Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00577-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00577-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2019-00577-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00577-01 (0905-2022)
Demandante: Juan Carlos Correa Arbeláez
Demandado: E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda
Temas: Inepta demanda frente a la pretensión de reliquidación salarial.
Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de
servicios. Médico general. ADICIONA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del diez (10) de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, mediante la cual se concedieron parcialmente las
pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Juan Carlos Correa Arbeláez instauró demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
contra de la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda, con el fin de que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del oficio sin número del 24 de abril de 2019, por medio
del cual se negó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las
prestaciones dejadas de percibir.
Que se declare que existió un vínculo laboral desde el 1 de febrero de 2003 hasta
el 20 de agosto de 2013 y, se condene a la entidad a pagar las prestaciones
sociales, la bonificación especial por recreación, el subsidio familiar y los recargos
por el trabajo complementario.
Que reintegre los aportes a pensión y lo pagado por el impuesto de estampillas,
gastos de administración, gastos operativos, pólizas y cualquier otro tipo de gasto
en el que incurrió en la vinculación.
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Que se reliquiden las prestaciones sociales y los aportes al Sistema de Seguridad
Social del periodo comprendido entre el 21 de agosto de 2013 y el 7 de enero de
2019, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en ese tiempo.
Que indexe las sumas a reconocer y asuma las costas y agencias en derecho del
proceso.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que prestó sus servicios a la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda como
médico, entre el 1 de febrero de 2003 al 20 de agosto de 2013, a través de múltiples
contratos de prestación de servicios y de cooperativas de trabajo asociado o empleo
temporal.
Que ejecutó sus funciones de manera personal, permanente y bajo continua
subordinación del hospital, debía cumplir un horario y estar disponible en cualquier
momento. Que su jornada comprendía turnos diurnos y nocturnos, incluyendo
domingos y festivos, según la programación de la E.S.E.
Que, a partir del 21 de agosto de 2013, fue vinculado a la planta de la entidad como
médico general, en provisionalidad, pero que, en su asignación salarial no estaban
incluidos los recargos por el trabajo suplementario y dominical y festivo.
Que le descontaban el impuesto de estampillas, gastos de administración, pólizas
y, durante su vinculación con cooperativas, los gastos cooperativos.
Que, mediante Resolución 064 de 2019, la E.S.E. reconoció y ordenó el pago de las
prestaciones sociales derivadas de la vinculación directa del demandante a la
entidad.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 1 de noviembre de 2019 y, notificada a
la entidad demandada, quien manifestó que el demandante sí estuvo vinculado a la
E.S.E., pero no desde el periodo que señala en el escrito inicial, sino desde el 28 de
agosto de 2012 y hasta el 20 de agosto de 2013. Que el 21 de agosto de 2013 fue
nombrado médico general, código 211-02, en provisionalidad y, permaneció en ese
empleo hasta el 7 de enero de 2019.
Que, aunque, entre 2007 y parte de 2012 contrató los servicios de varias
cooperativas de trabajo asociado, para proveer cargos que no existían en su planta
de personal, como el de médico general, no tenía documentos o archivos
relacionados con esa contratación o con los pagos realizados por los servicios
prestados.
Que el único soporte con el que contaba era el contrato de prestación de servicios
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043 de 2008, cuya vigencia fue del 1 al 18 de abril, el cual contiene una relación de
las personas vinculadas, entre ellas, el señor Correa Arbeláez y evidencia el pago
de prestaciones sociales.
Que no obligó al demandante a vincularse a cooperativas de trabajo asociado, que
esto obedeció a una decisión libre y voluntaria. Que, en los periodos en que se
asoció recibió a título de compensaciones todos los derechos inherentes a su
relación con ellas.
Que la vinculación del actor no fue continua e ininterrumpida, se dio a través de
varias modalidades contractuales y por periodos discontinuos. Que tampoco existió
subordinación, pues prestó sus servicios de manera autónoma y su jornada laboral
dependía de los turnos programados.
Que prestó sus servicios de manera concomitante en otras empresas sociales del
Estado, como es el caso del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y tenía unos
horarios y programaciones en esa entidad que debía atender y que se organizaban
con los turnos de trabajo de la entidad hospitalaria mental.
Que, mediante la Resolución 064 de 2019, reconoció y ordenó el pago de las
prestaciones sociales y se liquidaron la prima de vacaciones, compensación de
vacaciones, prima de servicios, bonificación recreacional y vacacional, prima de
navidad y bonificación por servicios prestados y las cesantías del periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 7 de enero de 2019.
Propuso como excepciones, la prescripción, solución de continuidad en la alegada
relación laboral, cobro de lo no debido, improcedencia de sanciones por mora en el
pago de prestaciones, pago parcial de las obligaciones reclamadas, compensación
y genérica.
Se celebró audiencia inicial el 11 de mayo de 2021, en la que se fijó el litigio, se
agotó la etapa conciliatoria, se decretaron pruebas y se programó la audiencia para
su práctica. Surtido el periodo probatorio se dio traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del término
oportuno por el demandante y la demandada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del diez (10) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), declaró la nulidad parcial del acto
administrativo demandado y probada la excepción de prescripción de los derechos
reclamados, al no haberse presentado la reclamación administrativa dentro de los
tres años siguientes a la finalización del vínculo contractual.
Condenó a la E.S.E. a calcular las diferencias entre los aportes a pensión realizados
por el demandante durante el tiempo en que tuvo una vinculación contractual con la
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entidad y los que debieron realizarse y, en caso de encontrar algunas, cotizar en el
respectivo fondo la suma faltante, solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador, teniendo en cuenta los honorarios pactados en los contratos de
prestación de servicios.
Dispuso que el tiempo laborado fuera computado para pensión. No condenó en
costas.
Como fundamento de lo anterior, advirtió que el demandante no probó que prestó
sus servicios como médico a la E.S.E. a través de cooperativas, pues, aunque la
entidad suscribió varios contratos con ese tipo de asociaciones entre 2008 y 2011,
no obraba ninguna constancia de la vinculación del actor o una prueba que indicara
que hizo parte del personal destinado por cada una de ellas para cumplir con los
acuerdos suscritos.
Que los reportes de las semanas cotizadas a pensión del demandante en los cuales
se enunciaban algunas cooperativas de trabajo como aportantes no probaba por sí
solo el vínculo a través de terceros asociativos. Que los testimonios practicados
tampoco ofrecían información sobre esto, en particular, de los extremos temporales
de la vinculación con las diferentes cooperativas y de las actividades que atendía el
demandante.
Frente a la relación laboral a través de contratos de prestación de servicios suscritos
por parte del señor Correa Arbeláez directamente con la E.S.E. demandada,
concluyó que aquella tuvo lugar entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de
2013, según los contratos y la certificación allegada.
Que la ejecución de las actividades fue subordinada, pues la labor como médico
general de urgencias era inherente y atendía a la naturaleza y objeto de la entidad.
Que el actor estuvo sujeto a las directrices, órdenes y horarios fijados por la E.S.E.,
lo cual fue corroborado por los testigos allegados al proceso.
Que las funciones fueron permanentes y continuas y, en virtud de que su actividad
se circunscribía a la atención médica de los pacientes que acudían a la institución
hospitalaria, en sus instalaciones y con los elementos suministrados para esto, era
improbable deducir la liberalidad en el cumplimiento del servicio.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada interpuso recurso de apelación indicando que no se
acreditaron los tres elementos de la relación laboral, pues la vinculación del
demandante atendió los parámetros de contratación previstos en la ley.
Que cumplió con las obligaciones inherentes a los contratos de prestación de
servicios suscritos con el demandante y la supervisión no implicaba la subordinación
en la ejecución de la labor, sino que eran simplemente actos de coordinación.
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Que la prueba testimonial no era suficiente para acreditar la configuración de la
relación laboral y, por el contrario, esta sirvió para corroborar que el demandante
prestó sus servicios profesionales en otro hospital, por lo que mal podría concluirse
la existencia de la subordinación y dependencia.
El demandante interpuso recurso de apelación advirtiendo que el Tribunal incurrió
en un defecto fáctico y desconoció el principio de especial protección del trabajador
y prevalencia de la realidad sobre las formalidades, al no reconocer la vinculación
del demandante con la E.S.E. a través de cooperativas de trabajo asociado.
Que en la demanda relacionó los extremos temporales de la vinculación y aportó
los documentos que tenía en su poder para demostrar esos supuestos, solicitó la
práctica de pruebas y, en los alegatos de conclusión, el decreto de pruebas de oficio,
pero el juez de primera instancia no se pronunció al respecto.
Que las declaraciones recaudadas en el proceso daban cuenta que prestó sus
servicios al hospital desde el 2003, por lo que debió dársele total credibilidad a lo
afirmado y tenerse por probada la prestación del servicio a través de cooperativas
de trabajo.
Que existían indicios sobre la prestación en ese tiempo, en el proceso obraba el
reporte de semanas cotizadas por cooperativas de trabajo durante el periodo
comprendido entre el 12 de junio de 2000 al 17 de junio de 2019 y la certificación
emitida por la E.S.E. el 24 de abril de 2019, en la que enunciaba que estuvo
vinculado entre el 1 de febrero de 2003 y el 20 de agosto de 2013 mediante varias
modalidades, entre esas, por cooperativas de trabajo asociado, empresas de
servicios temporales, contratos de prestación de servicios y en provisionalidad.
Que no podía declararse la prescripción, porque prestó sus servicios hasta el 7 de
enero de 2019, no cambió su actividad ni las condiciones en que desarrolló su labor
y presentó la reclamación dentro de los tres años siguientes a esa fecha.
Que no fue resuelta la pretensión relativa a la reliquidación de las prestaciones
sociales percibidas en el lapso en el que estuvo vinculado a la E.S.E. a través de
una relación legal y reglamentaria, teniendo en cuenta las horas extras y recargos
dominicales y festivos.
Que debió ordenarse la devolución de los aportes que realizó al sistema de salud y
al pensional, sin que sea procedente que los primeros de ellos se consignen al fondo
de pensiones, pues como contratista asumió el pago de la totalidad de las
cotizaciones.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
El 25 de febrero de 2022 fueron admitidos los recursos de apelación y se definió
que vencido el término de ejecutoria el proceso pasaría a Despacho para dictar
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sentencia. El 7 de junio de igual año se resolvió la solicitud de práctica de pruebas
en segunda instancia.
La demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia, al no haberse
configurado los tres elementos que estructuran la relación laboral. Que cumplió con
las obligaciones inherentes a los contratos suscritos entre las partes.
El demandante reiteró los aspectos más relevantes de su recurso de apelación,
relativos a las omisiones del juez de primera instancia en la valoración y decreto de
oficio de pruebas tendientes a comprobar que estuvo vinculado a la E.S.E. a través
de cooperativas de trabajo asociado.
Que debieron tenerse en cuenta las afirmaciones de los testigos sobre su
vinculación, la certificación de la entidad de la prestación del servicio y el reporte de
cotizaciones a pensiones, pruebas que dan indicios de la relación a través de
empresas cooperativas y temporales.
Que no se configuró la prescripción, porque su vinculación fue continua y laboró
para el centro hospitalario hasta el 2019, sin que pueda distinguirse su forma de
contratación.
Que no se resolvió lo relativo a la reliquidación de las prestaciones sociales en el
periodo que fue servidor público.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De manera previa la Sala deberá determinar si la parte actora demandó el acto
administrativo que definió lo relativo a la liquidación de sus prestaciones sociales
reconocidas por el tiempo laborado, entre el 21 de agosto de 2013 y el 7 de enero
de 2019, a través de una relación legal y reglamentaria; de ser así, se estudiará la
pretensión relacionada con la reliquidación salarial deprecada.
Además, se analizará si entre las partes existió un vínculo laboral derivado de la
prestación de servicios profesionales y, si como consecuencia de ello, el
demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas
de percibir con ocasión de esa relación.
En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará el argumento
relativo a la prescripción de los derechos reclamados y, finalmente, se analizará lo
correspondiente a la condena en costas en segunda instancia.
Ineptitud sustancial de la demanda
La Sala evidencia que, por medio de la resolución 064 del 29 de enero de 2019 --
no se cuenta con la fecha de notificación-, la E.S.E. Hospital Mental Universitario de
Risaralda reconoció y ordenó el pago a favor del señor Juan Carlos Correa Arbeláez
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de la suma de $7.366.143, derivados de las prestaciones sociales definitivas a las
que tenía derecho por haber desempeñado el cargo de médico general, en el lapso
comprendido entre el 21 de agosto de 2013 y el 7 de enero de 2019. Y, autorizó el
retiro del respectivo fondo administrador de las cesantías causadas entre el 1 de
enero de 2018 y el 7 de enero de 2019.
El 29 de marzo de 2019, el actor elevó reclamación administrativa ante la E.S.E con
el propósito de obtener, de un lado, que se declare el encubrimiento de una relación
laboral entre el 1 de febrero de 2003 y el 30 de agosto de 2013 y el pago de las
prestaciones sociales derivadas de esta y, de otro, corregir y reliquidar los
emolumentos reconocidos a través de la resolución antes mencionada, esto es, del
21 de agosto de 2013 al 7 de enero de 2019.
A través del oficio sin número del 24 de abril de 2019, la entidad demandada negó
el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones dejadas de
percibir, y frente a la reliquidación por las prestaciones derivadas de la vinculación
del 21 de agosto de 2013 al 7 de enero de 2019, indicó que como esta fue de
carácter legal y reglamentaria en provisionalidad, recibió los salarios y prestaciones
de manera completa y oportuna propios de un empleado de tal naturaleza.
En razón a esta negativa, el demandante, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la E.S.E. solicitó la nulidad del
oficio sin número del 24 de abril de 2019; pretendiendo, que se declare que existió
un vínculo laboral desde el 1 de febrero de 2003 hasta el 20 de agosto de 2013 y,
se condene a la entidad a pagar las prestaciones sociales derivadas de ese
reconocimiento.
Igualmente, pidió que se reliquiden las prestaciones sociales y los aportes al
Sistema de Seguridad Social del periodo comprendido entre el 21 de agosto de 2013
y el 7 de enero de 2019, teniendo en cuenta todos los factores salariales percibidos
en ese tiempo.
A partir de lo anterior, se observa que estamos ante la presencia de dos
pretensiones diferentes. Una, la declaratoria de una relación laboral encubierta de
2003 a 2013 y otra, la reliquidación de las prestaciones sociales del 2013 al 2019.
Para la Sala, la resolución 064 del 29 de enero de 2019 fue la que definió esta
última, esto es el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales percibidas en
el periodo en que el actor estuvo vinculado a la E.S.E. por medio de una relación
legal y reglamentaria; aclarándose que dicho acto no indicó la posibilidad de
interponer recurso alguno, por lo que pudo demandarlo directamente ante la
administración dentro de la oportunidad legal consagrada por el artículo 164 literal
d de la Ley 1437 de 2011.
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Contrario a esto, la parte presentó una reclamación administrativa, dos meses
después a la expedición del acto 064, solicitando la nueva pretensión declaratoria y
la reliquidación de las prestaciones reconocidas en este.
Tal reclamación, debe interpretarse como una petición encaminada a revivir los
términos para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
frente a la pretensión de reliquidación, porque, si el señor Correa Arbeláez no estaba
conforme con la decisión adoptada por la entidad cuando le liquidó sus
prestaciones, debió demandarla en su oportunidad, por ser la causa de la presunta
lesión.
Acción judicial a la que podía acudir directamente sin necesidad de adelantar
actuación adicional alguna en sede administrativa, en la medida que contra lo
decidido no procedía ningún recurso.
Es relevante mencionar que, el artículo 96 de la Ley 1437 de 2011 establece que ni
las solicitudes de revocatoria de los actos administrativos, ni las decisiones que por
ellas se formulen, reviven los términos legales para demandar el acto ante la
jurisdicción. En ese sentido, la respuesta de la entidad frente a la solicitud de
corrección de la liquidación elevada por el administrado no se revive ningún término
para acudir a la jurisdicción y tampoco se constituye en una situación jurídica
nueva.
No desconoce la Sala, que la misma Alta Corporación, excepcionalmente y para el
caso de prestaciones periódicas ha admitido que se pueda realizar una nueva
petición1 o que se demande el acto administrativo inicial, pero esto es para el caso
de prestaciones periódicas, no para el reconocimiento y pago de sumas que deban
cancelarse al terminar la relación de trabajo, las cuales, para el caso concreto, no
tienen tal calidad, por lo que no son de recibo los argumentos esbozados en el
recurso de apelación.
En ese orden de ideas, se adicionará la sentencia del diez (10) de septiembre de
dos mil veintiuno (2021) proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en el
sentido de declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustancial de la
demanda, al omitir demandar el acto administrativo que definió lo relativo a la
reliquidación salarial. Lo que releva a la Sala de cualquier análisis adicional sobre
ese asunto.
Finalmente, la Subsección exhorta a los Jueces y Tribunales Administrativos a fin
de que ejerzan el control temprano del proceso, decidiendo este tipo de asuntos en
la oportunidad procesal correspondiente, bien sea en la audiencia inicial, bien sea
como excepción previa o en cualquier otro momento en cumplimiento del artículo
207 de CPACA
Relación laboral encubierta
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Entre otras providencias de agosto 31 de 2.008, radicado 25000-23-25-000-2005-10-10366-01 (042-07) M.P. BERTHA
LUCIA RAMIREZ DE PAEZ.
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Para resolver el asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del contrato de
prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:
«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la relación
contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad si entre la
actora y la entidad demandada existía un verdadero contrato de prestación de
servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la que procede a
analizarse.
La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia o
subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el elemento
de la remuneración.
Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación laboral
ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la sentencia
C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa claramente
las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios, dice al
respecto:
«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure
se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo.
En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente
desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el
elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad
de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son
bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias
y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como
por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en
el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
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66001-23-33-000-2019-00577-01 (0905-2022)
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada,
así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones
sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación
de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del
contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas para
resaltar).
De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al
pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución.
Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:
«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de
trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida- ha
considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que
permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado
por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo,
ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por
lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea
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simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en
el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de
jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia
de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de
reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,3 la
dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de
los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de
la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de
manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así,
cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia,
imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje
de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización
de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma
permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los
elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona
que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes
perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá
acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada
se enmarca en el objeto misional de la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de actividades
o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en este caso la de
abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación laboral, pues, en la
práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el
objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del contrato de prestación
de servicios sí exige que las funciones del contratista sean desarrolladas con
un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con
la entidad contratante que, en ningún caso, puede servir de justificación para
ejercer comportamientos propios de la subordinación laboral.
(…)
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993.
131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, es
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esencialmente temporal; por lo tanto, este tipo de contratos, cuando se
suscriben con personas naturales, no pueden concatenarse indefinidamente en
el tiempo.
132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo
necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto
al principio de planeación, que encuentra su manifestación práctica «en la
elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues
es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que
justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».
133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución de
los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones imprevistas que
exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo estimado, ab initio,
como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede resultar insuficiente. En
cualquier caso, las mismas razones que en su momento justificaron la
planeación del contrato inicial y la suscripción de los contratos modificatorios
del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en los mencionados estudios
previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla a
cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan,
sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para
garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral como son: una actividad personal, un salario y la subordinación. Así lo
ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado en varias oportunidades:
“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir
esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un
contrato de prestación de servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto
administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se
prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal
del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii)
remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda
configurar un contrato de trabajo.»2.
2 Sentenciadel 28 de octubre 2021. Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radi cación
número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
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66001-23-33-000-2019-00577-01 (0905-2022)
Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación por
parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su calidad, tales
como las prestaciones sociales.
Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Cooperativas de trabajo asociado
De conformidad con la Ley 79 de 1988 y el Decreto 4588 de 2006, las cooperativas
son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector de la economía
solidaria, que vinculan el trabajo personal de sus asociados, quienes a su vez son
gestores, contribuyen económicamente a la cooperativa y aportan directamente su
capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o
intelectuales, esto con la finalidad de producir bienes en común, prestar servicios o
ejecutar obras para satisfacer las necesidades de los asociados y de la comunidad
en general.
Frente a las cooperativas de trabajo asociado la corporación 3 ha sostenido que a
aquellas les está prohibido disponer del trabajo de los asociados para suministrar
mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en misión y
permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o
dependencia con los contratantes.
Resolución del caso concreto
De conformidad con las pruebas, se puede establecer:
Que la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda suscribió múltiples
contratos con terceros, los cuales se resumen así:
• Contratos No. 008, 015 de 2007 y 002 de 2008, con la Cooperativa de Trabajo
Asociado C.T.A. Multifuncional de Servicios Profesionales, COOMULTISERPRO,
con el objeto de contratar labores profesionales, administrativas y técnico-
operativas, que se requieran para el normal desempeño del objeto de la entidad.
• Contratos de prestación de servicios No. 043 de 2008, 004 y 011 de 2008 y 007 de
2011, con la Cooperativa C.T.A. PORVENIR “COOTRASPOR”, con el objeto de que
le prestaran labores profesionales, administrativas y técnico-operativas requeridas
para el normal desarrollo del objeto de la entidad.
• Contrato No. 040 de 2009 con la Cooperativa C.T.A. COOPSALUD Ltda., con el
3 Ver entre otras, las sentencias del 20 de abril de 2023, expediente 66001233300020120015301 (2277-2016)
y del 30 de junio de 2022, expediente 66001233300020140040301.
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objeto de «ejecutar el proceso técnico administrativo de facturación y cartera de los
servicios de salud prestados por la entidad».
• Contratos de prestación de servicios No. 006-2010 y 006-2011, con la cooperativa
de trabajo asociado SURGIR y el objeto de «contratar los procesos y subprocesos
y procedimientos administrativos de forma total o parcial mediante la modalidad de
operador externo».
Que el demandante estuvo vinculado a la E.S.E., a través de las siguientes órdenes
y contratos de prestación de servicios, según lo certificó la entidad así:
• Orden de prestación de servicios 018 de 2012, con el objeto de prestar servicios
profesionales de médico general para ejecutar labores profesionales en el área de
atención al usuario en actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de la enfermedad. La vigencia fue del 1 de enero al 29 de febrero de
2012.
• Orden de prestación No. 065 de 2012, con el mismo objeto que el anterior. La
vigencia fue del 1 de marzo al 30 de junio de 2012.
• Orden de prestación No. 103 de 2012, con el mismo objeto que la primera orden
relacionada. La vigencia fue del 1 de julio al 31 de agosto de 2012.
• Orden de prestación No. 141 de 2012, con el mismo objeto que la primera orden
relacionada. La vigencia fue del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2012.
• Orden de prestación No. 008 de 2013, con el mismo objeto que la primera orden
relacionada. La vigencia fue del 1 de enero al 28 de febrero de 2013.
• Orden de prestación No. 083 de 2013, con el mismo objeto que la primera orden
relacionada. La vigencia fue del 1 de marzo al 30 de junio de 2013.
Que, posteriormente, fue nombrado en el cargo de médico general de la E.S.E., en
provisionalidad y, desempeñó ese empleo durante el periodo comprendido entre el
21 de agosto de 2013 y el 7 de enero de 2019.
También obra en el proceso el reporte de las semanas de cotización a pensiones
del señor Correa Arbeláez, entre el año 2000 y el 2019, en los cuales se enlistan
como empleadores aportantes varias cooperativas de trabajo asociado, empresas
temporales, el demandante y las E.S.E. Hospital San Vicente de Paul y el Hospital
Mental Universitario de Risaralda.
Frente a la vinculación del demandante con la Cooperativa Multifuncional de
Servicios Profesionales C.T.A. COOMULTISERPRO C.T.A. obra una relación del
personal vinculado al proceso y subproceso contractual del periodo comprendido
entre el 1 al 18 de abril de 2008, entre los cuales se incluyó al señor Juan Carlos
Correa Arbeláez.
• De la vinculación del demandante
La Sala encuentra acreditado, en primer lugar, que la E.S.E. suscribió múltiples
contratos para la atención de procesos y procedimientos médicos asistenciales,
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administrativos y afines a la misión de la entidad, con cooperativas de trabajo
asociado y empresas privadas, de 2008 a 2011.
En segundo término, de manera concordante con lo expuesto por el juez de primera
instancia, se considera que no está probada la vinculación del actor entre el 1 de
febrero de 2003 al 1 de enero de 2012, a través de las cooperativas de trabajo con
las que la E.S.E. suscribió los contratos.
Esto, pues, a partir de los documentos descritos, puede establecerse que la
demandada celebró múltiples contratos para que terceros prestaran los servicios
médicos asistenciales y administrativos a su cargo. Sin embargo, esas pruebas no
permiten verificar con precisión sí existió o no un vínculo entre el actor y esas
asociaciones o cuáles fueron las condiciones en que se desarrollaron, en caso de
que esto hubiera pasado.
No se cuenta con información frente a la modalidad en que se vinculó con estas
empresas, los periodos en que presuntamente se presentó la relación ni las
particularidades de la contratación, imposibilitándose, de esta forma, el análisis de
si existió o no alguna clase de intermediación o tercerización laboral en los términos
pretendidos en la demanda.
Si bien la entidad en la respuesta a la reclamación administrativa y en la
contestación de la demanda refiere que el actor estuvo vinculado a través de
algunas cooperativas de trabajo asociado y empresas temporales, esto por sí solo,
no es suficiente para encontrar acreditada la existencia de una relación triangular y
establecer la forma y las condiciones en que se presentó la misma.
Adicionalmente, el historial pensional tampoco permite establecer con certeza la
existencia de un vínculo contractual, laboral o asociativo entre la empresa y el
demandante actora y, menos que el beneficiario de las labores de este último fue la
E.S.E. demandada.
Contrario a lo que expuso en el recurso de apelación, las declaraciones recaudadas
no aportan elementos o indicios sobre el particular. Aunque las dos testigos se
refieren a este supuesto, sus manifestaciones son generales e indeterminadas.
Así, la primera testigo manifestó que el médico Correa Arbeláez estuvo vinculado al
hospital por medio de empresas temporales y órdenes de prestación de servicios,
pero que no recordaba la compañía o periodo en que acaeció lo primero y los
momentos en que su relación se regía por una u otra modalidad. La segunda,
aunque refirió que el demandante durante el periodo comprendido entre 2003 y
2012 prestó sus servicios a través de varias cooperativas de trabajo asociado y, en
el 2012 y 2013, su vinculación se dio mediante órdenes de prestación de servicios,
no referenció el nombre de las asociaciones, los periodos o la modalidad en la que
se presentó esta.
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En el caso, no hay certidumbre frente a las características y condiciones de la labor
desempeñada en la entidad demandada y los extremos en que se presentó la
misma, mediante cooperativas de trabajo asociado.
Es importante destacar que, pese a que esta Corporación en múltiples
oportunidades4 ha abordado el estudio de la relación laboral encubierta frente a
entidades estatales cuando aquellas acuden a la intermediación laboral,
entendiendo que existe un vínculo y sometimiento subordinado y, que aquel, ocurre
con el tercero contratante de la labor, esto requiere demostrar la existencia de la
relación entre la parte interesada, la cooperativa de trabajo asociado o empresa
temporal y la prestación del servicio en favor de la entidad.
En el presente asunto, no logra probarse algo distinto a que la E.S.E. Hospital
Mental Universitario de Risaralda, en algunos años, contrató servicios asistenciales
y administrativos con múltiples empresas y cooperativas de trabajo. No se cuenta
con mayores elementos frente al vínculo asociativo, contractual o laboral entre el
actor y las diferentes empresas de trabajo asociado o temporales y las
circunstancias en que se desarrollaron estas ni los periodos en que se llevaron a
cabo las mismas.
En tercer lugar, las pruebas permiten definir que el demandante prestó sus servicios
como médico general a la entidad demandada mediante contratos de prestación de
servicios suscritos con la E.S.E., entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de
2013.
Dicho esto, debe analizarse la configuración de los elementos demostrativos de la
relación laboral durante la vinculación de la demandante directamente con la E.S.E.
demandada.
• Del encubrimiento de la relación laboral
En esa línea, existió una prestación personal del servicio, pues la E.S.E. vinculó al
demandante para que facilitara sus servicios como médico general y, como
contraprestación de la labor, se pactó el pago de valores específicos.
En cuanto a la subordinación, se tiene que, en los contratos suscritos por las
partes, allegados al proceso, se indicó que el contratista debía «ejecutar labores
profesionales como Médico General en el área de atención al usuario en actividades
de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, conforme
las normas y procedimientos» y tener «una disponibilidad permanente para apoyo
en el servicio de hospitalización por 72 horas mensuales».
Igualmente, en las obligaciones contractuales del contratista se enlistaron las
siguientes:
4 Ver entre otras, las sentencias del 20 de abril de 2023, expediente 2012-00153-01 (2277-2016); del 28 de
abril de 2022, expediente 2014-00384-01 (2728-2021) y del 27 de abril de 2016, expediente 2012-00241 (2525-
2014).
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(i) Obrar con diligencia y oportunidad en los asuntos a él encomendados.
(ii) Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones
(iii) Elaborar un informe de su labor de manera mensual y cada vez que le sea
requerido.
(iv) Durante la vigencia del presente contratos de apoyo a la Gestión, el contratista
deberá efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema general de
Seguridad Social.
(v) Responder por los elementos, bienes, documentos, información, etc., que se
pongan a su disposición para la ejecución del contrato, propendiendo por su
conservación y uso adecuado, suscribiendo de ser el caso el inventario
correspondiente, el cual deberá entregar a satisfacción como requisito para la
liquidación final del contrato.
(vi) Colaborar en la consecución de la información y suministro de documentos que
le sean requeridos.
(vii) Obrará con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y en trabamientos que pudieran presentarse.
Para la Sala, las generalidades de las obligaciones de los contratos de prestación
de servicio dan a entender que las actividades a realizar, las áreas o dependencias
y las tareas específicas eran asignadas por el personal la entidad. Esta situación
fue corroborada por los testigos, quienes aludieron de manera detallada a la
subordinación del demandante en la ejecución de sus tareas.
La señora Luz Marina Ossa Moncada señaló que laboró desde 1995 hasta el 2009
como médico de planta de la entidad y fue representante legal de la E.S.E. por tres
meses en 2020. Que, por eso sabía que el actor ingresó después del 2000, pero no
recordaba bien si su vinculación fue por prestación de servicios o a través de una
empresa temporal o los periodos específicos en que estuvo en una u otra forma de
contratación.
Que la vinculación del actor fue continua y, aunque se ausentó un periodo de la
E.S.E., sabía que el medico continuaba en el hospital, porque tenía contacto con
este y le solicitaba ayuda en la atención de los pacientes remitidos.
Que el demandante laboró en el mismo tiempo en que estuvo en la E.S.E. en otras
entidades prestadoras de salud.
Que las funciones del demandante eran iguales a las de los médicos vinculados a
la planta de la entidad, sus turnos eran programados por el subdirector científico y
cualquier cambio o variación debían ser autorizados por este.
Que no podía ausentarse de sus labores, debía tramitar un permiso ante el
subdirector científico y hacer la anotación en un cuaderno que manejaba ese
funcionario.
Que recibía órdenes y directrices sobre la ejecución de sus labores, semanalmente
había una reunión con el subdirector científico donde le impartían instrucciones
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concretas de la prestación del servicio, tales como, diligenciamiento de historias
clínicas, uso del uniforme o asuntos cotidianos.
Que fue objeto de llamados de atención y, recuerda una oportunidad en la que
recibió un llamado por llegar tarde.
Que laboraba horas extras y, en el cuadro de turno estaba la programación de todos
los médicos, sin distinción entre el personal de planta y el vinculado a través de
contratos de prestación de servicios.
La señora María Aleyla Arenas Rojas indicó que era auxiliar administrativo en la
E.S.E. demandada y, le constaba que el demandante ingresó en 2003 como médico
asistencial en el área de urgencias, para cubrir una licencia, luego, fue vinculado
por intermediación de varias cooperativas, en el 2012 y parte de 2013 por órdenes
de prestación de servicios y, entre 2013 y hasta 2017 o 2018 fue nombrado en la
planta en provisionalidad.
Que su vinculación fue continua y, según supo, cuando prestó sus servicios a través
de cooperativas le descontaban unos porcentajes para el pago de seguridad social
y, en el caso de la relación contractual directa, era el médico quien asumía el pago
de los aportes.
Que los elementos de trabajo eran suministrados por la entidad. Que su jefe era el
subdirector científico, no podía ausentarse del servicio porque para ello debía
informar al jefe del área.
Que los horarios o turnos eran idénticos entre el personal de planta y los vinculados
por cooperativas u órdenes de prestación de servicios. Que era fijado por la junta
directiva y la gerencia, sin intervención alguna del personal médico o de la
cooperativa o empresa contratada.
Que recibía órdenes e instrucciones sobre el servicio médico, recibía indicaciones
en las reuniones generales del área asistencial y, al requerirse un manejo con
pacientes mentales, recibía una capacitación adicional para el manejo de esa
situación.
De la valoración conjunta de las pruebas, la Subsección advierte se configura el
elemento de la subordinación, porque, además de que las actividades del
demandante fueron permanentes y estuvieron relacionadas con la función misional
de la E.S.E. demandada, se acreditó que la entidad era quien fijaba las condiciones
de tiempo, modo y lugar para cumplirlas.
La prueba testimonial da cuenta que, en el cumplimiento de sus funciones el
demandante estuvo sometido a la estructuración de turnos impuestos por la E.S.E
demandada por medio del subdirector científico. Las declarantes de manera
coincidente expresaron que el funcionario de la entidad era quien fijaba la
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programación del médico y, para cualquier cambio o para poderse ausentar del
hospital mental, debía informar y solicitar permiso.
Igualmente, las testigos indicaron que el demandante recibía órdenes e
instrucciones por parte del jefe del servicio asistencial (subdirector científico) sobre
la ejecución de las actividades asociadas a sus funciones. En ese sentido, la primera
declarante, quien precisó que era médico general de la planta de la entidad y que
desarrolló su labor de manera muy cercana al actor, especificó que tenían reuniones
semanales, en las que les daban instrucciones sobre el servicio, diligenciamiento
de la historia clínica, porte de uniforme y asuntos de la cotidianidad médica.
Así, en el presente caso, puede concluirse que la parte actora no tenía ningún
margen de libertad en ese sentido y que la E.S.E, en su condición de empleadora,
era quien determinaba de manera habitual las actividades que debía desarrollar e
impartía indicaciones puntuales sobre el manejo de asuntos propios de la
dependencia de urgencias. Situaciones que, contrario a lo establecido por la
entidad, no denotan una coordinación, sino que demuestran la existencia de una
verdadera subordinación.
Con esto, contrario a lo indicado por la entidad en el recurso, la Sala considera que
se encuentra acreditada suficientemente la sujeción del demandante, ya que los
testigos, de manera coherente y, al tener conocimiento directo sobre la ejecución
de la labor, muestran que aquel recibió directrices de la entidad, a través del
subdirector científico, en cuanto al lugar donde cumplía el servicio «ius variandi» y
la necesidad de permisos o instrucciones puntuales sobre el correcto tratamiento
del servicio de urgencias.
Lo anterior, además, guarda relación con el clausulado de los contratos celebrados
entre las partes en el que se enuncia que el contratista deberá seguir los normas y
procedimientos de la institución médica y contar con una disponibilidad para el
servicio.
Por tanto, se encuentran plenamente acreditados los elementos esenciales de una
relación laboral entre las partes, tal como lo encontró el Juez de primera instancia.
Prescripción
Frente a la prescripción, esta Corporación ha unificado criterios acerca de la manera
como debe analizarse el fenómeno fijando las siguientes reglas 5:
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado
es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y
que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones
que se deriven de aquella.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25 de agosto
de 2016. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015).
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• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno
de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
En la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 6, esta Sección adoptó
el periodo de treinta días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de
acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la solución de continuidad del vínculo laboral.
Es claro entonces que la misma sentencia de unificación, estableció que el juez
puede superar este término e incluso reducirlo en caso de que los contratos tengan
objetos totalmente diferentes. Es que pretender que ese término sea inmodificable
puede incluso conducir a que se presente todo lo contrario a lo que quiso la
sentencia porque la administración con el solo propósito de eludir la regla podrá en
todos los casos superar los 30 días para hacer el nuevo contrato.
Además; si se le exigiera al particular que reclame inmediatamente termina un
contrato, esto llevaría a que no se le volviera a contratar, por ello considera la Sala,
que se debe analizar en cada caso concreto de cuánto tiempo pudo haber sido la
interrupción y así determinar si la petición, se elevó o no dentro de un “plazo
razonable”.
Con las anteriores precisiones, se procede a analizar el presente asunto. En ese
sentido, los contratos entre las partes se ejecutaron en los siguientes periodos:
Orden Inicio Finalización
018 1 de enero de 2012 29 de febrero de 2012
065 1 de marzo de 2012 30 de junio de 2012
103 1 de julio de 2012 31 de agosto de 2012
141 1 de septiembre de 2012 31 de diciembre de 2012
008 1 de enero de 2013 28 de febrero de 2013
083 1 de marzo de 2013 30 de junio de 2013
En el presente caso, la Subsección observa que la última orden de servicios entre
el actor y la entidad hospitalaria demandada finalizó el 30 de junio de 2013, por lo
que, el término para reclamar iría hasta el 30 de junio de 2016.
Sin embargo, la reclamación administrativa fue presentada el 29 de marzo de 2019,
por lo que acaeció el fenómeno prescriptivo frente a los derechos laborales, salvo
lo relativo a pensiones, ello, toda vez que el demandante no la presentó dentro de
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-33-000-
2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
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los 3 años siguientes a la culminación de tales lapsos, como acertadamente lo
concluyó el juez de primera instancia.
La Sala denota que no tiene asidero alguno lo expuesto por la parte actora sobre
que no operó la prescripción, toda vez que su vinculación con la E.S.E. demandada
continuó, al ser nombrado de manera provisional en la planta de personal hasta el
7 de enero de 2019.
La discusión, en el presente punto, se contrae a establecer si entre las partes existió
un vínculo laboral derivado de la prestación de servicios profesionales y, si como
consecuencia de ello, el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones dejadas de percibir con ocasión de esa relación.
De este modo, el término para contabilizar la prescripción de los derechos laborales
reclamados debe iniciarse a partir de la finalización de la vinculación a través de
órdenes o contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, al margen
de que el demandante haya sostenido una relación legal y reglamentaria posterior
con la entidad, puesto que es con ocasión de esa primera vinculación por contratos
de prestación de servicios que se reclama el nacimiento de obligaciones de orden
económico.
En ese orden de ideas, se confirmará la decisión apelada en este sentido.
De la naturaleza de los aportes a seguridad social
No es posible ordenar el reintegro o compensación de los aportes a la seguridad
social, como lo pretende el demandante, porque, como se determinó en la sentencia
de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, estos tienen la
connotación de parafiscales para la financiación del Sistema General de Seguridad
Social.
De este modo, no son ingresos ni beneficios económicos para la parte interesada,
por lo que, no corresponde el pago de estos rubros directamente a la parte ni es
posible el reembolso de estos.
Por lo expuesto, se confirmará el numeral tercero de la sentencia de primera
instancia.
De la condena en costas
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 7 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
7 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
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vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Adicionar la sentencia del diez (10) de septiembre de dos mil veintiuno
(2021), en el sentido de declarar probada de oficio la excepción de ineptitud
sustancial de la demanda, frente a lo relativo a la reliquidación de las prestaciones
sociales reconocidas por el tiempo laborado entre el 21 de agosto de 2013 y el 7 de
enero de 2019.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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