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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2019-00286-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2019-00286-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor consejero GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, SEPARARLO del conocimiento del mismo. SEGUNDO: MODIFICAR los numerales 4 a 13 de la parte resolutiva de la sentencia de 4 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el cual quedará así: “[…] 4. Ordenar al Municipio de La Virginia con apoyo del Departamento de Risaralda, que, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia, realice un censo que permita identificar la población que Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 56 Número único de radicación: 66001-23-33-000-2019-00286-01 Actora: PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE PEREIRA realiza la actividad de cría de animales en el Municipio, verificando para ello si los predios en los cuales ejercen la actividad pecuaria se encuentran dentro del perímetro urbano previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial. 5. Ordenar al Municipio de La Virginia, al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos — INVIMA, al Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda — CARDER, al Departamento de Risaralda, a la Empresa de Servicios Públicos de la Virginia y a la Policía Nacional, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, que, dentro del año siguiente a la notificación de esta providencia y una vez realizado el censo, formulen un programa para la población que realice actividad pecuaria en los predios ubicados en el perímetro urbano del Municipio de La Virginia, con el fin de que se les acompañe y asesore para garantizar que se cumpla con la normativa sanitaria y ambiental exigible y, en caso de que no se logre cumplir con tales estándares, adopte las acciones correctivas y sancionatorias pertinentes. 6. Exhortar al Municipio de La Virginia con apoyo del Departamento de Risaralda, para que, realice y ejecute un plan de acción con su respectivo cronograma, en el marco […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 66001-23-33-000-2019-00286-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

17 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 66001-23-33-000-2019-00286-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTORA: PROCURADURÍA28JUDICIALIIAMBIENTALYAGRARIADEPEREIRA

TESIS: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. EL CRIADERO DE ANIMALES
EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO AFECTA LOS DERECHOS
COLECTIVOS. SE MODIFICAN LAS ÓRDENES DE AMPARO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los

apoderados de la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL - POLICÍA NACIONAL1, el MUNICIPIO DE LA

VIRGINIA2, el DEPARTAMENTO DE RISARALDA3 y la

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA –

CARDER contra la sentencia de 4 de mayo de 2023, proferida por el

Tribunal Administrativo de Risaralda4.

1
En adelante la POLICÍA
2
En adelante el MUNICIPIO
3
En adelante el DEPARTAMENTO
4
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 66001-23-33-000-2019-00286-01
Actora: PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE PEREIRA

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

La PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA

DE PEREIRA, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo

88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de

agosto de 19985, presentó demanda ante el Tribunal, contra la

POLICÍA, el INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE

MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, el INSTITUTO

COLOMBIANO AGROPECUARIA - ICA, la CARDER, la EMPRESA

DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA, el DEPARTAMENTO

y el MUNICIPIO, tendiente a obtener la protección de los derechos

colectivos al goce de un medio ambiente sano y salubridad pública.

I.2. Hechos

La parte actora señaló que, desde el año 2016, requirió al

MUNICIPIO por la problemática relacionada con el funcionamiento

de criaderos de animales en la zona urbana del ente territorial, pues

genera olores ofensivos, vectores, inadecuada disposición de

5
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.

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residuos sólidos y vertimientos no autorizados dentro del sistema de

alcantarillado y de las fuentes hídricas.

Adujo que el 10 de enero de 2017, la Secretaría de la Planeación del

MUNICIPIO le informó que realizó actividades y acciones para

cumplir las obligaciones a su cargo, pero también le indicó que ello

era un proceso complejo en el que debían intervenir otras entidades

como la Agencia Nacional de Tierras y la CARDER.

Señaló que el 17 de septiembre de 2018 requirió a la CARDER, para

que en su calidad de máxima autoridad ambiental ejerciera sus

funciones y realizara el respectivo seguimiento a los vertimientos e

impactos que generaba el funcionamiento de porquerizas en área

urbana del MUNICIPIO.

Agregó que en el concepto sanitario rendido el 25 de enero de 2019,

el ICA advirtió que “en estos criaderos no existe plan de manejo

sanitario para el control de enfermedades infecciosas o parasitarias,

en áreas aledañas a la producción se encuentran elementos como

escombros y residuos orgánicos que puedan afectar la inocuidad

alimentaria y la sanidad de los animales, emplean lavazas

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(aguamasas) en la alimentación animal, animales heridos sin

tratamiento, condiciones de aseo precarias, no hay desinfección de

los tanques de almacenamiento de agua para consumo animal,

concluyendo que la carne allí producida no es apta para el consumo

humano, no obstante … su destinación”.

Finalmente, sostuvo que a la fecha de presentación de la demanda

no se conocía de la imposición de medidas correctivas (Ley 1801 de

2016), ni preventivas o sancionatorias en materia ambiental (Ley

1333 de 2009), ni sanitarias (Ley 9 de 1979), en ninguno de los

criaderos de animales ubicados en la zona urbana del MUNICIPIO,

pese a la prohibición expresa de su existencia, las afectaciones al

medio ambiente por los olores ofensivos, la generación de vectores,

la inadecuada disposición de los residuos sólidos, los vertimientos no

autorizados y los riesgos para la salud pública.

I.3. Pretensiones

Solicitó, además del amparo de los derechos invocados como

vulnerados, lo siguiente:

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“[…] 2. Sírvase señores Magistrados a declarar que los responsables
de las afectaciones a los derechos colectivos a) el goce de un
ambiente sano y g) La salubridad pública son: el Municipio de La
Virginia – Risaralda, el Departamento de Risaralda – Secretaría de
Salud Departamental, el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos – INVIMA, la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda – CARDER y la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional.

3. Sírvanse señores magistrados a ordenar que en consecuencia de
la anterior declaración, el Municipio de La Virginia – Risaralda, el
Departamento de Risaralda – Secretaría de Salud Departamental, el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –
INVIMA, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER y
la Policía Nacional, realicen todas las actuaciones tendientes a evitar
que continúe la amenaza y vulneración de los derechos colectivos
invocados y, en particular, el cierre de los criaderos de animales en
zona urbana del municipio de La Virginia, tanto los identificados en
las visitas de las autoridades como los que se hayan abierto con
posterioridad y adelantar controles permanentes que eviten su
reapertura o la de nuevos criaderos […]”.

I.4. DEFENSA

I.4.1.-. El MUNICIPIO sostuvo que efectuó las siguientes acciones

para responder efectivamente a la problemática expuesta: i) visitas

a personas que crían animales en la zona urbana; ii) desarrollo de un

estudio de prefactibilidad; iii) solicitudes a otras autoridades para

adelantar diligencias; y iv) búsqueda de predios para la reubicación

de personas involucradas o reconocimiento de compensaciones a los

afectados.

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Adujo que el cierre total de las porquerizas no ha sido posible, pero

no por falta de diligencia, pues ha realizado acciones para la

protección del medio ambiente.

Destacó que ante la ausencia de predios para adelantar el proyecto

de reubicación y por la falta de recursos para adquirir uno nuevo,

contrató un estudio de caracterización socioeconómica y de

factibilidad para los porcicultores del municipio, con el fin de

identificar “alternativas conducentes a su reubicación o a la

compensación económica, que permitan garantizar el derecho

fundamental al empleo y se dé cumplimiento a la normatividad

ambiental vigente en cuanto a la contaminación que genera la

actividad porcícola, ya que se han identificado algunos productores

con condiciones sociales que imposibilitan su reubicación”.

Resaltó que las exigencias técnicas, normativas, ambientales y

financieras del proyecto de reubicación estaban fuera de su alcance

presupuestal, pues sus fuentes de recursos para el funcionamiento e

inversión “tienen dependencia superior al 50% del gobierno central,

recursos con destinación específica en su gran porcentaje, y los de

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libre destinación son precarios frente al cúmulo de obligaciones y

competencias que la constitución y la ley le fijan al municipio”.

Por lo anterior, solicitó denegar las pretensiones de la demanda en

lo que le respecta, pues buscó dar una respuesta oportuna a la

problemática objeto del proceso.

I.4.2-. El DEPARTAMENTO DE RISARALDA estimó que no era el

competente para adoptar las medidas de cierre de establecimientos

de criaderos, dado que ello estaba a cargo del MUNICIPIO, de

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.5.1.6.4 del Decreto

núm. 1076 de 2015.

Adujo que pese a lo anterior, a través de su Secretaría de Salud,

realizó varias visitas a los criaderos en las que emitió las actas

correspondientes que, posteriormente, remitió al MUNICIPIO para

que adoptara las medidas pertinentes.

Indicó que, de conformidad con lo previsto en la Ley 9ª de 1979 y

demás normas reglamentarias, la imposición de medidas sanitarias

debían estar precedidas y soportadas en un análisis técnico respecto

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del riesgo sanitario que se pretende contener, motivo por el que la

Secretaría de Salud Departamental desarrolló múltiples acciones

tendientes a establecer y documentar el presunto riesgo sanitario y

ambiental causado.

I.4.3-. La CARDER indicó que en el marco de sus competencias obró

de forma diligente para afrontar la problemática expuesta, pues

realizó visitas a los predios que ejercían esa actividad y emitió el

respectivo concepto técnico en el que recomendó la suspensión

inmediata de vertimientos directos al río, por lo que estimó que no

era responsable de la vulneración de los derechos colectivos

invocados, pues, con ello, a su juicio, ha cumplido con sus

obligaciones.

I.4.4-. La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA

sostuvo que no transgredió los derechos colectivos invocados, dado

que cumplió con las obligaciones a su cargo, pues le comunicó a la

autoridad ambiental competente qué inmuebles realizaban

vertimientos en el sistema de alcantarillado.

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I.4.5.-. El INVIMA indicó que la competencia en materia de

producción primaria le correspondía al ICA, de conformidad con lo

previsto en el Decreto núm. 1500 de 2007, que prevé que el INVIMA

no está legitimado para actuar en temas relacionados con

“criaderos”, por lo que de llegar a intervenir en temas de producción

primaria se generaría una extralimitación de funciones.

I4.6-. La POLICÍA adujo que no era de su competencia sancionar o

tomar decisiones frente a la existencia de criaderos de animales en

el sector urbano del MUNICIPIO, por lo que debían denegarse las

pretensiones formuladas en su contra dado que no era autoridad

ambiental.

Sostuvo que en ejercicio de su función de preservar la convivencia y

los derechos de los ciudadanos, al igual que su deber de colaboración

con las autoridades que así lo requieran, realizó distintas acciones

con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para el

funcionamiento de dichos establecimientos.

I.5.- Pacto de cumplimiento

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La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el día 23 de

septiembre de 20196, la cual se declaró fallida por no existir ánimo

conciliatorio entre las partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El TRIBUNAL, mediante sentencia de 4 de mayo de 2023, declaró

al MUNICIPIO, a la CARDER, al ICA, al INVIMA, a la POLICÍA y

a la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia ESP, responsables

de la vulneración de los derechos colectivos al goce de un medio

ambiente sano y salubridad pública y, en consecuencia, dispuso lo

siguiente:

“[…] 4. Ordenar al municipio de La Virginia que con apoyo técnico
del Invima, el ICA, la Carder, el departamento de Risaralda y la
Empresa de Servicios Públicos de La Virginia E.S.P, en el término de
5 meses contados desde la ejecutoria del presente fallo, realice un
plan de capacitación e información a la comunidad de La Virginia que
tenga criaderos de animales en la zona urbana, donde se les explique
por qué no pueden existir estos criaderos, cuáles son los daños
ambientales y a la salubridad pública, cómo afecta dicha activad a la
persona que la realiza, su familia y la comunidad, la importancia de
denunciar los casos que conozcan; igualmente, donde se les informe
que se va a realizar un censo de las personas que en la actualidad
tienen criaderos de animales con el fin de involucrarlas a los planes
de gobierno que les permita acceder a apoyos para formación de
microempresa o para acceder a estudios o capacitaciones para cambio
de actividad económica o que puedan emplearse en una labor u oficio.

6 Visible en el índice núm. 2 del expediente del Tribunal.

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Se advierte que para el desarrollo del plan de capacitaciones deben
utilizarse todos los medios físicos y tecnológicos, como pancartas,
volantes, pautas publicitarias en la emisora y en los canales de
televisión institucional, las páginas web institucionales.

5. Ordenar al municipio de La Virginia que con apoyo técnico del
Invima, el ICA, la Carder, el departamento de Risaralda y la Empresa
de Servicios Públicos de La Virginia ESP, en el término de 5 meses
contados desde la ejecutoria del presente fallo, organice el censo que
se va a realizar a la comunidad del municipio de La Virginia que tiene
criaderos de animales en la zona urbana, cuyo fin es determinar el
número exacto, real y actual de los predios en los cuales se realiza
esta actividad, no siendo suficiente con visitar únicamente los predios
ya identificados, sino también los identificados por otras entidades, al
igual que deberá determinar otros predios que también realizan la
actividad y que no se les ha realizado seguimiento alguno.

6. Ordenar al municipio de La Virginia que con apoyo del
departamento de Risaralda, en el término de 5 meses contados desde
la ejecutoria del presente fallo, revise y elija los programas
gubernamentales que van a ser utilizados para vincular a la población
censada, a quienes se les va a dar como opción la de continuar en la
actividad económica pero en un predio rural, para lo cual se le debe
brindar todo el apoyo para formación de microempresa; también se
les va dar la opción de cambio de actividad económica, donde se le
debe facilitar estudios y capacitaciones para que aprendan otro arte
u oficio o el ingreso en programas que permitan emplearse en una
labor u oficio, para lo cual se puede apoyar del estudio de
prefactibilidad ya realizado y para finiquitar el plan de acción, donde
se deben incluir los nuevos predios que se identifiquen.

7. Ordenar al municipio de La Virginia, al departamento de Risaralda
y a la Policía Nacional para que en el término de 5 meses contados
desde el vencimiento del término otorgado en el ordinal 4, realicen
las capacitaciones elaboradas, conforme a los lineamientos trazados
en dicho ordinal.

8. Ordenar al municipio de La Virginia para que con apoyo del
departamento de Risaralda, en el término de 9 meses contados desde
el vencimiento del término otorgado en el ordinal 4, realice y organice
el censo con el fin de obtener la base de datos con el número exacto,
real y actual de los predios en los cuales se realiza la actividad de cría
de animales en la zona urbana del municipio de La Virginia, con sus
respectivos datos para identificación, no siendo suficiente con pasar
únicamente los predios ya identificados, sino también los identificados

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por otras entidades, al igual que los nuevos que se identifiquen; una
vez organizada la información, deberá remitirla a la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda - Carder, al Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA, al Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos – Invima, a la Nación – Ministerio de
Defensa - Policía Nacional y a la Empresa de Servicios Públicos de La
Virginia ESP.

9. Ordenar al municipio de La Virginia para que con apoyo del
departamento de Risaralda, dentro del término de 12 meses contados
desde la ejecutoria del presente fallo, gestione convenios con otras
empresas con el fin de recibir los animales que sean incautados
cuando se incumplan con las normas objeto del presente asunto,
luego del procedimiento administrativo correspondiente que se haya
adelantado acatando el debido proceso y el derecho de defensa de la
persona involucrada.

10. Ordenar al municipio de La Virginia, al Invima, al ICA, a la
Carder, al departamento de Risaralda, a la Empresa de Servicios
Públicos de La Virginia ESP y a la Policía Nacional para que en el
término de 12 meses contados desde el vencimiento del término
otorgado en el ordinal 9, realicen las visitas técnicas, en conjunto, a
todos los predios censados que tienen criaderos de animales en la
zona urbana del municipio, para que, desde su respectiva área y
función, realicen el concepto técnico; brinden la asesoría integral a
los propietarios del establecimiento, donde se les explique las
condiciones de sanidad y salubridad que deben tener, como es el
trámite para obtener los permisos, las autorizaciones y las licencias;
empiecen con el plan de cierre, adviertan que se deja registro de la
visita y que cada mes se realizará una visita para verificar que no se
adquieran más animales de cría, hasta terminar con los existentes; y
se les informe sobre las opciones sobre la actividad económica, los
beneficios que tienen y la forma como pueden ingresar a los
programas de gobierno respectivos.

11. Ordenar al municipio de La Virginia que con apoyo del
departamento de Risaralda y la Policía Nacional, cada mes desde que
se inició el plan de cierre a los establecimientos censados, realicen las
visitas para verificar el cumplimiento de dicho plan, hasta que la
propiedad quede sin animales.

12. Ordenar al municipio de La Virginia para que con apoyo del
departamento de Risaralda y la Policía Nacional, luego de transcurrido
el término otorgado en el ordinal 9, inicien inmediatamente los
respectivos procedimientos administrativos conforme a la ley,

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respetando el derecho a la defensa y el debido proceso de la persona
involucrada, con el fin de erradicar los criaderos de animales ubicados
en la zona urbana del municipio y que no se encuentren en el censo
o que pese a que fueron censados y fueron beneficiados con las
garantías aquí ordenadas, reincidieron en el criadero.

13. Se designa a la señora procuradora 28 Judicial II en Asuntos
Ambientales y Agrarios de Pereira, al director de la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda -Carder, al señor alcalde del
municipio de La Virginia, al gobernador del departamento de
Risaralda, al gerente del Instituto Colombiano Agropecuario- ICA, al
director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos- Invima, al gerente de la Empresa de Servicios Públicos de
La Virginia E.S.P, al ministro de Defensa - Policía Nacional, al señor
agente del Ministerio Público asignado al despacho 04 de esta
Corporación y al magistrado ponente, para que conformen el comité
de verificación del cumplimiento de la presente sentencia, para lo cual
por Secretaría se les enviará la respectiva comunicación, quienes
rendirán en el término de 18 meses, contados desde la ejecutoria de
la sentencia, un informe único detallado e ilustrado sobre las
soluciones adoptadas en pro del cumplimiento efectivo de esta
providencia. Para tal efecto, se designa como coordinadora para la
convocatoria y demás menesteres del comité de verificación a la
procuradora 28 Judicial II en Asuntos Ambientales y Agrarios de
Pereira […]”.

Sostuvo que el 7 de julio de 2017 se realizó un censo de porquerizas

en el DEPARTAMENTO en el que se advirtió la existencia de 2.351

predios, de los cuales 54 se encontraban ubicados en el municipio de

La Virginia. Asimismo, se identificaron otros lugares que no estaban

incluidos en el censo del MUNICIPIO.

Indicó que en el proceso se probó la existencia de 33 predios activos

donde funcionan unidades productivas, con variedad de animales, en

su mayoría cerdos, los cuales eran utilizados con fines comerciales

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en “sitios donde no se cumplen los requisitos mínimos de sanidad,

salubridad y bienestar animal, que no tienen permisos de

funcionamiento y que contravienen la norma en el sentido que no

pueden existir criaderos de animales en zona urbana de los

municipios”.

Adujo que a pesar de que el MUNICIPIO no era uno de los

principales productores pecuarios a nivel departamental, dicha

actividad sí era un factor de gran incidencia a nivel económico, social

y ambiental por las características de su práctica, la población

mayoritariamente adulta que se dedicaba a esa actividad y las

condiciones en que se criaban a los animales7.

Señaló que el MUNICIPIO expidió el Decreto núm. 132 de 2008, a

través del cual prohibió la explotación comercial y el funcionamiento

de porquerizas y galpones en el perímetro urbano y centros poblados,

7
En este punto, el Tribunal señaló lo siguiente:

“[…] De conformidad con el estudio de prefactibilidad allegado con la presentación de la demanda, la
cría de animales en la zona urbana del municipio de La Virginia se ha suscitado como una importante
fuente de empleo para muchas de las familias que habitan el municipio, convirtiéndose a su vez, en
una importante y, en muchos casos, la única fuente ingresos para gran parte de su población. No
obstante, implica a su vez grandes problemas en materia de salud pública y medio ambiente a causa
de su clandestinidad.

Igualmente, se trata de una actividad que es practicada, en su mayoría, por personas con un rango de
edad entre los 51-65 años, la que equivale a un 48%, seguida del rango de los 36-50 años, con un
33.3%. A su vez, que se trata de una práctica con gran arraigo familiar, que en algunos grupos sociales,
es el resultado de más de 20 años de tradición […]”.

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dado que su funcionamiento ponía en riesgo la salud y vida de los

habitantes, pues deterioraba el medio ambiente y los recursos

naturales por el olor que expelen, la proliferación de moscas,

zancudos y roedores; además, de la contaminación de las cuencas

hídricas.

Sostuvo que en ninguno de los predios urbanos visitados por las

autoridades ambientales, en los que se advirtió la presencia de

criaderos de animales, se acreditó que tuvieran la licencia sanitaria

expedida por el ICA, para el caso de criaderos que se dedican a la

producción primaria de animales domésticos, o del Invima para los

que incluyan el sacrificio de los animales, de conformidad con el

Decreto núm. 1500 de 2007.

De igual forma, el Tribunal señaló lo siguiente:

“[…] De hecho, como obra en las pruebas documentales y
testimoniales practicadas dentro del presente proceso, la Carder y el
ICA realizaron una operación conjunta en la que visitaron 6 predios
con porquerizas urbanas al interior del municipio de La Virginia, en el
cual constataron, además del deterioro que tal actividad ocasionaba
al medio ambiente, los riesgos que se presentaban a la salud pública
por la falta de sanidad e inocuidad de los animales, lo que llevó a
determinar que la carne producida en todos los predios visitados, no
es apta para consumo humano. Por consiguiente, los establecimientos
existentes en la zona urbana del municipio de La Virginia destinados
al criadero y sacrificio de animales, no cuentan con la autorización
sanitaria obligatoria que expide el ICA y el Invima, lo que implica que
su práctica es clandestina o ilegal y que en su desarrollo se utilizan

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procedimientos no adecuados que ponen en peligro la salubridad de
la comunidad y la sanidad ambiental, pues la autorización significa
que el establecimiento comercial cumple con los requisitos necesarios
para garantizar la calidad de los productos alimenticios, desde su
producción primaria (cría).

Ahora bien, hasta este punto, se ha constatado la existencia de
criaderos y sacrificio de animales en zona urbana del municipio de La
Virginia de naturaleza ilegal, por expresa disposición legal nacional y
local, aunado a que los que se encuentran operando en la actualidad
no cuentan con las autorizaciones sanitarias obligatorias
correspondientes; sin embargo, es menester para la Sala precisar que
la acción popular no está diseñada para acudir a ella ante cualquier
violación de la ley, irregularidad o disfunción que se presente; por el
contrario, la acción popular tiene un objetivo preventivo para proteger
los derechos e intereses colectivos cuando se ven amenazados o
están siendo vulnerados, eventos en los cuales, tanto la amenaza
como la vulneración debe ser real, directa y concreta de manera tal
que en realidad se perciba la potencialidad de violación del derecho
colectivo o la verificación del mismo, aspectos todos que deben ser
debidamente demostrados por la parte actora popular, quien tiene la
carga de la prueba […]”.

Aclaró que, en el caso bajo estudio, más que el incumplimiento de

las normas lo que debía analizarse eran las consecuencias de dicho

incumplimiento, pues las regulaciones sobre la materia se expidieron

con el fin de proteger la diversidad e integridad del ambiente,

planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,

garantizar su desarrollo sostenible, así como su conservación,

restauración o sustitución, además de prevenir y controlar los

factores de deterioro ambiental, por lo que, a su juicio, su

incumplimiento afectaba directamente el derecho a gozar de un

ambiente sano.

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Precisó que si bien la parte actora no demostró científicamente los

daños directos al ambiente y la salud de la comunidad, dentro del

proceso sí se probó la vulneración de los derechos de los habitantes

del municipio “en razón a la exposición de olores debido a la crianza

y sacrificio de los animales en la zona urbana, actividad que no

cuenta con los respectivos permisos sanitarios y además quebranta

las normas que lo prohíben”8.

Respecto de la responsabilidad de las accionadas en la vulneración

de los derechos colectivos invocados, el Tribunal sostuvo que la

inspección, vigilancia y control la ejercían diferentes entidades

dependiendo de las actividades ejercidas por el establecimiento, pues

la actividad de los criaderos de animales en la zona urbana iba desde

la producción primaria, el beneficio, desposte y desprese del

producto cárnico; el expendio de la carne y productos cárnicos para

8
En este punto, el Tribunal agregó lo siguiente:

“[…] Llegado a este punto, conviene manifestar que la presente acción popular no se circunscribe
exclusivamente a la problemática que para el medio ambiente generan los vertimientos no autorizados
y la presencia de olores nauseabundos como consecuencia de la ejecución de la actividad porcícola en
zona urbana, sino que, por el contrario, también deben ser analizados los posibles riesgos que para la
salubridad pública provoca dicha práctica clandestina. Conforme lo dicho, se observa de las visitas
realizadas que en la gran mayoría de los criaderos se emplea lavaza en la alimentación de los animales,
los bebederos y los lugares de almacenamiento de agua se encuentran en condiciones de aseo
precarias, y, en algunos de ellos, la presencia de agua masa en valdes y canastas, frutas en estado de
putrefacción, laceraciones que no son atendidas, o la cría de los animales a merced de los restos de
sacrificio porcino en estado de putrefacción y agua sangre, advirtiéndose que no existe siquiera un plan
de manejo para el control de enfermades, por lo que se facilita la aparición de vectores […]”.

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el consumo humano; el impacto ambiental y la disposición de los

recursos naturales en la ejecución de la actividad económica.

Explicó que la competencia en comento se dividía así: i) la sanidad

animal en la producción primaria era del ICA; ii) las plantas de

beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos correspondía al

INVIMA; iii) los establecimientos que ejecutan actividades de

transporte, almacenamiento y expendio de carne y productos

cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para el

consumo humano, son de las entidades territoriales de salud; y iv)

la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales, se predica

de la respectiva autoridad ambiental.

Indicó que la Secretaría de Salud Departamental tenía el deber de

implementar acciones de inspección, vigilancia y control sanitario a

los municipios, así como prestar la asistencia administrativa, técnica

y financiera para la conservación al medio ambiente y la preservación

de los recursos naturales.

Respecto de la responsabilidad de la empresa prestadora del servicio

público de alcantarillado del MUNICIPIO, sostuvo que de

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conformidad con lo previsto en el artículo 39 del Decreto núm. 3930

de 25 de octubre de 20109, estas tienen la responsabilidad de exigir

a sus suscriptores el acatamiento de la norma de vertimiento al

alcantarillado público, de manera que, en caso de que se determine

el incumplimiento del usuario, la empresa deberá informarlo a la

autoridad ambiental competente para dar inicio al proceso

sancionatorio.

Adujo que la Policía Nacional tenía la obligación de imponer las

medidas preventivas y correctivas, así como de dar traslado a la

autoridad respectiva competente, ante comportamientos contrarios

a la preservación del agua o que atenten contra la salud pública10.

9
“Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del
Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos
y se dictan otras disposiciones”.
10
En este punto, el Tribunal resaltó lo siguiente:

“[…] la accionada manifestó que la competencia para adoptar medidas correctivas en razón a la
problemática recaía exclusivamente en las autoridades del municipio y la autoridad ambiental;
consecuentemente y contrario a lo manifestado, se encuentra plenamente obligada a velar por el
cumplimiento de la convivencia ambiental y de salud pública, donde varias de las conductas reguladas
son las que se demostraron que están ejecutando las viviendas que tienen criaderos de animales y pese
al acompañamiento de la Policía Nacional en varias visitas y al conocimiento de la configuración de las
conductas que deben ser sancionadas según la Ley 1801 de 2016, la entidad ha actuado de manera
pasiva ante la problemática objeto de la presente decisión.

Asimismo, si bien la entidad argumenta que realizó 2 comparendos, de los cuales 1 de ellos (Federmán
Trejos Ríos) no se refiere a que sea como consecuencia del funcionamiento de una cochera, sino por
malas prácticas en la limpieza y recolección de escombros en sitios de uso público, sumado a que dicho
predio no hace parte del censo del municipio, quedando la duda si hace parte o no de unidades de
producción aquí estudiado, lo cierto es que dicho actuar es mínimo para lo determinado en el proceso,
ya que se encuentran identificados en total 33 predios, de los cuales solo a uno le realizó comparendo,
lo que demuestra un actuar pasivo en el ejercicio de su competencia […]”.

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Consideró que si bien se verificó dentro del proceso que el ICA, la

Secretaría de Salud del Departamental, el INVIMA, la CARDER, el

MUNICIPIO, la POLICÍA y la Empresa de Servicios Públicos de La

Virginia, realizaron mesas de trabajo, analizaron la situación de los

criaderos, visitaron unos predios en los que se realizaba la actividad

comercial de criaderos de animales; además, ordenaron a los dueños

de los predios trasladar su actividad de cría y sacrificio de animales

a la zona rural, lo cierto era que tales medidas eran insuficientes,

pues la problemática persistía.

Precisó que las medidas que debían adoptarse con motivo de la

vulneración de los derechos colectivos invocados tenían que respetar

el ejercicio simultáneo de los derechos tanto de los afectados por la

contaminación del medio ambiente y la salubridad pública, como de

las personas que dependían económicamente de la actividad que

generaba la contaminación.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1-. El MUNICIPIO sostuvo que el Tribunal lo responsabilizó de

la transgresión de los derechos colectivos invocados sin tener en

cuenta las acciones de control y verificación que adelantó a través de

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la Dirección de Gestión Ambiental, la Inspección Municipal y la

POLICÍA. Dentro de las acciones adelantadas destacó las siguientes:

“[…] 1. Se han realizado visitas de seguimiento y control para
identificar factores de riesgo a la salud pública, sin embargo, la
aplicación de la normatividad se encuentra limitada dado el amparo
del fallo del 2011.

2. Se solicitó en repetidas ocasiones apoyo y colaboración a la
Secretaría de Salud Departamental para realizar las visitas de
seguimiento y control a cada una de las porquerizas.

3. Desde la Administración se realizó la solicitud a INVIMA dado que
una de las condiciones que se han venido presentado es el sacrificio
clandestino y con ello la necesidad de que la autoridad sanitaria
acompañara el proceso.

4. Desde la UMATA se han realizado reuniones para avanzar en el
fortalecimiento de las asociaciones de porcicultores urbanos […]”.

Adujo que por ser un municipio de sexta categoría no disponía de los

recursos suficientes para dar una solución de fondo a la problemática

objeto del proceso.

Solicitó, por lo anterior, revocar la sentencia de primera instancia y,

en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.

III.2-. El DEPARTAMENTO adujo que no se probó su

responsabilidad, pues los establecimientos que ejercían la actividad

comercial de criaderos de animales lo hacían de forma ilegal, dado

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que el POT del MUNICIPIO no permitía el uso del suelo para el

desarrollo de ese tipo de actividades, especialmente en la zona

urbana, por lo que la responsabilidad derivada de la vulneración de

los derechos colectivos invocados recaía en el citado ente territorial.

Agregó que, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.5.1.6.4

del Decreto núm. 1076 de 26 de mayo de 201511, no era su

responsabilidad adoptar medidas definitivas para el cierre de

criaderos de animales ubicados en el MUNICIPIO.

Resaltó que, sin embargo, a través de su Secretaría de Salud realizó

varias visitas a dichos lugares, las cuales dieron lugar al

levantamiento de actas que, posteriormente, se remitieron al

MUNICIPIO para que adoptara las medidas respectivas.

Adujo que según lo dispuesto en la Ley 9 de 1979, y demás normas

reglamentarias, la imposición de medidas sanitarias de seguridad

debían estar precedidas de un análisis técnico sobre el riesgo

sanitario que se pretendía contener, por lo que su Secretaría de Salud

11
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible”.

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desarrolló múltiples acciones tendientes a establecer y documentar

el riesgo sanitario y ambiental que presuntamente causan los

criaderos de animales en el MUNICIPIO.

Adicionalmente, señaló lo siguiente:

“[…] De igual forma, el Departamento de Risaralda no ha vulnerado
los derechos colectivos al goce de un medio ambiente sano y
salubridad pública de los habitantes del municipio de La Virginia por
omisión administrativa, en el entendido que ha brindado toda la
asistencia que debe realizar, entendiendo que desde la Dirección
Operativa de Salud Pública de la Secretaría de Salud Departamental,
como función específica, realiza constantemente acciones de Asesoría
y Asistencia Técnica, tal como se ha comprobado en autos,
entendiendo que la entidad que debe controlar la existencia de
criaderos y gestionar los daños ambientales y a la salubridad pública
en la jurisdicción del municipio de La Virginia […]”.

Indicó que la organización de censos en el MUNICIPIO para obtener

bases de datos que permitan determinar el número exacto de

criaderos de animales, era competencia del MUNICIPIO, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1° de la Constitución

Política, que prevé que las entidades territoriales eran autónomas en

el manejo de sus asuntos, motivo por el que en la gestión de

convenios que afectaban su presupuesto no se podían comprometer

recursos sin respaldo presupuestal.

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III.3-. La CARDER adujo que en ejercicio de sus competencias como

autoridad ambiental impuso medidas preventivas de suspensión

inmediata de vertimientos provenientes de la actividad porcícola en

cada una de las viviendas que fueron identificadas y determinó la

inviabilidad de otorgar permisos ambientales para el desarrollo de tal

actividad, dado que se efectuaba en el área urbana del municipio.

Sostuvo que tenía la disposición para seguir ejerciendo sus funciones

y prestar el apoyo técnico requerido para realizar un plan de

capacitación e información a todos los predios censados.

Estimó que el tiempo que le concedió el Tribunal era muy limitado,

dado que debía realizar diferentes actividades de apoyo en forma

conjunta con el MUNICIPIO y las demás entidades involucradas,

como lo era desarrollar un plan de capacitación a la comunidad y un

censo a los criaderos de animales ubicados en la zona urbana del

municipio.

III.4-. La POLICÍA indicó que no había discusión respecto de la

necesidad de proteger el derecho colectivo al goce de un ambiente

sano por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, aclaró

que cumplió con las obligaciones que le eran exigibles frente a la

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problemática específica de la presencia de criaderos de cerdos en la

zona urbana del MUNICIPIO, pues realizó el acompañamiento a las

autoridades correspondientes en el desarrollo de sus funciones de

control ambiental.

Respecto de lo anterior, agregó lo siguiente:

“[…] Como ha quedado señalado en la sentencia, la problemática que
se presenta tiene diversos ítems, pues no es solo la presunta
afectación al medio ambiente, sino también las condiciones de
salubridad en que viven las familias y la problemática social y
económica que implica el cierre y decomiso de los animales y la toma
de medidas sancionatorias, en este orden de ideas, puede
establecerse que:

• No es competencia de la Policía Nacional sancionar o tomar
acciones directas en contra de la problemática sobre la existencia de
criaderos de animales y, específicamente, cerdos en el área urbana
del municipio de la Virginia.
• La Policía Nacional ha realizado las acciones a su alcance y de
conformidad con sus competencias con el fin de atender el
requerimiento realizado por procuraduría ambiental.
• La Policía Ambiental y ecología es la dependencia de la
Subdirección de Servicios Especiales encargada de coordinar, dirigir,
orientar, apoyar, supervisar y evaluar a nivel nacional, el
cumplimiento del proceso de protección al ambiente y a los recursos
naturales, prestado mediante la especialidad policial ambiental y
ecológica como apoyo a las autoridades ambientales en la protección
de los recursos naturales y el ambiente y de acuerdo con lo ordenado
en la leyes vigentes sobre la materia, para de esta manera contribuir
al proceso misional institucional de convivencia y seguridad
ciudadana. Sus atribuciones están limitadas a la colaboración frente
a las autoridades ambientales y administrativas en el caso que nos
ocupa […]”.

Señaló que no podía actuar directamente en contra de las personas

que realizaban las actividades relacionadas con la crianza de

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animales en el MUNICIPIO, pues ello, más que una infracción a las

normas ambientales, constituía una problemática social, dado que la

citada actividad representaba una fuente de empleo y subsistencia

para muchas familias.

Estimó que, por lo anterior, las autoridades administrativas son las

que debían brindar alivios, alternativas económicas o de reubicación

a las personas que ejercían la crianza de animales, con el fin de

armonizar los derechos colectivos invocados dentro del proceso con

los derechos al trabajo y al mínimo vital de las personas que ejercían

esa actividad.

Destacó que en ejercicio de sus competencias realizó diferentes

acciones, entre las que se encontraban: i) visitas a diferentes sitios

de cría de animales, ii) imposición de comparendos, y iii)

acompañamiento a las autoridades ambientales y administrativas

que lo requirieron.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

-. La PROCURADORA 28 JUDICIAL LL AMBIENTAL Y AGRARIA

DE PEREIRA solicitó confirmar la sentencia de primera instancia,

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dado que debían adelantarse actuaciones pertinentes para impedir la

amenaza y vulneración de los derechos colectivos a gozar de un

ambiente sano y la salubridad pública, con ocasión del

funcionamiento ilegal de criaderos de animales en zona urbana del

Municipio de La Virginia.

Sostuvo que los argumentos expuestos por las accionadas no

estaban orientados a controvertir la existencia de la problemática sub

examine, lo que, a su juicio, contrariaba varias disposiciones

relacionadas con la protección del medio ambiente, el ordenamiento

territorial, la salubridad pública y, especialmente, la prohibición

contenida en el artículo 2.8.5.2.37 del Decreto 780 de 2016, que es,

precisamente, la causa de la vulneración.

Resaltó que la inconformidad de los recurrentes radicó en la

valoración que se dio al desempeño de sus competencias para

abordar la problemática, pues estiman que cumplieron con las

responsabilidades a ellos asignadas, habida cuenta que han

participado de manera individual o conjunta en visitas, elaboración

de actas, remisión de información a otras autoridades, y asistencia a

reuniones.

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V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público rindió concepto12 en el que solicitó

confirmar la sentencia de primera instancia, para lo cual indicó que

compartía las consideraciones expuestas por la actora respecto de la

vulneración de los derechos colectivos invocados, al igual que las

órdenes que dio el Tribunal, dada la prolongada inacción de las

autoridades accionadas para resolver la problemática.

Destacó que dentro del proceso se acreditó la magnitud de la omisión

administrativa derivada del incumplimiento de las normas sanitarias

y urbanísticas que prohíben el funcionamiento de porquerizas dentro

del perímetro urbano, lo que ponía en peligro bienes

constitucionalmente protegidos, tales como el ambiente sano y la

salubridad pública.

Señaló, respecto de los argumentos expuestos por las demandadas

en sus recursos de apelación, que los mismos debían ser rechazados,

dado que las apelantes no habían adoptado las acciones pertinentes

para mitigar la situación que se presentaba con motivo de existencia

12
Visible en el índice núm. 10 del expediente digital.

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de porquerizas no autorizadas legalmente, ni tampoco suspendidas

por la administración.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

La Sala advierte que el señor consejero GERMÁN EDUARDO

OSORIO CIFUENTES, en escrito de 16 de julio del presente año13,

manifiesta que se declara impedido para actuar dentro del proceso

de la referencia, por cuanto su hermano JOSÉ FERNANDO OSORIO

CIFUENTES se desempeña como procurador judicial II en la

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, entidad demandante

en el proceso de la referencia, por lo que estima que se encuentra

incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 3 del

artículo 130 del CPACA.

Al respecto, la Sala pone de presente que la Ley 472, no contiene

disposiciones especiales que regulen las manifestaciones de

impedimento; no obstante, en virtud del artículo 44 ibidem, es del

13
Visible en el índice 21 del expediente digital.

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caso aplicar el CPACA debido a la remisión que efectúa dicha norma

en aspectos no regulados.

Precisado lo anterior, la Sala observa que la causal de impedimento

que se invoca es la prevista en el numeral 3 del artículo 130 del

CPACA, la cual dispone:

“[…] Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces
deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos
señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y,
además, en los siguientes eventos:

[…]

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera
permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
único civil, tengan la condición de servidores públicos en
los niveles directivo, asesor o ejecutivo en una de las
entidades públicas que concurran al respectivo proceso
en calidad de parte o de tercero interesado […].” (Resaltado
fuera del texto original).

Respecto de la configuración de la causal en comento en un asunto

similar, la Sala Plena de esta Corporación, en auto de 8 de agosto de

2023, consideró lo siguiente:

“[…] los consejeros Yepes Corrales e Ibarra Martínez
manifiestan, coincidentemente, que se encuentran incursos en
la causal de impedimento prevista en el numeral 3 del artículo
130 del CPACA, pues sus cónyuges están vinculadas a la

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Procuraduría General de la Nación como procuradoras
judiciales II.

[…]

La norma no establece ningún tipo de condicionamiento para que
la causal de impedimento se configure; no se requiere que el
cónyuge tenga algún interés o relación con el asunto objeto del
proceso, por lo que basta con que esté probado el vínculo
con la entidad y el nivel jerárquico correspondiente.

En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en
la estructura de la Procuraduría General de la Nación, se tiene
que el Decreto 264 de 2000, en su artículo 7, se refiere a la
nomenclatura de los empleos de la entidad y señala que los
procuradores judiciales II se encuentran en el nivel profesional,
asignándoles el código 3PJ y el grado EC.

No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio
funcional, en el artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000
se establece que son cargos del nivel directivo aquellos
empleos que tienen funciones de dirección, definición de políticas
y de representación del Procurador General. En el numeral
10 de ese artículo señala como funciones generales de los
empleos de ese nivel: “10. Intervenir como agentes del
Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la
Constitución y la ley”, lo que resulta congruente con lo prescrito
en los artículos 277-74 y 2805 de la Carta Política, en tanto los
procuradores judiciales II tienen la condición de agentes del
Ministerio Público que, entre otras, ejercen funciones de
intervención judicial en representación del Procurador General
de la Nación, lo que igualmente se ve refrendado en el artículo
416 del Decreto Ley 262 de 20007, de manera que la simple
ubicación formal del mencionado artículo 7 del Decreto 264 de
2000 no puede tenerse en consideración para los efectos de esta
decisión.

En el presente caso se tiene que las cónyuges de los consejeros
Yepes Corrales e Ibarra Martínez se encuentran nombradas en
la entidad demandada en el cargo de procurador judicial II, el
cual, desde una perspectiva material y funcional, corresponde al
nivel directivo, ya que, en los términos del Decreto 264 de 2000,
ejerce funciones delegadas del Procurador General de la Nación
en calidad de agente del Ministerio Púbico, por lo que se
configura la causal de impedimento invocada, circunstancia que,

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además, releva a la Sala de analizar las demás causales
señaladas por el magistrado Ibarra Martínez […]”.

Siendo ello así, de la causal transcrita, de lo considerado por la Sala

Plena de esta Corporación y de los hechos que soportan el

impedimento manifestado por el consejero GERMÁN EDUARDO

OSORIO CIFUENTES, la Sala advierte que concurren los

presupuestos para la configuración de la causal alegada, toda vez

que su hermano14, el señor JOSÉ FERNANDO OSORIO

CIFUENTES, se desempeña actualmente como procurador judicial

II, cargo de nivel directivo, en la Procuraduría General de la Nación,

entidad demandante en la acción popular de la referencia.

En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento

manifestado por el citado consejero y lo separará del conocimiento

del presente proceso, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción popular

14
Parentesco, por cuanto los hermanos se encuentran en segundo grado de consanguinidad, de
conformidad con el artículo 35 del CC, el cual prevé: “Parentesco de consanguinidad es la relación
o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz, o que están unidas
por los vínculos de la sangre”.

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La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

Caso concreto

Con fundamento en los antecedentes expuestos, la Sala advierte que

las accionadas en los recursos de apelación interpuestos contra la

sentencia del Tribunal no controvierten la vulneración de los derechos

colectivos invocados con motivo de la problemática que se presenta

en el Municipio de La Virginia, ante la existencia en el área urbana

de predios dedicados a la crianza de animales, pues parten por

reconocer su existencia y las afectaciones ambientales que dicha

situación genera.

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En ese sentido, la Sala encuentra que, conforme a los argumentos

planteados en los recursos de apelación interpuestos, los problemas

jurídicos a resolver están relacionados con las competencias que les

asisten frente a la problemática objeto del proceso, al igual que el

cumplimiento de sus funciones dadas las actividades que realizaron

para la protección de los derechos colectivos invocados.

Por lo anterior, la Sala considera que deben resolverse los siguientes

problemas jurídicos: i) determinar si el MUNICIPIO, el

DEPARTAMENTO, la POLICÍA y la CARDER son responsables de

la vulneración de los derechos colectivos amparados por el a quo; ii)

establecer si las acciones desplegadas por dichas entidades resultan

suficientes para no proferir órdenes en su contra, y si las mismas son

idóneas para el amparo efectivo de los derechos conculcados; y iii)

si hay lugar a ampliar los plazos para el cumplimiento de la sentencia

en lo que respecta a la CARDER.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se relacionan los

medios de convicción pertinentes y conducentes para resolver los

problemas jurídicos antes relacionados.

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• Oficio de 2 de abril de 2018, suscrito por la directora de Gestión

Ambiental del MUNICIPIO, a través del cual le solicitó a la

Secretaría de Salud Departamental apoyo para realizar visitas de

seguimiento y control de criaderos ubicados en el centro urbano.

-. Acta núm. 1 de 4 de abril de 2018, suscrita por el MUNICIPIO,

relacionada con “Olores ofensivos y proliferación de vectores”.

-. Actas núms. 1 de 13 de abril de 2018, suscritas por la Dirección

de Gestión Ambiental del MUNICIPIO, relacionadas con “queja por

olores ofensivos”, en “porqueriza en Los Libertadores” y en “Galpón

en el barrio Los Libertadores”.

-. Acta núm. 1 de 23 de abril de 2018, suscrita por el MUNICIPIO,

relacionada con “afectación por porquerizas”, la cual se realizó en

“Barrio Buenos Aires”.

-. Acta de 10 de mayo de 2018, suscrita por el MUNICIPIO,

relacionada con “seguimiento olores ofensivos”, la cual se realizó en

“Porqueriza en el Barrio Buenos Aires”.

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• Oficio de 28 de mayo de 2018, suscrito por la Dirección de Gestión

Ambiental del MUNICIPIO, a través del cual le solicitó a la

Secretaría de Salud Departamental apoyo para realizar visitas de

seguimiento y control de criaderos ubicados en el centro urbano del

municipio, así:

“[…] Como es de su conocimiento el Municipio enfrenta una
problemática relacionada con la presencia de criaderos en el centro
urbano y en aras de buscar soluciones de raíz se han adelantado
diferentes procesos, sin embargo estos requieren de tiempo para su
materialización, por lo tanto es deber de las entidades atender las
quejas y preocupaciones manifestadas por la comunidad.

Desde el pasado mes de abril de 2018 esta dirección envió solicitud a
la Secretaría de Salud Departamental sobre la inspección a las
porquerizas urbanas ubicadas en el centro urbano dado que se ha
podido identificar en las visitas factores de riesgo para la salud
pública, y la ley 715 de 2001 en su artículo 43 numeral 43.3.8.
Establece entre las competencias de los departamentos ejecutar las
acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo
del ambiente que afectan la salud humana, y de control de vectores
y zoonosis de competencia del sector salud, en coordinación con las
autoridades ambientales, en los corregimientos departamentales y en
los municipios de categorías 4ª, 5ª y 6ª de su jurisdicción (sic) […]”.

-. Comunicación suscrita por el MUNICIPIO el 29 de mayo de 2018,

dirigida a la Unión Temporal RR, cuyo asunto es “Comunicación de

aceptación de oferta. Equivalente a contrato de mínima cuantía No.

044 de 2018”, el cual tuvo como objeto la “ELABORACIÓN DEL

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD AMBIENTAL, ECONÓMICO, SOCIAL Y

TÉCNICO DE LA REUBICACIÓN EN EL SECTOR RURAL DE LAS

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UNIDADES PRODUCTIVAS (PORQUERIZAS) EXISTENTES EN EL

CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RISARALDA”.

• Oficio de 8 de junio de 2018, suscrito por el gerente de la Seccional

Risaralda del ICA y dirigido a la directora de Gestión Ambiental del

MUNICIPIO, el cual tuvo como asunto “Solicita apoyo técnico en

proceso de verificación de los aspectos sanitarios aproximadamente

a 50 unidades productivas porcícolas, con el fin de evitar posible

afectación en la salud de la población del Municipio”, en el que se

indicó lo siguiente:

“[…] Por medio de la presente se da respuesta a la solicitud realizada
por usted el día 28 de mayo del 2018 que tiene como fin realizar la
verificación de condiciones sanitarias de unidades productivas
porcícolas, a la luz de la resolución 2640 de septiembre de 2007.

El ICA realizará este apoyo por medio del profesional Sara Sierra,
responsable del proyecto Peste Porcina Clásica para el Departamento
de Risaralda y el técnico Nilton Gómez Restrepo, desde el día martes
19 de junio del 2018 hasta el día viernes 22 de junio. Se necesita por
parte del municipio acompañamiento a las actividades con el fin de
priorizar y garantizar la cobertura total de las unidades que lo
requieran […]”.

-. Oficio de 3 de julio de 2018, suscrito por la directora de Gestión

Ambiental del MUNICIPIO y dirigido a la CARDER, el cual tuvo

como asunto “Seguimiento a vertimientos de porquerizas urbanas”,

en el que se indicó que:
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“[…] Como es de su conocimiento en el año 2017 se adelantó un mesa
de trabajo en la que estuvo presente la Procuraduría Ambiental y
Agraria sobre criaderos en el perímetro urbano, con el fin de
minimizar la problemática generada en la comunidad aledaña, de
dicha mesa resultaron algunos compromisos, entre ellos la necesidad
de realizar un recorrido en el que participaran todas las entidades
CARDER, Policía Ambiental, Empresa de Servicios Públicos,
Inspección, Personería, Salud Departamental y Dirección de Gestión
Ambiental para determinar no solo aspectos que afectan la salud
pública sino el ambiente.

En dicho trabajo de campo se identificó que gran parte de los
vertimientos se realizan al sistema de alcantarillado y otro gran
porcentaje están conectados a las corrientes hídricas y madre Vieja,
por lo tanto, se consideró necesario que tanto la ESP como la CARDER
realicen el seguimiento pertinente.

En consecuencia, se reitera por tercera vez la solicitud a la
Corporación Autónoma Regional CARDER sobre la necesidad de
realizar el proceso correspondiente para oficiar y requerir a las
siguientes personas por el vertimiento de dichas aguas a zonas de
importancia ambiental (Rio Risaralda, Cauca, quebradas, reservorio
Madre Vieja); sin ningún tipo de tratamiento preliminar que permita
la remoción de carga contaminante (sic) […]”.

• Oficio de 4 de julio de 2018, suscrito por la directora de Gestión

Ambiental del MUNICIPIO y dirigido a la Secretaría de Salud

Departamental, que como asunto indicó “Reiteración solicitud de

inspección porquerizas ubicadas en el centro urbano”.

-. Actas núms. 1 de 6 de julio y 22 de agosto de 2018, suscritas por

el MUNICIPIO, con asunto: “DESMONTE GRADUAL PORQUERIZAS

URBANAS”.

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-. Oficio de 8 de octubre de 2018, suscrito por el gerente de la

Empresa de Servicios Públicos de La Virginia E.S.P., a través de la

cual puso en conocimiento de la CARDER la relación de los predios

dedicados a la crianza de animales en área urbano del municipio y

que presentan vertimientos no autorizados en el sistema de

alcantarillado.

• Concepto técnico núm. 00667 de 21 de marzo de 2019 de la

CARDER, el cual tuvo como asunto: “Seguimiento y control. Criadero

de cerdos en zona urbana del municipio de La Virginia”, en el que se

relacionan los predios con criaderos de cerdos que realizan

vertimientos en las fuentes hídricas, junto con sus respectivas actas

de visita. En el citado concepto se presentaron las siguientes

conclusiones:

“[…] CONCLUSIONES

Una vez realizada la visita de seguimiento y revisada la información
emitida por las entidades que participan en el proceso, se concluye
que las seis (6) viviendas, cuentan con actividad de cría de cerdos sin
los manejos ambientales correspondientes y evidenciando generación
de vertimiento liquido (porcinaza) sin control dirigido al Río Risaralda
y al reservorio Madre Vieja, generando alto riesgo de contaminación
a las fuentes hídricas, generación de olores y de moscas.

A través de acta de visita del 14 de diciembre de 2018 se ordenó la
suspensión inmediata del vertimiento proveniente de actividad
porcícola en cada una de las viviendas identificadas.

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No existe viabilidad de otorgamiento de permisos ambientales a las
actividades ya que se encuentran ubicadas en zona urbana del
municipio de La Virginia y se encuentran prohibidas de conformidad
con lo establecido en el Decreto 780 de 2016, por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección
Social, en el Artículo 2.8.5.2.37 “Prohibición de instalar criaderos de
animales en perímetros urbanos. Prohíbase la explotación comercial
y el funcionamiento de criaderos de animales domésticos, silvestres,
salvajes y exóticos dentro de los perímetros urbanos definidos por las
autoridades de Planeación Municipal. Parágrafo. Las autoridades
sanitarias podrán hacer excepciones a la prohibición contenida en el
presente artículo, cuando no se produzcan problemas sanitarios en el
área circundante o en el ambiente, siempre y cuando tales actividades
se realicen en locales o edificaciones apropiadas desde el punto de
vista técnico – sanitario”.

RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir copia de este Concepto Técnico al usuario, para
que sean acatadas las observaciones contenidas en él, tanto en la
parte descriptiva como en las conclusiones, se recuerda, además que
se debe dar estricto cumplimiento a las obligaciones contenidas en los
actos administrativos por los cuales se otorgan los permisos y/o
autorizaciones ambientales […]”.

-. Oficio de 6 de junio de 2019, suscrito por la POLICÍA, en el que

se indicó que:

“[…] En atención al comunicado oficial S-2019-035315-DERIS del
05/06/2019, respetuosamente me permito informar al señor Oficial
las actividades llevadas a cabo en el municipio de La Virginia, en
cuanto al control en porquerizas dentro de la jurisdicción, así:

Durante el año 2018 en coordinación con la Administración Municipal
(Unidad de gestión ambiental, Secretaria de Gobierno, Secretaria de
Salud), CARDER y los funcionarios del Grupo de Protección Ambiental
de la Metropolitana de Pereira, se ha venido realizando actividades de
verificación en diferentes sectores del municipio donde se tiene
identificado la ubicación de porquerizas, (Barrio Alfonso López,
Buenos Aires, La Playa, Libertadores) es de anotar que en dos visitas
realizadas se dio aplicación al Código Nacional de Policía y

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Convivencia, por comportamientos que afectan el medio ambiente,
así:

• El día 18/02/2019 en la Calle 10 Carrera 3A-00 barrio Buenos Aires
se realizó comparendo de No. 6640002001 al señor Federman Trejos
Ríos por infringir el Artículo 111. Comportamientos contrarios a la
limpieza y recolección de residuos y escombros y malas prácticas
habitacionales. Numeral 3. Arrojar residuos sólidos y escombros en
sitios de uso público, no acordados ni autorizados por autoridad
competente, ya que en dicho procedimiento policial junto con
funcionarios de ambiental (sic), se observan residuos en la parte
trasera de su residencia que caen una fuente de agua que se
encuentra en ese sector.

• El día 27/02/2018 en la calle 5 No. 21-49 barrio Los Libertadores,
en visita realizada con el personal de la Administración municipal,
CARDER se verifico las porquerizas y se realiza comparendo de No.
6640000651 al señor Javier Alberto Toro Penagos por infringir el
Artículo 100 Comportamientos contrarios a la preservación del agua,
Numeral 2 Arrojar sustancias contaminantes, residuos o desechos a
los cuerpos de agua, debido a la mala disposición de los residuos de
las porquerizas.

Igualmente me permito informar que se realizó acompañamiento a
procedimiento de incautación de porquerizas en el área urbana sector
de la Calle 10 No. 4-37 Barrio Buenos Aires, se contó con la presencia
de la Dirección Unidad de Gestión Ambiental, Inspector de Policía
Municipal, Subsecretaría de Salud Municipal, Comisaría de Familia,
Secretaría de Gobierno, Policía Infancia y Adolescencia, Policía
Ambiental, Personal Médico Veterinario, esto con el fin de garantizar
los derechos de las personas y animales involucrados en el
procedimiento, en donde la diligencia fue atendida por parte del señor
Silvio Hernández Cortez, propietario de las porquerizas a intervenir.

En el procedimiento, la Administración municipal realizó la incautación
de 12 cerdos y se procedió al traslado de los mismos hasta la finca
dispuesta para tal fin en la zona rural del municipio, por parte de la
Alcaldía de La Virginia […]”.

• Copia del proyecto denominado “PROYECTO PRODUCTIVO

INTEGRAL (PPI) GOBERNACIÓN DE RISARALDA – PLATAFORMA

LOGÍSTICA DEL EJE CAFETERO (PLEC) ALCALDÍA DE LA VIRGINIA

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ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS (ANUC-

RISARALDA)”, el cual tuvo como objetivo general “Implementar un

proyecto para el desarrollo integral de la agroindustria en los predios

que les serán adjudicados a la ANUC, para sus iniciativas productivas,

y a la Gobernación de Risaralda, para la puesta en marcha de la

Plataforma Logística del Eje Cafetero (PLEC), en el municipio de La

Virginia (Risaralda), con el propósito de contribuir a la transformación

estructural del campo, cerrar brechas entre el campo y la ciudad, y

crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural”.

-. Estudio de prefactibilidad de reubicación de porquerizas urbanas –

La Virginia.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a pronunciarse

respecto de los problemas jurídicos planteados así:

-. De las actividades adelantadas por el MUNICIPIO para

afrontar la problemática de los criaderos de animales en la

zona urbana del municipio

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Para resolver, la Sala reitera que el MUNICIPIO no controvierte la

vulneración de los derechos colectivos invocados por la parte actora,

pues reconoce la problemática que se genera con motivo del

funcionamiento de criaderos ubicados en el centro urbano. En

consecuencia, su inconformidad radica en la imputación de

responsabilidad efectuada por el a quo pese a las acciones de control

y verificación adelantadas en el ámbito de sus competencias.

Al respecto, una vez analizadas las pruebas obrantes dentro del

expediente, la Sala considera que a pesar de las acciones

adelantadas por el MUNICIPIO para superar la problemática

ambiental que genera el funcionamiento de criaderos de animales en

el área urbana, las mismas han resultado insuficientes, pues dichas

actividades se siguen realizando.

En efecto, si bien el MUNICIPIO efectuó visitas a los sitios en los

que se realiza la actividad de criaderos de animales, participó en

mesas de trabajo con otras autoridades para realizar actividades de

seguimiento y control, lo cierto es que la vulneración de los derechos

colectivos invocados en la demanda persiste.

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Por lo anterior, la Sala considera que el hecho de que el MUNICIPIO

hubiere adoptado algunas medidas para superar la problemática, la

cual, como se vio, continúa vigente, no lo exime de la responsabilidad

de seguir trabajando en la implementación de las acciones necesarias

que permitan la cesación de la vulneración de los derechos colectivos

vulnerados.

De igual forma, para la Sala tampoco resultan admisibles los

argumentos expuestos por el MUNICIPIO en el sentido de que por

ser de sexta categoría no disponía de los recursos suficientes para

dar una solución de fondo a la problemática objeto del proceso, pues

la falta de recursos no impide el ejercicio de la acción popular.

En ese sentido, es importante indicar que el cumplimiento de las

sentencias proferidas para proteger los derechos e intereses

colectivos conlleva, en la mayoría de los casos, erogaciones

presupuestales; por lo tanto, es deber de las autoridades

responsables adelantar las actuaciones de orden administrativo,

presupuestal y financiero que permitan la consecución de los

recursos necesarios para adelantar las acciones ordenadas, en el

marco del principio de planeación.

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En efecto, ante la ausencia de recursos a los que alude municipio, lo

procedente es que en un tiempo razonable la administración incluya

en su presupuesto un rubro que permita adelantar las acciones

necesarias para garantizar que cese la amenaza o vulneración de los

derechos e intereses colectivos.

-. De la competencia del DEPARTAMENTO para intervenir en

la protección de los derechos colectivos invocados

El DEPARTAMENTO en el recurso de apelación sostuvo que no se

probó su responsabilidad, pues los establecimientos que ejercían la

actividad comercial de criaderos de animales lo hacían de forma

ilegal, dado que el POT del MUNICIPIO no permitía el uso del suelo

para el desarrollo de ese tipo de actividades, especialmente en la

zona urbana, por lo que la responsabilidad derivada de la vulneración

de los derechos colectivos invocados recaía en el citado ente

territorial.

Al respecto, la Sala advierte que el Tribunal indicó que la Secretaría

de Salud Departamental tenía el deber de implementar acciones de

inspección, vigilancia y control sanitario a los municipios, así como

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prestar la asistencia administrativa, técnica y financiera para la

conservación al medio ambiente y la preservación de los recursos

naturales, por lo que consideró que los argumentos expuestos por el

DEPARTAMENTO en el sentido de que la competencia para hacer

cesar la vulneración de los derechos e intereses colectivos afectados

con la presencia de las porquerizas urbanas al interior del municipio

recaía en la autoridad local.

En ese sentido, la Sala encuentra que las órdenes que dio el Tribunal

frente al DEPARTAMENTO, relacionadas con la colaboración que le

debía prestar al municipio, en el marco de sus competencias, para

superar las situaciones que dieron lugar la vulneración de los

derechos colectivos invocados resultan procedentes.

En efecto, el Decreto núm. 1222 de 1986, “Por el cual se expide el

Código de Régimen Departamental”, previó como obligaciones a

cargo del Departamento las siguientes:

“[…] ARTÍCULO 7

-Corresponde a los departamentos:

(…)

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c) Promover y ejecutar, en cumplimiento de los respectivos
planes y programas nacionales y departamentales actividades
económicas que interesen a su desarrollo y al bienestar de sus
habitantes.

d) Prestar asistencia administrativa, técnica y financiera a los
municipios, promover su desarrollo y ejercer sobre ellos la
tutela que las leyes señalen.

e) Colaborar con las autoridades competentes en la ejecución
de las tareas necesarias por la conservación del medio
ambiente y disponer lo que requiera la adecuada preservación
de los recursos naturales […]”. (Negrillas fuera de texto).

Así pues, una vez analizadas las órdenes que dio el Tribunal frente al

DEPARTAMENTO referentes a su apoyo en temas de: i) capacitación

e información a los habitantes del municipio que tengan criaderos de

animales en zona urbana, respecto de los daños al ambiente y a la

salud pública; ii) la organización de un censo a la comunidad del

MUNICIPIO que ejercía la citada actividad en la zona urbana; iii) la

revisión y elección de programas gubernamentales para vincular a la

población censada, dando la opción de continuar la actividad pero en

zona rural o realizar otra actividad económica; iv) realizar

capacitaciones a la comunidad; v) asesorar integralmente a la

comunidad; y vi) brindar apoyo a los procedimientos administrativos

a que hubiere lugar, resultan procedentes, adecuadas y necesarias

para la protección de los derechos colectivos invocados dentro del

proceso.

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Por lo anterior, la Sala considera que los argumentos expuestos por

el DEPARTAMENTO en su recurso de apelación, en el sentido de que

no le era atribuible ningún tipo de responsabilidad por la vulneración

de los derechos colectivos invocados con motivo del funcionamiento

en el área urbana del MUNICIPIO de criaderos de animales, no

resulta procedente.

• Del cumplimiento de las funciones a cargo de la Policía

Nacional

La Policía Nacional sostuvo en su recurso de apelación que cumplió

con las obligaciones que le eran exigibles frente a la problemática

específica de la presencia de criaderos de cerdos en la zona urbana

del Municipio de La Virginia, pues realizó el acompañamiento a las

autoridades correspondientes en el desarrollo de sus funciones de

control ambiental.

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Al respecto, la Sala en un asunto de similares características indicó

lo siguiente15:

“[…] 103. Según lo expuesto, la Policía Nacional ha llevado a cabo
algunas acciones para atender la problemática expuesta en la
demanda; sin embargo, ello no la exonera de la responsabilidad de
cumplir con las órdenes de la sentencia proferida, en primera
instancia, toda vez que la vulneración de los derechos e intereses
colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y salubridad
públicas por la existencia de bienes inmuebles ubicados en la zona
urbana del Municipio de Santa Rosa de Cabal dedicados a la cría de
animales exige la adopción de varias medidas hacia el futuro con el
objeto de erradicar esta actividad.

104. Lo anterior en atención a que las actividades que llevaron a cabo
la Policía Nacional y las demás entidades demandadas, enumeradas
supra, no fueron suficientes para atender la problemática; por el
contrario, de acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, la cría
de animales en el sector urbano del Municipio de Santa Rosa de Cabal
siguió presentándose luego de las reuniones y las visitas que realizó
la Policía Nacional en ciertos sectores.

105. Por las razones expuestas no tiene vocación de prosperidad el
argumento estudiado en este acápite […]”.

En el caso concreto, se advierte que si bien la POLICÍA sostuvo que

en ejercicio de sus competencias realizó el acompañamiento a las

autoridades correspondientes en el desarrollo de sus funciones de

control ambiental, lo que se acreditó dentro del proceso es que en el

área urbana del MUNICIPIO existen predios dedicados a la crianza

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de marzo
de 2023, Rad. núm. 660012333000201900285-01, CP. Hernando Sánchez Sánchez.

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de animales, situación que da lugar a que se mantenga la orden que

se dio en primera instancia respecto de la Policía Nacional.

-. De las acciones adelantadas por la Corporación Autónoma

Regional de Risaralda - CARDER para la protección de los

derechos colectivos invocados.

La CARDER adujo que en ejercicio de sus competencias como

autoridad ambiental impuso medidas preventivas de suspensión

inmediata de vertimientos provenientes de la actividad porcícola, en

cada una de las viviendas que fueron identificadas, y determinó la

inviabilidad de otorgar permisos ambientales para el desarrollo de tal

actividad, dado que se desarrollaba en el área urbana del municipio.

Sobre el particular, la Sala encuentra que le asistió razón al Tribunal

al declarar la responsabilidad de la CARDER ante la vulneración de

los derechos colectivos invocados, pues tiene el deber de realizar

inspección, vigilancia y control relacionado con la gestión del medio

ambiente, por lo que ante las afectaciones ambientales que se

presentan en el MUNICIPIO con motivo de la actividad porcícola

dentro del área urbana su responsabilidad está comprometida.

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En ese sentido, la Sala encuentra que a pesar de las acciones

adelantadas por la CARDER, en el marco de sus competencias, con

motivo de la problemática ambiental antes relacionada, lo cierto es

que se requiere de su intervención para que junto con las demás

autoridades involucradas se dé una solución integral a dicha

problemática.

Ahora bien, en aras de resolver los planteamientos expuestos por la

CARDER en su recurso de apelación, respecto de las acciones que

adelantó con motivo de la problemática ambiental objeto del proceso,

se destaca que las mismas han sido insuficientes para dar una

solución definitiva, pues si bien el expediente da cuenta de que dicha

autoridad participó en mesas de trabajo con las demás entidades

involucradas, emitió el concepto técnico núm. 00667 de 21 de marzo

de 201916 y ordenó la suspensión inmediata de vertimientos

provenientes de actividad porcícola en las viviendas identificadas, lo

cierto es que no se ha dado una solución integral a la problemática

ambiental objeto del proceso, por lo que resulta necesaria su

intervención.

16
El cual tuvo como asunto “Seguimiento y control. Criadero de cerdos en zona urbana del municipio
de La Virginia”, en el cual se relacionan los predios con criaderos de cerdos en el Municipio de La Virginia
que realizan vertimientos en las fuentes hídricas

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-. De la idoneidad de las medidas adoptadas por el Tribunal

para el amparo de los derechos colectivos

Al respecto, como se vio en precedencia, la Sección ya se pronunció

en un caso similar al aquí expuesto17, cuya problemática se presentó

en el Municipio de Santa Rosa de Cabal, en la que se modificaron las

órdenes de amparo impartidas por el Tribunal, que, por demás, son

idénticas a las aquí adoptadas. En dicha oportunidad, la Sección

consideró lo siguiente:

“114. Al respecto, la Sala pone de presente que la Corte
Constitucional, al resolver una acción de tutela presentada con
ocasión a la ubicación de un criadero de animales en perímetro
urbano, consideró:

“[…] En efecto, la falta de cumplimiento de las normas sanitarias
y urbanísticas, que prohíben el funcionamiento de porquerizas
dentro del perímetro urbano, ha puesto en peligro bienes
constitucionalmente protegidos, tales como el medio ambiente,
la salud y la intimidad. […]. La situación óptima que respete el ejercicio
simultáneo de los derechos requiere de una nueva configuración. Los
vecinos no pueden, ni tampoco están obligados a trasladar sus
residencias; el ajuste de la situación debe partir del traslado o
liquidación de la actividad económica no autorizada. Sin embargo, este
último movimiento no puede producirse de manera inmediata y
automática, ya que de procederse de dicha manera se extirparía
fatalmente la fuente de sustento de la demandada. El término
razonable […] que la demandada utilice para liquidar su negocio con
miras a convertirlo en capital circulante aplicable a otro distinto
o para convenir con las autoridades un tratamiento
excepcional, como lo prevén las normas, sobre la base de
requisitos y condiciones especiales, puede determinar que todavía
se mantengan las incomodidades e injerencias que restringen los
derechos de los vecinos, pero en últimas esto constituye una restricción

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de marzo
de 2023, Rad. núm. 660012333000201900285-01, CP. Hernando Sánchez Sánchez.

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que se torna necesaria y que, de otro lado, se equilibra con la
correlativa cesación definitiva de la libre actividad económica
denunciada o con su ejercicio en condiciones distintas […]” (De
fuera del texto).

115. Por lo expuesto anteriormente, y en atención a las competencias
de las autoridades demandadas referidas supra, las cuales deben ser
ejercidas de manera armónica, organizada y concatenada para lograr
un amparo efectivo de los derechos e intereses colectivos, la Sala
procederá a modificar los numerales 5 a 12 de la parte resolutiva de
la sentencia de 29 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Quindío, para lo cual:

115.1. Se ordenará al Municipio con apoyo del Departamento, realice
un censo que permita identificar la población que realiza la actividad
de cría de animales en el Municipio de Santa Rosa de Cabal,
verificando para ello si los predios en los cuales ejercen la actividad
pecuaria se encuentran dentro del perímetro urbano previsto en el
Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

115.2. Se ordenará al Municipio, al Invima, al Instituto, a la
Corporación, al Departamento, a la Empresa y a la Policía, que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, formulen un programa para la población que realice
actividad pecuaria en los predios ubicados en el perímetro urbano del
Municipio de Santa Rosa de Cabal, con el fin de que se les acompañe
y asesore para garantizar que se cumpla con la normatividad sanitaria
y ambiental exigible y, en caso de que no se logre cumplir con tales
estándares, adopte las acciones correctivas y sancionatorias
pertinentes.

115.3. Se exhortará al Municipio para que con apoyo del
Departamento, realice y ejecute un plan de acción con su respectivo
cronograma, en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, con el fin de realizar las gestiones
administrativas, técnicas y presupuestales necesarias para que la
administración municipal formalice proyectos para las personas que
no cumplan con la normatividad sanitaria y ambiental exigible, los
cuales les permitan continuar su actividad económica fuera del
perímetro urbano del Municipio o emplearse en otra actividad […]”.

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En consecuencia, debido a la similitud de los casos analizados, la Sala

prohijará las órdenes referidas en precedencia y, por tanto,

modificará la sentencia apelada en ese sentido.

Con fundamento en lo anterior, la Sala se abstendrá de responder el

argumento expuesto por la CARDER respecto de la suficiencia del

plazo otorgado para el cumplimiento de las órdenes que le impartió

el Tribunal, pues las mismas van a ser modificadas.

En todo caso, la Sala considera que en el evento de que durante la

ejecución de la sentencia se observe que razonablemente es

necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal, en el marco del

Comité de Verificación, proferirá las decisiones que considere

necesarias para garantizar su cumplimiento, dado que el artículo 34

de la Ley 472 prevé que mientras se ejecuta la sentencia el juez “[…]

conservará la competencia para tomar las medidas necesarias para

la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas

contenidas en el Código de Procedimiento Civil […]”.

Finalmente, la Sala MODIFICARÁ el numeral 13 de la parte

resolutiva de la sentencia apelada en cuanto a que el Comité de

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Verificación del cumplimiento de la sentencia estará integrado por el

magistrado ponente del Tribunal, quien lo presidirá, y se confirmará

en lo demás el fallo de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor

consejero GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para

intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas

en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia,

SEPARARLO del conocimiento del mismo.

SEGUNDO: MODIFICAR los numerales 4 a 13 de la parte resolutiva

de la sentencia de 4 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal

Administrativo de Risaralda, el cual quedará así:

“[…] 4. Ordenar al Municipio de La Virginia con apoyo del
Departamento de Risaralda, que, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la notificación de esta providencia,
realice un censo que permita identificar la población que

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realiza la actividad de cría de animales en el Municipio,
verificando para ello si los predios en los cuales ejercen la
actividad pecuaria se encuentran dentro del perímetro
urbano previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial.

5. Ordenar al Municipio de La Virginia, al Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos — INVIMA, al
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, a la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda — CARDER, al
Departamento de Risaralda, a la Empresa de Servicios
Públicos de la Virginia y a la Policía Nacional, en el marco de
sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, que, dentro del año siguiente a la
notificación de esta providencia y una vez realizado el censo,
formulen un programa para la población que realice
actividad pecuaria en los predios ubicados en el perímetro
urbano del Municipio de La Virginia, con el fin de que se les
acompañe y asesore para garantizar que se cumpla con la
normativa sanitaria y ambiental exigible y, en caso de que
no se logre cumplir con tales estándares, adopte las acciones
correctivas y sancionatorias pertinentes.

6. Exhortar al Municipio de La Virginia con apoyo del
Departamento de Risaralda, para que, realice y ejecute un
plan de acción con su respectivo cronograma, en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, con el fin de realizar las gestiones
administrativas, técnicas y presupuestales necesarias para
que la administración municipal formalice proyectos para las
personas que no cumplan con la normatividad sanitaria y
ambiental exigible, los cuales les permitan continuar su
actividad económica fuera del perímetro urbano del
Municipio o emplearse en otra actividad.

7. CONSTITUIR el comité de verificación del cumplimiento
de la presente sentencia con el magistrado ponente del
Tribunal Administrativo de Risaralda, quien lo presidirá, las
partes y el agente del ministerio público, quienes rendirán
en el término de 18 meses, contados desde la ejecutoria de
la sentencia, un informe único detallado e ilustrado sobre las
soluciones adoptadas en pro del cumplimiento efectivo de
esta providencia […]”.

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TERCERO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia apelada.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de julio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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