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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00241-01

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00241-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida el veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el cual quedará así: « (…) TERCERO. ORDENASE a la ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARSELLA reconocer y pagar al señor FERNANDO ANDRÉS RUÍZ AGUIRRE una indemnización equivalente a treinta y nueve millones, seiscientos cincuenta mil con cuatrocientos ochenta y siete pesos ($ 39.650.487), por concepto de las prestaciones sociales incluidas en la liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia». Segundo. REVOCAR el numeral séptimo de la sentencia apelada, conforme con lo expuesto en la parte resolutiva. Tercero. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Radicación: 66001-23-33-000-2019-00241-01 (3326-2022) Cuarto. Condenar en costas a la parte demandada, las cuales deberán ser fijadas y liquidadas por la primera instancia, conforme lo expuesto en la parte motiva. Quinto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2019-00241-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00241-01 (3326-2022)
Demandante: Fernando Andrés Ruíz Aguirre
Demandado: ESE Hospital San José de Marsella (Risaralda)
Temas: Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de
servicios. Convenio cooperativo y contrato sindical. Auxiliar
administrativo. MODIFICA SENTENCIA.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022) proferida
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1) El señor Fernando Andrés Ruíz Aguirre instauró demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra de la ESE Hospital San José de Marsella de Risaralda,
con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2) Que se declare la nulidad del Oficio Nro. 697 del 30 de noviembre de 2018 y,
en consecuencia, se declare que entre las partes existió una relación laboral sin
solución de continuidad desde el 01 de mayo de 2010 hasta el 31 de diciembre
de 2016.

3) A título de restablecimiento del derecho, se condene a reconocer y pagar los
reajustes salariales y prestaciones sociales que dejó de percibir durante el
periodo mencionado.

4) Que se reconozcan y paguen los aportes a pensión que debieron realizarse y
su respectivo reajuste e intereses moratorios.

HECHOS

5) La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente

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manera:

6) Que prestó sus servicios a la ESE Hospital San José de Marsella como auxiliar
administrativo de facturación y orientador al usuario desde el 1 de mayo de 2010
al 31 de diciembre de 2016, a través de Cooperativas de Trabajo Asociado y
Asociación Gremial.

7) Que las labores desempeñadas fueron ejecutadas de manera personal y
permanente, bajo continuada subordinación de la ESE y de sus superiores,
cumpliendo un horario laboral y turnos que le eran asignados, percibiendo un
salario mensual como retribución por sus servicios y con la utilización de
elementos de la entidad demandada.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

8) La demanda fue admitida el 17 de mayo de 2019 y notificada a la entidad
demandada, quien manifestó que no existe documento alguno que establezca
una relación contractual entre el demandante y la ESE Hospital San José de
Marsella. Que nunca ocupó cargos en la entidad y realizó actividades
encomendadas por la empresa con la cual celebró acuerdos laborales, aclarando
que no fue con la demandada.

9) Expresó que el actor realizó actividades que las personas de planta no podían
realizar por carga laboral. Que la entidad tiene un horario de atención al público,
el cual, todas las personas que laboren allí deben estar dispuestas a acatar para
prestar el servicio a la comunidad, pues de nada le serviría una persona que haga
sus actividades en horas donde no hay a quien atender.

10) Que la razón para que el señor Ruíz Aguirre estuviera en las instalaciones de
la entidad, es porque la persona que realizara las actividades de facturación
debía estar allí para atender el público conforme las citas asignadas, además de
facturar y hacer entrega de su historia clínica para el proceso de atención.

11) Propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de nexo de
continuidad, inexistencia de relación laboral y cobro de lo no debido.

12) Se celebró audiencia inicial el 24 de agosto de 2020, se fijó el litigio, se surtió
la etapa de conciliación, se decretaron las pruebas solicitadas y se programó
audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio
traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual
fue apelada dentro del término oportuno por la parte demandada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

13) El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 24 de febrero
de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones. Concluyó que se probó que el
demandante prestó sus servicios en favor de la ESE Hospital San José de

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Marsella desde el 1 de mayo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2016.

14) Que estaba obligado a cumplir con las directrices y el horario o programación
de turnos y actividades establecido por la misma ESE y no bajo su propia
dirección; que debía cumplir con las actividades propias del giro ordinario de la
entidad como realizar la facturación respectiva de los usuarios al servicio de
salud, atención al usuario y todo lo que se requiriera en el área de facturación,
adicional a las de vigilancia.

15) Dio aplicación al principio de “la primacía de la realidad sobre formalidades”,
por considerar que el demandante se encontraba en las mismas condiciones de
otros empleados públicos de planta de personal de la entidad, desempeñaba
personalmente la labor en un cargo que revestía las características de
permanente y necesario para el funcionamiento de aquella, motivo por el cual
estaba sujeto a subordinación y dependencia.

RECURSO DE APELACIÓN

16) La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que afirmó que,
no se aportó documento alguno que permita establecer que efectivamente el
demandante laboró en forma continua y subordinada para la ESE y que el
Tribunal se limitó a determinar tal situación cuando el accionante enunció las
actividades que supuestamente desempeñaba; adicionalmente, que los
testimonios solo dieron fe de la asistencia a las instalaciones del Hospital.

17) Que los anexos allegados al proceso, esto es, los contratos celebrados con
las cooperativas, evidencian que el vínculo contractual fue claro desde el inicio y
que no correspondía a la prestación personal del servicio del accionante y mucho
menos con las pruebas documentales aportadas se demuestra subordinación
alguna, por el contrario, muestra que efectivamente el vínculo al cual quiere llegar
el accionante es inexistente pues no hay evidencia de la relación directa ni
indirecta entre la entidad y el demandante.

18) Que no se logra demostrar la concurrencia del elemento de la subordinación,
pues es claro que frente al accionante no existió ningún elemento fáctico o
probatorio que dé claridad de cualquier tipo de orden impartida; esto sumado al
hecho de que el argumento del cumplimiento de un horario no es sinónimo de
subordinación.

19) Sobre la prescripción extintiva de los derechos del accionante, indicó que esto
ocurre una vez transcurridos tres años siguientes al rompimiento del último
vínculo contractual, y en el presente caso no puede asegurarse por parte del
Tribunal que haya existido una relación sin solución de continuidad puesto que
quedó establecido que el accionante realizó múltiples actividades en la ESE
Hospital San José de Marsella y asimismo fueron diversas las cooperativas de
trabajo asociado a las que estuvo vinculado el actor.

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TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

20) El 6 de julio de 2022 fue admitido el recurso de apelación, y se dispuso que,
una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta
antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.

Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal y el Ministerio Público no
presentó concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

21) La Sala deberá verificar, si entre las partes existió un vínculo laboral derivado
de la prestación de servicios y, si como consecuencia de ello, el actor tiene
derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con
ocasión de esa relación.

22) En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará el
argumento relativo a la prescripción de los derechos reclamados y, finalmente,
se analizará lo correspondiente a la condena en costas en segunda instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

23) El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en
la Ley 80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal
de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos
contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el
término estrictamente indispensable.

24) Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la
actividad humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la
relación de dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o
jurídica y, el elemento de la remuneración.

25) Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos
contratos, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios,
demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de
prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre
las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución.

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26) El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones
laborales que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las
cuales se destacan las siguientes:

27) El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado
es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y que
pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se
deriven de aquella.

28) En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de
ellos, a partir de sus fechas de finalización.

29) Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término
de treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de cada
caso.

30) Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito de
procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución de los
dineros que haya pagado el contratista por este concepto o por el de salud.

31) Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe
pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, así no lo haya solicitado la parte interesada.

32) El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en
los estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente temporal.

33) Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral.

34) Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.

Cooperativas de trabajo asociado

35) De conformidad con la Ley 79 de 1988 y el Decreto 4588 de 2006, las
cooperativas son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector de
la economía solidaria, que vinculan el trabajo personal de sus asociados, quienes
a su vez son gestores, contribuyen económicamente a la cooperativa y aportan
directamente su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades

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económicas, profesionales o intelectuales, esto con la finalidad de producir
bienes en común, prestar servicios o ejecutar obras para satisfacer las
necesidades de los asociados y de la comunidad en general.

36) Los artículos 16 y 17 del citado decreto precisaron que, cuando una
cooperativa envíe a sus asociados a prestar servicios a un tercero en condiciones
que configuren subordinación, se entenderá que existe una relación laboral
dependiente entre el asociado y la persona natural o jurídica beneficiaria de su
trabajo.

37) Se les prohibió expresamente que actuaran como empresas de
intermediación laboral o de servicios temporales, o que dispusieran del trabajo
de sus asociados para suministrar mano de obra a terceros. En caso de
configurarse tales prácticas, la cooperativa, sus directivos y el contratante serían
solidariamente responsables de las obligaciones económicas derivadas de la
relación laboral.

38) Respecto de esta modalidad, esta Corporación sostuvo1:

«(...) la finalidad, estructura y funcionamiento de las Cooperativas de Trabajo
Asociado son distintas a las de las empresas comerciales y, por
consiguiente, es válido que el legislador defina para ellas un régimen
diferente, sin que ello implique el desconocimiento de los derechos laborales
constitucionalmente protegidos. Es decir, que el trabajo asociado no puede
ser utilizado indebidamente para eludir las obligaciones de carácter laboral
con los trabajadores dependientes o subordinados, so pena de comprometer
su responsabilidad ante las autoridades correspondientes», razón por la cual,
cuando «(...) el asociado sea vinculado con otro ente, pero por órdenes
puntuales y estrictas de la Cooperativa así como del tercero, y pretenda que
en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas se
reconozca la existencia de una relación laboral, deberá acreditar que se han
consolidado los elementos propios de la misma».

39) En ese orden, al encontrarse acreditado el uso indebido de esa figura
cooperativa y reunirse los requisitos de una relación laboral respecto del tercero
que se beneficia de la labor, en virtud del principio constitucional de la primacía
de la realidad sobre las formas, es plausible declarar su existencia, sin perder de
vista el escenario fáctico y jurídico de cada caso.

Contrato sindical

40) De conformidad con el artículo 482 del Código Sustantivo del Trabajo el
contrato sindical es el que celebran uno o varios sindicatos de trabajadores con
uno o varios empleadores o sindicatos patronales para la prestación de servicios
o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados.

41) El Decreto 1429 de 2010, establece que el contrato sindical es un acuerdo de
voluntades, de naturaleza colectivo laboral, con características de un contrato

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2022, expediente

23001-23-33-000-2013-00390-01 (2022).

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solemne, nominado y principal, cuya celebración y ejecución puede darse entre
uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o
sindicatos de empleadores, para la prestación de servicios o la ejecución de
obras con sus propios afiliados, realizado en ejercicio de la libertad sindical, con
autonomía administrativa e independencia financiera por parte del sindicato o de
los sindicatos y que se rige por las normas y principios del derecho colectivo del
trabajo.

42) La Corte Suprema de Justicia2 ha definido que esos acuerdos bilaterales no
pueden ser instrumentalizados para suministrar ilegalmente personal
subordinado en actividades misionales permanentes de las entidades estatales.

43) Por su parte, el Consejo de Estado, en recientes pronunciamientos3, ha
sostenido que, en esos vínculos con organizaciones sindicales, se debe tener en
cuenta que no debe existir subordinación o dependencia con el extremo
contractual en el desarrollo de lo pactado, pues deslegitimaría cualquier objeto
de la organización colectiva.

Resolución del caso concreto

44) Con las pruebas documentales es posible establecer que el demandante
estuvo vinculado a la Cooperativa de Trabajo Asociado Multiplicadora de
Servicios “MULTISER” desde el 1 de mayo de 2010 al 31 de julio de 2012 4, a la
Cooperativa de Trabajo Asociado en Salud “COOPSALUD” desde el 01 de agosto
de 20125 30 de junio de 20146, a la Cooperativa de Trabajo Asociado “SU
FUTURO HOY CTA” desde el 1 de julio de 2014 hasta el 31 de diciembre de
20147 y a la organización sindical “ASOINSALUD” desde el 1 de enero de 2015
hasta el 31 de diciembre de 20168, desarrollando actividades de orientación al
usuario, facturación y apoyo a la E.S.E demandada como auxiliar administrativo
en virtud de los contratos celebrados por esta y las cooperativas y recibió una
contraprestación por el servicio.

45) Demostrada la prestación del servicio y la remuneración, se procede a revisar
si efectivamente se presentó la subordinación como argumento principal del
recurso.

46) En lo que respecta a la prueba testimonial, se cuenta con las declaraciones
de los señores Manuel Eduardo Sánchez Nieto, Juan Carlos Arbeláez Giraldo y
Rosalba Osorio Betancur; los dos primeros como contratistas al servicio de la
E.S.E demandada entre 2008 y 2016 mediante contratación directa y a través de

2 Ver entre otras, las sentencias CSJ SL4330-2020, CSJ SL3086-2021 y SL4332-2021.
3 Ver entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 2023 expediente 19001233300020170012301 (0921-

2021) y del 4 de mayo de 2023 expediente 20001-23-39-000-2017-00410-00 (4521-2022).
4 SAMAI / Gestión en otros despachos, índice 00015 / Archivo 1_CUADERNO1(.PDF).pdf, pág. 41.
5 SAMAI / Gestión en otros despachos, índice 00015 / Archivo 1_CUADERNO1(.PDF).pdf, pág. 43.
6 SAMAI / Gestión en otros despachos, índice 00015 / Archivo 1_CUADERNO1(.PDF).pdf, pág. 154.
7 SAMAI / Gestión en otros despachos, índice 00015 / Archivo 1_CUADERNO1(.PDF).pdf, pág. 49-51.
8 SAMAI / Gestión en otros despachos, índice 00015 / Archivo 1_CUADERNO1(.PDF).pdf, pág. 45, 55-59.

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cooperativas de trabajo y la última como profesional universitaria en carrera del
ente hospitalario demandado.

47) Los testigos declararon sobre la forma en la que se prestaban los servicios
por parte de los contratistas, entre ellos del demandante, las funciones que este
desempeñaba, la sujeción a un horario y a órdenes provenientes de empleados
de la ESE para el cumplimiento de estas y a la modalidad de contratación de la
entidad para suplir los servicios que eran requeridos, a través de cooperativas de
trabajo asociado y asociaciones gremiales.

48) En especial, la señora Rosalba Osorio Betancur, supervisora del actor, dijo
que el demandante laboró en la ESE por intermedio de cooperativa de trabajo
asociado, en el cargo de celador o facturador y que las instrucciones siempre
eran a través de la cooperativa.

49) Que las necesidades del Hospital eran plasmadas a la cooperativa y se
revisaba todo con el informe de supervisión y siempre en contacto con ellos por
las dificultades que se presentaban, pero directamente con la persona que
manejaba la cooperativa y la coordinadora.

50) Que el demandante recibía órdenes de la jefe de talento humano, la señora
Rosalba Osorio, todo era coordinado desde la oficina y desde el mando de ella,
en ocasiones el gerente, el médico de turno y el director científico. Que dichas
órdenes eran verbales.

51) Por su parte, el demandante en su interrogatorio declaró que estuvo
vinculado con la entidad como auxiliar administrativo- facturador desde el 1 de
mayo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2016 y que no tuvo ningún contrato
de prestación de servicios con la ESE; pero que esta mensualmente le
consignaba a la cooperativa quien se encargaba de realizar el pago de los
salarios.

52) Que los gerentes de cada cooperativa eran los que mandaban, pero las
instrucciones le eran dadas por algún encargado que era el de facturación,
cualquier tipo de orden que se diera como permisos, cambio de turnos, siempre
era autorizado por la administradora del Hospital.

53) Que a pesar de que era auxiliar administrativo - facturador, tenía otro tipo de
cargas laborales porque manejaba también el tema de la portería del Hospital ya
que debía requisar los bolsos, estar pendiente del oxígeno, cambiar las balas de
oxígeno, el traslado de pacientes en sillas de ruedas, abrir y cerrar la puerta de
la institución, hacer ronda en el Hospital en cada cambio de turno, etc.

54) Que su pago correspondía al salario mínimo y las primas y cesantías eran
representadas en un salario que lo dividían para esos conceptos y eran llamadas
bonificaciones o compensaciones que no equivalían al valor de estas, sino que
era un valor representativo. Que las compensaciones no alcanzaban a 1 salario.

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55) Se cuenta con cuadros de turnos denominado “Facturación Portería
Urgencias” del periodo comprendido entre febrero de 2015 y diciembre de 2016,
donde constan los asignados al demandante9.

56) Además, se encuentra dentro de uno de los contratos de prestación de
servicios suscritos por la ESE Hospital San José de Marsella con la Asociación
Gremial Integración en Salud, las funciones de los servicios a prestar,
específicamente por el demandante, de la siguiente manera:

« […] Facturación portería y gestión documental: Brindar atención cálida
y humanizada a los usuarios. Orientar y educar de manera adecuada a los
usuarios que lo requieran. Verificar en las bases de datos que los usuarios
estén activos. Verificar y confirmar la autenticidad y vigencia del SOAT.
Regular el acceso de usuarios y visitantes a las distintas áreas del
hospital. Diligenciamiento adecuado de todos los formatos establecidos en
el área. Archivar y velar porque la documentación de facturación tenga la
debida seguridad que requiere. Participar activamente en los procesos de
calidad que adelanta la institución. Facturar los servicios prestados de
acuerdo a lo establecido en el manual de procedimientos de la E.S.E.

[…] ».

57) Llama la atención de la Sala que, según certificaciones expedidas por los
terceros contratantes, el demandante fue vinculado para desarrollar funciones
específicas de orientador al usuario y facturación en servicios de salud,
verificación de documentos, presentación de informes, entre otros, de la E.S.E.
Hospital San José de Marsella; sin embargo, según la declaración de parte y el
testimonio de la señora Rosalba Osorio Betancur quien se desempeñó como
Profesional Universitario en carrera del ente hospitalario demandado y jefe de
talento humano encargado de la supervisión de los turnos, el señor Ruíz Aguirre
desempeñaba también funciones de celaduría y en algunas situaciones le
correspondía hacer ronda en el hospital.

58) Así, se extrae del acervo probatorio que el demandante, durante el tiempo en
que prestó sus servicios, actuó bajo dependencia y subordinación, pues de
acuerdo con la naturaleza de las labores de auxiliar de facturación y de
vigilante y las obligaciones impuestas, es evidente que en sus actividades debía
circunscribirse a las instrucciones de la entidad demandada y, específicamente,
a los horarios y a las necesidades de la institución hospitalaria donde prestaba el
servicio de cuidado.

59) Además, que no podía ausentarse de sus actividades o escoger o modificar
el lugar de ejecución de aquellas, de forma autónoma.

60) Así pues, al realizar una valoración conjunta de las pruebas, se concluye que
el demandante en el ejercicio de sus funciones se vio sometido a la imposición
de condiciones sobre el tiempo, modo y forma en la que debía realizarlas. Debía

9 SAMAI / Gestión en otros despachos, índice 00015 / Archivo 1_CUADERNO1(.PDF).pdf, pág. 231-233.

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cumplir un horario de trabajo, atender las directrices de la coordinadora de la
dependencia de facturación y eran ejecutadas de forma permanente.

61) Frente a las funciones desempeñadas por el actor, en la sentencia del 25 de
enero de 2014, expediente 2014-00192-02 (radicado interno 3635-2022), esta
Sala de subsección, se pronunció de la siguiente manera:

«En efecto, las labores secretariales que desarrollaba la demandante eran
permanentes, se cumplían en las instalaciones del SENA y en el horario de
oficina fijado en la entidad, bajo la supervisión e instrucción de un superior
funcional, sin que pudieran ejercerse en condiciones de libertad y autonomía
técnica y directiva.

Llama la atención la afirmación de la parte demandada en el sentido de que
la actora era autónoma e independiente en el desarrollo de sus tareas,
porque riñe con la naturaleza misma de los servicios pactados en las órdenes
de trabajo. Así, es evidente que las actividades secretariales a cargo de la
señora Araújo Montejo se circunscribían a las indicaciones particulares y
puntuales de su jefe inmediato, pues no de otra forma podía elaborar los
documentos solicitados, atender las llamadas telefónicas y suministrar
información al público interno y externo del centro de formación».

62) Con respecto a las funciones de vigilancia, la jurisprudencia del Consejo de
Estado se ha referido a este asunto de la siguiente manera10:

«Advierte la Sala que si una persona presta servicios como vigilante - celador
resulta inadmisible afirmar que realiza actividades temporales e
independientes, siendo que la labor contratada por la entidad exige que se
brinde el servicio de seguridad en forma permanente para poder funcionar
con total tranquilidad.

Carecería de cualquier lógica que los servicios de vigilancia se prestaran
ocasionalmente, siendo que la seguridad de la entidad puede verse afectada
en cualquier momento, lo que exige la presencia continua de una persona
que ofrezca y garantice la guarda de la misma.

Lo anterior permite concluir que, para cumplir con las labores de vigilancia,
la persona contratada para tal fin, debe atender y obedecer las órdenes de
sus superiores, a quienes les corresponde determinar en qué forma, horario
y dependencia se debe prestar el servicio, es decir, que el elemento de la
subordinación es indispensable para que se pueda desarrollar tal servicio».

63) Es evidente la falta de autonomía en la prestación del servicio, por el
direccionamiento frente a la forma y desarrollo de las actividades del objeto
contractual, excediéndose en lo que en sana crítica se puede entender como la
coordinación necesaria para la prestación de un servicio, denotando las
potestades propias de un verdadero empleador.

64) Lo anterior, a juicio de la Sala, desborda el alcance de la figura contractual,
así como también de la vinculación a través de otras figuras, tales como, convenio
asociativo y el contrato sindical, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi y una

10 Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección “A”. Magistrado Ponente Alfonso Vargas Rincón.

Sentencia del 2 de mayo de 2013, Radicación 05001233100020040374201.

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Radicación: 66001-23-33-000-2019-00241-01 (3326-2022)

tercerización laboral ilegal, pues la parte demandante estaba sujeta a las
condiciones impuestas era por la entidad demandada.

65) Por lo tanto, aunque el actor prestó sus servicios a través de cooperativas de
trabajo y por medio de una asociación sindical, lo cierto es que fue la ESE quien
valoró la ejecución de las actividades por parte del demandante, lo que
demuestra la supervisión y control por parte de esta y, con ello la subordinación
a la que aquel estaba sometido.

66) En otras palabras, pese a las diferentes formas en que se vinculó, quedó
demostrado que el beneficiario directo de los servicios prestados era la ESE
demandada y frente a este se materializaron las condiciones de subordinación
típicas de una relación laboral. De ahí que, resulte viable concluir que en el caso
concreto se encuentra probado el elemento de la subordinación.

De la prescripción e interrupciones contractuales

67) Demostrada la subordinación, se procede a verificar los periodos de
prestación del servicio:

Cooperativa Interrupción
de Trabajo Duración en días Valor
Asociado hábiles
Multiplicadora Compensación ordinaria 2010: $515.000
01/05/2010 al
de Servicios Sin interrupción Compensación ordinaria 2011: $565.600
31/07/2012
“MULTISER” Compensación ordinaria 2012: $566.70011
01/08/2012 al
“COOPSALUD” Sin interrupción Compensación ordinaria $ 616.00013
30/06/201412
Compensación ordinaria julio $ 1.081.720
Compensación ordinaria agosto $ 1.081.720
“SU FUTURO 01/07/2014 al Compensación ordinaria septiembre $ 981.720
Sin interrupción
HOY CTA” 31/12/2014 Compensación ordinaria octubre $ 1.001.720
Compensación ordinaria noviembre $ 1.044.200
Compensación ordinaria diciembre $ 1.114.27014
2015
Compensación enero $1.115.032
Compensación febrero $945.332
Compensación marzo $ 874.032
Compensación abril $ 916.032
Compensación mayo $ 870.032
Organización Compensación junio $ 870.032
01/01/2015 al
Sindical Sin interrupción Compensación julio 870.032
31/12/2016
“ASOINSALUD” Compensación agosto 870.032
Compensación septiembre $ 824.032
Compensación octubre $ 874.032
Compensación noviembre $ 774.032
Compensación diciembre $ 774.032
2016
Compensación enero $ 833.435

11 Según Certificación del 2 de mayo de 2018 expedida por la Cooperativa de Trabajo Asociado
Multiplicadora de Servicios “MULTISER”, SAMAI / Gestión en otros despachos, índice 00015 / Archivo
1_CUADERNO1(.PDF).pdf, pág. 40.
12 SAMAI / Gestión en otros despachos, índice 00015 / Archivo 1_CUADERNO1(.PDF).pdf, pág. 154.
13 Según Certificación del 15 de enero de 2014 expedida por la Cooperativa de Trabajo Asociado en Salud

“COOPSALUD”, SAMAI / Gestión en otros despachos, índice 00015 / Archivo 1_CUADERNO1(.PDF).pdf,
pág. 43.
14 Según Certificación del 15 de mayo de 2018 expedida por la Cooperativa de Trabajo Asociado en Salud

“COOPSALUD”, SAMAI / Gestión en otros despachos, índice 00015 / Archivo 1_CUADERNO1(.PDF).pdf,
pág. 48.

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Compensación febrero $ 933.435
Compensación marzo $ 933.435
Compensación abril $ 933.435
Compensación mayo $ 933.435
Compensación junio$ 429.498
Compensación julio $ 933.435
Compensación agosto $ $ 933.435
Compensación septiembre $ 933.435
Compensación octubre $ 933.435
Compensación noviembre $ 933.435
Compensación diciembre $ 933.43515

68) La Sala advierte que los extremos temporales relacionados se sustentan en
las constancias emitidas por las Cooperativas, la Asociación Gremial y la
información contenida en la historia laboral emitida por Colpensiones, ya que de
los contratos celebrados por aquellas con la ESE no es posible extraer la
información referente a las fechas exactas de terminación y/o inicio de los
contratos.

69) De acuerdo con esto, se puede determinar que no se presentaron
interrupciones en la vinculación del demandante, por lo que, para efectos de la
prescripción, hay una sola relación laboral.

70) Como la reclamación administrativa se presentó el 28 de agosto de 2018,
esto es, dentro de los 3 años siguientes a la culminación de la vinculación, la
respuesta de la entidad fue emitida el 30 de noviembre de 2018 16 y la demanda
se instauró el 4 de abril de 201917 no se presenta prescripción de los derechos
laborales reclamados y por ello se confirmará en ese punto la decisión apelada.

De las prestaciones a reconocer

71) Se observa que el Tribunal Administrativo de Risaralda condenó a la entidad
demandada a pagar la diferencia en lo que respecta a las prestaciones sociales
percibidas por el personal de planta que desempeñaba las mismas funciones y
que no fueron cubiertas por el tercero empleador, a favor del demandante.

72) Para la Sala, esta decisión plantea serias dificultades de ejecución y genera
incertidumbres respecto de su alcance. En efecto, no resulta claro cuál sería el
servidor público con el que debe equipararse el contratista para cancelarle las
mismas prestaciones que a este; además, surgen inmediatamente unos
interrogantes relevantes: ¿deberá acudir al contrato y, a partir de allí, revisar el
manual de funciones para establecer cuál servidor cumplía funciones similares?,
¿La comparación debe hacerse conforme al perfil profesional del demandante?

73) Este grado de indeterminación vulnera los principios de seguridad jurídica y
ejecutoriedad de las decisiones judiciales, por cuanto no obra en el expediente
prueba suficiente que permita establecer con certeza cuál sería el cargo de planta

15 Según Certificación del 2 de mayo de 2018 expedida por LA Organización Sindical “ASOINSALUD”,

SAMAI / Gestión en otros despachos, índice 00015 / Archivo 1_CUADERNO1(.PDF).pdf, pág. 53 y 54.
16 SAMAI / Gestión en otros despachos, índice 00015 / Archivo 2_CUADERNO1-1(.PDF).pdf, pág. 89-90.
17 SAMAI / Gestión en otros despachos, índice 00015 / Archivo 1_CUADERNO1(.PDF).pdf, pág. 36.

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con el cual deba efectuarse la equiparación de las prestaciones. En esas
condiciones, cualquier decisión en ese sentido devendría incierta, impidiendo su
cumplimiento material y efectivo.

74) Debe destacarse que aun en los escenarios en que la posible equivalencia
se encontrase acreditada, la orden impartida en ese sentido implicaría que se
superó el análisis pormenorizado de la estructura de los cargos de que dispone
la entidad.

75) El principal propósito del proceso judicial es poner fin a los conflictos de
manera pacífica y definitiva. En particular, el proceso ordinario tiene como
finalidad establecer de manera cierta y concluyente el derecho reclamado y por
ello, la sentencia que se profiera debe ser de tal claridad que el obligado a
cumplirla y su beneficiario tengan certeza de qué se debe dar, hacer o no hacer.

76) De manera más contundente, dicha claridad debe permitir que, en caso de
incumplimiento, pueda ordenarse su ejecución de manera eficaz a través de un
proceso ejecutivo, el cual está concebido para hacer efectivo de manera breve y
sumaria un derecho ya declarado y definido; no para determinar o encontrar este
derecho.

77) Esto genera falta de claridad en la sentencia y al no ser clara, la
administración tiene muchas opciones para escoger ese equivalente en su planta
y de no ser compartida esa elección por el demandante, debe acudir al proceso
ejecutivo y solicitar el mandamiento de pago realizando en la demanda el análisis
de a cuál cargo debe asimilarse, convirtiendo el ejecutivo en un trámite ordinario
para completar la sentencia.

78) En consecuencia, para corregir estas situaciones y garantizar el acceso
efectivo a la administración de justicia en condiciones de igualdad para ambas
partes, la Sala modificará la sentencia de manera que solucione definitivamente
el conflicto y preste verdadero mérito ejecutivo.

79) En ese orden, el restablecimiento del derecho deberá comprender las
prestaciones de orden legal del régimen público general y, la base para su cálculo
será la compensación ordinaria que recibió el demandante, en cada uno de los
periodos en los que se acreditó la relación laboral. De igual forma, los tiempos de
labor aquí reconocidos tendrán efectos pensionales.

80) Claro esto, el demandante tiene derecho al pago de las prestaciones de orden
legal que perciben los empleados de una entidad pública de orden territorial, por
ser la demandada de este orden, según las exigencias previstas en los Decretos
1042 y 1045 de 1978. En este caso, las vacaciones, prima de vacaciones,
prima de navidad, cesantías, intereses a las cesantías, bonificación por
servicios prestados, la prima de servicios; auxilio de transporte y subsidio
de alimentación.

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81) Ahora, según las certificaciones y comprobantes de pago allegados por la
demandante, en algunos años, recibió ciertas contraprestaciones económicas
equiparables con aquellas previstas en el régimen público como beneficios
legales del trabajador.

82) En efecto, consta en el comprobante de egreso de COOPSALUD para el
periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de julio 2013 que recibió el pago del
descanso anual de ese año, de la suma de $ 159.100; además, según lo certificó
la cooperativa SU FUTURO HOY CTA, le fue reconocida la compensación
económica de descanso anual para el lapso entre el 1 de julio al 31 de diciembre
de 2014, por un valor de $ 154.122.

83) A partir de la constancia y la relación de pagos expedidos por ASOINSALUD,
se evidencia que recibió los siguientes emolumentos: (i) descanso anual 2015
por valor de $ 461.833 y (ii) descanso anual enero a diciembre 2016, por valor de
$ 1.593.984. También, el beneficio de transporte para los meses enero y
diciembre de 2015 y junio y diciembre de 2016, aunque bajo la denominación de
«AUXILIO MOVILIZACIÓN», entendiéndose como la atención de costos de
transporte del trabajador y, en ese orden, la finalidad de la prestación laboral.

84) Así las cosas, es evidente que recibió el pago de vacaciones de las
anualidades de 2012-2013, 2014, 2015 y 2016 y el auxilio de transporte de enero
y diciembre de 2015 y junio y diciembre de 2016, razón por la cual no hay lugar
a reconocer esas prestaciones en los periodos mencionados. Sin embargo, los
montos recibidos por esos conceptos se tendrán en cuenta en el cálculo de la
liquidación de las prestaciones sociales, porque tienen incidencia directa en
algunos de los factores a reconocer, según se define en los decretos citados
atrás; sin embargo, se restará de la sumatoria del total de la indemnización, a
efectos de no incurrir en un doble pago.

85) Por su parte, no es procedente reconocer el subsidio familiar definido en la
Ley 21 de 1982, como el derecho en dinero, especie y servicio de los trabajadores
de carácter permanente18 cuya remuneración mensual fija o variable no
sobrepase el límite de treinta y cuatro mil doscientos pesos ($ 34.200.00) o la
suma que equivalga a cuatro veces el salario mínimo legal19, laboren diariamente
más de la mitad de la jornada máxima legal o totalicen 96 horas de labor durante
el respectivo mes20 y tengan personas a cargo21. Esto, porque, en el caso, pese
a que el demandante se encuentra dentro del requisito de remuneración,
actividades y horarios, al no haber acreditado tener personas a cargo, no será
posible su reconocimiento.

86) Sobre el reconocimiento de la bonificación por servicios prestados, aclara
la Sala que por tratarse de un empleado que desempeñó funciones en una
entidad del orden territorial, le sería aplicable la contemplada en el Decreto 2418

18 Artículo 18. Ley 21 de 1982.
19 Artículo 20. Ley 21 de 1982.
20 Artículo 23. Ley 21 de 1982.
21 Artículo 27. Ley 21 de 1982.

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de 2015; sin embargo, por disposición expresa de la misma normativa,
únicamente es procedente su reconocimiento a partir del 1 de enero de 2016, por
lo que tendrá derecho a esta, pero a partir de dicha fecha.

87) Efectuadas esas precisiones y las operaciones aritméticas del caso, de
conformidad con la tabla subsiguiente, se reporta como la deuda a cargo de la
entidad demandada la suma total indexada de $ 39.650.487.

La Sala revocará el numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia apelada,
a través del cual se ordenó a la demandada indexar las sumas que debe pagar
al demandante. Lo anterior, porque la liquidación realizada previamente ya
incluye la corrección monetaria.

De la condena en costas

88) La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida

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reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

89) La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

90) En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

91) En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada, por cuanto
no se accedió a las peticiones del recurso, aclarando que la modificación de la
decisión se dio por razones diferentes a las solicitadas y no guarda relación con
los motivos de inconformidad planteados. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Risaralda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida el veinticuatro
(24) de febrero de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, el cual quedará así:

« (…)
TERCERO. ORDENASE a la ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE
MARSELLA reconocer y pagar al señor FERNANDO ANDRÉS RUÍZ
AGUIRRE una indemnización equivalente a treinta y nueve millones,
seiscientos cincuenta mil con cuatrocientos ochenta y siete pesos ($
39.650.487), por concepto de las prestaciones sociales incluidas en la
liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia».

Segundo. REVOCAR el numeral séptimo de la sentencia apelada, conforme con
lo expuesto en la parte resolutiva.

Tercero. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

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Radicación: 66001-23-33-000-2019-00241-01 (3326-2022)

Cuarto. Condenar en costas a la parte demandada, las cuales deberán ser
fijadas y liquidadas por la primera instancia, conforme lo expuesto en la parte
motiva.

Quinto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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17

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