Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2019-00286-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2019-00286-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 66001-23-33-000-2019-00286-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 66001-23-33-000-2019-00286-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTORA: PROCURADURÍA28JUDICIALIIAMBIENTALYAGRARIADEPEREIRA
TESIS: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. EL CRIADERO DE ANIMALES
EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO AFECTA LOS DERECHOS
COLECTIVOS. SE MODIFICAN LAS ÓRDENES DE AMPARO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los
apoderados de la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - POLICÍA NACIONAL1, el MUNICIPIO DE LA
VIRGINIA2, el DEPARTAMENTO DE RISARALDA3 y la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA –
CARDER contra la sentencia de 4 de mayo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda4.
1
En adelante la POLICÍA
2
En adelante el MUNICIPIO
3
En adelante el DEPARTAMENTO
4
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 66001-23-33-000-2019-00286-01
Actora: PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE PEREIRA
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda
La PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA
DE PEREIRA, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo
88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de
agosto de 19985, presentó demanda ante el Tribunal, contra la
POLICÍA, el INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, el INSTITUTO
COLOMBIANO AGROPECUARIA - ICA, la CARDER, la EMPRESA
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA, el DEPARTAMENTO
y el MUNICIPIO, tendiente a obtener la protección de los derechos
colectivos al goce de un medio ambiente sano y salubridad pública.
I.2. Hechos
La parte actora señaló que, desde el año 2016, requirió al
MUNICIPIO por la problemática relacionada con el funcionamiento
de criaderos de animales en la zona urbana del ente territorial, pues
genera olores ofensivos, vectores, inadecuada disposición de
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“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
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residuos sólidos y vertimientos no autorizados dentro del sistema de
alcantarillado y de las fuentes hídricas.
Adujo que el 10 de enero de 2017, la Secretaría de la Planeación del
MUNICIPIO le informó que realizó actividades y acciones para
cumplir las obligaciones a su cargo, pero también le indicó que ello
era un proceso complejo en el que debían intervenir otras entidades
como la Agencia Nacional de Tierras y la CARDER.
Señaló que el 17 de septiembre de 2018 requirió a la CARDER, para
que en su calidad de máxima autoridad ambiental ejerciera sus
funciones y realizara el respectivo seguimiento a los vertimientos e
impactos que generaba el funcionamiento de porquerizas en área
urbana del MUNICIPIO.
Agregó que en el concepto sanitario rendido el 25 de enero de 2019,
el ICA advirtió que “en estos criaderos no existe plan de manejo
sanitario para el control de enfermedades infecciosas o parasitarias,
en áreas aledañas a la producción se encuentran elementos como
escombros y residuos orgánicos que puedan afectar la inocuidad
alimentaria y la sanidad de los animales, emplean lavazas
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(aguamasas) en la alimentación animal, animales heridos sin
tratamiento, condiciones de aseo precarias, no hay desinfección de
los tanques de almacenamiento de agua para consumo animal,
concluyendo que la carne allí producida no es apta para el consumo
humano, no obstante … su destinación”.
Finalmente, sostuvo que a la fecha de presentación de la demanda
no se conocía de la imposición de medidas correctivas (Ley 1801 de
2016), ni preventivas o sancionatorias en materia ambiental (Ley
1333 de 2009), ni sanitarias (Ley 9 de 1979), en ninguno de los
criaderos de animales ubicados en la zona urbana del MUNICIPIO,
pese a la prohibición expresa de su existencia, las afectaciones al
medio ambiente por los olores ofensivos, la generación de vectores,
la inadecuada disposición de los residuos sólidos, los vertimientos no
autorizados y los riesgos para la salud pública.
I.3. Pretensiones
Solicitó, además del amparo de los derechos invocados como
vulnerados, lo siguiente:
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“[…] 2. Sírvase señores Magistrados a declarar que los responsables
de las afectaciones a los derechos colectivos a) el goce de un
ambiente sano y g) La salubridad pública son: el Municipio de La
Virginia – Risaralda, el Departamento de Risaralda – Secretaría de
Salud Departamental, el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos – INVIMA, la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda – CARDER y la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional.
3. Sírvanse señores magistrados a ordenar que en consecuencia de
la anterior declaración, el Municipio de La Virginia – Risaralda, el
Departamento de Risaralda – Secretaría de Salud Departamental, el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –
INVIMA, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER y
la Policía Nacional, realicen todas las actuaciones tendientes a evitar
que continúe la amenaza y vulneración de los derechos colectivos
invocados y, en particular, el cierre de los criaderos de animales en
zona urbana del municipio de La Virginia, tanto los identificados en
las visitas de las autoridades como los que se hayan abierto con
posterioridad y adelantar controles permanentes que eviten su
reapertura o la de nuevos criaderos […]”.
I.4. DEFENSA
I.4.1.-. El MUNICIPIO sostuvo que efectuó las siguientes acciones
para responder efectivamente a la problemática expuesta: i) visitas
a personas que crían animales en la zona urbana; ii) desarrollo de un
estudio de prefactibilidad; iii) solicitudes a otras autoridades para
adelantar diligencias; y iv) búsqueda de predios para la reubicación
de personas involucradas o reconocimiento de compensaciones a los
afectados.
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Adujo que el cierre total de las porquerizas no ha sido posible, pero
no por falta de diligencia, pues ha realizado acciones para la
protección del medio ambiente.
Destacó que ante la ausencia de predios para adelantar el proyecto
de reubicación y por la falta de recursos para adquirir uno nuevo,
contrató un estudio de caracterización socioeconómica y de
factibilidad para los porcicultores del municipio, con el fin de
identificar “alternativas conducentes a su reubicación o a la
compensación económica, que permitan garantizar el derecho
fundamental al empleo y se dé cumplimiento a la normatividad
ambiental vigente en cuanto a la contaminación que genera la
actividad porcícola, ya que se han identificado algunos productores
con condiciones sociales que imposibilitan su reubicación”.
Resaltó que las exigencias técnicas, normativas, ambientales y
financieras del proyecto de reubicación estaban fuera de su alcance
presupuestal, pues sus fuentes de recursos para el funcionamiento e
inversión “tienen dependencia superior al 50% del gobierno central,
recursos con destinación específica en su gran porcentaje, y los de
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libre destinación son precarios frente al cúmulo de obligaciones y
competencias que la constitución y la ley le fijan al municipio”.
Por lo anterior, solicitó denegar las pretensiones de la demanda en
lo que le respecta, pues buscó dar una respuesta oportuna a la
problemática objeto del proceso.
I.4.2-. El DEPARTAMENTO DE RISARALDA estimó que no era el
competente para adoptar las medidas de cierre de establecimientos
de criaderos, dado que ello estaba a cargo del MUNICIPIO, de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.5.1.6.4 del Decreto
núm. 1076 de 2015.
Adujo que pese a lo anterior, a través de su Secretaría de Salud,
realizó varias visitas a los criaderos en las que emitió las actas
correspondientes que, posteriormente, remitió al MUNICIPIO para
que adoptara las medidas pertinentes.
Indicó que, de conformidad con lo previsto en la Ley 9ª de 1979 y
demás normas reglamentarias, la imposición de medidas sanitarias
debían estar precedidas y soportadas en un análisis técnico respecto
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del riesgo sanitario que se pretende contener, motivo por el que la
Secretaría de Salud Departamental desarrolló múltiples acciones
tendientes a establecer y documentar el presunto riesgo sanitario y
ambiental causado.
I.4.3-. La CARDER indicó que en el marco de sus competencias obró
de forma diligente para afrontar la problemática expuesta, pues
realizó visitas a los predios que ejercían esa actividad y emitió el
respectivo concepto técnico en el que recomendó la suspensión
inmediata de vertimientos directos al río, por lo que estimó que no
era responsable de la vulneración de los derechos colectivos
invocados, pues, con ello, a su juicio, ha cumplido con sus
obligaciones.
I.4.4-. La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA
sostuvo que no transgredió los derechos colectivos invocados, dado
que cumplió con las obligaciones a su cargo, pues le comunicó a la
autoridad ambiental competente qué inmuebles realizaban
vertimientos en el sistema de alcantarillado.
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I.4.5.-. El INVIMA indicó que la competencia en materia de
producción primaria le correspondía al ICA, de conformidad con lo
previsto en el Decreto núm. 1500 de 2007, que prevé que el INVIMA
no está legitimado para actuar en temas relacionados con
“criaderos”, por lo que de llegar a intervenir en temas de producción
primaria se generaría una extralimitación de funciones.
I4.6-. La POLICÍA adujo que no era de su competencia sancionar o
tomar decisiones frente a la existencia de criaderos de animales en
el sector urbano del MUNICIPIO, por lo que debían denegarse las
pretensiones formuladas en su contra dado que no era autoridad
ambiental.
Sostuvo que en ejercicio de su función de preservar la convivencia y
los derechos de los ciudadanos, al igual que su deber de colaboración
con las autoridades que así lo requieran, realizó distintas acciones
con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para el
funcionamiento de dichos establecimientos.
I.5.- Pacto de cumplimiento
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La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el día 23 de
septiembre de 20196, la cual se declaró fallida por no existir ánimo
conciliatorio entre las partes.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El TRIBUNAL, mediante sentencia de 4 de mayo de 2023, declaró
al MUNICIPIO, a la CARDER, al ICA, al INVIMA, a la POLICÍA y
a la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia ESP, responsables
de la vulneración de los derechos colectivos al goce de un medio
ambiente sano y salubridad pública y, en consecuencia, dispuso lo
siguiente:
“[…] 4. Ordenar al municipio de La Virginia que con apoyo técnico
del Invima, el ICA, la Carder, el departamento de Risaralda y la
Empresa de Servicios Públicos de La Virginia E.S.P, en el término de
5 meses contados desde la ejecutoria del presente fallo, realice un
plan de capacitación e información a la comunidad de La Virginia que
tenga criaderos de animales en la zona urbana, donde se les explique
por qué no pueden existir estos criaderos, cuáles son los daños
ambientales y a la salubridad pública, cómo afecta dicha activad a la
persona que la realiza, su familia y la comunidad, la importancia de
denunciar los casos que conozcan; igualmente, donde se les informe
que se va a realizar un censo de las personas que en la actualidad
tienen criaderos de animales con el fin de involucrarlas a los planes
de gobierno que les permita acceder a apoyos para formación de
microempresa o para acceder a estudios o capacitaciones para cambio
de actividad económica o que puedan emplearse en una labor u oficio.
6 Visible en el índice núm. 2 del expediente del Tribunal.
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Se advierte que para el desarrollo del plan de capacitaciones deben
utilizarse todos los medios físicos y tecnológicos, como pancartas,
volantes, pautas publicitarias en la emisora y en los canales de
televisión institucional, las páginas web institucionales.
5. Ordenar al municipio de La Virginia que con apoyo técnico del
Invima, el ICA, la Carder, el departamento de Risaralda y la Empresa
de Servicios Públicos de La Virginia ESP, en el término de 5 meses
contados desde la ejecutoria del presente fallo, organice el censo que
se va a realizar a la comunidad del municipio de La Virginia que tiene
criaderos de animales en la zona urbana, cuyo fin es determinar el
número exacto, real y actual de los predios en los cuales se realiza
esta actividad, no siendo suficiente con visitar únicamente los predios
ya identificados, sino también los identificados por otras entidades, al
igual que deberá determinar otros predios que también realizan la
actividad y que no se les ha realizado seguimiento alguno.
6. Ordenar al municipio de La Virginia que con apoyo del
departamento de Risaralda, en el término de 5 meses contados desde
la ejecutoria del presente fallo, revise y elija los programas
gubernamentales que van a ser utilizados para vincular a la población
censada, a quienes se les va a dar como opción la de continuar en la
actividad económica pero en un predio rural, para lo cual se le debe
brindar todo el apoyo para formación de microempresa; también se
les va dar la opción de cambio de actividad económica, donde se le
debe facilitar estudios y capacitaciones para que aprendan otro arte
u oficio o el ingreso en programas que permitan emplearse en una
labor u oficio, para lo cual se puede apoyar del estudio de
prefactibilidad ya realizado y para finiquitar el plan de acción, donde
se deben incluir los nuevos predios que se identifiquen.
7. Ordenar al municipio de La Virginia, al departamento de Risaralda
y a la Policía Nacional para que en el término de 5 meses contados
desde el vencimiento del término otorgado en el ordinal 4, realicen
las capacitaciones elaboradas, conforme a los lineamientos trazados
en dicho ordinal.
8. Ordenar al municipio de La Virginia para que con apoyo del
departamento de Risaralda, en el término de 9 meses contados desde
el vencimiento del término otorgado en el ordinal 4, realice y organice
el censo con el fin de obtener la base de datos con el número exacto,
real y actual de los predios en los cuales se realiza la actividad de cría
de animales en la zona urbana del municipio de La Virginia, con sus
respectivos datos para identificación, no siendo suficiente con pasar
únicamente los predios ya identificados, sino también los identificados
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por otras entidades, al igual que los nuevos que se identifiquen; una
vez organizada la información, deberá remitirla a la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda - Carder, al Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA, al Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos – Invima, a la Nación – Ministerio de
Defensa - Policía Nacional y a la Empresa de Servicios Públicos de La
Virginia ESP.
9. Ordenar al municipio de La Virginia para que con apoyo del
departamento de Risaralda, dentro del término de 12 meses contados
desde la ejecutoria del presente fallo, gestione convenios con otras
empresas con el fin de recibir los animales que sean incautados
cuando se incumplan con las normas objeto del presente asunto,
luego del procedimiento administrativo correspondiente que se haya
adelantado acatando el debido proceso y el derecho de defensa de la
persona involucrada.
10. Ordenar al municipio de La Virginia, al Invima, al ICA, a la
Carder, al departamento de Risaralda, a la Empresa de Servicios
Públicos de La Virginia ESP y a la Policía Nacional para que en el
término de 12 meses contados desde el vencimiento del término
otorgado en el ordinal 9, realicen las visitas técnicas, en conjunto, a
todos los predios censados que tienen criaderos de animales en la
zona urbana del municipio, para que, desde su respectiva área y
función, realicen el concepto técnico; brinden la asesoría integral a
los propietarios del establecimiento, donde se les explique las
condiciones de sanidad y salubridad que deben tener, como es el
trámite para obtener los permisos, las autorizaciones y las licencias;
empiecen con el plan de cierre, adviertan que se deja registro de la
visita y que cada mes se realizará una visita para verificar que no se
adquieran más animales de cría, hasta terminar con los existentes; y
se les informe sobre las opciones sobre la actividad económica, los
beneficios que tienen y la forma como pueden ingresar a los
programas de gobierno respectivos.
11. Ordenar al municipio de La Virginia que con apoyo del
departamento de Risaralda y la Policía Nacional, cada mes desde que
se inició el plan de cierre a los establecimientos censados, realicen las
visitas para verificar el cumplimiento de dicho plan, hasta que la
propiedad quede sin animales.
12. Ordenar al municipio de La Virginia para que con apoyo del
departamento de Risaralda y la Policía Nacional, luego de transcurrido
el término otorgado en el ordinal 9, inicien inmediatamente los
respectivos procedimientos administrativos conforme a la ley,
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respetando el derecho a la defensa y el debido proceso de la persona
involucrada, con el fin de erradicar los criaderos de animales ubicados
en la zona urbana del municipio y que no se encuentren en el censo
o que pese a que fueron censados y fueron beneficiados con las
garantías aquí ordenadas, reincidieron en el criadero.
13. Se designa a la señora procuradora 28 Judicial II en Asuntos
Ambientales y Agrarios de Pereira, al director de la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda -Carder, al señor alcalde del
municipio de La Virginia, al gobernador del departamento de
Risaralda, al gerente del Instituto Colombiano Agropecuario- ICA, al
director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos- Invima, al gerente de la Empresa de Servicios Públicos de
La Virginia E.S.P, al ministro de Defensa - Policía Nacional, al señor
agente del Ministerio Público asignado al despacho 04 de esta
Corporación y al magistrado ponente, para que conformen el comité
de verificación del cumplimiento de la presente sentencia, para lo cual
por Secretaría se les enviará la respectiva comunicación, quienes
rendirán en el término de 18 meses, contados desde la ejecutoria de
la sentencia, un informe único detallado e ilustrado sobre las
soluciones adoptadas en pro del cumplimiento efectivo de esta
providencia. Para tal efecto, se designa como coordinadora para la
convocatoria y demás menesteres del comité de verificación a la
procuradora 28 Judicial II en Asuntos Ambientales y Agrarios de
Pereira […]”.
Sostuvo que el 7 de julio de 2017 se realizó un censo de porquerizas
en el DEPARTAMENTO en el que se advirtió la existencia de 2.351
predios, de los cuales 54 se encontraban ubicados en el municipio de
La Virginia. Asimismo, se identificaron otros lugares que no estaban
incluidos en el censo del MUNICIPIO.
Indicó que en el proceso se probó la existencia de 33 predios activos
donde funcionan unidades productivas, con variedad de animales, en
su mayoría cerdos, los cuales eran utilizados con fines comerciales
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en “sitios donde no se cumplen los requisitos mínimos de sanidad,
salubridad y bienestar animal, que no tienen permisos de
funcionamiento y que contravienen la norma en el sentido que no
pueden existir criaderos de animales en zona urbana de los
municipios”.
Adujo que a pesar de que el MUNICIPIO no era uno de los
principales productores pecuarios a nivel departamental, dicha
actividad sí era un factor de gran incidencia a nivel económico, social
y ambiental por las características de su práctica, la población
mayoritariamente adulta que se dedicaba a esa actividad y las
condiciones en que se criaban a los animales7.
Señaló que el MUNICIPIO expidió el Decreto núm. 132 de 2008, a
través del cual prohibió la explotación comercial y el funcionamiento
de porquerizas y galpones en el perímetro urbano y centros poblados,
7
En este punto, el Tribunal señaló lo siguiente:
“[…] De conformidad con el estudio de prefactibilidad allegado con la presentación de la demanda, la
cría de animales en la zona urbana del municipio de La Virginia se ha suscitado como una importante
fuente de empleo para muchas de las familias que habitan el municipio, convirtiéndose a su vez, en
una importante y, en muchos casos, la única fuente ingresos para gran parte de su población. No
obstante, implica a su vez grandes problemas en materia de salud pública y medio ambiente a causa
de su clandestinidad.
Igualmente, se trata de una actividad que es practicada, en su mayoría, por personas con un rango de
edad entre los 51-65 años, la que equivale a un 48%, seguida del rango de los 36-50 años, con un
33.3%. A su vez, que se trata de una práctica con gran arraigo familiar, que en algunos grupos sociales,
es el resultado de más de 20 años de tradición […]”.
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dado que su funcionamiento ponía en riesgo la salud y vida de los
habitantes, pues deterioraba el medio ambiente y los recursos
naturales por el olor que expelen, la proliferación de moscas,
zancudos y roedores; además, de la contaminación de las cuencas
hídricas.
Sostuvo que en ninguno de los predios urbanos visitados por las
autoridades ambientales, en los que se advirtió la presencia de
criaderos de animales, se acreditó que tuvieran la licencia sanitaria
expedida por el ICA, para el caso de criaderos que se dedican a la
producción primaria de animales domésticos, o del Invima para los
que incluyan el sacrificio de los animales, de conformidad con el
Decreto núm. 1500 de 2007.
De igual forma, el Tribunal señaló lo siguiente:
“[…] De hecho, como obra en las pruebas documentales y
testimoniales practicadas dentro del presente proceso, la Carder y el
ICA realizaron una operación conjunta en la que visitaron 6 predios
con porquerizas urbanas al interior del municipio de La Virginia, en el
cual constataron, además del deterioro que tal actividad ocasionaba
al medio ambiente, los riesgos que se presentaban a la salud pública
por la falta de sanidad e inocuidad de los animales, lo que llevó a
determinar que la carne producida en todos los predios visitados, no
es apta para consumo humano. Por consiguiente, los establecimientos
existentes en la zona urbana del municipio de La Virginia destinados
al criadero y sacrificio de animales, no cuentan con la autorización
sanitaria obligatoria que expide el ICA y el Invima, lo que implica que
su práctica es clandestina o ilegal y que en su desarrollo se utilizan
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procedimientos no adecuados que ponen en peligro la salubridad de
la comunidad y la sanidad ambiental, pues la autorización significa
que el establecimiento comercial cumple con los requisitos necesarios
para garantizar la calidad de los productos alimenticios, desde su
producción primaria (cría).
Ahora bien, hasta este punto, se ha constatado la existencia de
criaderos y sacrificio de animales en zona urbana del municipio de La
Virginia de naturaleza ilegal, por expresa disposición legal nacional y
local, aunado a que los que se encuentran operando en la actualidad
no cuentan con las autorizaciones sanitarias obligatorias
correspondientes; sin embargo, es menester para la Sala precisar que
la acción popular no está diseñada para acudir a ella ante cualquier
violación de la ley, irregularidad o disfunción que se presente; por el
contrario, la acción popular tiene un objetivo preventivo para proteger
los derechos e intereses colectivos cuando se ven amenazados o
están siendo vulnerados, eventos en los cuales, tanto la amenaza
como la vulneración debe ser real, directa y concreta de manera tal
que en realidad se perciba la potencialidad de violación del derecho
colectivo o la verificación del mismo, aspectos todos que deben ser
debidamente demostrados por la parte actora popular, quien tiene la
carga de la prueba […]”.
Aclaró que, en el caso bajo estudio, más que el incumplimiento de
las normas lo que debía analizarse eran las consecuencias de dicho
incumplimiento, pues las regulaciones sobre la materia se expidieron
con el fin de proteger la diversidad e integridad del ambiente,
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
garantizar su desarrollo sostenible, así como su conservación,
restauración o sustitución, además de prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, por lo que, a su juicio, su
incumplimiento afectaba directamente el derecho a gozar de un
ambiente sano.
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Precisó que si bien la parte actora no demostró científicamente los
daños directos al ambiente y la salud de la comunidad, dentro del
proceso sí se probó la vulneración de los derechos de los habitantes
del municipio “en razón a la exposición de olores debido a la crianza
y sacrificio de los animales en la zona urbana, actividad que no
cuenta con los respectivos permisos sanitarios y además quebranta
las normas que lo prohíben”8.
Respecto de la responsabilidad de las accionadas en la vulneración
de los derechos colectivos invocados, el Tribunal sostuvo que la
inspección, vigilancia y control la ejercían diferentes entidades
dependiendo de las actividades ejercidas por el establecimiento, pues
la actividad de los criaderos de animales en la zona urbana iba desde
la producción primaria, el beneficio, desposte y desprese del
producto cárnico; el expendio de la carne y productos cárnicos para
8
En este punto, el Tribunal agregó lo siguiente:
“[…] Llegado a este punto, conviene manifestar que la presente acción popular no se circunscribe
exclusivamente a la problemática que para el medio ambiente generan los vertimientos no autorizados
y la presencia de olores nauseabundos como consecuencia de la ejecución de la actividad porcícola en
zona urbana, sino que, por el contrario, también deben ser analizados los posibles riesgos que para la
salubridad pública provoca dicha práctica clandestina. Conforme lo dicho, se observa de las visitas
realizadas que en la gran mayoría de los criaderos se emplea lavaza en la alimentación de los animales,
los bebederos y los lugares de almacenamiento de agua se encuentran en condiciones de aseo
precarias, y, en algunos de ellos, la presencia de agua masa en valdes y canastas, frutas en estado de
putrefacción, laceraciones que no son atendidas, o la cría de los animales a merced de los restos de
sacrificio porcino en estado de putrefacción y agua sangre, advirtiéndose que no existe siquiera un plan
de manejo para el control de enfermades, por lo que se facilita la aparición de vectores […]”.
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el consumo humano; el impacto ambiental y la disposición de los
recursos naturales en la ejecución de la actividad económica.
Explicó que la competencia en comento se dividía así: i) la sanidad
animal en la producción primaria era del ICA; ii) las plantas de
beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos correspondía al
INVIMA; iii) los establecimientos que ejecutan actividades de
transporte, almacenamiento y expendio de carne y productos
cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para el
consumo humano, son de las entidades territoriales de salud; y iv)
la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales, se predica
de la respectiva autoridad ambiental.
Indicó que la Secretaría de Salud Departamental tenía el deber de
implementar acciones de inspección, vigilancia y control sanitario a
los municipios, así como prestar la asistencia administrativa, técnica
y financiera para la conservación al medio ambiente y la preservación
de los recursos naturales.
Respecto de la responsabilidad de la empresa prestadora del servicio
público de alcantarillado del MUNICIPIO, sostuvo que de
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conformidad con lo previsto en el artículo 39 del Decreto núm. 3930
de 25 de octubre de 20109, estas tienen la responsabilidad de exigir
a sus suscriptores el acatamiento de la norma de vertimiento al
alcantarillado público, de manera que, en caso de que se determine
el incumplimiento del usuario, la empresa deberá informarlo a la
autoridad ambiental competente para dar inicio al proceso
sancionatorio.
Adujo que la Policía Nacional tenía la obligación de imponer las
medidas preventivas y correctivas, así como de dar traslado a la
autoridad respectiva competente, ante comportamientos contrarios
a la preservación del agua o que atenten contra la salud pública10.
9
“Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del
Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos
y se dictan otras disposiciones”.
10
En este punto, el Tribunal resaltó lo siguiente:
“[…] la accionada manifestó que la competencia para adoptar medidas correctivas en razón a la
problemática recaía exclusivamente en las autoridades del municipio y la autoridad ambiental;
consecuentemente y contrario a lo manifestado, se encuentra plenamente obligada a velar por el
cumplimiento de la convivencia ambiental y de salud pública, donde varias de las conductas reguladas
son las que se demostraron que están ejecutando las viviendas que tienen criaderos de animales y pese
al acompañamiento de la Policía Nacional en varias visitas y al conocimiento de la configuración de las
conductas que deben ser sancionadas según la Ley 1801 de 2016, la entidad ha actuado de manera
pasiva ante la problemática objeto de la presente decisión.
Asimismo, si bien la entidad argumenta que realizó 2 comparendos, de los cuales 1 de ellos (Federmán
Trejos Ríos) no se refiere a que sea como consecuencia del funcionamiento de una cochera, sino por
malas prácticas en la limpieza y recolección de escombros en sitios de uso público, sumado a que dicho
predio no hace parte del censo del municipio, quedando la duda si hace parte o no de unidades de
producción aquí estudiado, lo cierto es que dicho actuar es mínimo para lo determinado en el proceso,
ya que se encuentran identificados en total 33 predios, de los cuales solo a uno le realizó comparendo,
lo que demuestra un actuar pasivo en el ejercicio de su competencia […]”.
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Consideró que si bien se verificó dentro del proceso que el ICA, la
Secretaría de Salud del Departamental, el INVIMA, la CARDER, el
MUNICIPIO, la POLICÍA y la Empresa de Servicios Públicos de La
Virginia, realizaron mesas de trabajo, analizaron la situación de los
criaderos, visitaron unos predios en los que se realizaba la actividad
comercial de criaderos de animales; además, ordenaron a los dueños
de los predios trasladar su actividad de cría y sacrificio de animales
a la zona rural, lo cierto era que tales medidas eran insuficientes,
pues la problemática persistía.
Precisó que las medidas que debían adoptarse con motivo de la
vulneración de los derechos colectivos invocados tenían que respetar
el ejercicio simultáneo de los derechos tanto de los afectados por la
contaminación del medio ambiente y la salubridad pública, como de
las personas que dependían económicamente de la actividad que
generaba la contaminación.
III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III.1-. El MUNICIPIO sostuvo que el Tribunal lo responsabilizó de
la transgresión de los derechos colectivos invocados sin tener en
cuenta las acciones de control y verificación que adelantó a través de
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la Dirección de Gestión Ambiental, la Inspección Municipal y la
POLICÍA. Dentro de las acciones adelantadas destacó las siguientes:
“[…] 1. Se han realizado visitas de seguimiento y control para
identificar factores de riesgo a la salud pública, sin embargo, la
aplicación de la normatividad se encuentra limitada dado el amparo
del fallo del 2011.
2. Se solicitó en repetidas ocasiones apoyo y colaboración a la
Secretaría de Salud Departamental para realizar las visitas de
seguimiento y control a cada una de las porquerizas.
3. Desde la Administración se realizó la solicitud a INVIMA dado que
una de las condiciones que se han venido presentado es el sacrificio
clandestino y con ello la necesidad de que la autoridad sanitaria
acompañara el proceso.
4. Desde la UMATA se han realizado reuniones para avanzar en el
fortalecimiento de las asociaciones de porcicultores urbanos […]”.
Adujo que por ser un municipio de sexta categoría no disponía de los
recursos suficientes para dar una solución de fondo a la problemática
objeto del proceso.
Solicitó, por lo anterior, revocar la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.
III.2-. El DEPARTAMENTO adujo que no se probó su
responsabilidad, pues los establecimientos que ejercían la actividad
comercial de criaderos de animales lo hacían de forma ilegal, dado
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que el POT del MUNICIPIO no permitía el uso del suelo para el
desarrollo de ese tipo de actividades, especialmente en la zona
urbana, por lo que la responsabilidad derivada de la vulneración de
los derechos colectivos invocados recaía en el citado ente territorial.
Agregó que, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.5.1.6.4
del Decreto núm. 1076 de 26 de mayo de 201511, no era su
responsabilidad adoptar medidas definitivas para el cierre de
criaderos de animales ubicados en el MUNICIPIO.
Resaltó que, sin embargo, a través de su Secretaría de Salud realizó
varias visitas a dichos lugares, las cuales dieron lugar al
levantamiento de actas que, posteriormente, se remitieron al
MUNICIPIO para que adoptara las medidas respectivas.
Adujo que según lo dispuesto en la Ley 9 de 1979, y demás normas
reglamentarias, la imposición de medidas sanitarias de seguridad
debían estar precedidas de un análisis técnico sobre el riesgo
sanitario que se pretendía contener, por lo que su Secretaría de Salud
11
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible”.
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desarrolló múltiples acciones tendientes a establecer y documentar
el riesgo sanitario y ambiental que presuntamente causan los
criaderos de animales en el MUNICIPIO.
Adicionalmente, señaló lo siguiente:
“[…] De igual forma, el Departamento de Risaralda no ha vulnerado
los derechos colectivos al goce de un medio ambiente sano y
salubridad pública de los habitantes del municipio de La Virginia por
omisión administrativa, en el entendido que ha brindado toda la
asistencia que debe realizar, entendiendo que desde la Dirección
Operativa de Salud Pública de la Secretaría de Salud Departamental,
como función específica, realiza constantemente acciones de Asesoría
y Asistencia Técnica, tal como se ha comprobado en autos,
entendiendo que la entidad que debe controlar la existencia de
criaderos y gestionar los daños ambientales y a la salubridad pública
en la jurisdicción del municipio de La Virginia […]”.
Indicó que la organización de censos en el MUNICIPIO para obtener
bases de datos que permitan determinar el número exacto de
criaderos de animales, era competencia del MUNICIPIO, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1° de la Constitución
Política, que prevé que las entidades territoriales eran autónomas en
el manejo de sus asuntos, motivo por el que en la gestión de
convenios que afectaban su presupuesto no se podían comprometer
recursos sin respaldo presupuestal.
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III.3-. La CARDER adujo que en ejercicio de sus competencias como
autoridad ambiental impuso medidas preventivas de suspensión
inmediata de vertimientos provenientes de la actividad porcícola en
cada una de las viviendas que fueron identificadas y determinó la
inviabilidad de otorgar permisos ambientales para el desarrollo de tal
actividad, dado que se efectuaba en el área urbana del municipio.
Sostuvo que tenía la disposición para seguir ejerciendo sus funciones
y prestar el apoyo técnico requerido para realizar un plan de
capacitación e información a todos los predios censados.
Estimó que el tiempo que le concedió el Tribunal era muy limitado,
dado que debía realizar diferentes actividades de apoyo en forma
conjunta con el MUNICIPIO y las demás entidades involucradas,
como lo era desarrollar un plan de capacitación a la comunidad y un
censo a los criaderos de animales ubicados en la zona urbana del
municipio.
III.4-. La POLICÍA indicó que no había discusión respecto de la
necesidad de proteger el derecho colectivo al goce de un ambiente
sano por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, aclaró
que cumplió con las obligaciones que le eran exigibles frente a la
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problemática específica de la presencia de criaderos de cerdos en la
zona urbana del MUNICIPIO, pues realizó el acompañamiento a las
autoridades correspondientes en el desarrollo de sus funciones de
control ambiental.
Respecto de lo anterior, agregó lo siguiente:
“[…] Como ha quedado señalado en la sentencia, la problemática que
se presenta tiene diversos ítems, pues no es solo la presunta
afectación al medio ambiente, sino también las condiciones de
salubridad en que viven las familias y la problemática social y
económica que implica el cierre y decomiso de los animales y la toma
de medidas sancionatorias, en este orden de ideas, puede
establecerse que:
• No es competencia de la Policía Nacional sancionar o tomar
acciones directas en contra de la problemática sobre la existencia de
criaderos de animales y, específicamente, cerdos en el área urbana
del municipio de la Virginia.
• La Policía Nacional ha realizado las acciones a su alcance y de
conformidad con sus competencias con el fin de atender el
requerimiento realizado por procuraduría ambiental.
• La Policía Ambiental y ecología es la dependencia de la
Subdirección de Servicios Especiales encargada de coordinar, dirigir,
orientar, apoyar, supervisar y evaluar a nivel nacional, el
cumplimiento del proceso de protección al ambiente y a los recursos
naturales, prestado mediante la especialidad policial ambiental y
ecológica como apoyo a las autoridades ambientales en la protección
de los recursos naturales y el ambiente y de acuerdo con lo ordenado
en la leyes vigentes sobre la materia, para de esta manera contribuir
al proceso misional institucional de convivencia y seguridad
ciudadana. Sus atribuciones están limitadas a la colaboración frente
a las autoridades ambientales y administrativas en el caso que nos
ocupa […]”.
Señaló que no podía actuar directamente en contra de las personas
que realizaban las actividades relacionadas con la crianza de
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animales en el MUNICIPIO, pues ello, más que una infracción a las
normas ambientales, constituía una problemática social, dado que la
citada actividad representaba una fuente de empleo y subsistencia
para muchas familias.
Estimó que, por lo anterior, las autoridades administrativas son las
que debían brindar alivios, alternativas económicas o de reubicación
a las personas que ejercían la crianza de animales, con el fin de
armonizar los derechos colectivos invocados dentro del proceso con
los derechos al trabajo y al mínimo vital de las personas que ejercían
esa actividad.
Destacó que en ejercicio de sus competencias realizó diferentes
acciones, entre las que se encontraban: i) visitas a diferentes sitios
de cría de animales, ii) imposición de comparendos, y iii)
acompañamiento a las autoridades ambientales y administrativas
que lo requirieron.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
-. La PROCURADORA 28 JUDICIAL LL AMBIENTAL Y AGRARIA
DE PEREIRA solicitó confirmar la sentencia de primera instancia,
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dado que debían adelantarse actuaciones pertinentes para impedir la
amenaza y vulneración de los derechos colectivos a gozar de un
ambiente sano y la salubridad pública, con ocasión del
funcionamiento ilegal de criaderos de animales en zona urbana del
Municipio de La Virginia.
Sostuvo que los argumentos expuestos por las accionadas no
estaban orientados a controvertir la existencia de la problemática sub
examine, lo que, a su juicio, contrariaba varias disposiciones
relacionadas con la protección del medio ambiente, el ordenamiento
territorial, la salubridad pública y, especialmente, la prohibición
contenida en el artículo 2.8.5.2.37 del Decreto 780 de 2016, que es,
precisamente, la causa de la vulneración.
Resaltó que la inconformidad de los recurrentes radicó en la
valoración que se dio al desempeño de sus competencias para
abordar la problemática, pues estiman que cumplieron con las
responsabilidades a ellos asignadas, habida cuenta que han
participado de manera individual o conjunta en visitas, elaboración
de actas, remisión de información a otras autoridades, y asistencia a
reuniones.
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V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público rindió concepto12 en el que solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia, para lo cual indicó que
compartía las consideraciones expuestas por la actora respecto de la
vulneración de los derechos colectivos invocados, al igual que las
órdenes que dio el Tribunal, dada la prolongada inacción de las
autoridades accionadas para resolver la problemática.
Destacó que dentro del proceso se acreditó la magnitud de la omisión
administrativa derivada del incumplimiento de las normas sanitarias
y urbanísticas que prohíben el funcionamiento de porquerizas dentro
del perímetro urbano, lo que ponía en peligro bienes
constitucionalmente protegidos, tales como el ambiente sano y la
salubridad pública.
Señaló, respecto de los argumentos expuestos por las demandadas
en sus recursos de apelación, que los mismos debían ser rechazados,
dado que las apelantes no habían adoptado las acciones pertinentes
para mitigar la situación que se presentaba con motivo de existencia
12
Visible en el índice núm. 10 del expediente digital.
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de porquerizas no autorizadas legalmente, ni tampoco suspendidas
por la administración.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
La Sala advierte que el señor consejero GERMÁN EDUARDO
OSORIO CIFUENTES, en escrito de 16 de julio del presente año13,
manifiesta que se declara impedido para actuar dentro del proceso
de la referencia, por cuanto su hermano JOSÉ FERNANDO OSORIO
CIFUENTES se desempeña como procurador judicial II en la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, entidad demandante
en el proceso de la referencia, por lo que estima que se encuentra
incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 3 del
artículo 130 del CPACA.
Al respecto, la Sala pone de presente que la Ley 472, no contiene
disposiciones especiales que regulen las manifestaciones de
impedimento; no obstante, en virtud del artículo 44 ibidem, es del
13
Visible en el índice 21 del expediente digital.
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caso aplicar el CPACA debido a la remisión que efectúa dicha norma
en aspectos no regulados.
Precisado lo anterior, la Sala observa que la causal de impedimento
que se invoca es la prevista en el numeral 3 del artículo 130 del
CPACA, la cual dispone:
“[…] Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces
deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos
señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y,
además, en los siguientes eventos:
[…]
3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera
permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
único civil, tengan la condición de servidores públicos en
los niveles directivo, asesor o ejecutivo en una de las
entidades públicas que concurran al respectivo proceso
en calidad de parte o de tercero interesado […].” (Resaltado
fuera del texto original).
Respecto de la configuración de la causal en comento en un asunto
similar, la Sala Plena de esta Corporación, en auto de 8 de agosto de
2023, consideró lo siguiente:
“[…] los consejeros Yepes Corrales e Ibarra Martínez
manifiestan, coincidentemente, que se encuentran incursos en
la causal de impedimento prevista en el numeral 3 del artículo
130 del CPACA, pues sus cónyuges están vinculadas a la
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Procuraduría General de la Nación como procuradoras
judiciales II.
[…]
La norma no establece ningún tipo de condicionamiento para que
la causal de impedimento se configure; no se requiere que el
cónyuge tenga algún interés o relación con el asunto objeto del
proceso, por lo que basta con que esté probado el vínculo
con la entidad y el nivel jerárquico correspondiente.
En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en
la estructura de la Procuraduría General de la Nación, se tiene
que el Decreto 264 de 2000, en su artículo 7, se refiere a la
nomenclatura de los empleos de la entidad y señala que los
procuradores judiciales II se encuentran en el nivel profesional,
asignándoles el código 3PJ y el grado EC.
No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio
funcional, en el artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000
se establece que son cargos del nivel directivo aquellos
empleos que tienen funciones de dirección, definición de políticas
y de representación del Procurador General. En el numeral
10 de ese artículo señala como funciones generales de los
empleos de ese nivel: “10. Intervenir como agentes del
Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la
Constitución y la ley”, lo que resulta congruente con lo prescrito
en los artículos 277-74 y 2805 de la Carta Política, en tanto los
procuradores judiciales II tienen la condición de agentes del
Ministerio Público que, entre otras, ejercen funciones de
intervención judicial en representación del Procurador General
de la Nación, lo que igualmente se ve refrendado en el artículo
416 del Decreto Ley 262 de 20007, de manera que la simple
ubicación formal del mencionado artículo 7 del Decreto 264 de
2000 no puede tenerse en consideración para los efectos de esta
decisión.
En el presente caso se tiene que las cónyuges de los consejeros
Yepes Corrales e Ibarra Martínez se encuentran nombradas en
la entidad demandada en el cargo de procurador judicial II, el
cual, desde una perspectiva material y funcional, corresponde al
nivel directivo, ya que, en los términos del Decreto 264 de 2000,
ejerce funciones delegadas del Procurador General de la Nación
en calidad de agente del Ministerio Púbico, por lo que se
configura la causal de impedimento invocada, circunstancia que,
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además, releva a la Sala de analizar las demás causales
señaladas por el magistrado Ibarra Martínez […]”.
Siendo ello así, de la causal transcrita, de lo considerado por la Sala
Plena de esta Corporación y de los hechos que soportan el
impedimento manifestado por el consejero GERMÁN EDUARDO
OSORIO CIFUENTES, la Sala advierte que concurren los
presupuestos para la configuración de la causal alegada, toda vez
que su hermano14, el señor JOSÉ FERNANDO OSORIO
CIFUENTES, se desempeña actualmente como procurador judicial
II, cargo de nivel directivo, en la Procuraduría General de la Nación,
entidad demandante en la acción popular de la referencia.
En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento
manifestado por el citado consejero y lo separará del conocimiento
del presente proceso, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción popular
14
Parentesco, por cuanto los hermanos se encuentran en segundo grado de consanguinidad, de
conformidad con el artículo 35 del CC, el cual prevé: “Parentesco de consanguinidad es la relación
o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz, o que están unidas
por los vínculos de la sangre”.
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La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de
los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la
comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos.
Caso concreto
Con fundamento en los antecedentes expuestos, la Sala advierte que
las accionadas en los recursos de apelación interpuestos contra la
sentencia del Tribunal no controvierten la vulneración de los derechos
colectivos invocados con motivo de la problemática que se presenta
en el Municipio de La Virginia, ante la existencia en el área urbana
de predios dedicados a la crianza de animales, pues parten por
reconocer su existencia y las afectaciones ambientales que dicha
situación genera.
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En ese sentido, la Sala encuentra que, conforme a los argumentos
planteados en los recursos de apelación interpuestos, los problemas
jurídicos a resolver están relacionados con las competencias que les
asisten frente a la problemática objeto del proceso, al igual que el
cumplimiento de sus funciones dadas las actividades que realizaron
para la protección de los derechos colectivos invocados.
Por lo anterior, la Sala considera que deben resolverse los siguientes
problemas jurídicos: i) determinar si el MUNICIPIO, el
DEPARTAMENTO, la POLICÍA y la CARDER son responsables de
la vulneración de los derechos colectivos amparados por el a quo; ii)
establecer si las acciones desplegadas por dichas entidades resultan
suficientes para no proferir órdenes en su contra, y si las mismas son
idóneas para el amparo efectivo de los derechos conculcados; y iii)
si hay lugar a ampliar los plazos para el cumplimiento de la sentencia
en lo que respecta a la CARDER.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se relacionan los
medios de convicción pertinentes y conducentes para resolver los
problemas jurídicos antes relacionados.
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Actora: PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE PEREIRA
• Oficio de 2 de abril de 2018, suscrito por la directora de Gestión
Ambiental del MUNICIPIO, a través del cual le solicitó a la
Secretaría de Salud Departamental apoyo para realizar visitas de
seguimiento y control de criaderos ubicados en el centro urbano.
-. Acta núm. 1 de 4 de abril de 2018, suscrita por el MUNICIPIO,
relacionada con “Olores ofensivos y proliferación de vectores”.
-. Actas núms. 1 de 13 de abril de 2018, suscritas por la Dirección
de Gestión Ambiental del MUNICIPIO, relacionadas con “queja por
olores ofensivos”, en “porqueriza en Los Libertadores” y en “Galpón
en el barrio Los Libertadores”.
-. Acta núm. 1 de 23 de abril de 2018, suscrita por el MUNICIPIO,
relacionada con “afectación por porquerizas”, la cual se realizó en
“Barrio Buenos Aires”.
-. Acta de 10 de mayo de 2018, suscrita por el MUNICIPIO,
relacionada con “seguimiento olores ofensivos”, la cual se realizó en
“Porqueriza en el Barrio Buenos Aires”.
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Actora: PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE PEREIRA
• Oficio de 28 de mayo de 2018, suscrito por la Dirección de Gestión
Ambiental del MUNICIPIO, a través del cual le solicitó a la
Secretaría de Salud Departamental apoyo para realizar visitas de
seguimiento y control de criaderos ubicados en el centro urbano del
municipio, así:
“[…] Como es de su conocimiento el Municipio enfrenta una
problemática relacionada con la presencia de criaderos en el centro
urbano y en aras de buscar soluciones de raíz se han adelantado
diferentes procesos, sin embargo estos requieren de tiempo para su
materialización, por lo tanto es deber de las entidades atender las
quejas y preocupaciones manifestadas por la comunidad.
Desde el pasado mes de abril de 2018 esta dirección envió solicitud a
la Secretaría de Salud Departamental sobre la inspección a las
porquerizas urbanas ubicadas en el centro urbano dado que se ha
podido identificar en las visitas factores de riesgo para la salud
pública, y la ley 715 de 2001 en su artículo 43 numeral 43.3.8.
Establece entre las competencias de los departamentos ejecutar las
acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo
del ambiente que afectan la salud humana, y de control de vectores
y zoonosis de competencia del sector salud, en coordinación con las
autoridades ambientales, en los corregimientos departamentales y en
los municipios de categorías 4ª, 5ª y 6ª de su jurisdicción (sic) […]”.
-. Comunicación suscrita por el MUNICIPIO el 29 de mayo de 2018,
dirigida a la Unión Temporal RR, cuyo asunto es “Comunicación de
aceptación de oferta. Equivalente a contrato de mínima cuantía No.
044 de 2018”, el cual tuvo como objeto la “ELABORACIÓN DEL
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD AMBIENTAL, ECONÓMICO, SOCIAL Y
TÉCNICO DE LA REUBICACIÓN EN EL SECTOR RURAL DE LAS
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UNIDADES PRODUCTIVAS (PORQUERIZAS) EXISTENTES EN EL
CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RISARALDA”.
• Oficio de 8 de junio de 2018, suscrito por el gerente de la Seccional
Risaralda del ICA y dirigido a la directora de Gestión Ambiental del
MUNICIPIO, el cual tuvo como asunto “Solicita apoyo técnico en
proceso de verificación de los aspectos sanitarios aproximadamente
a 50 unidades productivas porcícolas, con el fin de evitar posible
afectación en la salud de la población del Municipio”, en el que se
indicó lo siguiente:
“[…] Por medio de la presente se da respuesta a la solicitud realizada
por usted el día 28 de mayo del 2018 que tiene como fin realizar la
verificación de condiciones sanitarias de unidades productivas
porcícolas, a la luz de la resolución 2640 de septiembre de 2007.
El ICA realizará este apoyo por medio del profesional Sara Sierra,
responsable del proyecto Peste Porcina Clásica para el Departamento
de Risaralda y el técnico Nilton Gómez Restrepo, desde el día martes
19 de junio del 2018 hasta el día viernes 22 de junio. Se necesita por
parte del municipio acompañamiento a las actividades con el fin de
priorizar y garantizar la cobertura total de las unidades que lo
requieran […]”.
-. Oficio de 3 de julio de 2018, suscrito por la directora de Gestión
Ambiental del MUNICIPIO y dirigido a la CARDER, el cual tuvo
como asunto “Seguimiento a vertimientos de porquerizas urbanas”,
en el que se indicó que:
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“[…] Como es de su conocimiento en el año 2017 se adelantó un mesa
de trabajo en la que estuvo presente la Procuraduría Ambiental y
Agraria sobre criaderos en el perímetro urbano, con el fin de
minimizar la problemática generada en la comunidad aledaña, de
dicha mesa resultaron algunos compromisos, entre ellos la necesidad
de realizar un recorrido en el que participaran todas las entidades
CARDER, Policía Ambiental, Empresa de Servicios Públicos,
Inspección, Personería, Salud Departamental y Dirección de Gestión
Ambiental para determinar no solo aspectos que afectan la salud
pública sino el ambiente.
En dicho trabajo de campo se identificó que gran parte de los
vertimientos se realizan al sistema de alcantarillado y otro gran
porcentaje están conectados a las corrientes hídricas y madre Vieja,
por lo tanto, se consideró necesario que tanto la ESP como la CARDER
realicen el seguimiento pertinente.
En consecuencia, se reitera por tercera vez la solicitud a la
Corporación Autónoma Regional CARDER sobre la necesidad de
realizar el proceso correspondiente para oficiar y requerir a las
siguientes personas por el vertimiento de dichas aguas a zonas de
importancia ambiental (Rio Risaralda, Cauca, quebradas, reservorio
Madre Vieja); sin ningún tipo de tratamiento preliminar que permita
la remoción de carga contaminante (sic) […]”.
• Oficio de 4 de julio de 2018, suscrito por la directora de Gestión
Ambiental del MUNICIPIO y dirigido a la Secretaría de Salud
Departamental, que como asunto indicó “Reiteración solicitud de
inspección porquerizas ubicadas en el centro urbano”.
-. Actas núms. 1 de 6 de julio y 22 de agosto de 2018, suscritas por
el MUNICIPIO, con asunto: “DESMONTE GRADUAL PORQUERIZAS
URBANAS”.
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-. Oficio de 8 de octubre de 2018, suscrito por el gerente de la
Empresa de Servicios Públicos de La Virginia E.S.P., a través de la
cual puso en conocimiento de la CARDER la relación de los predios
dedicados a la crianza de animales en área urbano del municipio y
que presentan vertimientos no autorizados en el sistema de
alcantarillado.
• Concepto técnico núm. 00667 de 21 de marzo de 2019 de la
CARDER, el cual tuvo como asunto: “Seguimiento y control. Criadero
de cerdos en zona urbana del municipio de La Virginia”, en el que se
relacionan los predios con criaderos de cerdos que realizan
vertimientos en las fuentes hídricas, junto con sus respectivas actas
de visita. En el citado concepto se presentaron las siguientes
conclusiones:
“[…] CONCLUSIONES
Una vez realizada la visita de seguimiento y revisada la información
emitida por las entidades que participan en el proceso, se concluye
que las seis (6) viviendas, cuentan con actividad de cría de cerdos sin
los manejos ambientales correspondientes y evidenciando generación
de vertimiento liquido (porcinaza) sin control dirigido al Río Risaralda
y al reservorio Madre Vieja, generando alto riesgo de contaminación
a las fuentes hídricas, generación de olores y de moscas.
A través de acta de visita del 14 de diciembre de 2018 se ordenó la
suspensión inmediata del vertimiento proveniente de actividad
porcícola en cada una de las viviendas identificadas.
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No existe viabilidad de otorgamiento de permisos ambientales a las
actividades ya que se encuentran ubicadas en zona urbana del
municipio de La Virginia y se encuentran prohibidas de conformidad
con lo establecido en el Decreto 780 de 2016, por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección
Social, en el Artículo 2.8.5.2.37 “Prohibición de instalar criaderos de
animales en perímetros urbanos. Prohíbase la explotación comercial
y el funcionamiento de criaderos de animales domésticos, silvestres,
salvajes y exóticos dentro de los perímetros urbanos definidos por las
autoridades de Planeación Municipal. Parágrafo. Las autoridades
sanitarias podrán hacer excepciones a la prohibición contenida en el
presente artículo, cuando no se produzcan problemas sanitarios en el
área circundante o en el ambiente, siempre y cuando tales actividades
se realicen en locales o edificaciones apropiadas desde el punto de
vista técnico – sanitario”.
RECOMENDACIONES
Se recomienda remitir copia de este Concepto Técnico al usuario, para
que sean acatadas las observaciones contenidas en él, tanto en la
parte descriptiva como en las conclusiones, se recuerda, además que
se debe dar estricto cumplimiento a las obligaciones contenidas en los
actos administrativos por los cuales se otorgan los permisos y/o
autorizaciones ambientales […]”.
-. Oficio de 6 de junio de 2019, suscrito por la POLICÍA, en el que
se indicó que:
“[…] En atención al comunicado oficial S-2019-035315-DERIS del
05/06/2019, respetuosamente me permito informar al señor Oficial
las actividades llevadas a cabo en el municipio de La Virginia, en
cuanto al control en porquerizas dentro de la jurisdicción, así:
Durante el año 2018 en coordinación con la Administración Municipal
(Unidad de gestión ambiental, Secretaria de Gobierno, Secretaria de
Salud), CARDER y los funcionarios del Grupo de Protección Ambiental
de la Metropolitana de Pereira, se ha venido realizando actividades de
verificación en diferentes sectores del municipio donde se tiene
identificado la ubicación de porquerizas, (Barrio Alfonso López,
Buenos Aires, La Playa, Libertadores) es de anotar que en dos visitas
realizadas se dio aplicación al Código Nacional de Policía y
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Convivencia, por comportamientos que afectan el medio ambiente,
así:
• El día 18/02/2019 en la Calle 10 Carrera 3A-00 barrio Buenos Aires
se realizó comparendo de No. 6640002001 al señor Federman Trejos
Ríos por infringir el Artículo 111. Comportamientos contrarios a la
limpieza y recolección de residuos y escombros y malas prácticas
habitacionales. Numeral 3. Arrojar residuos sólidos y escombros en
sitios de uso público, no acordados ni autorizados por autoridad
competente, ya que en dicho procedimiento policial junto con
funcionarios de ambiental (sic), se observan residuos en la parte
trasera de su residencia que caen una fuente de agua que se
encuentra en ese sector.
• El día 27/02/2018 en la calle 5 No. 21-49 barrio Los Libertadores,
en visita realizada con el personal de la Administración municipal,
CARDER se verifico las porquerizas y se realiza comparendo de No.
6640000651 al señor Javier Alberto Toro Penagos por infringir el
Artículo 100 Comportamientos contrarios a la preservación del agua,
Numeral 2 Arrojar sustancias contaminantes, residuos o desechos a
los cuerpos de agua, debido a la mala disposición de los residuos de
las porquerizas.
Igualmente me permito informar que se realizó acompañamiento a
procedimiento de incautación de porquerizas en el área urbana sector
de la Calle 10 No. 4-37 Barrio Buenos Aires, se contó con la presencia
de la Dirección Unidad de Gestión Ambiental, Inspector de Policía
Municipal, Subsecretaría de Salud Municipal, Comisaría de Familia,
Secretaría de Gobierno, Policía Infancia y Adolescencia, Policía
Ambiental, Personal Médico Veterinario, esto con el fin de garantizar
los derechos de las personas y animales involucrados en el
procedimiento, en donde la diligencia fue atendida por parte del señor
Silvio Hernández Cortez, propietario de las porquerizas a intervenir.
En el procedimiento, la Administración municipal realizó la incautación
de 12 cerdos y se procedió al traslado de los mismos hasta la finca
dispuesta para tal fin en la zona rural del municipio, por parte de la
Alcaldía de La Virginia […]”.
• Copia del proyecto denominado “PROYECTO PRODUCTIVO
INTEGRAL (PPI) GOBERNACIÓN DE RISARALDA – PLATAFORMA
LOGÍSTICA DEL EJE CAFETERO (PLEC) ALCALDÍA DE LA VIRGINIA
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS (ANUC-
RISARALDA)”, el cual tuvo como objetivo general “Implementar un
proyecto para el desarrollo integral de la agroindustria en los predios
que les serán adjudicados a la ANUC, para sus iniciativas productivas,
y a la Gobernación de Risaralda, para la puesta en marcha de la
Plataforma Logística del Eje Cafetero (PLEC), en el municipio de La
Virginia (Risaralda), con el propósito de contribuir a la transformación
estructural del campo, cerrar brechas entre el campo y la ciudad, y
crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural”.
-. Estudio de prefactibilidad de reubicación de porquerizas urbanas –
La Virginia.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a pronunciarse
respecto de los problemas jurídicos planteados así:
-. De las actividades adelantadas por el MUNICIPIO para
afrontar la problemática de los criaderos de animales en la
zona urbana del municipio
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Para resolver, la Sala reitera que el MUNICIPIO no controvierte la
vulneración de los derechos colectivos invocados por la parte actora,
pues reconoce la problemática que se genera con motivo del
funcionamiento de criaderos ubicados en el centro urbano. En
consecuencia, su inconformidad radica en la imputación de
responsabilidad efectuada por el a quo pese a las acciones de control
y verificación adelantadas en el ámbito de sus competencias.
Al respecto, una vez analizadas las pruebas obrantes dentro del
expediente, la Sala considera que a pesar de las acciones
adelantadas por el MUNICIPIO para superar la problemática
ambiental que genera el funcionamiento de criaderos de animales en
el área urbana, las mismas han resultado insuficientes, pues dichas
actividades se siguen realizando.
En efecto, si bien el MUNICIPIO efectuó visitas a los sitios en los
que se realiza la actividad de criaderos de animales, participó en
mesas de trabajo con otras autoridades para realizar actividades de
seguimiento y control, lo cierto es que la vulneración de los derechos
colectivos invocados en la demanda persiste.
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Por lo anterior, la Sala considera que el hecho de que el MUNICIPIO
hubiere adoptado algunas medidas para superar la problemática, la
cual, como se vio, continúa vigente, no lo exime de la responsabilidad
de seguir trabajando en la implementación de las acciones necesarias
que permitan la cesación de la vulneración de los derechos colectivos
vulnerados.
De igual forma, para la Sala tampoco resultan admisibles los
argumentos expuestos por el MUNICIPIO en el sentido de que por
ser de sexta categoría no disponía de los recursos suficientes para
dar una solución de fondo a la problemática objeto del proceso, pues
la falta de recursos no impide el ejercicio de la acción popular.
En ese sentido, es importante indicar que el cumplimiento de las
sentencias proferidas para proteger los derechos e intereses
colectivos conlleva, en la mayoría de los casos, erogaciones
presupuestales; por lo tanto, es deber de las autoridades
responsables adelantar las actuaciones de orden administrativo,
presupuestal y financiero que permitan la consecución de los
recursos necesarios para adelantar las acciones ordenadas, en el
marco del principio de planeación.
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En efecto, ante la ausencia de recursos a los que alude municipio, lo
procedente es que en un tiempo razonable la administración incluya
en su presupuesto un rubro que permita adelantar las acciones
necesarias para garantizar que cese la amenaza o vulneración de los
derechos e intereses colectivos.
-. De la competencia del DEPARTAMENTO para intervenir en
la protección de los derechos colectivos invocados
El DEPARTAMENTO en el recurso de apelación sostuvo que no se
probó su responsabilidad, pues los establecimientos que ejercían la
actividad comercial de criaderos de animales lo hacían de forma
ilegal, dado que el POT del MUNICIPIO no permitía el uso del suelo
para el desarrollo de ese tipo de actividades, especialmente en la
zona urbana, por lo que la responsabilidad derivada de la vulneración
de los derechos colectivos invocados recaía en el citado ente
territorial.
Al respecto, la Sala advierte que el Tribunal indicó que la Secretaría
de Salud Departamental tenía el deber de implementar acciones de
inspección, vigilancia y control sanitario a los municipios, así como
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prestar la asistencia administrativa, técnica y financiera para la
conservación al medio ambiente y la preservación de los recursos
naturales, por lo que consideró que los argumentos expuestos por el
DEPARTAMENTO en el sentido de que la competencia para hacer
cesar la vulneración de los derechos e intereses colectivos afectados
con la presencia de las porquerizas urbanas al interior del municipio
recaía en la autoridad local.
En ese sentido, la Sala encuentra que las órdenes que dio el Tribunal
frente al DEPARTAMENTO, relacionadas con la colaboración que le
debía prestar al municipio, en el marco de sus competencias, para
superar las situaciones que dieron lugar la vulneración de los
derechos colectivos invocados resultan procedentes.
En efecto, el Decreto núm. 1222 de 1986, “Por el cual se expide el
Código de Régimen Departamental”, previó como obligaciones a
cargo del Departamento las siguientes:
“[…] ARTÍCULO 7
-Corresponde a los departamentos:
(…)
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c) Promover y ejecutar, en cumplimiento de los respectivos
planes y programas nacionales y departamentales actividades
económicas que interesen a su desarrollo y al bienestar de sus
habitantes.
d) Prestar asistencia administrativa, técnica y financiera a los
municipios, promover su desarrollo y ejercer sobre ellos la
tutela que las leyes señalen.
e) Colaborar con las autoridades competentes en la ejecución
de las tareas necesarias por la conservación del medio
ambiente y disponer lo que requiera la adecuada preservación
de los recursos naturales […]”. (Negrillas fuera de texto).
Así pues, una vez analizadas las órdenes que dio el Tribunal frente al
DEPARTAMENTO referentes a su apoyo en temas de: i) capacitación
e información a los habitantes del municipio que tengan criaderos de
animales en zona urbana, respecto de los daños al ambiente y a la
salud pública; ii) la organización de un censo a la comunidad del
MUNICIPIO que ejercía la citada actividad en la zona urbana; iii) la
revisión y elección de programas gubernamentales para vincular a la
población censada, dando la opción de continuar la actividad pero en
zona rural o realizar otra actividad económica; iv) realizar
capacitaciones a la comunidad; v) asesorar integralmente a la
comunidad; y vi) brindar apoyo a los procedimientos administrativos
a que hubiere lugar, resultan procedentes, adecuadas y necesarias
para la protección de los derechos colectivos invocados dentro del
proceso.
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Por lo anterior, la Sala considera que los argumentos expuestos por
el DEPARTAMENTO en su recurso de apelación, en el sentido de que
no le era atribuible ningún tipo de responsabilidad por la vulneración
de los derechos colectivos invocados con motivo del funcionamiento
en el área urbana del MUNICIPIO de criaderos de animales, no
resulta procedente.
• Del cumplimiento de las funciones a cargo de la Policía
Nacional
La Policía Nacional sostuvo en su recurso de apelación que cumplió
con las obligaciones que le eran exigibles frente a la problemática
específica de la presencia de criaderos de cerdos en la zona urbana
del Municipio de La Virginia, pues realizó el acompañamiento a las
autoridades correspondientes en el desarrollo de sus funciones de
control ambiental.
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Al respecto, la Sala en un asunto de similares características indicó
lo siguiente15:
“[…] 103. Según lo expuesto, la Policía Nacional ha llevado a cabo
algunas acciones para atender la problemática expuesta en la
demanda; sin embargo, ello no la exonera de la responsabilidad de
cumplir con las órdenes de la sentencia proferida, en primera
instancia, toda vez que la vulneración de los derechos e intereses
colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y salubridad
públicas por la existencia de bienes inmuebles ubicados en la zona
urbana del Municipio de Santa Rosa de Cabal dedicados a la cría de
animales exige la adopción de varias medidas hacia el futuro con el
objeto de erradicar esta actividad.
104. Lo anterior en atención a que las actividades que llevaron a cabo
la Policía Nacional y las demás entidades demandadas, enumeradas
supra, no fueron suficientes para atender la problemática; por el
contrario, de acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, la cría
de animales en el sector urbano del Municipio de Santa Rosa de Cabal
siguió presentándose luego de las reuniones y las visitas que realizó
la Policía Nacional en ciertos sectores.
105. Por las razones expuestas no tiene vocación de prosperidad el
argumento estudiado en este acápite […]”.
En el caso concreto, se advierte que si bien la POLICÍA sostuvo que
en ejercicio de sus competencias realizó el acompañamiento a las
autoridades correspondientes en el desarrollo de sus funciones de
control ambiental, lo que se acreditó dentro del proceso es que en el
área urbana del MUNICIPIO existen predios dedicados a la crianza
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de marzo
de 2023, Rad. núm. 660012333000201900285-01, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
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de animales, situación que da lugar a que se mantenga la orden que
se dio en primera instancia respecto de la Policía Nacional.
-. De las acciones adelantadas por la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda - CARDER para la protección de los
derechos colectivos invocados.
La CARDER adujo que en ejercicio de sus competencias como
autoridad ambiental impuso medidas preventivas de suspensión
inmediata de vertimientos provenientes de la actividad porcícola, en
cada una de las viviendas que fueron identificadas, y determinó la
inviabilidad de otorgar permisos ambientales para el desarrollo de tal
actividad, dado que se desarrollaba en el área urbana del municipio.
Sobre el particular, la Sala encuentra que le asistió razón al Tribunal
al declarar la responsabilidad de la CARDER ante la vulneración de
los derechos colectivos invocados, pues tiene el deber de realizar
inspección, vigilancia y control relacionado con la gestión del medio
ambiente, por lo que ante las afectaciones ambientales que se
presentan en el MUNICIPIO con motivo de la actividad porcícola
dentro del área urbana su responsabilidad está comprometida.
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En ese sentido, la Sala encuentra que a pesar de las acciones
adelantadas por la CARDER, en el marco de sus competencias, con
motivo de la problemática ambiental antes relacionada, lo cierto es
que se requiere de su intervención para que junto con las demás
autoridades involucradas se dé una solución integral a dicha
problemática.
Ahora bien, en aras de resolver los planteamientos expuestos por la
CARDER en su recurso de apelación, respecto de las acciones que
adelantó con motivo de la problemática ambiental objeto del proceso,
se destaca que las mismas han sido insuficientes para dar una
solución definitiva, pues si bien el expediente da cuenta de que dicha
autoridad participó en mesas de trabajo con las demás entidades
involucradas, emitió el concepto técnico núm. 00667 de 21 de marzo
de 201916 y ordenó la suspensión inmediata de vertimientos
provenientes de actividad porcícola en las viviendas identificadas, lo
cierto es que no se ha dado una solución integral a la problemática
ambiental objeto del proceso, por lo que resulta necesaria su
intervención.
16
El cual tuvo como asunto “Seguimiento y control. Criadero de cerdos en zona urbana del municipio
de La Virginia”, en el cual se relacionan los predios con criaderos de cerdos en el Municipio de La Virginia
que realizan vertimientos en las fuentes hídricas
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-. De la idoneidad de las medidas adoptadas por el Tribunal
para el amparo de los derechos colectivos
Al respecto, como se vio en precedencia, la Sección ya se pronunció
en un caso similar al aquí expuesto17, cuya problemática se presentó
en el Municipio de Santa Rosa de Cabal, en la que se modificaron las
órdenes de amparo impartidas por el Tribunal, que, por demás, son
idénticas a las aquí adoptadas. En dicha oportunidad, la Sección
consideró lo siguiente:
“114. Al respecto, la Sala pone de presente que la Corte
Constitucional, al resolver una acción de tutela presentada con
ocasión a la ubicación de un criadero de animales en perímetro
urbano, consideró:
“[…] En efecto, la falta de cumplimiento de las normas sanitarias
y urbanísticas, que prohíben el funcionamiento de porquerizas
dentro del perímetro urbano, ha puesto en peligro bienes
constitucionalmente protegidos, tales como el medio ambiente,
la salud y la intimidad. […]. La situación óptima que respete el ejercicio
simultáneo de los derechos requiere de una nueva configuración. Los
vecinos no pueden, ni tampoco están obligados a trasladar sus
residencias; el ajuste de la situación debe partir del traslado o
liquidación de la actividad económica no autorizada. Sin embargo, este
último movimiento no puede producirse de manera inmediata y
automática, ya que de procederse de dicha manera se extirparía
fatalmente la fuente de sustento de la demandada. El término
razonable […] que la demandada utilice para liquidar su negocio con
miras a convertirlo en capital circulante aplicable a otro distinto
o para convenir con las autoridades un tratamiento
excepcional, como lo prevén las normas, sobre la base de
requisitos y condiciones especiales, puede determinar que todavía
se mantengan las incomodidades e injerencias que restringen los
derechos de los vecinos, pero en últimas esto constituye una restricción
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de marzo
de 2023, Rad. núm. 660012333000201900285-01, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
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que se torna necesaria y que, de otro lado, se equilibra con la
correlativa cesación definitiva de la libre actividad económica
denunciada o con su ejercicio en condiciones distintas […]” (De
fuera del texto).
115. Por lo expuesto anteriormente, y en atención a las competencias
de las autoridades demandadas referidas supra, las cuales deben ser
ejercidas de manera armónica, organizada y concatenada para lograr
un amparo efectivo de los derechos e intereses colectivos, la Sala
procederá a modificar los numerales 5 a 12 de la parte resolutiva de
la sentencia de 29 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Quindío, para lo cual:
115.1. Se ordenará al Municipio con apoyo del Departamento, realice
un censo que permita identificar la población que realiza la actividad
de cría de animales en el Municipio de Santa Rosa de Cabal,
verificando para ello si los predios en los cuales ejercen la actividad
pecuaria se encuentran dentro del perímetro urbano previsto en el
Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
115.2. Se ordenará al Municipio, al Invima, al Instituto, a la
Corporación, al Departamento, a la Empresa y a la Policía, que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, formulen un programa para la población que realice
actividad pecuaria en los predios ubicados en el perímetro urbano del
Municipio de Santa Rosa de Cabal, con el fin de que se les acompañe
y asesore para garantizar que se cumpla con la normatividad sanitaria
y ambiental exigible y, en caso de que no se logre cumplir con tales
estándares, adopte las acciones correctivas y sancionatorias
pertinentes.
115.3. Se exhortará al Municipio para que con apoyo del
Departamento, realice y ejecute un plan de acción con su respectivo
cronograma, en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, con el fin de realizar las gestiones
administrativas, técnicas y presupuestales necesarias para que la
administración municipal formalice proyectos para las personas que
no cumplan con la normatividad sanitaria y ambiental exigible, los
cuales les permitan continuar su actividad económica fuera del
perímetro urbano del Municipio o emplearse en otra actividad […]”.
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En consecuencia, debido a la similitud de los casos analizados, la Sala
prohijará las órdenes referidas en precedencia y, por tanto,
modificará la sentencia apelada en ese sentido.
Con fundamento en lo anterior, la Sala se abstendrá de responder el
argumento expuesto por la CARDER respecto de la suficiencia del
plazo otorgado para el cumplimiento de las órdenes que le impartió
el Tribunal, pues las mismas van a ser modificadas.
En todo caso, la Sala considera que en el evento de que durante la
ejecución de la sentencia se observe que razonablemente es
necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal, en el marco del
Comité de Verificación, proferirá las decisiones que considere
necesarias para garantizar su cumplimiento, dado que el artículo 34
de la Ley 472 prevé que mientras se ejecuta la sentencia el juez “[…]
conservará la competencia para tomar las medidas necesarias para
la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas
contenidas en el Código de Procedimiento Civil […]”.
Finalmente, la Sala MODIFICARÁ el numeral 13 de la parte
resolutiva de la sentencia apelada en cuanto a que el Comité de
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Verificación del cumplimiento de la sentencia estará integrado por el
magistrado ponente del Tribunal, quien lo presidirá, y se confirmará
en lo demás el fallo de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor
consejero GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para
intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia,
SEPARARLO del conocimiento del mismo.
SEGUNDO: MODIFICAR los numerales 4 a 13 de la parte resolutiva
de la sentencia de 4 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, el cual quedará así:
“[…] 4. Ordenar al Municipio de La Virginia con apoyo del
Departamento de Risaralda, que, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la notificación de esta providencia,
realice un censo que permita identificar la población que
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realiza la actividad de cría de animales en el Municipio,
verificando para ello si los predios en los cuales ejercen la
actividad pecuaria se encuentran dentro del perímetro
urbano previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial.
5. Ordenar al Municipio de La Virginia, al Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos — INVIMA, al
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, a la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda — CARDER, al
Departamento de Risaralda, a la Empresa de Servicios
Públicos de la Virginia y a la Policía Nacional, en el marco de
sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, que, dentro del año siguiente a la
notificación de esta providencia y una vez realizado el censo,
formulen un programa para la población que realice
actividad pecuaria en los predios ubicados en el perímetro
urbano del Municipio de La Virginia, con el fin de que se les
acompañe y asesore para garantizar que se cumpla con la
normativa sanitaria y ambiental exigible y, en caso de que
no se logre cumplir con tales estándares, adopte las acciones
correctivas y sancionatorias pertinentes.
6. Exhortar al Municipio de La Virginia con apoyo del
Departamento de Risaralda, para que, realice y ejecute un
plan de acción con su respectivo cronograma, en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, con el fin de realizar las gestiones
administrativas, técnicas y presupuestales necesarias para
que la administración municipal formalice proyectos para las
personas que no cumplan con la normatividad sanitaria y
ambiental exigible, los cuales les permitan continuar su
actividad económica fuera del perímetro urbano del
Municipio o emplearse en otra actividad.
7. CONSTITUIR el comité de verificación del cumplimiento
de la presente sentencia con el magistrado ponente del
Tribunal Administrativo de Risaralda, quien lo presidirá, las
partes y el agente del ministerio público, quienes rendirán
en el término de 18 meses, contados desde la ejecutoria de
la sentencia, un informe único detallado e ilustrado sobre las
soluciones adoptadas en pro del cumplimiento efectivo de
esta providencia […]”.
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TERCERO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia apelada.
CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de julio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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