Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2017-00117-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2017-00117-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 85001-23-33-000-2017-00117-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de octubre de 2024
Radicación: 85001233300020170011701 (1923-2020)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 85001-23-33-000-2017-00117-01 (1923-2020)
Demandante: Edgar Patiño Martínez
Demandado: Departamento de Casanare
Tema: Relación laboral subyacente o encubierta. Mantenimiento y
apoyo técnico asistencial. Jurisdicción y competencia.
Subordinación y prescripción. MODIFICA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la
sentencia proferida el catorce (14) de noviembre de dos mil diecinueve (2019)
por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se concedieron
parcialmente las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Edgar Patiño Martínez instauró demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en contra del departamento de Casanare, con el fin de que se acceda a las
siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de los actos administrativos No. 0501 del 22 de octubre
de 2016 y 27 de febrero de 2017, por medio de los cuales se negó el
reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones dejadas de
percibir y se resolvió el recurso de reposición respectivamente.
Que se declare que existió un vínculo laboral desde el 27 de julio de 1998 hasta
el 18 de diciembre de 2015 y, se condene a la entidad a pagar las prestaciones
sociales y los derechos reconocidos en la Convención Colectiva de Trabajo.
Que cancele las indemnizaciones por la omisión en el pago de las prestaciones
sociales y de las cesantías y, reintegre lo descontado por pólizas de garantía,
retención en la fuente, estampilla pro cultura y adulto mayor.
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Que pague los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos
profesionales.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que prestó sus servicios al departamento de Casanare del 27 de julio de 1998 al
18 de diciembre de 2015.
Que sus funciones consistieron en: (i) operación, diagnóstico y mantenimiento de
redes, sistemas de UPS, aires acondicionados, sistemas contra incendios,
sistemas de bombas inyectoras, planta eléctrica, planta telefónica; (ii) operación
de sistema de cableado estructurado, de ascensores, red eléctrica, tablero
electrónico de alarmas, cámaras de video, fax y videos y (iii) instalación de
nuevas líneas y extensiones telefónicas, entre otras.
Que atendió su labor de manera continua, ininterrumpida, bajo continua
subordinación y dependencia. Debía cumplir un horario, recibía órdenes del jefe
de la dependencia y solicitaba permiso para ausentarse de su lugar de trabajo.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
El 13 de julio de 2017 se admitió la demanda y, se notificó a la entidad
demandada, quien manifestó que los hechos no eran ciertos, porque su relación
con el demandante atendió los parámetros de la Ley 80 de 1993 y, como se
definió en todos los contratos suscritos, no se generó ninguna relación laboral ni
derecho a percibir prestaciones sociales o convencionales.
Que el actor contaba con total autonomía y empleaba sus propias herramientas
para la realización de las actividades de mantenimiento de la Gobernación de
Casanare.
Que no contaba con un cargo en la planta de personal que tuviera asignadas las
funciones de mantenimiento y sostenimiento de obra pública que atendía el
demandante.
Propuso como excepción la prescripción.
Se celebró audiencia inicial el 2 de abril de 2019, en la cual se fijó el litigio, se
surtió la etapa conciliatoria, se decretaron las pruebas solicitadas y se programó
la audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio
traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual
fue apelada dentro del término oportuno por las partes.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
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El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia del catorce (14) de
noviembre de dos mil diecinueve (2019), accedió parcialmente a las
pretensiones, considerando que se acreditó que el demandante prestó sus
servicios al departamento de Casanare del 27 de julio de 1998 al 18 de diciembre
de 2015, con algunas interrupciones, en labores de diagnóstico y operación de
los equipos electrónicos y electromecánicos del edificio de la Gobernación,
operación y mantenimiento de la red regulada y sistemas de UPS, de los equipos
de aires acondicionado, sistemas de bombas eyectoras de aguas lluvias y de
presión para el suministro de agua potable, entre otras.
Que a cambio de esto recibió una remuneración.
Que las actividades descritas en cada uno de los contratos exigían la
permanencia y disponibilidad en las instalaciones de la gobernación; además,
requerían la orden de su superior. Que recibía órdenes del director de servicios
administrativos o del secretario general.
Que ejecutó sus labores durante más de diecisiete años y se ocupó del
mantenimiento preventivo y correctivo de las distintas dependencias de la
Gobernación de Casanare, lo que denota que la actividad no era ocasional o
externa, sino que era necesaria y continua. Que estas se constituían como de
apoyo a la misión de la entidad, por lo que estaba acreditada la subordinación.
Declaró la nulidad del acto administrativo demandado y la existencia de una
relación laboral entre las partes tomando como referente 15 días de suspensión
de los contratos, ordenando a la demandada a reconocer las prestaciones
sociales causadas entre el 23 de agosto de 2013 al 13 de diciembre de 2014 y el
14 de enero al 18 de diciembre de 2015, debiendo liquidarse con la asignación
vigente al momento en que se causaron según lo pactado en los contratos.
Que operó parcialmente la prescripción frente a las prestaciones derivadas de los
contratos suscritos hasta el 22 de agosto de 2013, por no haberse presentado la
reclamación dentro de los tres años siguientes a la terminación de vínculo; salvo
lo relacionado con los aportes a pensión.
Negó las demás pretensiones y no condenó en costas.
EL RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada interpuso recurso de apelación expresando que no se
configuró una relación laboral. Que el demandante no probó que en la planta de
personal de la entidad existiera un cargo con funciones similares a las suyas, por
lo que la actividad no tenía un carácter misional.
Que no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos
demandados, pues la negativa en el reconocimiento de las prestaciones estuvo
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justificada en la clase de vínculo que tenían las partes, la relación atendió los
parámetros del Estatuto General de Contratación.
Que las referencias de los testigos no corresponden a la realidad, sus
declaraciones buscan favorecer al demandante por su amistad. Que era un
contratista que realizaba mantenimiento a las instalaciones de la entidad, no
estaba sujeto a ningún tipo de dependencia o direccionamiento, no era necesario
que asistiera todos los días, realizaba las labores encomendadas cuando lo
considerara pertinente, no tenía que pedir permiso para salir y entrar ni un jefe
inmediato.
Que, en gracia de discusión, de aceptar que el demandante tuviera un vínculo
con el departamento de Casanare su calidad sería la de trabajador oficial, porque
su labor es de mantenimiento y sostenimiento de una obra pública. Que, por esa
razón, la jurisdicción ordinaria sería la competente para resolver el caso.
Que comparte las razones del salvamento de voto de uno de los magistrados del
Tribunal, entre esas, que las actividades desarrolladas por el actor no eran
misionales, por lo que podían contratarse a través de contratos de prestación de
servicios.
El demandante solicitó revocar la sentencia, en lo relativo a la declaratoria de la
excepción de prescripción de los derechos laborales causados durante el 27 de
julio de 1998 al 18 de diciembre de 2015 y la negativa del reintegro de los aportes
pensionales que asumió.
Que demostró a través de la prueba testimonial que su vinculación fue continua
y que laboró en los periodos en los que no tuvo contrato. Que suscribió más de
treinta contratos y ocho adiciones, con el mismo objeto y funciones, lo cual
acredita la permanencia y necesidad de su labor en la entidad.
Que las presuntas interrupciones obedecieron a trámites administrativos y
prohibiciones en materia de contratación, como la de contratar bajo vigencias
futuras. Además, coinciden con los meses de diciembre y enero, en los que se
hace cierre de la vigencia fiscal de cada año.
Que por esas razones no debía entenderse afectada la solución de continuidad.
Que, también, tenía que considerarse que la entidad no desvirtuó las pruebas
allegadas ni mostró intereses en refutar lo afirmado por los testigos.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
Por auto del quince (15) de septiembre de dos mil veinte (2020), se admitieron
los recursos y de conformidad con el art. 247 de la ley 1437 de 2011, se dio
traslado por el término de 10 días para la presentación de los alegatos de
conclusión y, posteriormente se corrió el mismo término para el Ministerio
Público.
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Pronunciamiento de las partes
Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Conforme con el recurso de apelación de la parte demandada, la Sala deberá
determinar si se configura la falta de jurisdicción y competencia frente al caso.
De resultar negativa la respuesta, se analizará si entre las partes, existió una
verdadera relación laboral y, si como consecuencia de ello, el demandante tiene
derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con
ocasión de esa relación.
Por último, en caso de salir avante el cuestionamiento anterior, se estudiará el
desacuerdo del actor relativo a la prescripción de los derechos reclamados y si
hay lugar o no a ordenar el reintegro de los aportes a pensión realizados. Y, si
hay lugar o no a la condena en costas en segunda instancia.
Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:
«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la
relación contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad
si entre la actora y la entidad demandada existía un verdadero contrato de
prestación de servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la
que procede a analizarse.
La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia
o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el
elemento de la remuneración.
Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación
laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la
sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa
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claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de
servicios, dice al respecto:
«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación
del mismo.
En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad
independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la
que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia
consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor
contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que
en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a
la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación
del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un
contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos
del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas
para resaltar).
De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho
al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo
53 de la Constitución.
Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
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veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:
«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado
el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de
prestación del servicio.2
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida-
ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias
que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las
siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades.
Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las
innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta
circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso
concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que
exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual
sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de
urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la
incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede
ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición
de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi,3 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia
o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el
demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario
de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su
objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una
actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación
con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.
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107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de
que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones
o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta
de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de
ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus
servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones
de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad
contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el
cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por
consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de
sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de
la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de
actividades o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en
este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación
laboral, pues, en la práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente
para satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del
contrato de prestación de servicios sí exige que las funciones del contratista
sean desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la
necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso,
puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la
subordinación laboral.
(…)
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993.
131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados, es esencialmente temporal; por lo tanto, este
tipo de contratos, cuando se suscriben con personas naturales, no pueden
concatenarse indefinidamente en el tiempo.
132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el
tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe
estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del
negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un
contrato de prestación de servicios».
133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución
de los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones
imprevistas que exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo
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estimado, ab initio, como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede
resultar insuficiente. En cualquier caso, las mismas razones que en su
momento justificaron la planeación del contrato inicial y la suscripción de los
contratos modificatorios del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en
los mencionados estudios previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se
derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en
la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una
relación laboral como son: una actividad personal, un salario y la
subordinación. Así lo ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado
en varias oportunidades:
“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en
materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en
manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones
entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales
deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral
a través de un contrato de prestación de servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la
presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del
acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que
se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad
personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del
trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar un contrato de trabajo.»1.
Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación
por parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su
calidad, tales como las prestaciones sociales.
Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Resolución al caso concreto
Falta de jurisdicción y competencia
1 Sentencia del 28 de octubre 2021. Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ.
Radicación número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
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Radicación: 85001233300020170011701 (1923-2020)
El demandado estima que el conocimiento del presente asunto no corresponde
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque las labores
desempeñadas por el actor relativas al mantenimiento y conservación del edificio
de la Gobernación son propias de los trabajadores oficiales.
En lo atinente a la jurisdicción y competencia para resolver pretensiones
derivadas de relaciones encubiertas en contratos estatales de prestación de
servicios, es oportuno señalar que la Corte Constitucional, en virtud de atribución
definida en el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015, al dirimir un conflicto de
competencia relativo a este asunto definió lo siguiente:
«De conformidad con lo expuesto, la Corte aplicará la cláusula especial de
competencia derivada del artículo 104 del CPACA. Esto por cuanto se
reclama la existencia de un vínculo laboral con el Estado, presuntamente
camuflada en sucesivos contratos de prestación de servicios. De este modo,
se concluye que los asuntos en los que no cabe duda acerca de la existencia
de una relación de trabajo se diferencian notoriamente del tipo de
controversias en las que se debate la existencia de dicho vínculo. Es decir,
aquellas que tienen por objeto definir si el servidor público fungió como
trabajador oficial o empleado público, como la que en esta oportunidad
estudia la Sala. Lo anterior, dado que:
a) En sentido estricto, lo que se discute es la validez del acto administrativo
mediante el cual la Administración da respuesta a la reclamación del
contratista y, junto con esto, la legalidad de la modalidad contractual utilizada
con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los mismos derechos y
acreencias laborales de los servidores públicos de planta.
b) El fundamento de las pretensiones se estructura en un contrato de
prestación de servicios estatal.
c) Únicamente el juez contencioso administrativo es el competente para
validar si la labor contratada corresponde a una función que “no puede
realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados”,
en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
d) El objeto mismo del proceso consiste en establecer si se configuró un
vínculo laboral a través de contratos de prestación de servicios, lo que
implica un juicio sobre la actuación de la entidad pública2».
De acuerdo con esto, los procesos en lo que se pretende la declaratoria de la
existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta por medio de
contratos de prestación de servicios con el Estado, lo que se discute es la
actuación de la administración y si aquella empleó, bajo la apariencia de
legalidad, esa modalidad contractual para desatender prerrogativas laborales.
2 En ese sentido ver las siguientes providencias: Auto 492 de 2021, A479 de 2021; A617 de 2021;
A618 de 2021; A676 de 2021; A680 de 2021; A684 de 2021; A705 de 2021; A738 de 2021; A901
de 2021; A931 de 2021; A1076 de 2021; A1094 de 2021; A1116 de 2021; A131 de 2022; A198
de 2022; A304 de 2022; A406 de 2022; A439 de 2022; A500 de 2022; A623 de 2022; A705 de
2022; A738 de 2022; A760 de 2022; A785 de 2022; A790 de 2022; A791 de 2022; A829 de 2022;
A1090 de 2022; A1333 de 2022; 1642 de 2022; 1644 de 2022 y A321 de 2023.
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Así las cosas, en concordancia con lo definido en el artículo 104 del C.P.A.C.A,
esta jurisdicción es la competente para conocer de la controversia, contrario a lo
expuesto por el recurrente.
Configuración de la relación laboral
De conformidad con las pruebas, se puede establecer que el demandante prestó
sus servicios al departamento de Casanare mediante los contratos de prestación
de servicios que se relacionan a continuación:
N.º de orden o contrato Duración o Objeto Valor
plazo3
1 Orden 98-04166 3 meses, a Sírvase realizar $ 4.800.000
partir del 27 de diagnóstico y
julio de 1998 mantenimiento
preventivo y correctivo a
los equipos
electromecánicos del
edificio de la
Gobernación de
Casanare
2 Orden 99-04121 3 meses, a Prestar servicios $ 4.800.000
partir del 16 de técnicos de diagnóstico,
julio de 1999 mantenimiento
3 Orden 99-04195 4 meses, a preventivo y operación $ 5.980.000
partir del 19 de de los equipos
octubre de electromecánicos del
1999 edificio de la
Gobernación de
Casanare
4 Contrato No. 131 de 2000 12 meses, a Contratar los servicios $ 17.940.000
partir del 13 de profesionales de
abril de 2000 ingeniero que se efectúe
el diagnóstico,
programación y
operación de los equipos
electrónicos y
electromecánicos del
edificio de la
Gobernación de
Casanare
5 Orden 01-04050 3 meses, a $ 4.485.000
partir del 18 de
abril de 2001 Contratar los servicios
6 Orden 01-04161 4 meses, a profesionales de $ 5.980.000
partir del 29 de diagnóstico,
agosto de programación y
2001 operación de los equipos
7 Orden 01-04358 4 meses, electrónicos de la $ 5.980.000
hasta el 31 de Gobernación de
diciembre de Casanare
2001
8 Orden 02-04060 6 meses, a Contratar personal $ 9.867.000
partir del 3 de profesional, categoría 5
mayo de 2002
9 Orden 02-04152 3 meses, a Contratar un profesional, $ 4.933.680
partir del 10 de categoría 5, para realizar
3 Los periodos de ejecución incluidos se extraen del plazo de ejecución previsto en cada uno de
los contratos de prestación de servicios.
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noviembre de trabajos de diagnóstico,
2002 mantenimiento,
programación y
operación de equipos
electrónicos y
electromecánicos en las
diferentes dependencias
de la Gobernación de
Casanare
10 Orden 03-04007 8 meses, a El contratista se obliga $ 12.144.000
partir de 10 de para con el
abril de 2003 Departamento a realizar
la programación de
plantas telefónicas y
mantenimiento de
equipos electrónicos de
la Gobernación de
Casanare.
11 Orden 03-04117 2 meses, a Mantenimiento $ 5.000.000
partir del 9 de preventivo y
diciembre de programación de los
2003 equipos electrónicos y
plantas telefónicas,
donde funciona la
Gobernación de
Casanare
12 Orden 04-04019 del 3 de 2 meses Contratar el $ 3.234.000
marzo de 2004 mantenimiento de 33
puntos de red lógica y de
datos del edificio de la
Gobernación, en
desarrollo del proyecto
“Adquisición y
mantenimiento de
equipos de cómputo y
conexión de redes
locales”
13 Orden 04-04109 del 6 agosto 7 meses Realizar la instalación, $ 12.215.000
de 2004 mejoramiento y
programación de los
equipos electrónicos,
sistemas y redes de
comunicación
14 Orden 0084-05 del 30 de 18 meses Realizar instalaciones, $ 22.296.000
marzo de 2005 mejoramientos,
adecuaciones,
programación y
operación de los equipos
electrónicos, sistemas
de control y redes de
comunicaciones en las
diferentes dependencias
de la Gobernación
15 Orden 06-04-01611 3 meses $ 5.466.420
16 Contrato No. 07-04-00049 del 3 meses $ 5.739.000
2 de febrero de 2007 Contratar los servicios
17 Contrato No. 07-04-01436 del 3 meses técnicos de $ 5.739.000
10 de mayo de 2007 mantenimiento
18 Contrato No. 07-04-02610 del 4 meses y 15 correctivo y preventivo $ 8.608.500
13 agosto de 2007 días de equipos electrónicos
19 Contrato No. 07-04-03940 del 6 meses y redes de comunicación $ 11.478.000
30 de noviembre de 2007
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20 Contrato No. 08-04-00335 del 6 meses y 15 $ 13.142.025
11 de junio de 2008 días
21 Contrato No.0009 del 28 de 11 meses $ 24.019.578
enero de 2009
22 Contrato No. 0992 del 30 de 12 meses $ 26.203.176
diciembre de 2009
23 Contrato No. 1789 del 3 de 1 mes Prestar los servicios $ 2.183.598
diciembre de 2010 tecnológicos para la
revisión del estado
actual de las redes
electrónicas y
telefónicas que se
encuentran instaladas
en el edificio Emiro
Sossa Pacheco de la
Gobernación de
Casanare
Contrato No. 0088 del 26 de 11 meses $ 24.980.362
enero de 2011
24
25 Contrato No. 0080 del 25 de 11 meses $ 25.300.000
enero de 2012
26 Contrato No. 0061 del 14 de 6 meses Realizar la prestación de $ 14.490.000
enero de 2013 servicios técnicos de
27 Contrato No. 1371 del 23 de 3 meses y 28 mantenimiento $ 9.825.608
agosto de 2013 días preventivo y correctivo
28 Contrato No. 0058 del 14 de 11 meses de equipos electrónicos $ 25.300.000
enero de 2014 y redes de comunicación
29 Contrato No. 0031 del 14 de 4 meses $ 11.088.000
enero de 2015
30 Contrato No. 1053 del 22 de 6 meses $ 16.632.000
mayo de 2016
31 Contrato 2015 del 3 de 15 días $ 1.386.000
diciembre de 2015
De dichos contratos se observa que el demandante prestó sus servicios al
departamento de Casanare, entre el 27 de julio de 1998 y el 18 de diciembre de
2015, con interrupciones, tal como lo encontró probado el Juez de primera
instancia.
Además, la Sala advierte que, aunque en los contratos de prestación de servicios
se cambió la redacción del objeto contractual, refiriéndose en unos casos a
actividades específicas, lo cierto es que las labores se pueden resumir como de
mantenimiento y apoyo operativo en la Gobernación.
Dentro del alcance y las obligaciones definidas en la mayoría de los contratos
suscritos entre las partes, estuvieron comprendidas las siguientes:
(i) Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de cableado y
telefónica del edificio de la Gobernación.
(ii) Mantenimiento preventivo de equipos electrónicos y de comunicación.
(iii) Instalar, derivar, cablear, trasladar puntos de línea y de extensión
telefónica.
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(iv) Supervisión y administración técnica de la planta telefónica.
(v) Apoyo técnico en equipos como aire acondicionado, sistema hidrófilo,
planta eléctrica, entre otros.
(vi) Operación de la planta eléctrica.
Los informes de actividades del contratista de algunos meses de 20074, 20085 y
20096, así como los formatos de servicios del último año referenciado, dan cuenta
que el señor Patiño Martínez se ocupó de las funciones descritas antes y,
adicionalmente, de diversas labores, entre esas, reparación de cerraduras y
chapas de puertas, instalación de muebles y tubos de luminosidad, cambios de
cielo raso, revisión y reparación de instalaciones sanitarias y otras.
Obra en los folios 180 a 182 el Acta de Comité Técnico Administrativo del 20 de
junio de 2003, en la que participó la secretaria general, la directora administrativa
y el grupo de mantenimiento integrado, entre otros, por el aquí demandante, en
la que se definieron aspectos como el estricto cumplimiento de horario, la
necesidad de avisar el lugar donde se encontraban realizando cada actividad, la
obligatoriedad de elaborar un documento de diagnóstico de la situación atendida,
estado y aspectos cubiertos por el grupo.
En dicho documento, se asignaron áreas o dependencias de responsabilidad del
demandante y, textualmente se consignó: «se solicita compromiso especial por
parte del Ing. EDGAR PATIÑO, en cada una de las actividades relacionadas con
el mantenimiento en las diferentes dependencias […]».
Se aportaron varios oficios dirigidos al demandante, en los que se le solicita
información técnica del edificio de la gobernación7, instalar líneas telefónicas o
asignación de redes de comunicación. Además, otros documentos en los que de
forma manuscrita se le imparten instrucciones y trasladan solicitudes por parte
de distintos funcionarios de la entidad territorial, tales como, «ingeniero Edgar
Patiño: hacer las adecuaciones necesarias», «pasar a Edgar Patiño para lo
pertinente» y «Patiño informar por qué».
De otra parte, en cuanto a la prueba testimonial los señores Fredy Ignacio
Mendoza Cely, Reina Stella Rosillo Flórez, Eliana María Lesmes Barón y Jorge
Eliecer Vargas González coincidieron en que el demandante prestó sus servicios
al departamento de Casanare en labores de mantenimiento y apoyo en varias
actividades, entre esas, redes telefónicas, ascensores, sistema eléctrico, planta
de desagüe e instalaciones.
Los dos primeros señalaron que sabían del cumplimiento de esas labores por
parte del actor desde 1998 hasta 2015, la tercera de 2008 a 2015, pero concordó
en la misma dependencia en el 2014 y el cuarto entre 1998 al 2002. Que cumplía
4 Folios 162 a 167 del Cuaderno Principal 1.
5 Folios 168 y 169.
6 Folios 170 a 175.
77 Folios 183 y 184.
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con un horario, tenía un jefe inmediato y debía atender las órdenes y solicitar
permiso para ausentarse de sus actividades.
El primer testigo indicó que el actor siempre tuvo asignado un puesto de trabajo
y debía estar disponible todo el tiempo. Que su vinculación fue continua, pues
aun cuando no tenía contrato vigente seguía con sus actividades. Que esa
situación le constaba, porque al trabajar en el área de sistemas debía extender
los permisos y accesos concedidos al contratista.
Que presenció un llamado de atención verbal al actor por parte del gobernador
de turno y del secretario de planeación, al no estar conformes con la ubicación
de unos módulos de una de las dependencias.
Que asistió a varias actividades deportivas y, en una ocasión representó a la
entidad en un torneo deportivo nacional en la ciudad de Barranquilla en la
modalidad de ajedrez.
Por su parte, la señora Rosillo Flórez, de manera concreta, señaló que el
demandante debía cumplir con las órdenes del jefe inmediato y atender en orden
las solicitudes del área. Que las secretarias de las distintas dependencias cuando
requerían sus servicios o alguna labor de mantenimiento o apoyo de manera
urgente lo presionaban con el hecho de que si no acudía rápido le informaban al
director administrativo.
La señora Eliana María Lesmes Barón indicó que en el 2014 trabajó en la misma
dependencia con el demandante, que recibía instrucciones y órdenes del director
de Servicios Administrativos o del secretario general. Que presenció un llamado
de atención por parte del primero de los funcionarios mencionados, porque
requerían al señor Patiño para atender urgente una tarea y estaba en otra
dependencia terminando un asunto.
Que debía llenar unos formatos de calidad al atender los diferentes
requerimientos de mantenimiento o reparación.
Analizadas las pruebas en su conjunto, se puede extraer que el demandante,
durante el tiempo en que prestó sus servicios en labores de mantenimiento y
apoyo técnico a la gestión actuó bajo dependencia y subordinación, pues de
acuerdo con la naturaleza de esa labor, las obligaciones impuestas, las
comunicaciones allegadas y las declaraciones de los testigos, es evidente que
en sus actividades debía circunscribirse a las instrucciones de la entidad
demandada y, específicamente, a los horarios y a las tareas asignadas de
manera diaria.
De acuerdo con la naturaleza de las obligaciones pactadas es evidente que el
demandante debía estar todo el tiempo libre; que no podía disponer autónoma e
independiente del tiempo y la forma en que atendía sus tareas. Los testigos
coinciden en que recibía instrucciones de su jefe y debía acudir a las
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dependencias donde era requerido de forma casi inmediata o, en caso de estar
en otra actividad más urgente o anticipada, una vez la terminara.
Nótese que el Acta del Comité Técnico del área de mantenimiento allegada al
proceso da cuenta que se le exigía el cumplimiento estricto del horario e informar
en todos los casos en dónde y qué actividad se encontraba ejecutando.
Lo anterior, descarta la afirmación de la demandada de que era el contratista el
que decidía el tiempo y el modo de cumplir con sus obligaciones, porque, existe
certeza de que la entidad tenía la posibilidad de disponer del trabajo del
demandante, lo que demuestra la configuración de una verdadera subordinación.
Igualmente, la Sala destaca que, si bien el objeto misional de la gobernación no
es el mantenimiento y apoyo a la gestión, estas actividades sí hacen parte de las
tareas de sostenimiento y conservación de la entidad. De este modo, no tiene
asidero el argumento relacionado con este aspecto propuesto en el recurso.
Con respecto a las labores de mantenimiento y locativas, el Consejo de Estado
ha insistido que la subordinación se afirma por sí misma, pues el objeto del
contrato exige una necesaria dependencia al no ser posible desempeñar ese
oficio de forma liberal y sin atender ordenes de sus superiores. En ese sentido,
ha expresado que:
“56. Ahora bien, en cuanto al requisito correspondiente a la “subordinación
continuada y dependencia del trabajador”, esta se afirma por sí misma, en el
objeto y las funciones transcritas de los contratos, como de otras
especificidades determinadas en los mismos, atiéndase a que se escriben
como obligaciones, actividades de auxiliar de servicios generales, cuya
naturaleza no es posible cumplir de forma liberal, con elementos propios y
sin atención a horarios y órdenes superiores.
57. De lo expuesto, probados resultan los elementos de una verdadera
relación laboral atendiendo a los principios de la sana crítica, al revisar el
acervo probatorio obrante, siendo incuestionable que existió el ánimo
permanente de contratar a la actora por parte de la entidad accionada, al
reflejarse la continuada y atemporal contratación descrita, y en consideración
a que las funciones desarrolladas fueron ejecutadas de forma subordinada,
bajo las órdenes de superiores en el desarrollo y ejecución de los contratos,
encontrándose adecuadas a la naturaleza y objeto de aquellos.”8
Además, la Sala encuentra que el actor y el departamento de Casanare
suscribieron treinta y un (31) contratos de prestación de servicios, durante un
poco más de diecisiete (17) años, lo cual desvirtúa el argumento de la entidad de
que la vinculación del demandante no fue permanente.
Todo este contexto, excede lo que en sana crítica se puede entender como la
coordinación necesaria para la prestación de un servicio, habida cuenta de que
8 CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA.
SUBSECCIÓN B. consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, 26 de agosto de 2021. Radicación número:
66001-23-33-000-2015-00154-01(3841-17).
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el desempeño de las funciones estaba sujeto a las órdenes de la demandada y a
la imposición de medidas, tales como, un horario prácticamente inmodificable
debido al funcionamiento de la entidad, la imposibilidad en la prestación del
servicio por otras personas y, sobre todo, el cumplimiento de diferentes labores
de mantenimiento y apoyo, las cuales sin lugar a dudas estaban condicionadas
por el jefe inmediato y por las instrucciones directas que para su ejecución
impartiera aquel.
Para la Subsección, la conclusión del juez de primera instancia de encontrar
probada la subordinación está debidamente soportada en las pruebas del
proceso, donde se evidencia que no había autonomía para la prestación del
servicio en condiciones de tiempo, modo, ni de lugar, y que se cumplían labores
misionales de la entidad con vocación de permanencia, en un cargo que revestía
la necesidad para operar.
En ese orden de ideas, se confirmará la decisión apelada en este aspecto.
Prescripción
Frente a la prescripción, esta Corporación ha unificado criterios acerca de la
manera como debe analizarse el fenómeno fijando las siguientes reglas9:
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el
Estado es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo
contractual, y que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar
las prestaciones que se deriven de aquella.
• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación
de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
En la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 202110, esta Sección adoptó
el periodo de treinta días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y
de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la solución de continuidad del vínculo laboral.
Es claro entonces que la misma sentencia de unificación, estableció que el juez
puede superar este término e incluso reducirlo en caso de que los contratos
tengan objetos totalmente diferentes. Es que pretender que ese término sea
inmodificable puede incluso conducir a que se presente todo lo contrario a lo que
9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05
del 25 de agosto de 2016. Consejero Ponente Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001-23-
33-000-2013-00260-01 (0088-2015).
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-33-
000-2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
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quiso la sentencia porque la administración con el solo propósito de eludir la regla
podrá en todos los casos superar los 30 días para suscribir el nuevo contrato.
Además; si se le exigiera al particular que reclame inmediatamente termina un
contrato, esto llevaría a que no se le volviera a contratar, por ello considera la
Sala, que se debe analizar en cada caso concreto de cuánto tiempo pudo haber
sido la interrupción y así determinar si la petición, se elevó o no dentro de un
“plazo razonable”.
Con las anteriores precisiones, se procede a analizar el presente asunto; para lo
cual la Subsección advierte que, aunque no se cuenta con las actas de inicio de
todos los contratos suscritos por las partes, los lapsos se extraen a partir de las
fechas de suscripción de los acuerdos y los plazos fijados en estos:
Contrato Inicio Finalización Interrupción
1 Orden 98-04166 27 de julio de 1998 27 de octubre de 8 meses y 13 días
1998 hábiles
2 Orden 99-04121 16 de julio de 1999 15 de octubre de Sin interrupción
1999
3 Orden 99-04195 19 de octubre de 1999 19 de febrero de 37 días hábiles
2000
4 Contrato No. 131 13 de abril de 2000 12 de abril de 2001 2 días hábiles
5 Orden 01-04050 18 de abril de 2001 17 de julio de 2001 26 días hábiles
6 Orden 01-04161 28 de agosto de 2001 28 de diciembre de Sin interrupción
2001
7 Orden 01-04358 31 de diciembre de 2001 30 de abril de 2002 1 día hábil
8 Orden 02-04060 3 de mayo de 2002 3 de noviembre de 4 días hábiles
2002
9 Orden 02-04152 10 de noviembre de 2002 9 de febrero de 44 días hábiles
2002
10 Orden 03-04007 10 de abril de 2003 9 de diciembre de Sin interrupción
2003
11 Orden 03-04117 9 de diciembre de 2003 8 de febrero de 17 días hábiles
2004
12 Orden 04-04019 3 de marzo de 2004 2 de mayo de 2004 64 días hábiles
13 Orden 04-04109 6 de agosto de 2004 5 de marzo de 2005 14 días hábiles
14 Orden 0084-05 30 de marzo de 2005 29 de septiembre Sin interrupción
de 2006
15 Orden 06-04- 30 de septiembre de 2006 30 de diciembre de 22 días hábiles
01611 2006
16 Contrato No. 07- 2 de febrero de 2007 1 de mayo de 2007 3 días hábiles
04-00049
17 Contrato No. 07- 10 de mayo de 2007 9 de agosto de 1 día hábil
04-01436 2007
18 Contrato No. 07- 13 de agosto de 2007 28 de noviembre de Sin interrupción
04-02610 2007
19 Contrato No. 07- 30 de noviembre de 27 de junio de 2008 Sin interrupción
04-03940 diciembre de 2007
20 Contrato No. 08- 11 de junio de 2008 25 de diciembre de 21 días hábiles
04-00335 2008
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21 Contrato No.0009 28 de enero de 2009 27 de octubre de 41 días hábiles
2009
22 Contrato No. 0992 30 de diciembre de 2009 27 de diciembre de Sin interrupción
2010
23 Contrato No. 1789 27 de diciembre de 2010 26 de enero de Sin interrupción
2011
24 Contrato No. 0088 26 de enero de 2011 27 de diciembre de 18 días hábiles
2011
25 Contrato No. 0080 25 de enero de 2012 24 de diciembre de 11 días hábiles
2012
26 Contrato No. 0061 14 de enero 2013 13 de julio de 2013 27 días hábiles
27 Contrato No. 1371 23 de agosto de 2013 21 de diciembre de 13 días hábiles
2013
28 Contrato No. 0058 14 de enero de 2014 13 de diciembre de 19 días hábiles
2014
29 Contrato No. 0031 14 de enero de 2015 13 de mayo de 5 días hábiles
2015
30 Contrato No. 1053 22 de mayo de 2015 20 de noviembre de 8 días hábiles
2015
31 Contrato 2015 3 de diciembre de 2015 18 de diciembre de Finalización
2015
Visto lo anterior, se observa que se presentaron interrupciones superiores a los
30 días fijados en la sentencia de unificación como derrotero, frente a las que
corresponde hacer las siguientes precisiones.
En primer lugar, el Tribunal consideró como término para calcular la interrupción
entre los contratos, el correspondiente a quince días, por tal razón, determinó que
entre los contratos suscritos entre el 30 de diciembre de 2009 y el 23 de agosto
de 2013 hubo solución de continuidad. Sin embargo, tal situación no atiende el
criterio actual de esta corporación y, el tiempo de interrupción en esos períodos
no conllevaría a una ruptura del vínculo, debiendo calcularse conjuntamente el
fenómeno estudiado.
Es decir, el período comprendido entre el 30 de diciembre de 2009 y el 18 de
diciembre de 2015 debe analizarse como un lapso conjunto y no de manera
separada, toda vez que no se presentaron interrupciones superiores a 30 días.
Diferente a la finalización de las órdenes y contratos de prestación de servicios
número 98-04166 de 1998, 99-04195 de 1999, 02-04152 de 2002, 04-04019 de
2004 y 0009 de 2009 en los cuales sí se presentaron interrupciones
ostensiblemente amplias en la vinculación, que implicaron el rompimiento de la
relación contractual.
Contrario a lo afirmado por la parte demandante en el recurso de apelación no
existe ninguna prueba que demuestre que ese tiempo obedeció a trámites
administrativos o de formalización del contrato o temas presupuestales de la
entidad territorial. Tampoco se corrobora su manifestación de que durante ese
tiempo siguió prestando el servicio, pues no hay ninguna prueba que lo acredite.
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Radicación: 85001233300020170011701 (1923-2020)
Aclarado lo anterior, el fenómeno prescriptivo debe revisarse en seis periodos
contractuales, correspondientes a: i) del 27 de julio al 27 de octubre de 1998 ii)
del 16 de julio de 1999 al 19 de febrero de 2000; iii) 13 de abril de 2000 al 9 de
febrero de 2002; iv) 10 de abril de 2003 al 2 de mayo de 2004; v) 6 de agosto de
2004 al 27 de octubre de 2009 y vii) 30 de diciembre de 2009 al 18 de diciembre
de 2015.
Ahora, se advierte que el demandante presentó la reclamación administrativa el
27 de septiembre de 2016, por lo que, al conteo de la prescripción para cada
contrato considerando las suspensiones, es evidente que en el particular operó
la prescripción extintiva frente a los derechos laborales causados en los primeros
cinco periodos, porque la solicitud no se presentó en los tres años siguientes a
su finalización.
En cuanto al último periodo de vinculación, se advierte que, si bien se presentaron
algunas interrupciones, como se detalló en el cuadro que antecede, las cuales
oscilaron entre 5 a 27 días hábiles, estas no implicaron el rompimiento de la
relación contractual.
En ese sentido, como la reclamación administrativa se presentó, se repite, el 27
de septiembre de 2016, considerando la fecha de respuesta a la misma que data
del 27 de febrero de 2017 (se corrige el mes, pues es febrero) y la demanda se
presentó el 15 de junio de 2017, se observa que no operó el fenómeno
prescriptivo frente a los derechos laborales del sexto período, considerando que
el demandante presentó la reclamación dentro de los 3 años siguientes a la
culminación de tal lapso.
Por lo expuesto, deberán modificarse los numerales tercero y cuarto de la
decisión de primera instancia, en el sentido de declarar la prescripción de los
derechos reclamados antes del 30 de diciembre de 2009 y, ordenar a la entidad
reconocer las prestaciones sociales que tuvieron lugar en el periodo comprendido
entre el 30 de diciembre de 2009 al 18 de diciembre de 2015, descontando las
respectivas interrupciones.
Reintegro de los aportes a seguridad social
La Subsección advierte que no es posible ordenar el reintegro o compensación
de los aportes a pensión, porque, como se determinó en la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, estos tienen la
connotación de parafiscales para la financiación del Sistema General de
Seguridad Social.
De este modo, no son ingresos ni beneficios económicos para la parte interesada,
por lo que, no corresponde el pago de estos rubros directamente a la demandante
ni es posible el reembolso de estos.
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Con lo anterior, se da respuesta a todas las inconformidades planteadas en los
recursos de apelación.
De la condena en costas de segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el
proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia
de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las
sentencias proferidas a la luz de la reciente normativa se deberá analizar la
conducta realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no,
carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del
art. 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir de la
demanda y del recurso de apelación, que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, las
partes presentaron argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses,
en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Modificar los ordinales tercero y cuarto de la sentencia del catorce
(14) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare, los cuales quedarán así:
«TERCERO: DECLARAR la prescripción de las prestaciones sociales
legales, reembolso de los dineros cancelados por concepto de pago de
aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales en la cuota
parte que se encontraba a cargo del departamento de Casanare y retención
en la fuente hasta el 30 de diciembre de 2009.
CUARTO: CONDENAR al departamento de Casanare a pagar al señor
Edgar Patiño Martínez, las prestaciones sociales legales a que tiene derecho
causadas durante el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2009
y el 18 de diciembre de 2015, descontando las respectivas interrupciones,
esto es, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, auxilio de
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cesantías e intereses sobre las cesantías, las cuales deberán liquidarse con
base en la asignación vigente al momento en que se causaron según lo
pactado en los contratos de prestación de servicios y en la forma establecida
en la ley».
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia.
Tercero. Sin condena en costas de segunda instancia.
Cuarto. Reconocer personería para actuar como apoderado del departamento
de Casanare al abogado Marco Tulio Galindo Torres, identificado con la tarjeta
profesional 302.804 del Consejo Superior de la Judicatura, según el poder visible
en el índice 13 del aplicativo SAMAI.
Quinto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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