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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00641-01

Fecha
19 de octubre de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00641-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. No avocar el conocimiento del proceso de la referencia para dictar sentencia de unificación jurisprudencial, por las razones expuestas. 46En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 18 Radicado: 66001-23-33-000-2019-00641-01 (1288-2022) Demandante: José Jairo Serna Giraldo Segundo. Confirmar la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda incoada por José Jairo Serna Giraldo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2019-00641-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00641-01(1288-2022)
Demandante: José Jairo Serna Giraldo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Temas: Reconocimiento pensión gracia – Tiempos válidos para el
reconocimiento

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 17 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo
Risaralda, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

José Jairo Serna Giraldo presentó demanda, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de las siguientes resoluciones: i) RDP 017074 del 25 de abril
de 2017; y ii) RDP 027804 del 10 de julio de 2017, por medio de las cuales la UGPP
le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

1 En adelante UGPP.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00641-01 (1288-2022)
Demandante: José Jairo Serna Giraldo

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que: i) se condenara a la UGPP al reconocimiento y al pago de la pensión gracia
sobre el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante el
último año de servicio; ii) se indexaran los valores reconocidos y las sumas
adeudadas, de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC); y iii) se
reconocieran los intereses comerciales y moratorios.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• José Jairo Serna Giraldo cumplió con los requisitos previstos en la Ley 37 de 1933,
y en la Ley 114 de 1913, como son trabajar durante 20 años en colegios de
secundaria, contar con 50 años de edad, tener buena conducta y «no pertenecer al
grupo de maestros oficiales de primaria que habían sido excluidos de dicho beneficio por
estar recibiendo en 1913 (diciembre 4) pensión o recompensa de la nación a causa de la
guerra de los mil días».

• El docente no percibe pensión o recompensa del tesoro, la mesada que recibe
hace más de 20 años proviene del FOMAG, el cual fue creado por la Ley 91 de 1989
y cuya naturaleza es parafiscal y el artículo 15 ibidem hace posible su compatibilidad
con la pensión gracia.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron el artículo 13 de la Constitución Política; y las leyes 114
de 1913, 116 de 1928, 37 y 42 de 1933, y 91 de 1989.

En cuanto al concepto de violación, se expuso lo siguiente3:

-La UGPP, en contradicción del derecho fundamental de la igualdad, no aplicó las
normas correspondientes al caso concreto y, en su lugar, optó por otras menos
favorables para el trabajador, tal como lo expresa la Corte Constitucional en la
sentencia T-571 de 2002.

• La pensión gracia es una prestación de carácter especial que fue concebida a favor
de los docentes de primaria de orden regional o local, luego fue ampliado el
beneficio a los empleados y profesores de las escuelas normales, después fue
posible su otorgamiento a docentes que hubieran completado los años de servicio
en planteles educativos de secundaria, sin que fuera relevante identificar si aquellos

3 SAMAI del tribunal, Índice 14, 1_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 14, folios 4 al 42.

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Demandante: José Jairo Serna Giraldo

eran de orden nacional o territorial o si recibían una pensión ordinaria que estuviera
a cargo total o parcial de la Nación.

• La Ley 37 de 1933 no es una extensión de la Ley 114 de 1913, sino que dicha
norma amplió la pensión a los educadores de secundaria y previó como único
requisito para acceder a la pensión gracia, completar 20 años de servicio «sin
distinguir si estos servicios se prestaron en colegios de secundaria sin distinguir si estos
servicios se presentaron en colegios nacionales, departamentales, municipales o distritales,
y donde la ley no distingue, no lo puede hacer el intérprete».

1.2. Contestación de la demanda

La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se
expresan a continuación4:

• No es procedente realizar el reconocimiento de la prestación solicitada por José
Jairo Serna Giraldo, por cuanto no acreditó los requisitos previstos en las leyes 114
de 1913, 37 de 1933 y 91 de 1989 y no cumplió con las consideraciones expuestas
por la Corte Constitucional en las sentencias C-084 de 1999 y C-489 de 2000, como
lo son la edad, el tiempo de servicio y la vinculación antes del 29 de diciembre de
1989.

• Entre el 15 de febrero de 1967 y el 30 de agosto de 2003, prestó sus servicios con
nombramiento del orden nacional, razón por la cual no hay lugar al reconocimiento
y pago de la prestación reclamada.

Finalmente propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de las obligaciones
reclamadas; ii) cobro de lo no debido; iii) buena fe; iv) prescripción v) la genérica e
innominada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia proferida 17 de
septiembre de 2021 negó las pretensiones de la demanda al considerar que José
Jairo Serna Giraldo no cumplió con los requisitos necesarios para el reconocimiento
de la pensión gracia, toda vez que no acreditó la prestación de sus servicios como
docente en establecimientos educativos de orden territorial o nacionalizado durante
20 años.

Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y

4 SAMAI del tribunal, Índice 14, 2_002CONTESTACIONUGPP(.PDF) NroActua 14.

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Demandante: José Jairo Serna Giraldo

jurisprudenciales aplicables al asunto concluyó lo siguiente5:

• En virtud del formato único para la expedición de certificado de historia laboral fue
constatado que el demandante laboró como docente en propiedad, de carácter
nacional, en la Institución Educativa Nacional Francisco José de Caldas de Santa
Rosa de Cabal, desde el 18 de mayo de 1967 hasta el 30 de septiembre de 2003,
además los actos administrativos 103 de 1967 y 47 y 60 de 1970 dieron cuenta que
su posesión fue con ocasión de la designación del Ministerio de Educación Nacional.

• No resulta admisible la aplicación del principio de favorabilidad laboral con el fin
de excluir al demandante del cumplimiento del requisito de haberse vinculado a una
plaza nacionalizada o territorial, por cuanto no existe duda en relación con esa
exigencia, en el sentido de que proviene de un mandato legal.

1.4. El recurso de apelación

José Jairo Serna Giraldo interpuso recurso de apelación6 en el cual solicitó revocar
la sentencia de primera instancia y lo sustentó así:

• El a quo desconoció la normativa constitucional y el criterio jurisprudencial, al
validar solo algunas disposiciones legales y omitir el principio de favorabilidad
laboral.

• La pensión gracia de los docentes nacionales está respaldada en la Ley 37 de
1933, según la cual el único requisito para acceder a dicha prestación es «haber
completado los años de servicio en un colegio de educación secundaria (…) esta ley no
distingue si el colegio es nacional, departamental o municipal, tampoco distingue la fuente
u origen de nombramiento».

• Los docentes están facultados para recibir más de una asignación que provenga
del erario, así tengan origen en igual ente público, por su parte la pensión gracia
puede adjudicarse a docentes de primaria independientemente de que su
vinculación sea nacional, departamental, municipal o distrital, siempre y cuando
cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913. Si bien en la Ley
116 de 1928 se estableció que las instituciones de secundaria normalistas eran
nacionales, lo cierto es que esa ley también permite que esos tiempos sean
contados para acceder al reconocimiento de la prestación. Los docentes nacionales
de secundaria no normalista también se encuentran avalados para acceder a ella,
como sucede en el caso de todos los maestros vinculados antes de 1981.

5 SAMAI del tribunal, Índice 15, 27_027SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA(.PDF) NroActua 15.
6 SAMAI del tribunal, Índice 19, 29_029RECURSOAPELACIONDEMANDANTE(.PDF) NroActua 19.

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Demandante: José Jairo Serna Giraldo

• Todos los docenes del país vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 tienen
derecho a la pensión gracia, en razón a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91
de 1989.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

1.5.1. La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad.

1.5.2. La UGPP7 ratificó los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda y solicitó confirmar la sentencia apelada, al no encontrarse acreditados
los requisitos requeridos por el ordenamiento jurídico para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia.

1.6. El Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta etapa8.

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

2.1.1. Solicitud de unificación de la jurisprudencia

Con escrito del 7 de abril de 2022 la UGPP9 solicitó que a través de una sentencia de
unificación jurisprudencial se defina «que debe entenderse como ‹plaza docente› su
definición, requisitos y lineamientos que permitan dilucidar cuales son las condiciones que
debe reunir ‹la plaza› a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21-06-2018,
para ser considerado como nacional, nacionalizada o territorial». (sic)

Al respecto, la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación en auto del 29
de junio de 202310, se pronunció en relación con una solicitud de unificación que
guarda identidad con la que se presentó en este caso, para lo cual se abstuvo de
avocar el asunto con base en las siguientes consideraciones:

i) Lo expuesto por la UGPP en la solicitud de unificar o sentar jurisprudencia, está
dirigido a controvertir las reglas definidas en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de
2018, lo que difiere del objetivo previsto por el legislador en el artículo 271 del CPACA;

7 Samai, índice 11, 10_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 11.
8 Según el informe secretarial del 17 7de junio de 2022 visto en
ALDESPACHOPARASENTENCIA_12882022(.docx) NroActua 12, índice 12 de Samai.
9 Samai, índice 5, 6_MemorialWeb_Petición(.pdf) NroActua 5.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de junio de 2023, radicado 15001-23-33-

000-2019- 00099-01 (5605-2019)

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00641-01 (1288-2022)
Demandante: José Jairo Serna Giraldo

ii) El incremento de la litigiosidad en relación con la pensión gracia, que aduce el ente
solicitante, no es atribuible a la mencionada sentencia de unificación, sino a que la
UGPP continúa asumiendo una posición jurídica distinta de la expuesta por la Sección
Segunda. Lo anterior tampoco constituye un argumento suficiente para avocar
conocimiento del asunto con fines de unificación, ya que en esa oportunidad la
corporación determinó parámetros claros aplicables en la materia.

iii) El análisis de la naturaleza de los recursos del sistema general de participaciones
fue abordado en dos oportunidades por esta corporación mediante sentencias de
unificación en las que se fijaron lineamientos orientadores para las autoridades
administrativas y judiciales. En efecto, la providencia del 21 de junio de 2018 realizó
un estudio riguroso sobre dichos recursos, antes y después de la entrada en vigor de
la Ley 60 de 1993. Igualmente, la sentencia de unificación del 11 de agosto de 202211
identificó las etapas del servicio educativo en Colombia, incluso la previa a la
expedición de la Ley 60 de 1993, que es objeto de cuestionamiento por parte de la
entidad demandada en su solicitud de unificación. En esta última decisión se precisó
que el hecho de que el gobierno central hubiera asumido el pago de las acreencias de
los docentes nacionalizados, no implicó que su vinculación mutara de plano a una de
carácter nacional.

iv) En la sentencia del 21 de junio de 2018 se sentaron reglas precisas en torno al
concepto de la «plaza docente» que habilita el reconocimiento de la pensión gracia. En
ese sentido, se dejó expreso que la naturaleza de la vinculación se puede acreditar
con la copia de los actos administrativos de nombramiento o las certificaciones que
demuestren que la plaza ocupada es de aquellas que permiten la sumatoria de
tiempos para acceder a la prestación. Lo anterior, se acompasa con el artículo 1 de la
Ley 91 de 1989 y con las consideraciones expuestas en la sentencia de unificación
del 11 de agosto de 202212, relacionadas con la conservación de la expectativa de
obtener el reconocimiento de la pensión gracia luego de la entrada en vigor de la citada
ley13, que se desprende del artículo 15 ibidem.

v) El criterio adoptado por el Consejo de Estado para definir cuándo un docente tiene
derecho a la pensión gracia, ha sido pacífico y constante. Así se puede observar en

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-

33-000-2016-0278-01 (3018-2017).
12 Ibidem.
13 «(…) Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes

114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado,
tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan
con la totalidad de requisitos».

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Demandante: José Jairo Serna Giraldo

las sentencias proferidas el 29 de agosto de 199714, 22 de enero de 201515, 21 de
junio de 201816 y 11 de agosto de 202217, en las que se estableció que los docentes
nacionales no tienen la posibilidad de acceder a esta prestación especial, e igualmente
se han señalado los tiempos de servicio computables para ese efecto.

vi) Los criterios que plantea para definir las controversias no constituyen premisas que
puedan ser aplicadas en forma uniforme, debido a la evolución normativa del servicio
educativo y a la competencia para expedir el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos. Al respecto, la Sección Segunda en la providencia del 20 de
octubre de 202218, puso de presente que existe la posibilidad de que el docente que
ocupa una plaza territorial o nacionalizada haya terminado sujeto a un régimen salarial
y prestacional del orden nacional como efecto de la nacionalización de la educación,
sobre todo porque el actual esquema constitucional de competencias le asigna la
fijación del régimen prestacional de los servidores públicos a autoridades del orden
nacional y les impide a los entes territoriales crear prestaciones sociales para sus
servidores.

En ese orden, como se mencionó en líneas anteriores, mediante auto proferido el
29 de junio de 2023, la Sección Segunda de esta Corporación decidió no avocar el
conocimiento de un asunto en el que se solicitó proferir sentencia de unificación en
relación con «la definición del término “plaza docente”, la prueba idónea para acreditar
la calidad de docente territorial y los criterios para determinar esa condición en los
empleos docentes», asimismo resolvió:

«Las consideraciones aquí expuestas son aplicables a las solicitudes de unificación
que se fundamenten en los mismos argumentos que fueron analizados en esta
providencia. Por ende, al amparo de la presente decisión, dichos asuntos pueden
continuar con su trámite, con el fin de llegar a su pronta resolución».

Así las cosas y comoquiera que en la decisión a la cual se ha hecho referencia en
párrafos anteriores, la Sección Segunda ya analizó las razones que sustentan la
solicitud de unificación presentada por la UGPP en el presente caso, como se concluyó
en esa oportunidad, no se avocará el conocimiento del asunto por cuanto no se

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado S-699. C.P.

Nicolás Pájaro Peñaranda.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de enero de 2015, radicado 25000-23-42-

000-2012-02017-01 (0775-2014). C.P. Alfonso Vargas Rincón (E).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-

000-2013-04683-01 (3805-2014) SUJ-011CE-S2-2018. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-

33-000-2016-00278-01 (3018-2017) SUJ-030CE-S2-2022.
18 Radicado 54001-23-33-000-2013-00344-01 (4053-2015).

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00641-01 (1288-2022)
Demandante: José Jairo Serna Giraldo

encuentran acreditados los supuestos sustanciales para esos efectos, conforme con
el artículo 27119 del CPACA.

2.2. El problema jurídico

19 «ARTÍCULO 271. DECISIONES POR IMPORTANCIA JURÍDICA, TRASCENDENCIA
ECONÓMICA O SOCIAL O NECESIDAD DE SENTAR JURISPRUDENCIA O PRECISAR SU
ALCANCE O RESOLVER LAS DIVERGENCIAS EN SU INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN. Por
razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar
jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que
ameriten la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado
podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho
conocimiento podrá asumirse de oficio; por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo
de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se
tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia.

En estos casos, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
dictar sentencias y autos de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de sus
secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán
sentencias y autos de unificación en esos mismos eventos, en relación con los asuntos que
provengan de las subsecciones de la corporación, de los despachos de los magistrados que las
integran, o de los tribunales, según el caso. Las decisiones que pretendan unificar o sentar
jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a todas las secciones del Consejo
de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

Para asumir el trámite a solicitud de parte o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
la petición deberá formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo. Si la petición proviene
de un consejero de Estado, del tribunal administrativo, o del Ministerio Público, esta podrá formularse
sin la limitación temporal anterior. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá
solicitarlo cuando previamente haya intervenido o se haya hecho parte dentro del proceso.

La petición contendrá una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del
proceso y las razones que determinan la importancia jurídica trascendencia económica o social o la
necesidad de Unificar o sentar jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver las divergencias en
su interpretación y aplicación.

La petición que se formule para que el Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso no
suspenderá su trámite, salvo que el Consejo de Estado adopte dicha decisión.

La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no
susceptible de recursos.

PARÁGRAFO. El Consejo de Estado implementará un mecanismo electrónico de fácil acceso que
permita comunicar y alertar a sus integrantes y a la ciudadanía en general respecto de aquellas
materias o temas que estén en trámite en la Corporación, y que por su importancia jurídica,
trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su
alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación, puedan ser propuestos para
ser asumidos de oficio por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, para los fines previstos
en este artículo.

Este mecanismo también permitirá que los juzgados y tribunales del país informen sobre procesos
en trámite en los respectivos distritos judiciales, que por tener circunstancias similares, puedan ser
asumidos por el Consejo de Estado para los fines de este artículo. Así mismo, servirá para advertir
las divergencias en la interpretación o aplicación de las sentencias y autos de unificación por parte
del Consejo de Estado». (subrayado fuera de texto)

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00641-01 (1288-2022)
Demandante: José Jairo Serna Giraldo

Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿la UGPP debe reconocer la pensión
gracia solicitada por José Jairo Serna Giraldo, en aplicación del régimen
prestacional previsto en la Ley 114 de 1913 y demás normas que la regulan?

Para resolver la Sala abordará la siguiente temática: (1) marco normativo, (2) caso
concreto, (3) costas, y (4) conclusión.

2.3. Marco normativo

La Ley 114 de 191320 creó la pensión gracia como un reconocimiento a la dedicación
al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas
primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era
necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicios
en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra
pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad,
siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y que observara buena conducta.

En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación21 señaló que «el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los
profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que
recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque,
en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los
municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».

Posteriormente, las leyes 116 de 192822 y 37 de 193323, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.

Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de
esta Corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la pensión, así24:

«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión
es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe ‹Que no ha recibido ni recibe

20 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11-S2 del 21 de

junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
22 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
23 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos

empleados».
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de

1997, radicado No. S-699.

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00641-01 (1288-2022)
Demandante: José Jairo Serna Giraldo

actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional›. (En este aparte de la
providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).

Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación
por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo
tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o
regionales».

Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley
43 de 197525 y en línea de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 198926, en
la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia, debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las expectativas de
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200027 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas concretadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.

Puntualmente, en cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de
computar los tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente
mencionar que la jurisprudencia de la Sala28 ha explicado lo siguiente:

«Sobre los tiempos nacionales.
(…)
La ley 114 de 1913 que creo (sic) la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.

25 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando

los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se
distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
26 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
27 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.-
28 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00641-01 (1288-2022)
Demandante: José Jairo Serna Giraldo

Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: (…)
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198929 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» (negrillas fuera de texto original).

Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, en este punto, se recuerdan las reglas que fijó esta
Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 201830, así:

«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;

29 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
30 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00641-01 (1288-2022)
Demandante: José Jairo Serna Giraldo

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o de las -
situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas
fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».

En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto de
202231, explicó lo siguiente:

«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».32

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de

31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado

15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
32 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-

03-15-000-2019-02219-01 (AC).

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00641-01 (1288-2022)
Demandante: José Jairo Serna Giraldo

nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».

En suma, para acceder a la pensión gracia, los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicios en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, teniendo en cuenta que pueden ser computados los tiempos
laborados con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos probados

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

• José Jairo Serna Giraldo nació el 4 de mayo de 194733.

• Mediante actas de posesión 00103 del 18 de mayo de 1967 34, 47 del 27 de julio
de 197035, 48 del 31 de julio de 197036, 042 del 28 de julio de 197137, 060 del 4 de

33 SAMAI del tribunal, Índice 14, 1_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 14, folio 71.
34 SAMAI del tribunal, Índice 14, 1_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 14, folio 74.
35 SAMAI del tribunal, Índice 14, 22_022RESPUESTASECRETARIAEDUCACIONDEPTAL(.PDF)
NroActua 14, folio 5.
36SAMAI del tribunal, Índice 14, 22_022RESPUESTASECRETARIAEDUCACIONDEPTAL(.PDF)

NroActua 14, folio 6.
37 SAMAI del tribunal, Índice 14, 22_022RESPUESTASECRETARIAEDUCACIONDEPTAL(.PDF)

NroActua 14, folio 7.

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00641-01 (1288-2022)
Demandante: José Jairo Serna Giraldo

julio de 197238 y 032 del 21 de abril de 197539, el alcalde municipal de Santa Rosa
de Cabal tomó posesión a José Jairo Serna Giraldo en el cargo de docente del
Colegio Nacional Francisco José de Caldas, designado por el Ministerio de
Educación Nacional, así:

Acta de posesión Cargo Designado
Por el Ministerio de Educación
00103 del 18 de mayo de Profesor de enseñanza
Nacional con la Resolución 949 del 27
1967 secundaria I-12
de abril de 1967.
Por el Ministerio de Educación
47 del 27 de julio de 1970 Profesor externo de caligrafía Nacional con la Resolución 2362 del
15 de junio de 1970.
Por el jefe sección registro control con
48 del 31 de julio de 1970 Profesor de artes industriales la Resolución 2957 del 16 de julio de
1970.
Por el Ministerio de Educación
042 del 28 de julio de 1971 Profesor externo de artes Nacional con la Resolución 3244 del 9
de julio de 1971.
Por el Ministerio de Educación
060 del 4 de julio de 1972 Profesor externo Nacional con la Resolución 2934 del
16 de junio de 1972.
Por el Ministerio de Educación
Profesor horas extras de
032 del 21 de abril de 1975 Nacional con la Resolución 1865 del
vocacionales
17 de abril de 1975.

• Conforme con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral
expedido el 15 de diciembre de 201840 por el director administrativo de la Secretaría
de Educación Departamental de Risaralda, se observa que el demandante trabajó por
más de 20 años, en calidad de docente, desde el 15 de febrero de 1967, con
vinculación de orden «nacional», hasta el 30 de septiembre de 2003, como se
advierte a continuación:

Periodo
Cargo Acto
Novedad Desde Hasta
administrativo
Docente del plantel Re. 949 del 27
educativo Francisco de abril de
Nombramiento 18/05/1967 08/02/1996
José de Caldas de 1967
Santa Rosa de Cabal
Docente del plantel Decreto 153
educativo Francisco del 9 de
Incorporación 09/02/1996 29/09/2003
José de Caldas de febrero de
Santa Rosa de Cabal 1996

38 SAMAI del tribunal, Índice 14, 22_022RESPUESTASECRETARIAEDUCACIONDEPTAL(.PDF)
NroActua 14, folio 8.
39 SAMAI del tribunal, Índice 14, 22_022RESPUESTASECRETARIAEDUCACIONDEPTAL(.PDF)

NroActua 14, folio 9.
40 SAMAI del tribunal, Índice 14, 1_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 14, folio 75.

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00641-01 (1288-2022)
Demandante: José Jairo Serna Giraldo

Docente del plantel 22 de
educativo Francisco septiembre de
Retiro 30/09/2003
José de Caldas de 2003
Santa Rosa de Cabal

• A través del Decreto 00698 de 22 de septiembre de 200341, la gobernadora del
departamento de Risaralda le aceptó a José Jairo Serna Giraldo la renuncia al cargo
de docente de la Institución Educativa Francisco José de Caldas del municipio de
Santa Rosa de Cabal.

• El 6 de julio de 2021 el director administrativo y financiero del departamento de
Risaralda expidió el Formato Único para la expedición de certificado de salarios en
el cual dio cuenta que el docente prestó sus servicios en la Institución Educativa
Francisco José de Caldas en Santa Rosa de Cabal (Risaralda) en propiedad y con
vinculación nacional desde el 18 de mayo de 1967 hasta el 30 de septiembre de
200342.

• Mediante la Resolución 017074 del 25 de abril de 2017 la UGPP negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, por cuanto José Jairo Serna Giraldo no
logró acreditar 20 años de servicio como docente oficial de carácter departamental,
municipal o nacionalizado. Decisión que fue confirmada con la resolución RDP
027804 del 10 de julio de 201743.

2.4.2. Análisis sustancial

De la valoración probatoria, la Sala encuentra acreditado que el demandante nació
el 4 de mayo de 1947 y que desde el 18 de mayo de 1967 laboró como docente del
Colegio Nacional Francisco José de Caldas, por más de 20 años; no obstante, el
Tribunal negó las pretensiones de la demanda al encontrar que su vinculación fue
de carácter nacional, con fundamento en los certificados expedidos por el Fomag y
las actas de posesión.

Sin embargo, el recurrente consideró que se debió reconocer la pensión gracia
reclamada, toda vez que para ello no resulta necesario estudiar el tipo de
vinculación que haya ejercido el docente, en concordancia con la Ley 37 de 1933
que previó como único requisito «haber completado los años de servicio en un colegio
de educación secundaria (…) esta ley no distingue si el colegio es nacional, departamental
o municipal, tampoco distingue la fuente u origen de nombramiento».

41 SAMAI del tribunal, Índice 14, 22_022RESPUESTASECRETARIAEDUCACIONDEPTAL(.PDF)
NroActua 14, folio 10.
42 SAMAI del tribunal, Índice 14, 20_020RESPUESTADEPARTAMENTORISARALDA(.PDF)

NroActua 14.
43 SAMAI del tribunal, Índice 14, 1_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 14, folio 75.

15

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00641-01 (1288-2022)
Demandante: José Jairo Serna Giraldo

Ciertamente, en el escrito de apelación la parte demandante señaló que todos los
docentes del país vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 tienen derecho a
la pensión gracia, en razón a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989,
argumento frente al cual esta Sala no encuentra asidero, toda vez la jurisprudencia
de esta Corporación ha señalado que, «la condición para el reconocimiento de la
pensión gracia es que la vinculación del docente territorial sea anterior al 31 de diciembre
de 1980, contando tiempos posteriores siempre y cuando se demuestren como
nacionalizados o territoriales»44 puesto que, según el artículo 15 de la Ley 91 de 1989,
las autoridades administrativas y judiciales deberán declarar «el derecho a la pensión
gracia del docente que haya tenido una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 y
que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron,
sin importar el momento en que logre acreditar los requisitos de edad y tiempo de servicio,
es decir, que lo haga antes o después del 29 de diciembre de 1989».

En este punto es importante resaltar que esta vinculación nacional no es
controvertida por el accionante, incluso la aceptó e insistió que debía ser
computada. Así las cosas, la controversia gira en torno a los tiempos que resultan
válidos para el reconocimiento de la pensión gracia.

Al respecto, la Sala encuentra que la pensión gracia, en el entendido de la Ley 114
de 1913, fue concebida como una prerrogativa gratuita en favor de los docentes
nacionalizados con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, y quienes
fueran vinculados con posterioridad a esta fecha, no les fue atribuida la posibilidad
de acceder a dicho reconocimiento prestacional, sino exclusivamente a la
establecida en el literal b) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, es decir
la pensión ordinaria de jubilación equivalente al 75% del salario promedio del último
año, que se otorga por igual tanto a docentes nacionales como nacionalizados.

Lo anterior encuentra fundamento en la filosofía material de su creación que
correspondió a la desigualdad salarial que tenían los maestros territoriales respecto
de los nacionales, desequilibrio que no se presentaba en aquellos maestros que
eran remunerados por la nación.

En consecuencia, resulta necesario determinar el tipo de vinculación del
demandante con el fin de identificar si el tiempo de servicio prestado corresponde
al requerido por la normativa.

Al respecto, la Sala encuentra que José Jairo Serna Giraldo se desempeñó como
docente nacional nombrado en propiedad en la Institución Educativa Francisco José
de Caldas de Santa Rosa de Cabal, sin que se evidencie más de una modificación

44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado

15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

16

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00641-01 (1288-2022)
Demandante: José Jairo Serna Giraldo

respecto al ingreso en su historia laboral, tal como se desprende del Formato Único
y de los documentos de posesión allegados al expediente. En efecto, de su lectura
se concluye que su nombramiento fue a causa de una designación del Ministerio de
Educación, de manera que el tiempo trabajado en virtud de ese nombramiento no
puede tenerse en cuenta para el cómputo de los 20 años de servicio que la ley exige.

Ahora, en relación con lo manifestado por el recurrente en cuanto a la posibilidad
de que los docentes de secundaria de planteles normalistas también fueran
beneficiarios de la pensión gracia, la Sala advierte que según el acervo probatorio
el docente no trabajó en alguna institución educativa con esa característica.

Así las cosas, de acuerdo con la clasificación prevista en el artículo 1 de la Ley 91
de 1989 y según las pruebas aportadas al plenario, la Sala concluye que José Jairo
Serna Giraldo se vinculó como docente por nombramiento del gobierno nacional, lo
cual impide el reconocimiento de la prestación, dado el carácter excepcional con
que fue instituida la pensión gracia, pues es indispensable acreditar el cumplimiento
de la totalidad de los requisitos y en particular que el interesado haya prestado los
servicios en planteles departamentales o municipales durante mínimo 20 años;
supuestos fácticos que a todas luces no se cumplen en el sub lite.

Adicionalmente, como se explicó en la sentencia SUJ-030-CE-S2-2021, de acuerdo
con el recuento histórico, durante la primera etapa de la educación en Colombia,
por regla general, la educación oficial secundaria estuvo a cargo de la nación45. Lo
anterior refuerza la conclusión de que la vinculación de la demandante fue del orden
nacional, toda vez que, fue nombrado como educador del nivel de secundaria.

En este sentido, para la Sala resulta evidente que la parte demandante no logró
desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre los actos administrativos
demandados motivo por el cual, la Sala confirmará la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, en el cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

2.5. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

45 De acuerdo con lo previsto en la Ley 39 de 1903.

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00641-01 (1288-2022)
Demandante: José Jairo Serna Giraldo

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma46.

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte vencida
actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en
el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
parte demandada.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que José Jairo Serna Giraldo no
tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia por no acreditar el requisito de
haber ejercido como docente territorial o nacionalizada durante 20 años o más.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. No avocar el conocimiento del proceso de la referencia para dictar
sentencia de unificación jurisprudencial, por las razones expuestas.

46En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00641-01 (1288-2022)
Demandante: José Jairo Serna Giraldo

Segundo. Confirmar la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda
incoada por José Jairo Serna Giraldo contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP),
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

19

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