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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 66001-23-33-000-2019-00063-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00063-01

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00063-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR los numerales 1 y 5 de la parte resolutiva de la sentencia del 17 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, los cuales quedarán así: 1. DECLARAR probada la excepción de prescripción extintiva de los derechos laborales causados antes del 14 de julio de 2011, salvo los aportes destinados al sistema de seguridad social en pensiones. […] 5. Se condena a la entidad accionada a pagar a la demandante los valores que pudo haber cotizado al sistema de seguridad social en pensiones por encima del porcentaje que le correspondía legalmente como trabajadora, durante los períodos que no están afectados por la prescripción extintiva según el numeral 1. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO. Sin condena en costas de segunda instancia. CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2019-00063-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

24 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00063-01 (2404-2021)
Demandante: María Teresa Mazuera Valencia
Demandados: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Tema: Relación laboral encubierta – prescripción extintiva –
instructora del SENA

Decisión: Modifica la sentencia de primera instancia en lo
relacionado con el fenómeno de la prescripción y los
aportes en pensión y salud.

I. ASUNTO

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada contra la sentencia
dictada el 17 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
Sala Tercera de Decisión, que accedió a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

Demanda

1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad de los
Oficios 2-2018-003031 del 10 de agosto de 2018 y 2-2018-003196 del 23 de
agosto de 2018 expedidos por la entidad accionada, por medio de los cuales se
negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral desde mayo de
1997 hasta diciembre de 2016 y el pago de las prestaciones consecuentes, lapso
durante el cual se desempeñó como instructora y asesora.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) pagar a su favor las
prestaciones sociales1 causadas y las indemnizaciones moratorias por no
haberse pagado las acreencias laborales al término de la vinculación ni
consignado las cesantías y sus intereses; ii) realizar los correspondientes aportes
patronales a salud y pensión; iii) indexar las sumas que se reconozcan; iv)
concederle los demás perjuicios que resulten probados en el proceso; v) dar
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187, 192 y 195 del
CPACA; y vi) condenar en costas a la entidad demandada.

1
Bonificación por servicios prestados, bonificación de recreación, auxilio de alimentación, prima
semestral, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses sobre las
cesantías.

1
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00063-01 (2404-2021)
Demandante: María Teresa Mazuera Valencia

3. Como concepto de la violación, sostuvo que los actos acusados contrarían
normas superiores2, dado que celebró contratos de prestación de servicios con
la entidad demandada, tanto de manera directa como indirecta, y ejecutó sus
funciones bajo subordinación, en las instalaciones de la entidad y en condiciones
equivalentes a las de los empleados de planta.

4. Por otra parte, alegó que la entidad accionada no podía acudir a contratos
de prestación de servicios para ejecutar funciones que debieron desarrollarse en
el marco de una relación legal y reglamentaria o de un contrato laboral. Agregó
que la contratación mediante cooperativas de trabajo asociado resultaba
improcedente y se utilizó como mecanismo para evadir el pago de las
prestaciones legales.

Contestación de la demanda

5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones argumentando que el
SENA definía una programación para la ejecución de los contratos, pero no le
imponía a la actora horarios ni obligaciones que el manual de funciones preveía
para los empleados de planta. Además, no hubo subordinación ni pago de
salarios y prestaciones durante la ejecución de los contratos, sino coordinación y
reconocimiento de honorarios.

6. Indicó que durante los períodos en los que la demandante estuvo
vinculada mediante la Cooperativa de Trabajo Asociado para la Formación y la
Educación (COTRASER CTA), dicha entidad recibía los pagos del SENA y
posteriormente desembolsaba los honorarios y realizaba los aportes a seguridad
social de sus socios cooperados; en consecuencia, corresponde a esta última
responder por los emolumentos que se hubieren dejado de pagar.

7. Adujo que resulta necesario verificar la «prescripción de la acción» porque
se celebraron varios contratos de prestación de servicios y entre ellos hubo
interrupciones.

8. Manifestó que los oficios no pueden ser objeto de declaratoria de nulidad
debido a que no son actos administrativos.

9. En ese contexto, propuso las excepciones de inexistencia de la relación
de trabajo, prescripción, cobro de lo no debido y caducidad.

Sentencia apelada

10. Mediante la sentencia del 17 de noviembre de 2020, el Tribunal declaró la
nulidad de los actos administrativos acusados. En consecuencia, le ordenó al
SENA lo siguiente:

i) Pagar a la actora las «prestaciones laborales de orden legal» a las que tiene
derecho, entre ellas las vacaciones, las cesantías, los intereses a las
cesantías, la bonificación por recreación y las primas legales, liquidadas con

2
Artículos 1, 2, 6, 13, 25, 53, 122, 123 y 125 de la Constitución Política; 5 del Decreto 3135 de
1968.
2
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Demandante: María Teresa Mazuera Valencia

base en los honorarios pactados en los contratos, causadas entre el 19 de
abril de 2008 y el 30 de diciembre de 2016, de manera interrumpida3,
además de las «diferencias prestacionales» entre lo que devengó y lo que
percibía el personal de planta vinculado en cargos similares, las cuales no
fueron cubiertas por COTRASER CTA entre el 8 de octubre de 2003 y el 30
de junio de 2011, de manera discontinua4.

ii) A ello se suman «las diferencias que surjan por virtud de los derechos
prestacionales [que se ordenan], y que impliquen variación del ingreso base
de cotización de los aportes a la seguridad social en pensión y salud,
teniendo en cuenta todo el período de ejecución contractual».

iii) Realizar los aportes pensionales en el porcentaje que le correspondía como
entidad empleadora, en caso de que existan mayores valores que no se
hubieren pagado por ese concepto, tomando en cuenta lo que cotizó la
demandante en calidad de contratista.

iv) Efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que resulten a favor de la
actora, con base en el Índice de Precios al Consumidor.

11. Adicionalmente, el Tribunal i) declaró probada la excepción de
prescripción respecto de los «derechos laborales» causados antes del 30 de
mayo de 2013, a excepción de las cotizaciones a los sistemas de salud y
pensiones; ii) declaró que el tiempo laborado por la accionante a través de
contratos de prestación de servicios se debe computar para efectos pensionales;
iii) negó las demás pretensiones de la demanda; y iv) decidió no imponer
condena en costas de primera instancia.

12. Como sustento de la decisión indicó que la accionante prestó sus servicios
en el SENA a través de COTRASER CTA, entre el 9 de agosto de 1998 y el 30
de mayo de 2003, del 8 de octubre de 2003 al 30 de abril de 2008 y desde el 25
de enero de 2010 hasta el 30 de junio de 2011, a pesar de que la Administración
no puede celebrar contratos de prestación de servicios para ejecutar funciones
de carácter permanente o generar formas de intermediación laboral con
cooperativas de trabajo asociado.

13. Adicionalmente, puso de presente que la actora y el SENA suscribieron
contratos de prestación de servicios entre el 27 de mayo de 1997 y el 30 de
diciembre de 20165, de manera discontinua, para ejecutar acciones de

3
«[…] del 19 de abril de 2008 al 22 de diciembre de 2008; del 19 de enero de 2009 al 19 de
diciembre de 2009; del 25 de enero de 2010 al 30 de junio de 2011; del 14 de julio de 2011 al 21
de diciembre de 2011; del 9 de febrero de 2012 al 2 de julio de 2012; del 13 de julio de 2012 al 3
de enero de 2013; del 22 de enero de 2013 al 2 de enero de 2014; del 23 de enero de 2014 al 30
de diciembre de 2014; del 23 de enero de 2015 al 2 de enero de 2016; del 2 de febrero de 2016
al 30 de diciembre de 2016». Así se indicó en el numeral 3 de la parte resolutiva de la sentencia
del 17 de noviembre de 2020.
4
«[...] entre el 8 de octubre de 2003 al (sic) 30 de abril de 2008 y del 25 de enero de 2010 al 30
de junio de 2011». Así se indicó en el numeral 4 de la parte resolutiva de la sentencia del 17 de
noviembre de 2020.
5
«[…] desde el 27 de mayo de 1997 al 8 de septiembre de 1997; del 9 de septiembre de 1997 al
30 de diciembre de 1997; del 19 de enero de 1998 al 30 de diciembre de 1998; del 2 de agosto
de 2007 al 2 de diciembre de 2007; del 19 de abril de 2008 al 22 de diciembre de 2008; del 19 de

3
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Demandante: María Teresa Mazuera Valencia

capacitación y formación en el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica
Industrial.

14. Señaló que no está demostrado que la demandante hubiera laborado para
el SENA durante los años 2002 y 2003 en virtud de un contrato de prestación de
servicios celebrado el 5 de mayo de 2003 entre aquella y el Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo (FONADE), pues la actora estaba vinculada a través de
COTRASER CTA para esa época; además, la Ley 1150 de 2007 sometió la
contratación del FONADE a la Ley 80 de 1993, entidad que no fue vinculada al
proceso.

15. Afirmó que la prestación personal del servicio se encuentra acreditada,
toda vez que la accionante se desempeñó como instructora, función desde la cual
impartía capacitaciones y brindaba asesoría en las áreas de mercadeo y
emprendimiento; cumplía jornada laboral; asistía a todas las reuniones
programadas por el SENA, en las cuales recibía instrucciones; utilizaba las
instalaciones de dicha entidad; presentaba informes de cumplimiento a sus
coordinadores para legalizar los pagos; y colaboraba en la elaboración de
proyectos formativos.

16. En torno a la subordinación, resaltó que la actora cumplía los horarios que
le asignaban los coordinadores, los cuales comprendían 8 horas diarias de clase;
asistía a reuniones cada 8 días con los empleados de planta; participaba en el
diseño del plan curricular; rendía informes de cumplimiento; asistía a
capacitaciones; seguía las instrucciones que le impartían los coordinadores sobre
horarios y actividades que debían cumplir a través del aplicativo Sofía Plus,
circunstancias que reflejan la falta de independencia de la demandante.
Asimismo, la subordinación se presume en tratándose de actividades docentes
que hacen parte de la misión de la entidad accionada6.

17. Estimó que la contraprestación también está acreditada porque los
contratos y las certificaciones aportadas al proceso dan cuenta de los honorarios
que le fueron pagados a la actora.

18. Concluyó que existió una verdadera relación laboral entre la demandante
y el SENA durante el tiempo de vigencia de los contratos de prestación de
servicios7, razón por la cual aquella tiene derecho a recibir el pago de las
prestaciones sociales que no percibió.

enero de 2009 al 19 de diciembre de 2009; del 14 de julio de 2011 al 21 de diciembre de 2011;
del 9 de febrero de 2012 al 2 de julio de 2012; del 13 de julio de 2012 al 3 de enero de 2013; del
22 de enero de 2013 al 2 de enero de 2014; del 23 de enero de 2014 al 30 de diciembre de 2014;
del 23 de enero de 2015 al 2 de enero de 2016 y del 2 de febrero de 2016 al 30 de diciembre de
2016».
6
En este punto, el Tribunal trajo a colación la sentencia de unificación proferida el 25 de agosto
de 2016 por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
7
«[…] esto es, durante el lapso comprendido entre el 27 de mayo de 1997 al (sic) 8 de septiembre
de 1997; del 9 de septiembre de 1997 al 30 de diciembre de 1997; del 19 de enero de 1998 al 30
de diciembre de 1998; del 2 de agosto de 2007 al 2 de diciembre de 2007; del 19 de abril de 2008
al 22 de diciembre de 2008; del 19 de enero de 2009 al 19 de diciembre de 2009; del 14 de julio
de 2011 al 21 de diciembre de 2011; del 9 de febrero de 2012 al 2 de julio de 2012; del 13 de julio
de 2012 al 3 de enero de 2013; del 22 de enero de 2013 al 2 de enero de 2014; del 23 de enero
de 2014 al 30 de diciembre de 2014; del 23 de enero de 2015 al 2 de enero de 2016 y del 2 de
febrero de 2016 al 30 de diciembre de 2016».
4
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19. Por otra parte, puso de presente que el SENA y COTRASER CTA
suscribieron contratos de prestación de servicios para la provisión de instructores
entre los años 1998 y 2011.

20. Con ocasión de esos contratos, COTRASER celebró con la accionante
varios contratos de trabajo a término fijo: del 9 de agosto de 1998 al 30 de mayo
de 2003, del 8 de octubre de 2003 al 30 de abril de 2008 y del 25 de enero de
2010 al 30 de junio de 2011.

21. Durante dichos períodos hubo continuidad en la prestación del servicio y
las labores se desarrollaron conforme a los horarios programados por la entidad
demandada.

22. En relación con la prescripción, explicó que el periodo comprendido entre
el 8 de octubre de 2003 y el 30 de abril de 2008, así como el comprendido entre
el 19 de abril de 2008 y el 22 de diciembre del mismo año, coinciden en la fecha
de vinculación del mes de abril de 2008. Por tanto, se entiende que no hubo
interrupción.

23. Sin embargo, como el primer periodo corresponde a la vinculación a través
de COTRASER y el segundo a un contrato de prestación de servicios suscrito
directamente entre la actora y la entidad demandada, se consideró que debían
analizarse de forma independiente para efectos del reconocimiento.

24. Así las cosas, tras una interrupción significativa después del 30 de mayo
de 2003, la demandante debió presentar su reclamación administrativa a más
tardar el 30 de mayo de 2006. No obstante, lo hizo el 30 de julio de 2018.

25. En consecuencia, declaró que operó la prescripción trienal respecto de los
emolumentos causados antes del 30 de mayo de 2003, salvo en lo relativo a los
aportes pensionales.

26. Ahora bien, en relación con el lapso comprendido entre el 8 de octubre de
2003 y el 30 de diciembre de 2016 consideró que no hubo interrupciones
significativas en la prestación del servicio, por lo que el término de prescripción
en cuanto a este período culminaba el 30 de diciembre de 2019, y la reclamación
administrativa se presentó el 30 de julio de 2018, es decir que no operó.

27. Por último, consideró que no es procedente ordenar el pago i) de la
sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías y de los intereses sobre
ellas, pues el derecho surge a partir de la ejecutoria de la sentencia; y ii) del
subsidio de alimentación, toda vez que la demandante no adquirió la condición
de empleada pública y no demostró cuáles eran los criterios que adoptó el SENA
para su reconocimiento.

Recurso de apelación

28. Inconforme con la decisión, la entidad accionada interpuso recurso de
apelación argumentando que la vinculación de la demandante a través de
5
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COTRASER CTA no culminó el 30 de mayo de 2003, sino el 30 de junio de 2011;
en consecuencia, el término de prescripción de los derechos reclamados se debe
contabilizar desde esta última fecha.

Intervención en segunda instancia

29. En sus alegatos, la actora insistió en que se estructuró una relación laboral
entre ella y la demandada, razón por la cual solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia.

30. A su turno, la entidad accionada reiteró los argumentos que expuso en el
recurso de apelación.

31. El ministerio público guardó silencio en esta fase procesal.

III. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

32. En atención a que la apelación se limitó a cuestionar la decisión respecto
de la solución de continuidad en la ejecución de los contratos de prestación de
servicios, la Sala debe definir desde qué momento se debe contabilizar el término
de prescripción de las prestaciones sociales a cuyo reconocimiento y pago fue
condenada la entidad accionada en primera instancia, a fin de establecer si la
sentencia apelada debe ser confirmada, modificada o revocada frente a este
punto.

El caso concreto

33. De acuerdo con las pruebas documentales aportadas al proceso, la
demandante se desempeñó como instructora del SENA, vinculada a través de
contratos de prestación de servicios que suscribió directamente con dicha entidad
y de otros que celebró con COTRASER CTA, así:

Contrato u orden de Plazo o
Contratante Objeto
servicios duración
Apoyar actividades relacionadas con
23/4/1991 al
34 del 15 de abril de 19918 SENA el programa de asistencia integral a
14/4/1992
la pequeña y mediana industria
Apoyar y desarrollar acciones
28/4/1992 al relacionadas con el programa de
31 del 21 de abril de 19929 SENA
27/3/1993 asistencia integral a la pequeña y
mediana industria
Apoyar y desarrollar acciones del
2/7/1993 al
76 del 29 de junio de 199310 SENA programa de asistencia integral de la
21/2/1994
pequeña y mediana industria

8
Certificación 401 expedida el 24 de mayo de 2019 por el SENA (folios 303 a 307 del expediente
digitalizado) y contrato de prestación de servicios 34 del 15 de abril de 1991 (folios 258 y 259
ibidem).
9
Certificación 401 expedida el 24 de mayo de 2019 por el SENA (folios 303 a 307 del expediente
digitalizado) y contrato de prestación de servicios 31 del 21 de abril de 1992 (folios 255 y 256
ibidem).
10
Certificación 401 expedida el 24 de mayo de 2019 por el SENA (folios 303 a 307 del expediente
digitalizado); contrato de prestación de servicios 76 del 29 de junio de 1993 (folios 251 y 252
ibidem); y aclaración del 4 de agosto de 1993 (folio 253 ibidem).
6
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Apoyar las actividades relacionadas
12/5/1994 al
53 del 12 de mayo de 199411 SENA con el programa de desarrollo
20/3/1995
empresarial
Apoyar las actividades relacionadas
59 del 22 de febrero de 22/2/1995 al con el programa de asistencia
SENA
199512 22/12/1995 integral a la pequeña y mediana
industria
Apoyar las actividades relacionadas
31 del 29 de enero de 29/1/1996 al con el programa de asistencia
SENA
199613 29/8/1996 integral a la pequeña y mediana
empresa
Impartir capacitación y asesoría a los
alumnos y empresas que atienden el
119 del 27 de enero de 27/1/1997 al
SENA programa de desarrollo y gestión
199714 27/4/1997
empresarial en áreas de desarrollo
humano y habilidades de dirección
Dar apoyo y asesoría a las diversas
379 del 27 de mayo de 3/6/1997 al acciones de capacitación que
SENA
199715 29/8/1997 adelanta el programa de desarrollo y
gestión empresarial
Impartir información en gerencia de
581 del 9 de septiembre de 10/9/1997 al
SENA servicios y manejo del talento
199716 15/12/1997
humano
Impartir asesoría y capacitación en
10 del 19 de enero de 19/1/1998 al
SENA gerencia de servicios y manejo del
199817 30/6/1998
talento humano
Apoyar en asesoría,
acompañamiento y seguimiento de
2/8/2007 al planes de negocio de banca de
51 del 2 de agosto de 200718 SENA
1/12/2007 oportunidades desde la unidad de
emprendimiento del Centro de
Comercio y Servicios
Apoyar en la formación profesional
18/4/2008 al
70 del 15 de abril de 200819 SENA desde la unidad de emprendimiento
31/12/2008
del Centro de Comercio y Servicios
Prestación de servicios profesionales
en la unidad de emprendimiento:
para formación, asesoría,
acompañamiento, seguimiento de
13 del 19 de enero de 19/1/2009 al
SENA planes de negocio de banca de
200920 18/12/2009
oportunidades, Fondo Emprender y
otras fuentes de financiación y
ruedas de negocio acorde con la
autorización de la Dirección

11
Certificación 401 expedida el 24 de mayo de 2019 por el SENA (folios 303 a 307 del expediente
digitalizado); contrato de prestación de servicios 53 del 12 de mayo de 1994 (folios 248 y 249
ibidem); y otrosí n.° 1 del 14 de septiembre de 1994 (folio 250 ibidem).
12
Certificación 401 expedida el 24 de mayo de 2019 por el SENA (folios 303 a 307 del expediente
digitalizado); contrato de prestación de servicios 59 del 22 de febrero de 1995 (folios 245 y 246
ibidem); y adición del 25 de septiembre de 1995 (folio 247 ibidem).
13
Certificación 401 expedida el 24 de mayo de 2019 por el SENA (folios 303 a 307 del expediente
digitalizado) y contrato de prestación de servicios 31 del 29 de enero de 1996 (folio 244 ibidem).
14
Certificación 401 expedida el 24 de mayo de 2019 por el SENA (folios 303 a 307 del
expediente digitalizado) y orden de trabajo 119 del 27 de enero de 1997 (folio 243 ibidem).
15
Certificación 401 expedida el 24 de mayo de 2019 por el SENA (folios 303 a 307 del
expediente digitalizado) y orden de trabajo 379 del 27 de mayo de 1997 (folio 242 ibidem)
16
Certificación 401 expedida el 24 de mayo de 2019 por el SENA (folios 303 a 307 del
expediente digitalizado) y orden de trabajo 581 del 9 de octubre de 1997 (folio 241 ibidem).
17
Certificación 401 expedida el 24 de mayo de 2019 por el SENA (folios 303 a 307 del
expediente digitalizado) y orden de trabajo 010 del 19 de enero de 1998 (folio 240 ibidem).
18
Certificación 401 expedida el 24 de mayo de 2019 por el SENA (folios 303 a 307 del
expediente digitalizado) y orden de trabajo 51 del 2 de agosto de 2007 (folios 231 y 232 ibidem).
19
Certificación 401 expedida el 24 de mayo de 2019 por el SENA (folios 303 a 307 del
expediente digitalizado); contrato de prestación de servicios 70 del 15 de abril de 2008 (folios
227 a 229 ibidem); y otrosí n.° 2 del 16 de diciembre de 2008 (folio 230 ibidem).
20
Certificación 401 expedida el 24 de mayo de 2019 por el SENA (folios 303 a 307 del
expediente digitalizado); contrato de prestación de servicios 13 del 19 de enero de 2019 (folios
222 a 225 ibidem); y otrosí n.° 1 del 4 de febrero de 2009 (folio 2216 ibidem).
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00063-01 (2404-2021)
Demandante: María Teresa Mazuera Valencia

Prestación de servicios de carácter
temporal de gestor/asesor, para el
desarrollo del emprendimiento en la
formulación titulada, el programa
jóvenes rurales emprendedores,
14/7/2011 al población vulnerable, desplazados y
262 del 13 de julio de 201121 SENA
30/12/2011 para la creación y seguimiento a
empresas (Fondo Emprender, otras
fuentes de financiación y economía
solidaria) de los tres centros de
formación y la Dirección Regional del
SENA Risaralda
Asesorar a la población de usuarios
de la unidad de emprendimiento del
SENA en la formación de planes de
negocio, el desarrollo de proyectos
de base tecnológica y puesta en
420 del 8 de febrero de 9/2/2012 al marcha por medio de diferentes
SENA
201222 29/6/2012 fuentes de financiación que
estimulen la creación y desarrollo de
nuevas empresas con carácter
innovador, tecnológico y de clase
mundial, en el marco del programa
de emprendimiento empresarial
Asesorar a la población de usuarios
de la unidad de emprendimiento del
SENA en la formación de planes de
negocio, el desarrollo de proyectos
de base tecnológica y puesta en
1051 del 11 de julio de 13/7/2012 a marcha por medio de diferentes
SENA
201223 31/12/2012 fuentes de financiación que
estimulen la creación y desarrollo de
nuevas empresas con carácter
innovador, tecnológico y de clase
mundial, en el marco del programa
de emprendimiento empresarial
Prestación de servicios profesionales
de carácter temporal, para asesorar
a la población de usuarios de las
unidades de emprendimiento del
SENA en la formulación de planes de
negocio, el desarrollo de proyectos
212 del 18 de enero de 22/1/2013 al de base tecnológica y puesta en
SENA
201324 31/12/2013 marcha por medio de diferentes
fuentes de financiación que
estimulen la creación y desarrollo de
nuevas empresas con carácter
innovador, tecnológico y de clase
mundial, en el marco del programa
de emprendimiento empresarial
Prestación de servicios profesionales
de carácter temporal, para asesorar
a la población de usuarios de las
548 del 21 de enero de 23/1/2014 al unidades de emprendimiento del
SENA
201425 30/12/2014 SENA en la formulación de planes de
negocio, el desarrollo de proyecto de
base tecnológica y puesta en marcha
por medio de diferentes fuentes de

21
Certificación 401 expedida el 24 de mayo de 2019 por el SENA (folios 303 a 307 del
expediente digitalizado) y contrato de prestación de servicios 262 del 13 de julio de 2011 (folios
212 a 215 ibidem).
22
Certificación 401 expedida el 24 de mayo de 2019 por el SENA (folios 303 a 307 del
expediente digitalizado) y contrato de prestación de servicios 420 del 8 de febrero de 2012
(folios 207 a 211 ibidem).
23
Certificación 401 expedida el 24 de mayo de 2019 por el SENA (folios 303 a 307 del
expediente digitalizado) y contrato de prestación de servicios 1051 del 11 de julio de 2012
(folios 216 a 220 ibidem).
24
Certificación 401 expedida el 24 de mayo de 2019 por el SENA (folios 303 a 307 del
expediente digitalizado) y contrato de prestación de servicios 212 del 18 de enero de 2013
(folios 201 a 206 ibidem).
25
Certificación 401 expedida el 24 de mayo de 2019 por el SENA (folios 303 a 307 del expediente
digitalizado) y contrato de prestación de servicios 548 del 21 de enero de 2017 (folios 198 a 200
ibidem).
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Demandante: María Teresa Mazuera Valencia

financiación que estimulen la
creación y desarrollo de nuevas
empresas con carácter innovador,
tecnológico y de clase mundial, en el
marco del programa de
emprendimiento empresarial
Prestar sus servicios profesionales
en el apoyo y asesoría necesarios a
los usuarios de unidades de
emprendimiento en sus procesos de
ideación, formulación, creación y
puesta en marcha, proyectos y
167 del 22 de enero de 23/1/2015 al
SENA empresas atendidas de acuerdo a los
201526 31/12/2015
lineamientos fijados por la entidad en
el Fondo Emprender y especialmente
a lo determinado por el líder regional
de emprendimiento, así como el
cumplimiento de las metas e
indicadores asignados a la Regional
Prestar los servicios profesionales de
carácter temporal para apoyar a la
466 del 1.° de febrero de 2/2/2016 al gestión regional de los programas de
SENA
201627 30/12/2016 emprendimiento, empresariado y
Fondo Emprender durante la
vigencia 2016

34. Adicionalmente, en el expediente se encuentran los contratos de
prestación de servicios 000046 del 20 de octubre de 199928; 000013 del 20 de
abril de 200429; 000032 del 26 de octubre de 200430; 000047 del 27 de diciembre
de 200431; 000049 del 27 de diciembre de 200432; 000005 del 26 de enero de
200633; 000013 del 27 de enero de 200634; 0000011 del 10 de julio de 200635; y
000002 del 17 de enero de 200836, suscritos entre el SENA y COTRASER CTA,
a través de los cuales esta última se comprometió a proveer personal de trabajo
a favor de la primera.

35. De igual manera, al proceso se allegaron dos (2) certificaciones expedidas
el 25 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2011 por el gerente y la jefe de recursos
humanos de COTRASER CTA, respectivamente, según las cuales la
demandante estuvo asociada a dicha cooperativa y prestó sus servicios como
asesora e instructora en el SENA desde el 8 de agosto de 1998 hasta el 30 de
mayo de 2003 y del 8 de octubre de 2003 al 30 de abril de 200837.

36. También hace parte del expediente una certificación expedida el 30 de
mayo de 2019 por el SENA, en la cual se indica que la demandante «prestó sus

26
Certificación 401 expedida el 24 de mayo de 2019 por el SENA (folios 303 a 307 del expediente
digitalizado) y contrato de prestación de servicios 167 del 22 de enero de 2015 (folios 193 a 197
ibidem).
27
Certificación 401 expedida el 24 de mayo de 2019 por el SENA (folios 303 a 307 del expediente
digitalizado) y contrato de prestación de servicios 466 del 1.° de febrero de 2016 (folios 188 al
192 ibidem).
28
Folios 179 a 182 ibidem.
29
Folios 170 a 172 ibidem.
30
Folios 173 a 175 ibidem.
31
Folios 176 a 178 ibidem.
32
Folios 167 a 169 ibidem.
33
Folios 163 a 165 ibidem.
34
Folio 158 y 159 ibidem.
35
Folios 160 a 162 ibidem.
36
Folios 155 a 157 ibidem.
37
Certificaciones 420 del 25 de julio de 2009 y 1026 del 30 de junio de 2011 (folios 261 y 262
ibidem).
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Demandante: María Teresa Mazuera Valencia

servicios como contratista en misión asociad[a] a la Cooperativa COTRASER»
entre el 30 de diciembre de 2002 y el 3 de julio de 2011, de forma discontinua38.

37. Además, se observa entre las pruebas documentales las órdenes de
prestación de servicios 2020188 del 22 de febrero de 200239 y 2030914 del 5 de
mayo de 200340, suscritas entre la accionante y el FONADE, con el objeto de
realizar acciones encaminadas a la promoción y creación de empresas y
empleos, dirigidas a instructores y usuarios del SENA, en el marco de ciertos
convenidos celebrados entre las citadas entidades.

38. Teniendo en cuenta ese escenario, en la sentencia de primera instancia i)
se declaró la existencia de una relación laboral entre la actora y el SENA desde
el 27 de mayo de 1997 hasta el 30 de diciembre de 201641 (pues se trató de los
lapsos a los que se refirió la demanda), de manera interrumpida; ii) se ordenó el
pago de prestaciones sociales y otros conceptos; y iii) se excluyeron del
reconocimiento los períodos laborados a través de vinculaciones con el
FONADE, determinaciones que no fueron controvertidas en el recurso de
apelación interpuesto por la entidad accionada, de suerte que la Sala no se
pronunciará sobre tales aspectos.

39. Habiendo precisado lo anterior, se advierte que la demandada reprochó la
sentencia de primera instancia únicamente en tanto se declaró la prescripción de
los «derechos laborales causados con anterioridad al 30 de mayo de 2003»,
puesto que, a su juicio, el fenómeno prescriptivo comprende los emolumentos
causados hasta el 30 de junio de 2011, dado que en esa fecha terminó la
vinculación de la accionante a través de COTRASER CTA, hecho que supuso
una ruptura de la relación contractual y obligaba a la demandante a reclamar sus
derechos dentro de los tres (3) años siguientes, so pena de perderlos.

40. Sobre el particular, conforme a la jurisprudencia de esta corporación, una
vez demostrada la existencia de una relación laboral encubierta, no es posible
fraccionarla o escindirla por el solo hecho de que el interesado haya estado
vinculado en algunos períodos mediante contratos de trabajo suscritos con

38
Del 30 de diciembre de 2002 al 30 de mayo de 2003; del 21 de agosto al 21 de diciembre de
2003; del 31 de diciembre de 2003 al 14 de abril de 2004; del 20 de abril al 9 de julio de 2004; del
6 de mayo al 4 de octubre de 2004; del 27 de diciembre de 2004 al 17 de enero de 2005; del 27
de abril al 28 de septiembre de 2005; del 5 de mayo del 2 de septiembre de 2005; del 27 de junio
al 26 de diciembre de 2005; del 22 de agosto al 19 de diciembre de 2005; del 13 de octubre al 26
de diciembre de 2005; del 26 de enero al 30 de junio de 2006; del 10 de julio al 30 de diciembre
de 2006; del 11 de enero al 28 de noviembre de 2006; del 23 de marzo al 23 de julio de 2007; del
17 de septiembre al 17 de diciembre de 2007; del 17 de enero al 17 de abril de 2008; del 5 de
febrero al 5 de diciembre de 2010; y del 2 de febrero al 3 de julio de 2011 (folios 308 y 309 ibidem).
39
Con plazo de ejecución de 5 meses contados a partir de la aprobación de la póliza de seguro
(238 y 239 ibidem).
40
Con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2003. Folios 233 a 235 ibidem.
41
«[…] entre el 27 de mayo de 1997 al (sic) 8 de septiembre de 1997; del 9 de septiembre de
1997 al 30 de diciembre de 1997; del 19 de enero de 1998 al 30 de diciembre de 1998; del 2 de
agosto de 2007 al 2 de diciembre de 2007; del 19 de abril de 2008 al 22 de diciembre de 2008;
del 19 de enero de 2009 al 19 de diciembre de 2009; del 14 de julio de 2011 al 21 de diciembre
de 2011; del 9 de febrero de 2012 al 2 de julio de 2012; del 13 de julio de 2012 al 3 de enero de
2013; del 22 de enero de 2013 al 2 de enero de 2014; del 23 de enero de 2014 al 30 de diciembre
de 2014; del 23 de enero de 2015 al 2 de enero de 2016 y del 2 de febrero de 2016 al 30 de
diciembre de 2016».
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terceros (como las cooperativas de trabajo asociado), ya que el servicio se ha
prestado en todo momento a favor de la entidad que resulta condenada42.

41. En esas condiciones, el solo hecho de que la demandante haya prestado
sus servicios en el SENA a través de contratos suscritos con COTRASER CTA
no es razón suficiente para entender que el vínculo contractual con la demandada
se interrumpió el día en que terminó dicha intermediación; esta circunstancia no
es lo determinante a efectos de contabilizar el término de prescripción trienal.

42. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha precisado que
la reclamación encaminada a que se declare la existencia de una relación laboral
con el Estado y se reconozcan sus consecuencias prestacionales debe
presentarse dentro de los tres (3) años siguientes a la terminación del vínculo
contractual, so pena de que opere la prescripción extintiva. Para tales efectos, la
solución de continuidad está orientada por un término de treinta (30) días hábiles
entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, el cual puede
flexibilizarse según las circunstancias especiales de cada caso43.

43. Así las cosas, la Sala encuentra que entre la terminación de la ejecución
del contrato 13 del 19 de enero de 2009 (18 de diciembre de 2009) y el inicio de
la ejecución del contrato 262 del 13 de julio de 2011 (14 de julio de 2011) hubo
más de treinta (30) días hábiles de interrupción en la prestación del servicio, lapso
en el cual no se demostró que la demandante hubiera realizado algún tipo de
labor para el SENA. En consecuencia, durante ese período ocurrió una ruptura
del vínculo contractual, motivo por el cual la demandante debió solicitar el
reconocimiento de la relación laboral y el pago de los emolumentos consecuentes
por los servicios prestados hasta el 18 de diciembre de 2009 a más tardar el 19
de diciembre de 2012, pero presentó la petición el 30 de julio de 201844.

44. Teniendo en cuenta que desde que empezó la ejecución del contrato 262
del 13 de julio de 2011 (14 de julio de 2011) hasta que terminó la ejecución del
contrato 466 del 1.° de febrero de 2016 (30 de diciembre de 2016) no hubo
interrupciones de más de treinta (30) días hábiles en la prestación del servicio, la
Sala modificará parcialmente la sentencia de primera instancia a fin de precisar
que en este caso se configuró la prescripción extintiva de los derechos laborales
que pudieron haberse causado antes del 14 de julio de 2011, a excepción de los
aportes pensionales, los cuales son imprescriptibles45.

45. Finalmente, en el numeral 1 de la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia el Tribunal declaró la prescripción trienal de los derechos
laborales causados antes del 30 de mayo de 2003, salvo de los aportes a pensión

42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 12 de junio de 2025, expediente 66001-23-33-000-2017-00062-01 (3238-2019); y
sentencia del 3 de marzo de 2022, expediente 66001-23-33-000-2016-00014-01 (3798-2018).
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencias de
Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, expediente 23001-23-33-
000-2013-00260-01 (0088-2015); y SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, expediente
05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
44
Folio 37 del expediente digitalizado.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencias de
Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, expediente 23001-23-33-
000-2013-00260-01 (0088-2015).
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y salud; sin embargo, en el acápite «5.4. Prescripción» de la parte considerativa
de dicha providencia solo se analizó cómo el fenómeno prescriptivo no afecta los
aportes que se deben realizar con destino al sistema de pensiones, pero no hubo
ningún estudio que permitiera incluir los aportes a salud en esa salvedad,
circunstancia que denota una incongruencia entre la parte motiva y la parte
resolutiva de la sentencia apelada, lo cual hace necesario modificar el referido
numeral 1 para excluir la alusión a los aportes a salud de la excepción a la
prescripción.

46. Además, en el numeral 5 de la parte resolutiva se ordenó pagar a la
demandante «las diferencias que surjan por virtud de los derechos
prestacionales que aquí se ordenen, y que impliquen variación del ingreso base
de cotización de los aportes a la seguridad social en pensión y salud, teniendo
en cuenta todo el período de ejecución contractual»; no obstante, dado que con
posterioridad a la providencia apelada se profirió la sentencia de unificación SUJ-
025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, en la cual se determinó que es
improcedente la devolución de los aportes a salud efectuados por el contratista,
decisión que constituye un precedente vinculante y debe aplicarse a todos los
casos en estudio como el presente, la Sala modificará el numeral 5 de la parte
resolutiva del fallo apelado, en el sentido de excluir la orden de pagar a la
demandante las diferencias que se presenten por concepto de aportes a salud.

47. Asimismo, como los términos en que se dispuso la orden del numeral 5
resultan bastante confusos y podrían generar un entendimiento distinto al que se
explicó en las páginas 47 y 48 de la sentencia de primera instancia, al tiempo en
que podría llevar a que la accionante quede exonerada del pago del porcentaje
legal que debía asumir por concepto de aportes a pensión, la Sala ajustará su
redacción.

Condena en costas

48. El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil». Con base en esa regla legal, esta Subsección venía
sosteniendo que, para imponer la condena en costas en vigencia del CPACA, era
necesario realizar una valoración objetiva46 donde el juez, una vez comprobaba
su causación, y sin atender a factores subjetivos como la buena fe o la temeridad
de las partes, podía ordenarlas.

49. No obstante, dicha postura debe adecuarse a lo dispuesto por artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 que adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA, en el
que se introdujo la condena en costas procede cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal, lo que implica
que sea forzoso examinar si los fundamentos vertidos en la actuación procesal
correspondiente se encuentran huérfanos de sustento legal plausible, lo que
acontece, por ejemplo, cuando las normas en que se fundamente la tesis del caso
no sean aplicables o se desconozcan reglas jurídicas pacíficas producto de los

46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
expediente 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
12
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precedentes fijados por esta Corporación.

50. En el presente caso, las partes plantearon sus argumentos con base en
un respaldo legal serio y razonable, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer
condena en costas de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR los numerales 1 y 5 de la parte resolutiva de la sentencia
del 17 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Tercera de Decisión, los cuales quedarán así:

1. DECLARAR probada la excepción de prescripción extintiva de los derechos
laborales causados antes del 14 de julio de 2011, salvo los aportes destinados al
sistema de seguridad social en pensiones.

[…]

5. Se condena a la entidad accionada a pagar a la demandante los valores que
pudo haber cotizado al sistema de seguridad social en pensiones por encima del
porcentaje que le correspondía legalmente como trabajadora, durante los períodos
que no están afectados por la prescripción extintiva según el numeral 1.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO. Sin condena en costas de segunda instancia.

CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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