Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00673-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00673-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2019-00673-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
11 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00673-01 (1123-2022)
Demandante: Blanca Alcira Benavides Niño
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Temas: Pensión gracia. Tiempos válidos para el reconocimiento
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 23 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Blanca Alcira Benavides Niño presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones i) RDP 044106 del 23 de noviembre de
2017 a través de la cual la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia; ii)
RDP 008282 del 1º de marzo de 2018 mediante la cual se confirmó la anterior
decisión y el auto iii) ADP 003867 del 25 de mayo, mediante el cual se corrigieron
1 En adelante la UGPP.
2
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Blanca Alcira Benavides Niño
unas palabras contenidas en la anterior disposición en su parte considerativa.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que i) se condenara a la UGPP al reconocimiento y al pago de la pensión gracia en
cuantía del 75% del promedio de la remuneración del último año de servicio, ii) se
reconocieran los intereses comerciales y moratorios iii) se indexara la primera
mesada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
• Blanca Alcira Benavides cumplió con el requisito previsto en la Ley 37 de 1933, de
haber trabajado durante 20 años en colegios de secundaria, y con los enunciados
en la Ley 114 de 1913 de contar con 50 años de edad, tener buena conducta y «no
pertenecer al grupo de maestros oficiales de primaria que habían sido excluidos de dicho
beneficio por estar recibiendo en 1913 (diciembre 4) pensión o recompensa de la nación a
causa de la guerra de los mil días».
• La docente no percibe pensión o recompensa del tesoro, la mesada que recibe
hace más de 20 años proviene del FOMAG, el cual fue creado por la Ley 91 de 1989
y cuya naturaleza es parafiscal y el artículo 15 ibidem hace posible su compatibilidad
con la pensión gracia
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron las leyes 37 de 1933, 91 de 1989, 42 de 1933, 116 de
1928, 114 de 1913 y 39 de 1903.
En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:
-La UGPP no aplicó las normas correspondientes al caso concreto y, en su lugar,
optó por otras menos favorables para el trabajador, tal como lo expresa la Corte
Constitucional en la sentencia T-571 de 2002.
• Inicialmente la pensión gracia fue concebida como una prestación que la nación
confería a los docentes de primaria de orden regional o local, luego fue ampliado el
beneficio a los empleados y profesores de las escuelas normales, después fue
posible su otorgamiento a docentes que hubieran completado los años de servicio
en planteles educativos de secundaria, sin que fuera relevante identificar si aquellos
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eran de orden nacional o territorial o si recibían una pensión ordinaria que estuviera
a cargo total o parcial de la Nación3.
1.2. Contestación de la demanda
La UGPP se opuso a las pretensiones con fundamento en que la demandante no
cumple con los requisitos previstos en las leyes 114 de 1913, 37 de 1933 y 91 de
1989 y con las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en las
sentencias C-084 de 1999 y C-489 de 2000, como lo son la edad, el tiempo de
servicio y la vinculación antes del 29 de diciembre de 1989.
Al expediente fue allegado el certificado de servicios expedido por la Secretaría de
Educación del departamento de Risaralda, en la cual se indicó que Blanca Alcira
Benavides desde el 14 de junio de 1978 hasta la fecha de expedición de ese
documento fue nombrada como docente oficial de carácter nacional. Así como
también se evidenció en el formato único para la expedición de certificados de
salarios expedido por el departamento de Risaralda en el cual fue señalado que la
profesora tuvo vinculación nacional, y en el certificado de tiempo de servicio
proferido esa Gobernación4.
Propuso como excepciones las siguientes: i) inepta demanda; ii) inexistencia de la
obligación y cobro de lo no debido; iii) buena fe; iv) prescripción y v) genérica.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, en sentencia
del 23 de septiembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda al considerar
que la demandante no cumplió con los requisitos necesarios para el reconocimiento
de la pensión gracia, toda vez que no acreditó la prestación de sus servicios como
docente en establecimientos educativos de orden territorial o nacionalizado durante
20 años. Para tal efecto, se pronunció en estos términos5:
• La Ley 29 de 1989 restructuró el Ministerio de Educación Nacional y asignó a los
departamentos y municipios, según su capacidad, la administración del personal
docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales y
nacionalizados; sin que cambiara la naturaleza de los nombramientos previamente
realizados a los docentes, los cuales seguían a cargo de las entidades que los
3
Expediente digital, Gestionar Documentos. SAMAI del tribunal de primera instancia.
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Expediente digital, Gestionar Documentos. SAMAI del tribunal de primera instancia.
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21_021SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA(.PDF) NroActua 20. SAMAI del tribunal de primera
instancia.
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crearon. Entonces al tratarse de un nombramiento realizado por la nación, el
docente, a pesar de ser administrado por una entidad territorial conservaba su
calidad de nacional, contrario a lo que pretendió acreditar la demandante.
• No resulta admisible la aplicación del principio de favorabilidad laboral con el fin
de excluir a la demandante del cumplimiento del requisito de haberse vinculado a
una plaza nacionalizada o territorial, por cuanto no existe duda en relación con esa
exigencia, en el sentido de que proviene de un mandato legal.
• Como conclusión emerge que, la demandante no acreditó la prestación del servicio
en virtud de una vinculación como docente territorial o nacionalizada, pues si bien
estuvo vinculada antes del 31 de diciembre de 1980 y acreditó más de 40 años de
tiempo laborado como maestra, lo cierto es que esta vinculación fue como profesora
nacional designada por el Ministerio de Educación Nacional, de manera que no se
desvirtuó la legalidad de los actos demandados.
Finalmente, no condenó en costas.
1.4. El recurso de apelación
Blanca Alcira Benavides Niño solicitó la revocatoria de la sentencia proferida en
primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos6:
• El a quo desconoció la normativa constitucional y el criterio jurisprudencial, al
validar solo algunas disposiciones legales y omitir el principio de favorabilidad
laboral.
• Los docentes están facultados para recibir más de una asignación que provenga
del erario, así tengan origen en igual ente público, por su parte la pensión gracia
puede adjudicarse a docentes de primaria independientemente de que su
vinculación sea nacional, departamental, municipal o distrital, siempre y cuando
cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913. Si bien en la Ley
116 de 1928 se estableció que las instituciones de secundaria normalistas eran
nacionales, lo cierto es que esa ley también permite que esos tiempos sean
contados para acceder al reconocimiento de la prestación. Los docentes nacionales
de secundaria no normalista también se encuentran avalados para acceder a ella,
como sucede en el caso de todos los maestros vinculados antes de 1981.
6 24_0024RECURSOSENTENCIA(.PDF) NroActua 25. Índice 25 de SAMAI del tribunal de primera
instancia.
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• Por su parte la Ley 37 de 1933 dispuso como exigencia para el reconocimiento de
esa pensión, haber completado los años de servicio en un colegio de educación
secundaria, y no distingue entre el tipo de nombramiento ni la calidad de nacional,
departamental, municipal o distrital del plantel, luego el intérprete tiene prohibido
pretender el cumplimiento de requisitos que no estén previstos en la normativa. La
Ley 91 de 1989 derogó todo lo dispuesto respecto de la pensión gracia, determinó
como requisitos para acceder a ella, no devengar de manera parcial o total alguna
otra mesada proveniente del erario y tener una vinculación antes de 1981.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. Blanca Alcira Benavides Niño guardó silencio7.
1.5.2. La UGPP reafirmó los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda y solicitó confirmar la sentencia apelada, al no encontrarse acreditados
los requisitos requeridos por el ordenamiento jurídico para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia8. Además, reiteró la solicitud de unificación de
jurisprudencia en la cual manifestó la necesidad de proferir una directriz respecto
de las condiciones que debe reunir la plaza para ser considerada como nacional,
nacionalizada o territorial, en virtud de la SUJ-11-52 del 21 de junio de 2018.
1.6. El Ministerio Público
El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto, tal y como
se advierte en la constancia secretarial del 28 de abril de 20229.
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa
2.1.1. Solicitud de unificación de la jurisprudencia
Con escrito del 27 de abril de 2022 la UGPP10 solicitó que a través de una sentencia
de unificación jurisprudencial se defina «que debe entenderse como ‹plaza docente› su
definición, requisitos y lineamientos que permitan dilucidar cuales son las condiciones que
debe reunir ‹la plaza› a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21-06-2018,
para ser considerado como nacional, nacionalizada o territorial» (sic).
7 Según el informe del 17 de junio de 2022 de la Secretaría de la Sección Segunda de la Corporación,
visto a ALDESPACHOPARASENTENCIA_11232022(.docx) NroActua 14, índice 14, SAMAI.
8 11_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 13, índice 13, SAMAI.
9 18_ALDESPACHOPARASENTENCIA_289720211(.docx) NroActua 18, índice 18, SAMAI.
10 Samai, índice 6, 8_MemorialWeb_Petición(.pdf) NroActua 6.
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Al respecto, la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación en auto del 29
de junio de 202311, se pronunció en relación con una solicitud de unificación que
guarda identidad con la que se presentó en este caso, para lo cual se abstuvo de
avocar el asunto con base en las siguientes consideraciones:
i) Lo expuesto por la UGPP en la solicitud de unificar o sentar jurisprudencia, está
dirigido a controvertir las reglas definidas en la sentencia SUJ-11-S2 del 21 de junio
de 2018, lo que difiere del objetivo previsto por el legislador en el artículo 271 del
CPACA;
ii) El incremento de la litigiosidad en relación con la pensión gracia, que aduce el ente
solicitante, no es atribuible a la mencionada sentencia de unificación, sino a que la
UGPP continúa asumiendo una posición jurídica distinta de la expuesta por la Sección
Segunda. Lo anterior tampoco constituye un argumento suficiente para avocar
conocimiento del asunto con fines de unificación, ya que en esa oportunidad la
corporación determinó parámetros claros aplicables en la materia.
iii) El análisis de la naturaleza de los recursos del sistema general de participaciones
fue abordado en dos oportunidades por esta corporación mediante sentencias de
unificación en las que se fijaron lineamientos orientadores para las autoridades
administrativas y judiciales. En efecto, la providencia del 21 de junio de 2018 realizó
un estudio riguroso sobre dichos recursos, antes y después de la entrada en vigor de
la Ley 60 de 1993. Igualmente, la sentencia de unificación del 11 de agosto de 202212
identificó las etapas del servicio educativo en Colombia, incluso la previa a la
expedición de la Ley 60 de 1993, que es objeto de cuestionamiento por parte de la
entidad demandada en su solicitud de unificación. En esta última decisión se precisó
que el hecho de que el gobierno central hubiera asumido el pago de las acreencias de
los docentes nacionalizados, no implicó que su vinculación mutara de plano a una de
carácter nacional.
iv) En la sentencia del 21 de junio de 2018 se sentaron reglas precisas en torno al
concepto de la «plaza docente» que habilita el reconocimiento de la pensión gracia. En
ese sentido, se dejó expreso que la naturaleza de la vinculación se puede acreditar
con la copia de los actos administrativos de nombramiento o las certificaciones que
demuestren que la plaza ocupada es de aquellas que permiten la sumatoria de
tiempos para acceder a la prestación. Lo anterior, se acompasa con el artículo 1 de la
Ley 91 de 1989 y con las consideraciones expuestas en la sentencia de unificación
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de junio de 2023, radicado 15001-23-33-
000-2019- 00099-01 (5605-2019)
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-
33-000-2016-0278-01 (3018-2017).
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del 11 de agosto de 202213, relacionadas con la conservación de la expectativa de
obtener el reconocimiento de la pensión gracia luego de la entrada en vigor de la citada
ley14, que se desprende del artículo 15 ibidem.
v) El criterio adoptado por el Consejo de Estado para definir cuándo un docente tiene
derecho a la pensión gracia, ha sido pacífico y constante. Así se puede observar en
las sentencias proferidas el 29 de agosto de 199715, 22 de enero de 201516, 21 de
junio de 201817 y 11 de agosto de 202218, en las que se estableció que los docentes
nacionales no tienen la posibilidad de acceder a esta prestación especial, e igualmente
se han señalado los tiempos de servicio computables para ese efecto.
vi) Los criterios que plantea para definir las controversias no constituyen premisas que
puedan ser aplicadas en forma uniforme, debido a la evolución normativa del servicio
educativo y a la competencia para expedir el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos. Al respecto, la Sección Segunda en la providencia del 20 de
octubre de 202219, puso de presente que existe la posibilidad de que el docente que
ocupa una plaza territorial o nacionalizada haya terminado sujeto a un régimen salarial
y prestacional del orden nacional como efecto de la nacionalización de la educación,
sobre todo porque el actual esquema constitucional de competencias le asigna la
fijación del régimen prestacional de los servidores públicos a autoridades del orden
nacional y les impide a los entes territoriales crear prestaciones sociales para sus
servidores.
En ese orden, como se mencionó en líneas anteriores, mediante auto proferido el
29 de junio de 2023, la Sección Segunda de esta Corporación decidió no avocar el
conocimiento de un asunto en el que se solicitó proferir sentencia de unificación en
relación con «la definición del término “plaza docente”, la prueba idónea para acreditar
la calidad de docente territorial y los criterios para determinar esa condición en los
empleos docentes», asimismo resolvió:
13 Ibidem.
14 «(…) Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado,
tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan
con la totalidad de requisitos».
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado S-699. C.P.
Nicolás Pájaro Peñaranda.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de enero de 2015, radicado 25000-23-42-
000-2012-02017-01 (0775-2014). C.P. Alfonso Vargas Rincón (E).
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-
000-2013-04683-01 (3805-2014) SUJ-011CE-S2-2018. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-
33-000-2016-00278-01 (3018-2017) SUJ-030CE-S2-2022.
19 Radicado 54001-23-33-000-2013-00344-01 (4053-2015).
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«Las consideraciones aquí expuestas son aplicables a las solicitudes de unificación
que se fundamenten en los mismos argumentos que fueron analizados en esta
providencia. Por ende, al amparo de la presente decisión, dichos asuntos pueden
continuar con su trámite, con el fin de llegar a su pronta resolución. »
Así las cosas y comoquiera que en la decisión a la cual se ha hecho referencia en
párrafos anteriores, la Sección Segunda ya analizó las razones que sustentan la
solicitud de unificación presentada por la UGPP en el presente caso, como se concluyó
en esa oportunidad, no se avocará el conocimiento del asunto por cuanto no se
encuentran acreditados los supuestos sustanciales para esos efectos, conforme con
el artículo 27120 del CPACA.
20 «ARTÍCULO 271. DECISIONES POR IMPORTANCIA JURÍDICA, TRASCENDENCIA
ECONÓMICA O SOCIAL O NECESIDAD DE SENTAR JURISPRUDENCIA O PRECISAR SU
ALCANCE O RESOLVER LAS DIVERGENCIAS EN SU INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN. Por
razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar
jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que
ameriten la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado
podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho
conocimiento podrá asumirse de oficio; por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo
de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se
tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia.
En estos casos, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
dictar sentencias y autos de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de sus
secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán
sentencias y autos de unificación en esos mismos eventos, en relación con los asuntos que
provengan de las subsecciones de la corporación, de los despachos de los magistrados que las
integran, o de los tribunales, según el caso. Las decisiones que pretendan unificar o sentar
jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a todas las secciones del Consejo
de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Para asumir el trámite a solicitud de parte o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
la petición deberá formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo. Si la petición proviene
de un consejero de Estado, del tribunal administrativo, o del Ministerio Público, esta podrá formularse
sin la limitación temporal anterior. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá
solicitarlo cuando previamente haya intervenido o se haya hecho parte dentro del proceso.
La petición contendrá una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del
proceso y las razones que determinan la importancia jurídica trascendencia económica o social o la
necesidad de Unificar o sentar jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver las divergencias en
su interpretación y aplicación.
La petición que se formule para que el Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso no
suspenderá su trámite, salvo que el Consejo de Estado adopte dicha decisión.
La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no
susceptible de recursos.
PARÁGRAFO. El Consejo de Estado implementará un mecanismo electrónico de fácil acceso que
permita comunicar y alertar a sus integrantes y a la ciudadanía en general respecto de aquellas
materias o temas que estén en trámite en la Corporación, y que por su importancia jurídica,
trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su
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2.2. El problema jurídico
Se circunscribe a determinar lo siguiente: ¿Blanca Alcira Benavides Niño cumple
con los requisitos legales para ser beneficiaria de una pensión gracia, en aplicación
del régimen prestacional previsto en la Ley 114 de 1913 y demás normas que la
regulan?
2.3. Marco normativo
La Ley 114 de 191321, creó la pensión gracia, como un reconocimiento a la
dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las
escuelas primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha
prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años
de servicio en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera
otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad,
siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y que observara buena conducta.
En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación 22, señaló que
«(…) el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían
los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que
recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque,
en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los
municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».
Posteriormente, las Leyes 116 de 192823 y 37 de 193324, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación, puedan ser propuestos para
ser asumidos de oficio por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, para los fines previstos
en este artículo.
Este mecanismo también permitirá que los juzgados y tribunales del país informen sobre procesos
en trámite en los respectivos distritos judiciales, que por tener circunstancias similares, puedan ser
asumidos por el Consejo de Estado para los fines de este artículo. Así mismo, servirá para advertir
las divergencias en la interpretación o aplicación de las sentencias y autos de unificación por parte
del Consejo de Estado». (subrayado fuera de texto)
21 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11-S2 del 21 de
junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
23 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
24 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
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Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de
esta Corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la pensión, así25:
«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión
es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha recibido ni recibe
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional…”. (En este aparte de la
providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).
Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación
por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo
tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o
regionales.»
Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley
43 de 197526 y en línea de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 198927, en
la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia, debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «(…) colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200028 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas concretadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
Puntualmente, en cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de
computar los tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente
mencionar que la jurisprudencia de la Sala29 ha explicado lo siguiente:
«Sobre los tiempos nacionales.
(…)
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado No. S-699.
26 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando
los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se
distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
27 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
28 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.-
29 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00673-01 (1123-2022)
Demandante: Blanca Alcira Benavides Niño
La ley 114 de 1913 que creo (sic) la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: (…)
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198930 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» (negrillas fuera de texto original).
Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, en este punto, se recuerdan las reglas que fijó esta
Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 201831, así:
«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
30 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
31 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00673-01 (1123-2022)
Demandante: Blanca Alcira Benavides Niño
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o de las -
situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas
fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.»
En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto de
202232, explicó lo siguiente:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».33
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
33 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00673-01 (1123-2022)
Demandante: Blanca Alcira Benavides Niño
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».
En suma, para acceder a la pensión gracia, los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicios en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, teniendo en cuenta que pueden ser computados los tiempos
laborados con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Hechos probados
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
• Blanca Alcira Benavides Niño nació el 17 de agosto de 195434, tal y como se
acredita con la copia de la cédula de ciudadanía.
• Mediante la Resolución 6813 del 26 de mayo de 1978, suscrita por el ministro de
educación nacional y su secretario, fue nombrada en el cargo de profesora de
enseñanza elemental, segunda categoría de primaria, en el núcleo escolar El
Castillo de Santa Rosa de Cabal de Risaralda. Fue posesionada por el alcalde de
ese municipio el 17 de julio siguiente, para el cargo mencionado y designado por el
Ministerio de Educación Nacional35. En el acto de nombramiento no se indicó el
fundamento legal ni alguna consideración adicional a la expuesta.
34 Expediente digital, Gestionar Documentos. SAMAI del tribunal de primera instancia.
35 Expediente digital, Gestionar Documentos. SAMAI del tribunal de primera instancia.
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00673-01 (1123-2022)
Demandante: Blanca Alcira Benavides Niño
• En mayo de 1978 la directora general de administración e inspección educativa
profirió la ficha 765 mediante la cual se realizó la propuesta de movimiento de
personal en el plantel Núcleo Escolar Santa Rosa de Cabal (Risaralda) en el cual
renunció una docente y, en su lugar, fue nombrada Blanca Alcira Benavides Niño,
con efectos fiscales desde el 16 de mayo de 197836.
• El 8 de agosto de 2017 y el 27 mayo de 2021 el director administrativo del Fomag
emitió los Formatos Únicos para la expedición de certificado de la historia laboral,
en los cuales se indicó que la demandante trabajó por más de 20 años, en calidad
de docente, desde el 14 de junio de 1978, con vinculación de orden «nacional»37,
sin que se indique la fecha de retiro del servicio, tal y como se advierte a
continuación:
Periodo
Cargo
Novedad Desde Hasta
docente (Núcleo Escolar El Ingreso/Reingreso 14 de junio de
Castillo - Santa Rosa de Cabal) (Resolución 6813) 1978
docente (Núcleo Escolar El Ascenso/Reubicación 24 de mayo de
Castillo - Santa Rosa de Cabal) (Resolución 2937) 1983
docente (Núcleo Escolar El Ascenso/Reubicación 24 de mayo de
Castillo - Santa Rosa de Cabal) (Resolución 4201) 1983
docente (Núcleo Escolar El Ascenso/Reubicación 31 de octubre de
Castillo - Santa Rosa de Cabal) (Resolución 13114) 1990
docente (Núcleo Escolar El Ascenso/Reubicación 27 de septiembre
Castillo - Santa Rosa de Cabal) (Resolución 947) de 1991
Ascenso/Reubicación 20 de septiembre
docente (La Milagrosa)
(Resolución 933) de 1994
Ascenso/Reubicación 12 de agosto de
docente (La Milagrosa)
(Resolución 1011) 1996
Ascenso/Reubicación 18 de agosto de
docente (La Milagrosa)
(Resolución 1100) 1999
Ascenso/Reubicación 2 de mayo de
docente (La Milagrosa)
(Resolución 510) 2007
Cambios de sueldo 1 de enero de
docente (Inst. Tec. Marillac)
(Decreto 626 y 714) 2008
Cambios de sueldo 1 de enero de
docente (Inst. Tec. Marillac)
(Decreto 700 y 702) 2009
Cambios de sueldo 1 de enero de
docente (Inst. Tec. Marillac)
(Decreto 1367) 2010
Traslados (Decreto 19 de mayo de
docente (San Bernardino)
276) 2010
Cambios de sueldo 1 de enero de
docente (San Bernardino)
(Decreto 1027) 2011
Cambios de sueldo
1 de enero de
docente (San Bernardino) (Decreto 826-827 y
2012
829)
36
Expediente digital, Gestionar Documentos. SAMAI del tribunal de primera instancia.
37
Expediente digital, Gestionar Documentos. SAMAI del tribunal de primera instancia.
14
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Traslados (Resolución
docente (La Hermosa) 1 de junio de 2012
001)
Cambios de sueldo
1 de enero de
docente (La Hermosa) (Decreto 1001-1002-
2013
1004)
Cambios de sueldo 1 de enero de
docente (La Hermosa)
(Decreto 171-172-174) 2014
Cambios de sueldo
1 de enero de
docente (La Hermosa) (Decreto 1060-92-
2015
1116)
Cambios de sueldo 1 de enero de
docente (La Hermosa)
(Decreto 120-21-22) 2016
Cambios de sueldo 1 de enero de
docente (La Hermosa)
(Decreto 980) 2017
Cambios de sueldo 1 de enero de
docente (La Hermosa)
(Decreto 316) 2018
Traslados (Resolución 1 de febrero de
docente (San Bernardino)
02) 2018
Cambios de sueldo 1 de enero de
docente (San Bernardino)
(Decreto 1016) 2019
Cambios de sueldo 1 de enero de
docente (San Bernardino)
(Decreto 317) 2020
Periodo
Cargo
Novedad Desde Hasta
docente (Núcleo Escolar El Ingreso/Reingreso
14 de mayo de 1978
Castillo - Santa Rosa de Cabal) (Resolución 6813)
docente (Núcleo Escolar El Ascenso/Reubicación
24 de mayo de 1983
Castillo - Santa Rosa de Cabal) (Resolución 2937)
docente (Núcleo Escolar El Ascenso/Reubicación
24 de mayo de 1983
Castillo - Santa Rosa de Cabal) (Resolución 4201)
docente (Núcleo Escolar El Ascenso/Reubicación
31 de octubre de 1990
Castillo - Santa Rosa de Cabal) (Resolución 13114)
docente (Núcleo Escolar El Ascenso/Reubicación 27 de septiembre de
Castillo - Santa Rosa de Cabal) (Resolución 947) 1991
Ascenso/Reubicación 20 de septiembre de
docente (La Milagrosa)
(Resolución 933) 1994
Ascenso/Reubicación
docente (La Milagrosa) 12 de agosto de 1996
(Resolución 1011)
Ascenso/Reubicación
docente (La Milagrosa) 18 de agosto de 1999
(Resolución 1100)
Ascenso/Reubicación
docente (La Milagrosa) 2 de mayo de 2007
(Resolución 510)
Cambios de sueldo
docente (Inst. Tec. Marillac) 1 de enero de 2008
(Decreto 626 y 714)
Cambios de sueldo
docente (Inst. Tec. Marillac) 1 de enero de 2009
(Decreto 700 y 702)
Cambios de sueldo
docente (Inst. Tec. Marillac) 1 de enero de 2010
(Decreto 1367)
docente (San Bernardino) Traslados (Decreto 276) 19 de mayo de 2010
Cambios de sueldo
docente (San Bernardino) 1 de enero de 2011
(Decreto 1027)
Cambios de sueldo
docente (San Bernardino) 1 de enero de 2012
(Decreto 826-827 y 829)
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Traslados (Resolución
docente (La Hermosa) 1 de junio de 2012
001)
Cambios de sueldo
docente (La Hermosa) 1 de enero de 2013
(Decreto 1001-1002-1004)
Cambios de sueldo
docente (La Hermosa) 1 de enero de 2014
(Decreto 171-172-174)
Cambios de sueldo
docente (La Hermosa) 1 de enero de 2015
(Decreto 1060-92-1116)
Cambios de sueldo
docente (La Hermosa) 1 de enero de 2016
(Decreto 120-21-22)
Cambios de sueldo
docente (La Hermosa) 1 de enero de 2017
(Decreto 980)
Cambios de sueldo
docente (La Hermosa) 1 de enero de 2018
(Decreto 316)
docente (San Bernardino) Traslados (Resolución 02) 1 de febrero de 2018
Cambios de sueldo
docente (San Bernardino) 1 de enero de 2019
(Decreto 1016)
Cambios de sueldo
docente (San Bernardino) 1 de enero de 2020
(Decreto 317)
• El 18 de agosto de 2017 el director administrativo y financiero del departamento
de Risaralda expidió el Formato Único para la expedición de certificado de salarios
en el cual dio cuenta que la docente prestó sus servicios en plantel La Milagrosa en
Santa Rosa (Risaralda) en propiedad y con vinculación nacional desde el 1° de
enero de 2003 hasta el 30 de diciembre siguiente y desde el 1° de enero de 2004
hasta el 30 de diciembre de igual año38.
• Mediante la Resolución 044106 del 23 de noviembre de 2017 la UGPP negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, por cuanto Blanca Alcira Benavides
Niño no logró acreditar 20 años de servicio como docente oficial de carácter
departamental, municipal o nacionalizado. Decisión que fue confirmada el 1º de
marzo de 2018 en la Resolución RDP 008282. Posteriormente a través del acto
administrativo ADP 003867 la entidad accedió a la solicitud de corrección de la
anterior disposición, en cuanto a los motivos del recurso de la apelante, pues los
argumentos inicialmente consignados correspondían a un expediente distinto39.
• El 8 de junio de 2021 el Ministerio de Educación Nacional, en respuesta a un
requerimiento del Tribunal Administrativo de Risaralda, indicó que en esa entidad
reposa la hoja de vida de la demandante, como consecuencia del acta de posesión
del 14 de junio de 1978 y la Resolución 6813 del 26 de mayo de 1978 mediante la
cual fue nombrada como profesora de enseñanza elemental, segunda categoría, de
primaria del Núcleo Escolar de Santa Rosa de Cabal (Risaralda)40.
38
Expediente digital, Gestionar Documentos. SAMAI del tribunal de primera instancia.
39
Expediente digital, Gestionar Documentos. SAMAI del tribunal de primera instancia.
40
Expediente digital, Gestionar Documentos. SAMAI del tribunal de primera instancia.
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00673-01 (1123-2022)
Demandante: Blanca Alcira Benavides Niño
2.4.2. Análisis sustancial
De las pruebas anteriormente relacionadas, se encuentra acreditado que la
demandante nació el 17 de agosto de 1954 y que ha laborado como docente desde
el 24 de febrero de 1968, por más de 20 años.
Sin embargo, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda al encontrar que la
vinculación de la demandante fue de carácter nacional con fundamento en los
certificados expedidos por el Fomag, la resolución de nombramiento y el acta de
posesión; por tal motivo consideró incumplido el requisito del ejercer como docente
territorial o nacionalizada por 20 años. Empero, para la recurrente el tiempo de
servicio prestado por docentes de primaria debe ser tenido en cuenta para el
reconocimiento de la pensión gracia, sin que sea necesario el estudio del tipo de
vinculación que haya ejercido.
Así las cosas, la controversia gira en torno a los tiempos que resultan válidos para
el reconocimiento de la pensión gracia.
Al respecto, la Sala encuentra que la pensión gracia, en el entendido de la Ley 114
de 1913, fue concebida como una prerrogativa gratuita en favor de los docentes
nacionalizados con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, y quienes
fueran vinculados con posterioridad a esta fecha, no les fue atribuida la posibilidad
de acceder a dicho reconocimiento prestacional, sino exclusivamente a la
establecida en el literal b) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, es
decir, a una pensión ordinaria de jubilación equivalente al 75% del salario promedio
del último año, que se otorga por igual tanto a docentes nacionales como
nacionalizados.
Lo anterior encuentra fundamento en la filosofía material de su creación que
correspondió a la desigualdad salarial que tenían los maestros territoriales respecto
de los nacionales, desequilibrio que no se presentaba en aquellos maestros que
eran remunerados por la nación.
En consecuencia, resulta necesario determinar el tipo de vinculación de la
demandante con el fin de identificar si el tiempo de servicio prestado corresponde
al requerido por la normativa.
Al respecto, la Sala encuentra que Luz Marina Cruz Díaz se desempeñó como
docente de primaria en diferentes planteles, sin que se evidencie más de una
modificación respecto al ingreso o reingreso en su historia laboral, tal como se
desprende del Formato Único, del informe proferido por el Ministerio de Educación
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00673-01 (1123-2022)
Demandante: Blanca Alcira Benavides Niño
Nacional y de los documentos de nombramiento y posesión allegados al expediente.
En efecto, de su lectura se concluye que su nombramiento fue a causa de una
designación del Ministerio de Educación, de manera que el tiempo trabajado en
virtud de ese nombramiento no puede tenerse en cuenta para el cómputo de los 20
años de servicio que la ley exige. Si bien la demandante fue objeto de algunas
situaciones administrativas producto de traslados, lo cierto es que ello no varía el
carácter nacional de su vinculación.
Lo anterior encuentra respaldo en el acto de nombramiento aportado al expediente
y en la información contenida en los formatos únicos, en los cuales se indicó que su
vinculación era de orden nacional. Estos elementos probatorios no fueron tachados
de falsos ni desvirtuados con alguna otra prueba.
Además, la nominación fue una sola, esto es, la contenida en la Resolución 6813
del 25 de mayo de 1978, de modo que, los traslados, los cambios de salario o los
ascensos no implicaron un cambio en la naturaleza en la cual fue vinculada al
sistema educativo oficial, esto es, su calidad de docente nacional no mutó por las
situaciones administrativas descritas. Al respecto valga precisar que si bien en el
acto administrativo de vinculación no se indicó fundamento legal ni consideración
adicional, lo cierto es que este fue suscrito por el Ministro de Educación y su
secretario con el fin de nombrarla como docente en el Núcleo Escolar El Castillo de
Santa Rosa de Cabal (Risaralda). En igual sentido lo ha considerado esta
corporación en el que estudió una solicitud de reconocimiento de la pensión gracia
de una docente vinculada a este plantel educativo de este municipio en el que
consideró que la demandante no tenía derecho a tal prestación41.
Ahora, en relación con lo manifestado por la recurrente en cuanto a la posibilidad
de que los docentes de secundaria de planteles normalistas también fueran
beneficiarios de la pensión gracia, la Sala advierte que según el acervo probatorio
la docente no trabajó en alguna institución educativa con esa característica, pues
aunque se observa que se graduó de una escuela normalista no se vinculó en una
con tales connotaciones, de manera que el lugar en el que se preparó
académicamente no tiene implicación alguna que le permita acceder a esa
prestación.
En este sentido, para la Sala resulta evidente que la parte demandante no logró
desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre los actos administrativos
demandados motivo por el cual, la Sala confirmará la sentencia proferida por el
41 Sobre el particular, la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación se pronunció en
igual sentido en la sentencia del 16 de mayo de 2019, radicado 66001-23-33-000-2016-00165-01
(1997-2018).
18
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00673-01 (1123-2022)
Demandante: Blanca Alcira Benavides Niño
Tribunal Administrativo de Risaralda, en el cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
2.5. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.42
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte vencida
actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en
el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
parte demandada.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Blanca Alcira Benavides
Niño no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia por no acreditar el
42En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00673-01 (1123-2022)
Demandante: Blanca Alcira Benavides Niño
requisito de haber ejercido como docente territorial o nacionalizada durante 20 años
o más.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, que negó las
pretensiones de la demanda incoada por Blanca Alcira Benavides Niño contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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