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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00760-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00760-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar los ordinales tercero y cuarto de la sentencia proferida 14 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por Janeth Torres Moreno contra la ESE Salud Pereira, los cuales quedarán así: «Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, se condena a la ESE Salud Pereira a reconocer pagar en favor Janeth Torres Moreno las sumas que por concepto de prestaciones legales y sociales que percibía un trabajador de igual categoría (auxiliar de enfermería), vinculado a esa entidad legal y reglamentariamente, correspondientes a los periodos efectivamente laborados en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral y tomando como base para la liquidación los salarios y prestaciones devengadas por los trabajadores de planta, así: -. Las diferencias prestacionales entre los valores que fueron reconocidos y pagados en favor de la demandante en virtud de la vinculación como empleada en misión a través de la Empresa de Servicios Temporales Tempoeficaz SAS, esto es, entre el 5 de marzo de 2013 y el 31 de octubre de 2013, y del 16 de noviembre de 2013 al 22 de marzo de 2014, y las prestaciones sociales percibidas por los auxiliares de enfermería de planta de la ESE (auxiliar área salud, código 412, grado 02) y que no fueron cubiertas por el tercero empleador. Lo anterior, a fin de no incurrir en la prohibición del artículo 128 47 Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023) Demandante: Janeth Torres Moreno constitucional, esto es, efectuar un doble pago con recursos provenientes del Estado. -. El valor de las prestaciones sociales percibidas por los auxiliares de enfermería de planta de la ESE (auxiliar área salud, código 412, grado 02) durante los períodos comprendidos entre el 3 de marzo de 2009 y el 4 de marzo de 2013, y del 1 de abril de 2014 al 31 de julio de 2018, salvo sus interrupciones, correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, tomando como base lo percibido por un trabajador de igual categoría vinculado a la planta de la entidad. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2019-00760-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno
Demandado: ESE Salud Pereira

Tema: Relación laboral encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Asunto

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 14 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Janeth Torres Moreno presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio D-1893 del 8 de julio de 2019, por medio del cual
el gerente de la ESE Salud Pereira le negó la existencia de una relación laboral por
sus servicios prestados como auxiliar de enfermería entre el 1° de octubre de 2008
y el 31 de julio de 2018, y el pago de las prestaciones sociales y demás derechos
laborales que se derivaban de ella.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral por el período
reclamado; ii) el pago de las prestaciones laborales que se reconocen a los
empleados de la entidad que desempeñan similar labor, tales como salario con
recargos, dotaciones, vacaciones, cesantías y sus intereses, auxilios de transporte
y alimentación, bonificaciones por recreación, de servicios y por antigüedad, y las
primas de servicios, navidad y vacaciones; iii) el reembolso de las sumas pagadas
por concepto de aportes a la seguridad social en pensión, salud y riesgos
profesionales, y la condena a la ESE al pago de las cotizaciones a caja de

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Demandante: Janeth Torres Moreno

compensación familiar; iv) el reajuste e indexación de las diferencias que surjan de
la condena; v) el reconocimiento de la sanción moratoria, así como de los intereses
a los que hubiera lugar; y vi) la condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Janeth Torres Moreno prestó sus servicios de auxiliar de enfermería en la ESE
Salud Pereira entre el 1° de octubre de 2008 y el 31 de julio de 2018, sin solución
de continuidad, vinculada a través de contratos de prestación de servicios suscritos
directamente con la entidad y de manera indirecta a través de la empresa de
servicios temporales Tempoeficaz SAS.

3.2. Durante su vinculación con la entidad cumplió funciones y responsabilidades que
también eran desarrolladas en igual forma por los empleados de planta del
hospital. Prestó sus servicios bajo la continua subordinación y dependencia de sus
superiores (jefe profesional de enfermería, médico de turno y subgerente
asistencial), dentro de un horario impuesto en las instalaciones de la entidad, en
turnos de mañana, tarde, noche y de corridos de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., de 1:00 a
7:00 p.m., o de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.; y con una remuneración pactada.

3.3. Realizó directamente y de forma personal la labor de auxiliar de enfermería en
las instalaciones de la ESE, particularmente, en la unidad intermedia Centro, Cuba
y Kennedy, en las áreas de consulta externa, urgencias y hospitalización.

3.4. En el tiempo en que estuvo vinculada con la entidad, debía asistir a los médicos
tratantes, rendir informes a la enfermera jefe de turno y asistir las necesidades
sanitarias de los pacientes, en igualdad de condiciones al personal de planta.

3.5. Las labores ejecutadas son permanentes y propias de la esencia de la entidad.

3.6. Para ausentarse de su lugar de trabajo debía solicitar la autorización de su jefe
inmediato.

3.7. Nunca le fueron reconocidas las prestaciones sociales y acreencias laborales a
las cuales por ley tiene derecho; y tuvo que pagar por su propia cuenta la seguridad
social.

3.8. El 17 de junio de 2019, solicitó a la entidad demandada el reconocimiento de la
relación laboral por sus servicios de auxiliar de enfermería y el pago de las

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Demandante: Janeth Torres Moreno

prestaciones laborales y sociales que se derivaban de ella; sin embargo, estas
peticiones fueron negadas por el gerente de la entidad a través del acto demandado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 2, 4, 6, 13, 25, 28, 48, 53, 90, 209 y 300 de
la Constitución Política; 1, 5, 6 y 8 del Decreto 3135 de 1968; 7 del Decreto 1950 de
1973; 2 del Decreto 1042 de 1978; 17 de la Ley 790 de 2002; 19 de la Ley 909 de
2004; y 23, 35, 65 y 143 del Código Sustantivo del Trabajo; las leyes 21 de 1982,
50 de 1990 y 100 de 1993; y los decretos 1848 de 1969, 1295 de 1994.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente2:

5.1. La entidad demandada vulneró el artículo 53 de la Constitución Política, pues
pese a que prestó sus servicios de forma permanente, subordinada y dependiente,
no le fueron reconocidos los derechos mínimos que le corresponden en vigencia del
principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formas y el de a trabajo
igual salario igual.

5.2. Bajo la modalidad del contrato de prestación de servicios se pretendió desdibujar
el vínculo laboral que rigió durante más de 8 años, a favor de la ESE Salud Pereira,
en la que se le asignaron las funciones propias del cargo de auxiliar de enfermería,
pues desde su ingreso debió cumplir con un horario, seguir instrucciones y órdenes
sobre la forma en que debía cumplir con sus obligaciones y la entidad le
proporcionaba los elementos oficiales para la prestación del servicio. Asimismo, se
desvirtuó la naturaleza contractual de la relación pues las actividades demandaron
una permanencia mayor e indefinida y se convirtieron en permanentes.

5.3. Se vulneró el derecho a la igualdad pues, pese a haberse configurado los
elementos de la relación laboral, la entidad no le brindó iguales condiciones en
contraste con aquellas en las que se encontraban los servidores de planta que
desarrollaron similares funciones.

5.4. La entidad demandada utilizó el contrato de prestación de servicios y su
tercerización para ocultar la vinculación laboral a través de la celebración
consecutiva de dichos negocios, en los que se evidenció el ánimo de emplear de
forma permanente y continua sus servicios para cumplir su misión, pues lo cierto es
que las labores contratadas no revisten características de temporalidad y
transitoriedad.

2 Samai del tribunal, 1_CUADERNO1(.PDF) NroActua 12, folios 5 al 18.

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Demandante: Janeth Torres Moreno

5.5. La labor desarrollada como auxiliar de enfermería es completamente afín con la
actividad principal del hospital y solo era posible ejercerla bajo subordinación, en los
espacios y horarios que determinaba la entidad y según los reglamentos de trabajo.

1.2. Contestación de la demanda

6. La ESE Salud Pereirase opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, con fundamento en los siguientes argumentos3:

6.1. No se dieron los requisitos exigidos por la ley para reconocer la existencia de
una relación laboral entre Janeth Torres Moreno y la entidad demandada, toda vez
que en los períodos en que estuvo vinculada directamente con la institución, la
relación contractual entre las partes estuvo regulada por el artículo 32 de la Ley 80
de 1993, la cual autorizó a las entidades públicas para celebrar contratos de
prestación de servicios con el objeto de realizar actividades no solamente de
carácter permanente, sino las que de manera excepcional se requirieran para
desarrollar las relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad y
no pudieran realizarse con el personal de planta o requirieran conocimientos
especializados; empero, ello no genera un vínculo laboral ni el derecho a recibir
prestaciones sociales.

6.2. Nohubo continuidad en el servicio, pues en la mayoría de los periodos
reclamados, la demandante ejecutó distintos contratos con diferentes objetos como
lo son «vacunación, consulta externa, hospitalización y urgencias», además entre la
suscripción de uno y otro hubo interrupciones superiores a los 3 meses.

6.3. No se acreditó la subordinación para la determinación de la existencia de una
relación laboral entre las partes, pues no se demostraron los elementos constitutivos
que permitieran su configuración, toda vez que se trató de una relación coordinada
entre el contratista y la contratante con el fin de garantizar la adecuada ejecución
de las actividades.

6.4. Nunca se le exigió a la demandante la prestación personal y exclusiva del
servicio.

6.5. Como contraprestación de los servicios le fueron otorgados unos honorarios,
previamente pactados los cuales no son constitutivos de salario.

6.6. La ESE nunca impuso un horario de trabajo a la demandante, pues los servicios
de salud se prestan de acuerdo con la demanda de pacientes y según la facilidad

3 Ibidem, 9_CONTESTACIONPODERANEXOS(.PDF) NroActua 12, folios 3 al 24.

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Demandante: Janeth Torres Moreno

del contratista, «quien es el que cuadra sus honorarios de actividades según su
conveniencia y necesidad».

6.7. Por último, propuso las excepciones de: i) inexistencia del contrato de trabajo o
relación laboral; ii) inexistencia de causa para demandar; iii) cobro de lo no debido;
iv) prescripción; v) interrupciones que dan lugar a la solución de continuidad; y vi) la
genérica e innominada.

1.4. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia proferida el 14 de septiembre
de 2023 accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda y en
consecuencia dispuso lo siguiente:

«Primero: Declárase probada parcialmente la excepción de prescripción trienal de
los derechos laborales, causados con anterioridad al 02 de marzo de 2009, inclusive,
excepto lo atinente a aportes al sistema de pensiones.

Segundo: Se declara la nulidad del acto administrativo D-1893 de fecha 08 de julio de
2019, proferido por el gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, mediante
el cual fue negada la relación laboral y el pago de prestaciones no canceladas solicitadas
por la parte demandante.

Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento
del derecho, se condena a la E.S.E. Salud Pereira a pagar en favor de la señora Janeth
Torres Moreno:

-. Las diferencias prestacionales entre los valores que fueron reconocidos y pagados
en favor de la demandante en virtud de la vinculación como empleada en misión a través
de la Empresa de Servicios Temporales Tempoeficaz S.A.S., esto es, entre el 05 de
marzo de 2013 hasta el 31 de octubre de 2013, y del 16 de noviembre de 2013 al 22
de marzo de 2014, y las prestaciones sociales percibidas por los auxiliares de
enfermería de planta de la E.S.E. (Auxiliar área salud código 412 grado 02) y que no
fueron cubiertas por el tercero empleador.

-. El valor de las prestaciones sociales, incluyendo las vacaciones, prima de vacaciones,
cesantías, intereses a las cesantías, y las demás prestaciones sociales legales a que
haya lugar, con las salvedades aquí señaladas durante los períodos comprendidos del
03 de marzo de 2009 al 04 de marzo de 2013, y del 01 de abril de 2014 al 31 de julio
de 2018, tomando como base los honorarios contractuales derivados de los contratos
de prestación de servicios correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la
existencia de la relación laboral.

Cuarto: La E.S.E. Salud Pereira deberá tener en cuenta la asignación salarial como
trabajadora en misión y los honorarios pactados en todos los contratos celebrados y
calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la señora Janeth Torres
Moreno, mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los aportes realizados
por aquella como trabajador en misión o como contratista y los que se debieron efectuar,
caso en el cual, se ordena cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por

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Demandante: Janeth Torres Moreno

concepto de aportes a pensión, pero solo en el porcentaje que le correspondía en su
calidad de empleador.

Para tales efectos, la señora Janeth Torres Moreno deberá acreditar las cotizaciones
que realizó al sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no
las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o
completar, según sea el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador, de
acuerdo con las consideraciones de esta providencia.

Quinto: El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, se
debe computar para efectos pensionales.

Sexto: Se ordena a la demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que
resulten a favor de la demandante según el índice de precios al consumidor de
conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA, para lo cual se observará lo
señalado en la parte motiva de este fallo.

Séptimo: Niéguense las demás súplicas de la demanda, por lo considerado.

Octavo: La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos
referidos en el artículo 192 del CPACA. Para lo anterior se enviará la copia respectiva
del acta a la Procuraduría Regional, para los efectos del artículo 75 numeral 12 del
Decreto 262 de 2000.

Noveno: Sin costas en esta instancia, por lo considerado» (sic).

8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente4:

8.1. De las pruebas allegadas al plenario, infirió que i) entre octubre de 2008 y julio
de 2018, con interrupción entre el 5 de marzo de 2013 y el 22 de marzo de 2014,
Janeth Torres Moreno estuvo vinculada directamente con la ESE Salud Pereira, a
través de órdenes y contratos de prestación de servicios cuyo objeto fue la
prestación de los servicios personales como auxiliar de enfermería, asignada al área
de urgencias de la Unidad Intermedia de Salud de Kennedy o en donde, por
necesidad del servicio, se requería; y ii) entre el 5 de marzo de 2013 y el 22 de
marzo de 2014 la empresa Tempoeficaz SAS la envió a prestar sus servicios a la
ESE, como colaboradora en misión, en el cargo de auxiliar de enfermería de
urgencias.

8.2. Según las reglas de la experiencia, la actividad de enfermería debe ser prestada
por sujetos altamente calificados, por tanto, su labor no puede ser delegada o
encomendada a un tercero por parte de quien la ejecuta.

8.3. Los comprobantes de egreso de los pagos efectuados a la demandante por parte

4 Samai del tribunal, índice 44, 39_039SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 44.

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Demandante: Janeth Torres Moreno

de la ESE y los certificados de aportes al sistema general de seguridad social
efectuados por la empresa de servicios temporales Tempoeficaz SAS dan cuenta
que, de manera periódica, se le pagaron unas sumas como contraprestación por
sus servicios de auxiliar de enfermería.

8.4. De los testimonios y demás elementos probatorios allegados, dedujo que Janeth
Torres Moreno prestó sus servicios como auxiliar de enfermería a la ESE Salud
Pereira a través de órdenes de prestación de servicios celebrados directamente con
la entidad y de forma indirecta con la empresa de servicios temporales Tempoeficaz
SAS, en los periodos comprendidos entre el 1° de octubre de 2008 y el 31 de julio
de 2018, lo que evidenció la voluntad de la administración de emplearla de modo
permanente y continuo.

8.5. Las labores ejecutadas no podían prestarse con independencia y autonomía,
toda vez que debía acatar las órdenes directas del jefe de servicio, cumplir con un
horario y similares funciones a las de los auxiliares de enfermería de planta,
aspectos relacionados directamente con el objeto y contenido social de la ESE, que
no es otra que la prestación del servicio de salud. Asimismo, por exigencia de la
entidad debía portar vestidos y calzado de labor de color blanco los cuales, si bien
no eran dotados por la entidad, en caso de no hacer uso de estos era sujeta de
llamados de atención.

8.6. Comoquiera que entre el 31 de diciembre de 2008 y el 3 de marzo de 2009, hubo
una interrupción de 41 días hábiles y que no se aportaron los elementos probatorios
para demostrar la continuidad en el servicio en dicho interregno, operó la
prescripción y en consecuencia reconoció los derechos reclamados, a partir de la
mencionada fecha, es decir que solo tuvo en cuenta los periodos comprendidos
entre el 3 de marzo de 2009 y el 31 de julio de 2018.

8.7. De conformidad con las sentencias del 4 de febrero de 20165, 6 de octubre de
20166, y 18 de mayo de 20237, a la demandante solo le asistía el derecho al
reconocimiento de las prestaciones sociales de carácter legal «tales como
vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías y las reconocidas por el sistema integral de
seguridad social; mas no podrán reconocérsele aquellas extralegales», por comportar un
beneficio único para los empleados públicos, condición que ella no tenía. Así las
cosas, reconoció las diferencias prestacionales entre los valores pagados en virtud

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de febrero de 2016, radicado 81001-23-33-

000-2012-00020-01 (0316-2014). M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado 66001-23-33-

000-2013-00091-01 (0237-2014). M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de mayo de 2023, radicado 05001-23-33-

000-2017-02473-01 (1110-2022). M.P. César Palomino Cortés.

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Demandante: Janeth Torres Moreno

de la vinculación como empleada en misión (del 5 de marzo al 31 de octubre de
2013 y del 16 de noviembre de esa anualidad al 22 de marzo de 2014) y las
prestaciones sociales devengadas por los auxiliares de enfermería de planta que no
fueron cubiertas por el tercero empleador.

8.8. Asimismo, reconoció el valor por concepto de prestaciones sociales de orden
legal a que haya lugar, del 3 de marzo de 2009 al 4 de marzo de 2013, y del 1 de
abril de 2014 al 31 de julio de 2018, tomando como base los honorarios pactados.

8.9. No accedió al reajuste del salario, toda vez que lo devengado por los servidores
de planta depende de las condiciones particulares de cada uno de ellos y porque
aceptada la existencia de la relación laboral encubierta también debe aceptarse
como válido el pacto que las partes hicieron sobre la remuneración, es decir que
para la liquidación de la indemnización se tendrá en cuenta el valor pactado en cada
contrato.

8.10. Negó el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, porque no se allegó
prueba alguna que permitiera establecer con claridad y precisión los turnos en los
cuales la demandante prestó sus servicios en horario nocturno, dominical y festivo.

8.11. Respecto de la caja de compensación familiar, no encontró demostrado que la
demandante cumpliera con los requisitos previstos por la Ley 21 de 1982 «referentes
a las cotizaciones efectuadas a caja de compensación familiar, ni que era beneficiaria de
los planes con que cuentan esas entidades, así como tampoco allegó prueba con la que
acreditara pago alguno por ese concepto, por lo que se evidencia la imposibilidad de
haberlos recibido y, en ese sentido, debe negarse su reconocimiento» (sic).

8.12. Las bonificaciones por servicios, recreación y antigüedad, la prima de servicios
y el subsidio de alimentación, factores solicitados por la demandante, son beneficios
reconocidos a los empleados públicos del orden nacional, los cuales según la
certificación suscrita por el profesional universitario de gestión del talento humano
de la ESE Salud Pereira no eran devengados por «los auxiliares de enfermería,
enfermeras profesionales, médicos, auxiliares de facturación y/o administrativos», razón
por la cual los negó.

8.13. No ordenó el reconocimiento de la sanción moratoria por falta de pago de las
cesantías, en atención a que el derecho surge con ocasión de los efectos de esta
sentencia.

8.14. Por la naturaleza parafiscal de los aportes al sistema de seguridad social es
improcedente su devolución, pues dichos dineros son de obligatorio pago y recaudo
para un fin específico y no constituyen crédito a favor del interesado.

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Demandante: Janeth Torres Moreno

8.15. No se condenará en costas toda vez que no se evidenció que la entidad hubiese
actuado procesalmente con manifiesta carencia de fundamento legal.

1.4. Los recursos de apelación

9. Janeth Torres Moreno apeló la sentencia de primera instancia, por cuanto, a su
juicio, procede el reconocimiento de i) las bonificaciones por servicios, recreación y
antigüedad, la prima de servicios y el subsidio de alimentación; ii) la indemnización
por no pago total y oportuno de la liquidación y de las cesantías; iii) la devolución de
aportes a la seguridad social; y iv) la condena en costas, por lo siguiente8:

9.1. Debió accederse al pago de las bonificaciones por servicios, recreación y
antigüedad, la prima de servicios y el subsidio de alimentación, toda vez que dichos
factores son reconocidos por la entidad a sus trabajadores desde el 1° de enero de
2001, según la certificación suscrita por el profesional universitario de gestión del
talento humano de la ESE Salud Pereira el 9 de enero de 2019.

9.2. Eraprocedente la devolución de los dineros que la administración debió
contribuir para las cajas de compensación familiar y para cubrir los riesgos
profesionales, toda vez que para su reconocimiento solo era necesario probar la
existencia de la relación laboral encubierta.

9.3. Las pruebas allegadas al plenario demuestran que la demandante prestó sus
servicios en horarios extralaborales.

9.4. El a quo debió reconocer la sanción moratoria por falta de pago total y oportuno
de las cesantías, por cuanto si bien la sentencia que reconoce la declaratoria de la
relación laboral encubierta es constitutiva de derechos, dicha tesis «no se
compadecen con la realidad que están viviendo los miles de trabajadores de este país, en
el caso de los contratos de prestación de servicios, es así, que si las sentencias son
constitutivas de derechos, porque razón sí cabe la prescripción de sus derechos en sus
fallos» (sic).

9.5. La indemnización por falta de pago total y oportuno de la liquidación y de las
cesantías fue creada para proteger los derechos fundamentales del trabajador, ante
la mala fe del empleador que puede afectar considerablemente el mínimo vital de
sus subordinados.

9.6. Se debió condenar en costas a la entidad demandada, por cuanto es notoria su

8 Samai del tribunal, índice 49, 43_043RECURSODEMANDANTE(.pdf) NroActua 49.

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Demandante: Janeth Torres Moreno

mala fe en querer celebrar contratos de prestación de servicios en contravía de los
derechos fundamentales del trabajador

9.7. La negativa de la condena en costas desconoció el trabajo de los profesionales
del derecho, pues las agencias en derecho van incluidas en ellas, las cuales deben
resarcir el trabajo de los abogados. Además, se desconoció la mala fe de la
administración en querer celebrar contratos de prestación de servicios en contravía
de los derechos fundamentales del trabajador.

10. La ESE Salud Pereira interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara
esa decisión con fundamento en los siguientes argumentos9:

10.1. La relación contractual entre las partes estuvo regulada por el artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, la cual autorizó a las entidades públicas a celebrar contratos de
prestación de servicios; no obstante, estos no generan un vínculo laboral ni el
derecho a percibir prestaciones sociales; de forma que la sola suscripción de
contratos de prestación de servicios, informes de actividades y pagos mensuales no
son suficientes para demostrar la existencia de la relación laboral encubierta
pretendida por la demandante.

10.2. No se logró demostrar que efectivamente Janeth Torres Moreno hubiese
prestado sus servicios de forma dependiente y subordinada a favor de la entidad
demandada, pues las actividades para las cuales fue contratada debían ser
desarrolladas dentro de unos parámetros mínimos de realización, es decir que se
trató de una relación coordinada entre el contratista y la contratante con el fin de
garantizar la adecuada ejecución de las actividades.

10.3. Si bien hubo una prestación personal del servicio, ello fue en la modalidad
contractual, razón por la cual no se acreditó que dicha actividad hubiese estado
revestida por una subordinación o dependencia que implicase la posibilidad de exigir
el cumplimiento de órdenes a la demandante.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.

9 Samai del tribunal, índice 49, 42_042RECURSODEMANDADA(.pdf) NroActua 49.

10

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Demandante: Janeth Torres Moreno

1.6. Concepto del Ministerio Público

12. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, con fundamento en que se
probaron los elementos constitutivos de la relación laboral encubierta y en
consecuencia el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales teniendo como
base de liquidación los honorarios pactados en cada contrato. Lo anterior,
comoquiera que en virtud de la naturaleza de las actividades realizadas por los
auxiliares de enfermería «es evidente la existencia de la relación laboral», en virtud de
la cual recibía órdenes, le asignaban turnos, y le proveían insumos de trabajo10.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

13. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación11, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si entre Janeth Torres Moreno y la
ESE Salud Pereira se configuró una relación laboral? ¿si aquella tenía derecho al
reconocimiento y pago de las indemnizaciones y prestaciones sociales derivadas
de esa relación laboral? y por último ¿si se debía condenar a la parte vencida en
costas?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

14. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la

10 Samai, índice 8, Memorial_FLF_8CONCEPTO(.pdf) NroActua 8.
11 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

11

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Demandante: Janeth Torres Moreno

entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

15. Por su parte, el Decreto 2209 de 199812 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

16. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

17. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.

18. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

12 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

12

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Demandante: Janeth Torres Moreno

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

19. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)13 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 14, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».

20. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»15 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

21. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe

13 Aprobada el 11 de abril de 1919.
14 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
15 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

13

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Demandante: Janeth Torres Moreno

mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».

22. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

23. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación16 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales17». (Resalta la Sala).

24. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

14

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

dependencia del trabajador respecto del empleador.

25. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».

26. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

27. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

28. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202118 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

15

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

29. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».

30. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.2.2. Las cooperativas de trabajo asociado y las empresas de intermediación
laboral

31. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 79 de 198819 y el Decreto 4588 de
200620, las cooperativas de trabajo asociado son organizaciones sin ánimo de lucro
que pertenecen al sector de la economía solidaria, las que vinculan el trabajo
personal de sus asociados, quienes a su vez son gestores, contribuyen
económicamente a la cooperativa y aportan directamente su capacidad de trabajo
para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales.

19 «Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa».
20 «Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas

de Trabajo Asociado».

16

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

32. Lo anterior, con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes
o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en
general. El principal aporte de los asociados en esta clase de organizaciones es su
trabajo, puesto que los aportes de capital son mínimos.

33. Por su parte, el Decreto 4588 de 2006 en su artículo 17 estableció lo siguiente:

«Artículo 17. Prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios
temporales. Las Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar
como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para
suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios, o remitirlos
como trabajadores en misión con el fin de que estos atiendan labores o trabajos propios
de un usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados
se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes.

Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las
empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y Pre
cooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente responsables
por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado».

34. De acuerdo con la anterior prohibición, cuando se configuran esas prácticas de
intermediación propias de las empresas de servicios temporales, las partes
[contratante y cooperativa] deben responder solidariamente por las obligaciones
económicas a favor del trabajador.

35. Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que «dicha figura asociativa no fue
creada por el Legislador para que se desconocieran los derechos de los trabajadores, al
punto que, por mandato legal las cooperativas de trabajo asociado que incurran en prácticas
deshonestas deben responder ante las autoridades correspondientes. En ese sentido, el
trabajo asociado no puede ser utilizado indebidamente para desconocer o eludir las
obligaciones de estirpe laboral con los trabajadores dependientes o subordinados, por ello,
la normatividad consagró la prohibición de que las Cooperativas de Trabajo Asociado
actuaran como empresas de intermediación laboral, disponiendo del trabajo de los
asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o terceros beneficiarios»21.

36. Asimismo, que «es claro que las cooperativas funcionan bajo los lineamientos de la
Ley 79 de 1988, de tal suerte que, cuando el asociado es vinculado con otro ente, pero por
órdenes puntuales y estrictas de la Cooperativa así como del tercero, quien alega la
configuración o existencia del contrato realidad con aplicación del principio de la primacía
de la realidad sobre las formas, tiene el deber probatorio de acreditar el trípode que la
legislación consagra para la configuración de una relación laboral».

21 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 28 de septiembre de 2017.

Radicación 76001-23-31-000-2011-00820-01(1486-15). MP: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

17

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

37. En este sentido, a las cooperativas de trabajo asociado no les está permitido
disponer del trabajo de sus asociados para suministrar mano de obra a terceros, en
detrimento de los derechos laborales de los cooperados.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Documentales

38. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

38.1. Contratos y órdenes de prestación de servicios suscritos entre Janeth Torres
Moreno y la ESE Salud Pereira, de los que se extrae que entre el 1° octubre de 2008
y el 31 de julio de 2018, con interrupción entre el 5 de marzo de 2013 y el 22 de
marzo de 2014, estuvo vinculada con la entidad, así22:

Contrato u
Fecha
orden de Fecha inicio objeto
terminación
servicio
Prestar los servicios de tiempo completo como
auxiliar de enfermería asignada al grupo extramural
31 de
1 de octubre apoyando el cumplimiento a las obligaciones
OP1185-2008 diciembre de
de 2008 surgidas de la celebración del contrato
2008
interadministrativo número 1305 de 2008 con el
municipio de Pereira.
La contratista se compromete con la ESE Salud
3 de marzo 2 de julio de Pereira a prestar los servicios de tiempo completo
OP318-2009
de 2009 2009 como auxiliar de enfermería asignada al área de
consulta externa.
La contratista se compromete con la ESE Salud
3 de julio de 2 de noviembre Pereira a prestar los servicios de tiempo completo
OP647-2009
2009 de 2009 como auxiliar de enfermería asignada al área de
consulta externa.
La contratista se compromete con la ESE Salud
Pereira a prestar los servicios de tiempo completo
3 de
6 de enero de como auxiliar de enfermería asignada al área
OP1161-2009 noviembre de
2010 urgencias de la unidad intermedia de salud del centro
2009
o en la unidad intermedia de salud que se requiera de
acuerdo a la necesidad del servicio.
La contratista se compromete con la ESE Salud
Pereira a prestar los servicios de tiempo completo
7 de enero de 6 de agosto de como auxiliar de enfermería asignada al área
OP51-2010
2010 2010 urgencias de la unidad intermedia de salud del centro
o en la unidad intermedia de salud que se requiera de
acuerdo a la necesidad del servicio.
La contratista se compromete con la ESE Salud
7 de agosto 6 de enero de
OP676-2010 Pereira a prestar los servicios de tiempo completo
de 2010 2011
como auxiliar de enfermería asignada al área

22 La información consignada en el cuadro se funda en el plazo señalado en los contratos, sus

prórrogas, adiciones y en las certificaciones suscritas por la Oficina Jurídica de la ESE Salud Pereira.

18

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

urgencias de la unidad intermedia de salud del centro
o en la unidad intermedia de salud que se requiera de
acuerdo a la necesidad del servicio.
La contratista se compromete con la ESE Salud
Pereira a prestar los servicios de tiempo completo
7 de enero de 6 de junio de como auxiliar de enfermería asignada al área
OP088-2011
2011 2011 hospitalización de la unidad intermedia de salud del
centro o en la unidad intermedia de salud que se
requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
La contratista se compromete con la ESE Salud
Pereira a prestar los servicios de tiempo completo
7 de junio de 3 de enero de como auxiliar de enfermería asignada al área
OP553-2011
2011 2012 hospitalización de la unidad intermedia de salud del
centro o en la unidad intermedia de salud que se
requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
La contratista se compromete con la ESE Salud
Pereira a prestar los servicios personales como
auxiliar de enfermería asignada al área de urgencias
4 de enero de 30 de junio de
OP129-2012 o en servicio donde se requiera de la unidad
2012 2012
intermedia de salud Kennedy o en la unidad
intermedia de salud que se requiera de acuerdo a la
necesidad del servicio.
La contratista se compromete con la ESE Salud
Pereira a prestar los servicios personales como
auxiliar de enfermería asignada al área de urgencias
1° de julio de 31 de agosto
OP669-2012 o en servicio donde se requiera de la unidad
2012 de 2012
intermedia de salud Kennedy o en la unidad
intermedia de salud que se requiera de acuerdo a la
necesidad del servicio.
La contratista se compromete con la ESE Salud
Pereira a prestar los servicios personales como
1° de auxiliar de enfermería asignada al área de urgencias
8 de noviembre
OP1075-2012 septiembre o en servicio donde se requiera de la unidad
de 2012
de 2012 intermedia de salud Kennedy o en la unidad
intermedia de salud que se requiera de acuerdo a la
necesidad del servicio.
La contratista se compromete con la ESE Salud
Pereira a prestar los servicios personales como
14 de auxiliar de enfermería asignada al área de urgencias
4 de enero de
OP1408-2012 noviembre de o en servicio donde se requiera de la unidad
2013
2012 intermedia de salud Kennedy o en la unidad
intermedia de salud que se requiera de acuerdo a la
necesidad del servicio.
La contratista se compromete con la ESE Salud
Pereira a prestar los servicios personales como
auxiliar de enfermería asignada al área de
5 de enero de 4 de marzo de
OP173-2013 hospitalización o en servicio donde se requiera de la
2013 2013
unidad intermedia de salud Kennedy o en la unidad
intermedia de salud que se requiera de acuerdo a la
necesidad del servicio.

Prestación de servicios personales de apoyo a los
1° de abril de 1° de julio de
CPS137-2014 servicios de salud en el área de urgencias de la
2014 2014
Unidad Intermedia de Salud de Kennedy.

19

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

Prestación de servicios personales de apoyo a los
servicios de salud como Auxiliar de Enfermería
31 de
2 de julio de asignada al área de Urgencias de la Unidad
CPS593-2014 diciembre de
2014 Intermedia de Salud de Kennedy y/o para el área o
2014
Unidad que se requiera de acuerdo a la necesidad del
servido.
Prestación de servicios personales de apoyo a los
servidos de salud como Auxiliar de Enfermería
asignada al Área de Urgencias de la Unidad
1° de enero 15 de marzo de
CPS071-2015 Intermedia de Salud de Kennedy y/o para el área o
de 2015 2015
Unidad que se requiera de acuerdo a la necesidad del
servicio de la Empresa Social del Estado Salud
Pereira.
Prestación de servicios personales de apoyo a los
servicios de salud como Auxiliar de Enfermería
asignada al Área de Urgencias de la Unidad
17 de abril de 1° de julio de
CPS590-2015 Intermedia de Salud de Kennedy y/o para el área o
2015 2015
Unidad que se requiera de acuerdo a la necesidad del
servicio de la Empresa Social del Estado Salud
Pereira.
Prestación de servicios personales de apoyo a los
servicios de salud como Auxiliar de Enfermería
asignada al Área de Urgencias de la Unidad
1° de julio de 30 de octubre
CPS830-2015 Intermedia de Salud de Kennedy y/o para el área o
2015 de 2015
Unidad que se requiera de acuerdo a la necesidad del
servicio de la Empresa Social del Estado Salud
Pereira.
Prestación de servicios personales de apoyo a los
servicios de salud como Auxiliar de enfermería
1° de 31 de asignada al Área de Urgencias de la Unidad
CPS1196-
noviembre de diciembre de Intermedia de Salud de Kennedy y /o para el area o
2015
2015 2015 Unidad, que se requiera de acuerdo a la necesidad
del servicio de la Empresa Social del Estado Salud
Pereira.
Prestación de servicios personales de apoyo a los
servicios de salud como auxiliar de enfermería en el
1 de enero de 31 de enero de área de urgencias de la unidad intermedia de salud
CPS106-2016
2016 2016 Kennedy y/o para el área o unidad que se requiera de
acuerdo a la necesidad del servicio de la ESE Salud
Pereira.
Prestación de servicios personales de apoyo a los
servicios de salud como auxiliar de enfermería en la
1 de marzo 30 de junio de unidad intermedia de salud de Kennedy o para el área
CPS281-2016
de 2016 2016 o unidad intermedia de salud que se requiera de
acuerdo a las necesidades del servicio de la ESE
Salud Pereira.
16 de Prestación de servicios personales de apoyo a los
17 de agosto
CPS799-2016 diciembre de servicios de salud como auxiliar de enfermería en el
de 2016
2016 área de urgencias en la ESE Salud Pereira
Prestación de servicios personales de apoyo a los
1° de enero 30 de junio de
CPS076-2017 servicios de salud como auxiliar de enfermería en el
de 2017 2017
área de urgencias en la ESE Salud Pereira.
Prestar los servicios como TECNICO AUXILIAR DE
5 de julio de 4 de octubre de
CPS554-2017 ENFERMERIA PARA URGENCIAS, OBSERVACION
2017 2017
Y HOSPITALIZACION REFERENCIA Y

20

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

CONTRAREFERNCIA de primer nivel de
complejidad, en las unidades intermedias de Cuba,
Centro, Kennedy y Centros o Puestos donde se
requiera para prestar sus servicios a todos los
usuarios de la ESE SALUD PEREIRA.
Prestar los servicios como técnico auxiliar de
enfermería para urgencias, observación,
26 de hospitalización, referencia y contrareferencia de
12 de octubre
CPS844-2017 diciembre de primer nivel de complejidad en las unidades
de 2017
2017 intermedias de Cuba, Centro y/o Kennedy, donde se
requiera para prestar sus servicios a todos los
usuarios de la ESE Salud Pereira.
Prestar los servicios como técnico auxiliar de
enfermería para urgencias, observación,
1° de enero 31 de julio de hospitalización de primer nivel de complejidad en las
CPS037-2018
de 2018 2018 unidades intermedias de Cuba, Centro y/o Kennedy,
donde se requiera para prestar sus servicios a todos
los usuarios de la ESE Salud Pereira.

38.2. Certificación expedida el 22 de marzo de 2019 por el gerente administrativo de
Tempoeficaz SAS, en la cual se informó que entre el 5 de marzo de 2013 y el 22 de
marzo de 2014, Janeth Torres Moreno se desempeñó como «colaborador en misión
‹TEMPOEFICAZ›, en el cargo de auxiliar de enfermería de urgencias, devengando un
salario mensual de ochocientos setenta mil pesos MCTE ($870.000), en el centro de trabajo
ESE SALUD PEREIRA, y con un contrato por obra o labor», así23:

Fecha de inicio Fecha de retiro
05/03/201324 11/10/2013
12/10/201325 31/10/2013
16/11/201326 22/03/2014

38.2.1. En dichos periodos como contraprestación se convino un salario de $870.000
mensuales y el derecho a las prestaciones sociales «reconocidas por la ley».
Asimismo, se dispuso que «los valores a que hace referencia el artículo 15 de la ley 50
del 90 y cualquier auxilio o beneficio en dinero o en especie de carácter extralegal que
EMPLEADOR reconozca o pague al TRABAJADOR, no constituye salario, y además, por
así convenirlo las partes, tampoco constituyen salario los beneficios o auxilios habituales u
ocasionales den dinero o en especie que le sean otorgados en forma extralegal por EL
EMPLEADOR y/o LA EMPRESA USUARIA DEL SERVICIO donde el TRABAJADOR EN
MISION este prestando su servicio, tales como: auxilios de alimentación, auxilios de
habitación, vestuario, primas extralegales, vacaciones, de servicios o de navidad.

23 Samai, índice 12, 1_CUADERNO1(.PDF) NroActua 12, folio 80.
24 Acorde con el contrato individual de trabajo a término fijo, visible en samai, índice 12,
1_CUADERNO1(.PDF) NroActua 12, folios 170 al 177.
25 Acorde con el contrato individual de trabajo a término fijo, visible en samai, índice 12,

1_CUADERNO1(.PDF) NroActua 12, folios 178 al 181.
26 Acorde con el contrato individual de trabajo a término fijo, visible en samai, índice 12,

1_CUADERNO1(.PDF) NroActua 12, folios 182 al 185.

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

PARAGRAFO SEGUNDO. De igual manera convienen las partes que tampoco constituyen
salario las bonificaciones, auxilios de alimentación, habitación, de moto, transporte o
cualquier otro valor que le sea otorgado por LA EMPRESA USUARIA DEL SERVICIO, a
cualquier título al TRABAJADOR EN MISION durante la vigencia del presente contrato,
habida consideración que estas en ningún momento constituye retribuciones por servicios,
pues el único EMPLEADOR del TRABAJADOR EN MISION, de lo que da cuenta el presente
contrato es la EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES, en los términos del artículo 71
de la ley 50 de 1190. CUARTA: Todo trabajo suplementario o en horas extras y en domingo
o festivo en los que legalmente debe concederse descanso, mientras no sea labor que
según la ley deba ejecutarse así, debe autorizarlo una de las personas que representa a LA
EMPRESA USUARIA DEL SERVICIO, la cual deberá incluirlo en el respectivo reporte de
tiempo. No será reconocido EL EMPLEADOR el trabajo suplementario o extraordinario si
no se encuentra debidamente autorizado por la persona o personas facultadas que LA
EMPRESA USUARIA DEL SERVICIO faculte para ello» (sic).

38.3. Oficio D-322 del 17 de diciembre de 2014, por medio del cual el gerente de la
ESE Salud Pereira informó que entre los años 2003 a 2014, la entidad tuvo a sus
servicios 62 personas que prestaban el servicio de auxiliar de enfermería con las
siguientes funciones27:

«-. Cumplir y aplicar con las normas procesos y protocolos establecidos por la empresa,
a fin de prestar un servicio en condiciones de calidad a la comunidad usuaria. -. Recibir
al usuario, prepararlo para la consulta de urgencias y administrar los tratamientos
ordenados por el Medico. -. Realizar todos los procedimientos que se deriven de la
consulta y requieran ejecución inmediata -. Realizar notas de ingreso, evolución y egreso
cuando el usuario permanezca en el servicio de observación. -. Mantener el consultorio
ordenado, limpio y con los implementos necesarios para realizar la consulta. -. Elabora
las notas de enfermería, registrando la evolución del paciente, según las observaciones
de la enfermera al recibir o entregar el turno, verificando el estado del paciente. -. Dar
atención de enfermería a los pacientes desarrollando los procedimientos paramédicos a
que haya lugar y que estén acordes a las condiciones del paciente. -. Asistir ( Acolitar )
al médico y a la enfermera en los procedimientos que lo requieran, siguiendo y
verificando las ordenes médicas, cumpliendo con los procedimientos médicos
establecidos para las patologías específicas, estableciendo las prioridades de atención
-. Ordenar y asear la unidad y el ambiente físico de hospitalización, arreglando la cama
y el nochero con los elementos necesarios, verificando el orden, el aseo y la limpieza de
los mismos. -. Preparar y suministrar los medicamentos al paciente del servicio,
siguiendo las instrucciones escritas del profesional a cargo y aplicando y verificando los
cinco correctos: Nombre, medicamento, dosis, vía y hora. -. Asear la estación de
enfermería, desechando el material no reutilizable, verificando que el material y la ropa
contaminada sea dispuesta correctamente, lavando el material y el equipo utilizado
durante el turno o el procedimiento especifico. -. Llevar a esterilizar el material o
elementos que se requieran. -. Informar oportunamente las deficiencias con relación del
stock mínimo de material y medicamentos. -. Dar información y apoyo al paciente y a su
familia, comunicándoles sobre su estado de salud y evolución, sobre sus posteriores
controles, sobre la dieta recomendada, sobre las remisiones y vinculándolos a

27 Samai, índice 12, 1_CUADERNO1(.PDF) NroActua 12, folios 364 al 370.

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Demandante: Janeth Torres Moreno

programas específicos de control y seguimiento. -. Participar en las remisiones y contra
remisiones de los pacientes, acondicionando la ambulancia con el equipo necesario,
acompañando al paciente y completando la documentación requerida. -. Revisar las
pertenencias del paciente en el momento del ingreso – egreso registrándolas y
garantizando su custodia -. Confirmar al momento del egreso la existencia de todos los
elementos suministrados por el hospital durante su estancia para evitar pérdidas. -.
Asistir a las capacitaciones y reuniones programadas. -. Entregar correcta y
oportunamente los turnos asignados. -. Las demás que le sean asignadas y que tengan
relación con la naturaleza del Cargo» (sic).

38.4. Certificado expedido el 9 de enero de 2019 por el profesional universitario de
Gestión del Talento Humano de la ESE Salud Pereira, por medio del cual relacionó
los salarios devengados por los auxiliares de enfermería, enfermeras profesionales,
médicos, auxiliares de facturación y administrativos vinculados «en carrera
administrativa, provisionalidad y oficiales» desde el 1° de enero de 200128. Del cual se
extrae que se reconocieron las siguientes prestaciones y factores de salario:

«-. Prima semestral, -. Vacaciones. -. Prima de vacaciones. -. Bonificación por servicios
prestados. -. Cesantías. -. Intereses a las cesantías. -. Prima de navidad. -. Asignación
básica mensual. -. Recargos. -. Auxilio de transporte. -. Auxilio de alimentación. -. Prima
semestral (…) y que no se reconocen prestaciones extralegales a ninguno de los
funcionarios» (sic).

38.5. Certificado expedido el 9 de enero de 2019 por el profesional universitario de
Gestión del Talento Humano de la ESE Salud Pereira, a través del cual se informó
que desde el 1° de enero de 2001, la entidad reconoce a sus funcionarios uniforme
y calzado29. Además, certificó que «las prestaciones sociales legales como la PRIMA
POR SERVICIOS PRESTADOS Y LA PRIMA DE SERVICIOS, la ESE Salud Pereira la
viene reconociendo a los funcionarios en Carrera Administrativa, en provisionalidad y
oficiales desde el primero de enero del 2001»30.

38.6. Cuadros de turnos de la unidad de enfermería de la unidad intermedia de
Kennedy desde el año 2009 al 2018, en los cuales se evidencia que la demandante
prestó sus servicios como auxiliar de enfermería; no obstante, de la lectura de dicha
documentación no se evidencia una secuencia cronológica entre ellos, toda vez que
hacen falta meses o semanas en el referido periodo31.

38.7. Cuadros de turnos del servicio de urgencias del Hospital Cuba desde el año
2016 al 2018, en los cuales se evidencia que la demandante prestó sus servicios
como auxiliar de enfermería; no obstante, de la lectura de dicha documentación no
se evidencia una secuencia cronológica entre ellos, toda vez que hacen falta meses

28 Ibidem, folios 376 al 379.
29 Ibidem, folio 382.
30 Ibidem, folio 380.
31 Samai, índice 12, 2_CUADERNO1-1(.PDF) NroActua 12, folios 364 al 370, folios 37 al 270.

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o semanas en el referido periodo 32.

38.8. Copia de los contratos de suministro de personal celebrados entre la ESE y la
empresa de servicios temporales Tempoeficaz SAS33.

38.9. El 17 de junio de 2019, Janeth Torres Moreno le solicitó la ESE Salud Pereira
el reconocimiento de la existencia de una relación laboral entre el 1° de octubre de
2008 y el 31 de julio de 2018, y el pago de las prestaciones sociales que se derivaran
de ello34.

38.10. Con Oficio D1893 del 8 de julio de 2019, el gerente de la ESE Salud Pereira le
negó la solicitud anterior, toda vez que entre las partes únicamente existió una
relación contractual regida por la Ley 80 de 1993, en virtud de la cual la entidad
cumplió con el pago del objeto contractual, en las condiciones pactadas35.

38.11. También fueron aportados algunos informes de supervisión para trámites de
pago y los antecedentes administrativos contractuales en los cuales se encuentran
los comprobantes de egreso de los pagos efectuados por la ESE a la demandante,
entre otros36.

2.3.2. Testimonios, declaraciones e interrogatorio de parte

39. En la audiencia de pruebas celebrada el 20 de enero de 202237, la demandante
manifestó lo siguiente:

39.1. Laboró de forma ininterrumpida al servicio de la ESE Salud Pereira como
auxiliar de enfermería desde el 1° de octubre de 2008 hasta el 31 de julio de 2018,
tiempo en el que prestó sus servicios de manera personal y subordinada. Inició
prestando servicios en forma «extramural» apoyando todo lo relacionado con
vacunación en los barrios de la ciudad de Pereira; posteriormente, fue remitida a la
central de materiales en la unidad intermedia del centro; después a Kennedy y
finalmente en la unidad Intermedia de Cuba.

39.2. Para la prestación de sus servicios debía cumplir un cuadro de turnos el cual
era programado por la jefe del servicio para todo el mes, en turnos de 12 horas

32 Ibidem, folios 6 al 29.
33 Samai, índice 12, CONTENIDOCDRFOLIO181(.PDF) NroActua 12.
34 Samai, índice 12, 1_CUADERNO1(.PDF) NroActua 12, folios 46 al 49.
35 Ibidem, folios 50 al 68.
36 Samai, índice 12, 9_CONTESTACIONPODERANEXOS(.PDF) NroActua 12, folios 43 al 939.
37Samai del tribunal, índice 30, https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/fb14a36b-97bf-4a70-
9a78-250b4cdc5d76?vcpubtoken=b78c878c-2da0-487d-adeb-7955ec854c84.

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Demandante: Janeth Torres Moreno

diarias en horarios diurnos y nocturnos; en total 16 mensuales.

39.3. No podía disponer de su horario porque para ausentarse de sus labores debía
pedir la autorización de la jefe del servicio «en la unidad intermedia del centro la jefe
Lina, en la de Cuba la jefe Luisa y en Kennedy la enfermera Cándida Vélez», ella lo llevaba
a subgerencia para el visto bueno y posteriormente era autorizado. Inclusive para
salir a comprar algún alimento «en la cafetería de en frente debía pedir permiso», so
pena de ser sujeto de llamados de atención.

39.4. Recibía órdenes e instrucciones de las jefes del servicio y del personal médico
de turno.

39.5. Las auxiliares de enfermería vinculadas a través de órdenes y contratos de
prestación de servicios se les exigía el uso obligatorio de uniformes y zapatos
blancos. Y debían cumplir con una carga laboral más alta del de las enfermeras de
planta, toda vez que laboraban 6 horas más.

40. Asimismo, en esta oportunidad también se recibió el testimonio de Luz Mary
Vanegas Cañón quien en específicos momentos compartió sitio de trabajo y
funciones con la demandante y, sobre el particular, señaló lo siguiente:

40.1. Es auxiliar de enfermería de profesión y desde hacía más de 26 años laboraba
como servidora de carrera administrativa en la ESE Salud Pereira.

40.2. Conoció a Janeth Torres Moreno por su paso en el área de urgencias. Las
funciones que ella cumplía en nada se diferenciaban de las del personal de
auxiliares de enfermería vinculadas legal y reglamentariamente.

40.3. Todas las auxiliares de enfermería debían realizar los ingresos del paciente,
tales como canalización, toma de signos, suministro de medicamentos, aseo de
unidades, entrega y recibo de turnos, y aquellas órdenes de los médicos y,
especialmente, de las jefes de enfermería.

40.4. La mayor parte de las auxiliares de enfermería al servicio de la ESE cumplían
con horarios y turnos elaborados por la jefe de planta, los cuales se distribuían de 7
a 7, es decir «7 de la mañana a 7 de la noche, 7 de la noche a 7 de la mañana, que
corresponde hacer un corrido o hacer una noche». Tenían el mismo jefe, la única
diferencia era que al personal de planta se les pagaba todas las prestaciones y se
les dotaba calzado y vestido de labor, las contratistas debían comprar sus propios
uniformes.

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Demandante: Janeth Torres Moreno

40.5. Las auxiliares de enfermería vinculadas por contratos de prestación de servicios
nunca tuvieron derecho a vacaciones solo se les permitía descansar entre la
suscripción de uno y otro contrato.

40.6. La demandante no podía disponer autónomamente de su tiempo pues debía
seguir el horario programado mes a mes por la jefe del servicio «todas trabajábamos
a la par en esa época, tanto sábados como domingos y todo».

40.7. Una
vez al mes el personal de enfermería debía asistir a una reunión
programada por la jefe del servicio para recibir «información general».

40.8. Para ausentarse de sus labores Janeth debía solicitar la autorización de la
entidad, siguiendo el protocolo establecido, es decir a través de la jefe del servicio
«uno lo solicita a la jefe y la jefe con el visto bueno del subgerente en ese momento autoriza
el permiso, o sea, depende del tipo de permiso. Si es por unas horas que uno se va a
ausentar del trabajo es la jefe de servicio, si es por más tiempo, por uno o dos días, tiene
que ser visto bueno de la subgerente o hasta del gerente».

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral

41. Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si en el sub judice se
acreditaron los elementos que permiten configurar una relación de trabajo entre
Janeth Torres Moreno y la ESE Salud Pereira.

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

42. De las pruebas relacionadas, se tiene que, tal y como fue reclamado por la
demandante, entre el 1° de octubre de 2008 y el 31 de julio de 2018, con
interrupciones entre el 31 de diciembre de 2008 y el 3 de marzo de 2009; 8 y el 14
de noviembre de 2012; el 31 de octubre y el 16 de noviembre de 2013; el 22 de
marzo y el 1° de abril de 2014; el 22 de marzo y el 1° de abril de 2014; el 15 de
marzo y el 17 de abril de 2015; el 30 de junio y el 17 de agosto de 2016; el 30 de
junio y el 5 de julio de 2017; y el 4 y el 12 de octubre de 2017, Janeth Torres Moreno
prestó sus servicios como auxiliar de enfermería en la ESE Salud Pereira,
directamente y a través de la empresa de servicios temporales Tempoeficaz SAS.,
lo que implica que fue aquella quien de forma personal y no a través de otra persona
la que ejecutó la labor contratada. En virtud de lo señalado en tales documentos la
contratista se comprometió con la ESE Salud Pereira a prestar «los servicios de
tiempo completo como auxiliar de enfermería».

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Demandante: Janeth Torres Moreno

43. En consecuencia, del testimonio, las copias de los contratos de prestación de
servicios, las certificaciones y demás pruebas documentales, se advierte que
efectivamente, la demandante fue contratada para desarrollar funciones de auxiliar
de enfermería al servicio de la ESE Salud Pereira y no a través de otra persona, en
tanto fue quien ejecutó la labor contratada.

2.4.1.2. Remuneración

44. Ahora bien, Janeth Torres Moreno percibió una remuneración por el trabajo
realizado, tal y como se evidencia en los contratos y órdenes de servicio suscritas
con ella, el testimonio recaudado, la relación de pagos y certificaciones, en los que
se advierte que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que se entiende como la
remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de
su denominación (honorarios o salario).

2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia

45. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y el
testimonio de Luz Mary Vanegas Cañón, se tiene que las funciones desempeñadas
por la demandante no se realizaron de forma autónoma e independiente, sino que
esta estuvo sujeta a instrucciones y órdenes que son de naturaleza subordinada
pues atienden al control de un superior (gerente, coordinadores, directores del área,
enfermeros jefes y médico tratante) para ejecutar las obligaciones contractuales,
por lo que existe una sujeción de ella hacia la ESE Salud Pereira y, en tal sentido,
esta contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de su servicio, y
aquella, a su vez, tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que evidencia el
ejercicio del ius variandi por parte de la entidad prestadora de servicios de salud.

46. Ciertamente, el testimonio de Luz Mary Vanegas Cañón da buena cuenta de las
condiciones bajo las cuales Janeth Torres Moreno prestaba sus servicios a la
entidad demandada como auxiliar de enfermería, del que se resalta que en ejercicio
de sus funciones cumplía con un horario, recibía una remuneración y prestaba sus
servicios bajo la subordinación de la ESE y, en general, seguía órdenes e
instrucciones de los jefes de área y de los médicos tratante.

47. En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar,
inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que la trabajadora
desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.

48. Esto se advierte luego de contrastado el objeto y las funciones que se
establecieron en los contratos suscritos, el testimonio recaudado en el proceso y

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Demandante: Janeth Torres Moreno

demás pruebas documentales aportadas. En ellos se aprecian actividades que
exigen para su ejecución necesaria dependencia y subordinación, por lo que la Sala,
al realizar una valoración bajo las reglas de la sana crítica, encuentra que es posible
determinar la existencia de una relación laboral subordinada, siendo incuestionable
el ánimo de la entidad contratante de emplear de modo permanente y continuo los
servicios de la demandante, pues la labor se desarrolló por espacio de más de 10
años, aproximadamente.

49. Enefecto, Janeth Torres Moreno prestó sus servicios como auxiliar de
enfermería de la ESE Salud Pereira, para lo cual se comprometió, entre otros a:

«1. Asistir (Acolitar) al médico y a la enfermera en los procedimientos que lo
requieran, siguiendo y verificando las ordenes médicas, cumpliendo con los
procedimientos médicos establecidos para las patologías específicas,
estableciendo las prioridades de atención. 2. Asear la estación de enfermería,
desechando el material no reutilizable, verificando que el material y la ropa contaminada
sea dispuesta correctamente, lavando el material y el equipo utilizado durante el turno o
el procedimiento especifico. 3. Preparar y suministrar los medicamentos al paciente del
servicio, siguiendo las instrucciones escritas del profesional a cargo y aplicando y
verificando los cinco correctos: Nombre, medicamento, dosis, vía y hora. 4. Informar
oportunamente las deficiencias con relación del stock mínimo de material y
medicamentos. 5. Dar información y apoyo al paciente y a su familia, comunicándoles
sobre su estado de salud y evolución, sobre sus posteriores controles, sobre la dieta
recomendada, sobre las remisiones y vinculándolos a programas específicos de control
y seguimiento. 6. Participar en las remisiones y contra remisiones de los pacientes,
acondicionando la ambulancia con el equipo necesario, acompañando al paciente y
completando la documentación requerida. 7. Revisar las pertenencias del paciente en el
momento del ingreso - egreso registrándolas y garantizando su custodia 8. Confirmar al
momento del egreso la existencia de todos los elementos suministrados por el hospital
durante su estancia para evitar pérdidas. 9. Toma de electrocardiogramas, toma de
laboratorios, toma de signos vitales, baño paciente cama, toma de glucometrías, Paso
de sonda vesical naso gástrica, pequeñas curaciones, Nebulizaciones, 10. Asistir a las
capacitaciones y reuniones programadas. 11. Entregar correcta y oportunamente los
turnos asignados. 12. Notificación de eventos, riesgos y centinelas. 13. Las demás que
le sean asignadas y que tengan relación con la naturaleza del objeto del contrato»
(sic). [Se resalta]

50. De las anteriores obligaciones se resaltan actividades que necesariamente
implican subordinación respecto del empleador, esto es en las que la demandante
se encontraba bajo el mando del hospital en tanto estaba obligada a cumplir órdenes
e instrucciones. Esto es así, pues, entre otras debía atender procedimientos
previamente establecidos, seguir las instrucciones del profesional a cargo y asistir
a las reuniones y capacitaciones programadas; es decir que era el empleador por
virtud de sus protocolos o de sus profesionales a cargo, el que le asignaba
actividades e incluso, en ejercicio del ius variandi, pactó la posibilidad de asignar
otras actividades fuera de las convenidas, amparados en que tenían relación con la
naturaleza del objeto del contrato.

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Demandante: Janeth Torres Moreno

51. Asimismo, se advierte que la misión de la ESE Salud Pereira implica «satisfacer
las necesidades y expectativas en relación con la promoción de la salud y la prevención,
tratamiento y rehabilitación de la enfermedad; con el respaldo de la academia, por nuestra
vocación de docencia servicio; el desarrollo de políticas de Planeación y Gestión y sistemas
de mejoramiento de calidad, para brindar una atención humanizada y segura al usuario y
su familia durante su ciclo de vida, también mejorando los entornos comunitarios a través
de la adopción de estilos de vida saludables»38 (sic), funciones de carácter permanente
que cumple en desarrollo de su actividad, lo que guarda similitud con las actividades
desempeñadas por la demandante, es decir, esta ejecutaba labores que permitían
el desarrollo del objeto misional de la entidad.

52. Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
auxiliar de enfermería al servicio de la ESE demandada, al tiempo que corrobora
que no puede dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto
contractual para desempeñar esa labor, puesto que se trata de funciones que
atañen a la esencia, naturaleza y finalidad de la entidad.

53. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»39.

54. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»40.

55. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que en el ejercicio de las funciones por parte de la demandante estaba sometida a
medidas u órdenes de la ESE demandada, a saber: la imposición de un horario y/o
el cumplimiento de turnos y la sujeción a directrices de la directora de personal, de
la jefe del área de enfermería o del personal médico, lo que demuestra que la
entidad demandada, en su calidad de empleadora, contaba con la posibilidad de

38 https://www.saludpereira.gov.co/#c_1_1__mision__vision__funciones_y_deberes.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
40 Ibidem.

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Demandante: Janeth Torres Moreno

disponer del trabajo de la actora, lo que, de manera indiscutible, denota la existencia
del elemento subordinación.

56. Ahora bien, echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en
la Ley 909 de 2004, la entidad no haya dispuesto de la creación de plantas
temporales que atiendan la oferta y la demanda en la prestación del servicio de
salud. Por lo tanto, la ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones
para las cuales fue contratada la demandante no es un argumento que enerve las
consideraciones expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de
planeación por parte de la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se
ejercieron bajo la subordinación de la entidad.

57. Valga precisar que la posibilidad de contratar con terceros a que aluden los
artículos 32 de la Ley 80 de 1993, 195 de la Ley 100 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de
2007, no puede ser entendida como una carta abierta a efectos de desconocer
derechos y garantías laborales, pues lo cierto es que tal y como se advirtió en esta
decisión, la naturaleza contractual con la cual se revistió la vinculación de Janeth
Torres Moreno y aquella a través de terceros, se desnaturalizó al desarrollarse sin
autonomía ni independencia, las cuales se constituyen en las características propias
de la referida relación contractual. Por tal motivo, estos argumentos de defensa de
la entidad no están llamados a prosperar.

58. De esta manera, la circunstancia de que, consciente y libremente, la demandante
haya aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en el
contrato de prestación de servicios resulta indiferente en una situación como la
expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse como argumento válido para
que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la ley prevé en su favor»41,
tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución Política.

59. Así las cosas, con fundamento en el material probatorio analizado y la normativa
aplicable al asunto, esta Sala encuentra demostrada la existencia de los elementos
de la relación laboral encubierta en los periodos comprendidos entre el 1° de octubre
de 2008 y el 31 de julio de 2018, salvo sus interrupciones.

2.3.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

60. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho la demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,

radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

61. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación42 dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».

62. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».

42Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

63. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 43, proferida
por el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:

«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).

64. Así, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con
el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro
del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»44.

65. En consideración con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud
del reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 17 de junio de
2019, se establece que respecto del periodo comprendido entre el 3 de marzo de
2009 y el 31 de julio de 2018 no acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción,
pues no transcurrió un lapso superior a 3 años para solicitar por vía administrativa
el reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y
prestaciones, toda vez que la relación culminó el 31 de julio de 2018 y en ese lapso
no hubo interrupciones superiores a 30 días.

66. Sin embargo, comoquiera que entre el 31 de diciembre de 2008 y el 3 de marzo
de 2009, hubo lapsos de interrupción superiores a 30 días hábiles que implicó la
solución de continuidad en la prestación del servicio y la exigencia a la demandante
de presentar la reclamación administrativa en los 3 años siguientes, la Sala
confirmará la decisión apelada que declaró prescritas las prestaciones causadas
con anterioridad al 31 de diciembre de 2008. Lo anterior se advierte en el siguiente
recuento:

43 SUJ2-005-16.
44 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

Interrupción en días
Contrato Fecha inicio Fecha terminación
hábiles

OP1185-2008 1 de octubre de 2008 31 de diciembre de 2008 -

OP318-2009 3 de marzo de 2009 2 de julio de 2009 41

OP647-2009 3 de julio de 2009 2 de noviembre de 2009 0

OP1161-2009 3 de noviembre de 2009 6 de enero de 2010 0

OP51-2010 7 de enero de 2010 6 de agosto de 2010 0

OP676-2010 7 de agosto de 2010 6 de enero de 2011 0

OP088-2011 7 de enero de 2011 6 de junio de 2011 0

OP553-2011 7 de junio de 2011 3 de enero de 2012 0

OP129-2012 4 de enero de 2012 30 de junio de 2012 0

OP669-2012 1° de julio de 2012 31 de agosto de 2012 0
1° de septiembre de
OP1075-2012 8 de noviembre de 2012 0
2012
14 de noviembre de
OP1408-2012 4 de enero de 2013 2
2012
OP173-2013 5 de enero de 2013 4 de marzo de 2013 0
5 de marzo de 2013 11 de octubre de 2013
Tempoeficaz 0
12 de octubre de 2013 31 de octubre de 2013
Tempoeficaz 0
16 de noviembre de 22 de marzo de 2014
Tempoeficaz 9
2013
CPS137-
1° de abril de 2014 1° de julio de 2014 5
2014
CPS593-
2 de julio de 2014 31 de diciembre de 2014 0
2014
CPS071-
1° de enero de 2015 15 de marzo de 2015 0
2015
CPS590-
17 de abril de 2015 1° de julio de 2015 20
2015
CPS830-
1° de julio de 2015 30 de octubre de 2015 0
2015
CPS1196- 1° de noviembre de
31 de diciembre de 2015 0
2015 2015
CPS106-
1 de enero de 2016 29 de febrero de 2016 0
2016
CPS281-
1 de marzo de 2016 30 de junio de 2016 29
2016
CPS799-
17 de agosto de 2016 31 de diciembre de 2016 0
2016
CPS076-
1° de enero de 2017 30 de junio de 2017 1
2017
CPS554-
5 de julio de 2017 4 de octubre de 2017 0
2017
CPS844-
12 de octubre de 2017 26 de diciembre de 2017 5
2017
CPS037-
1° de enero de 2018 31 de julio de 2018 0
2018

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho

67. En primer lugar, esta Sala advierte que el a quo ordenó la liquidación de la
condena con base en los honorarios contractuales; sin embargo, se resalta que, tal
y como se expuso en la sentencia del 4 de febrero de 201645, los honorarios son el
criterio imperante únicamente cuando el cargo desempeñado por el contratista no
existe en la planta de personal, pues en razón a la inexistencia del cargo, dichos
emolumentos son la única forma de tasar objetivamente la indemnización de
perjuicios. Esto señaló en aquella oportunidad:

«[L]a Sala, ha acudido a los honorarios pactados, como punto de partida para la
reparación de los daños en este tipo de controversias, siendo este el criterio imperante
cuando el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues
en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal, dichos emolumentos son
la única forma de tasar objetivamente la indemnización de perjuicios, ya que de otra
forma se incurría en subjetivismos por parte de la administración, a la hora de definir la
identidad o equivalencia con otro empleo existente en la planta de la entidad, con el
riesgo de reabrir la controversia al momento de ejecutar la sentencia.

No obstante, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, las Subsecciones A
y B de la Sección Segunda, también han tenido en cuenta, de manera excepcional, como
criterio para la reparación del daño, el salario devengado por un empleado de planta de
la entidad, en aquellos casos en que se ha demostrado que el empleo desarrollado por
el contratista demandante existe en la planta de personal y es desempeñado en igualdad
de condiciones que los servidores públicos de planta46, o cuando los honorarios pactados
son inferiores al salario devengado por un empleado de planta de la entidad con las
mismas funciones desarrolladas47.

En este orden de ideas, la Sala considera oportuno y necesario precisar cuál es el criterio
imperante para el reconocimiento de la reparación de los daños derivados de la
existencia del contrato realidad, dependiendo si las actividades contratadas bajo la
modalidad de prestación de servicios son iguales a las funciones asignadas a empleos
existentes en la planta de personal de la entidad o si no lo son, pues según el caso, el
parámetro objetivo para la tasación de perjuicios podrá variar, en aplicación de los
principios laborales de igualdad de oportunidades y remuneración proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, derivados del artículo 53 de la C.P.

45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de febrero de 2016, radicado

81001-23-33-000-2012-00020-01(0316-14), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
46 Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. C.P. Gerardo Arenas

Monsalve. Sentencia de 27 de noviembre de 2014, Expediente: 05001-23-33-000-2012-00275-01,
Referencia: 3222-2013, Actor: David Alejandro Jaramillo Arbeláez; Subsección A, sentencia de 4 de
junio de 2009, Referencia 1221-08, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Subsección A,
sentencia de 21 de octubre de 2009, referencia 2725-08, C.P. Luis Rafael Vergara.
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de marzo de 2010,

Referencia: 2168-08, C.P. Alfonso Vargas Rincón.

34

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

En tal sentido, dirá la Sala que los honorarios pactados son el criterio imperante cuando
el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues en
razón a la inexistencia del cargo, dichos emolumentos son la única forma de tasar
objetivamente la indemnización de perjuicios».

68. Por lo expuesto, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 48, la
Sección Segunda dispuso que «en lo que atañe al ingreso sobre el cual han de calcularse
las prestaciones dejadas de percibir por el docente vinculado por contrato de prestación de
servicios, cabe anotar que este corresponderá a los honorarios pactados, ya que no es
dable tener en cuenta, en este caso, el empleo de planta, pues los docentes oficiales
se encuentran inscritos en el escalafón nacional docente que implica
remuneraciones diferenciadas según el grado en el que estén49», esto es, dada la
imposibilidad de calcular la condena con el empleo de planta.

69. Así entonces, las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral
reconocida deben liquidarse con fundamento en los salarios devengados por tales
empleados, pues esto le otorga vigencia al principio de «salario igual por un trabajo
de igual valor» que se deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales50 frente al cual la Corte Constitucional ha
señalado que la remuneración de los trabajadores en general debe estar acorde con
los criterios de proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se
encuentren en igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad
de reglas cuando se trata de hipótesis distintas51.

70. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la

48 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-

33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
49 Decreto 2277 de 1979, “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”,

artículo 36: “Derechos de los educadores. Los educadores al servicio oficial gozarán de los siguientes
derechos:
(…)
b. Percibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo y grado del escalafón;
(…)”:
50 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
51 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

35

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

labor desempeñada por Janeth Torres Moreno debía ser remunerada conforme con
lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales funciones a las
suyas.

71. Así las cosas, y por las razones expuestas esta Sala considera necesario
modificar la orden proferida por el Tribunal para efectos de precisar que el pago de
las prestaciones sociales reconocidas deberá realizarse tomando como base los
salarios devengados por el personal de planta.

72. Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia 52 que
«el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones sociales reclamadas en virtud del
aludido principio de «a trabajo igual salario igual».

73. En consideración a esto, a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento
de las prestaciones sociales de carácter legal que devengara un empleado de planta
de la entidad demandada que desarrollaba iguales funciones a las suyas, tales
como vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías, entre otras. Empero, sobre el
particular, esta sala encuentra necesario realizar las siguientes precisiones:

74. Si bien como contraprestación por los servicios prestados por la demandante,
Tempoeficaz convino un salario de $870.00 mensuales y el derecho a prestaciones,
lo cierto es que, comoquiera que la empresa de servicios temporales y la entidad
pública de manera previa celebraron otro contrato con el fin de organizar la
producción de bienes o servicios en beneficio de la última, se impactó el
presupuesto de la entidad contratante, esto es, generó un pago con recursos del
erario.

75. De acuerdo con lo anterior, el pago efectuado a la demandante se derivó de aquel
contrato celebrado con la entidad pública que impactó los dineros del erario; lo que
impone considerar la prohibición de incurrir en un doble pago con recursos públicos.

76. En efecto, el artículo 128 Constitucional, señala que «[n]adie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley» y precisó

52 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

que por tesoro público debe entenderse el de la nación, el de las entidades
territoriales y descentralizadas.

77. En tal sentido, salvo las excepciones señaladas en el artículo 19 de la Ley 4ª de
1992, nadie está habilitado para percibir más de una asignación con cargo al erario,
pues ello sería contrario a los postulados constitucionales dispuestos en el artículo
citado, lo que, a su turno, representaría un desconocimiento de los presupuestos
legales que sobre la materia ha fijado el legislador.

78. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-133 de 1993, señaló lo
siguiente:

«Si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no lo es
menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración de
los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la concurrencia de dos o más
cargos públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación que
provenga del erario público. El término "asignación" comprende toda clase de
remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada
pensional, etc. Siendo así, bien podía el legislador ordinario establecer dicha
incompatibilidad dentro de la citada Ley 4a. de 1992, sin contrariar mandato
constitucional alguno. Aún en el remoto caso de que se hubiere concluido que el régimen
de inhabilidades e incompatibilidades para los funcionarios públicos debía ser regulado
por medio de ley ordinaria, el artículo 19, objeto de acusación, tampoco sería
inconstitucional, por cuanto el legislador estaba perfectamente facultado para hacerlo».
[Se resalta].

79. Así las cosas, comoquiera que los pagos efectuados a la demandante se
derivaron de aquel contrato celebrado con la entidad pública, debe considerarse
que esta «asignación» emanó del tesoro público, pues, se insiste, fueron producto
de la celebración de un contrato estatal con la empresa de servicios temporales.

80. De manera que los pagos que como consecuencia del restablecimiento del
derecho que aquí se ordena podrían implicar un doble reconocimiento con cargo a
los recursos del erario, toda vez que los dineros recibidos por la empresa de
servicios temporales Tempoeficaz SAS tuvieron origen en el presupuesto del Estado
que sirvieron para satisfacer las obligaciones contractuales, lo que, a fin de no
desconocer la prohibición aludida, implica establecer una orden que evite tal
situación.

81. Así pues, respecto de los pagos realizados por la empresa de servicios
temporales a la demandante, tal y como lo dispuso el a quo, le asiste el derecho a
recibir únicamente las prestaciones que devengaba el personal de planta que
desarrollaba iguales funciones a las suyas que no le fueron reconocidas y que se le

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

debían pagar por la relación laboral que se encontró acreditada con la entidad
pública.

82. En efecto, en el expediente se certificó que desde el 1° de enero de 2001 a los
trabajadores del hospital se les reconocen entre otros, los siguientes emolumentos:
«bonificación por servicios prestados […] auxilio de alimentación […] prima por servicios
prestados y prima de servicios», de manera que en virtud del aludido principio de a
trabajo igual salario igual, deben reconocerse esos emolumentos desde que se
causaron [toda vez que el periodo reclamado y reconocido en esta decisión judicial
es entre el 3 de marzo de 2009 y el 31 de julio de 2018]. No ocurre igual con la
bonificación por recreación, pues no se demostró que fuera reconocido a los
empleados de planta de la entidad.

83. Sin embargo, en lo relacionado con el trabajo suplementario, comoquiera que
dentro del expediente no existe prueba que permita comprobar su causación, no se
puede establecer su realización y tampoco es dable determinar si se trató de trabajo
extra diurno o nocturno. Entonces, era necesario que la interesada demostrara que
en efecto laboró tiempo extra, si fue de día o de noche, si existió compensación o
no y si se le autorizó para tal efecto, pero como no lo hizo, se deberá negar, como
lo determinó el tribunal en la decisión apelada, pues no basta con afirmar que prestó
sus servicios fuera del horario laboral.

84. Alrespecto, valga precisar que, para el caso de las horas extras, trabajo
suplementario y recargos, era necesaria una rigurosa actividad probatoria de quien
los reclama, de tal manera que la prueba que lo sustente sea clara y precisa sobre
su causación. Así, lo sostuvo el Consejo de Estado53:

«Si bien de las declaraciones de los testigos se infiere que la hubo, por turnos de 12
horas de trabajo por 24 horas descanso, con labores en domingos y festivos, no puede
por ese solo hecho la sala concluir que dicha prestación se cumplió toda la semana en
dicho periodo.

Mal podría suponer que efectivamente se asignaron los turnos y que hubo prestación de
servicios dominicales y festivos y el demandante, teniendo la carga de su prueba, no
aportó ninguna en tal sentido, limitándose a presentar la reclamación (…)».

85. En consecuencia, no hay lugar a acceder a la solicitud de la demandante en
cuanto al reconocimiento de horas extras.

86. En relación con el reajuste de los salarios percibidos, esto es las diferencias entre
lo recibido por concepto de honorarios y lo devengado por un empleado de planta,

53Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2018.
Expediente 66001-23-33-000-2018-00088-01 (0115-14). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

la Sala encuentra necesario exponer las siguientes consideraciones al advertir que
es un aspecto que se encuentra íntimamente ligado con el consecuente
restablecimiento del derecho cuando se reconoce la existencia de una relación
laboral pues de las pretensiones no puede escindirse el reconocimiento del reajuste
salarial al estar este íntimamente ligado con el de las prestaciones, en tanto que
estas se componen entre otros de la asignación básica.

87. Así las cosas, pese a que en oportunidades anteriores esta Subsección ha
señalado que por el reconocimiento de una relación laboral «no surge el derecho al
reconocimiento y pago de las diferencias salariales»54; esta Sala modificó su postura
para señalar que en estos asuntos el restablecimiento del derecho comporta,
además, el reconocimiento y pago de la diferencia que pueda existir entre lo
devengado por los empleados de planta de la entidad y los honorarios que le fueron
pagados a los contratistas55.

88. Lo anterior tiene soporte en las garantías de orden constitucional que impone a
las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales56, en virtud de los cuales le corresponde al juez
proteger a los trabajadores de las arbitrariedades que se puedan presentar en sus
condiciones laborales.

89. En efecto, situaciones como las planteadas en el sub judice plantean un dilema
que debe resolverse a la luz de los principios y derechos garantizados por la
Constitución Política de manera que el debate jurídico imponga un análisis que evite
vaciar el contenido y alcance los derechos en pugna, que no son otros que los de
los trabajadores en el marco de un Estado social de derecho, en el que debe existir
proporcionalidad entre el servicio y su remuneración, «puesto que ello es una lógica
consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación laboral»57.

90. Así las cosas, en casos como el que es objeto de estudio por la Sala, a pesar de
tratarse de funciones similares a las de los empleados de planta, los contratistas no
reciben la remuneración correspondiente al ejercicio de esa función pública, pues la
retribución por los servicios prestados es denominado honorarios, los cuales son

54 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001-23-33-000-2013-00091-01 (0237 2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
55 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de enero de 2024, radicado

81001-23-39-000-2017-00008-01 (1824-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
56 Artículo 53 de la Constitución Política.
57 Sentencia T-102 de 1995.

39

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

consecuencia del ejercicio irregular de una figura contractual que se desnaturalizó,
lo que desconoce el carácter fundamental del derecho al trabajo y la especial
protección que ordena la Constitución y que está estrechamente ligada con la
dignidad humana y la justicia material.

91. Aunado a lo expuesto, reconocer iguales condiciones laborales a los contratistas
que acrediten que prestaron sus servicios a la entidad en el marco de una verdadera
relación laboral, implica darle eficacia a ese principio constitucional al que se ha
aludido a lo largo de esta decisión y aplicarlo en su integridad para así eliminar las
diferencias surgidas en esa relación contractual que encubría una laboral.

92. De esta manera el juez de lo contencioso administrativo en material laboral, al
advertir que la carga de igualdad se rompió, pues el contratista fue remunerado en
forma disímil de los demás empleados de planta, debe utilizar los mecanismos
necesarios para combatir esa situación de inequidad y garantizar así la movilidad
salarial.

93. Sobre el particular, valga señalar que la Corte Constitucional ha indicado que en
«tratándose de derechos fundamentales de aplicación inmediata, el juez administrativo a
efecto de asegurar su vigencia y goce efectivos debe aplicar la correspondiente norma
constitucional, en forma oficiosa, así la demanda no la haya invocado expresamente»58,
esto efectiviza y asegura la defensa de los derechos fundamentales. En tal sentido,
la necesidad de proteger los derechos constitucionales fundamentales impone un
cambio en el papel del juez que se sustenta entre otras en la «aplicación preferente
de la Constitución frente a las demás normas jurídicas y así mismo el efecto integrador que
debe dársele a sus disposiciones con respecto a las demás normas del ordenamiento
jurídico (…) La necesidad de dar prevalencia al derecho sustancial (art. 228 C.P.), más aún
cuando este emana de la Constitución y busca hacer efectivas la protección y la vigencia
de los derechos fundamentales»59.

94. Así las cosas, la negativa a reconocer el reajuste salarial constituye no solo una
vulneración a la legislación laboral contenida en el ordenamiento interno, sino
también a los tratados internacionales ratificados por Colombia, los cuales al tenor
del artículo 93 de la Constitución hacen parte del bloque de constitucionalidad.

95. De acuerdo con lo anterior, es procedente el reconocimiento y pago de las
diferencias que resulten entre lo que recibió la demandante por concepto de
honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones de dicho cargo de la
entidad. Asimismo, tal y como lo concluyó el tribunal, con relación al periodo de

58 Sentencia C-197 de 1999.
59 Sentencia SU-039 de 1997.

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

vinculación como empleada en misión a través de la empresa de servicios
temporales Tempoeficaz SAS, le asiste el derecho a la diferencia de lo pagado,
teniendo como base para la liquidación los salarios devengados por el personal de
planta. En este sentido, se confirmará la sentencia de primera instancia que así lo
ordenó.

96. En lo que respecta al motivo de inconformidad planteado por la demandante,
relacionado con la indemnización por el pago inoportuno de la liquidación y de las
cesantías, la Sala precisa que no hay lugar al reconocimiento de sanción alguna,
pues la obligación de pago surge con este proveído a través del cual se efectúa el
reconocimiento de la relación laboral existente entre la demandante y el ESE Salud
Pereira, toda vez que esta tiene el carácter de sentencia constitutiva, motivo por el
cual a partir de su ejecutoria empiezan a correr los términos para reclamar los
derechos que esta genera.

97. Al respecto, resulta necesario recordar que esta corporación sostuvo en anterior
oportunidad que comoquiera que no hay fecha a partir de la cual se pueda predicar
la exigibilidad del derecho, no es procedente sancionar al contratista con la
prescripción extintiva y que el referente para afirmar la exigibilidad de esos salarios
o prestaciones reclamadas, distintas del valor pactado en el contrato «es (…) la
decisión judicial que desestima los elementos de la esencia del contrato de prestación de
servicios (…) porque conforme a la doctrina esta es de las denominadas sentencias
constitutivas, ya que el derecho surge a partir de ella, y por ende la morosidad empieza a
contarse a partir de la ejecutoria de esta sentencia»60.

98. Estas consideraciones operan en doble sentido: por un lado, la oportunidad que
tienen los contratistas de reclamar las prestaciones laborales derivadas de una
relación laboral encubierta, que según la jurisprudencia actual es de 3 años
contados a partir de la terminación del vínculo contractual61; y por el otro, que las
obligaciones que se derivan de la declaratoria de esa relación laboral solo se hacen
exigibles a partir de la sentencia que declara su existencia62, ya que el derecho
surge a partir de ella, esto es «nacen a partir de la sentencia, y su exigibilidad desde su
ejecutoria»63.

60 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de febrero de 2009, radicado 73001-23-

31-000-2000-03449-01 (3074-2005), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
61 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.
62 Así lo ha venido reiterando esta corporación, entre otras, en la sentencia del 25 de septiembre de

2020, radicado 50001-23-33-000-2014-00048-01 (2998-2018), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
63 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de febrero de 2009, radicado 73001-23-

31-000-2000-03449-01 (3074-2005), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

99. En lo referente al pago de aportes al sistema de seguridad social y a las cajas de
compensación familiar, la Sala advierte que dicha condena es improcedente, tal y
como se indicó en las sentencia del 9 de septiembre de 202164 y del 12 de mayo de
202265, toda vez que, de acuerdo con lo que ha venido señalando esta corporación,
a pesar de que se haya declarado a su favor la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, en función de su naturaleza parafiscal, estos recursos son
de obligatorio pago y recaudo para un fin especifico «lo que excluye la posibilidad de
titularidad que sobre los mismos pretenda el actor ejercer»66.

100. En efecto, tal y como se ha indicado, esta corporación había diferenciado entre
las prestaciones que tenía a cargo exclusivamente el empleador y aquellas que se
prestan o reconocen de forma dineraria por el Sistema de Seguridad Social Integral;
esto es se trata de una clasificación de las prestaciones sociales sobre la base de
quién debía asumirlas67.

101. En ese orden precisó que entre las primeras [las que tiene a cargo directamente
el empleador] se encuentran las ordinarias o comunes como son entre otras las
primas, las cesantías; y que las prestaciones sociales que se encuentran a cargo
del Sistema Integral de Seguridad Social son la salud, la seguridad social, los
riesgos profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas o reconocidas
por cada sistema debe mediar una cotización. En el caso de los sistemas de riesgos
profesionales y de subsidio familiar, las cotizaciones las debe realizar el empleador;
y en el caso de cotizaciones a los sistemas de pensión y salud deben realizarse por
el empleador y el empleado en forma compartida según los porcentajes establecidos
en la Ley para cada caso.

102. Sin embargo, se insiste, esta corporación ha sostenido que, aunque se haya
declarado la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, en función
de su naturaleza parafiscal, no procede la devolución de estos recursos. Así se
dispuso en la sentencia del 9 de septiembre de 2021, en la que se unificó la
jurisprudencia, en el sentido de precisar que «frente al hecho consumado de la no
afiliación a las contingencias de salud y riesgos laborales por parte de la Administración,

64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, radicado 66001-

23-33-000-2016-00299-01 (0390-2019), magistrado ponente: William Hernández Gómez.
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, radicado 76001-

23-33-000-2012-00288-01 (3681-2013), magistrado ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
67 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B,

Sentencia del 15 de junio de 2011, radicado 25000-23-25-000-2007-00395-01 (1129-2010), M.P.
Gerardo Arenas Monsalve.

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

es improcedente el reembolso de los aportes que el contratista hubiese realizado de más,
por constituir estos aportes obligatorios de naturaleza parafiscal»68 [se resalta].

103. Asimismo, la Ley 21 de 1982 estableció la regulación de las cajas de
compensación familiar para cumplir las funciones propias de la seguridad social,
sometidas al control y vigilancia del Estado en la forma prevista en la ley.

104. Según el artículo 39 de la Ley 21 de 1989, «las Cajas de Compensación Familiar
son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como
corporaciones en la forma prevista en el Código Civil, cumplen funciones de seguridad
social y se hallan sometidas al control y vigilancia del Estado en la forma establecida por la
ley».

105. Por su parte, el artículo 41 ibidem, estableció como sus funciones las siguientes:

«ARTÍCULO 41. Adicionado por el Artículo 16 de la Ley 789 de 2002. Las Cajas de
Compensación Familiar tendrán entre otras, las siguientes funciones:

1. Recaudar, distribuir y pagar los aportes destinados al subsidio familiar, Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), Escuela Superior de Administración Pública (ESAP),
las escuelas industriales y os Institutos Técnicos en los Términos y con las modalidades
de la ley.

2. Organizar y administrar las obras y programas que se establezcan para el pago del
subsidio familiar en especie o servicios, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 62 de
la presente Ley.

3. Ejecutar, con otras Cajas o mediante vinculación con organismos y entidades públicas
o privadas que desarrollen actividades de seguridad social, programas de servicios,
dentro del orden de prioridades señalado por la ley. 4. Cumplir con las demás funciones
que señale la ley».

106. Así las cosas, la entidad encargada de recaudar y administrar los recursos que
los empleadores descritos en el artículo 7 de la Ley 21 de 198269 deben efectuar es
la caja de compensación familiar.

68 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 SUJ-

025-CE-S2-2021, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016) M.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
69 «Artículo 7º. Están obligados a pagar el subsidio familiar y a efectuar aportes para el Servicio

Nacional de Aprendizaje (SENA):
1º. La Nación, por intermedio de los Ministerios, Departamentos Administrativos y
Superintendencias.
2º. Los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios.
3º. Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las empresas de
economía mixta de las órdenes nacional, departamental, Intendencias, distrital y municipal.
4º. Los empleados que ocupen uno o más trabajadores permanentes».

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

107. La Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación ha sostenido que la
naturaleza de los aportes realizados a dichas entidades de derecho privado es de
carácter parafiscal70, y en esa medida se han identificado las siguientes
características:

«Respecto de los aportes administrados por las mencionadas Cajas, la jurisprudencia
nacional ha identificado las siguientes características:

i) Están destinados a pagar una prestación social.
ii) Tienen la calidad de recursos públicos.
iii) Buscan proteger integralmente a la familia.
iv) Constituyen una herramienta para la consecución de los objetivos de la política social
y laboral del gobierno.
v) Tienen la triple condición de prestación legal de carácter laboral, mecanismo de
redistribución del ingreso y función pública desde la óptica de la prestación del servicio.
vi) El subsidio familiar no constituye salario, y
vii)Pretenden aliviar las cargas económicas del trabajador.

En lo que respecta a la naturaleza de los aportes que reciben las Cajas de
Compensación en su calidad de administradores del subsidio familiar, la legislación
colombiana y la jurisprudencia le han otorgado la calidad de recursos parafiscales. Así,
el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, señaló en su
artículo 2.2.7.5.3.2:

"Los recursos que administran las Cajas de Compensación Familiar están destinados a
la atención de las prestaciones y servicios de la seguridad social y demás finalidades
que prevea la ley y no podrán comprometerse para fines diferentes.

Los que provengan de los aportes obligatorios pagados por los empleadores y por las
cooperativas de trabajo asociado tienen la condición de recursos parafiscales y como
tales, su administración se rige por las disposiciones legales correspondientes.

En la misma dirección se ha pronunciado la jurisprudencia nacional, la cual ha indicado
que los recursos administrados por las Cajas de Compensación Familiar son resultado
de la potestad tributaria del Estado. Así, se ha señalado:

"Siendo los recursos de seguridad social que manejan las Cajas de Compensación
Familiar, el resultado de la potestad tributaria del Estado ejercida a través del Congreso
de la República (Artículos 150-12 y 338 Superiores), es importante traer a colación, lo
dispuesto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cuanto a las contribuciones de
carácter parafiscal:

(…)

En este orden de ideas, resulta claro que los recursos de carácter parafiscal que
administran las Cajas de Compensación Familiar son de naturaleza pública, en
tanto constituyen una fuente de financiación que el Estado consagra en beneficio de un
sector, aunque desde la perspectiva presupuestal no entren a engrosar las arcas del

70 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 2 de diciembre de 2015, radicado 11001-03-

06-000- 2015- 00144-00(2267), C.P. William Zambrano Cetina.

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

Presupuesto General de la Nación, no sean ingresos corrientes y no tengan que
reflejarse para ningún propósito en dicho presupuesto".

Igualmente, la Corte Constitucional colombiana en la sentencia C-337 de 2011 calificó
los mencionados aportes como recursos parafiscales atípicos indicando:

"En lo que respecta a la financiación del subsidio, éste ha sido clasificado por la
jurisprudencia como una contribución parafiscal atípica. En efecto, al mismo tiempo que
la Corte ha puesto de presente el carácter de prestación social que tiene el subsidio
familiar, ha indicado también que la manera como han sido regulados los recursos que
manejan las cajas de compensación familiar permite concluir que son recursos
provenientes de una exacción parafiscal de naturaleza atípica. Ello significa que la
administración y destinación de esos recursos debe ceñirse exclusivamente a lo
determinado en la ley".

Lo anterior, ha permitido concluir a la jurisprudencia nacional que los recursos
administrados por las Cajas de Compensación Familiar corresponden a un asunto de
naturaleza tributaria». [Se resalta].

108. Así entonces, considera la Sala que es improcedente la devolución de los
aportes a la demandante en dichos términos, en tanto la naturaleza de las
mencionadas cotizaciones es de carácter parafiscal, y no están destinados a
engrosar su patrimonio como consecuencia de la prestación de sus servicios, sino
que representan un recurso público cuyo uso abarca diferentes funciones estatales
dentro de las que se encuentra la atención de las prestaciones y servicios de la
seguridad social, por tanto, se confirmará la negativa de dicha pretensión.

109. Valga precisar que no hay cuestionamiento alguno en lo que respecta al subsidio
familiar, de forma que no hay lugar a revisar si de conformidad con las disposiciones
del artículo 18 de la Ley 21 de 1982 se cumplieron por parte de Janeth Torres
Moreno los requisitos para obtener su reconocimiento y pago, pues la reclamación
en el escrito de la demanda, giró en torno al pago de las cotizaciones que la
administración debió contribuir para las cajas de compensación familiar y el
reembolso de los riesgos profesionales, por lo que las afirmaciones según las
cuales «nunca pudo hacer uso de un subsidio de vivienda, disfrutar de la recreación de las
cajas de compensación como los clubes, piscinas entre otros, los cursos de capacitación o
los subsidios para sus hijos», resultan argumentos nuevos de la apelación, en torno
de los cuales la entidad no tuvo la oportunidad de defenderse, por lo que se
descartarán.

110. Por último, en lo que respecta al argumento expuesto por la apelante relativo a
la condena en costas a la parte vencida en juicio, esta Sala encuentra que le asistió
razón al a quo para no acceder a tal pretensión, toda vez que en el sub judice no se
acreditaron aspectos relevantes para su imposición como la temeridad o la mala fe
en que pudo haber incurrido la parte vencida, pues aun cuando con esta decisión

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

se demostró que la relación no fue contractual sino laboral, por las particularidades
en que se desarrolló, esta no es una razón suficiente para considerar que la entidad
al hacer uso de las prerrogativas que ofrece la Ley 80 de 1993, actuó con mala fe.

111. Lo anterior es así, pues de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 361 del CGP,
«[l]as costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados
durante el curso del proceso y por las agencias en derecho» y deben ser «tasadas y
liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente», y lo cierto es que
no se demostró que en el curso del proceso la entidad actuara con mala fe, sino que
hizo uso del derecho de defensa para insistir en la consideración según la cual, la
relación no se desarrolló en forma subordinada. Razón por la cual, al no predicarse
el mal proceder de la demandada, se confirmará en este punto la decisión de
primera instancia.

2.4. Costas

112. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

113. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

114. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma71.

115. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

71En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

116. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la parte
demandada.

3. Conclusión

117. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación
laboral entre Janeth Torres Moreno y la entidad demandada durante el periodo
comprendido entre el 1° de octubre de 2008 y el 31 de julio de 2018; no obstante,
tal y como lo señaló el tribunal, las acreencias laborales anteriores al 2 de marzo de
2009, se encuentran prescritas con excepción de los aportes a pensión. En
consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales de
orden legal; sin embargo, se modificarán las órdenes en cuanto a la liquidación de
las prestaciones y se adicionará lo relativo a la diferencia salarial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar los ordinales tercero y cuarto de la sentencia proferida 14 de
septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió a las
pretensiones de la demanda incoada por Janeth Torres Moreno contra la ESE Salud
Pereira, los cuales quedarán así:

«Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento
del derecho, se condena a la ESE Salud Pereira a reconocer pagar en favor Janeth
Torres Moreno las sumas que por concepto de prestaciones legales y sociales que
percibía un trabajador de igual categoría (auxiliar de enfermería), vinculado a esa entidad
legal y reglamentariamente, correspondientes a los periodos efectivamente laborados en
los cuales se demostró la existencia de la relación laboral y tomando como base para la
liquidación los salarios y prestaciones devengadas por los trabajadores de planta, así:

-. Las diferencias prestacionales entre los valores que fueron reconocidos y pagados
en favor de la demandante en virtud de la vinculación como empleada en misión a través
de la Empresa de Servicios Temporales Tempoeficaz SAS, esto es, entre el 5 de marzo
de 2013 y el 31 de octubre de 2013, y del 16 de noviembre de 2013 al 22 de marzo
de 2014, y las prestaciones sociales percibidas por los auxiliares de enfermería de planta
de la ESE (auxiliar área salud, código 412, grado 02) y que no fueron cubiertas por el
tercero empleador. Lo anterior, a fin de no incurrir en la prohibición del artículo 128

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

constitucional, esto es, efectuar un doble pago con recursos provenientes del Estado.

-. El valor de las prestaciones sociales percibidas por los auxiliares de enfermería de
planta de la ESE (auxiliar área salud, código 412, grado 02) durante los períodos
comprendidos entre el 3 de marzo de 2009 y el 4 de marzo de 2013, y del 1 de abril
de 2014 al 31 de julio de 2018, salvo sus interrupciones, correspondientes a los
períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, tomando como
base lo percibido por un trabajador de igual categoría vinculado a la planta de la entidad.

Cuarto: La ESE Salud Pereira deberá tomar el ingreso base de cotización o IBC
pensional equivalente a los salarios y prestaciones devengados por los trabajadores de
planta durante todos los periodos en los cuales la demandante prestó sus servicios y
determinar, mes a mes, si existe diferencia entre los aportes realizados por aquella como
trabajador en misión o como contratista y los que se debieron efectuar, caso en el cual,
se ordena cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de
aportes a pensión, pero solo en el porcentaje que le correspondía en su calidad de
empleador.

Para tales efectos, Janeth Torres Moreno deberá acreditar las cotizaciones que realizó
al sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad en que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de completar, según sea el
caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador, de acuerdo con las
consideraciones de esta providencia».

Segundo. Adicionar un ordinal a la sentencia proferida el 14 de septiembre de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, para ordenar a la ESE
Salud Pereira el reconocimiento y pago de las diferencias que resulten entre lo que
recibió Janeth Torres Moreno por conceptos de honorarios y lo que debió recibir
como salario, en igualdad de condiciones de un empleado de planta que
desarrollaba sus funciones, entre el 3 de marzo de 2009 y el 31 de julio de 2018,
por haber prescrito las diferencias causadas con anterioridad al 31 de diciembre de
2008.

Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida, de conformidad con lo
expuesto en esta decisión.

Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.

Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00760-01 (7793-2023)
Demandante: Janeth Torres Moreno

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DMGT

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