Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2019-00285-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2019-00285-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 66001-23-33-000-2019-00285-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
9 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 660012333000201900285-01
Actora: Procuradora 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira
Demandados: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Corporación Autónoma
Regional de Risaralda, Departamento de Risaralda – Secretaría de Salud
Departamental, Municipio de Santa Rosa de Cabal, Instituto Colombiano
Agropecuario y Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal E.S.P.
E.I.C.E.
Tema: Reiteración jurisprudencial sobre prohibición de cría y sacrificio de animales
en perímetro urbano
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional y el Municipio de Santa Rosa de Cabal contra
la sentencia de 29 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de
Quindío.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La Procuradora 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira presentó
demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional,
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Actora: Procuradora 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Corporación
Autónoma Regional de Risaralda, Departamento de Risaralda – Secretaría de Salud
Departamental, Municipio de Santa Rosa de Cabal, Instituto Colombiano
Agropecuario1 y Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal E.S.P.
E.I.C.E.2, en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos previsto en el artículo 144 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113, con
el objeto de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos a la
seguridad y salubridad públicas y al goce de un ambiente sano.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Sírvanse señores Magistrados declarar amenazados y vulnerados los
derechos colectivos a) el goce de un ambiente sano y g) La salubridad pública por
la existencia de criaderos de animales en zona urbana del municipio de Santa
Rosa de Cabal.
2. Sírvanse señores Magistrados declarar que los responsables de las
afectaciones a los derechos colectivos a) el goce de un ambiente sano y g) La
salubridad pública son: el Municipio de Santa Rosa de Cabal — Risaralda, el
Departamento de Risaralda - Secretaría de Salud Departamental-, el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos — INVIMA, la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda — CARDER y la Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional.
3. Sírvanse señores Magistrados ordenar que en consecuencia de la anterior
declaración, el Municipio de Santa Rosa de Cabal — Risaralda, el Departamento
de Risaralda - Secretaría de Salud Departamental-, el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos — INVIMA, la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda — CARDER y la Policía Nacional, realicen todas las
actuaciones tendientes a evitar que continúe la amenaza y vulneración de los
derechos colectivos invocados y, en particular, el cierre de los criaderos de
animales en zona urbana del municipio de Santa Rosa de Cabal, tanto los
identificados en la visitas de las autoridades como los que se hayan abierto con
posterioridad y adelantar controles permanentes que eviten su reapertura o la de
nuevos criaderos.
[…]”4.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
1 Vinculado mediante auto de 7 de mayo de 2019.
2 Vinculado mediante auto de 7 de mayo de 2019.
3 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
4 Cfr. Folio 6
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3.1. Manifestó que en el área urbana del Municipio de Santa Rosa de Cabal existen
criaderos ilegales de animales, especialmente de cerdos.
3.2. Sostuvo que ha llevado a cabo varias reuniones con las autoridades para tratar
este tema y ha realizado varios requerimientos sin que tenga conocimiento de la
imposición de medidas preventivas o el inicio de procesos sancionatorios.
Actuaciones en primera instancia
4. El Tribunal, mediante auto de 7 de mayo de 20195, resolvió: i) admitir la
demanda; ii) vincular a la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal
E.S.P. E.I.C.E. y al Instituto Colombiano Agropecuario; iii) notificar personalmente a
la parte demandada y al Defensor del Pueblo; e iv) informar a los miembros de la
comunidad, a través de un medio masivo de comunicación.
Contestaciones de la demanda
5. El Instituto Colombiano Agropecuario6 contestó la demanda y se opuso a
las pretensiones formuladas, así:
Falta de competencia
5.1. Sostuvo que la entidad tiene la misión de proteger la sanidad agropecuaria
de Colombia para prevenir la introducción y propagación de enfermedades que
puedan afectar el sector agropecuario nacional.
5.2. Precisó que, en materia de productos cárnicos comestibles y derivados
cárnicos destinados para el consumo humano, la competencia radica
exclusivamente en su producción primaria, de conformidad con el Decreto 1500 de
4 de mayo de 20077.
5.3. Afirmó que la etapa de la producción primaria, respecto de la cual la entidad
ejerce vigilancia, inspección y control, está relacionada con la cría o cultivo de
5 Cfr. Folios 13 a 15
6 Cfr. Folios 24 a 25
7 “Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección,
Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el
Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria,
beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio,
importación o exportación”
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productos primarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño y la cría de animales
domésticos de abasto público previstos para su sacrificio; en efecto, la producción
primaria se genera en las granjas o fincas, destinadas a la producción de animales
de abasto público en cualquiera de sus etapas de desarrollo.
5.4. Indicó que el artículo 58 del Decreto 1500 de 2007 estableció que las
actividades de inspección, vigilancia y control de la sanidad animal en la producción
primaria serán ejercidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en cabeza
del Instituto Colombiano Agropecuario y las funciones de inspección, vigilancia y
control relacionadas con la gestión del medio ambiente y los recursos naturales
corresponden exclusivamente a la autoridad ambiental competente.
5.5. Destacó que la demanda tiene por objeto la protección del medio ambiente
respecto del impacto que ha generado la explotación porcícola; por lo tanto, la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda tiene competencia para intervenir en
el presente proceso y adoptar las medidas que sean necesarias.
Cumplimiento de las funciones
5.6. Sostuvo que ha cumplido con sus funciones y expidió varios actos
administrativos que regulan las condiciones sanitarias y de inocuidad en la
producción primaria de ganado porcino destinado al sacrificio para el consumo
humano; los requisitos para obtener la autorización sanitaria y de inocuidad en los
predios productores de animales destinados al sacrificio para el consumo humano;
el proceso de erradicación de peste porcina clásica y las condiciones para la misma
con la finalidad que sea declarada como libre de la enfermedad; así como los
requisitos para obtener el registro sanitario correspondiente.
5.7. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva;
funcionamiento adecuado del Instituto Colombiano Agropecuario, desempeñando a
cabalidad todas las funciones que le competen; el Instituto Colombiano
Agropecuario no es la autoridad competente para ejercer inspección, vigilancia y
control en relación con la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales; y
la excepción genérica.
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6. La Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal E.S.P. E.I.C.E.
8 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así:
Falta de competencia
6.1. Manifestó que la entidad presta los servicios públicos domiciliarios en el área
urbana de Santa Rosa de Cabal; sin embargo, la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda tiene a cargo los asuntos ambientales y ecológicos objeto de la
demanda.
7. El Departamento de Risaralda9 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas, así:
Falta de competencia
7.1. Afirmó que no tiene competencia para ordenar el cierre de los
establecimientos de comercio que llevan a cabo la explotación porcina de forma
ilegal; sin embargo, el Departamento de Risaralda y la Secretaria de Salud
realizaron varias visitas a estos lugares y como consecuencia se suscribieron unas
actas, las cuales fueron remitidas a la Secretaría de Gobierno de Santa Rosa de
Cabal, a la Policía Nacional y a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
para que se adoptaran las medidas necesarias para evitar el riesgo.
Cumplimiento de las funciones
7.2. Indicó que la Secretaría de Salud de Risaralda ha desarrollado múltiples
acciones tendientes a establecer y documentar el riesgo sanitario y ambiental que
presuntamente están causando estos establecimientos en el Municipio de Santa
Rosa de Cabal.
Falta de prueba de la responsabilidad
7.3. Adujo que no es posible probar la responsabilidad de la entidad toda vez que
los establecimientos objeto de la demanda realizan actividades ilegales en la
8 Cfr. Folios 26 a 28
9 Cfr. Folios 46 a 49
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medida en que el Plan de Ordenamiento Territorial no se encuentra permitido el uso
del suelo para el desarrollo de la explotación porcina; por lo tanto, la autoridad local
debe garantizar el cumplimiento de esa normativa.
8. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional10 contestó
la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así:
Falta de competencia
8.1. Señaló que no es competencia de la Policía Nacional sancionar o llevar a
cabo acciones directas respecto de la existencia de criaderos de cerdos en el área
urbana del Municipio de Santa Rosa de Cabal.
8.2. Precisó que no es autoridad ambiental y tampoco ejerce el control preventivo
o inmediato en relación con las conductas que afectan el medio ambiente.
8.3. Afirmó que la Policía Ambiental y Ecológica tiene a cargo las funciones de
coordinar, dirigir, orientar, apoyar, supervisar y evaluar a nivel nacional el
cumplimiento del proceso de protección del ambiente y de los recursos naturales,
por medio del apoyo a las autoridades ambientales para la protección de los
recursos naturales y el ambiente y de acuerdo con lo ordenado en las leyes vigentes
sobre la materia. Sin embargo, sus atribuciones están limitadas a prestar
colaboración a las autoridades ambientales y administrativas en el caso que nos
ocupa.
Responsabilidad de las autoridades ambientales
8.4. Señaló que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda es responsable
de: i) ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
de acuerdo con las normas de carácter superior y con los criterios y directrices del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; ii) ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprende el vertimiento, emisión
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas,
al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar
10 Cfr. Folios 56 a 61
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daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos; y iii) imponer y
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables, así
como exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños
causados.
8.5. Destacó que también las empresas prestadoras del servicio de alcantarillado
tienen competencia en materia de vertimientos en suelo urbano.
8.6. Aclaró que el control e imposición de medidas policivas frente casos como el
que convoca el presente estudio corresponden a las autoridades político -
administrativas del municipio y a las autoridades ambientales.
8.7. Se refirió a las competencias de otras entidades y concluyó que la Policía
Nacional no es una autoridad ambiental, toda vez que su función se limita a apoyar
y acompañar a las autoridades que tienen tal competencia, para garantizar la
ejecución de las medidas que estas adopten.
8.8. Aclaró que la Policía Nacional en su función de preservar la convivencia
ciudadana y los derechos de los ciudadanos, además de su deber de colaborar con
las autoridades que así lo requieran, ha realizado las siguientes acciones en el caso
particular:
i) Mediante el Oficio S-2019-035647-DERIS de 6 de junio 2019, el Jefe del
Grupo Protección Ambiental y Ecológica del Departamento de Policía de Risaralda
anexó los soportes de las actividades llevadas a cabo por el grupo en relación con
la problemática objeto del presente proceso.
ii) Mediante los oficios números S-2017-007805 de 15 de febrero de 2017, S-
2017-024994 de 22 de mayo de 2017 y S-2017-035832- de 14 de julio 2017, la
Policía Nacional atendió el llamado de las autoridades con el fin de verificar el
cumplimiento a los requisitos de funcionamiento de los establecimientos destinados
al sacrificio de animales.
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8.9. Con fundamento en todo lo anterior, propuso la excepción que denominó falta
de legitimación material en la causa por pasiva frente a la violación a los derechos
colectivos al medio ambiente sano, salubridad pública y a gozar del espacio público.
9. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda11 contestó la demanda
y se opuso a las pretensiones formuladas, así:
Cumplimiento de las funciones
9.1. Sostuvo que la entidad siempre ha estado dispuesta en brindar el
acompañamiento a las autoridades municipales en los diferentes operativos o
brigadas, en el marco del control de las actividades pecuarias que se han
identificado en la zona urbana. Como consecuencia, se llevó a cabo una reunión el
17 de octubre de 2018, en la que se dispuso que se realizaría un operativo para
identificar los casos que requerían intervención por prácticas pecuarias prohibidas
o irregulares; sin embargo, no se logró el objetivo por circunstancias administrativas
del ente territorial.
9.2. Sostuvo que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, en atención a
los vertimientos directos sin tratamiento, inició investigaciones y realizó una visita
técnica, el 4 de junio del 2019, al predio denominado Rancho la Primavera de
propiedad del señor Leonardo Fabio Duque Holguín, en la cual se evidenció las
actividades pecuarias y se recomendó la suspensión de dichos vertimientos.
9.3. Destacó que la entidad ha intervenido en materia sancionatoria; además, ha
estado dispuesta a brindar el apoyo al Municipio de Santa Rosa de Cabal.
Competencia de la Corporación Autónoma Regional del Risaralda
9.4. Manifestó que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda es
responsable de la administración del medio ambiente y de los recursos naturales;
sin embargo, su intervención en la protección de los derechos e intereses colectivos
en el caso sub examine se circunscribe a la asesoría técnica, elaboración de
estudios y formulación de diseños, en coordinación con los entes territoriales, y a
11 Cfr. Folios 72 a 78
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actuar como autoridad sancionatoria. En efecto, la entidad ha brindado el
acompañamiento técnico al municipio en operativos que se han programado para
visitar sitios donde posiblemente se está presentando la infracción, los cuales no
han sido exitosos debido a la falta de planeación de la actividad a cargo del ente
territorial.
9.5. Indicó que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda no tiene
responsabilidad directa respecto de las actividades pecuarias ubicadas en zona
urbana del Municipio de Santa Rosa de Cabal o de cualquier perjuicio eventual que
pudiera causarse a los moradores del sector objeto de la presente acción
constitucional.
9.6. Con fundamento en todo lo expuesto, propuso la excepción que denominó
inexistencia de un derecho legítimo para responsabilizar a la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda en la presente acción popular – falta de legitimación en la
causa por pasiva y la excepción genérica.
Responsabilidad del Municipio de Santa Rosa de Cabal
9.7. Sostuvo que la autoridad municipal es responsable teniendo en cuenta que,
en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial, debe establecer la zonificación
del municipio, así como las actividades que se pueden desarrollar en cada zona.
10. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos12 contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así:
Competencia del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
10.1. Precisó que, de conformidad con la Ley 1122 de 9 de enero de 2007 "Por la
cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social
en Salud y se dictan otras disposiciones", le corresponde como autoridad sanitaria
nacional, entre otras, la competencia exclusiva de la inspección, vigilancia y control
de la producción y procesamiento de alimentos de las plantas de beneficio de
12 Cfr. Folios 92 a 102
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animales, de los centros de acopio de leche y de las plantas de procesamiento de
leche y sus derivados, así como del transporte asociado a estas actividades.
10.2. Destacó que cada una de las plantas de beneficio que funcionen y que se
encontraban funcionando en el año 2007, debían y deben inscribirse ante el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para que este verifique el
cumplimiento de la normativa sanitaria de las plantas inscritas.
10.3. Afirmó que las plantas de beneficio animal inscritas ante el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que cuentan con una autorización
sanitaria, están sometidas a una constante inspección, vigilancia y control de la
entidad, en el marco de sus competencias, las cuales no “cubren” la adopción e
imposición de medidas sanitarias en lugares donde se realiza sacrificio ilegal de
animales, toda vez que la competencia se limita a la adopción de medidas sanitarias
de plantas de beneficio animal objeto de su control, reguladas en el Decreto 1500
de 2007 y demás normas que lo modifiquen.
10.4. Aseguró que la planta de Beneficio denominada "CENTRAL DE SACRIFICIO
DE RISARALDA S.A. GUAYABITO", se encuentra actualmente abierta, toda vez
que tiene una autorización sanitaria provisional; así mismo, el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ha realizado visitas periódicas de
inspección, vigilancia y control durante los años 2016 a 2018.
Competencia del Instituto Colombiano Agropecuario
10.5. Manifestó que la competencia en materia de producción primaria
corresponde exclusivamente al Instituto Colombiano Agropecuario, como lo
establece el Título II, Capítulo III del Decreto 1500 de 2007; en consecuencia, el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos no se encuentra
legitimado para actuar en temas relacionados con criaderos.
Plantas de sacrificio animal clandestinas
10.6. Reiteró que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
no es competente para ejercer la inspección, vigilancia y control de los “mataderos”
clandestinos porque su competencia radica en las plantas de beneficio autorizadas
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para el sacrificio de animales y, por lo tanto, el control de los “mataderos”
clandestinos está a cargo del alcalde y las autoridades locales del lugar donde
sucedan los hechos.
10.7. Afirmó que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos,
respecto de los establecimientos clandestinos, está en la disposición de prestar
asesoría técnica a las autoridades de policía, ambientales o judiciales en los
operativos que adelanten, quienes a su vez se encargarían de aplicar las medidas
de seguridad que correspondan.
10.8. Recordó que la entidad cuenta actualmente con el programa denominado
"Observatorio de Ilegalidad", el cual contiene el procedimiento IVC-INS-PRO13
"PROCEDIMIENTO VISITAS DE LUCHA CONTRA ILEGALIDAD,
CONTRABANDO Y CORRUPCIÓN".
10.9. Con fundamento en todo lo anterior, propuso las excepciones falta de
legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de vulneración de derechos
colectivos por acción u omisión.
11. El Municipio de Santa Rosa de Cabal13 contestó la demanda y se opuso a
las pretensiones formuladas, así:
La existencia de criaderos de cerdos en el sector urbano del ente territorial no
vulnera per se los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda
11.1. Recordó que el artículo 2.8.5.2.37 del Decreto 780 de 6 de mayo de 2016,
por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social, estableció la prohibición de instalar criaderos de animales en el
perímetro urbano; sin embargo, las autoridades sanitarias podrán hacer
excepciones a esta prohibición cuando no se produzcan problemas sanitarios en el
área circundante o en el ambiente, y tales actividades se realicen en locales o
edificaciones apropiadas desde el punto de vista técnico-sanitario.
11.2. En su criterio, de acuerdo con lo anterior, la existencia de un criadero de
cerdos en el perímetro urbano no conlleva a la violación directa de los derechos
13 Cfr. Folios 92 a 102
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colectivos al medio ambiente sano y/o a la seguridad y salubridad pública; por lo
tanto, la parte actora tiene la carga de acreditar la existencia de problemas sanitarios
en el área circundante o en el ambiente.
11.3. Sostuvo que los casos de criaderos de cerdos en el sector urbano han sido y
están siendo investigados por los inspectores de Policía, quienes decidirán si se
afectan las normas prohibitivas.
Responsabilidad directa en el caso bajo estudio
11.4. Señaló que la entidad territorial debe adoptar medidas de policía
administrativa para evitar que se instalen criaderos de animales domésticos en el
perímetro urbano; no obstante, la responsabilidad directa de la afectación de los
derechos colectivos está a cargo de quien realiza dicha actividad de manera
clandestina.
11.5. En consecuencia, solicitó “[…] la vinculación de las personas que aparecen
relacionadas en los documentos allegados por la señora Procuradora ambiental, tal
como lo ordena el artículo 18 de la ley 4723 de 1998 […]”.
Otras actuaciones
12. El Tribunal, mediante el auto de 30 de agosto de 201914, negó la solicitud de
vinculación que presentó el Municipio de Santa Rosa de Cabal comoquiera que este
omitió identificar e individualizar a las personas naturales o jurídicas que, en su
criterio, debían vincularse al proceso. Además, en las actas de visitas a los
establecimientos donde funcionan los criaderos de animales no se indicó quien es
el propietario y la vinculación de los particulares no exime de responsabilidad a la
parte demandada.
13. El Tribunal llevó a cabo la audiencia especial de pacto de cumplimiento el 23
de septiembre de 2019, la cual se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio.
14 Cfr. Folios 160 a 161
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Sentencia proferida, en primera instancia
14. El Tribunal, mediante sentencia de 29 de mayo de 202015, resolvió lo
siguiente:
“[…] 1. Declarar no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuestas por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda — Carder,
el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA, la Nación — Ministerio de Defensa -
Policía Nacional y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -
Invima, de acuerdo con lo expuesto en el presente proveído.
2. Declarar no probadas las excepciones de funcionamiento adecuado y
desempeño a cabalidad de las funciones, propuestas por el Instituto Colombiano
Agropecuario — ICA.
3. Declarar no probada la excepción de inexistencia de vulneración de derechos
colectivos por acción u omisión, formulada por el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos — Invima.
4. DECLÁRASE que el municipio de Santa Rosa de Cabal, la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda - Carder, el Departamento de Risaralda, Instituto Colombiano
Agropecuario — ICA, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
— Invima, la Nación — Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Empresa de
Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal - Empocabal ESP EICE, vulneran los
derechos colectivos al goce de un medio ambiente sano y salubridad pública de los
habitantes del municipio de Santa Rosa de Cabal por omisión administrativa.
5. ORDENAR al Municipio de Santa Rosa de Cabal que con apoyo técnico del Invima,
el ICA, la Carder, el Departamento de Risaralda y Empocabal, en el término de 5
meses contados desde la ejecutoria del presente fallo, realice un plan de capacitación
e información a la comunidad de Santa Rosa de Cabal que tenga criaderos de
animales en la zona urbana, donde se les explique porque no pueden existir estos
criaderos, cuáles son los daños ambientales y a la salubridad pública, cómo afecta
dicha activad a la persona que la realiza, su familia y la comunidad, la importancia de
denunciar los casos que conozcan; igualmente, donde se les informe que se va a
realizar un censo de las personas que en la actualidad tienen criaderos de animales
con el fin de involucrarlas a los planes de gobierno que les permita acceder a apoyos
para formación de microempresa o para acceder a estudios o capacitaciones para
cambio de actividad económica o que puedan emplearse en una labor u oficio. Se
advierte que para el desarrollo del plan de capacitaciones deben utilizarse todos los
medios físicos y tecnológicos, como pancartas, volantes, pautas publicitarias en la
emisora y en los canales de televisión institucional, las páginas web institucionales.
6. ORDENAR al Municipio de Santa Rosa de Cabal que con apoyo técnico del Invima,
el ICA, la Carder, el Departamento de Risaralda y Empocabal, en el término de 5
meses contados desde la ejecutoria del presente fallo, organice el censo que se va a
realizar a la comunidad del Municipio de Santa Rosa que tiene criaderos de animales
en la zona urbana, cuyo fin es determinar el número exacto de los predios en los
cuales se realiza esta actividad.
7. ORDENAR al Municipio de Santa Rosa de Cabal que con apoyo del Departamento
de Risaralda, en el término de 5 meses contados desde la ejecutoria del presente
fallo, revise y elija los programas gubernamentales que van a ser utilizados para
vincular a la población censada, a quienes se les va a dar como opción la de continuar
15 Cfr. 251 a 278
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en la actividad económica pero en un predio rural, para lo cual se le debe brindar todo
el apoyo para formación de microempresa; también se les va dar la opción de cambio
de actividad económica, donde se le debe facilitar estudios y capacitaciones para que
aprendan otro arte u oficio o el ingreso en programas que permitan emplearse en una
labor u oficio.
8. ORDENAR al Municipio de Santa Rosa de Cabal, al departamento de Risaralda y
a la Policía Nacional para que en el término de 5 meses contados desde el
vencimiento del término otorgado en el ordinal 5, realicen las capacitaciones
elaboradas, conforme a los lineamientos trazados en el ordinal 5.
9. ORDENAR al Municipio de Santa Rosa de Cabal para que con apoyo del
Departamento de Risaralda, en el término de 9 meses contados desde el vencimiento
del término otorgado en el ordinal 5, realice y organice el censo con el fin de obtener
la base de datos con el número exacto de los predios en los cuales se realiza la
actividad de cría de animales en la zona urbana del Municipio de Santa Rosa de
Cabal, con sus respectivos datos para identificación; una vez organizada la
información, deberá remitirla a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -
Carder, al Instituto Colombiano Agropecuario — ICA, al Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos — Invima, a la Nación — Ministerio de
Defensa - Policía Nacional y a la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de
Cabal - Empocabal ESP EICE.
9. (sic) ORDENAR al Municipio de Santa Rosa de Cabal para que con apoyo del
Departamento de Risaralda, dentro del término de 12 meses contados desde la
ejecutoria del presente fallo, gestione convenios con otras empresas con el fin de
recibir los animales que sean incautados cuando se incumplan con las normas objeto
del presente asunto, luego del procedimiento administrativo correspondiente que se
haya adelantado acatando el debido proceso y el derecho de defensa de la persona
involucrada.
10. ORDENAR al Municipio de Santa Rosa de Cabal, al Invima, al ICA, a la Carder,
al Departamento de Risaralda, a Empocabal y a la Policía Nacional para que en el
término de 12 meses contados desde el vencimiento del término otorgado en el
ordinal 9, realicen las visitas técnicas, en conjunto, a todos los predios censados que
tienen criaderos de animales en la zona urbana del municipio, para que, desde su
respectiva área y función, realicen el concepto técnico; brinden la asesoría integral a
los propietarios del establecimiento, donde se les explique las condiciones de sanidad
y salubridad que deben tener, como es el trámite para obtener los permisos, las
autorizaciones y las licencias; empiecen con el plan de cierre, adviertan que se deja
registro de la visita y que cada mes se realizará una visita para verificar que no se
adquieran más animales de cría, hasta terminar con los existentes; y se les informe
sobre las opciones sobre la actividad económica, los beneficios que tienen y la forma
como pueden ingresar a los programas de gobierno respectivos.
11. ORDENAR al Municipio de Santa Rosa de Cabal que con apoyo del
Departamento de Risaralda y la Policía Nacional, cada mes desde que se inició el
plan de cierre a los establecimientos censados, realicen las visitas para verificar el
cumplimiento de dicho plan, hasta que la propiedad quede sin animales.
12. ORDENAR al Municipio de Santa Rosa de Cabal para que con apoyo del
Departamento de Risaralda y la Policía Nacional, luego de transcurrido el término
otorgado en el ordinal 9, inicien los respectivos procedimientos administrativos
conforme a la ley, respetando el derecho a la defensa y el debido proceso de la
persona involucrada, con el fin de erradicar los criaderos de animales ubicados en la
zona urbana del municipio y que no se encuentren en el censo o que pese a que
fueron censados y fueron beneficiados con las garantías aquí ordenadas, reincidieron
en el criadero.
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13. Se designa a la señora procuradora 28 Judicial II en Asuntos Ambientales y
Agrarios de Pereira, al director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -
Carder, al señor alcalde del municipio de Santa Rosa de Cabal, al gobernador del
departamento de Risaralda, al gerente del Instituto Colombiano Agropecuario- ICA, al
director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- Invima, al
gerente de la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal - Empocabal
ESP EICE, el ministro de Defensa - Policía Nacional y al magistrado ponente, para
que conformen el comité de verificación del cumplimiento de la presente sentencia,
para lo cual por Secretaría se les enviará la respectiva comunicación, quienes
rendirán en el término de 18 meses, contados desde la ejecutoria de la sentencia, un
informe único detallado e ilustrado sobre las soluciones adoptadas en pro del
cumplimiento efectivo de esta providencia.
14. El incumplimiento de lo ordenado en el presente fallo será sancionado como
desacato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998.
15. No se condena en costas por las razones expuestas en la parte motiva […]”.
Consideraciones del Tribunal
15. El Tribunal se refirió a las pruebas que obran en el expediente y solucionó los
problemas jurídicos en los siguientes términos:
Vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública y
al goce de un medio ambiente sano
15.1. Consideró que se encuentra probada la existencia de los criaderos de
animales de forma ilegal o clandestina en la zona urbana del Municipio de Santa
Rosa de Cabal con las visitas realizadas a 17 viviendas, en donde se encontraron
variedad de animales, en su mayoría cerdos, que son utilizados con fines
comerciales, sin cumplir con los requisitos mínimos de sanidad, salubridad y
bienestar animal y sin contar con los permisos de funcionamiento.
15.2. Indicó que es necesario destacar que la economía del Municipio de Santa
Rosa de Cabal se fundamenta en el café y en la actividad turística por el chorizo
como atractivo gastronómico; en ese sentido, el ente territorial tiene una importante
producción pecuaria a nivel departamental, según un estudio socio — económico
de 2017 realizado por la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal.
15.3. Consideró que las plantas de criaderos en la zona urbana están prohibidas y
podrán funcionar excepcionalmente aquellas que no produzcan problemas
sanitarios y ambientales y que soliciten licencias sanitarias de funcionamiento, de
conformidad con el Decreto 780 de 2016.
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15.4. Consideró que, en el caso sub examine, no se demostró que los bienes
inmuebles ubicados en la zona urbana del Municipio de Santa Rosa de Cabal y
destinados a la crianza, así como al sacrificio de animales cuentan con la licencia
sanitaria expedida por la autoridad competente, lo cual implica que esta actividad
es clandestina o ilegal y que se utilizan procedimientos inadecuados que ponen en
peligro la salubridad de la comunidad y la sanidad ambiental.
15.5. Señaló que los criaderos de animales que operan en la zona urbana del
municipio son viviendas que de manera artesanal tienen los animales en los patios;
y destacó que en uno de estos lugares se entierran los elementos médicos utilizados
como jeringas o medicamentos y en otro no se lleva a cabo un mantenimiento o
lavado de la zona donde ubican a los animales. Además, en la mayoría de los casos
se vierten residuos líquidos y sólidos al sistema de alcantarillado y a los ríos, lo que
afecta el medio ambiente.
15.6. Precisó que la mayoría de los criaderos recolectan inadecuadamente las
aguas lluvias, las cuales son utilizadas para el mantenimiento de las cocheras y
como bebedero para los animales, sin un tratamiento adecuado, lo cual, facilita la
aparición de vectores y la afectación directa de la salud de toda la comunidad, así
como amenaza el derecho a la vida.
15.7. Resaltó que se encontró acreditado que en varios criaderos urbanos se
sacrifican los animales para la comercialización de la carne y la fabricación de los
chorizos sin ninguna autorización sanitaria o condiciones mínimas que garanticen
la inocuidad; y consideró que estos lugares tampoco cuentan con el personal
especializado que pueda realizar un estudio de los animales antes y después de su
muerte.
15.8. Indicó que también se evidenció la existencia de malos olores. Aseveró que,
si bien, no existe una prueba científica sobre los daños ambientales o de la salud,
está probada la vulneración de los derechos e intereses colectivos.
15.9. A su juicio, “[…] cuando una persona le toca soportar la contaminación del
ambiente del lugar donde trabaja o reside, como consecuencia del mal uso que de
él hacen otros particulares, no sólo se vulnera su derecho al ambiente sano, a la
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vida y a la salud, sino su propia intimidad. Así se ha establecido en la sentencia T-
219 del 4 de mayo de 1994 […]”.
15.10. En síntesis, consideró que se probó la amenaza de los derechos colectivos
al goce al medio ambiente sano y a la seguridad y salubridad pública por la
existencia de criaderos de animales de forma ilegal o clandestina en la zona urbana
del Municipio de Santa Rosa de Cabal.
Responsabilidad de la parte demandada
15.11. Sostuvo que la parte demandada tiene conocimiento de la problemática
expuesta supra; y por ello ha llevado a cabo mesas de trabajo y ha propuesto
estrategias para la erradicación de los criaderos de animales ilegales, las cuales
consisten en visitas y planes de cierres; sin embargo, no demostró la efectividad de
estas actividades.
15.12. Señaló que: i) la sanidad animal en la producción primaria está a cargo del
Instituto Colombiano Agropecuario; ii) las plantas de beneficio, desposte, desprese
y derivados cárnicos está a cargo del Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos
y Medicamentos; iii) los establecimientos que ejecutan actividades de transporte,
almacenamiento y expendio de carne y productos cárnicos comestibles y derivados
cárnicos destinados para el consumo humano están a cargo de las entidades
territoriales de salud; y iv) la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales
está a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda.
15.13. Indicó que la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal E.S.P.
E.I.C.E. tiene la responsabilidad de exigir a sus suscriptores el cumplimiento de la
norma de vertimiento al alcantarillado público y cuando se determine que estos han
incumplido su obligación, la entidad deberá informarlo a la autoridad ambiental
competente.
15.14. Manifestó que el Director de la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa
de Cabal E.S.P. E.I.C.E., el 11 de octubre de 2018, le informó al Subdirector de
Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda que se
ofreció una “charla” educativa ambiental a algunos establecimientos destinados a
la cría y sacrificio de animales, con el objeto de cuidar el sistema de alcantarillado
y conservar los recursos naturales.
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15.15. Afirmó que la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal E.S.P.
E.I.C.E. “[…] demostró un cumplimiento parcial de sus funciones, pues solo se
realizaron las labores frente a un listado otorgado como consecuencia de unas
quejas; empero, su función debe ser continua y de manera armónica, coordinada y
concurrente con las demás entidades, pues lo cierto es que la problemática subsiste
y hasta que no se erradiquen los criaderos de animales ilegales en la zona urbana,
el problema de vertimientos al alcantarillado está vigente […]”.
15.16. Sostuvo que la Policía Nacional tiene a cargo la función de vigilar y atender
las quejas de la ciudadanía, en caso de que las conductas se encuentren
relacionadas con la Ley 1801 de 29 de julio de 201616 y tiene la facultad de imponer
las respectivas medidas preventivas y correctivas, así como dar traslado de está a
la autoridad competente, lo cual no fue acreditado en el caso sub examine.
15.17. Señaló que “[…] si bien se encuentra verificado que el ICA, la Secretaría de
Salud del Departamento de Risaralda, el Invima, la Carder, la alcaldía municipal de
Santa Rosa de Cabal, la Policía Nacional y Empocabal han realizado mesas de
trabajo, han analizado la situación de los criaderos, han visitado unos predios en
los cuales se realiza la actividad comercial de criaderos de animales, han constado
la existencia de los mismos, han hecho inspección y han ordenado a los dueños de
los predios que trasladen su actividad de cría y sacrificio de animales a la zona rural,
lo cierto es que las medidas tomadas han sido insuficientes, pues la problemática
persiste a la fecha de este análisis […]”.
15.18. Aclaró que no estudió la responsabilidad del grupo de personas que ejercen
la actividad de criaderos de animales en la zona urbana del Municipio de Santa
Rosa de Cabal y que ninguna de las órdenes está dirigida a sancionarlos.
15.19. Consideró que “[…] conforme a la naturaleza del presente medio de control
y las repercusiones que pueda generar la decisión judicial que se profiera en su
trámite, ésta contempla como solemnidad propia que de su existencia se debe dar
aviso a la comunidad en general a través de un medio masivo de comunicación o
de cualquier mecanismo eficaz (artículo 21 de la Ley 472 de 1998), presupuesto
que fue cumplido como se puede observar entre los folios 22, 90 y 91 del cuaderno
1, siendo ello así, cualquier persona que considerara que podía verse afectada con
16 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”
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las resueltas de esta acción, pudieron ejercer su solicitud de intervención en los
términos del artículo 24 ibidem […]”.
Precisión sobre las órdenes de protección de los derechos e intereses
colectivos
15.20. Destacó que “[…] la Sala no puede pasar por alto que la única solución para
que cese la vulneración a los derechos colectivos es la eliminación de los criaderos
de animales en la zona urbana del municipio de Santa Rosa de Cabal; no obstante,
las actividades que se desarrollan en las plantas de cría y sacrificio de animales
componen el único sustento económico para las personas que allí laboran, donde
se encuentran familias con niños y adultos mayores que dependen de ello; además,
siendo dicha actividad una tradición cultural del municipio y debido a que se les ha
permitido ejercerla por largo tiempo, bajo los parámetros de la confianza legítima,
no puede de un momento a otro eliminar lo que ha constituido su actividad
económica, desconociendo los impactos que una medida en ese sentido podría
generar […]”.
15.21. Consideró que las órdenes de la sentencia deben tener en cuenta a la
colectividad por la transgresión de los derechos al goce del ambiente sano y a la
seguridad y salubridad pública, así como a las personas que dependen
económicamente de la actividad que genera la contaminación, “[…] pues los
afectados no pueden trasladarse de lugar, ya que genera un sobre costo elevado y
se hace necesario impartir órdenes de liquidación o traslado de la actividad
económica a una zona permitida, con las debidas autorizaciones sanitarias […]”.
15.22. Además, consideró que los plazos de cumplimiento de las órdenes deben
ampliarse teniendo en cuenta los efectos que ha generado el Covid 19 en la salud
y la economía.
Recursos de apelación
16. El Municipio de Santa Rosa de Cabal17 interpuso, dentro del término legal,
recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, y lo
sustentó con base en los siguientes argumentos:
17 Cfr. Folios 307 a 308
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Primer argumento: Personas que llevan a cabo la cría de animales en el sector
urbano del Municipio de Santa Rosa de Cabal
16.1. Afirmó que el Tribunal debió vincular no sólo las entidades encargadas del
control y vigilancia de los criaderos de animales, sino a las personas naturales que
ejercen dicha actividad de manera clandestina; sin embargo, estas últimas no fueron
vinculadas, lo cual desconoce los artículos 14 de la Ley 472 y 29 de la Constitución
Política y configura una nulidad.
16.2. A su juicio, “[…] si la orden del juez popular, indicativa de la conducta a
cumplir para proteger los intereses colectivos amenazados o vulnerados, debe
dirigirse contra los responsables de dicha afectación, entonces resulta claro que a
esta acción popular debieron vincularse los 70 propietarios de los criaderos
clandestinos de cerdos, a quienes se atribuye de manera directa la afectación de
los derechos colectivos invocados, pues son ellos quienes no sólo vierten las aguas
residuales directamente al sistema de alcantarillado sin control alguno, sino quienes
desconocen las normas sanitarias por la tenencia de animales en condiciones
insalubres, por los malos olores que generan y contravienen las normas de
convivencia ciudadana […]”.
16.3. Solicitó que se declare la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de
la demanda, inclusive, y se ordene la vinculación de todas las personas naturales
responsables directas de la vulneración de los derechos colectivos al ambiente sano
y a la seguridad y salubridad pública por tener en sus casas criaderos de cerdos o
de animales.
Segundo argumento: Falta de prueba respecto del sustento económico de
las familias
16.4. Afirmó que si no fueron vinculados los ciudadanos que tienen los criaderos
de cerdos en los patios de sus casas, no es posible concluir que esta es una
actividad económica de la que derivan exclusivamente su sustento y que de ella
dependen para sobrevivir.
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16.5. En su criterio, si este hecho no fue probado, la única orden legítima consiste
en adelantar las gestiones administrativas correspondientes, dirigidas a erradicar
los criaderos del área urbana.
Tercer argumento: Facultades del juez popular para ordenar la protección de
los derechos e intereses colectivos
16.6. Sostuvo que el juez popular tiene la facultad de ordenar la protección de
derechos e intereses colectivos de forma razonada y proporcionada, sin que
contenga obligaciones que desborden sus atribuciones.
16.7. Indicó que “[…] ordenarle al municipio que le diga a los propietarios de
criaderos de cerdos que los va a vincular a programas gubernamentales "que les
permita acceder a apoyos para la formación de microempresa" y que se les informe
que pueden continuar la explotación económica en un predio rural, desborda la
facultad del juez popular, pues ello les permite entender que la cesación irregular
de su labor queda condicionada a que el 'gobierno municipal les entregue una finca
y/o auxilios económicos para continuar su actividad […]”.
16.8. Afirmó que, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472, la orden judicial
tiene como objeto volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o
interés colectivo, cuando fuere físicamente posible; en consecuencia, la orden de
“involucrar” a los responsables de la vulneración de derechos colectivos en
programas que implican erogaciones económicas para el ente territorial es ajena al
propósito de la norma.
16.9. Solicitó que se modifiquen los numerales 5.° y 7.° de la parte resolutiva de la
sentencia y se excluya la orden de “involucrar” a los propietarios de criaderos de
cerdos en programas institucionales para ceración de microempresas y la
adquisición de un predio rural.
17. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional18
interpuso, dentro del término legal, recurso de apelación contra la sentencia
proferida, en primera instancia, y lo sustentó con base en los siguientes argumentos:
18 Cfr. Folios 302 a 305
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Cuarto argumento: Competencia de la Policía Nacional y cumplimiento de
funciones
17.1. Manifestó que la Policía Nacional ha cumplido con las tareas
correspondientes de acuerdo con su competencia y ha acompañado a las
autoridades en el desarrollo de sus funciones de control ambiental.
17.2. Sostuvo que la Policía Nacional no tiene competencia para sancionar o llevar
a cabo acciones directas respecto de la existencia de criaderos de animales en el
área urbana del municipio de Santa Rosa de Cabal.
17.3. Precisó que la Policía Ambiental y Ecología tiene a cargo las funciones de
coordinar, dirigir, orientar, apoyar, supervisar y evaluar a nivel nacional el
cumplimiento del proceso de protección del ambiente y de los recursos naturales;
pero sus atribuciones están limitadas a prestar colaboración a las autoridades
ambientales y administrativas en el caso que nos ocupa.
17.4. Afirmó que, de conformidad con el artículo 71 del Decreto 948 de 5 de junio
de 199519, en todos los casos en que la autoridad ambiental competente adopte
medidas de restricción, vigilancia o control de episodios de contaminación, podrá
solicitar el apoyo de la fuerza pública y de las demás autoridades civiles y de policía
del lugar afectado, las cuales tendrán la obligación de prestárselo para garantizar la
ejecución cabal de las medidas adoptadas.
17.5. Reiteró que la Policía Nacional, en el marco de su función de preservar la
convivencia ciudadana y los derechos de los ciudadanos, además de su deber de
colaborar con las autoridades que así lo requieran, ha realizado las siguientes
acciones:
17.5.1. Mediante el oficio núm. S-2019-035647-DERIS de 6 de junio 2019, el Jefe
del Grupo Protección Ambiental y Ecológica del Departamento de Policía Risaralda
anexó los soportes de las actividades llevadas a cabo por el grupo en relación con
la problemática objeto del presente proceso.
19 “Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto -
Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación
con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire”
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17.5.2. Mediante los oficios números S-2017-007805 de 15 de febrero de 2017, S-
2017-024994 de 22 de mayo de 2017 y S-2017-035832 de 14 de julio 2017, la
Policía Nacional atendió el llamado de las autoridades con el fin de verificar el
cumplimiento a los requisitos de funcionamiento de los establecimientos destinados
al sacrificio de animales.
17.6. Señaló que la amenaza de los derechos colectivos al ambiente sano por los
olores ofensivos, la presencia de vectores, la inadecuada disposición de residuos
sólidos y los vertimientos no autorizados al sistema de alcantarillado en el Municipio
de Santa Rosa de Cabal es responsabilidad de las autoridades político -
administrativas del ente territorial y de las autoridades ambientales.
17.7. A su juicio, las entidades ambientales están llamadas a controlar y sancionar
a aquellos que realizan vertimientos no autorizados o actividades que atenten contra
el medio ambiente, en el marco de la Ley 1333 de 21 de julio de 200920.
17.8. Sostuvo que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda es responsable
de ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
de acuerdo con las normas de carácter superior y con los criterios y directrices del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; así como de llevar a cabo la
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos al
aire o a los suelos, y los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
17.9. Manifestó que las empresas prestadoras del servicio de alcantarillado
también tienen competencia en materia de vertimientos en suelo urbano, de acuerdo
con el Decreto 1076 de 26 de mayo de 201521.
17.10. Aseguró que, conforme a la Ley 99 de 22 de diciembre de 199322, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene la función de determinar las
20 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.
21 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”
22 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”
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normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general sobre medio
ambiente; dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir la
contaminación; y definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos
necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental. En
el mismo sentido, los artículos 2.2.5.1.2.4., 2.2.5.1.2.8. y 2.2.5.1.2.10. y literales b),
j) y k) del artículo 2.2.5.1.6.1 del Decreto número 1076 de 2015 prevén la
competencia de esa entidad para establecer la norma de calidad del aire o emisión,
así como las normas de prevención y control de la contaminación atmosférica.
17.11. Asimismo, citó el artículo 110 de la Ley 1801, sobre los comportamientos que
atentan contra la salud pública en materia de consumo, y concluyó que el control e
imposición de medidas policivas frente a estos casos corresponden a las
autoridades político-administrativas del municipio.
Actuaciones en segunda instancia
18. El Despacho sustanciador, en auto de 17 de junio de 202123, admitió los
recursos de apelación interpuestos por el Municipio de Santa Rosa de Cabal y la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional contra la sentencia de
29 de mayo de 2020.
19. El Despacho sustanciador, mediante auto de 30 de julio de 202124, ordenó
correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos y al Ministerio
Público, para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto.
Alegatos de conclusión
20. La parte actora25 reiteró los hechos de la demanda, los argumentos de la
sentencia y se refirió a los recursos de apelación:
20.1. Sostuvo que no es procedente acceder a lo que solicitó el Municipio de Santa
Rosa de Cabal en el recurso de apelación, máxime cuando no cuestionó: i) la
existencia de los criaderos de animales en la zona la urbana, los vertimientos no
tratados en el alcantarillado, la contaminación de las fuentes hídricas, los malos
23 Índice 15 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI
24 Índice 17 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI
25 Índice 35 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI
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olores y el inadecuado manejo de residuos sólidos; y ii) la ineficacia de las acciones
llevadas a cabo por las entidades demandadas para atender esta problemática.
20.2. Manifestó que no está de acuerdo con los alegatos de conclusión que
presentaron el Departamento de Risaralda y el Instituto Colombiano Agropecuario
porque no demostraron el cumplimiento eficaz de las funciones que tienen a cargo.
21. El Departamento de Risaralda26 se refirió al principio de autonomía
territorial como el grado de independencia de las entidades territoriales, ejercida por
medio del autogobierno y de la administración de los asuntos que más conciernen
a las mismas. En ese sentido, acudió a este principio para fundamentar las razones
por las cuales no tiene responsabilidad y explicar que ha cumplido sus obligaciones
legales y ha actuado dentro de sus atribuciones constitucionales.
21.1. Indicó que comparte las ordenes contenidas en los numerales 5.° y 8.° de la
sentencia, pero solicitó la ampliación de los plazos para su cumplimiento. Asimismo,
respecto de la orden contenida en el numeral 7.° de la sentencia, la cual prevé como
una opción continuar con la actividad económica en un predio rural, adujo que no
es claro si la obligación es de índole económica (adquirir un predio) o de asesoría
técnica (brindar todo el apoyo para formación de microempresa); y precisó que, en
todo caso, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, a través de los municipios,
realiza constantes capacitaciones abiertas a la ciudadanía en general en distintas
artes u oficios.
21.2. En relación con los numerales 8.° y 9.° de la sentencia, señaló que el
Municipio Santa Rosa de Cabal, en el marco de la autonomía territorial, tiene la
facultad organizar y realizar el censo con el fin de obtener la base de datos con el
número exacto de los predios en los cuales se realiza la actividad de cría de
animales en la zona urbana del Municipio de Santa Rosa de Cabal, así como
gestionar convenios con otras empresas para recibir los animales que sean
incautados cuando se incumplan con las normas objeto del presente asunto, sin
necesidad de la concurrencia del Departamento de Risaralda.
21.3. Sostuvo que tampoco es necesaria su intervención en la realización de visitas
para verificar el cumplimiento del plan de cierre previsto en el numeral 11 de la
26 Índice 32 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI
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sentencia proferida, en primera instancia, y el cumplimiento del numeral 12 de esa
providencia.
21.4. Solicitó que se revoque la sentencia respecto de la responsabilidad del
Departamento de Risaralda en la vulneración de los derechos colectivos y se
modifique “[…] el fallo de primera instancia numerales 7- 9- 11- 12 adecuando las
obligaciones las cuales deben recaer únicamente en el Municipio de Santa Rosa de
Cabal en virtud del principio de autonomía territorial […]”.
22. El Instituto Colombiano Agropecuario27 sostuvo que no fueron
encontrados en los archivos de la entidad predios urbanos ubicados en el Municipio
de Santa Rosa de Cabal registrados en esa entidad que tengan criaderos de cerdos
o que estén dedicados a las actividades porcícolas.
22.1. Reiteró los argumentos de la contestación de la demanda y se refirió a la
regulación de la contaminación atmosférica; sobre el particular, indicó que en el
caso sub examine los olores que genera la explotación porcícola en predios urbanos
es la fuente de deterioro del medio ambiente y que la Nación – Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda,
el Departamento y el Municipio deben adoptar las medidas necesarias para atender
esta problemática.
22.2. Manifestó que está llevando a cabo las gestiones necesarias para velar por
la sanidad pecuaria de la zona realizando visitas en los diferentes inmuebles
urbanos que cuentan con tenencia de cerdos en traspatios e insistió en que no es
competente para atender las pretensiones de la demanda, en ese sentido, solicitó
se revoque la sentencia proferida, en primera instancia, en cuanto declaró
responsable al Instituto Colombiano Agropecuario.
27 Índices 34 y 41 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. La entidad, en los alegatos de conclusión, en segunda
instancia, y en la ampliación de estos aportó el “INFORME ACTIVIDAD INSPECCION TRASPATIOS
PORCINOS URBANOS MUNICIPIO SANTA ROSA DE CABAL SEGUN REQUERIMIENTO SENTENCIA
ACCION POPULAR PROCURADURIA AMBIENTAL DE RISARALDA”, formatos de visitas, registros
fotográficos, el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos, expedido por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otros. Sin embargo, estos documentos no serán tenidos en cuenta
por la Sala toda vez que no fueron aportados ni solicitados como pruebas en la oportunidad legal prevista para
el efecto.
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23. La Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal E.S.P. E.I.C.E.28
se refirió a la regulación de los olores y concluyó que queda plenamente demostrado
que la Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las corporaciones
autónomas regionales, los departamentos y los municipios son los competentes
para atender el presunto daño ambiental por los olores generados por los criaderos
de animales ubicados en el área urbana del Municipio de Santa Rosa de Cabal.
23.1. Reiteró los argumentos de la contestación de la demanda, sostuvo que no ha
vulnerado ningún derecho o interés colectivo y solicitó que se revoque la sentencia
proferida, en primera instancia.
24. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos29 reiteró
los argumentos de la contestación de la demanda y manifestó que no hay razones
para que se declare responsable a la entidad.
25. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda30 sostuvo que la
sentencia proferida, en primera instancia, está conforme a derecho y solicitó que no
se modifiquen las obligaciones impuestas a esa entidad.
Concepto del Ministerio Público
26. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
27. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y jurisprudencial en materia de Derecho
Ambiental; v) el marco normativo y jurisprudencial del derecho a la seguridad y
salubridad pública; vi) el marco normativo y jurisprudencial del derecho al goce de
un ambiente sano; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencia sobre la
prohibición de cría y sacrificio animal en el perímetro urbano; viii) el marco normativo
y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez popular; ix) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el Sistema Oficial de Inspección,
28 Índice 37 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI
29 Índice 39 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI
30 Índice 40 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI
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Vigilancia y Control de carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos
destinados para el consumo humano; x) el marco normativo sobre las funciones y
competencias de la Policía Nacional; y x) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
28. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de
las acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 201931, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del
Consejo de Estado; y iii) el 15032 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo
de Estado, en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer, en
segunda instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las
sentencias proferidas, en primera instancia, por los tribunales administrativos en el
trámite de las acciones populares.
29. Vistos los artículos 32033 y 32834 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201235,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se
contraen los recursos interpuestos por el Municipio de Santa Rosa de Cabal y la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
29.1. Al respecto, es preciso indicar que el Departamento de Risaralda, el
Instituto Colombiano Agropecuario y la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa
de Cabal E.S.P. E.I.C.E., en la oportunidad para alegar de conclusión, en segunda
instancia, manifestaron sus motivos de inconformidad contra la sentencia proferida
el 29 de mayo de 2020 y solicitaron que esta se revoque en relación con la
responsabilidad y las órdenes dirigidas a estas entidades, aunque no interpusieron
recurso de apelación contra esa providencia judicial.
31 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado
32 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por medio de la cual se
reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se
dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
33 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
34 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
35 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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29.2. Asimismo, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
indicó, en los alegatos de conclusión, en segunda instancia, que no hay lugar a
declarar la responsabilidad de la entidad porque no ha vulnerado ningún derecho e
interés colectivo.
29.3. En ese sentido, esta Sección, en reiterada jurisprudencia36, ha
considerado que la oportunidad para alegar de conclusión, en segunda instancia,
es una etapa procesal instituida para que las partes puedan exponer los puntos de
hecho, de derecho y probatorios que fueron objeto de controversia en el recurso de
apelación. Sin embargo, en esta etapa no es posible incluir argumentos nuevos en
contra de la sentencia, toda vez que ello le impide a las partes ejercer su derecho a
la contradicción y desconoce los principios de buena fe, lealtad procesal y debido
proceso, en la medida en que la ley establece claramente la forma y los términos
para impugnar las decisiones judiciales.
29.4. En consecuencia, la Sala no tendrá en cuenta los motivos de
inconformidad contra la sentencia expuestos en los alegatos de conclusión, en
segunda instancia, por el Departamento de Risaralda, el Instituto Colombiano
Agropecuario, la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal E.S.P.
E.I.C.E. y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos toda vez
que estos no fueron objeto de los recursos de apelación.
30. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este
asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la
Sala procede a proferir la sentencia correspondiente.
Problemas jurídicos
31. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de apelación:
31.1. Si para la protección de los derechos e intereses colectivos era necesario
incluir en el trámite procesal a las personas que llevan a cabo la cría de animales
en el sector urbano del Municipio de Santa Rosa de Cabal;
36 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr.
Hernando Sánchez Sánchez; sentencia de 11 de abril de 2019; proceso identificado con el núm. único de
radicación170012333000201700541-02. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera; C.P.(E) Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 9 de febrero de 2017, proceso identificado
con el número único de radicación 66001-23-33-000-2016-00080-01.
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31.2. Si está probado el hecho según el cual, las personas que llevan a cabo la
cría de animales en la zona urbana del Municipio de Santa Rosa de Cabal derivan
su sustento económico de esta actividad;
31.3. Si la Policía Nacional ha cumplido sus funciones y ello es suficiente para
no proferir órdenes en su contra;
31.4. Si el juez popular estaba facultado para impartir las órdenes de protección
de los derechos e intereses colectivos;
31.5. Si es posible ampliar los plazos para el cumplimiento de la sentencia.
32. Y, en ese sentido, establecer si se confirma, modifica o revoca la sentencia
de 29 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
33. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las
acciones populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la
salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia
económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
34. Visto el artículo 2.° de la Ley 472, que define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos
[…]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
35. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
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36. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.
37. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
providencia de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y
principal y, además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin
embargo “[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción
popular por diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los
términos en que ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero
extenderse en la materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso,
puesto que es la parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ” 37.
38. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada
Ley 472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a
obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos
como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial en materia de Derecho
Ambiental
39. La Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica
comoquiera que más de 30 disposiciones Constitucionales desarrollan la materia,
entre los cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 que prevén: i) la
obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la
Nación; ii) la función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un
ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica y fomentando
la educación para el logro de estos fines; y iv) el deber del Estado de planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Así como de prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir
la reparación de los daños causados.
40. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas (i) como un derecho de las personas, (iii) un servicio público
y, (iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así como a los
particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.
41. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes
en la Ley 23 de 19 de diciembre de 197338 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre
de 197439, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen respectivamente que i) el medio
ambiente es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación
exigible al Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y
Protección al Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación
y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional
de los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos
de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos
38 Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de
Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
39 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
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y regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la
actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.
42. La Ley 99 prevé como principios que la política ambiental debe seguir
haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad, el derecho de los
seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho a la seguridad
y la salubridad pública
43. Visto el artículo 49 de la Constitución Política, se garantiza a todas las
personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la
salud y corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de
servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las
políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer
su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las
entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los
términos y condiciones señalados en la ley.
44. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por
niveles de atención y con participación de la comunidad.
45. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y
de su comunidad.
46. Visto el artículo 78 ibidem, los productores de bienes y servicios que
atenten contra la salud y la seguridad de los consumidores son responsables por
los daños que causen.
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47. Visto el numeral 2.° del artículo 95 ibidem, son deberes de las personas
obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las
personas.
48. Visto el artículo 366 ibidem, el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes es uno de los fines del Estado y la solución de las necesidades
insatisfechas en materia de salud es un objetivo prioritario de las autoridades
estatales.
49. Vista la Ley 9.º de 24 de enero de 197940, el legislador adoptó medidas
sanitarias sobre: i) el control de los usos de aguas; ii) el manejo de residuos líquidos,
sólidos, excretas, emisiones atmosféricas; iii) suministro de agua; iv) salud
ocupacional; v) saneamiento de edificaciones; vi) alimentos; v) drogas,
medicamentos, cosméticos y similares; vi) vigilancia y control epidemiológico; vii)
desastres; viii) defunciones, traslado de cadáveres, inhumanación y exhumanación,
trasplante y control de especímenes; ix) artículos de uso doméstico; x) vigilancia y
control; y xi) derechos y deberes relativos a la salud.
50. Visto el artículo 32 de la Ley 1222 de 9 de enero de 200741, salud pública
consiste en “[…] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera
integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas
tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en
indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas
acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la
participación responsable de todos los sectores de la comunidad […]”.
51. Visto el numeral 4.º del artículo 6.º de la Ley 1801 de 29 de julio de 201642,
la salud pública es una categoría jurídica de convivencia que implica la
responsabilidad que le asiste al Estado, así como a la ciudadanía frente a la
protección de la salud como un derecho de diferentes connotaciones 43.
40 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”.
41 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan
otras disposiciones”.
42 Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.
43 Individual, colectivo y comunitario, cuyo desarrollo se basa en las condiciones de bienestar y calidad de vida
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52. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia C-225 de 201744, analizó
la constitucionalidad de la Ley 1801, norma que, como se estudió previamente,
contiene el concepto de salud pública, la cual exige un conjunto de condiciones
sanitarias necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser
humano, de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema.
53. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la sentencia
proferida el 6 de julio de 2018, indicó que “[…] i) no existe distinción entre los
conceptos de “salud pública” y “salubridad pública” de hecho se han entendido como
sinónimos; ii) este derecho colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la
conservación del orden público y la garantía del bienestar de la comunidad; iii) esto
mediante la adopción de medidas tendientes a evitar su alteración […]”45.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho al goce de un
ambiente sano
54. Visto el artículo 79 de la Constitución Política, todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano.
55. La Corte Constitucional46 ha resaltado la importancia del medio ambiente
sano como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente
no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés
universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos
de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están
por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve,
el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como
sujeto universal del derecho […]”.
44 H. Corte Constitucional, Sentencia C-225/17. Referencia: Expediente D-11648. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de
Policía y Convivencia”. Actores: Francisco de Paula Santander Ruiz y Yamile Vega Parra. Magistrado Ponente:
Alejandro Linares Cantillo, 20 de abril de 2017.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez
Sánchez; sentencia de 6 de julio de 2018; núm. único de radicación: 680012333000201500848-01(AP)
46 H. Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la prohibición de cría y
sacrificio animal en el perímetro urbano
56. Vistos: i) el artículo 2.8.5.2.37 del Decreto 780 de 6 de mayo de 2016, por
medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social, sobre prohibición de instalar criaderos de animales en el
perímetro urbano y ii) el artículo 307 de la Ley 9 de 24 de enero de 1979, por el cual
se dictan medidas sanitarias, que indica que el sacrificio de animales solo podrá
realizarse en mataderos autorizados por la autoridad competente y debe cumplir
con los requisitos previstos en la Ley y sus reglamentaciones.
57. Esta Sección, en reiterada jurisprudencia47, ha considerado que las
actividades de cría y sacrificio de animales se deben realizar en los perímetros
autorizados por la ley y deben garantizar la salubridad pública y la integridad del
medio ambiente, dada la importancia de sus condiciones sanitarias, ambientales y
de localización.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular
58. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia del medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos, el cual establece “[…] La
sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción popular podrá
contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando
se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública
no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de conductas necesarias
para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés
colectivo, cuando fuere físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer
definirá de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o
el interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en
47 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, sentencia de 13 de junio de 2019, proceso identificado con el número único de
radicación 11001-33-42-049-2017-00139-02(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, sentencia de 6 de julio de 2006, proceso identificado
con el número único de radicación 68001-23-15-000-2002-00489-01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. (E) María Claudia Rojas Lasso, sentencia de 13 de mayo de
2010, proceso identificado con el número único de radicación 68001-23-15-000-2002-00574-01(AP); Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Claudia Rojas Lasso, sentencia
de 18 de febrero de 2010, proceso identificado con el número único de radicación 73001-23-31-000-2004-
01654-01(AP).
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las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del
demandante. […]”.
59. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia48,
ha considerado sobre los poderes del juez popular, “[…] resulta de gran importancia
precisar que de acuerdo con la Ley reguladora de la acción popular, la misma se
ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior si ello fuere posible- (Artículo 2 Ley 472 de 1998 / Artículo 144
Ley 1437 de 2011)-, cuando quiera que por la acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares, sean violados o amenazados – (Artículo 9 Ley 472 de
1998) -. Casos en los que corresponde al juez adoptar las órdenes de hacer o de
no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar al pago de
perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de las
conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del
derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible -(Artículo 34 Ley
472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos vulnerados,
como lo exige el artículo 88 constitucional. […]. Ciertamente, en la sentencia que
ampara los derechos colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que,
conforme a la situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para
obtener la protección de dichos derechos. […]. Lo anterior guarda coherencia con
el artículo 2º de la Constitución Política al establecer que “las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares […]”. (Destacado incluido en el texto).
48 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno, Sentencia de 18 de marzo de 2014, proceso identificado con el número único de
radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Sentencia de 21 de agosto de 2020, proceso
identificado con el número único de radicación 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP). Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Sentencia de 15 de mayo de
2014, proceso identificado con el número único de radicación 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el Sistema Oficial de
Inspección, Vigilancia y Control de carne, productos cárnicos comestibles y
derivados cárnicos destinados para el consumo humano
60. Visto el artículo 78 de la Constitución Política, la ley regulará el control de
la calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, siendo
responsables quienes en la producción y en la comercialización de bienes y
servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a
consumidores y usuarios.
61. Visto el artículo 34 de la Ley 1122 de 9 de enero de 2007 49, sobre
supervisión en algunas áreas de salud pública, corresponde al Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, como autoridad sanitaria
nacional, la competencia exclusiva de la inspección, vigilancia y control de las
plantas de beneficio de animales y sus derivados cárnicos.
62. Visto el Decreto 1500 de 4 de mayo de 200750, por el cual se establece el
reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección,
Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados
Cárnicos, destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de
inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte,
desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio,
importación o exportación.
62.1. Visto el artículo 2.° del Decreto 1500 de 2007, sobre campo de aplicación, que
indica que las disposiciones contenidas en el reglamento técnico se aplicarán a
49 Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan
otras disposiciones.
50 Modificado por el Decreto 559 de 26 de febrero de 2008, “[…] Por el cual se modifican los artículos 20 y 21
del Decreto 1500 de 2007 […]”; el Decreto 2965 de 12 de agosto de 2008, “[…] Por el cual se modifican los
artículos 20, 21 y 60 del Decreto 1500 de 2007 y se dictan otras disposiciones […]”; el Decreto núm. 2380 de
25 de junio de 2009, “[…] Por el cual se modifica el Decreto 1500 de 2007 y 2965 de 2008 y se dictan otras
disposiciones […]”; el Decreto 4131 de 26 de octubre de 2009, “[…] Por el cual se modifica el Decreto 1500 de
2007, modificado por los Decretos 2965 de 2008 y 2380 de 2009 […]”; el Decreto 4974 de 23 de diciembre de
2009, “[…] Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1500 de 2007 modificado por los Decretos 2965 de
2008, 2380 y 4131 de 2009 […]”; el Decreto 3961 de 25 de octubre de 2011 “[…] Por el cual se establecen
medidas transitorias en relación con las plantas de beneficio y desposte de bovinos, bufalinos y porcinos […]”;
el Decreto 917 de 3 de mayo de 2012 “[…] Por el cual se modifica el Decreto 1500 de 2007, modificado por los
Decretos 2965 de 2008, 2380, 4131, 4974 de 2009 y 3961 de 2011 y se dictan otras disposiciones […]”; el
Decreto 2270 de 2 de noviembre de 2012 “[…] Por el cual se modifica el Decreto 1500 de 2007, modificado por
los Decretos 2965 de 2008, 2380, 4131, 4974 de 2009, 3961 de 2011, 917 de 2012 y se dictan otras
disposiciones. […]”; y el Decreto núm. 1975 de 29 de octubre de 2019, “[…] Por el cual se adoptan medidas en
salud pública en relación con las plantas de beneficio animal, de desposte y de desprese y se dictan otras
disposiciones.[…]”.
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todas las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades en los
eslabones de Ia cadena alimentaria de la carne, productos cárnicos comestibles y
Ios derivados cárnicos destinados para el consumo humano; ámbito que cobija a
Ios predios de producción primaria, transporte de animales a las plantas de
beneficio, plantas de beneficio, plantas de desposte o desprese y plantas de
derivados cárnicos procesados, transporte, almacenamiento y expendio de carne,
productos cárnicos y comestibles y derivados cárnicos, destinados al consumo
humano y, en ese sentido, comprende a las especies de animales domésticos; como
búfalos domésticos, bovinos, porcinos, caprinos, ovinos, aves de corral, conejos,
equinos y otros, cuya carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos
sean destinadas al consumo humano.
62.2. Visto el artículo 5.° ibidem, sobre responsabilidades de los establecimientos y
del transporte de la carne, productos cárnicos y registro de establecimientos, que
dispone la responsabilidad de los establecimientos y del transporte de la carne,
productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, indicando que los encargados
de dicha actividad deberán cumplir con los requisitos sanitarios contenidos en el
referido decreto, sus actos reglamentarios y las disposiciones ambientales
aplicables.
62.3. Visto el artículo 6.° ibidem, sobre inscripción, autorización sanitaria y registro
de establecimientos, que indica que los interesados deberán inscribirse ante la
autoridad sanitaria competente y solicitar visita de inspección, para verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento técnico que se define
en el presente decreto y las reglamentaciones que para el efecto se expidan, con el
propósito de que la autoridad sanitaria autorice sanitariamente el funcionamiento
del establecimiento y lo registre.
62.4. Visto el artículo 1151 ibidem, sobre registro sanitario de predios, que señala
“[…] todo predio de producción primaria de animales destinados al sacrificio para
consumo humano, debe estar registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA), de acuerdo con la reglamentación vigente para tal efecto. Dicho Instituto
mantendrá una base de datos actualizada de los predios oficialmente registrados.
[…]”.
51 Modificado por el artículo 6 del Decreto 2270 de 2012.
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62.5. Visto el artículo 2052 ibidem, sobre inscripción, autorización sanitaria y registro
de plantas de beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos, que establece
“[…] Las plantas de beneficio de animales, desposte, desprese y plantas de
derivados cárnicos deberán inscribirse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, Invima. La inscripción no tendrá ningún costo. […]”.
63. Visto el Capítulo I del Título III ibidem, sobre disposiciones administrativas
del Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control, en especial, el artículo 56,
sobre el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control; y el artículo 58, sobre
las competencias en el sistema; el artículo 60, sobre las competencias de
inspección, vigilancia y control; y el artículo 65, sobre verificación sanitaria de los
expendios, los cuales señalan:
“[…] Capítulo I
Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control
Artículo 56. Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control. El Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, será responsable de la
operación del Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de Carne,
Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, quien en función de esta
responsabilidad se articulará con las otras autoridades sanitarias y ambientales
para coordinar los mecanismos de integración de los diferentes programas y
acciones del ámbito del sistema. […].
Artículo 58. Competencias. Las competencias de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes referidas a las acciones de inspección, vigilancia y control en el
sistema oficial establecido en el presente capítulo, serán:
1. Las actividades de inspección, vigilancia y control de sanidad animal en la
producción primaria, serán ejercidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural en cabeza del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.
2. Las actividades de inspección, vigilancia y control que se realizan en las
plantas de beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos serán ejercidas
por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.
3. Las actividades de inspección, vigilancia y control del transporte,
almacenamiento y expendio de carne y productos cárnicos comestibles y
derivados cárnicos destinados para el consumo humano, será competencia de
las entidades territoriales de salud.
4. Las funciones de inspección; vigilancia y control relacionadas con la gestión
del medio ambiente y de los recursos naturales corresponden a la autoridad
ambiental competente.
5. Las actividades de inspección, vigilancia y control de transporte de animales en pie,
serán competencia del Ministerio de Transporte.
52 Modificado por el artículo 1 del Decreto 2965 de 2008.
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Parágrafo. Para efectos de la vigilancia del cumplimiento de las normas y de la
imposición de medidas sanitarias y sanciones competencia del Instituto
Colombiano Agropecuario, ICA, Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, Invima, las entidades territoriales de salud y
Ministerio de Transporte serán consideradas como de policía, de conformidad
con lo establecido en el Decreto-ley 1355 de 1970 o la norma que la modifique,
adicione o sustituya, sin perjuicio de las actuaciones de las autoridades
ambientales a que haya lugar. […].
Capítulo II
Inspección, Vigilancia y Control
Artículo 60. Competencias. <Artículo modificado por el artículo 3 del Decreto 2965 de
2008. El nuevo texto es el siguiente:>. De acuerdo con el tipo de establecimiento,
la inspección, vigilancia y control se realizará de la siguiente forma:
1. En plantas de beneficio: El sistema de inspección será basado en el riesgo,
funcionará de manera permanente y estará bajo la responsabilidad del Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA-.
2. En plantas de desposte, desprese y de derivados cárnicos, el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA-, determinará la frecuencia de las
visitas de inspección, vigilancia y control con base en el riesgo asociado.
3. En los establecimientos dedicados al almacenamiento o expendio de carne,
productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, las entidades territoriales de
salud, determinarán la frecuencia de las visitas de inspección, vigilancia y control con
base en el riesgo asociado. […].
Artículo 65. Verificación Sanitaria En Expendios, Almacenamiento y Transporte.
<Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 1975 de 2019. El nuevo texto es el
siguiente:> El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(INVIMA) establecerá los lineamientos para la emisión del concepto sanitario
por parte de la entidad territorial para las actividades de expendio,
almacenamiento y transporte de carne y productos cárnicos comestibles.”
(Destacado fuera del texto).
64. Vista la Resolución núm. 003753 de 24 de septiembre de 201353 expedida
por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministro de Salud y Protección
Social, por medio de la cual se definieron lineamientos técnicos para la formulación
de planes de acción de inspección, vigilancia y control de la carne y los productos
cárnicos comestibles a lo largo de la cadena por parte de los comités
departamentales o regionales y establece la obligación de inscripción por parte de
los establecimientos dedicados al expendio y almacenamiento de carne y productos
cárnicos comestibles.
53 “Por la cual se definen los lineamientos técnicos para la formulación de planes de acción de inspección,
vigilancia y control de la carne y productos cárnicos comestibles a lo largo de la cadena y se dictan otras
disposiciones”.
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65. Visto el artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 54,
sobre requerimiento de permiso de vertimientos, que señala “[…] toda persona
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.[…]”.
66. Visto el Título XI de la Ley 1801, sobre Salud Pública, que regula lo
relacionado con los comportamientos que puedan poner en peligro la salud pública
debido al consumo de alimentos, en especial, su artículo 109, que dispone que las
Secretarias de Salud de las entidades territoriales y el INVIMA, tienen la
competencia para ejercer las facultades de inspección, vigilancia y control.
67. La Sala de la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia
de 13 de junio de 201955, consideró:
“[…] El INVIMA, sin lugar a dudas, es la autoridad responsable de la operación del
Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos
Comestibles y Derivados Cárnicos; y que en función de dicha responsabilidad se
articulará con otras autoridades sanitarias y ambientales (Secretarías de Salud de las
entidades territoriales) para coordinar los mecanismos de integración de los diferentes
programas y acciones dentro del ámbito del sistema. […]”.
Marco normativo sobre las funciones y competencias de la Policía Nacional
68. Visto el artículo 2.º, numerales 2.º y 11, del Decreto 2203 de 2 de noviembre
de 199356, le corresponde a la Policía Nacional prestar el auxilio que requiera la
ejecución de las leyes, así como providencias judiciales y administrativas; y vigilar
y proteger los recursos naturales relacionados con la calidad del medio ambiente,
la ecología y ornato público, en los ámbitos urbano y rural, de conformidad con lo
establecido en las normas pertinentes.
69. Vistos los artículos 26 y 29 ibidem, que señala que la Policía Nacional, por
medio de su organización interna, tiene las funciones elaborar diagnósticos sobre la
problemática del medio ambiente en las áreas urbanas; coordinar con las
autoridades sanitarias la implementación de medidas que propendan por el
54 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 13 de junio de
2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, proceso identificado con el número único de radicación: 11001-33-
42-049-2017-00139-02(AP).
56 Por el cual se desarrollan la estructura orgánica y las funciones de la policía nacional y se dictan otras
disposiciones.
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mejoramiento del medio ambiente; supervisar, controlar y evaluar la ejecución y
resultados de los planes diseñados sobre la materia; prevenir y controlar los factores
de deterioro ambiental, mediante acciones educativas y de trabajo comunitario.
70. Visto el artículo 2.13.5.3.4. del Decreto 1071 de 26 de mayo de 2015 57,
sobre documentación, que señala que la Policía Nacional adelantará un plan
constante de control para identificar mataderos clandestinos, con el fin de garantizar
al consumidor el origen y calidad del producto ofrecido, sin perjuicio del ejercicio de
las competencias asignadas a las autoridades ambientales y sanitarias y coordinará
con las autoridades locales los requerimientos para su sellamiento conforme a la
normatividad vigente.
71. Visto el artículo 2.2.5.1.6.7. ibidem, que prevé, en el marco de las funciones
de las autoridades ambientales en relación con la calidad y el control de la
contaminación del aire, que en todos los casos en que la autoridad ambiental
competente adopte medidas de restricción, vigilancia o control de episodios de
contaminación, podrá solicitar apoyo de la Policía Nacional, la cual tendrá la
obligación de prestárselo para garantizar la ejecución cabal de las medidas
adoptadas.
72. Visto el artículo 97 de la Ley 1801, que establece que las autoridades de
Policía podrán imponer y ejecutar las medidas preventivas previstas en la
Ley 1333 por los comportamientos contrarios a la preservación del agua58, a la
calidad del aire, a la salud pública en materia de consumo59, entre otros.
57 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural.
58 El artículo 100 de la Ley 1801 prevé que los siguientes comportamientos son contrarios a la preservación del
agua y por lo tanto no deben utilizarla en actividades diferentes a la respectiva autorización ambiental; arrojar
sustancias contaminantes, residuos o desechos a los cuerpos de agua; deteriorar, dañar o alterar los cuerpos
de agua, zonas de ronda hídrica y zonas de manejo y preservación ambiental en cualquier forma; captar agua
de las fuentes hídricas sin la autorización de la autoridad ambiental; lavar bienes muebles en el espacio público,
vía pública, ríos, canales y quebradas; y realizar cualquier actividad en contra de la normativa sobre
conservación y preservación de humedales, y sobre cananguchales y morichales.
59 El artículo 110 de la Ley 1801 establece que los siguientes comportamientos atentan contra la salud pública
en materia de consumo y por lo tanto no deben efectuarse: no acreditar la inscripción ante la Secretaría de
Salud o quien haga sus veces, de la respectiva entidad territorial, para el almacenamiento o expendio de
alimentos que lo requieran, así como de carne, productos y derivados cárnicos comestibles, de acuerdo con la
normatividad sanitaria vigente; almacenar o comercializar carne, productos cárnicos comestibles que no
provengan de plantas de beneficio animal (mataderos) autorizadas o que no cumplan con las disposiciones o
normatividad sanitaria vigente; almacenar, transportar o vender derivados cárnicos que no cumplan con las
disposiciones de inocuidad establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y garantizar en todo
momento la procedencia de los mismos; adquirir alimentos, carne, productos cárnicos comestibles y derivados
cárnicos de proveedores que no se encuentren autorizados y registrados ante la autoridad sanitaria competente
o que no hayan entregado el producto a la temperatura reglamentada o transportado en vehículos que no
garanticen el mantenimiento de la misma; no contar con un sistema de refrigeración que garantice el
mantenimiento de la temperatura reglamentada para los productos; no mantener en refrigeración a la
temperatura reglamentada, la carne o los productos cárnicos o lácteos; no acreditar la autorización sanitaria de
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73. Visto el artículo 198 de la Ley 1801, son autoridades de policía el
Presidente de la República; los gobernadores; los alcaldes; los inspectores de
policía; las autoridades especiales de Policía en salud, seguridad, ambiente,
minería, ordenamiento territorial, protección al patrimonio cultural, planeación,
vivienda y espacio público y las demás que determinen la ley, las ordenanzas y los
acuerdos; y los comandantes de estación, subestación y de centro de atención
inmediata de Policía y demás personal uniformado de la Policía Nacional60.
74. Vista la Ley 1333, que señala medidas preventivas que tienen como
función prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana61, en especial,
el artículo 62, que establece que la Policía Nacional debe ofrecer su apoyo y
acompañamiento a las autoridades ambientales.
75. La Sala de la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia
de 13 de junio de 201962, consideró:
“[…] A la Policía Nacional, en definitiva y acorde a la normativa, le corresponde
identificar todos aquellos sitios donde de manera clandestina o ilegal se realizan o
llevan a cabo actividades de sacrificio, comercialización, transporte y, en todo caso,
cualquier situación irregular en el proceso de desposte, desprese de carnes y
derivados cárnicos; dispuestos para el consumo humano en condiciones que ponen
en riesgo la seguridad y la salubridad públicas. […]”.
transporte expedido por la Secretaría de Salud de la entidad territorial correspondiente o quien haga sus veces,
para el transporte de carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para el consumo
humano, de acuerdo con la normativa sanitaria vigente; no contar con soporte documental en el cual conste que
los productos transportados provienen de un establecimiento registrado, aprobado e inspeccionado. Para la
carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, deberán contar con la guía de transporte de
producto de acuerdo con lo establecido en la normatividad sanitaria; no garantizar el mantenimiento de la
cadena de frío del producto y las condiciones de transporte requeridas por la normatividad sanitaria vigente, de
manera que se evite la contaminación de los alimentos transportados; no conservar en el lugar donde se
expendan o suministren, sus accesos y alrededores limpios y libres de acumulación de basuras; no mantener
las superficies del lugar donde se preparan, almacenan, expenden o suministren alimentos debidamente
protegidos de cualquier foco de insalubridad; vender alimentos para consumo directo sin cumplir con los
requisitos establecidos por las normas sanitarias; expender cualquier clase de alimentos en sitios expuestos a
focos de insalubridad, que representen riesgo de contaminación; utilizar agua no apta para el consumo humano
en la preparación de alimentos; incumplir con los requisitos para el transporte de alimentos, carne y productos
cárnicos, o lácteos, para el consumo humano, establecidos por las normas y disposiciones vigentes; sacrificar
animales para el consumo humano, en sitios no permitidos por la legislación sanitaria correspondiente.
60 Artículo 198 de la Ley 1801.
61 Artículo 12 de la Ley 1333
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 13 de junio de
2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, proceso identificado con el número único de radicación: 11001-33-
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Núm. único de radicación: 660012333000201900285-01
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Análisis del caso concreto
76. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
77. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y
en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida,
en primera instancia, el 29 de mayo de 2020.
Solución a los problemas jurídicos
78. La Sala procede a realizar el análisis de los argumentos expuestos en los
recursos de apelación, de acuerdo con los problemas jurídicos indicados supra.
Respecto a las personas que llevan a cabo la cría de animales en el sector
urbano del Municipio de Santa Rosa de Cabal
79. El Municipio de Santa Rosa de Cabal solicitó en el recurso de apelación
que se declarara la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la demanda
con fundamento en que el Tribunal omitió vincular a los particulares que desarrollan
las actividades de cría y beneficio de animales, especialmente de cerdos, en el área
urbana del ente territorial.
80. Sin embargo, la Sala precisa que, de conformidad con el criterio
jurisprudencial reiterado de esta Sección63, el recurso de apelación no es el
63Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr.
Hernando Sánchez Sánchez; sentencia de 10 de diciembre de 2018; núm. único de radicació
170012331000201100424-03; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López; sentencia de 5 de diciembre de 2019; núm. único de radicación: 05001-23-33-
000-2016-02245-01: iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr.
Oswaldo Giraldo López; sentencia de 5 de diciembre de 2019; núm. único de radicación: 05001-23-33-000-
2016-02245-01: iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr.
Roberto Augusto Serrato Valdés; sentencia de 19 de julio de 2018; núm. único de radicación: 17-001-23-00-
000-2012-00328-02.
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instrumento procesal procedente para alegar nulidades procesales, comoquiera que
este tiene por objeto exclusivo que el superior examine la cuestión decidida y la
reforme o modifique.
81. En este contexto, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de enero de 201964, se refirió a una solicitud de nulidad procesal presentada
en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, por la falta de vinculación
del litisconsorcio necesario; esta Corporación concluyó que ello no puede alegarse
con posterioridad a la sentencia proferida, en primera instancia, porque estas
irregularidades se presentan en la admisión de la demanda y durante el trascurso
procesal. En efecto, el artículo 134 de la Ley 1437, prevé que la nulidad únicamente
podrá solicitarse, en segunda instancia, cuando la causal haya ocurrido con
posterioridad a la sentencia proferida por el a quo.
82. Además, en esa oportunidad, se precisó que esta clase de irregularidad
debe ser alegada por la afectada y no por cualquier parte procesal.
83. En el caso sub examine, el Municipio de Santa Rosa de Cabal, en la
contestación de la demanda, solicitó “[…] la vinculación de las personas que
aparecen relacionadas en los documentos allegados por la señora Procuradora
ambiental, tal como lo ordena el artículo 18 de la ley 4723 de 1998 […]”.
84. El Tribunal, mediante auto de 30 de agosto de 201965, negó la solicitud de
vinculación que presentó el Municipio de Santa Rosa de Cabal porque este omitió
identificar e individualizar a las personas naturales o jurídicas que llevan a cabo la
actividad de cría de animales en la zona urbana; y en las actas de visitas a los
establecimientos donde funcionan los criaderos de animales no se indicó quien es
el propietario.
85. El auto citado supra fue notificado por estado electrónico de 2 de
septiembre de 2019; no obstante, el ente territorial no manifestó su desacuerdo con
esa decisión mediante el recurso de reposición; por lo tanto, la decisión se
encuentra ejecutoriada.
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López;
sentencia de 31 de enero de 2019; núm. único de radicación 170012333000201300315-02(AP)
65 Cfr. Folios 160 a 161
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86. Asimismo, el Municipio de Santa Rosa de Cabal presentó la solicitud de
nulidad con posterioridad a la sentencia proferida, en primera instancia, a pesar de
que manifestó que la presunta irregularidad procesal se configuró desde el auto
admisorio de la demanda; además, en la audiencia de pruebas66, llevada a cabo el
22 de octubre de 2019, el Magistrado Ponente, en virtud del artículo 207 de la Ley
1437, indagó al apoderado del Municipio de Santa Rosa de Cabal sobre la
existencia de posibles vicios durante el procedimiento, quien contestó que no
observaba ninguno. Esta omisión desconoce lo previsto en el artículo 134 de la Ley
1564, citado supra.
87. En la sentencia impugnada el análisis de la vulneración se realizó
únicamente respecto de las entidades públicas demandadas, en el marco de sus
competencias, y no impuso ninguna obligación a cargo de las personas naturales o
jurídicas que llevan a cabo la actividad de cría y sacrificio de animales en el área
urbana del ente territorial; por el contrario, se ordenó su identificación e
individualización, por medio de un censo, para que las entidades puedan cumplir las
funciones que tienen a cargo de forma adecuada. En efecto, las medidas de
protección de los derechos e intereses colectivos establecidas en la sentencia
deben ser ejecutadas por las autoridades responsables de su vulneración o
amenaza.
88. Por último, se precisa que, de acuerdo con el criterio jurisprudencial de
esta Sala, la presunta “[…] responsabilidad de la comunidad en la causación del
riesgo no constituye una causal de exoneración de responsabilidad para las
autoridades públicas por haber omitido el cabal cumplimiento de sus funciones, en
el marco de las competencias administrativas establecidas en el ordenamiento
jurídico, por cuanto los entes territoriales no pueden excusar su responsabilidad
alegando que la comunidad que sufre el riesgo es responsable de su causación por
crear asentamientos ilegales y contaminar los afluentes hídricos, pues la violación
de la ley por los ciudadanos en modo alguno exonera a las autoridades del
cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales […]”67.
89. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que no hay lugar a
estudiar la solicitud de nulidad presentada por la parte demandada ni a ordenar la
66 Disco compacto visible a folio 224, minutos 00:59:11 a 00:59:12.
67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez
Sánchez; sentencia de 16 de mayo de 2019; núm. único de radicación: 17001-23-33-000-2017-00452-01(AP)
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vinculación de oficio de las personas que llevan a cabo la actividad de cría y
sacrificio de cerdos en el área urbana del Municipio de Santa Rosa de Cabal.
Respecto a la prueba del hecho según el cual, las personas que llevan a cabo
la cría de animales en la zona urbana del Municipio de Santa Rosa de Cabal
derivan su sustento económico de esta actividad
90. El Municipio de Santa Rosa de Cabal afirmó en el recurso de apelación que
“[…] si a esta acción popular no fueron vinculados los ciudadanos que tienen los
criaderos de cerdos en los patios de sus casas, entonces mal puede afirmarse que
esa es una actividad económica de la que derivan exclusivamente su sustento y que
de ella dependen para sobrevivir. Si ello no se probó, entonces, considero que la
única orden legítima por parte del juez popular sería la de adelantar las gestiones
administrativas correspondientes, dirigidas a erradicar los criaderos del área urbana
[…]”.
91. Sobre el particular, la Sala considera necesario precisar que el juez profirió
las ordenes relativas a las capacitaciones y al apoyo para la creación de
microempresa rural, así como la eliminación paulatina y progresiva de la actividad
de cría de animales en el sector urbano, teniendo en cuenta que “[…] las actividades
que se desarrollan en las plantas de cría y sacrificio de animales componen el único
sustento económico para las personas que allí laboran, donde se encuentran
familias con niños y adultos mayores que dependen de ello; además, siendo dicha
actividad una tradición cultural del municipio y debido a que se les ha permitido
ejercerla por largo tiempo, bajo los parámetros de la confianza legítima, no puede
de un momento a otro eliminar lo que ha constituido su actividad económica,
desconociendo los impactos que una medida en ese sentido podría generar […]”.
92. En el expediente se observa un Acta de Visita de la Empresa de Obras
Sanitarias de Santa Rosa de Cabal E.S.P. E.I.C.E. de 5 de octubre de 2018 a la
dirección Pio XII Casa 63 de Santa Rosa de Cabal, en la que se dejó constancia
que quien atendió la visita se dedica a la actividad relacionada con las “[…]
porquerizas […]”, de la cual deriva el sustento para su familia68.
68 Expediente digital, archivo 1_ED_ANEXOS DEMANDA PORQUERIZA S SANTA ROSA DE CABAL.pdf(.pdf
) NroActua 2
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93. El Director de Acueducto y Alcantarillado, mediante el oficio de 12 de octubre
de 2018, informó que realizó visitas a varios criaderos urbanos y que “[…] con las
personas que actualmente siguen con criaderos de animales se les dio una charla
educativa ambiental acerca del impacto ambiental que generan con miras de cuidar
nuestro sistema de alcantarillado y conservar los recursos naturales del municipio
de Santa Rosa de Cabal. Pero confirman es su única actividad económica u
sustento para sus familias […]”69.
94. Al analizar las pruebas en conjunto, bajo las reglas de la sana crítica, es
posible concluir que varias familias del Municipio de Santa Rosa de Cabal tienen
como actividad económica la cría de animales, la cual genera los ingresos para el
grupo familiar. En consecuencia, la conclusión del Tribunal citada supra, cuenta con
un sustento probatorio.
95. Además, de acuerdo con lo indicado en el acápite anterior, las órdenes de la
sentencia proferida, en primera instancia, son razonables y proporcionales en la
medida en que atienden las necesidades especiales de la comunidad, de acuerdo
con lo probado en el proceso, y permiten la solución del problema que representa
el funcionamiento de criaderos de animales, dentro del perímetro urbano.
96. Por las razones expuestas no tiene vocación de prosperidad el argumento
estudiado en este acápite.
Respecto al cumplimiento de las funciones a cargo de la Policía Nacional y la
competencia de la entidad
97. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional– Policía Nacional indicó que ha
cumplido con las tareas correspondientes de acuerdo con su competencia y ha
acompañado a las autoridades en el desarrollo de sus funciones de control
ambiental; sin embargo, no tiene competencia para sancionar o realizar acciones
directas porque las autoridades ambientales definidas en las leyes 99 y 1333, así
como en el Decreto 948 de 1995 tienen a cargo la vigilancia, la supervisión, el control
y el ejercicio de la potestad sancionatoria.
69 Ibidem.
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98. Al respecto, de acuerdo con los oficios números S-2017-007805 de 15 de
febrero de 201770, S-2017-024994 de 22 de 201771 y S-1007-035832 de 14 de julio
de 201772 del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Nacional; el
oficio núm. S-2018-047112 de 27 de julio de 2018 de la Policía Nacional –
Departamento de Risaralda73; el oficio núm. 7308-0842-18 de 11 de julio de 2018
del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos74; el Acta núm.
640 – DISPO1 -ESROS 2.25 de 18 de julio de 201875; el oficio núm. 11628 de 23
de julio de 2018 de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda76; el oficio núm.
17164 de 10 de octubre de 2018 de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda; y el testimonio de la señora Karolina Ossa Mojica77, la Sala encuentra lo
siguiente:
99. El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Nacional ha
realizado visitas a predios destinados a la cría de animales, así como recorridos de
control y vigilancia en los expendios de carne del Municipio de Santa Rosa de Cabal.
100. La Policía Nacional ha participado con el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, así como con las entidades territoriales, en la
programación de operativos en los lugares en donde se presenta el sacrificio
clandestino en el eje cafetero.
101. La Policía Nacional ha participado en reuniones que tienen por objeto
estudiar la problemática que genera los criaderos de animales en la zona urbana
del Municipio de Santa Rosa de Cabal.
102. La Policía Nacional ha participado en el Grupo Operativo conformado para
canalizar las denuncias sobre los hechos objeto de la demanda.
103. Según lo expuesto, la Policía Nacional ha llevado a cabo algunas acciones
para atender la problemática expuesta en la demanda; sin embargo, ello no la
exonera de la responsabilidad de cumplir con las órdenes de la sentencia proferida,
70 Cfr. Folio 69
71 Cfr. Folio 69
72 Cfr. Folios 70 reverso a 71
73 Cfr. Folio 111
74 Cfr. Folios 109
75 Cfr. Folio 112 a 113
76 Cfr. Folio 110
77 Disco compacto visible a folio 224, minutos 00:39:10 a 00:39:40
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en primera instancia, toda vez que la vulneración de los derechos e intereses
colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y salubridad públicas por
la existencia de bienes inmuebles ubicados en la zona urbana del Municipio de
Santa Rosa de Cabal dedicados a la cría de animales exige la adopción de varias
medidas hacia el futuro con el objeto de erradicar esta actividad.
104. Lo anterior en atención a que las actividades que llevaron a cabo la Policía
Nacional y las demás entidades demandadas, enumeradas supra, no fueron
suficientes para atender la problemática; por el contrario, de acuerdo con las
pruebas que obran en el proceso, la cría de animales en el sector urbano del
Municipio de Santa Rosa de Cabal siguió presentándose luego de las reuniones y
las visitas que realizó la Policía Nacional en ciertos sectores.
105. Por las razones expuestas no tiene vocación de prosperidad el argumento
estudiado en este acápite.
Respecto a las facultades del juez popular para ordenar la protección de los
derechos e intereses colectivos y la modificación de las órdenes
106. El Municipio de Santa Rosa de Cabal expuso en el recurso de apelación que
la única finalidad de las órdenes de hacer o no hacer previstas en el artículo 34 de
la Ley 472 es que las cosas vuelvan al estado anterior de la vulneración del derecho
o interés colectivo cuando sea físicamente posible, entonces, la decisión de
involucrar a los responsables de la vulneración de derechos colectivos a programas
que implican erogaciones económicas para el ente territorial es ajena al propósito
de la norma. Asimismo, indicó que órdenes como las contenidas en los numerales
5.° y 7.° de la sentencia contienen obligaciones que desbordan las atribuciones del
juez popular.
107. Al respecto, la Sala considera que, conforme al artículo 34 de la Ley 472,
sobre la sentencia, no se restringen las órdenes de hacer o no hacer a los eventos
en que el restablecimiento de la situación anterior sea físicamente posible; por el
contrario, el juez de la acción popular tiene la facultad de proferir la decisión que
considere necesaria para proteger, garantizar, restituir o restablecer los derechos e
intereses colectivos y atacar la fuente de su amenaza o vulneración, en el marco de
la causa petendi y de lo probado durante el proceso.
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108. En ese sentido, es importante indicar que el cumplimiento de las sentencias
proferidas para proteger los derechos e intereses colectivos conlleva, en la mayoría
de los casos, erogaciones presupuestales; por lo tanto, es deber de las autoridades
responsables adelantar las actuaciones de orden administrativo, presupuestal y
financiero que permitan la consecución de los recursos necesarios para adelantar
las acciones ordenadas78, en el marco del principio de planeación.
109. En el caso sub examine, las órdenes judiciales del Tribunal Administrativo del
Quindío incluyen las siguientes acciones:
Plazo Autoridades Acciones
5 meses Municipio con Realizar plan de capacitación e información a la
contados desde apoyo del Invima, el comunidad que tengan criaderos de animales
la ejecutoria del Instituto, la en la zona urbana, en el cual se explique porque
fallo Corporación, el no puede haber criaderos, los efectos de dicha
Departamento y la actividad y la importancia de denunciar los
Empresa casos que conozcan (deben utilizarse todos los
medios físicos y tecnológicos).
Numeral 5
Informar que se va a realizar un censo de las
personas que en la comunidad tienen criaderos
de animales, con el fin de involucrarlos a planes
de gobierno que les permita acceder a apoyos
para la formación de microempresa o para
acceder a estudios o capacitaciones para
cambio de actividad económica o que puedan
emplearse en una labor u oficio.
Municipio con Organizar el censo que se va a realizar a la
apoyo del Invima, el comunidad que tiene criaderos de animales en
Instituto, la la zona urbana, para determinar el número
Corporación, el exacto de predios en los cuales se realiza esa
Departamento y la actividad.
Empresa
Numeral 6
Municipio con Revisar y elegir programas gubernamentales
apoyo del que van a ser utilizados para vincular a la
Departamento población censada, a quienes se les dará la
opción de:
Numeral 7 i) continuar en la actividad económica pero en
un predio rural: para lo cual brindara apoyo para
formación de microempresa.
ii) cambio de actividad: caso en el que facilitaran
estudios y capacitaciones para que aprendan
otro arte u oficio o el ingreso en programas que
les permitan emplearse.
78 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 6 de julio
de 2006, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, proceso identificado con núm. único de radicación 680012315
000200200489 010
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5 meses Municipio, Realizar las capacitaciones elaboradas
contados desde Departamento y conforme a los lineamientos del numeral 5.
el vencimiento Policía
del término
otorgado en el Numeral 8
numeral 5
9 meses Municipio con el Realizar y organizar el censo para obtener la
contados desde apoyo del base de datos con el número exacto de predios
el vencimiento Departamento en cuales se realiza la actividad de cría de
del término animales en la zona urbana, la cual será
otorgado en el Numeral 9 remitida a la Corporación, el Instituto, el Invima,
numeral 5 la Policía y la Empresa.
12 meses Municipio con el Gestionar convenios con otras empresas, con
contados desde apoyo del el fin de recibir los animales que sean
la ejecutoria del Departamento incautados cuando se incumplan con las
fallo normas objeto del presente asunto, luego del
Numeral 9 (sic) procedimiento administrativo correspondiente.
12 meses Municipio, Invima, Realizar visitas a los predios censados para
contados desde Instituto, la que, desde su área y función, realicen el
el vencimiento Corporación, concepto técnico; brinden asesoría integral,
del término Departamento, indiquen el trámite para obtener permisos,
otorgado en el Empresa y Policía autorizaciones y licencias; empiecen con el plan
numeral 9 de cierre, adviertan que se dejara registro y
Numeral 10 cada mes se realizará una visita para verificar
que no se adquieran más animales de cría
hasta terminar con los existentes e informen las
opciones sobre actividad económica, los
beneficios que tienen y la forma como pueden
ingresar a los programas del gobierno.
Cada mes desde Municipio con el Realizar las visitas para verificar el
que se inicie el apoyo del cumplimiento del plan de cierre de los
plan de cierre de Departamento y la establecimientos censados, hasta que la
los Policía propiedad quede sin animales.
establecimientos
censados Numeral 11
Luego de Municipio con el Iniciar los procedimientos administrativos con el
trascurrido el apoyo del fin de erradicar los criaderos de animales
término otorgado Departamento y la ubicados en la zona urbana.
en el numeral 9 Policía
Numeral 12
110. Sobre el particular, es preciso indicar que sobre la prohibición de instalar
criaderos de animales en el perímetro urbano, el artículo 2.8.5.2.37 del Decreto 780
de 6 de mayo de 201679, señala lo siguiente:
“[…] Artículo 2.8.5.2.37. Prohibición de instalar criaderos de animales en
perímetros urbanos. Prohíbese la explotación comercial y el funcionamiento de
criaderos de animales domésticos, silvestres, salvajes y exóticos, dentro de los
perímetros urbanos definidos por las autoridades de Planeación Municipal.
Parágrafo. Las autoridades sanitarias podrán hacer excepciones a la
prohibición contenida en el presente artículo, cuando no se produzcan
problemas sanitarios en el área circundante o en el ambiente, siempre y cuando
79 Por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.
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tales actividades se realicen en locales o edificaciones apropiadas desde el
punto de vista técnico-sanitario.
(Art. 51 del Decreto 2257 de 1986) […]” (Destacado fuera del texto).
111. De la norma transcrita, se precisa que para este caso: i) está prohibida la
actividad pecuaria, en particular, la explotación comercial y el funcionamiento de
criaderos de dichos animales, dentro de los perímetros urbanos previstos en el Plan
de Ordenamiento Territorial y ii) excepcionalmente, la autoridad sanitaria podrá
autorizar dicha actividad cuando se cumplan con los estándares sanitarios y
ambientales correspondientes80.
112. En el caso concreto, el Concejo Municipal de Santa Rosa de Cabal, mediante
Acuerdo núm. 28 de 10 de diciembre de 200081, modificado por el Acuerdo núm. 16
de 26 de agosto de 200882, expidió el Plan Básico de Ordenamiento Territorial83, el
cual definió el perímetro urbano en los siguientes términos:
“[…] Artículo 4. Aprobación de los Planos Generales.
Apruébense y adóptense como parte integrante del Plan de Ordenamiento Territorial
de Santa Rosa de Cabal los siguientes planos generales:
2) Planos de detalle del suelo urbano: […].
d) Perímetro urbano. […].
Artículo 17. Delimitación del Perímetro del Suelo Urbano.
El perímetro urbano del Municipio de Santa Rosa de Cabal, está delimitado según el
Plano de la clasificación del territorio que hace parte integral de este Acuerdo, así:
Punto núm. 1: Partiendo de las Coordenadas […].
Punto núm. 19: Coordenadas […] hasta el punto núm. 1, inicio del perímetro urbano
que así queda delimitado. […]”.
80 Al respecto, la Corte Constitucional, al resolver una acción de tutela presentada con ocasión la ubicación de
una “porqueriza” en el perímetro urbano de la ciudad de Cali, consideró: “[…] la excepción a la que se refiere el
artículo 51 del Decreto 2257 de 1986, no opera por ministerio de la ley, sino que requiere de la expedición de
la respectiva licencia. […]”. Ver, Corte Constitucional, Sentencia T – 622 de 14 de diciembre de 1995, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz, Ref. Expediente: T – 79887.
81 Por el cual se adopta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santa Rosa de Cabal, se
aprueba el Documento Técnico Soporte, Planos Generales y se dictan otras disposiciones.
82 Por el cual se adopta la modificación parcial del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Santa Rosa de Cabal, se aprueba el Documento Técnico Soporte, Estudio Hidrológico e Hidráulico de la Cuenca
del Río San Eugenio, Planos Modificados y se dictan otras disposiciones
83 Según se verifica en la página web del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santa Rosa
de Cabal https://pbot-santarosadecabal.gov.co/; conforme a lo previsto en el artículo 177 del CGP. Ver, Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de junio de 2019, C.P.
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113. Así las cosas, conforme se explicó supra, la cría de animales representa el
sustento para las familias que la ejercen y la venta de chorizo es una de las
actividades económicas principales del municipio; razón por la cual, en aplicación a
lo previsto en el artículo 2.8.5.2.37 del Decreto 780 de 2016, para determinar si la
actividad pecuaria está prohibida se debe verificar si los criaderos de animales se
encuentran dentro del perímetro urbano previsto en el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial y se debe brindar la oportunidad a los dueños de los criaderos de que
legalicen sus instalaciones y métodos, según los estándares sanitarios y
ambientales, con el fin de que la autoridad sanitaria determine si están dentro de la
excepción a la prohibición, antes de ejecutar planes de cierre y erradicar la actividad.
114. Al respecto, la Sala pone de presente que la Corte Constitucional, al resolver
una acción de tutela presentada con ocasión a la ubicación de un criadero de
animales en perímetro urbano, consideró:
“[…] En efecto, la falta de cumplimiento de las normas sanitarias y urbanísticas,
que prohíben el funcionamiento de porquerizas dentro del perímetro urbano, ha
puesto en peligro bienes constitucionalmente protegidos, tales como el medio
ambiente, la salud y la intimidad. […]. La situación óptima que respete el ejercicio
simultáneo de los derechos requiere de una nueva configuración. Los vecinos no
pueden, ni tampoco están obligados a trasladar sus residencias; el ajuste de la
situación debe partir del traslado o liquidación de la actividad económica no
autorizada. Sin embargo, este último movimiento no puede producirse de manera
inmediata y automática, ya que de procederse de dicha manera se extirparía
fatalmente la fuente de sustento de la demandada. El término razonable […] que la
demandada utilice para liquidar su negocio con miras a convertirlo en capital
circulante aplicable a otro distinto o para convenir con las autoridades un
tratamiento excepcional, como lo prevén las normas, sobre la base de
requisitos y condiciones especiales, puede determinar que todavía se mantengan
las incomodidades e injerencias que restringen los derechos de los vecinos, pero en
últimas esto constituye una restricción que se torna necesaria y que, de otro lado, se
equilibra con la correlativa cesación definitiva de la libre actividad económica
denunciada o con su ejercicio en condiciones distintas […]” (Destacado fuera del
texto)84.
115. Por lo expuesto anteriormente, y en atención a las competencias de las
autoridades demandadas referidas supra, las cuales deben ser ejercidas de manera
armónica, organizada y concatenada para lograr un amparo efectivo de los
derechos e intereses colectivos, la Sala procederá a modificar los numerales 5 a 12
de la parte resolutiva de la sentencia de 29 de mayo de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo de Quindío, para lo cual:
84 Corte Constitucional, Sentencia T – 622 de 14 de diciembre de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, Ref.
Expediente: T – 79887.
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115.1. Se ordenará al Municipio con apoyo del Departamento, realice un censo que
permita identificar la población que realiza la actividad de cría de animales en el
Municipio de Santa Rosa de Cabal, verificando para ello si los predios en los cuales
ejercen la actividad pecuaria se encuentran dentro del perímetro urbano previsto en
el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
115.2. Se ordenará al Municipio, al Invima, al Instituto, a la Corporación, al
Departamento, a la Empresa y a la Policía, que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, formulen un programa para la población
que realice actividad pecuaria en los predios ubicados en el perímetro urbano del
Municipio de Santa Rosa de Cabal, con el fin de que se les acompañe y asesore
para garantizar que se cumpla con la normatividad sanitaria y ambiental exigible y,
en caso de que no se logre cumplir con tales estándares, adopte las acciones
correctivas y sancionatorias pertinentes.
115.3. Se exhortará al Municipio para que con apoyo del Departamento, realice y
ejecute un plan de acción con su respectivo cronograma, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, con el fin de realizar las
gestiones administrativas, técnicas y presupuestales necesarias para que la
administración municipal formalice proyectos para las personas que no cumplan con
la normatividad sanitaria y ambiental exigible, los cuales les permitan continuar su
actividad económica fuera del perímetro urbano del Municipio o emplearse en otra
actividad.
Respecto a los plazos de ejecución de la sentencia
116. La Sala considera que en el evento que durante la ejecución de la sentencia
se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal,
en el marco del Comité de Verificación, proferirá las decisiones que considere
necesarias para garantizar su cumplimiento, toda vez que el artículo 34 de la Ley
472 prevé que mientras se ejecuta la sentencia el juez “[…] conservará la
competencia para tomar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia
de conformidad con las normas contenidas en el Código de Procedimiento
Civil […]”.
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Respecto al comité de verificación de cumplimiento de la sentencia
3. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia en acciones
populares, “[…] el juez […] podrá conformar un comité para la verificación del
cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes, la
entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio
Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo.
También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo
que sea de su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo
[…]”.
4. Atendido a que en el caso sub examine, el Tribunal, en la sentencia proferida,
en primera instancia, dispuso lo siguiente:
“[…] 13. Se designa a la señora procuradora 28 Judicial II en Asuntos Ambientales y
Agrarios de Pereira, al director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -
Carder, al señor alcalde del municipio de Santa Rosa de Cabal, al gobernador del
departamento de Risaralda, al gerente del Instituto Colombiano Agropecuario- ICA, al
director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- Invima, al
gerente de la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal - Empocabal
ESP EICE, el ministro de Defensa - Policía Nacional y al magistrado ponente, para
que conformen el comité de verificación del cumplimiento de la presente sentencia,
para lo cual por Secretaría se les enviará la respectiva comunicación, quienes
rendirán en el término de 18 meses, contados desde la ejecutoria de la sentencia, un
informe único detallado e ilustrado sobre las soluciones adoptadas en pro del
cumplimiento efectivo de esta providencia […]”.
5. Considerando que el Magistrado ponente deberá presidir el comité de
verificación, la Sala modificará el numeral 13 de la parte resolutiva de la sentencia,
en los siguientes términos:
“[…] Conformar el comité de verificación de la sentencia, en el cual participará el
Tribunal Administrativo del Quindío, por conducto del Magistrado Ponente, quien lo
presidirá, la parte actora, el director de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda, el Alcalde del Municipio de Santa Rosa de Cabal, el Gobernador del
departamento de Risaralda, un representante del Instituto Colombiano Agropecuario,
un representante del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos,
el Gerente de la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal E.S.P.
E.I.C.E.y un representante de la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional.
Las entidades demandadas indicadas supra deberán rendir, en el término de 18
meses, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia, un informe único detallado e
ilustrado sobre la ejecución de la presente providencia […]”.
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Conclusiones
6. En suma, la Sala modificará los numerales 5 a 13 de la parte resolutiva de la
sentencia proferida, en primera instancia, conforme se explicó supra y confirmará
en lo demás la sentencia de 29 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Quindío.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, los numerales 5 a 13 de la parte resolutiva de la sentencia de 29 de
mayo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, los cuales
quedarán así:
“[…] 5. Ordenar al Municipio de Santa Rosa de Cabal con apoyo del Departamento
de Risaralda, que, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta
providencia, realice un censo que permita identificar la población que realiza la
actividad de cría de animales en el Municipio, verificando para ello si los predios en
los cuales ejercen la actividad pecuaria se encuentran dentro del perímetro urbano
previsto en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
6. Ordenar al Municipio de Santa Rosa de Cabal, al Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos — INVIMA, al Instituto Colombiano Agropecuario - ICA,
a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda — CARDER, al Departamento de
Risaralda, a la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal E.S.P. E.I.C.E.
y a la Policía Nacional, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, que, dentro del año siguiente a la notificación de esta providencia y
una vez realizado el censo, formulen un programa para la población que realice
actividad pecuaria en los predios ubicados en el perímetro urbano del Municipio de
Santa Rosa de Cabal, con el fin de que se les acompañe y asesore para garantizar
que se cumpla con la normativa sanitaria y ambiental exigible y, en caso de que no
se logre cumplir con tales estándares, adopte las acciones correctivas y
sancionatorias pertinentes.
7. Exhortar al Municipio de Santa Rosa de Cabal con apoyo del Departamento de
Risaralda, para que, realice y ejecute un plan de acción con su respectivo
cronograma, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, con el fin de realizar las gestiones administrativas, técnicas y
presupuestales necesarias para que la administración municipal formalice proyectos
para las personas que no cumplan con la normatividad sanitaria y ambiental exigible,
los cuales les permitan continuar su actividad económica fuera del perímetro urbano
del Municipio o emplearse en otra actividad.
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8. Conformar el comité de verificación de la sentencia, en el cual participará el Tribunal
Administrativo del Quindío, por conducto del Magistrado Ponente, quien lo presidirá,
la parte actora, el director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, el
Alcalde del Municipio de Santa Rosa de Cabal, el Gobernador del Departamento de
Risaralda, un representante del Instituto Colombiano Agropecuario, un representante
del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el Gerente de la
Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal E.S.P. E.I.C.E. y un
representante de la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional.
Las entidades demandadas indicadas supra deberán rendir, en el término de 18
meses, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia, un informe único detallado e
ilustrado sobre la ejecución de la presente providencia […]”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 29 de mayo de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Risaralda.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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