Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06393-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06393-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06393-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06393-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2025 06393 01
Accionante: Elizabeth Castro Carmona
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Revoca la decisión impugnada que negó el amparo solicitado
y, en su lugar, se declara improcedente la acción de tutela por
no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 10 de noviembre de 2025, por la Subsección “B” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Elizabeth Castro Carmona, actuando en nombre propio, interpuso acción de
tutela contra la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y para ello
formuló las siguientes pretensiones1:
PRIMERO: Amparar mis derechos fundamentales al trabajo digno y justo, a la
igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social y al debido proceso.
SEGUNDO: Dejar sin efectos la sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
TERCERO: Ordenar al Consejo de Estado dictar una nueva sentencia, valorando
de manera integral y conforme a la sana crítica las pruebas testimoniales y
documentales, y aplicando los precedentes jurisprudenciales sobre contrato
realidad.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06393 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 06393 01
Accionante: Elizabeth Castro Carmona
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “A”
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante, quien indicó que tiene 63 años y una pérdida de capacidad laboral superior
al 50% calificada en 2019, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al trabajo
digno y justo, a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social y al debido proceso, los
cuales consideró vulnerados por la sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 66001
23 33 000 2019 00615 01.
Adujo que, estuvo vinculada a la Personería Municipal de Pereira mediante contratos
sucesivos de prestación de servicios entre el 4 de octubre de 2004 y el 6 de octubre de
2017, sin interrupciones reales.
Indicó que, desempeñó funciones permanentes y misionales (gestión documental,
archivo, correspondencia y atención al público) y que, pese a la modalidad contractual,
estuvo sometida a subordinación, cumpliendo horario, solicitando permisos y utilizando
los equipos y recursos de la entidad.
Sostuvo que, en el trámite judicial correspondiente el Tribunal Administrativo de
Risaralda2, mediante sentencia de 23 de julio de 2021, declaró la existencia de un
contrato realidad y accedió a las pretensiones de la demanda.
Expuso que, la Personería y el municipio de Pereira interpusieron recurso de apelación
contra la anterior decisión y la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia de 29 de mayo de 2025, la revocó y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.
Manifestó que la providencia cuestionada no realizó una debida valoración probatoria, al
desconocer testimonios relevantes para demostrar la subordinación y, con ello, la
configuración de un contrato realidad.
Como fundamento de la acción de tutela, se indicó que la providencia acusada adolece
de los defectos fáctico, por desconocimiento del precedente y por violación directa de la
Constitución.
En cuanto al defecto fáctico, alegó que este se configuró en sus dimensiones positiva y
negativa, en la medida en que el juez ordinario desestimó la evidencia que demostraba
la existencia de una relación laboral, de la cual se derivan los tres elementos del contrato
de trabajo: la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración.
Agregó que “el fallo tergiversó la valoración de las pruebas, privilegiando la ausencia de
sanciones formales -inexistentes precisamente por la figura de OPS- sobre testimonios y
documentos que sí acreditaban subordinación”3.
Respecto del desconocimiento del precedente, manifestó que la autoridad accionada se
apartó de los precedentes jurisprudenciales aplicables al caso concreto sin motivación
alguna, “incumpliendo la carga de transparencia exigida por la Corte Constitucional (SU-
090 de 2018)”. Asimismo, citó varias decisiones de esta Corporación, entre ellas, las
2 En adelante el Tribunal.
3 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06393 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 06393 01
Accionante: Elizabeth Castro Carmona
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “A”
proferidas en los procesos con radicados “00020/2016, 2014-00524/2020, 1343-09/2010,
2776-05/2008 y SUJ-025/2021”.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 10 de octubre de 20254 y correspondió por reparto a la
Subsección “B” de la Sección Segunda de esta Corporación que, por auto de 16 de
octubre de 20255 la admitió y dispuso notificar6 a la Subsección “A” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado como autoridad judicial accionada; así como vincular al
Tribunal Administrativo de Risaralda, el municipio de Pereira y la Personería Municipal
de Pereira.
De igual forma, requirió a la accionada y al Tribunal Administrativo de Risaralda para que
allegara copia digital del expediente correspondiente al proceso identificado con el
radicado núm. 66001 23 33 000 2019 00615 00/01.
3.2. El Municipio de Pereira7 allegó informe en el que solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional, por cuanto no es la autoridad directamente accionada
respecto de los hechos que fundamentan la demanda.
Asimismo, manifestó su oposición a las pretensiones, al considerar que la autoridad
judicial accionada ejerció un exhaustivo control de legalidad, aplicó adecuadamente las
normas pertinentes y respetó el debido proceso y los derechos fundamentales de la
accionante.
Sostuvo que las providencias proferidas por el Tribunal y por el Consejo de Estado fueron
dictadas con apego a los principios de legalidad, debido proceso e independencia judicial;
que se encuentran debidamente motivadas y no constituyen vía de hecho. En
consecuencia, afirmó que la acción de tutela resulta improcedente, dado su carácter
excepcional y la ausencia de un defecto judicial ostensible que comporte la vulneración
de derechos fundamentales, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
3.3. La Personería Municipal de Pereira8 presentó informe en el que solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito general de
subsidiariedad, al considerar que la accionante dispuso de los mecanismos ordinarios
idóneos en sede administrativa y judicial.
Indicó que la actora ejerció dichos medios dentro del proceso contencioso, el cual culminó
con sentencia de segunda instancia, razón por la cual la tutela no puede emplearse para
4 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06393 00.
5 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06393 00.
6 Esta orden se cumplió el 20 de octubre de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06393 00.
7 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06393 00.
8 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con núm. 11001 03 15
000 2025 06393 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 06393 01
Accionante: Elizabeth Castro Carmona
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “A”
reabrir el debate probatorio ni para sustituir los instrumentos propios de la jurisdicción
contenciosa administrativa.
Añadió que no se evidencian yerros ostensibles de relevancia constitucional en la
providencia cuestionada, tales como la omisión en la valoración de una prueba
determinante o el desconocimiento injustificado de un precedente aplicable. En su
criterio, la inconformidad planteada se contrae, en esencia, a promover una nueva
valoración del acervo probatorio.
Finalmente, precisó que su vinculación al trámite obedece únicamente a su intervención
en el proceso de origen y que, tratándose de una tutela contra providencia judicial, la
carga argumentativa recae en la parte accionante y en el órgano judicial accionado, por
lo que no resulta procedente imponerle órdenes que excedan su órbita legal ni trasladarle
los efectos de una eventual concesión del amparo.
3.4. La Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal9 allegaron el enlace del
proceso ordinario, pero no se observa informe alguno.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 10 de noviembre de 2025, negó la acción de tutela por lo siguiente:
Señaló que no se configuró el defecto fáctico alegado, pues la prueba testimonial fue
valorada de manera conjunta con el resto del material probatorio, incluyendo los
testimonios de los señores Luz Mery Huertas y Juan Manuel Carmona.
Adujo que, del análisis integral de las pruebas (testimoniales y documentales) no se
demostró la existencia de subordinación ni de los demás elementos de una relación
laboral encubierta. Se evidenciaron ambigüedades en los testimonios, ausencia de
prueba sobre imposición de horarios, dirección, control o dependencia jerárquica, y falta
de soporte documental que permitiera acreditar una relación laboral.
Indicó que, el hecho de que la decisión haya sido desfavorable a la demandante no
implica arbitrariedad. Recordó que las diferencias razonables en la apreciación de las
pruebas no constituyen defecto fáctico, y que la intervención del juez de tutela solo
procede ante errores probatorios ostensibles, manifiestos y determinantes, lo cual no
ocurrió en el caso concreto.
Manifestó que, la accionante alegó desconocimiento de la jurisprudencia sobre contrato
realidad, pero no identificó una regla específica que hubiese sido desatendida.
Como conclusión aseveró que la sentencia de 29 de mayo de 2025 estuvo debidamente
motivada, sustentada en un análisis razonable del acervo probatorio y conforme a los
principios de autonomía e independencia judicial. Por tanto, no se vulneraron derechos
fundamentales y se negó el amparo solicitado.
9 Visto en los índices 8 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2025 06393 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 06393 01
Accionante: Elizabeth Castro Carmona
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “A”
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó en los
siguientes términos:
Manifestó que la sentencia impugnada negó el estudio de fondo del cargo por
desconocimiento del precedente, al afirmar que no se identificó la regla jurisprudencial
presuntamente desconocida, cuando, según sostiene, sí se invocaron precedentes
concretos y se explicó la regla aplicable en materia de acreditación de la subordinación
en el contrato realidad. En consecuencia, adujo que la negativa de efectuar el análisis de
fondo se sustentó en un supuesto que no corresponde al contenido del expediente.
En cuanto al defecto fáctico aseveró que:
En el caso concreto, la sentencia del 29 de mayo de 2025 parte de las
declaraciones para reconocer que me desempeñaba en recepción y gestión
documental, que me encontraba diariamente en el puesto de trabajo y que se
observaba un horario equivalente al institucional; sin embargo, desestima esa
evidencia porque ‘no les constaba’ a los testigos que el horario fuera impuesto.
Esa inferencia desconoce la lógica del contrato realidad: la subordinación, por
tratarse de una relación encubierta, suele acreditarse por indicios y por la
inserción funcional del contratista en la organización administrativa, no por
actos formales de imposición. Exigir una prueba directa de ‘imposición’ en
vínculos prolongados y en labores de ventanilla/recepción termina por imponer
una carga probatoria desproporcionada y ajena a la realidad de estas relaciones.
Finalmente, indicó que es una persona de 62 años y que cuenta con una pérdida de
capacidad laboral superior al 50 %, circunstancias que, a su juicio, refuerzan la necesidad
de un control constitucional efectivo cuando se alegan defectos manifiestos en una
providencia que incide directamente en su mínimo vital y en su derecho a la seguridad
social.
5.2. Por auto proferido el 28 de enero de 2026 se concedió la impugnación10 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 5 de febrero de 202611.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 12, en
10 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06393 00.
11 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06393 01.
12 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 06393 01
Accionante: Elizabeth Castro Carmona
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “A”
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201513, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202114, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201915, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente16:
6.2.1. La señora Elizabeth Castro Carmona, actuando por conducto de apoderado
judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo núm. 1-10-
00-24-0103637 del 22 de mayo de 2019 y, como consecuencia, se reconociera la
existencia de una relación laboral entre ella y la Personería Municipal de Pereira, así
como se ordenara el pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir y el
correspondiente reajuste salarial.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal17 que, mediante sentencia de 23
de julio de 2021, accedió a las pretensiones.
6.2.3. Inconforme con la anterior decisión, las entidades demandadas interpusieron
recurso de apelación y la Subsección “A” de la Sección Segunda de esta Corporación,
mediante sentencia de 29 de mayo de 2025, revocó la decisión de primera instancia y,
en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, y comoquiera que el a quo
descendió a analizar los defectos invocados por la parte actora, la Sala considera
necesario resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos en el escrito de tutela
y analizados en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de relevancia
constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional
ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C - 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
13 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
14 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
15 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
16 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 66001 23 33 000 2019 00615
00/01.
17 Al medio de control se le asignó el número único de radicación núm. 66001 23 33 000 2019 00615 00/01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 06393 01
Accionante: Elizabeth Castro Carmona
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “A”
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]18.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU -
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades19:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 20. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que21:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
18 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
19 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
20 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
21 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 06393 01
Accionante: Elizabeth Castro Carmona
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “A”
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).
En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.
En vista de lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto no se satisface el
requisito de relevancia constitucional, en tanto el tercer elemento que lo integra, esto es,
evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir decisiones judiciales, no se encuentra superado.
En efecto, si bien la accionante estructura su inconformidad bajo la alegación de un
defecto fáctico y del desconocimiento del precedente en materia de contrato realidad, del
análisis integral de la providencia cuestionada se advierte que la controversia planteada
se circunscribe, en esencia, a la valoración probatoria efectuada por el juez natural
respecto del elemento de subordinación.
La parte actora sostiene que la sentencia del 29 de mayo de 2025 incurrió en un
razonamiento equivocado al desestimar los indicios de subordinación, como la
permanencia diaria en el puesto de trabajo, el cumplimiento de un horario institucional y
el desempeño de funciones de recepción y gestión documental, por no existir prueba
directa de la “imposición” del horario, lo que, a su juicio, desconoce la lógica del contrato
realidad y la posibilidad de acreditar la subordinación.
No obstante, de la lectura sistemática de la providencia enjuiciada se evidencia que la
autoridad judicial accionada no exigió una prueba formal o directa de subordinación como
requisito excluyente, sino que valoró de manera conjunta el material probatorio allegado,
contratos, testimonios y demás documentos, y concluyó que los indicios referidos no
alcanzaban el estándar necesario para tener por demostrada una relación laboral
encubierta.
En particular, destacó la ausencia de prueba sobre direccionamiento, control jerárquico,
imposición efectiva de horarios o integración funcional bajo dependencia, así como la
ambigüedad de las pruebas testimoniales.
En cuanto al alegado desconocimiento del precedente, la Sala observa que, aunque la
accionante invocó reglas jurisprudenciales relativas a la acreditación de la subordinación
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 06393 01
Accionante: Elizabeth Castro Carmona
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “A”
por vía indiciaria, la providencia cuestionada no se apartó de tales criterios, sino que,
partiendo de ellos, determinó que en el caso concreto no se configuraban los elementos
estructurales del contrato realidad. Así pues, la discrepancia planteada no radica en la
inaplicación de una regla jurisprudencial específica, sino en la conclusión probatoria
alcanzada.
Así, lo que realmente se advierte es el desacuerdo de la parte accionante con las
inferencias realizadas por la autoridad judicial accionada sobre la subordinación laboral,
lo cual no configura, por sí mismo, un problema estrictamente constitucional.
Admitir la procedencia del amparo en estas circunstancias implicaría habilitar al juez de
tutela para reexaminar el acervo probatorio y sustituir el criterio del juez competente,
desbordando los límites excepcionales que gobiernan la tutela contra providencias
judiciales.
Debe recordarse que el proceso ordinario está diseñado para que las partes propongan
sus pretensiones, excepciones, hechos y pruebas, y para que el juez, en ejercicio de su
autonomía e independencia, adopte una decisión fundada en la valoración del material
probatorio conforme a las reglas de la sana crítica. La sola circunstancia de que la
decisión resulte adversa a una de las partes no transforma la valoración probatoria en
arbitraria ni habilita la intervención del juez constitucional.
Solo cuando la providencia judicial se aparta del debate planteado, resuelve por fuera de
los hechos y fundamentos jurídicos propuestos o incurre en un error ostensible,
manifiesto y determinante en la apreciación de las pruebas, puede comprometer el núcleo
esencial del debido proceso. Tal supuesto no se configura en el caso bajo examen, pues
la autoridad judicial se pronunció precisamente sobre el elemento controvertido, la
subordinación, con fundamento en el material probatorio allegado al proceso.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela está siendo utilizada como un
mecanismo adicional para insistir en una tesis ya debatida y resuelta en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual el amparo solicitado
resulta improcedente por ausencia de relevancia constitucional.
En ese orden, se revocará la sentencia del 10 de noviembre de 2025 y, en su lugar, se
declarará improcedente la acción de tutela por no cumplirse el referido requisito general
de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 10 de noviembre de 2025, proferida por la
Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 06393 01
Accionante: Elizabeth Castro Carmona
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “A”
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 12 de
marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.