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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 66001-23-33-000-2019-00296-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00296-01

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00296-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia dictada el 27 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas en ambas instancias al señor Jhon Jairo Villa Toro, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2019-00296-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

28 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00296-01 (7799-2023)
Demandante: Jhon Jairo Villa Toro
Demandados: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Tema: Relación laboral encubierta – instructor del SENA.

Decisión: Revoca sentencia que accedió a las pretensiones
porque no se demostró la continuada subordinación.

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra
la sentencia dictada el 27 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, que acogió parcialmente las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El señor Jhon Jairo Villa Toro presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declare la
nulidad del Oficio número 2-2018-005423 de 20 de diciembre de 2018, mediante
el cual el SENA negó el reconocimiento de la relación laboral suscrita entre las
partes desde el 10 de diciembre de 2010 hasta el 30 de noviembre de 2018.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reconocimiento de los
emolumentos dejados de percibir, entre ellos salarios, prestaciones sociales,
vacaciones, primas de vacaciones, de navidad, quinquenal, especial de
recreación, auxilio de transporte, subsidio de alimentación, cesantías e intereses
de cesantías; ii) la indemnización moratoria de las cesantías definitivas; iii) el
reintegro del porcentaje correspondiente a las cotizaciones pensionales a cargo
del SENA como empleador; iv) el reajuste y la actualización de las sumas de
dinero conforme al inciso final del artículo 187 del CPACA; v) el cumplimiento de
la sentencia según el artículo 192 del CPACA; y vi) la condena en costas al
demandado.

3. En la demanda, manifestó haber prestado servicios en el SENA,
inicialmente como asociado de la Cooperativa Cootraser y, posteriormente,
mediante contrato de prestación de servicios desde el 10 de febrero de 2010
hasta el 30 de noviembre de 2018. Durante dicho periodo, desempeñó funciones
como instructor de formación profesional en el Centro de Atención del Sector
Agropecuario Regional Risaralda, colaborando en el desarrollo de actividades
formativas, la formulación de proyectos y el diseño de actividades de aprendizaje,

1
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Demandante: Jhon Jairo Villa Toro

bajo un horario laboral establecido y la supervisión directa de los coordinadores
de la entidad.

4. Como concepto de violación, sostuvo que el acto administrativo acusado
desconoció las disposiciones legales y constitucionales que regulan la materia 1,
toda vez que el demandante prestó sus servicios bajo condiciones de
subordinación al SENA. En consecuencia, invocó la aplicación del principio de
primacía de la realidad sobre las formas, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política.

Contestación de la demanda

5. El apoderado judicial del SENA contestó la demanda2 y se opuso a las
pretensiones, argumentando que la entidad nunca sostuvo relación laboral
alguna con el demandante. Propuso como excepciones la prescripción y el cobro
de lo no debido.

Decisión de las excepciones previas

6. En la audiencia inicial celebrada el 16 de septiembre de 2020, se declaró
no probada la excepción de prescripción formulada por la parte demandada,
decisión que no fue objeto de recursos.

Sentencia apelada

7. Mediante sentencia del 27 de julio de 2021,3 el Tribunal Administrativo de
Risaralda accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

8. En la providencia puso de presente que el señor Villa Toro prestó sus
servicios al SENA en dos modalidades. La primera, mediante la intermediación
de la cooperativa COTRASER, desde el 10 de febrero de 2010 hasta el 13 de
julio de 2011, como instructor en el centro de atención agropecuario. La segunda,
a través de contratos de prestación de servicios, desde el 14 de julio de 2011
hasta el 25 de noviembre de 2018.

9. En relación con la vinculación del demandante con COTRASER, expuso
que no obra en el expediente copia de los contratos suscritos entre las partes. En
consecuencia, consideró que no existe certeza sobre las actividades
desarrolladas ni sobre si estas fueron ejecutadas de manera personal, la
remuneración que percibió y si se ejecutaron bajo continuada subordinación.

10. En relación con la prestación del servicio directamente con el SENA, adujo
que se acreditó en el proceso que el demandante suscribió contratos durante el

1
Artículos 1,2,5,6,13,15,25,42,48,53 y 209 de la Constitución Política de Colombia; 8,9, 10, y 11
del Decreto Ley 3135 de 1968;43,44,45,46,47,48,49 y 51 del Decreto 1848 de 1969;
26,28,29,30,31,32 y 33 del Decreto Ley 1045 de 1978; Decreto 451 de 1984; 17 de la Ley 6 de
1945; 99 de la Ley 50 de 1990; 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
2
Índice 22 de SAMAI del Tribunal.
3
Índice 34 de SAMAI del Tribunal.

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Demandante: Jhon Jairo Villa Toro

periodo comprendido entre el 14 de julio de 2011 y el 25 de noviembre de 20184,
para desempeñarse como instructor presencial y tutor virtual en el área de inglés
de los programas de formación profesional del Centro de Atención Sector
Agropecuario, Regional Risaralda.

11. En relación con las condiciones en que se desarrollaron las actividades,
expuso que del material probatorio allegado con la demanda y de los testimonios
se desprende que el demandante impartía clases asignadas por el coordinador
académico, quien también determinaba el lugar donde se desarrollaban.

12. Además, que debía asistir a capacitaciones y reuniones de trabajo, acatar
el reglamento interno y cumplir con las metas fijadas por dicho coordinador.

13. Por otra parte, indicó que el horario era variable, según el número de horas
que debía cumplir.

14. Igualmente, advirtió que los implementos de trabajo necesarios para el
desempeño de sus funciones eran proporcionados por el SENA, tales como
resmas, marcadores, software de inglés y correo institucional, entre otros.

15. A partir de lo anterior, concluyó que se configuró una relación laboral,
conforme al principio de primacía de la realidad sobre las formas, puesto que se
demostró el elemento de la continuada subordinación.

16. En la sentencia declaró probada la excepción de prescripción de los
periodos anteriores al 21 de enero de 2013, teniendo en cuenta la existencia de
una interrupción significativa de 131 días hábiles en los contratos 0034 de 2012
y 0140 de 2013.

17. Respecto del restablecimiento del derecho, reconoció las prestaciones
sociales que le habrían correspondido con base en los honorarios pactados, por
los periodos comprendidos entre el 21 de enero de 2013 y el 16 de diciembre de
2013; del 20 de enero de 2014 al 18 de diciembre de 2014; del 28 de enero de
2015 al 16 de diciembre de 2015; del 29 de enero de 2016 al 13 de diciembre de
2016; del 27 de enero de 2017 al 22 de noviembre de 2017 y del 25 de enero de
2018 al 25 de noviembre de 2018.

18. Por otra parte, negó el reconocimiento de diferencias salariales y del
reajuste del salario percibido por el señor Jhon Jairo Villa Toro, en razón a que la
remuneración fue pactada libremente por las partes.

19. No accedió al reconocimiento de la prima de servicios como factor
salarial, por no encontrarse contemplada como tal en la legislación aplicable.

20. Adicionalmente, descartó que haya lugar a condenar al pago de la
sanción moratoria en relación con las cesantías definitivas, dado que estas se

4
0231 del 13 de julio de 2011; 0034 del 21 de enero de 2012;0140 del 18 de enero de 2013;
0210 del 16 de enero de 2014;0434 de 27 de enero de 2015; 0273 del 28 de enero de 2016;
0199 del 27 de enero de 2017; y 0407 del 25 de enero de 2018.

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Demandante: Jhon Jairo Villa Toro

causan a partir de la ejecutoria de la sentencia, como consecuencia del
reconocimiento judicial del vínculo laboral.

21. En cuanto a la solicitud de reintegro de los valores que como empleador
debieron ser cancelados al sistema de seguridad social, concluyó que el
reembolso de los aportes a salud resulta improcedente.

22. Respecto de los aportes al sistema de pensiones, señaló que la parte
actora deberá acreditar las cotizaciones que efectuó durante todos los períodos
de vinculación. En caso de no haberlas realizado, o si existiere diferencia en los
montos aportados, le corresponderá asumir el valor que le correspondía como
trabajador, completando o efectuando el pago según el caso.

23. Finalmente, se abstuvo de imponer condena en costas a la entidad
demandada.

Recursos de apelación

24. El apoderado de la entidad demandada interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia,5 argumentando que con los testimonios
practicados no se demostró la existencia de la subordinación, elemento esencial
para declarar la existencia de la relación laboral.

25. En ese sentido, indicó que no se demostraron los elementos esenciales
de la relación laboral en los términos del artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo, y señaló que la naturaleza de la relación fue de carácter contractual,
temporal y discontinua, y que se enmarcó en lo previsto en el numeral 3° del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

26. Por su parte, la apoderada del demandante presentó recurso de
apelación6, sustentado en que se debió haber condenado al pago de las
diferencias salariales de los periodos contractuales, ya que se le impusieron
funciones inherentes al cargo de instructor grado 20.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

27. En auto del 9 de mayo de 20247, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante y la entidad demandada.

28. La parte demandante allegó memorial8 reiterando los argumentos de la
demanda y del recurso de apelación.

29. La entidad demandada no emitió pronunciamiento alguno.9

5
Índice 39 de SAMAI del Tribunal.
6
Índice 40 de SAMAI del Tribunal
7
Índice 4 de SAMAI del Consejo de Estado
8
Índice 9 SAMAI del Consejo de Estado.
9
Índice 7 SAMAI del Consejo de Estado.

4
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30. El agente del Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó que se
confirme la sentencia de primera instancia, porque a su juicio se encuentra
acreditado que la labor desarrollada por la demandante se ejecutaba de manera
personal, era remunerada y se prestaba bajo subordinación a las directrices del
SENA 10.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

31. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación.

Problema jurídico

32. En atención a los argumentos de las partes, la Sala deberá determinar si
en el desarrollo de los contratos de prestación de servicios, existió una
continuada subordinación del señor Villa Toro al SENA. En caso de que la
respuesta sea afirmativa, será necesario establecer si hay lugar a reconocer las
diferencias salariales a las que se hizo referencia en el recurso del demandante.

Caso en concreto

33. De acuerdo con las pruebas documentales aportadas al proceso, el
demandante suscribió los siguientes contratos de prestación de servicios con la
entidad accionada:

Contrato Plazo Objeto Valor total
0231 del 13 de 14 de julio al 16 de Prestación de servicios personales $13.132.500
julio de 201111 diciembre de 2011 como instructor contratista por
periodo fijo, para la ejecución de
acciones de formación profesional,
presencial, en inglés, del Centro
Atención Sector Agropecuario del
SENA Regional Risaralda, con el fin
de apoyar el desarrollo de las
actividades de formación,
formulación de proyectos y diseño
de actividades de aprendizaje.
0034 del 21 de 25 de enero al 7 de julio Prestación de servicios, de persona $13.953.333
enero de de 2012 natural, de carácter temporal, como
201212 instructor contratista, para la
ejecución de acciones de formación
profesional, presencial, de los
programas jóvenes rurales
emprendedores, en el área de
administración del Centro atención
Sector Agropecuario del SENA
Regional Risaralda, con el fin de

10
Índice 10 SAMAI del Consejo de Estado.
11
Folio 101 a 106. Archivo 3_ expediente digital. Índice 22 SAMAI del Tribunal
12
Certificado SENA folio 153 a 154.Ibidem

5
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apoyar el desarrollo de las
actividades de formación,
formulación de proyectos y diseño
de actividades de aprendizaje.
0140 del 18 de 21 de enero al 16 de Prestación de servicios $33.591.184
enero de diciembre de 2013 profesionales de carácter temporal
201313 como instructor contratista, para la
ejecución de acciones de formación
profesional presencial, del Centro
Atención Sector Agropecuario del
SENA Regional Risaralda, con el fin
de apoyar el desarrollo de las
actividades de formación,
formulación de proyectos y diseño
de actividades de aprendizaje.
0210 del 16 de 20 de enero al 31 de Prestar los servicios personales de $23.806.500
enero de agosto de 2014 carácter temporal como instructor
201414 en los programas de formación
profesional integral presencial en el
área de Inglés del programa
Acciones Regulares en el Centro
Atención Sector Agropecuario de la
Regional Risaralda
0434 del 27 de 28 de enero al 16 de Prestar los servicios personales de $34.655.916
enero de diciembre de 2015 carácter temporal como instructor
201515 en los programas de formación
profesional integral en el nivel y
modalidad que le sea asignada en el
Centro Atención Sector
Agropecuario de la Regional
Risaralda.
0273 del 28 de 29 de enero al 13 de Prestar los servicios personales de $35.358.855
enero de diciembre de 2016 carácter temporal como instructor
201616 en los programas de formación
profesional integral en el nivel y
modalidad que le sea asignada en el
Centro Atención Sector
Agropecuario de la Regional
Risaralda para la vigencia 2016
0199 del 27 de 27 de enero al 22 de Prestar servicios personales de $34.685.350
enero de noviembre de 2017 carácter temporal como instructor o
201717 tutor virtual en los programas Je
formación profesional integral en el
nivel y modalidad que le sea
asignada en el Centro de atención
Sector Agropecuario de la Regional
Risaralda para la vigencia 2017
0407 del 26 de 25 de enero al 25 de Prestar servicios personales de $35.725.910
enero de noviembre de 2018 carácter temporal como instructor
201818 presencial o tutor virtual contratista
en los programas de formación
profesional integral en el nivel y
modalidad que le sea asignada en el
Centro de Atención Sector
Agropecuario de la Regional
Risaralda para la vigencia 2018.

34. Quien solicite la declaración de una relación laboral encubierta debe
demostrar la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios en

13
Folio 108 a 114. Ibidem
14
Folio 115 a 119. Ibidem
15
Folio 121 a 126. Ibidem
16
Folio 127 a 135. Ibidem
17
Folio 137 a 144. Ibidem
18
Folio 146 a 151. Ibidem

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razón a la ejecución de las tareas bajo continuada subordinación; sin embargo,
del análisis integral de las pruebas recaudadas (documentales y testimoniales),
la Sala concluye que el accionante no acreditó dicho elemento por las siguientes
razones:

35. Revisados los documentos presentados por la parte demandante19
(contratos de prestación de servicios, informes de supervisión y ejecución de
actividades, etc.) dan cuenta de que se desempeñó como instructor del SENA
entre julio de 2011 y noviembre de 2018, de manera interrumpida, a cambio de
unos honorarios, y sus tareas estaban relacionadas con la formación en el área
de inglés.

36. Durante la primera instancia se practicaron los testimonios de Leonardo
Quiceno20 y Luis Enrique Blando Bonilla21, quienes afirmaron que el demandante
prestó servicios como instructor de inglés en el Centro Agropecuario del SENA
Regional Risaralda en el marco de los requisitos del SENA para la certificación
del nivel de inglés.

37. El señor Leonardo Quiceno declaró que todos los instructores, tanto de
planta como contratistas, tenían las mismas funciones y debían asistir a
capacitaciones programadas por el coordinador académico, en las cuales se
establecían directrices para la implementación de los cursos de formación y se
verificaban las metas.

38. Además, expuso que la asistencia a dichas capacitaciones era obligatoria
y se registraba mediante firma. Además, que los implementos de trabajo —como
marcadores, resmas, videobeam y demás insumos— eran suministrados por el
SENA.

39. Por otra parte, manifestó que el horario laboral oscilaba entre seis y ocho
horas diarias, y que cada contratista debía presentar un portafolio que era
evaluado para determinar su contratación en el año siguiente.

40. Por su parte, el señor Luis Enrique Blandón Bonilla indicó que los horarios
de los instructores variaban según la estrategia de planeación del SENA y de la
oferta de cursos. Además, que se efectuaban reuniones de equipo ejecutor y
encuentros mensuales de asistencia obligatoria.

41. Así mismo, declaró que los contratistas debían cubrir cursos en diversos
municipios de Risaralda, y que el SENA asumía el pago de los gastos de
desplazamiento.

42. También sostuvo que se les asignaba un carnet de identificación para
dictar cursos en dichos municipios, y que las funciones que desempeñaban eran
equivalentes a las de planta.

19
Índice 22 SAMAI del Tribunal.
20
Instructor de planta del SENA
21
Contratista del SENA

7
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43. Igualmente, precisó que todas las comunicaciones se efectuaban
mediante el correo institucional del SENA; que a diario coincidía con el
demandante en las instalaciones de la entidad, ya sea durante la realización de
actividades formativas o en la sala de instructores.

44. Finalmente, puso de presente que se debía presentar un reporte de horas
laboradas a través de un formato electrónico dirigido a los coordinadores
académicos, y que todas las funciones se desarrollaban en cumplimiento de los
estatutos de formación del SENA.

45. En este punto, la Sala debe recodar que la continuada subordinación
denota el «poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir
la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e
instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como
este debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias
[…] se destaca dentro del elemento de subordinación, no solamente el poder de
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
disciplinario que el empleador ejerce sobre este […]» 22.

46. Ahora bien, en este caso no es posible deducir la inserción del actor en
el círculo rector, organizativo y disciplinario de la demandada, pues las pruebas
que se encuentran en el expediente no demuestran de manera fehaciente que el
SENA hubiera realizado llamados de atención, le haya impuesto reglamentos, o
le haya impartido órdenes que determinaran el modo en que se tenían que
adelantar las labores23, de tal forma que se haya desdibujado su autonomía en
la ejecución de las funciones.

47. En ese sentido, a pesar de que los testigos señalaron que se impartían
órdenes precisas a través del correo electrónico, en el caso concreto no se aportó
ninguno en el que se pueda corroborar la declaración, ni que, en caso de que
efectivamente se haya recibido una directriz, esta fuera imperativa y condicionara
la forma en la que se ejecutaron los contratos.

48. En ese mismo sentido, se observa que a pesar de que en los testimonios
se afirmó que la asistencia a capacitaciones era obligatoria, no se demostró la
periodicidad de esas, ni las consecuencias de la inasistencia.

49. Adicionalmente, en el expediente no aparecen acreditados llamados de
atención al demandante ni el ejercicio de alguna facultad disciplinaria o correctiva
por parte de la entidad accionada.

50. Por otra parte, aunque la entidad haya facilitado sus instalaciones y
algunos elementos (entre ellos un carné)24 para la ejecución del objeto

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de
Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, expediente 05001-23-33-000-2013-
001143-01 (1317-2016).
24
Mediante auto del 25 de noviembre de 2021, el magistrado sustanciador del proceso negó la
incorporación del carné como prueba en segunda instancia. Índice 10 de SAMAI.

8
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contractual, lo cierto es que las tareas ejecutadas justificaban dicha coordinación
para alcanzar el fin pretendido, es decir, la enseñanza en condiciones óptimas.

51. Al respecto, esta corporación ha valorado tal circunstancia en distintas
oportunidades25 y ha precisado que la prestación del servicio en la sede de la
entidad, con los implementos que esta provee, no implican necesariamente una
continuada subordinación, pues el contexto puede demandar la realización de las
tareas en ciertas condiciones, sin que pueda hablarse de un control o
direccionamiento de la entidad contratante sobre la actividad del contratista, a tal
punto que este vea comprometida su autonomía.

52. Además, es importante poner de presente que las declaraciones se
limitaron a hacer referencia a condiciones generales de quienes se desempeñan
como instructores del SENA, pero en estas no se precisaron las condiciones de
tiempo, modo y lugar en las que el señor Villa Toro ejecutó las obligaciones
contractuales, con lo que es imposible demostrar el elemento esencial de una
relación laboral como lo es la continuada subordinación.

53. Así las cosas, se revocará la sentencia de primera instancia por medio
de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.

54. En consecuencia, se advierte que no hay lugar a analizar si se debía
acceder a la pretensión de pago de las diferencias con los docentes de planta,
puesto que esta pretensión se desprende de la de la declaración de existencia
de una relación laboral.

Condena en costas

55. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

56. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080
de 2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

25
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 18
de noviembre de 2003, expediente 17001-23-31-000-1999-00039-01; y Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 17 de marzo de 2022, expediente 25000-23-25-000-2010-00249-01
(4991-2019).

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Radicación: 66001-23-33-000-2019-00296-01 (7799-2023)
Demandante: Jhon Jairo Villa Toro

57. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias al señor Jhon
Jairo Villa Toro, por cuanto se revocará la sentencia que accedió a las
pretensiones. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 Ibidem, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Risaralda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia dictada el 27 de julio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en ambas instancias al señor Jhon Jairo Villa
Toro, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes
y devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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