RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2017-00541-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2017-00541-02

Recurso de apelación en la acción popular: confirma sentencia que accede parcialmente

Fecha
11 de abril de 2019
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2017-00541-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Caldas el 27 de septiembre de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Caldas el 27 de septiembre de 2018, en los siguientes términos: Conformar un comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en el cual participarán: i) la parte actora; ii) la Defensoría del Pueblo; iii) el Delegado de la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal Administrativo de Caldas; y v) la Central de Inversiones S.A. –CISA. El Comité será presidido por el Tribunal Administrativo de Caldas. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de la sentencia, relacionadas con la adecuación de los inmuebles propiedad de la Central de Inversiones S.A. –CISA- ubicados en el Barrio Fernando Gaviria del Municipio de Pácora. TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998. CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de Caldas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 17001-23-33-000-2017-00541-02

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

11 de abril de 2019

RECURSO DE APELACIÓN EN LA ACCIÓN POPULAR – Confirma sentencia que accede parcialmente / RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR ORDEN JUDICIAL – De la Central de Inversiones S.A / CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DENTRO DEL BIEN INMUEBLE EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FÚTBOL DEL BARRIO FERNANDO GAVIRIA DEL MUNICIPIO DE PÁCORA – Obligación del propietario / PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE – De la Central de Inversiones S.A.-En razón de transferencia de inmuebles al Colector de Activos Públicos Central de Inversiones S.A / ADECUACIÓN DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA CENTRAL DE INVERSIONES S.A. –CISA – Para prevenir un desastre previsible técnicamente

el escenario deportivo, ubicado en los lotes objeto de trasferencia, quedó bajo la custodia y administración de la Central de Inversiones S.A. –CISA-, lo cual le exigía la adopción de medidas tendientes a su conservación y adecuación con el objeto de evitar la generación de riesgos, teniendo en cuenta las condiciones en las que se encontraba. Si la sociedad beneficiaria con la transferencia, consideraba que los bienes inmuebles ubicados en el Barrio Fernando Gaviria del Municipio de Pácora no cumplían con los requisitos para que pudieran ser gestionados en el ámbito del cumplimiento de su objeto social, debía solicitar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la revocatoria del acto administrativo de transferencia (…)Así las cosas, la ocupación de los bienes inmuebles objeto de transferencia por parte del Municipio de Pácora, no constituye una causal que exima a la Central de Inversiones S.A. –CISA del cumplimiento de las obligaciones como propietaria (…) Ahora, en el recurso de apelación, la sociedad demandada insiste en que el Municipio de Pácora debe realizar las obras de conducción de aguas lluvias porque, “[…] el legislador radicó en cabeza de los Municipios el deber de coordinación y promoción de actividades deportivas y de recreación […]”. Sobre el particular, basta con decir que si bien, a los municipios les corresponde promover, financiar o cofinanciar proyectos relacionados con el deporte y la recreación, ello no implica que en todos los inmuebles en los que se encuentre un escenario deportivo, los entes territoriales tengan la obligación de destinar recursos para su mantenimiento, por cuanto esta responsabilidad, por regla general, es del propietario. (…) Además de lo anterior, la sociedad Central de Inversiones S.A. –CISA- sostuvo, en el recurso de apelación, que al Municipio de Pácora le corresponde prestar los servicios públicos y, en esta medida, canalizar la aguas lluvias. (…) El servicio público de alcantarillado implica la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos líquidos por medio de tuberías y conductos, ya sean que se traten de aguas residuales domésticas o de las pluviales. En contraste, la orden judicial consistente en realizar obras para la canalización de aguas lluvias dentro del bien inmueble en donde se encuentra ubicada la cancha de fútbol, lo cual implica la adecuación de las instalaciones para regularizar el cauce de las aguas lluvias en el escenario deportivo, sin que conlleve la ejecución de una obra en espacio público para la recolección, transporte y disposición final de los residuos líquidos. En efecto, en la sentencia proferida, en primera instancia, no se aludió a la necesidad de recolectar las aguas lluvias a través de un proyecto de alcantarillado pluvial que, de conformidad con la Resolución núm. 330 de 8 de junio de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, requiere para su ejecución de estudios y diseños de carácter técnico. La Sala insiste que la orden judicial se dirige a que se realicen obras en los inmuebles de propiedad de la sociedad demandada, para que las aguas pluviales no se viertan directamente sobre el espacio público, sino que sean conducidas de forma adecuada a la red de alcantarillado existente, dado el mal estado del inmueble. Como consecuencia de lo expuesto, la Sala considera que la Central de Inversiones S.A.-CISA es la entidad que debe realizar las obras tendientes al mantenimiento de los bienes inmuebles de su propiedad, ubicados en el Barrio Fernando Gaviria del Municipio de Pácora, con el objeto de evitar que las aguas lluvias generen un riesgo de desastre.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 2 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 88 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 4 - LITERAL L / DECRETO 00047 DE 2014 – ARTÍCULO 8 – PARÁGRAFO 4 / DECRETO 00047 DE 2014 – ARTÍCULO 1 – NUMERAL 2 / DECRETO 4819 DE 2007 - ARTÍCULO 2 / LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 5 / LEY 715 DE 2001 - ARTÍCULO 76

ADICIÓN A LA SENTENCIA - Ordenar la conformación del comité de verificación

Por último, la Sala encuentra que en la sentencia, proferida en primera instancia, no se ordenó la conformación del comité de verificación de su cumplimiento. Sobre el particular, el artículo 34 de la Ley 472 (…) Con el finalidad de que se adopten las medidas necesarias dirigidas al cabal cumplimiento de la sentencia, relacionadas con la adecuación de los inmuebles propiedad de la Central de Inversiones S.A. –CISA- para prevenir un desastre previsible técnicamente o un accidente por causa del mal estado de estos, la Sala adicionará la sentencia, proferida en primera instancia, en el sentido de ordenar la conformación del comité de verificación

FUENTE FORMAL: LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 34

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00541-02(AP)

Actor: ENRIQUE ARBELÁEZ MUTIS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MUNICIPIO DE PÁCORA Y CENTRAL DE INVERSIONES S.A.- CISA

Asunto: Apelación de las providencias proferidas, en primera instancia, el 4 de mayo y 27 de septiembre 2018 por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante las cuales, se decretó una medida cautelar y se accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda, respectivamente.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado especial de la sociedad Central de Inversiones S.A.-CISA- contra la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

ANTECEDENTES

Presupuestos fácticos de la demanda

Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos son los siguientes:

El señor Enrique Arbeláez Mutis, en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos establecido en el artículo 88 de la Constitución Política y reglamentado por las leyes 472 de 5 de agosto de 1998 y 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Caldas contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Municipio de Pácora y la sociedad Central de Inversiones S.A. -CISA- para que se protejan los derechos colectivos i) al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; ii) a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y iii) al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.

La parte demandante considera vulnerados los derechos colectivos indicados supra por el mal estado de la cancha de fútbol ubicada en el Barrio Fernando Gaviria del Municipio de Pácora.

Según la demanda, el escenario deportivo tiene los siguientes defectos:

“[…] no tiene canalización de aguas, tiene mal manejo de aguas lluvias porque estas caen a la calle principal causando inundación y perjuicios a una zona verde aledaña.

El centro deportivo no cuenta con buena estructura en graderías, no tiene mantenimiento ni capacidad para un buen número de personas, en general está en mal estado.

Falta complementar graderías, techo, baños para deportistas, mallas de protección a los costados. Es un escenario poco propicio para el deporte por el mal estado de la cancha, del suelo […]”.

Pretensiones de la demanda

La pretensión del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, se formuló en los siguientes términos:

“[…] Se ordena (sic) ampliar las graderías, hacer techo, baño para las personas, ampliar la malla, conducción de aguas lluvias que no lleguen a la calle principal, cancha sintética para que se tenga un escenario propicio para el deporte, mantenimiento integral del escenario deportivo, pintura […]”.

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante auto proferido en la audiencia especial de pacto de cumplimiento, llevada a cabo el 13 de diciembre de 2017, vinculó al Departamento de Caldas como parte demandada.

Contestaciones de la demanda

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por conducto de apoderado especial, se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que la entidad no ha vulnerado los derechos colectivos que se invocan en la demanda y, en síntesis, propuso como excepciones las siguientes:

4.1. Falta de legitimación material en la causa por pasiva, con fundamento en que si bien, la Central de Inversiones S.A. -CISA- está vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ésta entidad se limita a asegurar que la sociedad desempeñe sus funciones de conformidad con las políticas gubernamentales.

4.1.1. La demandada destacó que la Central de Inversiones S.A. –CISA-, para la celebración de contratos, está sometida al régimen privado y cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.
4.1.2. Por lo anterior, concluyó que al Ministerio de Hacienda y Crédito Público no le asiste ninguna responsabilidad frente a las acciones u omisiones relacionadas con la vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda.

4.2. Improcedencia de la acción popular respecto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, porque en la demanda no se indicó, de forma fáctica o jurídica, que esa entidad vulnerara los derechos e intereses colectivos.

4.3. Inexistencia de violación de los derechos e intereses colectivos al ambiente sano, la prevención de desastres previsibles técnicamente y a la protección al bien público por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Municipio de Pácora, por conducto de su apoderado judicial, señor Jorge William Ramos, se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que el ente territorial no ha vulnerado los derechos colectivos que se invocan en la demanda.

En la contestación se precisó que la cancha deportiva ubicada en el Barrio Fernando Gaviria es propiedad de la sociedad Central de Inversiones S.A. –CISA-.

El Municipio propuso como excepciones, las siguientes:

5.2.1. Ausencia del hecho generador, “[…] dado que la situación mencionada con respecto al Municipio de Pácora no existe […]”.

5.2.2. Buena fe en las actuaciones del Municipio de Pácora

5.2.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva porque la sociedad Central de Inversiones S.A. –CISA- es propietaria de los lotes en donde funciona la cancha deportiva.
La Central de Inversiones S.A. –CISA-, por conducto de apoderado especial, se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que no ha vulnerado los derechos colectivos que se invocan en la demanda.

La sociedad demandada, afirmó que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cumplimiento del artículo 238 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, expidió la Resolución núm. 0292 el 6 de junio de 2014, mediante la cual trasfirió, a título gratuito, a la Central de Inversiones S.A. –CISA- veinte (20) lotes ubicados en el Municipio de Pácora, de los cuales dieciséis (16) forman parte de la cancha de fútbol objeto de la demanda. Sobre el particular, la demandada, precisó lo siguiente:

“[…] Conforme se evidencia en el Acta (sic) de recibo físico de lotes del 24 de julio de 2014, dieciséis (16) de los veinte lotes ubicados en la Manzana 6 de la Urbanización Fernando Gaviria del Municipio de Pácora, se encuentran invadidos por la Alcaldía del Municipio quien instaló una cancha de fútbol al servicio de sus habitantes, objeto de la presente acción popular.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018), que modificó el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011, reglamentado por el Decreto 1778 de 2016, la función de Central de Inversiones S.A. como único Colector de Activos del Estado es la movilización y monetización de activos públicos adquiridos o administrados de propiedad de las entidades estatales de cualquier orden o rama; sin embargo, como quiera que los lotes objeto del presente proceso desde su transferencia a CISA, esto es, desde el año 2014,han estado invadidos, se ha impedido a la compañía cumplir con su finalidad de comercializarlos para generar un retorno económico al Estado y cumplir de esta forma con la política establecida por el Gobierno Nacional […]”.

Con fundamento en lo anterior, la Sociedad Central de Inversiones S.A. –CISA- propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e improcedencia de la acción instaurada.

El Departamento de Caldas, por conducto de apoderada especial, se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que el ente territorial no ha vulnerado los derechos colectivos que se invocan en la demanda y propuso como excepciones, las siguientes:

Falta de legitimación en la causa por pasiva porque los responsables de la presunta vulneración de los derechos e intereses colectivos son la sociedad Central de Inversiones S.A., como propietaria de los lotes donde funciona la cancha de fútbol, y el Municipio de Pácora, en su calidad de poseedor. Asimismo, la demandada, consideró que al Municipio de Pácora le asiste la obligación constitucional de realizar las obras necesarias que garanticen un funcionamiento adecuado y seguro del escenario deportivo.

Posibilidad de vulnerar el principio de legalidad con fundamento en que “[…] no es dable para el Departamento de Caldas realizar una intervención en el inmueble objeto de la acción sin contravenir las normas de ejecución de recursos públicos de las entidades del Estado, quienes sólo pueden hacerlo en bienes de su propiedad o en aquellos que se lo exige el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales; en tal sentido y tratándose de un bien que pertenece a una entidad del orden nacional sólo aquella tiene la autorización legal para realizar cualquier tipo de de intervención al mismo […]”.

Inexistencia de vulneración de derechos colectivos por parte del Departamento de Caldas.

Medida cautelar: solicitud de suspensión provisional

El Ministerio Público, en la continuación de la audiencia especial de pacto de cumplimiento, celebrada el 30 de abril de 2018, solicitó la adopción de medidas cautelares que obliguen a la Central de Inversiones S.A. –CISA-, en su calidad de propietaria, a realizar obras para la conducción de aguas lluvias, con el objeto de prevenir riegos de deslizamiento.

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante auto proferido el 4 de mayo de 2018, decretó la siguiente medida cautelar:

“[…] Ordenar a la Central de Inversiones – CISA, deberá (sic) realizar las obras de emergencia para la debida canalización de aguas lluvias, en el predio de su propiedad en el Municipio de Pácora, que actualmente se utiliza como escenario deportivo, para lo cual este Despacho concederá un término prudente para iniciar las obras de un mes siguiente a la ejecutoria del presente auto […]”.

Lo anterior, con fundamento en que la falta de una adecuada canalización podría generar daños a la comunidad. Sobre el particular, agregó:

“[…] Es válido aclarar que, en el caso sub examine, no solamente el actor denuncia el grave detrimento del escenario deportivo y su mala infraestructura, sino también que presenta un riesgo inminente ante la oleada invernal que se viene sufriendo en el Municipio de Pácora, causando mucho más daño, ya que no se presenta canalización de aguas y hay un mal manejo de aguas lluvias.

Por lo anterior, el Ministerio señala se deben tomar las medidas definitivas de mitigación del riesgo por parte de La Central de Inversiones CISA, quien es dueña del predio en estos momentos.

Considera este Despacho conveniente ya que en el caso bajo estudio, los elementos permiten concluir, que mediante un juicio de ponderación de intereses, resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

Concomitante con lo anterior, considera prudente este Despacho que mientras ese lapso de tiempo que se agota el trámite de la acción popular, se deben tomar unas medidas cautelares que permitan brindar cierta seguridad que no se presente un riesgo amenazante y evitar un perjuicio mayor a los habitantes […]”.

La sentencia proferida en primera instancia

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia proferida, en primera instancia, el 27 de septiembre de 2018, dispuso en su parte resolutiva lo siguiente:
“[…] PRIMERO. DECLARAR PROBADA la excepción previa de “Falta de legitimación en la causa por pasiva” propuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Municipio de Pácora y Departamento de Caldas.

SEGUNDO. DECLARAR NO PROBADA la excepción previa denominada “Improcedencia de la acción popular” propuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por la Central de Inversiones S.A.

TERCERO. DECLARAR PROBADAS las excepciones de mérito denominadas “Buena fe en las actuaciones” interpuesta por el Municipio de Pácora, “Inexistencia de violación a derecho e intereses colectivos” por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “la posibilidad de vulnerar el principio de legalidad” y la “inexistencia de vulneración de derechos colectivos” por parte del Departamento de Caldas.

CUARTO. DECLARAR NO PROBADA la excepción de mérito denominada “ausencia del hecho generador” propuesta por el Municipio de Pácora.

QUINTO. ORDENAR a la Central de Inversiones S.A. realizar obras para la debida canalización de aguas lluvias en las propiedades ubicadas en el Municipio de Pácora que actualmente se utilizan como escenario deportivo, por lo cual este Despacho concederá un término de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia para la realización de las mismas. Dentro del mes siguiente al plazo concedido deberá informar a este Despacho el cumplimiento de esta orden. […]”

Para fundamentar esta decisión, el A quo se refirió al marco legal y jurisprudencial de los derechos colectivos presuntamente amenazados, así como a la naturaleza jurídica y objeto de la sociedad Central de Inversiones S.A. – CISA.

Con fundamento en las pruebas, concluyó que la cancha de futbol ubicada en el Barrio Fernando Gaviria del Municipio de Pácora, está en malas condiciones físicas y no cuenta con obras que canalicen las aguas lluvias, circunstancia que genera un riesgo de desastre durante la época en la que se presentan fuertes precipitaciones.

Sin embargo, el A quo consideró que a la Central de Inversiones S.A. –CISA no le corresponde, desde el punto de vista legal, construir y disponer al servicio de la comunidad centros de recreación o de deportes. Con respecto del Departamento de Caldas y del Municipio de Manizales, afirmó que tampoco tienen la competencia para adelantar obras públicas con el objeto de mejorar y mantener el bien inmueble, comoquiera que no son propietarios de este.

Así, el Tribunal Administrativo concluyó que “[…] frente a la circunstancia de que la cancha deportiva se encuentra en malas condiciones para su uso por parte de la comunidad, no es posible dar orden alguna […]”.

En contraste, con relación a la pretensión de canalización de aguas lluvias, en la sentencia se sostuvo que a la Central de Inversiones –CISA- le asiste la responsabilidad de mantener el lote de su propiedad en donde funciona la cancha deportiva objeto de la demanda de la referencia, en virtud de las funciones que tiene asignadas, consistentes en administrar, sanear y enajenar bienes inmuebles.

Ahora, el juez de primera instancia aseveró que al Municipio de Pácora le corresponde velar por el bienestar de los habitantes y brindar a la comunidad espacios de recreación. En efecto, exhortó al ente territorial y a la sociedad demandada, en los siguientes términos:

“[…] Teniendo en cuenta que este Juez no puede coadminsitrar, ante la evidencia de un escenario deportivo exhortará al Municipio de Pácora-Caldas, y a CISA para que continúe los acercamientos y se obtengan los permisos y acuerdos municipales respectivos, a fin de que se pueda realizar la compraventa o un contrato de arrendamiento, conforme lo autoriza el Decreto 4819 de 2007 […]”

Por último, consideró que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha realizado ninguna acción u omisión que vulnere o amenace los derechos o intereses colectivos de la comunidad del Barrio Fernando Gaviria del Municipio de Pácora.

Recursos de apelación

Recurso de apelación contra el auto que decretó la medida cautelar

El apoderado especial de Central de Inversiones S.A. – CISA-, manifestó que desde hace varios años, en los lotes de su propiedad, el Municipio de Pácora realizó adecuaciones para que funcionara una cancha de fútbol y que, en consecuencia, el ente territorial está encargado de su mantenimiento.

Afirmó que la recolección de residuos líquidos forma parte del servicio público de alcantarillado, el cual se encuentra a cargo del Municipio. Sobre el particular, precisó:

“[…] Así las cosas, la construcción de los sumideros de aguas lluvias, las aguas de escorrentía que dan al exterior y finalmente caen sobre la vía y, conforme lo señala el accionante han venido generando un impacto negativo sobre la vía pública y afectando a los habitantes del municipio, es responsabilidad de la administración Municipal de Pácora, en cabeza del alcalde municipal, no solo por el hecho de estar ocupando e invadiendo los 16 lotes de propiedad de CISA, sino porque el sistema de disposición de líquidos residuales, incluidas las aguas lluvias y aguas servidas, hace parte y es considerado como un servicio público domiciliario (alcantarillado) a cargo del Estado. En el presente caso, a cargo del Municipio de Pácora, tal como lo ha reiterado en múltiples pronunciamientos la honorable Corte Constitucional.

En consecuencia, quien debe adoptarlas medidas adecuadas y necesarias para hacer cesar la afectación objeto de la presente acción popular, particularmente sobre la vía pública ubicada al costado de los 16 lotes de propiedad de CISA, y empezar a realizar los estudios y diseños que permitan ejecutar las obras de alcantarillado, para la evacuación y adecuada canalización de las aguas lluvias y construcción de los correspondientes sumideros, en el sector donde se encuentran ubicados los 16 lotes invadidos por el Municipio de Pácora de propiedad de CISA, es la misma Alcaldía Municipal de Pácora, por ser este un servicio público domiciliario […]”.

Con fundamento en lo anterior, la Central de Inversiones – CISA solicitó se revoque el auto proferido el 4 de mayo de 2018 “[…] en el sentido de excluir a CISA de la obligación de realizar las obras de emergencia para la debida canalización de aguas lluvias, en los inmuebles de su propiedad en el Municipio de Pácora y en su lugar se imponga esta exigencia a la Alcaldía de Pácora en calidad de tenedor y además legalmente responsable de esas actividades […]”.

Recurso de apelación contra la sentencia

La Sala procede a realizar un resumen de los argumentos expuestos en la impugnación presentada por la Central de Inversiones S.A. – CISA contra la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Caldas el 27 de septiembre de 2018.

Según la sociedad demandada, al analizar las pruebas que obran en el plenario se concluye que el Municipio ha ocupado los lotes objeto del litigio para construir una cancha de futbol. Sobre el particular, precisó:
“[…] Según los certificados de tradición que se aportaron con la contestación a la demanda, (folios 112-4229, 112-4230 y 112-4231) el Municipio de Pácora había enajenado los inmuebles en mayor extensión desde el año 1980 al Instituto de Crédito Territorial quien pretendió construir una urbanización en esos predios, según la anotación Nº 1 de los respectivos certificados de tradición. Posteriormente y como consecuencia de su liquidación fueron transferidos al INURBE en el año 2002 y finalmente en el año 2014 como consecuencia de la liquidación de éste, los 20 predios pasaron a ser propiedad de CISA.

Se verifica con lo anterior, que las mejoras realizadas a la cancha por parte del Municipio de Pácora desde el año 1982 y que da cuenta el Secretario de Planeación y Obras fueron hechos en terrenos ajenos a fin de adecuarlos a zona recreativa como cancha de futbol y no por ello “se conllevaría un peculado por aplicación oficial diferente”, puesto que esas obras se hicieron en virtud al deber del estado de velar por el bienestar de los escenarios, según lo dispone la Ley 181 de 1995 […]”.

Por lo anterior, en criterio de la demandada, el Municipio de Pácora es responsable de la canalización de las aguas lluvias.

Asimismo, el apoderado especial de la Central de Inversiones S.A. –CISA, afirmó que la canalización de las aguas lluvias para evitar el deterioro de las vías públicas, forma parte de las obras de alcantarillado, por lo tanto, esta labor se encuentra a cargo de los municipios según los artículos 5.º, 23, y 28 de la Ley 142 de 11 de julio de 1994; 3.º del Decreto 3050 del 27 de diciembre de 2013; y 3.º del Decreto 302 del 25 de febrero de 2002.

Asimismo, la impugnante aseveró que a los municipios les corresponde el mantenimiento de los escenarios deportivos.

Con fundamento en lo expuesto, la demandada solicitó se revoque la sentencia impugnada “[…] y en su lugar se declare que es responsabilidad del Municipio de Pácora, realizar las obras para la debida canalización de aguas lluvias en las propiedades ubicadas en el Municipio de Pácora que actualmente se utilizan como escenario deportivo […]”.

Actuación en segunda instancia – apelación de la sentencia proferida en primera instancia

El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 19 de noviembre de 2018 admitió el recurso de apelación presentado por la Central de Inversiones S.A. –CISA- contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 27 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Caldas.

Posteriormente, el Despacho sustanciador, por auto proferido el 14 de diciembre de 2018, ordenó a las partes que presentaran sus alegatos y surtir traslado al Procurador Delegado ante esta Corporación con el fin que rindiera concepto.

Alegatos de conclusión

La Sala observa que en esta instancia procesal, presentaron alegatos los apoderados especiales de la Central de Inversiones S.A. –CISA- y del Municipio de Pácora.

En sus alegatos, la Central de Inversiones S.A. –CISA- sostuvo que no fue probada que la falta de canalización inundara la calle principal aledaña a la cancha de futbol. Sobre el particular, agregó:

“[…] Como se aprecia, no es claro que la falta de desagües y de canalización de aguas lluvias representen una amenaza a los derechos colectivos, que no fueron determinados con claridad, como tampoco existe en el proceso evidencia científica o técnica de tal amenaza, toda vez que de las pruebas señaladas por el actor y las practicadas en el proceso, no existe ninguna que pueda señalar la existencia de tal riesgo, siendo que lo narrado por el demandante es que las aguas lluvias inundan a calzada y afectan –sin mencionar perjuicio o amenaza alguna-una zona verde aledaña- y, téngase en cuenta que si no hay amenaza o no hay vulneración cierta no es procedente la acción popular […]”

Asimismo, la demandada aseveró que adquirió los bienes inmuebles, objeto de la presente acción popular, en el año 2014, como consecuencia de la liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana –INURBE. Consideró que las pruebas indican que, desde el año 1982, el Municipio de Pácora ha utilizado esos bienes, lo cual, en su criterio, constituye un comodato precario, en los términos del artículo 2220 de la Ley 84 de 26 de mayo de 1873, por la cual se expide el Código Civil.

La parte impugnante, para fundamentar este argumento, citó la sentencia proferida el 4 de agosto de 2008, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado, doctor, Edgardo Villamil Portilla, en el proceso identificado con el número único de radicación 680013103009200000710-01.

Así las cosas, concluyó que “[…] es claro que el pago de los gastos ordinarios para el uso y conservación de la cancha de futbol en el Barrio Fernando Gaviria del Municipio de Pácora le corresponden al Ente Territorial por ser el Municipio de Pácora el comodatorio y detentador del uso de esos bienes, tal como lo venía haciendo antes de ser adquiridos por mi representada y en consecuencia, debe exonerarse a CISA de la realización de cualquier obra necesaria para su conservación, como es la canalización de las aguas lluvias ordenada por el Honorable Tribunal Ad Quo […]”.

La apoderada especial del Municipio de Pácora, en el escrito de alegaciones, solicitó que esta Corporación confirme la sentencia impugnada, comoquiera que los lotes objeto de la controversia son propiedad de la Central de Inversiones S.A. –CISA-.

Por último, sostuvo que “[…] El Municipio de Pácora, pensando en el bienestar de la comunidad ha establecido contacto con CISA mediante escritos, comunicaciones telefónicas, indicándole el interés en que esta última entidad le cesa al Municipio de Pácora dicho inmueble, mediante comodato, venta, donación o alguna figura jurídica. Para que así el Municipio pueda adelantar alguna obra recreativa a favor de la comunidad […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo 58 de 15 de septiembre de 1999, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el artículo 150 de la Ley 1437, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia, por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.

Agotados los trámites inherentes a la acción popular sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación.

Para ello, la Sala procederá en el siguiente orden: i) cuestiones previas; ii) marco normativo y jurisprudencial de la acción popular; iii) planteamiento del problema jurídico; iv) procedencia de la acción popular para reclamar la protección de derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; v) acervo probatorio; iv) análisis y solución del caso concreto; y vi) conclusiones de la Sala.

Cuestiones previas

De los recursos de apelación contra el auto que decretó la medida cautelar y la sentencia

De acuerdo con los antecedentes expuestos, el presente proceso se encuentra para resolver los recursos de apelación presentados por la Central de Inversiones S.A. –CISA- contra el auto proferido el 4 de mayo de 2018, mediante el cual se decretó una medida cautelar, y la sentencia proferida, en primera instancia.

La medida cautelar tiene un carácter provisional, toda vez que su objeto se dirige a evitar, de forma transitoria, la afectación de un derecho o interés colectivo mientras se dicta la sentencia. En efecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera de Estado, doctora María Elizabeth García González, en sentencia proferida el 25 de mayo de 2018, definió las medidas cautelares como “[…] aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento jurídico protege, de manera provisional y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso […]” (Resaltado fuera de texto original).

Así las cosas, una vez se profiere la sentencia que accede a las pretensiones de la demanda, se adoptan órdenes de forma definitiva para proteger los derechos o intereses colectivos, cuya vulneración o amenaza se probó en el transcurso del proceso. En este orden de ideas, la medida cautelar adoptada deja de tener efectos.

Comoquiera que, en el caso sub examine, se dictará sentencia que resolverá, de forma definitiva, sobre la presunta vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda, decisión que hará tránsito a cosa juzgada, la apelación presentada contra el auto que decretó la medida cautelar queda relegada al problema jurídico principal. En consecuencia, la Sala se pronunciará, de forma exclusiva, sobre la apelación de la sentencia, proferida en primera instancia.

La facultad de la Sala para decidir el recurso de apelación

La Sala analizará los argumentos expuestos por la Central de Inversiones S.A. –CISA- en el recurso de apelación contra la sentencia. Para tal efecto y de conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, esta Sala de decisión se limitará a conocer solamente los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso, pues los mismos, en el caso del apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

La oportunidad para alegar de conclusión en segunda instancia, es una etapa procesal instituida para que las partes puedan exponer los puntos de hecho, de derecho y probatorios que fueron objeto de controversia en el recurso de apelación. Sin embargo, en esta etapa no es posible incluir un argumento nuevo en contra de la sentencia, proferida en primera instancia, pues de lo contrario, se vulneraría el derecho al debido proceso de la parte contraria.

Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado con ponencia del Consejero de Estado, doctor Carlos Enrique Moreno Rubio (E), en sentencia proferida el 9 de febrero de 2017 en el proceso radicado bajo el núm. 66001-23-33-000-2016-00080-01, consideró:

“[…] Previo a estudiar el problema jurídico que se impone resolver, la Sala encuentra necesario precisar que los argumentos esgrimidos por la parte demandada en los alegatos de conclusión constituyen verdaderos reparos contra la sentencia impugnada que no pueden ser tenidos en cuenta por las siguientes razones: (i) Los alegatos de conclusión constituyen la oportunidad procesal otorgada a las partes para que, si a bien lo tienen, manifiesten sus impresiones respecto de lo ocurrido en el trasegar de la instancia correspondiente. En ese sentido, es la oportunidad para expresarle al juez cuál debe ser, en su sentir, la conclusión a la que se debe llegar luego de analizar los fundamentos de hecho, de derecho, y el acervo probatorio, sin que sea posible a esas alturas del proceso traer nuevos cargos o solicitar nuevas pruebas. (ii) Si se abre la posibilidad de que las partes usen los alegatos de conclusión para adicionar los cargos de la demanda o los fundamentos de la apelación, se vería comprometido el debido proceso como quiera que la otra parte o incluso los terceros vinculados al proceso no tendrían oportunidad de oponerse a esos nuevos argumentos. No puede perderse de vista que el proceso está diseñado de tal manera que cada etapa obedece a una estructura lógica tendiente a garantizar los derechos de las partes y a permitirle al juez que adopte una decisión de fondo. Así, los nuevos argumentos introducidos por el demandado en los alegatos de conclusión relativos a que la sentencia impugnada no tuvo en cuenta su conducta escapan al estudio de esta instancia como quiera que no fueran planteados en el recurso de apelación […]” (Resaltado fuera de texto original).

En el sub examine, la Sala observa que en los alegatos de conclusión, la Central de Inversiones S.A. –CISA- formuló como nuevo motivo de inconformidad contra la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Caldas, que no se probó que la falta de canalización de las aguas lluvias provoquen la inundación de la calle principal y afecte la estabilidad del terreno.

En contraste, los motivos de apelación de la sentencia expuestos en el recurso se refirieron, en síntesis, a que el Municipio de Pácora debía realizar las obras para la canalización de las aguas lluvias, porque ese ente territorial ha ocupado el inmueble y lo ha adecuado para prestar un servicio de recreación. Asimismo, agregó que esa labor corresponde a la prestación del servicio público de acueducto, el cual, constitucional y legalmente, está a cargo de los municipios.

Así las cosas, el apoderado especial de la sociedad demandada varió los argumentos del recurso de apelación e introdujo otro argumento de defensa.

En consecuencia, la Sala se abstendrá de estudiar los motivos de inconformidad que no fueron expuestos en el recurso de apelación.

Marco normativo y jurisprudencial de la acción popular

El artículo 88 de la Constitución Política dispone que las acciones populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

En desarrollo de la norma constitucional, el legislador expidió la Ley 472 que en su artículo 2.º define las acciones populares como “[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la procedencia del amparo.

Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la afectación de los derechos e intereses.

Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia de 28 de marzo de 2014, explicó lo siguiente:

“[…]

Acorde con el inciso 2 del artículo 3 de la Ley 472 de 1998, el objeto de la acción popular radica en evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando ello fuere posible.

Por su parte, el artículo 9 de la misma disposición prevé que tal instrumento procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares

[…] Esta Corporación ha recalcado que además de que se presente a) una acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana, sino también c) la existencia de la relación de causalidad entre la acción, la omisión, y la señalada afectación de los referidos derechos e intereses […] Cabe anotar que las acciones populares tienen carácter restitutorio, es decir, buscan, cuando ello fuere posible, volver las cosas al estado anterior a la violación del derecho, toda vez que su objeto radica en proteger de manera efectiva el interés colectivo, razón por la cual corresponde al juez determinar si es posible dicho restablecimiento, porque de no serlo procede una indemnización, teniendo claro que la acción popular no persigue un beneficio pecuniario […] Dentro de este contexto la acción popular se encuentra vinculada estrechamente con el principio de solidaridad consagrado en la Constitución Política, esto es, que constituye un mecanismo por medio del cual los ciudadanos intervienen en las decisiones que los afectan para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado […] Otra de las características de la acción popular es la relacionada con la autonomía del instrumento judicial.

En efecto, esta Sección ha indicado que esta acción constitucional es autónoma y principal, no es viable que se formulen reparos para su ejercicio, diferentes a los que corresponden a las reglas procesales propias para su admisibilidad (artículo 18 ley 472 de 1998); por consiguiente, no resulta viable, ni legítimo, que se haga pender la admisión de la acción popular de la procedencia o no de otras acciones principales o subsidiarias, por cuanto la acción popular tiene como objetivo específico y puntal el proteger a los derechos o intereses colectivos invocados con la demanda […] Es de resaltar que la acción popular puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica. Empero, ha destacado la Sala que quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] la Sala encuentra el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, el cual permite el decreto de medidas cautelares de oficio o a petición de parte, antes de notificada la demanda o en cualquier estado del proceso, con el propósito de prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiese causado. Aunado a ello, el artículo 26 ibídem, señala que contra el auto que ordena dichas medidas proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deben ser concedidos en el efecto devolutivo… Los intereses colectivos suponen la restitución de derechos cuyo titular es un grupo indeterminado de personas.

[…]” (Destacado de la Sala).

La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley 472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción pública, esto es, como mecanismo propio de la democracia participativa, puede ser ejercida por “toda persona” y, además, para afianzar pedagógicamente un sistema de control social, se señalan expresamente como titulares de esta acción las organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de acudirse a las acciones pertinentes.

Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispone el artículo 30 de la Ley 472 y que corresponde al actor popular la carga de acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.

Planteamiento de los problemas jurídicos

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la Central de Inversiones S.A. –CISA- en contra de la sentencia, proferida en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Caldas, la Sala deberá determinar si la Central de Inversiones S.A. –CISA- debe realizar las obras para la debida canalización de las aguas lluvias en los bienes inmuebles de su propiedad, ubicados en el Barrio Fernando Gaviria del Municipio de Pácora; o si, por el contrario, al Municipio de Pácora le corresponde cumplir esta orden, comoquiera que, legal y constitucionalmente, le corresponde atender el servicio público de alcantarillado y, además, ostenta la tenencia del bien inmueble en donde se encuentran ubicadas las canchas del futbol.

Procedencia de la acción popular para reclamar el amparo del derecho e interés colectivo relativo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles

Desde el punto de vista constitucional, este derecho colectivo tiene su fundamento en el artículo 2.º de la Constitución Política, que dispone lo siguiente:

“[…] Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.

La relevancia de la actividad preventiva en el Estado Social de Derecho tiene sustento en que el bienestar social debe lograse a través del despliegue de conductas que mitiguen las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos superiores de las personas.

En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, le encarga al Estado el deber de proveer a los habitantes de los mecanismos e instrumentos para que aquellos hechos riesgosos puedan ser controlados de manera eficiente y eficaz.

Desde una perspectiva legal, la gestión del riesgo de desastres está definida en la Ley 1523 de 24 de abril de 2012 como “[…] un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible […]”.

El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente ha sido objeto de análisis por esta Corporación, en cuya jurisprudencia se analizó su en los siguientes términos:

“[…] Proclamado por el literal l) del artículo 4º de la ley 472 de 1998, este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública. De ahí que esta Sección haya destacado el carácter preventivo de este derecho haciendo énfasis en su vocación de evitar la consumación de los distintos tipos de riesgo que asedian al hombre en la actualidad, ya no solo naturales (v. gr. fuego, deslizamientos de tierra, inundaciones, sequías, tormentas, epidemias, etc.), sino también –cada vez más– de origen antropocéntrico (v.gr., contaminación del ambiente, intoxicaciones o afectaciones a la salud, destrucción o afectación de la propiedad privada o pública por accidentes, productos, actividades o instalaciones). Pese al talante preventivo de este derecho colectivo, nada obsta para que su amparo pueda presentarse también ante situaciones que ya no solo constituyen riesgos sino vulneraciones concretas de los derechos e intereses reconocidos por la Constitución y la ley a la comunidad y a las personas que la conforman, y que, por ende, ameritan la intervención del Juez Constitucional. En últimas, tanto la prevención como la protección, corrección y restitución de estos derechos frente a situaciones que los afectan constituyen objetivos propios de las acciones populares; a las que, como se mencionó líneas arriba, es inherente una dimensión preventiva, protectora, reparadora y restitutoria de los derechos que amparan.

[…]

Supone, entonces, una Administración Pública activa, técnica y comprometida con la asunción permanente de sus responsabilidades y con el monitoreo constante de aquellos ámbitos de la vida diaria que están bajo su cargo, como presupuesto de la actuación anticipada o preventiva (y también reactiva) que instaura como estándar de sus actuaciones. No se puede olvidar que es misión de las autoridades realizar las acciones y adoptar las medidas que resulten indispensables para garantizar la vida e integridad de los residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y, en general, el conjunto de derechos de los que son titulares; para lo cual es esencial su compromiso con la prevención de situaciones de amenaza o vulneración de esos derechos, en especial cuando ellas son susceptibles de ser anticipadas mediante la fiscalización permanente de la realidad y la adopción oportuna de las medidas pertinentes para asegurar la efectividad de los derechos, bienes e intereses de la comunidad y de sus miembros. Todo ello, lógicamente, en un marco de razonabilidad y de proporcionalidad, pues mal puede suponer la imposición a la Administración de obligaciones imposibles de cumplir por razones técnicas, jurídicas, económicas o sociales […]” (Destacado de la Sala).

En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno de los fines del Estado (artículo 2 de la Constitución Política), consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter preventivos que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por previsibles desastres naturales o antrópicos.

Acervo probatorio

Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

Del material probatorio allegado al proceso, se destacan las siguientes pruebas:

Documentales

Petición presentada por Enrique Arbeláez Mutis al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que esta entidad adoptara las medidas tendientes a adecuar la cancha deportiva ubicada en el Barrio Fernando Gaviria en el Municipio de Pácora.

Oficio firmado por la coordinadora del Grupo de Derechos de Petición, Consultas y Cartera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual, le informa a Enrique Arbeláez Mutis que su petición fue traslada a la Central de Inversiones S.A.-CISA-, por ser la propietaria del inmueble donde está ubicada la cancha de fútbol.

Oficio firmado por la coordinadora del Grupo de Derechos de Petición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual le informa al señor Enrique Arbeláez Mutis que si bien, la Central de Inversiones S.A. –CISA- es una entidad adscrita a ese ministerio, es una persona jurídica independiente, “[…] razón por la cual no es posible al Ministerio de Hacienda y Crédito Público dar respuesta a su solicitud […]”.

Petición presentada por Enrique Arbeláez Mutis al Municipio de Pácora con el objeto que ese ente territorial haga una visita técnica a la cancha de fútbol ubicada en el Barrio Fernando Gaviria y realice las adecuaciones necesarias para su funcionamiento. Con esta petición, fueron aportadas diez (10) fotografías impresas en papel.

Oficio suscrito por el Gerente de la Central de Inversiones S.A. –CISA-, sucursal Medellín, mediante el cual, se le informa al señor Enrique Arbeláez Mutis la naturaleza jurídica de esa entidad y que recibió a título gratuito varios bienes.

Respuesta del Municipio de Pácora a la petición presentada por Enrique Arbeláez Mutis, según la cual, el bien inmueble donde se construyeron las canchas de fútbol, no es propiedad del ente territorial. Al documento, se anexó copia de la factura del impuesto predial y fotografías del escenario deportivo.

Resolución núm. 0292 expedida el 6 de junio de 2014 por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “Por medio de la cual se transfiere a título gratuito, la propiedad de unos inmuebles ubicados en el Municipio de Pácora – Caldas a Central de Inversiones S.A. CISA”.

Actas de recibo físico de los bienes inmuebles transferidos a título gratuito a la Central de Inversiones S.A. –CISA-.

Datos básicos de los Certificados de Tradición y Libertad de los bienes inmuebles transferidos a título gratuito a la Central de Inversiones S.A. –CISA-.

Oficio de fecha 5 de febrero de 2018, mediante el cual, la Central de Inversiones S.A. -CISA-, sucursal Medellín, le informó al Municipio de Pácora que, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica y objeto de la sociedad, no es posible celebrar un contrato de comodato o arrendamiento de los lotes ubicados en el Barrio Fernando Gaviria.

Certificado expedido por el Secretario de Planeación y de Obras Públicas del Municipio de Pácora, sobre el uso del suelo en la cancha de futbol ubicada en el Barrio Fernando Gaviria.

Certificado expedido por el Secretario de Planeación y de Obras Públicas del Municipio de Pácora, sobre las adecuaciones realizadas a un predio.

Registro fotográfico de una cancha de futbol.

Testimoniales

Testimonio rendido, el 14 de agosto de 2018, por señor Marino Montes Suárez, en su calidad de Inspector de Obras de la Secretaría de Planeación del Municipio de Pácora.

Testimonio rendido, el 14 de agosto de 2018, por el señor Sebastián Martínez Henao, en calidad de Secretario de Obras Públicas del Municipio de Pácora.

Análisis probatorio y solución del caso concreto

Lo primero que la Sala encuentra, al analizar las pruebas, es que la Central de Inversiones S.A.-CISA- es propietaria de los bienes inmuebles ubicados en el Barrio Fernando Gaviria del Municipio de Pácora, circunstancia que no es objeto de controversia en el presente proceso.

Mediante la Resolución núm. 0292 de 2 de junio de 2014, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, resolvió, en el artículo 1.º, “[…] Transferir a título gratuito a Central de Inversiones S.A. – CISA, identificada con NIT 860.042.945-5, el derecho de dominio y la posesión real y material, pacífica e ininterrumpida que ejerce el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sobre los veinte (20) inmuebles […]” ubicados en Municipio de Pácora, Departamento de Caldas.

En el referido acto administrativo, se precisó que “[…] La transferencia del derecho de dominio, se realiza como CUERPO CIERTO, no obstante la cabida, descripción y linderos señalados, en el estado material y jurídico en que se encuentran los inmuebles descritos en este artículo y comprenderán todos los derechos, anexidades, dependencias, reformas, adiciones y modificaciones del inmueble objeto de la presente resolución […]” (Resaltado fuera de texto original).

En efecto, según las actas “de recibo físico de lotes”, visibles a folios 79 a 81 del expediente, la Central de Inversiones S.A. CISA recibió los bienes inmuebles con una cancha en arenilla, en regular estado de conservación. En las actas, se lee lo siguiente:

“[…] Código del inmueble CISA
18553

[…]

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Lote de terreno plano ubicado en la manzana 6. Lote 15 ubicado en cancha de arenilla cerrada por el municipio de Pácora para uso de la comunidad. Colindante con lote 16 y 14.

[…]

ESTADO DEL LOTE

Cancha en regular estado […]” (Resaltado fuera de texto original)

“[…] Código del inmueble CISA
18566

[…]

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Lote de terreno plano ubicado en la manzana 6. Lote 12 ubicado en cancha de arenilla cerrada por el municipio de Pácora para uso de la comunidad. Colindante con lote 1 y 11.

[…]

ESTADO DEL LOTE

Cancha en regular estado […]” (Resaltado fuera de texto original)

“[…] Código del inmueble CISA
18552

[…]

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Lote de terreno plano ubicado en la manzana 6. Lote 12 ubicado en cancha de arenilla cerrada por el municipio de Pácora para uso de la comunidad. Colindante con lote 1 por costado derecho y lote 16 por la parte trasera.

[…]

ESTADO DEL LOTE

Cancha en regular estado […]” (Resaltado fuera de texto original)

En consecuencia, el escenario deportivo, ubicado en los lotes objeto de trasferencia, quedó bajo la custodia y administración de la Central de Inversiones S.A. –CISA-, lo cual le exigía la adopción de medidas tendientes a su conservación y adecuación con el objeto de evitar la generación de riesgos, teniendo en cuenta las condiciones en las que se encontraba.

Si la sociedad beneficiaria con la transferencia, consideraba que los bienes inmuebles ubicados en el Barrio Fernando Gaviria del Municipio de Pácora no cumplían con los requisitos para que pudieran ser gestionados en el ámbito del cumplimiento de su objeto social, debía solicitar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la revocatoria del acto administrativo de transferencia. En efecto, el parágrafo 4.º del Decreto 00047 de 14 de enero de 2014, establece:

“[…] artículo 8º. Transferencia de bienes inmuebles. Las entidades públicas, para efectos de lo dispuesto en el parágrafo primero y siguientes del artículo 238 de la Ley 1450 de 2011, deben transferir al Colector de Activos Públicos –CISA, a título gratuito y mediante acto administrativo, los bienes inmuebles de su propiedad que se encuentren saneados y no requieran para el ejercicio de sus funciones, y los previstos en el numeral 3 del artículo 1 del presente decreto.

[…]

Parágrafo 4. En los casos en los que, aún después de haber sido recibido el inmueble por CISA, el mismo no se ajuste a los requerimientos del numeral 2 del artículo 1 del presente Decreto, CISA solicitará a la entidad pública la revocatoria del acto de transferencia […]” (Resaltado fuera de texto original).

El numeral 2.º del artículo 1.º del Decreto citado de forma previa, prevé:

“[…] 2. Bienes inmuebles saneados: Son aquellos activos fijos que cumplan las siguientes condiciones: (i) que existan físicamente y tengan identificación registral y catastral; (ii) que no estén catalogados como de uso o espacio público; (iii) que no hayan sido catalogados como inalienables o fuera del comercio o tengan cualquier limitación al derecho de dominio que impida su tradición; (iv) que no cuenten con condiciones resolutorias de dominio vigente o procesos de cualquier tipo en contra de la entidad pública que recaigan sobre el bien inmueble; (v) que no se enmarquen en las condiciones establecidas en el artículo 14 de ley 708 de 2001, modificado por el artículo 2 de la Ley 1001 de 2005; (vi) que no estén ubicados en zonas declaradas de alto riesgo, identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complemente o en aquellas que se definan por estudios geotécnicos que en cualquier momento adopte la Administración Municipal, Distrital o el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; (vii) que no estén ubicados en zonas de cantera que hayan sufrido grave deterioro físico; (viii) que no tengan diferencias de áreas entre los títulos y la información catastral y (ix) que no se encuentren catalogadas en los planes o esquemas de ordenamiento territorial como zonas de protección forestal, parques, zonas verdes o conservación ambiental […] ”

Así las cosas, la ocupación de los bienes inmuebles objeto de transferencia por parte del Municipio de Pácora, no constituye una causal que exima a la Central de Inversiones S.A. –CISA del cumplimiento de las obligaciones como propietaria, pues la Sala insiste que si por la condición en la que se encontraban los bienes, esa sociedad no podía llevar a cabo su objeto social, no tenía la obligación de conservarlos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.º del Decreto 4819 de 24 de diciembre de 2007, la Central de Inversiones S.A.-CISA- tiene como objeto, entre otros, gestionar, adquirir, administrar, comercializar, cobrar, recaudar, intermediar, enajenar y arrendar los bienes inmuebles que adquiera a cualquier título y, para ello, está facultada para celebrar los contratos que considere necesarios, según lo disponen sus estatutos sociales.

En el expediente, no obra prueba alguna que le indique a la Sala que los bienes inmuebles en los que funciona la cancha de fútbol hayan sido entregados a otra entidad pública o al Municipio de Pácora para su administración, a título de arrendamiento o comodato. Si bien, el día 11 de julio de 2007 el Gerente de la Sucursal Medellín de la Central de Inversiones S.A. CISA, en comunicación dirigida al actor popular, sostuvo que “[…] se encuentran realizando trámites internos con el fin de entregar los inmuebles al Municipio en comodato […]”, de acuerdo con los documentos que obran en el expediente, a la fecha no se ha llevado a cabo ese negocio jurídico.

En efecto, mediante el oficio de fecha 5 de febrero de 2018, la Central de Inversiones S.A. -CISA-, sucursal Medellín, le informó al Municipio de Pácora que, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica y objeto de la sociedad, no es posible celebrar un contrato de comodato o arrendamiento de los lotes ubicados en el Barrio Fernando Gaviria.

Entonces, como la administración de esos bienes no ha sido encomendada a otra entidad, esta labor continúa a cargo de la titular del derecho de domino y, por lo tanto, la Central de Inversiones S.A.-CISA- no puede justificar las omisiones en las que incurre, aduciendo que el cuidado de los bienes lo tiene el Municipio de Pácora.

También, la sociedad demandada sostiene que el Municipio de Pácora “[…] desde el año 1982 ha venido ocupando los lotes propiedad de CISA como escenario deportivo y realizado obras de mantenimiento y adecuación como son los muros de contención, el cerramiento en malla, instalación de porterías para futbol, iluminación, graderías y filtros de canalización. En virtud de lo anterior las obras de canalización de aguas lluvias son responsabilidad del Municipio realizarlas por ser parte de la administración y mantenimiento del escenario deportivo y por ende no es competencia de CISA […]”. Sin embargo, de las pruebas solo es posible inferir que la adecuación de los inmuebles por parte del Municipio, se realizó antes del año 2014, es decir, previo a que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expidiera la Resolución núm. 0292 de 2 de junio de 2014, “Por medio de la cual se transfiere a título gratuito, la propiedad de unos inmuebles ubicados en el Municipio de Pácora – Caldas a la Central de Inversiones S.A. CISA”.

Precisamente, en las actas de recibo físico suscritas por el Coordinador de Gestión de Activos de la Central de Inversiones S.A. CISA, se lee que el terreno objeto de transferencia a título gratuito está “[…] ubicado en cancha de arenilla cerrada por el municipio de Pácora para uso de la comunidad […]”.

Ahora, en el certificado expedido por el Secretario de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Pácora el 21 de abril de 2018, se precisó lo siguiente:

“[…] Que desde aproximadamente el año 1982, cuando se determinó que el sitio no era apto para la construcción de viviendas, el municipio ha venido realizando varias mejoras como muros de contención, cerramiento perimetral en malla eslabonada, arcos para futbol siete, sistema de iluminación y más recientemente la Gobernación de Caldas ejecuto mejoras consistentes (sic) la implementación de gradería, con el fin de estimular el deporte y la recreación de los jóvenes del Barrio Fernando Gaviria y sus alrededores para alejarlos de malos vicios […]”.

En el testimonio rendido, el 14 de agosto de 2018, por el señor Mario Montes Suárez, en calidad de Inspector de Obras de la Secretaría de Planeación del Municipio de Pácora, se precisó que el ente territorial dejó de hacer reparaciones y mantenimiento en los lotes en donde funciona la cancha de futbol, una vez la Central de Inversiones S.A. –CISA- adquirió los bienes inmuebles objeto de controversia:

“[…] PREGUNTADO: Como usted […], el Municipio no puede invertir, pero ¿Desde hace cuánto tiempo o siempre ha sido así? CONTESTADO: Hace varios años, creo que aproximadamente cuatro, tres, cuatro años que pasó a hacer parte de CISA, entonces el Municipio no ha destinado ningún arreglo, y ha tratado por varios medios de decirle a CISA que si le vende, le da en comodato, se lo dona para poder ya el Municipio hacerse cargo de él para poder hacer las mejoras que se requieren para poder destinarla como una cancha o como un sitio de recreación y deporte para la juventud y los niños de ese entorno […]. PREGUNTADO: También se ha conocido versiones, en la audiencia inicial y en la demanda, de que en esa cancha de todas maneras el Municipio ha adelantado ya sea en fecha anterior algunas obras, ¿Usted sabe si eso es cierto? CONTESTADO: Si, cuando hacía parte del Municipio, el Municipio trataba de hacerle el mantenimiento, pero a partir que empezó a ser de CISA, entonces hasta ahí llegó el municipio a… PREGUNTADO: ¿Tiene unas graderías? CONTESTADO: Ella tiene unas graderías. PREGUNTADO: ¿Quién construyó esas graderías? CONTESTADO: Eso fue como en el 2012, creo que se construyeron esas graderías. Las construyó el Departamento. PREGUNTADO: Departamento de Caldas. CONTESTADO: Si […]”.

En lo que se refiere a la construcción de escaleras en el año 2012, llevada a cabo por el Departamento de Caldas, la Sala considera que esta circunstancia tampoco exime la responsabilidad de la Central de Inversiones – CISA, comoquiera que esta intervención se realizó antes que le fuera transferido el bien inmueble a esa sociedad, la cual lo recibió con esas mejoras.

Además, no se encuentra probado en el expediente que la construcción de la cancha de futbol y de las escaleras, sea la causa de la inadecuada conducción de las aguas lluvias.

Ahora, en el recurso de apelación, la sociedad demandada insiste en que el Municipio de Pácora debe realizar las obras de conducción de aguas lluvias porque, “[…] el legislador radicó en cabeza de los Municipios el deber de coordinación y promoción de actividades deportivas y de recreación […]”. Sobre el particular, basta con decir que si bien, a los municipios les corresponde promover, financiar o cofinanciar proyectos relacionados con el deporte y la recreación, ello no implica que en todos los inmuebles en los que se encuentre un escenario deportivo, los entes territoriales tengan la obligación de destinar recursos para su mantenimiento, por cuanto esta responsabilidad, por regla general, es del propietario.

En consecuencia, no están destinados a prosperar los argumentos de apelación, según los cuales, el Municipio de Pácora, debido a que ha ocupado y modificado el inmueble en donde funciona el escenario deportivo, debe realizar las obras para la conducción de las aguas lluvias.

Además de lo anterior, la sociedad Central de Inversiones S.A. –CISA- sostuvo, en el recurso de apelación, que al Municipio de Pácora le corresponde prestar los servicios públicos y, en esta medida, canalizar la aguas lluvias.

Sobre este argumento, la Sala considera necesario precisar que, de conformidad con el artículo 5.º de la Ley 142 de 11 de julio de 1994, es competencia de los municipios asegurar que se preste a sus habitantes, de manera eficiente, entre otros, el servicio público de alcantarillado. Asimismo, el artículo 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001, ordena que los municipios, directa o indirectamente, a través de terceros, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promuevan, financien o cofinancien proyectos de interés municipal en materia de servicios públicos y, en ese orden, velen por la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos.

El servicio público de alcantarillado implica la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos líquidos por medio de tuberías y conductos, ya sean que se traten de aguas residuales domésticas o de las pluviales. En contraste, la orden judicial consistente en realizar obras para la canalización de aguas lluvias dentro del bien inmueble en donde se encuentra ubicada la cancha de fútbol, lo cual implica la adecuación de las instalaciones para regularizar el cauce de las aguas lluvias en el escenario deportivo, sin que conlleve la ejecución de una obra en espacio público para la recolección, transporte y disposición final de los residuos líquidos.

En efecto, en la sentencia proferida, en primera instancia, no se aludió a la necesidad de recolectar las aguas lluvias a través de un proyecto de alcantarillado pluvial que, de conformidad con la Resolución núm. 330 de 8 de junio de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, requiere para su ejecución de estudios y diseños de carácter técnico. La Sala insiste que la orden judicial se dirige a que se realicen obras en los inmuebles de propiedad de la sociedad demandada, para que las aguas pluviales no se viertan directamente sobre el espacio público, sino que sean conducidas de forma adecuada a la red de alcantarillado existente, dado el mal estado del inmueble.

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala considera que la Central de Inversiones S.A.-CISA es la entidad que debe realizar las obras tendientes al mantenimiento de los bienes inmuebles de su propiedad, ubicados en el Barrio Fernando Gaviria del Municipio de Pácora, con el objeto de evitar que las aguas lluvias generen un riesgo de desastre.

Así las cosas, se confirmará el auto y la sentencia, proferidos el 4 de mayo y 27 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante los cuales, se decretó una medida cautelar y se accedió, de forma parcial, a las pretensiones de la demanda.

Por último, la Sala encuentra que en la sentencia, proferida en primera instancia, no se ordenó la conformación del comité de verificación de su cumplimiento. Sobre el particular, el artículo 34 de la Ley 472, prevé:
“[…] En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente culminar su ejecución. En dicho término el juez conservará la competencia para tomar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo.
También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo […]” (Resaltado fuera de texto original)

Con el finalidad de que se adopten las medidas necesarias dirigidas al cabal cumplimiento de la sentencia, relacionadas con la adecuación de los inmuebles propiedad de la Central de Inversiones S.A. –CISA- para prevenir un desastre previsible técnicamente o un accidente por causa del mal estado de estos, la Sala adicionará la sentencia, proferida en primera instancia, en el sentido de ordenar la conformación del comité de verificación, en el cual participarán: i) la parte actora; ii) la Defensoría del Pueblo; iii) el Delegado de la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal Administrativo de Caldas; y v) la Central de Inversiones S.A. –CISA. Este Comité será presidido por el Tribunal Administrativo de Caldas.

Conclusión

En suma, la Sala concluye que, en el caso sub examine, no se es posible revocar la sentencia apelada, comoquiera que la Central de Inversiones S.A. –CISA-, en su calidad de titular del derecho real de dominio sobre los bienes inmuebles ubicados en el Barrio San Francisco de Pácora, tiene la obligación de administrarlos de forma adecuada y llevar a cabo las obras necesarias para su mantenimiento, lo que incluye la conducción de aguas lluvias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Caldas el 27 de septiembre de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Caldas el 27 de septiembre de 2018, en los siguientes términos:

Conformar un comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en el cual participarán: i) la parte actora; ii) la Defensoría del Pueblo; iii) el Delegado de la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal Administrativo de Caldas; y v) la Central de Inversiones S.A. –CISA. El Comité será presidido por el Tribunal Administrativo de Caldas.

Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de la sentencia, relacionadas con la adecuación de los inmuebles propiedad de la Central de Inversiones S.A. –CISA- ubicados en el Barrio Fernando Gaviria del Municipio de Pácora.

TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de Caldas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
folios 1 a 2
folio 2
Minuto 01:04:54 del disco compacto que obra a folio 135
Folios 35 a 41 cuaderno 1
Folios 59 a 61
folio 60
Folios 60 a 69
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”

folio 68
Folios 139 a 143
folio 142
Minutos 00:24:26 a 00:26:43 del disco compacto que obra a folio 167
folio 169
Folios 222 a 234, cuaderno 2
Folio 233 vto. Ibidem
Folio 232 vto.
Folio 233
folio 74, cuaderno recurso de apelación contra auto
Ibidem
Recurso que obra a 237 a 241
Folio 238
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”
“Por el cual se establecen las condiciones para el trámite de las solicitudes de viabilidad y disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”
Por el cual se reglamenta la Ley  HYPERLINK "http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=2752" \l "0" 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
Folio 241
Auto visible a folio 251
Auto visible a 260
Folios 269 a 272
Folio 269 vto.
Folio 272 vto.
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”
Número de radicación único: 25000-23-41-000-2013-00443-01. Actor: Asesorías y Cartera Ltda – Asercar Ltda. Demandado: Contraloría General de la República

ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones
Sección Primera. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 18 de mayo de 2017. Radicación número: 13001-23-31-000-2011-00315-01(AP).
Folio 4
Folios 6 a 7
Folio 9
Folio 12 a 20
Folios 20 A a 20 B
Folios 13 a 18
Folio 71 a 78
Folios 79 a 81
Folios 82 a 93
Folios 158 a 160
Folio 161
Folio 162
Folio 163 a 166
Minutos 00:04:28 a 00:18:49, disco compacto que obra a folio 206
Minutos 00:19:30 a 00:31:27, disco compacto que obra a folio 206
Folio 75
Folio 79
Folio 80
“Por el cual se reglamenta el artículo 8 de la Ley 708 de 2001, el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de gestión de activos públicos”.
Decreto 00047 de 14 de enero de 2014
“Por el cual se modifica la estructura de Central de Inversiones S.A. CISA y se dictan otras disposiciones.”
https://www.cisa.gov.co/cmsportalcisa/web/ProductosServicios/Inmuebles/ProcesoDeVenta.aspx
Cfr. folio 16
Folios 158 a 160
Folio 239
Folios 79 a 81
Folio 162
Según el testigo, desempeña el cargo desde hace seis (6) años
Minutos 00:08:10 a 00:10:09 del disco compacto que obra a folio 206
Folio 239
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.”
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
“Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) y derogan las Resoluciones números 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.