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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00372-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00372-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 31 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar, se dispone: SEGUNDO. DECLARAR la nulidad del oficio 1.110-52-435128 del 3 de octubre de 2018, mediante el cual se negó la reclamación formulada por la señora Rosalba Barreto Núñez con ocasión de las vinculaciones objeto de este proceso. TERCERO. DECLARAR la desnaturalización del vínculo entablado entre la señora Rosalba Barreto Núñez con el departamento del Valle del Cauca durante www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 16 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 76001-23-33-000-2019-00372-01 (0132-2024) Demandante: Rosalba Barreto Núñez los siguientes períodos: del 1.º de diciembre de 2001 al 30 de julio de 2002; del 1.º de noviembre de 2002 al 31 de enero de 2003; del 1.º de julio al 31 de diciembre de 2004; del 1.º de enero al 31 de octubre de 2005; del 1.º de noviembre al 31 de diciembre de 2005; del 2 de enero al 30 de junio de 2006; del 16 de enero al 15 de junio de 2008; del 3 de agosto al 30 de diciembre de 2009; del 22 de marzo al 31 de diciembre de 2012; del 28 de febrero al 30 de octubre de 2013; del 8 de noviembre de 2013 al 30 de abril de 2014; del 28 de agosto al 30 de noviembre de 2014; y del 1.º al 30 de diciembre de 2014. CUARTO. DECLARAR prescritas las prestaciones sociales y demás acreencias económicas derivadas de los períodos señalados en el ordinal anterior, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. QUINTO. ORDENAR al departamento del Valle del Cauca que, respecto de los períodos señalados en el ordinal tercero, efectúe el cálculo actuarial o las cotizaciones al Sistema General de Pensiones que correspondan, tomando como ingreso base de cotización los honorarios pactados o los valores percibidos por la señora Rosalba Barreto Núñez. Si se advierten diferencias entre los aportes efectuados y aquellos que debieron realizarse, el departamento del Valle del Cauca deberá asumir el porcentaje que le correspondía como empleador y consignarlo en el fondo de pensiones al cual […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00372-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00372-01 (0132-2024)
Demandante: Rosalba Barreto Núñez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral

Decisión: Revoca parcialmente la sentencia de primera instancia, al
encontrarse acreditada la subordinación continuada respecto de
algunos períodos

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 31 de mayo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La señora Rosalba Barreto Núñez interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que
se declarara la nulidad del oficio 1.110-52-435128 del 3 de octubre de 2018,
mediante el cual el departamento del Valle del Cauca negó la reclamación
administrativa presentada el 21 de septiembre de ese año para obtener el
reconocimiento de la relación laboral y el pago de las acreencias derivadas de
esta.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó, en síntesis: (i) declarar
que entre las partes existió una relación laboral, sin solución de continuidad, del
2 de enero de 2000 al 4 de agosto de 2016 y que las organizaciones mediante
las cuales prestó sus servicios actuaron como simples intermediarias; (ii)
reconocer su condición de empleada pública de hecho y ordenar la nivelación y
el reajuste salarial, así como el pago de las prestaciones sociales1 dejadas de
percibir; (iii) efectuar las cotizaciones correspondientes al Sistema de Seguridad

1
Primas de servicios (junio y diciembre), prima de navidad, bonificación por servicios prestados,
vacaciones, subsidio de alimentación, prima de vacaciones, bonificación por recreación, auxilio
de cesantías, intereses a las cesantías, calzado y dotaciones, sanción moratoria.

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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00372-01 (0132-2024)
Demandante: Rosalba Barreto Núñez

Social Integral y reconocer las acreencias relacionadas con las cesantías; (iv)
declarar que la terminación de su vinculación desconoció la protección prevista
en la Ley 361 de 1997 y, en consecuencia, ordenar su reintegro y el pago de los
emolumentos dejados de percibir, junto con la indemnización prevista en esa
normativa; y (v) reconocer los perjuicios morales y los daños a la salud y a la vida
de relación que atribuyó a una enfermedad de origen laboral. También pidió la
indexación de las sumas reconocidas y la condena en costas.

3. Como hechos relevantes, señaló que había estado vinculada previamente
al departamento del Valle del Cauca mediante nombramientos provisionales
como operadora de conmutador y operaria. Indicó que este último empleo fue
suprimido mediante la reforma administrativa adoptada en 1999 y que, a partir
del 2 de enero de 2000, continuó prestando sus servicios a la entidad, primero
mediante un contrato sindical y, posteriormente, a través de distintas
organizaciones que, según afirmó, actuaron como simples intermediarias. A partir
de noviembre de 2005 suscribió directamente varios contratos de prestación de
servicios con el departamento, alternados con otros períodos de intermediación.

4. Expuso que durante esas vinculaciones desempeñó distintas actividades
de auxiliar de oficina, aseo y cafetería, mantenimiento, operadora de conmutador
y apoyo administrativo. Afirmó que las ejecutó personalmente, en las
instalaciones de la Gobernación, bajo la supervisión de funcionarios de la entidad
y con sujeción a una jornada previamente establecida, sin que se hubiera
presentado solución de continuidad en la prestación del servicio.

5. Añadió que, a partir del 11 de febrero de 2015, fue nombrada en
provisionalidad como auxiliar administrativo del despacho del gobernador y que
dicha vinculación terminó el 4 de agosto de 2016. Sostuvo que para ese momento
padecía síndrome del túnel del carpo y que la entidad terminó su nombramiento
pese a esa condición y sin obtener autorización previa del ministerio del Trabajo.

6. Como concepto de violación, sostuvo que las distintas modalidades
utilizadas para su vinculación encubrieron una relación laboral, pues durante el
período reclamado prestó personalmente sus servicios, recibió remuneración y
estuvo sometida a continuada subordinación del departamento. Por ello, afirmó
que debía aplicarse el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
y reconocerse las consecuencias salariales, prestacionales y de seguridad social
correspondientes. Asimismo, alegó que la terminación de su vinculación
desconoció la protección derivada de su situación de salud.

Contestación de la demanda2

7. La entidad demandada se opuso a las pretensiones. Reconoció que la
demandante estuvo vinculada mediante diferentes contratos de prestación de
servicios, directamente y a través de terceros, pero negó que estos hubieran

2
Se advierte una inconsistencia en el análisis del caso concreto, toda vez que se menciona una
petición del 12 de diciembre de 2014 atribuida al señor Jafir Fernando Quintero Lerma, persona
ajena al presente proceso.

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Demandante: Rosalba Barreto Núñez

encubierto una relación laboral. Sostuvo que la contratación se encontraba
autorizada para desarrollar actividades que no podían ser atendidas con personal
de planta y que no se acreditó la continuada subordinación alegada ni que la
prestación de los servicios hubiera ocurrido sin solución de continuidad. Añadió
que la coordinación de las actividades, la supervisión contractual, el cumplimiento
de horarios y la presentación de informes no demostraban, por sí solos,
dependencia laboral.

8. Respecto de la terminación del nombramiento provisional, señaló que la
demandante ocupaba temporalmente el empleo de auxiliar administrativo 407-02
y que su desvinculación obedeció al regreso de la titular del cargo, luego de
finalizar el encargo en el que esta se encontraba. También negó que hubiera
incumplido sus deberes de prevención respecto de la enfermedad alegada por la
actora y se opuso a las pretensiones derivadas de la estabilidad laboral reforzada.

9. Propuso las excepciones de prescripción extintiva, carencia del derecho
reclamado, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación e innominada.

Sentencia apelada

10. Mediante sentencia del 31 de mayo de 2023, el Tribunal negó las
pretensiones de la demanda. Señaló que los testimonios rendidos por las señoras
Luz Dary Córdoba, Melba María Micolta Caicedo y Noira Lucía Puente Sinisterra
permitían acreditar que la demandante prestó personalmente sus servicios en la
Gobernación del Valle del Cauca como operadora de telemática y encargada del
conmutador.

11. Asimismo, las testigos indicaron que la actora cumplía un horario
establecido por la entidad, prestaba sus servicios en sus instalaciones y estuvo
vinculada mediante contratos de prestación de servicios, celebrados
directamente con el departamento o a través de cooperativas de trabajo
asociado. También manifestaron que recibía una remuneración mensual
conforme a lo pactado, sin reconocimiento de prestaciones sociales.

12. Respecto de la subordinación, las declarantes afirmaron que la
demandante recibía instrucciones del jefe del área, quien generalmente actuaba
como supervisor o interventor del contrato. Sin embargo, el Tribunal advirtió que
no precisaron en qué consistían esas instrucciones ni aportaron elementos que
permitieran establecer que excedían la coordinación propia de la relación
contractual.

13. Además, consideró que las declaraciones carecían de suficiente respaldo
documental. Destacó que la demandante no desempeñó exclusivamente
funciones de operadora de conmutador, como lo afirmaron las testigos, pues uno
de los contratos suscritos en 2007 tenía por objeto la ejecución de actividades de
mantenimiento de obra civil.

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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00372-01 (0132-2024)
Demandante: Rosalba Barreto Núñez

14. De igual manera, señaló que no obraban memorandos, cronogramas de
turnos u otros documentos que acreditaran el cumplimiento de un horario, la
necesidad de solicitar autorización para ausentarse o la ejecución continua e
ininterrumpida de las actividades. Agregó que las testigos tampoco fueron
coincidentes respecto de la forma en que debían solicitarse los permisos.

15. Aunque las declarantes coincidieron en que la actora cumplía un horario,
el Tribunal estimó que esa circunstancia no demostraba, por sí sola, la existencia
de subordinación, pues podía corresponder a la coordinación necesaria para la
adecuada ejecución y supervisión de los contratos de prestación de servicios.

16. Con fundamento en lo anterior, concluyó que la valoración conjunta de las
pruebas no permitía establecer que la actividad hubiera estado sometida a
órdenes permanentes o continuas de la entidad. Por ello, consideró que no se
acreditó suficientemente la subordinación necesaria para desvirtuar la naturaleza
de los contratos de prestación de servicios y negó las pretensiones.

17. Finalmente, condenó en costas a la parte demandante y fijó las agencias
en derecho en un salario mínimo mensual legal vigente

Recurso de apelación

18. La parte demandante interpuso recurso de apelación y sostuvo que en el
proceso quedó acreditado que prestó sus servicios para el departamento del
Valle del Cauca mediante contratos sindicales, esquemas de tercerización,
cooperativas de trabajo asociado y contratos de prestación de servicios
celebrados directamente con la entidad.

19. Afirmó que laboró de manera ininterrumpida entre el 2 de enero de 2000 y
el 4 de agosto de 2016, período durante el cual desempeñó distintas actividades
en las instalaciones del Palacio de San Francisco, bajo la supervisión de
funcionarios designados por las dependencias de la gobernación.

20. Sostuvo que se acreditaron los elementos constitutivos de una relación
laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación. Respecto de este último elemento, señaló que la demandante
cumplía un horario preestablecido, se encontraba sometida a las directrices de
un jefe inmediato y de los supervisores o interventores de los contratos y prestaba
personalmente sus servicios para la gobernación. Agregó que la prolongación de
la vinculación y el desempeño de funciones permanentes demostraban el uso
indebido de las distintas modalidades contractuales empleadas por la entidad.

21. Finalmente, señaló que durante su vinculación con el departamento del
Valle del Cauca la demandante fue diagnosticada con síndrome del túnel del
carpo y que, pese a conocer esa circunstancia, la entidad terminó la relación. Con
fundamento en la Sentencia SU-049 de 2017, sostuvo que era beneficiaria de la
estabilidad laboral reforzada por razones de salud.

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Demandante: Rosalba Barreto Núñez

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

22. Por auto de 9 de mayo de 2024, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.

23. La entidad demandada presentó alegatos de conclusión en segunda
instancia, sostuvo que la actora nunca fue tratada como servidora pública, pues
no estuvo sometida a investigaciones disciplinarias ni a mecanismos de control
que permitieran inferir la existencia de subordinación en el desarrollo de las
actividades contratadas. Agregó que no se acreditó documento, autorización o
formalidad alguna que evidenciara la necesidad de obtener permiso para ejecutar
actividades distintas de las previstas contractualmente, por lo que concluyó que
la demandante gozaba de la autonomía propia de un contratista independiente.

24. La parte demandante guardó silencio en esta fase procesal y el agente del
Ministerio Público no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

25. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala determinar si le asiste razón a la parte demandante
al sostener que el Tribunal valoró indebidamente las pruebas obrantes en el
expediente y, como consecuencia de ello, concluyó que no se acreditó la
continuada subordinación durante los períodos en que la señora Rosalba Barreto
Núñez prestó sus servicios al departamento del Valle del Cauca bajo distintas
modalidades de vinculación.

27. De prosperar este reparo, deberá establecerse respecto de qué períodos
se acreditaron los elementos de la relación laboral y cuáles son las
consecuencias jurídicas de su reconocimiento. Así mismo, deberá determinarse
si le asiste razón a la recurrente al sostener que la terminación de la vinculación
desconoció la estabilidad laboral reforzada que reclamó con ocasión de su estado
de salud.

Análisis del problema jurídico

28. La Sala revocará la sentencia de primera instancia, porque se acreditó la
continuada subordinación necesaria para declarar la desnaturalización de las
formas de vinculación utilizadas durante los períodos en que la demandante
desarrolló labores de aseo y cafetería, así como actividades de operadora de
conmutador, recepcionista y apoyo administrativo.

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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00372-01 (0132-2024)
Demandante: Rosalba Barreto Núñez

La desnaturalización de los contratos de prestación de servicios

29. De acuerdo con la prueba documental recaudada, la demandante prestó
sus servicios en la entidad accionada en los siguientes lapsos:

Modalidad de
Duración Honorarios Objeto
vinculación
1° de diciembre de Cargo operario de servicios
NACIONAL DE ASEO
2001 al 30 de julio varios en la oficina de
S.A3
de 2002 telemática
Servicios 1° de noviembre $ 309.000
Profesionales de 2002 al 31 de Cargo oficios varios
Portuarios4 enero de 2003 (mensual)
3 de marzo de Cargo obrero según
Su Aliada Cooperativa
2003 al 30 de junio $358.000 desprendible de nómina de la
de Trabajo Asociado5
de 2004 empresa
COOSERVIGENSA 1° de julio al 31 de Cargo operario de servicios
---
LTDA6 diciembre de 2004 varios
1° de enero al 31 Prestar servicios de aseo en la
EL FARO LTDA7
de octubre de 2005 entidad
Prestación de servicios como
Contrato de 1° de noviembre al
auxiliar de oficina y el desarrollo
prestación de servicio 31 de diciembre de $1.600.000
de actividades inherentes que le
000076 de 20058 2005
sean encomendadas.9
Prestación de servicios como
Contrato de operaria de oficina y el
2 de enero al 30 de
prestación de servicio $5.400.000 desarrollo de actividades
junio de 2006
0007 de 200610 inherentes que le sean
encomendadas.
Prestación de servicio para
Contrato de ejecutar actividades de
prestación de 4 de julio al 31 de mantenimiento preventivo y
$5.400.000
servicios 0545 de diciembre de 2006 reparación de la planta física en
200611 las áreas de ebanistería,
albañilería, pintura y otros
Prestación de servicios para
ejecutar actividades de
Contrato de
mantenimiento de obra civil
prestación de 2 de enero al 31 de
$11.880.000 preventiva y reparación de la
servicios 0017 de diciembre de 2007
planta física en las áreas de
200712
ebanistería, albañilería, pintura y
otros
16 de enero hasta Aseo y cafetería en la
GE&SCOOP13 el 15 de junio de Gobernación del Valle del
$461.500
2008 Cauca

3
Índice 30 de SAMAI del Tribunal.
4
Índice 23 de SAMAI del Tribunal. Archivo 1581. PDF.
5
Índice 30 de SAMAI del Tribunal.
6
Índice 23 Archivo6009-4 Cooservigensa Ltda_0001.pdf
7
Índice 2 de SAMAI del Tribunal. Archivo
43_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1852023(.zip). Archivo 002 C.2 202103037083.Folio
45,48,50,54,56,61,64,
8
Índice 2 de SAMAI del Tribunal. Archivo
43_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1852023(.zip). Archivo 002 C.2 202103037083.Folio
28 a 31, 66.
9
En certificado expedido por la entidad demandada se especifica que, para el mes de diciembre
de 2005, se desempeñó como operadora del conmutador.
10
Ibidem. Folio 72 a 74.
11
Ibidem. Folio 77 a 79.
12
Ibidem. Folio 92 a 94.
13
Índice 2 de SAMAI del Tribunal. Archivo 003 C.3 202103037084.Folio 7.

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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00372-01 (0132-2024)
Demandante: Rosalba Barreto Núñez

Contratar la prestación de
servicios como apoyo al
departamento, como auxiliar de
$3.866.940 mantenimiento, debiendo
Contrato de prestación
1° de julio al 31 de desarrollar actividades
de servicio 0380 de
diciembre de 2008 inherentes a la gestión para la
2008 y adición14 $1.933.470 cual se contrata en las
instalaciones del Palacio de San
Francisco, Gobernación del
Valle del Cauca.
Prestación de servicios como
auxiliar en mantenimiento,
debiendo ejercer actividades
Contrato de prestación
23 de enero al 30 inherentes a la gestión para la
de servicios 134 de $6.264.444
de junio de 2009 cual contrata en las
200915
instalaciones del Palacio de San
Francisco, Gobernación del
Valle del Cauca.
El presente contrato tiene por
objeto operar el conmutador (1),
Contrato de prestación 3 de agosto al 30 en la Secretaría de
de servicios 0750 de de diciembre de $6.264.444 Comunicaciones y Telemática
200916 2009 en las Instalaciones del Palacio
de San Francisco, Gobernación
del Valle del Cauca.
1° de mayo al 31
Auxiliar de mantenimiento en el
GE&SCOOP17 de diciembre de -----
área de conmutador
2010
Prestación de servicios como
auxiliar en mantenimiento,
debiendo ejercer actividades
Contrato de prestación 31 de enero al 31
inherentes a la gestión para la
de servicios 0258 de de diciembre de $13.860.000
cual contrata en las
201118 2011
instalaciones del Palacio de San
Francisco, Gobernación del
Valle del Cauca.
Prestación de servicios de
Contrato de apoyo a la gestión
22 de marzo al 31
prestación de departamental requeridos para
de diciembre de $12.127.500
servicios 0148 de la realización de las actividades
2012
201219 propias de la función de la
secretaría de Telemática.
Prestación de servicios de
apoyo a la gestión
Contrato de
departamental requeridos para
prestación de 28 de febrero al 30
$13.050.000 la realización de las actividades
servicios 0144 de de octubre de 2013
asistenciales propias de la
201320
función de la secretaría de
desarrollo institucional
Prestación de servicios de
apoyo a la gestión
Contrato de departamental requeridos para
8 de noviembre de
prestación de la realización de las actividades
2013 al 30 de abril $9.000.000
servicios 1259 de asistenciales propias de la
de 2014
201321 función de la Secretaría de
Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional.

14
Ibidem. Folio 11 a 22.
15
Ibidem. Folio 30 a 37.
16
Ibidem. Folio 42 a 47.
17
Índice 30 de SAMAI del Tribunal.
18
Ibidem. Folio 49 a 51.
19
Ibidem. Folio 74 a 76.
20
Ibidem. Folio 78 a 81.
21
Ibidem. Folio 82 a 85, 91.

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Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00372-01 (0132-2024)
Demandante: Rosalba Barreto Núñez

Contratar la prestación de
servicios de apoyo a la gestión
Contrato de departamental requeridos para
28 de agosto al 30
prestación de la realización de las actividades
de noviembre de $4.500.000
servicios 497 de asistenciales propias de la
2014
201422 función de la Secretaría de
Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional.
Contratar la prestación de
servicios de apoyo a la gestión
departamental requeridos para
Contrato de prestación
1° al 30 de la realización de las actividades
de servicios 1106 de $1.500.000
diciembre de 2014 asistenciales propias de la
201423
función de la Secretaría de
Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional.

30. También obran en el expediente: certificado de tiempo de servicios de la
actora, en el que consta que estuvo vinculada entre el 1° de octubre de 1998
hasta el 30 de abril de 1999, y del 2 de agosto al 30 de diciembre de 1999, en el
cargo de operadora de conmutador adscrita a la gobernación del Valle del
Cauca24; certificado de historia laboral consolidada expedida por Porvenir25; oficio
ST-S-20021005, mediante el cual se modificó el horario de trabajo de las
funcionarias encargadas del conmutador de la entidad26; contratos de prestación
de servicios suscritos entre la entidad demandada y las empresas de servicios
generales EL FARO LTDA27, GE&SCOOP, COOSERVIGENSA LTDA, Servicios
profesionales portuarios LTDA28; Nacional de Aseo S.A; Empresa su aliada
Cooperativa de Trabajo asociado CTA; Asociación mutual de Colombia29;y el
contrato sindical suscrito por el Sindicato de Trabajadores del departamento del
Valle del Cauca durante los años 2000, 2001 y 2002- COOPSINDICOL;
comprobante de pago de 23 de junio de 200630; planillas de seguridad social31;
carta de felicitación HSIR 15903 de 14 de diciembre de 200632; certificado
expedido por la entidad demandada, según la cual la actora laboraba como
contratista desde el 1.º de enero de 2000 hasta la fecha de expedición del
documento; y la historia clínica de la demandante33.

31. En primera instancia se recibieron los testimonios de las señoras Luz Dary
Córdoba, Melba María Micolta Caicedo y Noira Lucía Puente Sinisterra, de los
cuales se destaca lo siguiente:

22
Ibidem. Folio 86 a 88.
23
Ibidem. Folio 92 a 95.
24
Índice 2 de SAMAI del Tribunal. Archivo
43_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1852023(.zip). Archivo 001 C.1 202103037082. Folio
54 a 56.
25
Ibidem. Archivo 001 C.1 202103037082. Folio 95 a 98.
26
Ibidem. Archivo 002 C.2 202103037083.Folio 26.
27
Ibidem. Folio 32 a 41, 44.
28
Ibidem.
29
Ibidem.
30
Ibidem. Folio 32 a 76.
31
Ibidem. Folio 83 a 85. Archivo 003 C.3 202103037084.Folio 23 a 29.
32
Ibidem. Folio 90.
33
Ibidem. Archivo 003 C.3 202103037084.Folio 48.

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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00372-01 (0132-2024)
Demandante: Rosalba Barreto Núñez

• La señora Luz Dary Córdoba manifestó que ingresó a trabajar en la
gobernación del Valle del Cauca en 2004 y permaneció allí durante 16
años, época para la cual la demandante ya prestaba sus servicios en la
entidad. Señaló que aquella se desempeñó inicialmente como operadora
de conmutador y posteriormente como recepcionista en el despacho del
gobernador, bajo distintas modalidades de vinculación, entre ellas
cooperativas de trabajo asociado y contratos de prestación de servicios.
Agregó que entre 2015 y 2016 ocupó un cargo en provisionalidad.

Indicó que la actora cumplía una jornada de lunes a viernes, de 7:30 a. m.
a 12:00 m. y de 1:30 p. m. a 6:00 p. m.; debía permanecer en su puesto
de trabajo y solicitar autorización para ausentarse; y, cuando las
necesidades del servicio lo requerían, extendía su jornada.

Afirmó que la demandante estaba sometida a supervisión de la
cooperativa y de la gobernación y debía reportar las actividades realizadas
diaria y mensualmente. Durante los períodos de contratación directa,
recibía instrucciones de funcionarios de la entidad, inicialmente del
secretario de Telemática y, posteriormente, del secretario privado del
gobernador.

También señaló que la actora desarrollaba las mismas actividades que
servidores de planta y utilizaba los equipos e implementos suministrados
por la gobernación. Finalmente, indicó que recibía una remuneración
mensual y que, para obtener su pago, debía presentar informes de
actividades y acreditar los aportes al sistema de seguridad social.

• La señora Melba María Micolta Caicedo manifestó que laboró en la
gobernación del Valle del Cauca entre 2005 y 2015 y que conoció allí a la
demandante, quien se desempeñaba como recepcionista y operadora de
conmutador en la dependencia de Telemática.

Señaló que la actora cumplía una jornada de lunes a viernes, de 7:30 a.
m. a 12:00 m. y de 1:30 p. m. a 6:00 p. m., y que las instrucciones para
desarrollar sus actividades provenían del responsable de cada
dependencia, quien también ejercía la supervisión o interventoría del
respectivo vínculo contractual.

Explicó que, para obtener el pago de los honorarios, debían presentar
informes mensuales de actividades aprobados y suscritos por el
interventor o supervisor. Agregó que la demandante desarrollaba
actividades que también eran ejecutadas por personal de planta y utilizaba
los equipos, herramientas e insumos suministrados por la entidad.

Finalmente, manifestó que entre agosto de 2014 y 2016 la actora estuvo
vinculada en provisionalidad en el despacho del gobernador, donde
desarrolló labores de recepción y atención al público.

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Demandante: Rosalba Barreto Núñez

• La señora Noira Lucía Puente Sinisterra relató que conoció a la
demandante en 1998, cuando ambas prestaban sus servicios en la
gobernación del Valle del Cauca. Explicó que la actora se desvinculó con
ocasión de una reforma administrativa y regresó el 10 de enero de 2000
mediante una vinculación contractual a través de Sintradepartamento.
Posteriormente, continuó prestando sus servicios por intermedio de
distintas cooperativas de trabajo asociado y, desde 2005, mediante
contratos de prestación de servicios celebrados directamente con la
gobernación.

Indicó que la demandante se desempeñó como operadora de conmutador
y prestó apoyo en distintas dependencias mediante la recepción de
llamadas, la recepción y radicación de correspondencia y otras actividades
administrativas. Precisó que las instrucciones eran impartidas por los jefes
de las respectivas dependencias o por los supervisores designados por la
entidad.

Afirmó que la actora desarrollaba las mismas actividades que el personal
vinculado a la planta, cumplía una jornada de lunes a viernes, de 7:30 a.
m. a 12:00 m. y de 1:30 p. m. a 5:30 p. m., y utilizaba los equipos y
elementos suministrados por la gobernación.

Finalmente, señaló que entre 2014 y 2016 la demandante ocupó en
provisionalidad un empleo de auxiliar administrativa y que, durante los
períodos anteriores de vinculación, no le fueron reconocidas prestaciones
sociales.

32. Para resolver los reparos de la apelación, corresponde establecer si las
distintas modalidades mediante las cuales la demandante prestó sus servicios
encubrieron, durante alguno de los períodos reclamados, una relación
subordinada con el departamento del Valle del Cauca.

33. Las cooperativas de trabajo asociado encuentran sustento en la Ley 79 de
1988 y corresponden a una forma asociativa en la que sus integrantes aportan
directamente su capacidad de trabajo para desarrollar actividades organizadas
por la propia cooperativa. Por esta razón, el trabajo asociado supone autonomía
respecto del tercero beneficiario del servicio y no puede utilizarse para
suministrarle personal sometido a su subordinación.

34. En esa línea, el Decreto 4588 de 2006 prohibió que las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado actuaran como empresas de intermediación
laboral o dispusieran del trabajo de sus asociados para suministrar mano de obra
a terceros. Cuando el beneficiario ejerce subordinación sobre el trabajador
asociado, la modalidad utilizada para la prestación del servicio no impide
establecer la verdadera naturaleza de la relación.

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Demandante: Rosalba Barreto Núñez

35. Esta Corporación34 ha señalado que el régimen especial del trabajo
asociado responde a las particularidades de esa forma de organización, pero no
puede emplearse para desconocer los derechos derivados de una relación
materialmente subordinada. Por ello, cuando se solicita la aplicación del principio
de primacía de la realidad, corresponde establecer si se acreditaron la prestación
personal del servicio, la remuneración y, especialmente, la continuada
subordinación.

36. Ese análisis debe efectuarse respecto de cada período y de las
condiciones concretas en que se prestó el servicio. La existencia de contratos
celebrados directamente con la entidad o por conducto de terceros acredita la
modalidad formal utilizada, pero no demuestra, por sí misma, que la demandante
hubiera estado sometida al poder de dirección del departamento.

37. En el recurso de apelación, la demandante sostuvo que prestó sus
servicios de manera ininterrumpida entre el 2 de enero de 2000 y el 4 de agosto
de 2016 y que, con independencia de la modalidad utilizada para su vinculación,
desarrolló labores administrativas, operativas y asistenciales bajo la
subordinación de funcionarios del departamento del Valle del Cauca.

38. La prueba documental no permite tener por acreditada una vinculación
ininterrumpida durante todo ese lapso. Los documentos aportados demuestran
diferentes relaciones, celebradas directamente con el departamento o por
conducto de terceros, cuyos objetos y períodos de ejecución no fueron uniformes.
Por ello, es necesario establecer, respecto de cada período, qué actividades
desarrolló la demandante y las condiciones en que fueron ejecutadas.

39. Un primer grupo corresponde a labores de servicios varios, aseo y
cafetería. Los documentos acreditan que la demandante se desempeñó como
operaria de servicios varios entre el 1.º de diciembre de 2001 y el 30 de julio de
2002, y entre el 1.º de julio y el 31 de diciembre de 2004; en oficios varios, entre
el 1.º de noviembre de 2002 y el 31 de enero de 2003; en labores de aseo, entre
el 1.º de enero y el 31 de octubre de 2005; y en aseo y cafetería, entre el 16 de
enero y el 15 de junio de 2008.

40. Esta Corporación35 ha considerado que las labores de aseo y servicios
generales, por sus características, constituyen un indicio relevante de
subordinación cuando su ejecución exige presencia en las instalaciones del
beneficiario, cumplimiento de horarios y sujeción a instrucciones sobre el modo,
tiempo y lugar en que deben desarrollarse. Esta circunstancia no releva, sin
embargo, de examinar las condiciones acreditadas en cada caso.

34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2022,
expediente 23001-23-33-000-2013-00390-01 (3612-2015)
35
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 26 de agosto de 2021, expediente 66001-23-33-000-2015-00154-01
(3841-2017), citada en la sentencia del 23 de octubre de 2025, proferida por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado en el expediente 85001-23-33-000-2015-00131-02
(3295-2020).

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41. En este asunto, la prueba testimonial complementa esos documentos. Las
declarantes ubicaron a la demandante en las instalaciones de la gobernación,
sometida al horario establecido por la entidad, bajo las instrucciones de los
responsables de las dependencias y utilizando los elementos suministrados para
desarrollar sus labores. Valorados conjuntamente esos elementos, la Sala
encuentra acreditadas la prestación personal, la remuneración y la continuada
subordinación durante los períodos en los que desarrolló labores de servicios
varios, aseo y cafetería.

42. No ocurre lo mismo con el período comprendido entre el 3 de marzo de
2003 y el 30 de junio de 2004. El documento correspondiente únicamente
identifica a la demandante como «obrero», sin precisar las actividades que
desempeñó, y los testimonios tampoco suministran información suficiente sobre
las condiciones concretas en que prestó sus servicios durante ese lapso. Por
tanto, no se acreditó la continuada subordinación necesaria para declarar que se
desnaturalizó el vínculo en este lapso.

43. Un segundo grupo comprende las labores de oficina, conmutador y apoyo
administrativo. Los contratos acreditan que entre el 1.º de noviembre y el 31 de
diciembre de 2005 la demandante prestó servicios como auxiliar de oficina; entre
el 2 de enero y el 30 de junio de 2006, como operaria de oficina; y entre el 3 de
agosto y el 30 de diciembre de 2009, como operadora del conmutador de la
Secretaría de Comunicaciones y Telemática.

44. A partir de 2012, los objetos contractuales fueron formulados en términos
más amplios. Los contratos celebrados entre el 22 de marzo y el 31 de diciembre
de 2012 y entre el 28 de febrero y el 30 de octubre de 2013 tuvieron por objeto
prestar apoyo a la gestión departamental para desarrollar actividades propias o
asistenciales de las respectivas secretarías. La misma fórmula de apoyo a la
gestión y desarrollo de actividades asistenciales fue utilizada en los contratos
ejecutados entre el 8 de noviembre de 2013 y el 30 de abril de 2014, entre el 28
de agosto y el 30 de noviembre de 2014 y durante diciembre de ese año.

45. Aunque estos últimos documentos no individualizan las tareas
desarrolladas, los testimonios de las señoras Luz Dary Córdoba, Melba María
Micolta Caicedo y Noira Lucía Puente Sinisterra permiten establecer las
condiciones materiales en que la demandante prestó sus servicios. Las
declarantes coincidieron en que desempeñó labores de conmutador, recepción y
apoyo administrativo, cumplió el horario establecido por la gobernación,
permaneció en sus instalaciones y utilizó los medios suministrados por la entidad.

46. Las declaraciones también coincidieron en que las instrucciones provenían
de los responsables de las dependencias en las que prestaba sus servicios. La
señora Luz Dary Córdoba precisó que inicialmente las recibía del secretario de
Telemática y, posteriormente, del secretario privado del gobernador. Agregó que
la demandante debía solicitar autorización para ausentarse de su puesto de
trabajo y extender su jornada cuando las necesidades del servicio lo exigían.

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Demandante: Rosalba Barreto Núñez

47. Esas circunstancias excedían la coordinación necesaria para verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales. El horario, la permanencia en las
instalaciones, la necesidad de autorización para ausentarse y las instrucciones
impartidas por los responsables de las dependencias demuestran que el
departamento ejercía poderes de dirección sobre la prestación personal del
servicio.

48. Las características de las actividades desarrolladas corroboran esa
conclusión. La operación del conmutador, la recepción de usuarios y
correspondencia y el apoyo administrativo se integraban al funcionamiento
cotidiano de las dependencias y requerían la presencia de la demandante
durante la jornada de atención. Esta inserción funcional no demuestra
aisladamente la subordinación, pero adquiere relevancia al valorarse
conjuntamente con las demás condiciones de ejecución acreditadas.

49. En consecuencia, durante los períodos en los que se acreditó que la
demandante desarrolló labores de oficina, conmutador, recepción y apoyo
administrativo, las modalidades formales utilizadas para la prestación del servicio
se desnaturalizaron, pues las pruebas demuestran que el departamento ejerció
continuada subordinación.

50. La prueba conduce a una conclusión diferente respecto de las actividades
de mantenimiento. Aunque los contratos permiten establecer su objeto,
remuneración y, en algunos casos, el lugar de prestación del servicio, no
demuestran las condiciones concretas bajo las cuales fueron ejecutadas.

51. Los testimonios tampoco suministran información circunstanciada sobre
esos períodos. Las declarantes concentraron sus relatos en las labores de
conmutador, recepción y apoyo administrativo y no precisaron quién impartía
instrucciones sobre las actividades de mantenimiento, cómo se organizaba su
ejecución o si la demandante estaba sometida a un poder continuado de
dirección. La prestación del servicio en las instalaciones de la gobernación y la
existencia de un objeto relacionado con el mantenimiento de su planta física no
permiten, por sí solas, acreditar ese elemento.

52. La misma conclusión se aplica al período comprendido entre el 1.º de
mayo y el 31 de diciembre de 2010. Aunque el documento correspondiente
señala que la demandante se desempeñó como «auxiliar de mantenimiento en
el área de conmutador», esa referencia no permite establecer que hubiera
desarrollado las funciones de operadora de conmutador descritas por las testigos
ni demuestra las condiciones concretas en que ejecutó sus labores durante ese
lapso.

53. Por tanto, respecto de los períodos en los que se desempeñó en
actividades de mantenimiento, incluido el referido en el párrafo anterior, no se
acreditó la continuada subordinación necesaria para declarar la desnaturalización
del vínculo.

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Demandante: Rosalba Barreto Núñez

54. En síntesis, la prueba permite declarar la desnaturalización del vínculo
únicamente durante los períodos en los que la demandante desarrolló labores de
servicios varios, aseo y cafetería, así como actividades de oficina, conmutador,
recepción y apoyo administrativo. No ocurre lo mismo con los períodos en los que
fue identificada como obrero o desarrolló labores de mantenimiento, respecto de
los cuales no se acreditó la continuada subordinación.

55. La circunstancia de que algunos de esos servicios se hubieran prestado
por conducto de cooperativas u otros terceros no modifica esa conclusión. Las
pruebas demostraron que el departamento del Valle del Cauca fue el beneficiario
directo de las labores y ejerció sobre la demandante la subordinación antes
descrita. Por tanto, es la entidad territorial la llamada a asumir las consecuencias
derivadas de la relación material acreditada.

56. Establecido lo anterior, corresponde determinar los efectos de la
declaración y la prescripción de las acreencias reclamadas.

57. De acuerdo con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de
septiembre de 2021, las prestaciones sociales derivadas de la desnaturalización
de los contratos están sometidas al término trienal de prescripción, contado
desde que la respectiva obligación se hizo exigible.

58. En este caso, el último período respecto del cual se acreditó la continuada
subordinación terminó el 30 de diciembre de 2014. La demandante presentó la
reclamación administrativa el 21 de septiembre de 2018, cuando ya había
transcurrido el término trienal. En consecuencia, se encuentran prescritas las
prestaciones sociales y demás acreencias económicas derivadas de los períodos
cuya desnaturalización se declaró.

59. Distinta es la situación de los aportes al Sistema General de Pensiones.
Conforme a la sentencia de unificación referida, los derechos pensionales
derivados de la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios no
están sometidos a prescripción, dada su relación con el derecho a la seguridad
social y con la financiación de una prestación periódica futura.

60. Por ello, aunque no procede reconocer prestaciones sociales ni otras
acreencias económicas, sí deben computarse para efectos pensionales los
períodos respecto de los cuales se acreditó la desnaturalización del vínculo y
efectuarse las cotizaciones correspondientes.

61. En consecuencia, se declarará que se desnaturalizó el vínculo respecto
de los períodos comprendidos entre el 1.º de diciembre de 2001 y el 30 de julio
de 2002; el 1.º de noviembre de 2002 y el 31 de enero de 2003; el 1.º de julio y
el 31 de diciembre de 2004; el 1.º de enero y el 31 de octubre de 2005; el 1.º de
noviembre y el 31 de diciembre de 2005; el 2 de enero y el 30 de junio de 2006;
el 16 de enero y el 15 de junio de 2008; el 3 de agosto y el 30 de diciembre de
2009; el 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2012; el 28 de febrero y el 30 de

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octubre de 2013; el 8 de noviembre de 2013 y el 30 de abril de 2014; el 28 de
agosto y el 30 de noviembre de 2014; y el 1.º y el 30 de diciembre de 2014.

62. Respecto de estos lapsos, únicamente procederá el reconocimiento de los
efectos pensionales, pues las demás acreencias económicas se encuentran
prescritas.

63. Para tal efecto, el departamento del Valle del Cauca deberá tomar como
ingreso base de cotización los honorarios pactados en cada uno de los contratos
reconocidos y efectuar, ante el fondo de pensiones correspondiente, el pago de
las cotizaciones que le habrían correspondido como empleador durante dichos
períodos.

La estabilidad laboral reforzada por razones de salud

64. La parte demandante sostuvo que, durante su vinculación, la señora
Rosalba Barreto Núñez fue diagnosticada con síndrome del túnel del carpo y que,
por esa razón, al momento de la terminación del vínculo gozaba de estabilidad
laboral reforzada por razones de salud.

65. Sobre el particular, la Corte Constitucional señaló en la Sentencia SU-111
de 2025 que la protección derivada de la estabilidad laboral reforzada exige
acreditar, al menos, los siguientes presupuestos: (i) una condición de salud que
dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de las actividades;
(ii) el conocimiento de esa situación por parte del empleador o contratante antes
de la terminación del vínculo; y (iii) la ausencia de una justificación suficiente para
la desvinculación, de manera que resulte posible inferir que esta obedeció a la
condición de salud.

66. En este caso, el diagnóstico de síndrome del túnel del carpo no demuestra,
por sí solo, que la demandante fuera titular de la protección reclamada. Era
necesario acreditar que, al finalizar alguno de los vínculos cuya desnaturalización
se declaró, su condición de salud dificultaba significativamente el desempeño de
sus actividades y que el departamento del Valle del Cauca conocía esa
circunstancia. Las pruebas no permiten establecer ninguno de esos presupuestos
respecto de tales períodos. Por tanto, no procede el reintegro ni el reconocimiento
de la indemnización solicitada por estabilidad laboral reforzada.

67. Los testimonios y la propia demanda indican, además, que entre 2015 y
2016 la demandante estuvo vinculada mediante nombramiento en
provisionalidad. Esa relación legal y reglamentaria es distinta de los vínculos cuya
desnaturalización se declaró en esta providencia y su terminación no constituye
objeto del presente proceso.

68. En suma, la sentencia apelada será revocada, pues se acreditó la
desnaturalización de las modalidades de vinculación durante los períodos antes
señalados. Sus efectos se limitarán al reconocimiento pensional, debido a la

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prescripción de las demás acreencias económicas, sin que haya lugar a acceder
a las pretensiones fundadas en la estabilidad laboral reforzada.

La condena en costas en segunda instancia

69. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

70. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080
de 2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

71. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

72. En este contexto, la Sala se abstendrá de condenar en costas a alguna
de las partes, puesto que no se puede considerar que haya una parte vencida en
la presente instancia, en tanto se revoca parcialmente la decisión adoptada por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y solo se accede al reconocimiento
de los aportes a pensión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 31 de mayo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en esta
providencia. En su lugar, se dispone:

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad del oficio 1.110-52-435128 del 3 de octubre
de 2018, mediante el cual se negó la reclamación formulada por la señora
Rosalba Barreto Núñez con ocasión de las vinculaciones objeto de este proceso.

TERCERO. DECLARAR la desnaturalización del vínculo entablado entre la
señora Rosalba Barreto Núñez con el departamento del Valle del Cauca durante

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los siguientes períodos: del 1.º de diciembre de 2001 al 30 de julio de 2002; del
1.º de noviembre de 2002 al 31 de enero de 2003; del 1.º de julio al 31 de
diciembre de 2004; del 1.º de enero al 31 de octubre de 2005; del 1.º de
noviembre al 31 de diciembre de 2005; del 2 de enero al 30 de junio de 2006; del
16 de enero al 15 de junio de 2008; del 3 de agosto al 30 de diciembre de 2009;
del 22 de marzo al 31 de diciembre de 2012; del 28 de febrero al 30 de octubre
de 2013; del 8 de noviembre de 2013 al 30 de abril de 2014; del 28 de agosto al
30 de noviembre de 2014; y del 1.º al 30 de diciembre de 2014.

CUARTO. DECLARAR prescritas las prestaciones sociales y demás acreencias
económicas derivadas de los períodos señalados en el ordinal anterior, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO. ORDENAR al departamento del Valle del Cauca que, respecto de los
períodos señalados en el ordinal tercero, efectúe el cálculo actuarial o las
cotizaciones al Sistema General de Pensiones que correspondan, tomando como
ingreso base de cotización los honorarios pactados o los valores percibidos por
la señora Rosalba Barreto Núñez.

Si se advierten diferencias entre los aportes efectuados y aquellos que debieron
realizarse, el departamento del Valle del Cauca deberá asumir el porcentaje que
le correspondía como empleador y consignarlo en el fondo de pensiones al cual
se encuentre afiliada la demandante, conforme a las consideraciones de esta
providencia.

SEXTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO. Sin condena en costas en esta instancia.

OCTAVO. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones que correspondan.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
ACPC

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