Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00615-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00615-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2019-00615-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO DE ESTADO: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., Veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00615-01 (0052-2022)
Demandante: Elizabeth Castro Carmona.
Demandado: Municipio de Pereira – Personería municipal de Pereira.
Tema: Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de servicios
y “convenios”. Apoyo a la gestión. Saneamiento representación
judicial Personería. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las demandadas contra
la sentencia proferida el veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Elizabeth Castro Carmona instauró demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
contra del municipio de Pereira y la Personería, con el fin de que se acceda a las
siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del acto administrativo No. 1-10-00-24-0103637 del 22 de
mayo de 2019 y, en consecuencia, se reconozca la aparente relación laboral que
existió entre las partes y se ordene el pago de las prestaciones sociales dejadas de
cancelar y del reajuste salarial.
Que se reintegre a la demandante el valor correspondiente al porcentaje que como
empleador debió haber cancelado por concepto de aportes a la seguridad social en
pensiones y salud, en el período comprendido entre el 04 de octubre de 2004 hasta
el 06 de octubre de 2017.
Que se condene en costas a la demandada.
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Radicación: 66001-23-33-000-2019-00615-01 (0052-2022)
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que prestó sus servicios a la Personería municipal de Pereira desde el 4 de octubre
de 2004 hasta el 6 de octubre de 2017. Con un horario de 8:00 a.m. a 12:00 y de
2:00 pm a 6:00 pm; posteriormente el horario cambió de 8:00 am a 12:00 y de 1:00
a 5:00 pm, apoyando a la entidad en diferentes frentes.
Que, durante la ejecución de los contratos, realizó los aportes respectivos a su
seguridad social como exigencia para que se pudiera volver a suscribir el contrato.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 22 de noviembre de 2019 y, notificada
a las entidades demandadas.
El municipio de Pereira precisó que la actora desconoce las normas que amparan
el uso del contrato de prestación de servicios, cuando la administración no cuenta
con suficiente personal para cubrir sus necesidades.
Que no puede hablarse de subordinación laboral o dependencia por el solo hecho
de que el contratista deba cumplir y desempeñar el objeto propio para el cual fue
contratado dentro de un lapso determinado, por lo que la entidad vigila dicho
cumplimiento, e imparte directrices con la finalidad de lograrse un mejoramiento en
el servicio brindado por el ente territorial.
Que las recomendaciones o instrucciones eventuales que podía recibir la
demandante correspondían al principio de coordinación de actividades, por virtud
del cual debía procurar atender las mismas a efectos de desarrollar eficientemente
la labor encomendada.
Propuso las excepciones de cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación,
prescripción, legalidad del acto administrativo demandado e indebida escogencia
de la acción.
La Personería municipal de Pereira indicó que nunca existió subordinación o
dependencia de la contratista con la entidad, que el único vínculo que existió fue el
de un contrato de prestación de servicios donde contaba con autonomía para el
cumplimiento de sus alcances contractuales, vinculación que se desarrolló
conforme al fundamento legal y jurisprudencial de la misma.
Que el servicio para el cual fue contratada no requiere permanencia puesto que era
de apoyo, motivo por el cual se realiza a través de contrato de prestación de
servicios en relación con su experiencia, capacitación y formación profesional.
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Que existen pruebas de la autonomía de la contratista al variar los horarios en que
prestaba el servicio sin una orden de la entidad, además no señala de quién recibía
las supuestas órdenes, sino que de manera general informa que las recibe de todos
los empleados de planta de la entidad, lo que demuestra la ausencia de
subordinación o dependencia, motivo por el cual no es posible realizar ningún cobro.
Propuso las excepciones de inexistencia de causales de nulidad de los actos
administrativos, inexistencia de causa para demandar y cobro de lo no debido, falta
de legitimación en la causa, inexistencia de contrato realidad y prescripción.
Se celebró audiencia inicial el 25 de noviembre de 2020, en la que se fijó el litigio,
se surtió la etapa conciliatoria y en esta se manifestó la voluntad de conciliar, por lo
que suspendieron el proceso, siendo activado nuevamente el 18 de febrero de 2021
cuando se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, en la cual se
decretaron las pruebas solicitadas y se programó la audiencia para su práctica.
Luego de agotado el periodo probatorio se dio traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del término
oportuno por las demandadas.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del veintitrés (23) de
julio de dos mil veintiuno (2021), accedió parcialmente a las pretensiones indicando
que se logró demostrar la existencia de una relación laboral entre las partes para el
apoyo a la Personería municipal de Pereira desarrollando actividades secretariales,
de acompañamiento y atención al público, y en el área de gestión documental, en
el período comprendido entre el 4 de octubre de 2004 hasta el 6 de octubre de 2017.
Ordenó a la Personería el reconocimiento y pago en favor de la parte actora, de los
porcentajes de cotizaciones en su debida proporción que debió pagar por concepto
de Seguridad Social, se ordenó el pago de la bonificación por recreación y las
prestaciones laborales de orden legal, incluyendo vacaciones, cesantías, intereses
a las cesantías, bonificación por recreación y primas legales a que haya lugar,
tomando como base los honorarios derivados de los contratos de prestación de
servicios.
Que las funciones desarrolladas por la demandante en calidad de contratista son
inherentes al objeto de la Personería municipal, en la medida que las mismas
consistían en prestar asistencia en la información requerida por los usuarios; brindar
la colaboración pertinente para gestionar y realizar fichas socioeconómicas; atender
a la comunidad en general que requiera los servicios de la Personería, orientándolos
según la necesidad del servicio y apoyar en la elaboración y archivo de las carpetas
contractuales.
Que la demandante estaba obligada a cumplir con órdenes o directrices impartidas
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por el personero y la personería delegada y a un horario establecido por la misma,
y no bajo su propia dirección; y con las actividades propias del giro ordinario de la
entidad, razón por la cual, en virtud del principio de la primacía de la realidad, se
deduce que en el presente caso existió una verdadera relación laboral entre las
partes.
Que operó parcialmente el fenómeno prescriptivo, en relación con el derecho
causado entre el 4 de octubre de 2004 al 31 de diciembre de 2009.
No condenó en costas.
RECURSOS DE APELACIÓN
La parte demandada Personería municipal interpuso recurso de apelación,
indicando que la decisión no atendió a una valoración integral de las pruebas
decretadas y practicadas pues, los testigos al momento de manifestar si les
constaba quien le daba las órdenes a la señora Elizabeth Castro Carmona,
señalaron no tener conocimiento y también precisaron que nunca habían visto a
nadie dándole una orden de cómo debía hacer el trabajo o en qué horario debería
hacerlo.
Que, quedó evidenciado con el testimonio del señor Yeison Quiroga que, dada la
condición estructural de la sede de la Personería municipal de Pereira, los testigos
de la demandada no tenían como precisar que la veían a diario durante todo el
tiempo en la recepción, toda vez que esta se encuentra ubicada en el tercer piso y
los testigos laboraban en el cuarto piso el cual tenía acceso directo e independiente
del tercero.
Que de la “historia clínica” se puede evidenciar, que la actora en varias
oportunidades debió acudir a citas médicas sin que necesitara pedir permiso a la
entidad para hacerlo y tampoco le representaba una disminución de sus honorarios
o ningún otro tipo de consecuencia.
Que, dentro del organigrama de la entidad para la fecha en que estuvo vinculada
contractualmente la demandante en la Personería municipal no existía ningún cargo
de planta con las funciones que ella desempeñaba, que por el contrario existían
diversos contratistas que apoyaban en estas actividades para que los empleados
de la entidad pudieran cumplir y dedicarse a las acciones misionales de la entidad.
Que, no tuvo en cuenta que los contratos de 2006, 2008 y 2009 obedecían a un
convenio que se tenía con la Defensoría del Pueblo que generó la necesidad de
contratar a alguien para la prestación de ese servicio por no contar ninguna de las
entidades con personal de planta que pudiera hacerlo.
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El municipio de Pereira interpuso recurso de apelación, manifestando que, en la
ejecución de los contratos, la actora prestó sus servicios de manera autónoma e
independiente en las condiciones profesionales que ella misma determinaba.
Que, esto se respetó durante todo el tiempo que duró la ejecución de cada uno de
los contratos, al punto que nunca se impuso horario alguno a la actora pues las
jornadas, días y horas y la manera en cómo cumplía con el objeto de los contratos,
lo determinaban los contratistas teniendo como parámetro, el cumplimiento eficaz
del objeto pactado.
Que cada uno de estos contratos fue independiente uno del otro, que si bien las
interrupciones que se dieron entre la terminación de uno y el otro fueron cortas en
algunos, en todo caso existieron, fueron reales y por tal razón imposibilitan la
afirmación de que la entidad recibió servicios ininterrumpidos por parte de la
demandante.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
El 21 de febrero de 2022 fueron admitidos los recursos de apelación, y de
conformidad con el art. 247 de la ley 1437 de 2011, se dio traslado por el término
de 10 días para la presentación de los alegatos de conclusión y, posteriormente se
corrió el mismo término para el Ministerio Público.
El Municipio de Pereira manifestó que no puede hablarse de subordinación laboral
o dependencia por el solo hecho de que el contratista deba cumplir y desempeñar
el objeto propio para el cual fue contratado dentro de un lapso determinado, siendo
lógico que la entidad contratante, vigile dicho cumplimiento, así como que se le
impartan directrices ocasionales.
Que las recomendaciones o instrucciones eventuales que podía recibir la actora
correspondían al principio de coordinación de actividades entre las partes con el fin
de procurar atender las mismas a efectos de desarrollar eficientemente la labor
encomendada y dar cabal cumplimiento a los alcances contenidos en los diversos
contratos de prestación de servicios.
Que denotan la existencia de una relación de tipo legal y contractual, más no una
relación laboral, en virtud de lo cual, la remuneración atiende el concepto de
honorarios, no de salarios y, por ende, no genera prestaciones sociales, de
conformidad a lo señalado por el numeral 3º, artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
La parte demandante, la Personería y el Ministerio Público guardaron silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
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CONSIDERACIONES
Saneamiento
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 1437 de 20111, considera
la Sala que en este estado del proceso hay una medida de saneamiento que tomar,
toda vez que, si bien el Tribunal aceptó la intervención tanto de la Personería de
Pereira como del municipio, ha de indicarse que la representación judicial cuando
se demanda un órgano de control del nivel territorial está en cabeza del respectivo
personero, como lo indica la Ley2, motivo por el cual, no es posible que actúen dos
apoderados al mismo tiempo.
Es por esto, que no se tendrán en cuenta las actuaciones llevadas a cabo por el
municipio de Pereira, incluyendo el recurso de apelación y, en esa medida, el objeto
del litigio en segunda instancia se limitará a lo apelado por la Personería municipal.
Aclarado lo anterior, continua la Sala con el análisis del proceso.
La Sala deberá verificar si entre las partes existió un vínculo laboral derivado de la
prestación de servicios y, si como consecuencia de ello, la actora tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión a esa
relación.
En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará el argumento
relativo a la prescripción de los derechos reclamados y, finalmente, se analizará lo
correspondiente a la condena en costas en segunda instancia.
Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación
laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable.
1 “ARTÍCULO 207. Control de legalidad. Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad
para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán
alegar en las etapas siguientes.”
2 “Ley 1437 de 2011. Artículo 159:
(…) En los procesos originados en la actividad de los órganos de control del nivel territorial, la representación
judicial corresponderá al respectivo personero o contralor.”
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Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad
humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de
dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, el
elemento de la remuneración.
Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos contratos, por
esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios, demostrando la
subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de prestaciones
sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas en
las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.
El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones laborales
que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las cuales se
destacan las siguientes:
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado
es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y
que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones
que se deriven de aquella.
• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno
de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término
de treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de
cada caso.
• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito
de procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución
de los dineros que haya pagado el contratista por este concepto o por el de
salud.
• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe
pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, así no lo haya solicitado la parte interesada.
• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en
los estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente
temporal.
• Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral.
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Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Resolución del caso concreto
Con relación a las pruebas documentales es posible establecer que la demandante
estuvo vinculada con la Personería de Pereira desde el 4 de octubre de 2004 hasta
el 6 de octubre del 2017 con sus diferentes interrupciones, así:
ÍTEM OBJETO DESDE HASTA INTERRUPCIÓN
Contrato Prestación de servicios de apoyo a la 4 de 31 de 40
de Personería Municipal de Pereira en las octubre dicie
prestación actividades institucionales y de de 2004 mbre
de capacitación ciudadana que se llevan a de
servicios cabo en los diferentes sectores de la 2004
No. 2004- ciudad, haciendo los contactos previos con
73 la comunidad, determinando el lugar, fecha
y hora de las reuniones, acompañar al
personero, funcionarios o persona que
orientará la actividad y la convocatoria y
organizar los asuntos relacionados con los
materiales y asistencia de la comunidad.
Contrato Prestación de servicios de apoyo 25 de 24 de 36
de desarrollando actividades de febrero agost
prestación acompañamiento desde la Personería de 2005 o de
de Municipal de Pereira, en el proceso de 2005
servicios sisbenización en el municipio de Pereira
No. 2005- con el fin de brindar atención oportuna a la
21 población más vulnerable, velando por la
correcta aplicación de las encuestas,
visitas de campo y reencuestar a usuarios
cuando se requiera y observe el
cumplimiento del proceso en beneficio de
los usuarios.
Contrato Prestación de servicios de apoyo 12 de 31 de 17
de desarrollando actividades de octubre dicie
prestación acompañamiento desde la Personería de 2005 mbre
de Municipal de Pereira, en el proceso de de
servicios sisbenización en el municipio, velando por 2005
No. 2005- la correcta aplicación de las encuestas que
23 se consolidan diariamente, atención
oportuna a la población vulnerable que lo
requiera, vigilar el cumplimiento de la
normatividad en el proceso y realizar
visitas de campo y reencuestar a los
usuarios por solicitud previa.
Contrato Prestación de servicios de apoyo en la 25 de 24 de 43
de Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, enero de mayo
prestación para desarrollar actividades tales como 2006 de
de verificar la incapacidad económica de los 2006
servicios potenciales usuarios del servicio de la
No. 2006- defensoría pública, mantener actualizadas
24 las hojas de vida de los contratistas de la
Defensoría, conceder citas para la primera
entrevista en los programas civil, familia y
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administrativo. Diligenciar las fichas
socioeconómicas a quienes solicitan la
prestación del servicio de Defensor
Público, según convenio entre la
Personería y Defensoría.
Contrato Prestación de servicios desarrollando 28 de 27 de 351
de actividades de apoyo a la Defensoría del julio de dicie
prestación Pueblo Regional Risaralda, tales como: 2006 mbre
de verificar la capacidad económica de los de
servicios potenciales usuarios del servicio de 2006
No. 2006- Defensoría, conceder citas para la primera
54. entrevista en los programas civil, familia y
administrativo, diligenciar las fichas
soioeconomicas a quienes solicitan la
prestación del servicio según convenio
suscrito por la Defensoría y la Personería
Municipal de Pereira.
Contrato Suministrar el apoyo y los diferentes 05 de 31 de 68
de servicios a la Defensoría del Pueblo, junio de octub
prestación manteniendo actualizados los datos que 2008 re de
de allí se manejan siendo puente entre la 2008
servicios Defensoría y la Personería.
No. 2008-
47
Contrato Suministrar apoyo a la Personería 11 de 10 de 5
de Municipal de Pereira, desarrollando febrero agost
prestación actividades en la Defensoría del Pueblo, de 2009 o de
de cumpliendo funciones en cuanto a la 2009
servicios atención, orientación y ayuda de la
No. 2009- comunidad pereirana que solicita los
15 servicios en temas relacionados con la
defensa de los derechos humanos, según
convenio realizado entre la Personería
Municipal de Pereira y la Defensoría del
Pueblo regional Risaralda.
Contrato Suministrar apoyo a la Personería 14 de 31 de 532
de municipal de Pereira, desarrollando agosto dicie
prestación actividades en la Defensoría del Pueblo, de 2009 mbre
de cumpliendo funciones en cuanto a la de
servicios atención, orientación y ayuda de la 2009
No. 2009- comunidad pereirana que solicita los
80. servicios en temas relacionados con la
defensa de los derechos humanos, según
convenio realizado entre la Personería
Municipal de Pereira y la Defensoría del
Pueblo regional Risaralda.
Contrato Prestación de servicios de apoyo en la 23 de 07 de 11
de atención al público en la recepción de la febrero julio
prestación Personería municipal de Pereira. de 2012 de
de 2012
servicios
No. 2012-
26
Contrato Prestación de servicios de apoyo en los 4 de 28 de 12
de procesos de la gestión documental de la febrero dicie
prestación Personería Municipal de 2013 mbre
de de
servicios 2013
No. 2013-
11.
Contrato Prestación de servicios de apoyo en las 16 de 31 de 28
de actividades de atención al público y enero de dicie
prestación secretariales en las distintas dependencias 2014 mbre
de de la Personería municipal de Pereira. de
servicios 2014
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Radicación: 66001-23-33-000-2019-00615-01 (0052-2022)
No. 2014-
16
Contrato Prestación de servicios de apoyo en las 10 de 29 de 9
de actividades de atención al público y febrero mayo
prestación secretariales en las distintas dependencias de 2015 de
de de la Personería municipal de Pereira. 2015
servicios
No. 2015-
41
Contrato Prestación de servicios de apoyo en las 11 de 14 de 6
de actividades de atención al público y junio de novie
prestación secretariales en las distintas dependencias 2015 mbre
de de la Personería municipal de Pereira. de
servicios 2015
No. 2015-
78
Contrato Prestación de servicios de apoyo en las 24 de 23 de 38
de actividades de atención al público y noviembr dicie
prestación secretariales en las distintas dependencias e de 2015 mbre
de de la Personería municipal de Pereira. de
servicios 2015
No.2015-
115
Contrato Prestación de servicios de apoyo en las 17 de 16 de 3
de actividades de atención al público y febrero junio
prestación secretariales en las distintas dependencias de 2016 de
de de la Personería municipal de Pereira. 2016
servicios
No. 2016-
29
Contrato Prestación de servicios de apoyo en las 20 de 19 de 51
de actividades de atención al público y junio de novie
prestación secretariales en las distintas dependencias 2016 mbre
de de la Personería municipal de Pereira. de
servicios 2016
No. 2016-
71
Contrato Prestación de servicios de apoyo a la 01 de 14 de 15
de Personería Municipal de Pereira en el área febrero junio
prestación de gestión documental. de 2017 de
de 2017
servicios
No. 2017-
012
Contrato Prestación de servicios de apoyo a la 07 de 06 de Terminaci
de Personería Municipal de Pereira en el área julio de octub ón
prestación de gestión documental. 2017 re de
de 2017
servicios
No. 2017-
062
Nota: Recuadros resaltados refieren a la existencia de un término de interrupción “amplio” entre contratos para
efectos de analizar más adelante la prescripción en caso tal de que se encuentre demostrada la subordinación.
De dichos contratos se puede inferir que la demandante prestó un servicio para la
Personería municipal de Pereira de manera personal y que se pactó una
remuneración; además que, durante los años 2006, 2008 y 2009 se refiere un
convenio realizado entre la Personería y la Defensoría del Pueblo con el fin de llevar
a cabo las mismas funciones, pero en esta última entidad.
Por su parte, los testimonios de los señores Manuel Carmona, Luz Mery Huertas
Romero y Luz Elena Ruiz Henao, coincidieron en afirmar que la demandante debía
prestar sus servicios en la Personería o en las entidades que le asignaran para
trabajar en la recepción, en gestión documental, cumpliendo funciones en cuanto a
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
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Radicación: 66001-23-33-000-2019-00615-01 (0052-2022)
la atención, orientación y ayuda de la población que solicitara los servicios en temas
relacionados con la defensa de los derechos humanos.
El primer testigo, señor Manuel Carmona señaló que tanto la demandante como él,
trabajaron en la personería 15 años. Que ella ingresó como contratista en octubre
del 2004 y estuvo hasta el 2017, y que él ya trabajaba allá cuando la demandante
se vinculó.
Que cuando ella ingresó a la entidad hacía diligencias asignadas por la personería;
trabajaba en la recepción y en gestión documental donde se recibía y se
despachaba la documentación de esta. Que tenían un horario de 8:00 a 12m y de
2:00 a 6:00 pm; que no le consta que dicho horario le haya sido impuesto, sino que
ese era el que tenían los contratistas en dicha dependencia, que era el mismo
horario de la entidad. Que como la demandante era la encargada de recibir la
correspondencia, ella debía estar inclusive antes de las 8:00 am.
La segunda testigo, señora Luz Mery Huertas indicó que cuando empezó a laborar
en la personería en el año 2010, la actora ya desempeñaba actividades en esa
entidad.
Que la demandante cumplía el horario de cualquier funcionario público que era de
8 a 12 y de 2 a 6; en otros periodos de 8 a 12 y de 1 a 5pm., que ese horario lo
cumplía la actora porque era quien atendía público y debía recibir documentos. Que
no le consta que alguien le haya impuesto ese horario, que toda persona que llegaba
a la entidad se encontraba con el puesto donde estaba la demandante y, ella era
quien direccionaba al usuario.
La testigo Luz Elena Ruiz Henao manifestó que a la demandante siempre le
correspondió trabajar en la recepción, entrada y salida de documentos y atención al
público. Que la actora debía cumplir horario como todos, que era de 8 a 6 pm., pero
que no le consta que alguien le haya impuesto ese horario, que en general se les
requería a los contratistas que atendían público que tenían que estar a la hora que
abría la Personería.
Los testigos Manuel Alejandro Hernández Castro y Yesion Antonio Quiroga Henao,
empleados de planta de la entidad, coincidieron en afirmar que la demandante no
cumplía funciones sino que apoyaba actividades operativas y no de tipo misional,
pues ella se encontraba en distintas partes de la entidad, y sobre el horario
manifestaron que la señora Elizabeth no debía cumplir ningún tipo de horario, que
a ella se la veía en diferentes momentos del día, y que eran tan sencillas sus labores
que cualquier persona las podía realizar, como entregar turnos, poner sellos,
direccionar al público. Que, si ella se ausentaba, la entidad podía seguir funcionando
normalmente.
Para analizar la subordinación, es importante precisar que la actora desempeñó
diferentes funciones; así:
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Del 2004 al 2009 consistieron en apoyar a la entidad a través de actividades de
acompañamiento desde la Personería Municipal de Pereira en el proceso de
sisbenización en dicho municipio con el fin de brindar atención oportuna a la
población más vulnerable, velando por la correcta aplicación de las encuestas,
visitas de campo y reencuestas a usuarios cuando se requería. Esto directamente
a la entidad demandada, del 4 de octubre de 2004 al 31 de diciembre de 2005.
Del 2006 a 2009, se observa que se ejercieron funciones similares, pero se refiere
que fueron a través de convenios realizados entre la Personería Municipal de
Pereira y la Defensoría del Pueblo regional Risaralda.
Frente a este primer grupo de funciones, esto es, el apoyo a la gestión, tanto lo que
fue directamente con la entidad como el que fue a través de “convenio”, existe cierta
ambigüedad en las declaraciones de los testigos, porque solo se refirieron a una
única tarea que era la de atención al público en la recepción y gestión documental,
ninguno hace referencia específica a las funciones que desempeñaba en
cumplimiento del objeto real de esos contratos, tampoco se refieren al tipo de
órdenes o de instrucciones que recibía la demandante por parte de la Personería ni
como se desarrollaban las labores de apoyo.
Adicionalmente, no se allegaron los “convenios” enunciados en cada uno de los
objetos contractuales, por lo que, no es posible establecer cuáles pudieron ser los
compromisos de esa entidad en el desarrollo de estos, lo que impide relacionar las
actividades de la contratista con las obligaciones y definir que prestó sus servicios
a aquella.
Tampoco se tienen pruebas documentales que den cuenta del lugar de trabajo de
la actora y, que, este fuera facilitado por la Personería y/o en la Personería o en la
Defensoría; tampoco, de la imposición de horarios ni del direccionamiento y control
de las actividades por parte de la entidad.
A partir de la prueba testimonial tampoco se logra la convicción sobre la
tercerización laboral y la configuración de los elementos de la relación laboral,
porque, ninguno de los testigos se refirió a estos convenios específicamente, por lo
que no existe claridad sobre cuál fue la intervención o participación de la entidad en
esos acuerdos públicos.
Frente al segundo grupo, esto es del 23 de febrero de 2012 al 6 de octubre de 2017;
se observa que sus funciones fueron más secretariales, de atención al público y
apoyo a la gestión documental y, si bien, esta Corporación ha precisado que, en
casos como estos, tratándose de labores secretariales y de servicios de gestión
administrativa, por la misma naturaleza de las actividades y la sujeción en su
desarrollo no puede entenderse la existencia de autonomía técnica o administrativa,
es importante determinar las condiciones mínimas en que se desempeñaba la
actora para cumplir dicho objeto contractual.
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Sin embargo, de las declaraciones recibidas ni de los objetos de los contratos, se
desprenden este tipo de condiciones, no se observa la existencia de algún superior
o si estaba sujeta al direccionamiento y control por parte de alguien de mayor
jerarquía en la línea de mando, la mayoría de los testigos se refirió solo al supuesto
cumplimiento de un horario, pero a ninguno le constaba que este fuera impuesto o
exigido, o si había alguien que realizaba la programación y asignación de turnos y
con quien se entendía para todo lo relativo a la atención y asesoría o determinaba
las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se ejecutaba el objeto contractual.
No se puede extraer del acervo probatorio que la demandante, durante el tiempo en
que prestó sus servicios de apoyo asistencial, actuó bajo dependencia y
subordinación, además, los dos últimos testigos manifestaron que la demandante
apoyaba actividades operativas, no de tipo misional, pues ella se encontraba en
distintas partes de la entidad, y sobre el horario manifestaron que la señora
Elizabeth no debía cumplir ninguno, que a ella se la veía en diferentes momentos
del día, y que, si ella se ausentaba, la entidad podía seguir funcionando
normalmente.
Al respecto, esta Subsección ha sostenido que «si bien no puede decirse que existe
una prueba reina para demostrar el elemento de la subordinación y dependencia
continuada, esta Sala si ha considerado que para acreditar este elemento de la
relación laboral, deben aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente
que el contratista no ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma
autónoma e independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes
e instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo, modo
y lugar que estos impusieran»3
Así, para la Sala no hay claridad frente a las características y condiciones de la
labor desempeñada, no se observa a partir del material probatorio que la entidad
demandada hubiese ejercido sobre la actora órdenes, llamados de atención o
cualquier otra expresión subordinante, que permitan concluir su inserción dentro del
círculo organizativo y disciplinario de la entidad a partir de influencias decisivas en
la forma de realizar su trabajo, desconociendo que conforme al artículo 167 del
CGP4 era su deber acreditar los hechos descritos en la demanda.
Por lo tanto, por no encontrarse acreditados los elementos esenciales de una
3
Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01
C.P Gabriel Valbuena Hernández.
4
«Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del
caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante
su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho
a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer
los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su
cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o
por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras
circunstancias similares»
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relación laboral entre las partes se REVOCARÁ la decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda para en su lugar, NEGAR las pretensiones.
De la condena en costas
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 20215 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, pese a que se está revocando la decisión
apelada, en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CGP6, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto en ninguna de las instancias, por el contrario, manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.
Es así como no hay lugar a condenar en costas en ambas instancias.
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda Subsección A de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley
RESUELVE
Primero. REVOCAR la sentencia proferida veintitrés (23) de julio de dos mil
veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Risaralda y en su lugar, se niegan
las pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
5
ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
6
Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
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Radicación: 66001-23-33-000-2019-00615-01 (0052-2022)
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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