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA CONFIRMAR CON MODIFICACIÓN la sentencia del 17 de noviembre de 2016, dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, sala segunda de decisión, que accedió las pretensiones de la demanda incoada por Elsa Tulia Sanz Aguirre contra el municipio de Pereira, para el reconocimiento de una relación laboral, a EXCEPCIÓN del NUMERAL 9° en cuanto a la condena en costas a la parte vencida, así como los NUMERALES 1°, 3° y 4° QUE SE MODIFICAN, de acuerdo a la parte motiva de la providencia, y quedan así:: “1. Se declara probada la excepción de prescripción extintiva del derecho formulado por el Municipio de Pereira, conforme lo indicado en la parte motiva”. “3. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA al municipio de Pereira a reconocer a la demandante Elsa Tulia Sanz Aguirre las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho, tomando como base los honorarios contractuales derivados de los contratos de prestación de servicios correspondientes a los periodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, entre el 24 de enero de 2011 y el 6 de septiembre de 2014, por prescripción trienal, conforme lo expuesto en esta providencia, considerando para el efecto los periodos contractuales efectivamente servidos.” “4. Ordenar a la demandada que al momento de pagarle a la señora Elsa Tulia Sanz Aguirre, deduzca los porcentajes que procedan con destino al sistema de salud y pensión, respectivamente, en caso de que el valor pagado por ésta en virtud de los contratos hubiese sido menor”. Por la Secretaría de la Sección Segunda, regresar el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2015-00154-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

26 de agosto de 2021

CONTRATO REALIDAD / RELACIÓN LABORAL – Elementos / PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS – Configuración / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES – Subordinación acreditada / RECONOCIMIENTO DEL CONTRATO REALIDAD – Procedencia

Quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda configurar un contrato de trabajo. (…). Probados resultan los elementos de una verdadera relación laboral atendiendo a los principios de la sana crítica, al revisar el acervo probatorio obrante, siendo incuestionable que existió el ánimo permanente de contratar a la actora por parte de la entidad accionada, al reflejarse la continuada y atemporal contratación descrita, y en consideración a que las funciones desarrolladas fueron ejecutadas de forma subordinada, bajo las órdenes de superiores en el desarrollo y ejecución de los contratos, encontrándose adecuadas a la naturaleza y objeto de aquellos. Entonces, constato el objeto, su alcance y las obligaciones contractuales, se aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria dependencia y subordinación, aunado a que la labor fue de auxiliar (ASEADORA), por lo que la Sala al realizar una valoración bajo las reglas de la sana critica de la pruebas allegadas al proceso, encuentra que es posible determinar la existencia de una relación laboral, siendo incuestionable el ánimo de la entidad contratante de emplear de modo permanente y continuo los servicios de la actora en consideración a la continuidad de la relación y poner de presente que dentro del acervo probatorio obrante es posible establecer que se configuró el elemento de la subordinación y continua dependencia. NOTA DE RELATORIA: Referente a los elementos constitutivos de la relación laboral, ver: C. de E, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, radicación: 0088-15.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 53 / CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO – ARTÍCULO 23 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 32 / DECRETO 3135 DE 1968 – ARTÍCULO 41 / DECRETO 1848 DE 1969 – ARTÍCULO 102 / DECRETO 1045 DE 1978 – ARTÍCULO 10

RECONOCIMIENTO DEL CONTRATO REALIDAD / PRESCRIPCIÓN TRIENAL – Configuración parcial

Al verificarse que la solicitud del reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 10 de septiembre de 2014 , con lo cual el actor interrumpió por el término de 3 años la prescripción extintiva de los derechos prestacionales, al revisar periodos contractuales reseñados en el cuadro anterior, se observa que entre los contratos reseñados en los ítems 28 (03/12/2010) y 29 (24/01/2011) transcurrieron 1 mes y 21 días lo que determinó la solución de continuidad, sin observarse reclamación del actor a la finalización de la referida vinculación, lo que conlleva a establecer la prescripción del pago de la indemnización equivalente a las prestaciones sociales respecto de los contratos referenciados entre los ítems 1 al 28 del citado cuadro, por no haber sido reclamados dentro del término de los 3 años que la ley permite, siempre teniendo en cuenta que se deberán liquidar excluyendo las respetivas interrupciones entre periodos contractuales, de tal manera que a la entidad no le corresponderá realizar el pago de los emolumentos prestacionales que se encuentran por fuera de este término, y solo se podrá reclamar lo correspondiente a los periodos en respecto de los contratos señalados en los ítems 29 al 42. Por tanto, se declara probada la excepción de prescripción y en consecuencia se modificará el numeral primero “1°” y tercero “3°” de la sentencia.

CONTRATO REALIDAD – Reconocimiento / DEVOLUCIÓN AL CONTRATISTA DE LAS SUMAS PAGADAS EN EXCESO POR APORTES A SALUD Y PENSIÓN – Improcedencia

Observa la Sala que el a quo, al proferir la sentencia de primera instancia, ordenó a la “demandada pagar en favor de la demandante los porcentajes de cotización correspondientes a pensión y salud que debió trasladar a los Fondos respectivos, durante el periodo acreditado en que prestó sus servicios. En su defecto, la entidad efectuará las cotizaciones a que haya lugar, conforme se expuso en la parte motiva de esta providencia”, Por tanto, se modificará el numeral cuarto “4.” que da la orden de pagar a la actora los porcentajes de cotización correspondientes a pensión y salud, en cuanto a que esta determinación no es acertada, ya que los aportes a salud y pensión por su naturaleza parafiscal, a pesar de que se haya declarado a su favor la existencia del contrato realidad, estos dineros son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico y no constituyen un crédito a favor de la interesada, “lo que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos pretenda el actor ejercer” . Lo que en cambio se ordenará es que del valor que se le reconozca y cancele a la demandante, se deduzca lo pertinente para ser remitido al sistema de salud y pensión, respectivamente.

CONDENA EN COSTAS – Criterio subjetivo / CONDENA EN COSTAS – Improcedencia

La jurisprudencia de la Sala en materia de costas procesales, ha precisado que el artículo 188 del CPACA entrega al juez la facultad de disponer sobre su condena, la cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del CGP; descartándose así una apreciación objetiva que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas. En el caso, la Sala haciendo un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, echa de menos alguna evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la parte demandada, quien dentro de sus facultades hizo uso de su derecho de contradicción y defensa. Por ello, esta sentencia se abstendrá de condenar al vencido.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 66001-23-33-000-2015-00154-01(3841-17)

Actor: ELSA TULIA SANZ AGUIRRE

Demandado: MUNICIPIO DE PEREIRA (RISARALDA)

Teniendo en cuenta que no existen irregularidades, vulneración a las garantías de las partes, ni nulidades procesales, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia del 17 de noviembre de 2016, dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, sala segunda de decisión, que accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Pretensiones

1. La señora Elsa Tulia Sanz Aguirre con la representación exigida por la ley y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presenta demanda con la finalidad de obtener la nulidad del Oficio No. 28934 del 17 de septiembre de 2014, mediante el cual la secretaría de educación del municipio de Pereira - Risaralda negó el reconocimiento y pago de los derechos laborales solicitados por haber laborado en la entidad.

2. A título de restablecimiento del derecho solicita que se declare la existencia de una relación laboral con la demandada, dentro del período comprendido entre el 1 de marzo de 2004 y el 6 de septiembre de 2014, se condene al pago de la totalidad de salarios y prestaciones sociales durante los periodos que se declaren probados; al pago de los aportes en seguridad social; al pago de las diferencias salariales y prestacionales conforme al valor pactado en los contratos y sobre el valor que devenguen las personas nombradas que realicen las mismas funciones, sumas que pidió ser indexadas; el pago del trabajo suplementario; se declare el tiempo laborado para efectos pensionales; al pago de la sanción moratoria y se condene en costas.

Hechos

3. Para una mejor comprensión del asunto, a continuación la Sala ilustra la situación fáctica expuesta por la accionante en la demanda.

3.1. Sostiene que laboró como auxiliar de servicios en diferentes instituciones educativas del municipio de Pereira, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2004 y el 6 de septiembre de 2014.

3.2. Indica que durante tal periodo estuvo bajo la continua dependencia y subordinación de la secretaría de educación del municipio de Pereira y aclara que
para los años 2010 y 2014 estuvo subcontratada a través de la empresa de servicios Servirtemporales, de la cual percibió el salario y las prestaciones de ley, pero su labor la continuó desarrollando en bajo las órdenes del municipio.

3.3. Manifiesta que sus jefes inmediatos fueron los rectores de las instituciones educativas donde desempeñó las funciones de auxiliar de servicios, quienes en algunos planteles educativos establecían a través de actos administrativos el horario a cumplir por parte del personal administrativo, servicios generales y celaduría, como fue el caso, del rector del Colegio Jorge Eliecer Gaitán, quien mediante la Resolución No. 002 del 16 de febrero de 2009 estableció los horarios de trabajo en jornadas de 6:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 6:00 pm a 8:00 p.m.

3.4. Reseña que, durante su vinculación con el municipio de Pereira a través de los contratos de prestación de servicios, nunca le fueron reconocidos las prestaciones sociales, a las cuales tenía derecho, tales como, prima de servicios, prima de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, dominicales y festivos, horas extras, así como tampoco le reconocieron lo correspondiente al pago de seguridad social (salud, pensión, ARL), ni la afiliaron a caja de compensación familiar.

3.5. Señala que la secretaría de educación del municipio de Pereira a través del Oficio No. 28934 del 17 de septiembre de 2014 negó la solicitud de la relación laboral al considerar que “prestó sus servicios como contratista y realizó actividades de apoyo en diferentes instituciones Educativas de la Secretaría de Educación Municipal de Pereira fue vinculado por contrato de prestación de servicios y según lo contemplado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 3°, no tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales (primas, cesantías, vacaciones, horas extras, recargos nocturnos y todo aquello que constituye factor salarial) igualmente a salud, pensión y ARP”. (acto acusado)

Normas vulneradas y concepto de violación

4. La parte demandante cimenta sus pretensiones en los artículos 2, 4, 6, 13, 25, 28, 53, 90, 209 y 300 numeral 7 de la Constitución Política;1, 5, 6 y 8 del Decreto 3135 de 1968; Decreto 1848 de 1969; 20 de la Ley 100 de 1993; Decreto 1295 de 1994; Ley 21 de 1982; Ley 50 de 1990; y 23, 35 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

5. Alega que al acto administrativo acusado desconoce los derechos de la actora, por cuanto las labores para las cuales se le contrató encuadran de manera clara en una relación de naturaleza legal y reglamentaria donde de manera evidente se demuestran los elementos constitutivos del contrato de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

6. Reseña que igualmente que dicho acto contraviene el principio de igualdad, pues a situaciones idénticas se le da un trato diferente y como consecuencia a esto también le están vulnerando el derecho al trabajo, los derechos adquiridos y el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, establecido en el artículo 53 del ordenamiento superior.

7. Manifiesta que desarrolló y cumplió las mismas funciones de los empleados de planta del municipio de Pereira, las cuales están establecidas para estos últimos en los decretos No. 1127, 1128, 1129 y 284 de 2007 y corresponde a:

Responder diariamente por el buen servicio de cafetería a los visitantes de la entidad.
Realizar las labores de aseo diario básico general en las dependencias de la administración para garantizar el orden y buena presentación de las instalaciones.
Responder por el buen uso y conservación de los víveres que se le suministren, así como el equipo de trabajo para racionalizar su uso.
Informar al superior inmediato y en forma oportuna sobre los requerimientos de los elementos de aseo y cafetería y sobre los daños que se presente en los equipos bajo su responsabilidad.
Desempeñar las demás funciones encomendadas por el jefe de cada dependencia que sean propias del ejercicio de su cargo.

8. Sostiene que la autonomía e independencia del contratista constituye el elemento esencial de los contratos de prestación servicios celebrados entre la actora y el municipio de Pereira, situación que no se predica en el presente caso, en razón a que la señora Elsa Tulia Sanz Aguirre prestó sus servicios como auxiliar de servicios generales, para lo cual no requería de conocimientos técnicos o especializados, y a su vez, tenía que cumplir con horario de trabajo, por lo que se desvirtúa dicho elemento del contrato de prestación de servicios, pues las labores desempeñadas las ejecutó bajo las órdenes y subordinación de los jefes inmediatos, argumento que apoya en lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-154 de 1997.

9. Indica que está demostrado los tres elementos propios de la relación laboral con el municipio de Pereira, pues con los contratos de prestación de servicios firmados por las partes, las actividades ejecutadas y en cumplimiento de horarios entre otros, se evidencia el cumplimiento de los requisitos de la actividad personal del servicio, la subordinación y la retribución del mismo, lo que permite concluir la existencia de una relación eminentemente laboral.

10. Reitera que el municipio de Pereira ha pretendido encubrir la verdadera relación laboral a través de la vinculación de sus trabajadores por intermedio de organismos cooperativos, constituyendo una flagrante violación de los normas reseñadas como violadas, toda vez que con ellas se introdujo el principio de la “primacía de la realidad sobre las formalidades” establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, a partir de la cual se permite advertir que detrás de la contratación de servicios y de la vinculación de la actora a través de una entidad cooperativa, subyace una relación laboral que es ocultada para desconocer de esta manera los derechos laborales de la accionante.

Contestación de la demanda

11. La parte demandada, se opone a las pretensiones de la demanda al señalar que el acto administrativo acusado fue expedido en derecho al estimar que la actora no tuvo en ningún momento relación laboral con la entidad accionada, por lo que no se vulneró derecho laboral alguno.

12. Informa que el municipio de Pereira suscribió contratos de prestación de servicios con la accionada de acuerdo con lo dispuesto en la ley para tal efecto, su ejecución tuvo lugar en condiciones justas con la respectiva remuneración por los servicios prestados y en ningún momento contraviniendo sus derechos fundamentales.

13. Señala que los contratos celebrados se rigieron por lo ordenado en el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y reitera que conforme a lo dispuesto por los precedentes de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, no puede confundirse los efectos de un contrato de prestación de servicios con los que se generan del estatus de empleado público, sujeto a un régimen legal prestablecido, en tanto que el empleo público no surge de cualquier modo ni de una relación contractual, y que el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades no puede desconocer los elementos esenciales exigidos para que un particular acceda a la función pública. Resalta la diferencia entre el contrato de prestación de servicios y la relación laboral, la cual se fundamenta en el elemento de subordinación.

14. Expresa que la accionante no arrimó al proceso prueba alguna que configure el elemento de subordinación, teniendo en cuenta que solo aportó contratos u ordenes de servicios, que solo le permite acreditar que tuvo una contratación bajo tal modalidad, que recibía una remuneración mensual, pero de ninguna manera la subordinación ejercida por la entidad y alegada por la actora para configurar la relación laboral pretendida.

15. Insiste que el hecho que la presencia de la actora en su sitio de trabajo en un tiempo determinado, corresponde a la necesidad del servicio para la cual fue contratada, más no puede predicarse que por ello se configura la existencia de un contrato laboral como tal, por lo cual es importante no olvidar que el objeto del contrato correspondía a labores de aseo en los centros educativos los cuales debían ejecutarse dentro del horario establecidos por las instituciones educativas, es decir, en el mismo horario en que se desarrollaba la jornada educativa, lo que no quiere significar que se le esté imponiendo a la actora un horario de trabajo específico, sino que es determinado por su propia labor.

16. Manifiesta que como lo que se pretende es la declaratoria de la relación laboral y el consecuente reconocimiento de prestaciones sociales por parte del municipio de Pereira, es importante precisar que en algunos de los periodos reclamados ha operado el fenómeno trienal de prescripción, por haber superado el término de los 3 años, para demandar, lo que daría lugar a que se declarar la prescripción de los años 2004 al 2011. Por último, propone las excepciones de prescripción extintiva del derecho a reclamar, cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación, indebida escogencia de la acción y la genérica.

La sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, accedió a las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la parte vencida.

18. Para decidir así fijó como problema jurídico a determinar si: “entre el municipio de Pereira y la señora Elsa Tulia Sanz Aguirre existió una relación laboral, desde el 1° de marzo de 2004 hasta el 6 de septiembre de 2014, que la hace acreedora al pago de salarios y prestaciones sociales, de acuerdo con la labor que desempeñaba, así como el reajuste de lo percibido por tal concepto durante su vinculación a través de la empresa SERVIRTEMPORALES S.A. conforme a lo devengado por el personal de planta de la entidad”.

19. Arrimó a tal conclusión al considerar que se configuran los elementos constitutivos de una verdadera relación laboral entre las partes, pues, en consideración a las pruebas arrimadas al proceso (contratos y la documental), se establece la continuidad de la relación, su remuneración y que fue subordinada por la misma naturaleza de la función (prestar servicios como auxiliar de servicios generales en las diferentes instituciones educativas), labor que no podía ser autónoma, en cuanto evidente resulta la falta de liberalidad en ella.

20. Así las cosas, ordenó el pago del valor correspondiente por concepto de prestaciones sociales en virtud de los contratos suscritos en el tiempo transcurrido entre el 1 de marzo de 2004 y el 6 de septiembre de 2014, y en relación con los suscritos entre el 18 de enero de 2010 y el 31 de julio de 2011 lapso durante el cual estuvo vinculada a través de la Empresa SERVITEMPORALES S.A. estableció la pertinencia de reconocer las diferencias prestacionales entre los valores que se le cancelaron a la actora en virtud de tales contratos y las prestaciones sociales devengadas por el personal que desempeñaba el cargo de auxiliar de servicios generales que hacía parte de la planta de personal del municipio.

21. Indicó que conforme al procedente del Consejo de Estado para el reconocimiento de los aportes a la seguridad que debieron ser asumidos por el presunto contratista, es procedente ordenar el reconocimiento y pago a favor de la parte actora, de los porcentajes de cotizaciones en su debida proporción que debió pagar por concepto de seguridad social. Asimismo, frente a la solicitud de prima de servicios, se abstuvo de su reconocimiento de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-042 del 3 de julio de 2013, que declaró exequible la expresión “del orden nacional” contenida en el artículo 1° del Decreto 1042 de 1978.

22. Reseñó que, con relación a las exigencias de indemnización de las cotizaciones efectuadas a la Caja de Compensación Familiar y el trabajo suplementario, no se observó en el plenario prueba alguna que demuestre tales pretensiones y muchos menos en el caso de la primera el cumplimiento de los requisitos de la Ley 21 de 1982. Finalmente, en cuanto a las costas consideró que concurrieron los presupuestos señalados en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Y así, declara:

«1. Se declara no probada la excepción de prescripción extintiva del derecho formulado por el Municipio de Pereira, conforme a lo indicado en la parte motiva

2. Se declare la nulidad del Oficio 28934 del 17 de septiembre de 2014, por medio del cual el ente territorial accionado niega el reconocimiento de la relación laboral reclamada por la señora Elsa Tulia Sanz Aguirre, así como el pago de prestaciones sociales correspondientes, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

3. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA al municipio de Pereira a reconocer a la demandante Elsa Tulia Sanz Aguirre las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho, tomando como base los honorarios contractuales derivados de los contratos de prestación de servicios correspondientes a los periodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, entre el 1° de marzo de 2004 y el 6 de septiembre de 2014, así como las diferencias en las prestaciones sociales, generadas con ocasión de la prestación del servicio, que no fueron cubiertas por la Empresa de Servicios Temporales conforme lo percibido por el personal de planta, de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.

4. Asimismo, se ordena a la demandada pagar en favor de la demandante los porcentajes de cotización correspondientes a pensión y salud que debió trasladar a los Fondos respectivos, durante el periodo acreditado en que prestó sus servicios. En su defecto, la entidad efectuará las cotizaciones a que haya lugar, conforme se expuso en la parte motiva de esta providencia.

5. El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicio, se debe computar para efectos pensionales.

6. Se condena a la demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que resulten a favor de la demandante según el índice de precios al consumidor de conformidad con el inciso final del artículo 187 del C.P.A.C.A, para lo cual observará lo señalado en la parte motiva de este fallo.

7. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos referidos en el artículo 192 del CPACA. Para lo anterior se enviará la copia respectiva del acta a la Procuraduría Regional, para los efectos del Artículo 75 numeral 12 del Decreto 262 de 2000.

8. Se deniegan las demás súplicas de la demanda.

9. Se condena en costas en esta instancia a la parte demandada vencida. Liquídense por Secretaría.

10. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el remanente de la cuota de gastos si a ello hubiere lugar, y archívese el expediente».

Recurso de apelación

23. La parte demandada, como apelante, recurre la sentencia de primera instancia con el propósito que sea revocada y, en su lugar, se nieguen las pretensiones, insistiendo en que dentro del proceso no se aportó prueba que demostrara una subordinación como tal, pues simplemente se allegaron copias de los contratos de prestación de servicios, los cuales por sí mismos, no prueban ese elemento, sino, como siempre se ha expuesto lo que existió fue una relación de coordinación entre las partes.

24. Indica que la accionada para demostrar la subordinación hace alusión a la Resolución No. 02 del 16 de febrero de 2009, emitida por el Rector de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, pero revisada la situación de la señora Sanz Aguirre, se observa que ella no prestó sus servicios como aseadora en dicha institución, por lo cual no le es aplicable y no puede ser tenida como prueba.

25. Reitera que de acuerdo con el precedente del Consejo de Estado, en tratándose del contrato realidad la carga de la prueba corresponde a la parte actora, que es quien deberá demostrar la concurrencia de los tres elementos constitutivos del contrato laboral, situación que en el concreto caso no se observa, ya que no aportó pruebas que permitieran demostrar la relación laboral y en especial el elemento de subordinación.

26. Alega que los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, se dieron con estricto cumplimiento y apego a la ley, sin que de ellos se pueda predicar relación laboral alguna, y menos aún el consecuente pago de las prestaciones sociales pretendidas.

27. Señala su inconformidad con la decisión del a quo con relación a la inaplicabilidad de la figura de la prescripción extintiva de los derechos la cual debe ser aplicada por el periodo comprendido entre los años 2004 a 2009, en atención a que la relación contractual entre las partes se dio de manera interrumpida entre el 1 de marzo de 2004 y el 31 de diciembre de 2009, vinculándose nuevamente a partir del año 2012, en atención a que durante los años 2010 y 2011 estuvo vinculada con otra empresa, generándose una interrupción de 2 años, lo que rompe la relación de continuidad, situación que hace que no se puedan tener los contratos suscritos como uno solo, sino de manera individual, lo que conlleva a la aplicación de la fenómeno procesal, argumento que apoyo en lo dispuesto por el Consejo de Estado en sentencia del 9 de abril de 2014.

Alegatos en segunda instancia y concepto del Ministerio Público

28. La parte demandada allegó sus alegatos donde reitera los argumentos de la alzada, solicita se revoque la decisión de instancia y se nieguen las pretensiones de la demanda y la parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA FALLAR

Problema Jurídico

29. Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar si ¿en el sub judice se configura la existencia de una relación laboral entre las partes o esta obedeció a lo regulado en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993?

30. Para resolver lo anterior la Sala tendrá en cuenta la normatividad y la jurisprudencia relacionada al contrato realidad y el estudio del caso concreto.

Normativa y jurisprudencia aplicable al caso concreto

31. El numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, posibilita celebrar contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público:

«ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.». (Subrayado fuera del texto original)

32. De tal forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales, la norma exige que solo se celebraran tratándose de estas, cuando no puedan realizarse con el personal de planta o se requieran de conocimientos especializados.

33. De allí, que la consecuencia jurídica lógica, radica en que no se generará una relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social, además de tener un límite temporal, siendo solo posible por el término indispensable para el cumplimiento de la labor contratada.

34. Justamente la Corte Constitucional en sentencia C-154-97, estableció que el ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración no la utilice para ocultar la existencia de una verdadera relación laboral personal subordinada y dependiente. En el mismo sentido, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten fehacientemente los tres elementos propios de una relación de trabajo, como son la prestación personal del servicio, la remuneración y en especial, la subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

35. En este mismo sentido, la sentencia de unificación de la sección segunda de esta Corporación, con ponencia del Consejero Carmelo Perdomo Cuéter, indicó:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales.». (Subraya fuera del texto original).

36. De tal forma, se hace necesario remitir al citado artículo 53 de la Constitución Política que dispone frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades.

«ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.”

37. Por su parte, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, señala los elementos esenciales del contrato de trabajo, de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:

La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.». (Subrayado fuera del texto original)

38. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de servicios.

39. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y dependencia del trabajador y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda configurar un contrato de trabajo.

Caso concreto

40. Es importante recordar, que la discusión del presente asunto se contrae a establecer si en el sub judice se configura la existencia de una relación laboral entre las partes o esta obedeció a lo regulado en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

41. Para resolver, es de advertir que la subsección de forma reiterada ha insistido en la indispensable presencia del contrato en procura de destacar su objeto, temporalidad, funciones y demás aspectos que permitan establecer la existencia de los elementos de una posible relación laboral, lo que implica, que no es viable realizar un análisis de los periodos sobre los cuales estos no obren, de tal forma se hará el estudio estrictamente sobre aquellos que fueron debidamente aportados.

42. Tal exigencia se apuntó por esta subsección cuando manifestó que «el contrato estatal en la modalidad de prestación de servicio, resulta necesario para asuntos como el presente, a fin de determinar su objeto, temporalidad o plazo, pago y forma de pago pactadas por las partes, es decir, aspectos que son de vital importancia en la definición de conflictos jurídicos como el sub examine.».

43. Así las cosas, para la Sala resulta de vital importancia el análisis de los contratos suscritos entre la señora Elsa Tulia Sanz Aguirre y la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, certificados por la directora administrativa de prestación del servicio educativo y administración de plazas docentes del ente territorial el 21 de agosto de 2014 y los que reposan en el plenario, se encuentran aportados en debida forma, no fueron controvertidos, coinciden con la certificación emanada de la convocada y que figuran de la siguiente manera:

Item. No. Contrato
Objeto
Fecha Ini. Fecha Fin. Vr.

Total del Contrato
1
S.N
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
01/03/2004
30/04/2004
$371.653
2
S.N
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
01/05/2004
30/06/2004
$371.653
3
S.N
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
21/07/2004
30/09/2004
$371.653
4
S.N
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
01/10/2004
19/12/2004
$371.653
5
S.N
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
03/02/2005
31/03/2005
$396.032
6
S.N
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
01/04/2005
31/05/2005
$1.010.054
7
S.N
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
01/06/2005
30/06/2005
$505.027
8
S.N
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
18/07/2005
31/08/2005
$757.540
9
S.N
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
01/09/2005
30/09/2005
$505.027
10
S.N
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
03/10/2005
31/10/2005
$488.192
11
S.N
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
01/11/2005
15/12/2005
$757.540
12
438
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
01/02/2006
31/03/2006
$1.010.054
13
440
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
07/04/2006
31/05/2006
$1.010.054
14
441
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
01/06/2006
31/07/2006
$1.010.054
15
439
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
01/08/2006
31/08/2006
$505.027
16
435
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
01/09/2006
15/12/2006
$1.767.595
17
435
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
01/02/2007
28/02/2007
$505.027
18
867
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
01/03/2007
30/04/2007
$1.060556
19
1452
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
02/05/2007
30/06/2007
$1.060556
20
1945
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
03/07/2007
05/07/2007
$53.028
21
2492
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
06/07/2007
30/09/2007
$1.520.130
22
3188
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
01/10/2007
31/10/2007
$530.278
23
3756
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
01/11/2007
30/11/2007
$530.278
24
535
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
21/01/2008
19/02/2008
$565.329
25
1410
Prestar sus servicios de aseo de las instalaciones, muebles y utensilios en la institución educativa asignada o …
05/03/2008
19/12/2008
$5.577.912
26
431
Realizar actividades que garanticen la limpieza y aseo de la planta física del Establecimiento Educativo de …
19/01/2009
18/12/2009
$7.565.500
27
475
Realizar actividades que garanticen la limpieza y aseo de la planta física del Establecimiento Educativo …
01/08/2011
15/12/2011
$3.478.946
28
589
Prestación de servicios para realizar actividades de apoyo, operativo, asistencial en uno de los establecimiento …
16/01/2012
15/03/2012
$1.592.000
29
1051
Prestación de servicios para realizar actividades de apoyo, operativo, asistencial en uno de los establecimiento …
04/04/2012
03/08/2012
$3.184.000
30
1390
Prestación de servicios para realizar actividades de apoyo, operativo, asistencial en uno de los establecimiento …
04/08/2012
18/09/2012
$1.194.000
31
2080
Prestación de servicios para realizar actividades de apoyo, operativo, asistencial en uno de los establecimiento …
19/09/2012
02/11/2012
$1.194.000
32
2766
Prestación de servicios para realizar actividades de apoyo, operativo, asistencial en uno de los establecimiento …
03/11/2012
02/12/2012
$796.000
33
433
Prestación de servicios para realizar actividades de apoyo, operativo, asistencial en uno de los establecimiento …
14/01/2013
13/06/2013
$4.099.400
34
11100847
Prestación de servicios para realizar actividades de apoyo, operativo, asistencial en uno de los establecimiento …
08/07/2013
07/08/2013
$819.880
35
11101334
Prestación de servicios para realizar actividades de apoyo, operativo, asistencial en uno de los establecimiento …
07/08/2013
07/09/2013
$819.880
36
11102011
Prestación de servicios para realizar actividades de apoyo, operativo, asistencial en uno de los establecimiento …
16/09/2013
30/11/2013
$1.639.760
37
11100618
Prestación de servicios para realizar actividades de apoyo, operativo, asistencial en uno de los establecimiento …
13/01/2014
12/05/2014
$3.279.520
38
11101325
Prestación de servicios para realizar actividades de apoyo, operativo, asistencial en uno de los establecimiento …
07/07/2014
06/09/2014
$1.639.760

44. Así las cosas, en los contratos transcritos, se tienen como objetos y obligaciones los siguientes:

44.1. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y SANZ AGUIRRE ELSA TULIA NO. 11102011
“(…)
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Prestación de servicios para realizar actividades de apoyo, operativo, asistencial en uno de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira o donde la Secretaría de Educación Municipal lo requiera. CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: El contratista apoyará al Establecimiento Educativo del Municipio de Pereira, para la adecuada prestación del servicio educativo así: 1. En la organización y control de los espacios locativos de la Institución Educativa. 2. Comunicando al Rector de la Institución Educativa las recomendaciones, sugerencias e inconsistencias de que tenga conocimiento en virtud de la ejecución del objeto contratado. 3. Realizando las actividades objeto del presente contrato en forma proactiva, atendiendo las necesidades del Establecimiento Educativo respectivo. PARAGRAFO: Además de las actividades relacionadas con el objeto del contrato el contratista se compromete a: 1) Entregar el archivo digital y físico en el último informe de actividades y el supervisor le entregará el paz y salvo documental. 2) Archivar la información de acuerdo a la ley 594 de 2000 y a las tablas de retención documental. (…)”

44.2. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y SANZ AGUIRRE ELSA TULIA NO. 11101325
“(…)
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Prestación de servicios para realizar actividades de apoyo, operativo, asistencial en uno de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira o donde la Secretaría de Educación Municipal lo requiera. CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: El contratista en desarrollo del objeto del contrato realizará las siguientes actividades: 1. En la organización y control de los espacios locativos de la Institución Educativa. 2. Comunicando al Rector de la Institución Educativa las recomendaciones, sugerencias e inconsistencias de que tenga conocimiento en virtud de la ejecución del objeto contratado. 3. Realizando las actividades objeto del presente contrato en forma proactiva, atendiendo las necesidades del Establecimiento Educativo respectivo. CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las actividades relacionadas con el objeto del contrato, el contratista se compromete a: 1) Rendir informe mensual dentro de los 5 días calendario siguientes al vencimiento del periodo de las actividades propias del contrato descritas en el alcance y/o concertadas con el supervisor, de conformidad con el cronograma, si el bien o servicio a contratar si lo requiere, sin perjuicio de que sea o no para el trámite de la cuenta. 2) Realizar de forma oportuna los pagos de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) de conformidad con los plazos establecidos en el art. 4° del Decreto 1670 de 2007 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o adicionen, y entregar al supervisor del contrato de inmediato la constancia de pago mediante la planilla única detallada, a fin de verificar el pago tal y como lo estipula el artículo 13 del parágrafo 1° del decreto 0723 de 2013. 3) Cumplir a cabalidad con las obligaciones contenidas en los art. 16 y 18 del Decreto 0723 de 2013, el cual reglamenta la afiliación al SGRL y demás normas que regulen la materia, en especial la práctica del examen médico pre-ocupacional y allegar el respectivo certificado. 4) Entregar el archivo digital y físico en el informe final de actividades, requisito necesario para obtener el paz y salvo documental. 5) Archivar la información que se genere con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo a la Ley 594/00 y a las tablas de retención documental. 6) Mantener actualizada la hoja de vida y declaración de bienes y rentas en el sistema de información y Gestión del empleo público – SIGEP y reportarlo en el último informe de actividades. 7) Cumplir con todas las obligaciones inherentes relacionadas con los procesos mantenimiento y mejoramiento continuo de los sistemas de gestión y control que adelanta el Municipio de Pereira. (…)”

44.3. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y SANZ AGUIRRE ELSA TULIA NO. 11100618
“(…)
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Prestación de servicios para realizar actividades de apoyo, operativo, asistencial en uno de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira o donde la Secretaría de Educación Municipal lo requiera. CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: El contratista en desarrollo del objeto del contrato realizará las siguientes actividades: 1. En la organización y control de los espacios locativos de la Institución Educativa. 2. Comunicando al Rector de la Institución Educativa las recomendaciones, sugerencias e inconsistencias de que tenga conocimiento en virtud de la ejecución del objeto contratado. 3. Realizando las actividades objeto del presente contrato en forma proactiva, atendiendo las necesidades del Establecimiento Educativo respectivo. CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las actividades relacionadas con el objeto del contrato, el contratista se compromete a: 1) Rendir informe mensual dentro de los 5 días calendario siguientes al vencimiento del periodo de las actividades propias del contrato descritas en el alcance y/o concertadas con el supervisor, de conformidad con el cronograma, si el bien o servicio a contratar así lo requiere, sin perjuicio de que sea o no para el trámite de la cuenta. 2) Realizar de forma oportuna los pagos de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) de conformidad con los plazos establecidos en el art. 4° del Decreto 1670 de 2007 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o adicionen, y entregar al supervisor del contrato de inmediato la constancia de pago mediante la planilla única detallada, a fin de verificar el pago tal y como lo estipula el artículo 13 del parágrafo 1° del decreto 0723 de 2013. 3) Cumplir a cabalidad con las obligaciones contenidas en los art. 16 y 18 del Decreto 0723 de 2013, el cual reglamenta la afiliación al SGRL y demás normas que regulen la materia, en especial la práctica del examen médico pre-ocupacional y allegar el respectivo certificado. 4) Entregar el archivo digital y físico en el informe final de actividades, requisito necesario para obtener el paz y salvo documental. 5) Archivar la información que se genere con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo a la Ley 594/00 y a las tablas de retención documental. 6) Mantener actualizada la hoja de vida y declaración de bienes y rentas en el sistema de información y Gestión del empleo público – SIGEP y reportarlo en el último informe de actividades. 7) Cumplir con todas las obligaciones inherentes relacionadas con los procesos mantenimiento y mejoramiento continuo de los sistemas de gestión y control que adelanta el Municipio de Pereira. (…)”

44.4. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y SANZ AGUIRRE ELSA TULIA NO. 0433.

“(…)
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Prestación de servicios para realizar actividades de apoyo, operativo, asistencial en uno de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira o donde la Secretaría de Educación Municipal lo requiera. CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: El contratista apoyará al Establecimiento Educativo del Municipio de Pereira, para la adecuada prestación del servicio educativo así: 1. En la organización y control de los espacios locativos de la Institución Educativa. 2. Comunicando al Rector de la Institución Educativa las recomendaciones, sugerencias e inconsistencias de que tenga conocimiento en virtud de la ejecución del objeto contratado. 3. Realizando las actividades objeto del presente contrato en forma proactiva, atendiendo las necesidades del Establecimiento Educativo respectivo. PARAGRAFO: Además de las actividades relacionadas con el objeto del contrato el contratista se compromete a: 1) Entregar el archivo digital y físico en el último informe de actividades y el supervisor le entregará el paz y salvo documental. 2) Archivar la información de acuerdo a la ley 594 de 2000 y a las tablas de retención documental. (…)”

44.5. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y SANZ AGUIRRE ELSA TULIA NO. 1390.

“(…)
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Prestación de servicios para realizar actividades de apoyo, operativo, asistencial en uno de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira o donde la Secretaría de Educación Municipal lo requiera. CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: El contratista en desarrollo del objeto del contrato realizará las siguientes actividades: 1. En la organización y control de los espacios locativos de la Institución Educativa. 2. Comunicando al Rector de la Institución Educativa las recomendaciones, sugerencias e inconsistencias de que tenga conocimiento en virtud de la ejecución del objeto contratado. 3. Realizando las actividades objeto del presente contrato en forma proactiva, atendiendo las necesidades del Establecimiento Educativo respectivo. (…)”

44.6. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y SANZ AGUIRRE ELSA TULIA NO. 0475.

“(…)
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Prestar los servicios de Auxiliar en el Establecimiento Educativo VILLA SANTANA del Municipio de Pereira, o en el Establecimiento Educativo que la Secretaría de Educación lo requiera, por necesidades del servicio, con el fin de apoyar las actividades de Aseo, mantenimiento, mantenimientos de los proyectos productivos agropecuarios y control de la documentación que constituyen el material bibliográfico y didáctico en los Establecimientos Educativos Oficiales en el Municipio de Pereira. CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto del contrato de prestación de servicios, el contratista realizará las siguientes actividades de acuerdo a la designación del interventor: 1. Limpieza de espacios y áreas de servicios de circulación y recreación (corredores, pasillos, patios, sanitarios, lavamanos, orinales, canchas deportivas) espacios administrativos (oficinas de servicios administrativos, salas de reuniones y de esperas, bodegas o locales para deposito o mantenimiento); y espacios de servicios académicos y escolares (mobiliarios, laboratorios, aulas de clase, bibliotecas, local de servicio didáctico, sala de profesores, sala de computadores, laboratorio y equipos). 2. Clasificar, catalogar, ordenar y suministrar el material bibliográfico que posee el Establecimiento Educativo, orientando a los usuarios sobre su utilización. 3. Llevar el registro de utilización del servicio y el control de los prestamos realizados, e informar al interventor en forma oportuna, sobre las inconsistencias, anomalías relacionadas con los asuntos (Elementos o documentos encomendados). 4. Mantenimiento de espacios y áreas de servicios de circulación y recreación (corredores, pasillos, patios, sanitarios, lavamanos, orinales, canchas deportivas); espacios administrativos (oficinas de servicios administrativos, salas de reuniones y de esperas, bodegas o locales para deposito o mantenimiento); y espacios de servicios académicos y escolares (mobiliarios, laboratorios, aulas de clase, bibliotecas, local de servicio didáctico, sala de profesores, sala de computadores, laboratorio y equipos). 5. Realizar labores agropecuarias y cuidado de animales en el caso de las granjas. (…)”

44.7 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y SANZ AGUIRRE ELSA TULIA NO. 589.

“(…)
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Contratación de 305 operarios con el fin de apoyar las actividades de digitación, expedición y archivo de los documentos oficiales, control de la documentación que constituye el material bibliográfico y didáctico, aseo, mantenimiento, manutención de los proyectos productivos agropecuarios en los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira (VILLA SANTANA) o donde la Secretaría de Educación Municipal lo requiera por necesidad del servicio y/o en la SEM. CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto del contrato de prestación de servicios, el contratista realizará las siguientes actividades según la necesidad del servicio: 1. Limpieza de espacios y áreas de servicios de circulación y recreación (corredores, pasillos, patios, sanitarios, lavamanos, orinales, canchas deportivas); y espacios administrativos (oficinas de servicios administrativos, salas de reuniones y de esperas, bodegas o locales para deposito o mantenimiento); y espacios de servicios académicos y escolares (mobiliarios, laboratorios, aulas de clase, bibliotecas, local de servicio didáctico, sala de profesores, sala de computadores, laboratorio y equipos). (…)”

45. La certificación laboral de la jefe de nómina de la empresa de servicios temporales S.A. “SERVITEMPORALES, del 9 de septiembre de 2014, en la cual se hace constar que:

“El (La) señor (a) SANZ AGUIRRE ELSA TULIA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía N°. 42062527 laboró en nuestra empresa por contrato de obra o labor, como empleado en Misión para la ALCALDIA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN, así:

CARGO
SALARIO BASE
INGRESO
RETIRO
AUX. OPERATIVO
$535.600
25/07/2011
31/07/2011
AUX. OPERATIVO
$535.600
24/01/2011
16/07/2011
AUX. OPERATIVO
$519.621
14/10/2010
03/12/2010
AUX. OPERATIVO
$519.621
18/01/2010
13/10/2010
(…)”.

47. En Certificación expedida por la directora administrativa de prestación del servicio educativo y administración de plazas docentes de la secretaria de educación del municipio de Pereira el 5 de octubre de 2012, en la cual se relacionó la planta de personal administrativo de la secretaría de educación de Pereira, así:

“(…)

CARGO
CODIGO Y GRADO
CANTIDAD
SALARIO 2010
SALARIO 2011
SALARIO 2012
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219-04
5
1.978.059
2.040.763
2.142.802
TECNICO ADMINISTRATIVO
367-05
12
1.380.038
1.423.785
1.494.974
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407-03
4
679.713
706.902
747.902
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407-04
25
736.357
765.811
810.228
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407-05
1
964.579
995.156
1.044.914
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407-06
43
882.142
910.106
955.611
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407-08
34
1.012.030
1.044.111
1.096.317
CONDUCTOR
480-07
6
962.927
993.452
1.043.124
CELADOR
477-02
61
693.070
721.371
763.211
SERVICIOS GENERALES
470-04
86
736.357
765.811
810.228
TOTAL

277

(…)”

48. De conformidad con el acta de audiencia inicial y de alegaciones y juzgamiento del 10 de noviembre de 2016, el Tribunal Administrativo de Risaralda, señaló respecto del decreto de pruebas lo siguiente:

“4. DECRETO DE PRUEBAS

La magistrada sustanciadora dispone tener como prueba, hasta donde la ley lo permita, los documentos aportados por las partes con la demanda y sus contestaciones: así como los antecedentes administrativos allegados al proceso, en cumplimiento de la orden impartida en el auto admisorio de la demanda.

Es así como, al no ser necesario la práctica de pruebas por tratarse de un asunto de puro derecho, se prescinde del periodo probatorio o audiencia de pruebas y se constituye el Tribunal es esta diligencia en audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 del C.P.A.C.A., para lo cual será integrada la Sala de Decisión, a efectos de escuchar a las partes en sus alegaciones de conclusión y anunciar la Sala en sentido de la sentencia, (…)”

49. A través del auto del 26 de agosto de 2020 la Consejera ponente resolvió que por intermedio de la parte demandante solicitar a la Cooperativa Asociado SERVICIOS TEMPORALES EMPACAMOS S.A. – “SERVITEMPORALES” y al municipio de Pereira, para que allegue:

“La totalidad de los contratos que fueran suscritos por esta y la actora ELSA TULIA SANZ AGUIRRE por el periodo del 18 de enero de 2010 al 31 de julio de 2011, lapso en el cual se informa la ocurrencia de la relación con la Temporal.

La totalidad de los contratos que se hayan suscrito entre la referida Cooperativa y el demandado - MUNICIPIO DE PEREIRA, por el periodo del 18 de enero de 2010 al 31 de julio de 2011, lapso en el cual se informa la ocurrencia de la relación con la Temporal.

(…)
La totalidad de los contratos que se hayan ejecutado entre la actora y el demandado - MUNICIPIO DE PEREIRA, por el periodo del 1° de marzo de 2004 al 6 de septiembre de 2014, lapso en el cual se informa la ocurrencia de la relación laboral”.

50. La directora administrativa de talento humano de la alcaldía de Pereira en comunicación No. 22834 del 24 de mayo de 2021, dando respuesta al requerimiento anterior informa que adjunta los contratos de prestación de servicios de la señora Elsa Tulia Sanz Aguirre,

51. De las pruebas relacionadas en el plenario, se observa que i) durante los periodos comprendidos entre el 1 de marzo de 2004 al 18 de diciembre de 2009 y entre el 1 de agosto de 2011 al 6 de septiembre de 2014, la secretaría de educación del municipio de Pereira suscribió treinta y ocho (38) contratos de prestación de servicios con la accionante, de acuerdo con lo reseñando en los numerales 43, 44 (44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44,6 y 44.7) y 50 anteriores; ii) la accionante prestó sus servicios en la empresa de servicios temporales S.A. “SERVITEMPORALES en calidad de auxiliar operativo a través de contrato de obra o labor como empleado en misión para la secretaría de educación del municipio de Pereira, durante los lapsos de 18 de enero de 2010 al 13 de octubre de 2010; 14 de octubre de 2010 al 3 de diciembre de 2010; 24 de enero de 2011 al 16 de julio de 2011; y 25 de julio de 2011 al 31 de julio de 2011 al según certificación aportada y vista en el numeral 45; y iii) el 10 de septiembre de 2014 presentó solicitud ante la secretaria de educación del municipio de Pereira.

52. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se establece el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de servicios.

53. Es por ello que quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda configurar un contrato de trabajo.

54. Con relación a “la actividad personal del trabajador”, su convencimiento se desata de acuerdo con lo dispuesto en las certificaciones aportadas y los contratos de prestación de servicios reseñados en los numerales 43, 44 (44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44,6 y 44.7) y 50 anteriores, en virtud de los cuales se indica entre otros que la señora Elsa Tulia Sanz Aguirre laboró como como auxiliar de servicios generales prestando servicios de aseo y limpieza en Instituciones educativas del municipio de Pereira, situación última que permite concluir la existencia de este elemento y máxime cuando se aportaron los contratos de prestación de servicios suscrito entre la actora y el ente territorial en comunicación No. 22834 del 24 de mayo de 2021 y conforme las certificaciones expedidas que dan cuenta de tal situación.

55. En lo referente al elemento de “la remuneración”, no se observa en el plenario los desprendibles correspondientes a los contratos suscritos entre las partes, sin embargo, las certificaciones expedidas por los funcionarios de la secretaría de educación del municipio de Pereira y la empresa de servicios temporales S.A. “SERVITEMPORALES, hacen constar tal retribución.

56. Ahora bien, en cuanto al requisito correspondiente a la “subordinación continuada y dependencia del trabajador”, esta se afirma por sí misma, en el objeto y las funciones transcritas de los contratos, como de otras especificidades determinadas en los mismos, atiéndase a que se escriben como obligaciones, actividades de auxiliar de servicios generales, cuya naturaleza no es posible cumplir de forma liberal, con elementos propios y sin atención a horarios y órdenes superiores.

57. De lo expuesto, probados resultan los elementos de una verdadera relación laboral atendiendo a los principios de la sana crítica, al revisar el acervo probatorio obrante, siendo incuestionable que existió el ánimo permanente de contratar a la actora por parte de la entidad accionada, al reflejarse la continuada y atemporal contratación descrita, y en consideración a que las funciones desarrolladas fueron ejecutadas de forma subordinada, bajo las órdenes de superiores en el desarrollo y ejecución de los contratos, encontrándose adecuadas a la naturaleza y objeto de aquellos.

58. Entonces, constato el objeto, su alcance y las obligaciones contractuales, se aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria dependencia y subordinación, aunado a que la labor fue de auxiliar (ASEADORA), por lo que la Sala al realizar una valoración bajo las reglas de la sana critica de la pruebas allegadas al proceso, encuentra que es posible determinar la existencia de una relación laboral, siendo incuestionable el animo de la entidad contratante de emplear de modo permanente y continuo los servicios de la actora en consideración a la continuidad de la relación y poner de presente que dentro del acervo probatorio obrante es posible establecer que se configuró el elemento de la subordinación y continua dependencia.

59. Ahora bien, establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción alegada por la parte demandada, en consonancia con la declaratoria del reconocimiento del contrato realidad, para lo cual resulta oportuno traer a colación lo manifestado por el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, en donde se establece el término de 3 años para aplicar la prescripción extintiva de los derechos prestacionales, que deberán contarse a partir de la finalización de cada contrato, a menos que haya continuidad de estos, de conformidad con lo estimado en el artículo 10 del Decreto 1045 de 1978, que dispone:

«Artículo 10º.- Para el reconocimiento y pago de vacaciones se computará el tiempo servido en todos los organismos a que se refiere el artículo 2o. de este Decreto, siempre que no haya solución de continuidad. Se entenderá que hubo solución de continuidad cuando medien más de quince días hábiles de interrupción en el servicio a una y otra entidad (…).». (Negrilla fuera de texto).

60. Asimismo, las subreglas establecidas en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, donde se dispuso:

«(…)

En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).

61. Y más adelante estableció, las siguientes reglas jurisprudenciales:

«(…)

i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual.

ii) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y progresividad.

iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.

iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA).

v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.

vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia, una vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral, pues el hecho de que esté concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los aportes al sistema de seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión principal (la nulidad del acto administrativo que negó la existencia del vínculo laboral).

vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción de una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la efectividad de los derechos del trabajador.

De igual modo, se unifica la jurisprudencia en lo que atañe a que (i) el consecuente reconocimiento de las prestaciones por la nulidad del acto administrativo que niega la existencia de la relación laboral y del tiempo de servicios con fines pensionales proceden a título de restablecimiento del derecho (…).».

62. Con base en lo anterior, la Sala observa, como ya se dijo, que la vinculación de la demandante a través de los contratos de prestación de servicios (numerales 43, 44 y 45) fue discontinua, pues las pruebas aportadas dan cuenta que existieron varios periodos en los cuales se interrumpió, su vinculación, tal como se reseña a continuación:

ítems
Contrato
Inicio
Terminación
1
SN
01/03/2004
30/04/2004
1 días
2
SN
01/05/2004
30/06/2004
20 días
3
SN
21/07/2004
30/09/2004
1 días
4
SN
01/10/2004
19/12/2004
1 mes, 12 días
5
SN
03/02/2005
31/03/2005
4 días
6
SN
01/04/2005
31/05/2005
2 días
7
SN
01/06/2005
30/06/2005
17 días
8
SN
18/07/2005
31/08/2005
1 día
9
SN
01/09/2005
30/09/2005
1 día
10
SN
03/10/2005
31/10/2005
2 días
11
SN
01/11/2005
15/12/2005
2 días
12
438
01/02/2006
31/03/2006
1 mes, 14 días
13
440
07/04/2006
31/05/2006
2 días
14
441
01/06/2006
31/07/2006
2 días
15
439
01/08/2006
31/08/2006
2 días
16
435
01/09/2006
15/12/2006
1 día
17
435
01/02/2007
28/02/2007
1 mes, 14 días
18
867
01/03/2007
30/04/2007
1 día
19
1452
02/05/2007
30/06/2007
1 día
20
1945
03/07/2007
05/07/2007
2 días
21
2492
06/07/2007
30/09/2007

1 día
22
3188
01/10/2007
31/10/2007

1 días
23
3758
01/11/2007
30/11/2007

1 días
24
535
21/01/2008
19/02/2008

1 mes, 20 días
25
1410
05/03/2008
19/12/2008

15 días
26
431
19/01/2009
18/12/2009

31 días
27
SERVITEMPORALES
18/01/2010
13/10/2010

14 días
28
SERVITEMPORALES
14/10/2010
03/12/2010

1 día
29
SERVITEMPORALES
24/01/2011
16/07/2011

1 mes, 21 días
30
SERVITEMPORALES
25/07/2011
31/07/2011

9 días
31
475
01/08/2011
15/12/2011

1 día
32
589
16/01/2012
15/03/2012

32 días
33
1051
04/04/2012
03/08/2012

20 días
34
1390
04/08/2012
18/09/2012

1 día
35
2080
19/09/2012
02/11/2012

1 día
36
2766
03/11/2012
02/12/2012

1 día
37
433
14/01/2013
13/06/2013

1 mes, 12 días
38
11100847
08/07/2013
07/08/2013

24 días
39
11101334
07/08/2013
07/09/2013

0 días
40
11102011
16/09/2013
30/11/2013

9 días
41
11100618
13/01/2014
12/05/2014

1 mes, 12 días
42
11101325
07/07/2014
06/09/2014

1 mes, 23 días

63. En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 10 de septiembre de 2014, con lo cual el actor interrumpió por el término de 3 años la prescripción extintiva de los derechos prestacionales, al revisar periodos contractuales reseñados en el cuadro anterior, se observa que entre los contratos reseñados en los ítems 28 (03/12/2010) y 29 (24/01/2011) transcurrieron 1 mes y 21 días lo que determinó la solución de continuidad, sin observarse reclamación del actor a la finalización de la referida vinculación, lo que conlleva a establecer la prescripción del pago de la indemnización equivalente a las prestaciones sociales respecto de los contratos referenciados entre los ítems 1 al 28 del citado cuadro, por no haber sido reclamados dentro del término de los 3 años que la ley permite, siempre teniendo en cuenta que se deberán liquidar excluyendo las respetivas interrupciones entre periodos contractuales, de tal manera que a la entidad no le corresponderá realizar el pago de los emolumentos prestacionales que se encuentran por fuera de este término, y solo se podrá reclamar lo correspondiente a los periodos en respecto de los contratos señalados en los ítems 29 al 42. Por tanto, se declara probada la excepción de prescripción y en consecuencia se modificará el numeral primero “1°” y tercero “3°” de la sentencia.

64. De otro lado, observa la Sala que el a quo, al proferir la sentencia de primera instancia, ordenó a la “demandada pagar en favor de la demandante los porcentajes de cotización correspondientes a pensión y salud que debió trasladar a los Fondos respectivos, durante el periodo acreditado en que prestó sus servicios. En su defecto, la entidad efectuará las cotizaciones a que haya lugar, conforme se expuso en la parte motiva de esta providencia”, Por tanto, se modificará el numeral cuarto “4.” que da la orden de pagar a la actora los porcentajes de cotización correspondientes a pensión y salud, en cuanto a que esta determinación no es acertada, ya que los aportes a salud y pensión por su naturaleza parafiscal, a pesar de que se haya declarado a su favor la existencia del contrato realidad, estos dineros son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico y no constituyen un crédito a favor de la interesada, “lo que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos pretenda el actor ejercer”. Lo que en cambio se ordenará es que del valor que se le reconozca y cancele a la señora Elsa Tulia Sanz Aguirre, se deduzca lo pertinente para ser remitido al sistema de salud y pensión, respectivamente.

Costas procesales.

65. La jurisprudencia de la Sala en materia de costas procesales, ha precisado que el artículo 188 del CPACA entrega al juez la facultad de disponer sobre su condena, la cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del CGP; descartándose así una apreciación objetiva que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.

66. En el caso, la Sala haciendo un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, echa de menos alguna evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la parte demandada, quien dentro de sus facultades hizo uso de su derecho de contradicción y defensa. Por ello, esta sentencia se abstendrá de condenar al vencido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFIRMAR CON MODIFICACIÓN la sentencia del 17 de noviembre de 2016, dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, sala segunda de decisión, que accedió las pretensiones de la demanda incoada por Elsa Tulia Sanz Aguirre contra el municipio de Pereira, para el reconocimiento de una relación laboral, a EXCEPCIÓN del NUMERAL 9° en cuanto a la condena en costas a la parte vencida, así como los NUMERALES 1°, 3° y 4° QUE SE MODIFICAN, de acuerdo a la parte motiva de la providencia, y quedan así::

“1. Se declara probada la excepción de prescripción extintiva del derecho formulado por el Municipio de Pereira, conforme lo indicado en la parte motiva”.

“3. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA al municipio de Pereira a reconocer a la demandante Elsa Tulia Sanz Aguirre las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho, tomando como base los honorarios contractuales derivados de los contratos de prestación de servicios correspondientes a los periodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, entre el 24 de enero de 2011 y el 6 de septiembre de 2014, por prescripción trienal, conforme lo expuesto en esta providencia, considerando para el efecto los periodos contractuales efectivamente servidos.”

“4. Ordenar a la demandada que al momento de pagarle a la señora Elsa Tulia Sanz Aguirre, deduzca los porcentajes que procedan con destino al sistema de salud y pensión, respectivamente, en caso de que el valor pagado por ésta en virtud de los contratos hubiese sido menor”.

Por la Secretaría de la Sección Segunda, regresar el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. Los Consejeros,

Firma Electrónica
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Firma Electrónica Firma Electrónica
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Con aclaración de voto)
El expediente ingresó al Despacho el 17 de junio de 2021, según informe secretarial visible a folio 171. Ver folios 112 al 122. Suscrito por el secretario de educación y la directora administrativa de prestación del servicio educativo y administrativa de plazas de docentes de Pereira. Ver folio 4. Consejo de Estado, sentencia del 18 de noviembre de 2010, Consejero Ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila
Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B, Sentencia 20100219501 (1149-15) Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de abril de 2014, Consejero Ponente Luis Rafael Vergara radicado No. 20001233100020110014201 (0131-13)
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA. Consejero Ponente: Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER. Bogotá D.C., Veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016), radicación número: 230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01(0202-10). Modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCION B. Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 47001-23-33-000-2014-00094-01(4569-15). Actor: TIRSA BEATRIZ BARRANCO RICO. Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA. Ver folios 5 al 6. Ver folios 7 al 14. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 57. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 58. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 59. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 60. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 61. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 39. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 40. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 41. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 44. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 45. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 46. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 47. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 48. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 49. Visible a índice 31 de SAMAI, documento páginas 50 -51. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 52. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 53. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 54. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 55. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 56. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 34 - 35. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 23 -24 y 29 - 30. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 31 - 32. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 25 -28. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 20 - 22. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 17 - 19. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 14 - 16. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 12 - 13. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 10 - 11. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 2- 5. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 8 - 9. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 6 - 7. Ver folios 7 y 10. Ver folio 8. Ver folio 9. Ver folio 11. Ver folios 12 al 14. Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 23 -24 y 29 - 30
Visible a índice 31 de SAMAI, documento página 31 - 32. Ver folio 15. Ver folio 18. Ver folios 103 al 107. Ver folios 161 al 162. Visible a índice 31 de SAMAI (Expediente Contractual Elsa Tulia Sanz Aguirre.pdf)
Visible a índice 29 y 31 de SAMAI
Ver folio 2.
“ARTÍCULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1.

Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales: La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y
c. Un salario como retribución del servicio. 2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.”

Visible a índice 31 de SAMAI (Expediente Contractual Elsa Tulia Sanz Aguirre.pdf)
Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
Prescripción de acciones. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
Respecto de la oportunidad a partir de la cual debe contabilizarse el aludido interregno, es del caso interpretar los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, en armonía con el mandato contenido en el artículo 12 (numeral 2) del convenio 95 de la OIT, de acuerdo con el cual los ajustes finales de los salarios debidos tienen lugar desde la terminación del nexo contractual con el empleador, por cuanto es desde ese momento en que se podrá demostrar que durante la ejecución del contrato de prestación de servicios se dieron los elementos constitutivos de una relación laboral con el Estado (prestación personal del servicio, remuneración y subordinación) y, en consecuencia, reclamar el pago de las prestaciones a las que tendría derecho de comprobarse ese vínculo, todo lo anterior en virtud de los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y progresividad y prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, así como los derechos constitucionales al trabajo en condiciones dignas e irrenunciabilidad a la seguridad social.
Ver folio 2.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 28 de septiembre de 2016. Radicación 76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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