Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00813-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00813-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2019-00813-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
22 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001 23 33 000 2019 00813 01 (3648-2021)
Demandante: Juan Guillermo Acosta Acevedo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Temas: Subsidio familiar. Nivel ejecutivo de la Policía Nacional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 25 de junio del 2021 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Juan Guillermo Acosta Acevedo formuló
demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 66001 23 33 000 2019 00813 01 (3648-2021)
Demandante: Juan Guillermo Acosta Acevedo
declare la nulidad del Oficio S-2019-018957/DITAH-ANOPA-1.10 del 9 de abril y la
Resolución 0335 del 26 de junio del 2019, proferidos por la Dirección de Talento
Humano de la Policía Nacional, por medio del cual se negó el reconocimiento y
pago del subsidio familiar.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: (i) condenar a la parte demandada a reliquidarle el salario en el sentido de
incluir el subsidio familiar en cuantía de un 30 % correspondiente a su esposa
Edith Marcela Roldan, un 5 % por su primer hijo Juan Esteban Acosta Roldan y un
4 % adicional por su segundo hijo Diego Alejandro Acosta Roldan; (ii) incluir el
subsidio familiar como factor prestacional en un porcentaje total del 39 % del
salario básico, el cual deberá ser incluido en su hoja de servicio; (iii) indexar el
valor retroactivo de lo adeudado por concepto del emolumento reclamado; (iv)
indexar y pagar la diferencia que resulte entre la liquidación solicitada y las sumas
pagadas por concepto de subsidio familiar; (v) condenar en costas a la
demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor Juan Guillermo Acosta Acevedo se vinculó a la Policía Nacional en el
año 1999 en calidad de alumno; una vez aprobó el curso de formación, el día 25
de febrero del año 2000, obtuvo el grado de patrullero del nivel ejecutivo de esa
institución.
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Radicado: 66001 23 33 000 2019 00813 01 (3648-2021)
Demandante: Juan Guillermo Acosta Acevedo
ii) El 10 de enero del 2002, se declaró la existencia de una unión marital de hecho
entre el demandante y la señora Edith Marcela Roldan Ortiz, de cuya unión, el 13
de abril de ese mismo año, nació Juan Esteban Acosta Roldan y el 16 de
septiembre del 2010 nació Diego Alejandro Acosta Roldan.
iii) El 14 de marzo del 2019, interpuso reclamación administrativa ante la Policía
Nacional, radicada bajo el consecutivo 024789, en la que solicitó la inclusión del
subsidio familiar en su asignación mensual, en la misma proporción reconocida a
otros miembros de esa institución.
iv) El 9 de abril del 2019, la parte demandada profirió el Oficio S-2019-
018957/DITAH-ANOPA-1.10 en el que señaló que no era viable atender
favorablemente su petición debido a que el nivel ejecutivo de la Policía Nacional
se rige, en materia salarial y prestacional, por el Decreto 1091 de 1995 [sic].
v) Contra la anterior decisión interpuso el recurso de reposición, y en subsidio
apelación, que fueron desatados por conducto de la Resolución 335 del 26 de
junio del 2019 de forma negativa, es decir, se confirmó la decisión relacionada en
el hecho anterior. A pesar de no haber sido relatado por la parte demandante, se
pudo establecer que el recurso de apelación fue resuelto, en el mismo sentido, a
través de la Resolución 3824 del 9 de septiembre del 2019.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
En el escrito inicial de la demanda se invocaron como violados los artículos 13, 42,
44 y 45 de la Constitución Política de 1991; 19 de la [Declaración Universal de los
Derechos Humanos]; 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1
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Demandante: Juan Guillermo Acosta Acevedo
y 2 de la Ley 12 de 1991; Ley 1098 del 2006; y 82 del Decreto 132 de 1995. En
desarrollo del concepto de la violación se expusieron los siguientes argumentos:
i) La Ley 4 de 1992 viola el derecho a la igualdad al establecer diferencias
salariales entre oficiales, suboficiales y personal del nivel ejecutivo de las Fuerzas
Militares que prestan sus servicios a una misma entidad y que deben sostener a
una familia, es decir, con las mismas necesidades, pero con distinta remuneración,
circunstancia que tiene efecto directo en el bienestar del hogar.
ii) El Gobierno nacional reglamentó el subsidio familiar para el personal del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional a través del Decreto 1091 de 1995, mientras que
los demás niveles, esto es, el personal de oficiales, suboficiales y agentes de la
misma institución se rigen por los Decretos 1212 y 1213 de 1990, antecedentes
normativos que imponen una desproporción en cuanto al porcentaje devengado
por concepto de subsidio familiar.
iii) El artículo 82 del Decreto 132 de 1995 estipula que el ingreso al Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional no podrá discriminar ni desmejorar en ningún aspecto la
situación de quienes están al servicio de esa autoridad castrense, precepto que ha
sido desconocido por la demandada al ofrecer un trato discriminatorio y desigual
para el personal del nivel ejecutivo.
iv) La citada discriminación cobra amplia relevancia al tener en cuenta que el nivel
que goza del aludido subsidio familiar es aquel que cuenta con una mejor
remuneración salarial, tal como suceden con el personal de oficiales quienes
pueden llegar a obtener, por ese concepto, hasta un 100 % del valor de la
asignación básica, como es el caso del grado de general.
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Demandante: Juan Guillermo Acosta Acevedo
V) Finalmente, se refirió a la protección de los derechos de los menores en
relación con la no discriminación, la asistencia especial de los niños en el entorno
familiar, el desarrollo de un nivel de vida adecuado; citó antecedentes en los que
se decide sobre la inclusión del subsidio familiar en la asignación de retiro de los
soldados profesionales [sic]; e invocó 2 sentencias de primera instancia en las
que, según indica, se accedió a lo pedido en casos de extremos fácticos y
jurídicos similares.1
1.2. Contestación de la demanda
De acuerdo con la constancia visible en el documento número 9 del expediente
digital, la parte accionada no contestó la demanda.
1.3 Trámite de primera instancia
1.3.1. Por medio de auto del 12 de noviembre del 2020, el Tribunal Administrativo
de Risaralda, además de admitir la demanda, aclaró que, a pesar de que la parte
demandante no incluyó en las pretensiones de nulidad la Resolución 3824 del 9 de
septiembre del 2019, se entendería cuestionado a través del presente medio de
control al ser el acto administrativo que puso fin a la reclamación administrativa
que dio origen al presente proceso.2
1 Sentencia sin fecha del Juzgado 5 Administrativo del Circuito de Tunja dentro del proceso con
radicado 15001 33 33 005 2015 00139 00 y sentencia sin fecha del Juzgado 15 Administrativo del
Circuito de Bogotá con radicado 11001 33 35 015 2018 00001 00.
2 Documento número 19 del expediente digital.
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Demandante: Juan Guillermo Acosta Acevedo
1.3.2. La sentencia apelada
En providencia del 25 de junio del 2021, el Tribunal Administrativo de Risaralda
negó las pretensiones de la demanda de acuerdo con las siguientes conclusiones:
i) El señor Juan Guillermo Acosta Acevedo ingresó a la Policía Nacional como
alumno en el año 1999 y en el nivel ejecutivo de esa institución a partir del 25 de
febrero del año 2000, por lo que el régimen salarial y prestacional está regido por
el Decreto 1091 de 1995, en el que se consagró el pago de emolumentos
correspondientes a asignación mensual, prima de servicio, prima de navidad,
prima de carabinero, prima del nivel ejecutivo, prima de retorno a la experiencia,
prima de alojamiento en el exterior, prima de instalación, prima de vacaciones,
subsidio de alimentación y subsidio familiar; este último no constituye factor
salarial para ningún efecto.
ii) A partir de la creación del nivel ejecutivo de la Policía Nacional como nuevo
nivel jerárquico se estableció un régimen propio de asignaciones salariales, primas
y prestaciones que no presupone una discriminación irrazonable o caprichosa
frente al resto del personal de la misma institución, tal como lo concluyó el
Consejo de Estado en sentencia del 31 de enero del 2013, en la que, además, se
consideró que es la parte demandante quien tiene la carga de probar la desmejora
o discriminación salarial alegada.
iii) La vulneración del principio de no regresividad en materia laboral debe
estructurarse a partir del tratamiento diferenciado con base en criterios
sospechosos o injustificados, parámetro que no se advierte a partir de la
implementación de los decretos que rigen los asuntos salariales y prestacionales
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Demandante: Juan Guillermo Acosta Acevedo
del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, toda vez que a partir de su
vigencia no se eliminó o disminuyó la cuantía de la prestación, sino que se
establecieron parámetros diferentes para una población diferente.
iv) En el presente caso no existe una colisión entre principios constitucionales que
permitan establecer la existencia de una discriminación reprochable, razón por la
que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia,
se negaros las súplicas.
1.4. El recurso de apelación
El señor Juan Guillermo Acosta Acevedo, por conducto de apoderado, presentó
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, de acuerdo con los
siguientes argumentos:3
i) El Tribunal Administrativo de Risaralda enumeró los emolumentos que son
devengados por el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional según el
Decreto 1091 de 1995; sin embargo, ese argumento [sic] no puede servir como
sustento constitucional o jurídico para permitir la desigualdad en el pago de una
prestación económica que ha sido creada para sufragar o contribuir con los gastos
representativos del núcleo familiar.
ii) Los hechos y pretensiones de la demanda están dirigidos a resolver la
desigualdad frente al pago del subsidio familiar de los miembros de la Fuerza
Pública, es decir, no se alega la existencia de una igualdad entre los regímenes
3 Documento número 34 del expediente digital en el índice 2 del portal Samai.
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que gobiernan al nivel ejecutivo de la Policía Nacional y a los oficiales, suboficiales
y agentes de la misma institución.
iii) La familia no puede ser un elemento diferenciador para acceder al subsidio
económico, como si puede serlo el tiempo de servicio a la institución castrense o
el hecho de laborar en zonas de alto riesgo. La diferenciación que se pretende
superar con la presente demanda no afecta, precisamente, al uniformado, sino a
su núcleo familiar, es decir, a los hijos y al cónyuge por quienes se reconocer la
aludida prestación.
iv) No se comparte que haya tratos diferenciados dentro de los distintos grupos de
la Policía Nacional, así, no se trata de la aplicación conveniente de los apartes
favorables de un determinado régimen, sino del manejo equitativo de las
prestaciones económicas.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Tanto la parte demandante como la demandada guardaron silencio.
1.6. El Ministerio Público
El agente del ministerio público rindió concepto número 089-2022, por medio del
cual solicitó, respetuosamente, que se confirme la sentencia de primera instancia,
al considerar que el demandante se vinculó, de manera voluntaria, a la Policía
Nacional en vigencia del Decreto 1091 de 1995, norma que gobierna su régimen
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salarial y prestacional y que se ha venido aplicando a su situación particular.4
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a determinar si el señor Juan Guillermo Acosta Acevedo, como
miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, tiene derecho a la reliquidación de
su asignación salarial en el sentido de incluirle el subsidio familiar en cuantía del
39 % de la asignación básica, en razón de un 30 % por su cónyuge, un 5 % por su
primer hijo y un 4 % por su segundo hijo, tal como se calcula dicho emolumento para
el personal de oficiales, suboficiales y gentes de la misma institución.
2.2. Marco normativo
A través de los Decretos 1212 y 1213 de 1990, el legislador reformó el estatuto de
personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y el de agentes de esa
institución, respectivamente; en ellos contempló todo lo relativo a las asignaciones,
primas, subsidios, pasajes, viáticos y demás emolumentos a que tenían derecho.
No obstante, con el advenimiento de la Constitución Política de 1991, en su
artículo 218 se estableció que el régimen de carrera, prestacional y disciplinario de
la Policía Nacional sería determinado por la ley; fue así como el legislador expidió
la Ley 4.ª de 1992, mediante la cual estableció las normas, objetivos y criterios
que debía observar el Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y
4 Documento en el índice 9 del portal Samai.
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prestacional, entre otros, de la Fuerza Pública.
Ahora bien, a través del artículo 35 de la Ley 62 de 19935, el legislador revistió de
facultades extraordinarias al presidente de la República para modificar las normas
de carrera del personal de oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional,
entre otras; en ejercicio de tales facultades, se profirió el Decreto Ley 041 de
19946, por el cual se creó el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que en sus
artículos 18 y 19 facultó a los suboficiales y agentes activos, respectivamente,
para ingresar a la escala jerárquica del nivel ejecutivo, efecto para el cual impuso
como requisito que el miembro de la institución que optara por ingresar a ella,
debía realizar solicitud en tal sentido.
Sin embargo, la creación y reglamentación del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional previstas en la norma citada fueron declaradas inexequibles por la Corte
Constitucional en sentencia C-417 de 1994, pues se consideró que el presidente
de la República excedió las facultades extraordinarias conferidas por el legislador.
Así las cosas, en 1995 el legislador profirió la Ley 1807 mediante la cual revistió,
nuevamente, al presidente de la República de facultades extraordinarias para
desarrollar la carrera profesional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y, en el
5 Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de
seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al presidente de la República.
6 Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la
Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.
7 Por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones sobre la Policía Nacional y del Estatuto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y se otorgan facultades extraordinarias
al presidente de la República para desarrollar la Carrera Policial denominada "Nivel Ejecutivo",
modificar normas sobre estructura orgánica, funciones específicas, disciplina y ética y evaluación y
clasificación y normas de la Carrera Profesional de Oficinas, Suboficiales y Agentes.
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parágrafo de su artículo 7 determinó que, para ese efecto, no se podía
«discriminar ni desmejorar, en ningún aspecto, la situación actual de quienes
estando al servicio de la Policía Nacional ingresen al Nivel Ejecutivo».
Con fundamento en lo anterior, el presidente de la República expidió el Decreto
132 de 1995, por el cual desarrolló la carrera profesional del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional, y en sus artículos 12 y 13 habilitó a los suboficiales y agentes
activos de la Institución, respectivamente, para ingresar a la escala del nivel
ejecutivo «siempre que lo soliciten»; para ese efecto, fijó las equivalencias de
grados en los que se produciría el ingreso, así como los demás requisitos
necesarios para ello y para el ascenso dentro de ese nivel.
En el artículo 15 del mentado decreto también se estableció que el personal que
ingresara al nivel ejecutivo de la Policía Nacional «se someter[í]a al régimen
salarial y prestacional determinado en las disposiciones que sobre salarios y
prestaciones dicte el Gobierno Nacional»; sin embargo, el artículo 82 ibidem
determinó que el ingreso a ese nivel no podría «discriminar, ni desmejorar, en
ningún aspecto la situación de quienes están al servicio de la Policía Nacional».
El régimen de asignaciones y prestaciones sociales de los miembros del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional se estableció mediante el Decreto 1091 de 1995 y
en él se contemplaron las siguientes: asignación mensual, prima de servicio, prima
de navidad, prima de carabinero, prima de nivel ejecutivo, prima de retorno a la
experiencia, prima de alojamiento en el exterior, prima de instalación, prima de
vacaciones y subsidio de alimentación.
Más adelante, el presidente de la República profirió el Decreto 1791 de 2000 «Por
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el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel
Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional» y en él estableció las
condiciones de ingreso de los suboficiales y agentes activos al nivel ejecutivo. Al
estudiar la constitucionalidad de algunos artículos del decreto en cita, la Corte
Constitucional en sentencia C-691 de 20038 concluyó que la creación de la nueva
estructura jerárquica así como el establecimiento de un régimen propio sobre
asignaciones salariales, primas y prestaciones sociales para este, no comportaba
vulneración de los derechos adquiridos, máxime cuando para ingresar al nivel
ejecutivo, debía mediar solicitud de interesado, esto es, se dejaba a discreción del
interesado, la decisión de postularse o no, de modo que el postulante era quien
debía evaluar si la situación era favorable a sus intereses.
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio que obra dentro del proceso, se
establece lo siguiente:
i) El señor Juan Guillermo Acosta Acevedo laboró al servicio de la Policía Nacional
durante 21 años, 2 meses y 17 días comprendidos entre el 17 de enero de 1998 y
el 22 de mayo del 2019. Ingresó como auxiliar de policía en el año 1998 y se
vinculó como alumno del nivel ejecutivo el 1 de marzo del año 1999, nivel en el
8 «Por lo demás, el Decreto 1791 de 2000 establece que para el ingreso al nivel ejecutivo de la
Policía Nacional debe mediar la solicitud del interesado, lo cual deja en manos del aspirante la
decisión de postular o no su nombre para el cambio jerárquico dentro de la institución. Pero si por
alguna razón el aspirante no es favorecido con el ingreso, permanecerá en el nivel en el que se
encontraba y conservará el régimen salarial y prestacional previsto para esa categoría. Tal
circunstancia implica entonces el respeto de sus derechos, honores y pensiones y lo deja en
libertad de quedarse, si lo considera más favorable de acuerdo con sus intereses, en el nivel en el
que se encuentre».
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Demandante: Juan Guillermo Acosta Acevedo
que permaneció hasta la fecha de su retiro.9
ii) En la hoja de vida se registra como compañera permanente a la señora Edith
Marcela Roldan Ortiz y como hijos a Juan Esteban y Diego Alejandro Acosta
Roldan. De los menores, además, se aportó copia de los registros civiles en donde
se comprueba el parentesco.10
iii) En el mes de febrero del 2019, el señor Juan Guillermo Acosta Acevedo
devengó lo siguientes emolumentos: asignación básica, bonificación seguro de
vida, prima nivel ejecutivo, prima de retorno a la experiencia, prima de vacaciones,
subsidio de alimentación y subsidio familiar del nivel ejecutivo. Este último fue
liquidado en cuantía de $ 62.638.11
iv) El demandante, a través de petición sin fecha de radicación, elevó solicitud
ante la Policía Nacional con la que pretendió lo siguiente:12
2. Solicito se ordene a quien corresponda, que en el salario que devenga mi
poderdante, por parte de la Policía Nacional, le sea incluida la partida de subsidio
familiar bajo los siguientes parámetros:
a. En un 30 % del salario básico, porcentaje que corresponde por su esposa, Edith
Marcela Roldan Ortiz […] junto con los intereses e indexación que en derecho
corresponda, desde el 10 de enero de 2002, fecha de declaración de la unión
marital de hecho.
b. En un 5 % del salario básico, porcentaje que corresponde por su primer hijo,
Juan Esteban Acosta Roldan […] junto con los intereses e indexación que en
derecho corresponda desde el 13 de abril del 2002, fecha de nacimiento.
c. En un 4 % del salario básico, porcentaje que corresponde por su segundo hijo,
Diego Alejandro Acosta Roldan […] junto con los intereses e indexación que en
9 Extracto de la hoja de visa en el folio 28 del documento número 15 del expediente digital en el
índice 2 del portal Samai.
10 Folio 58 del documento número 14 del expediente digital en el índice 2 del portal Samai.
11 Folio 66 del documento número 14 del expediente digital en el índice 2 del portal Samai.
12 Folios 34 al 38 del documento número 14 del expediente digital en el índice 2 del portal Samai.
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Demandante: Juan Guillermo Acosta Acevedo
derecho corresponda, desde el 16 de septiembre de 2010, fecha de nacimiento.
3. Solicito el reajuste del subsidio familiar, con los nuevos valores que arroje la
reliquidación solicitada.
4. En igual sentido, solicito ordenar a quien corresponda, el pago efectivo e
indexado de los dineros correspondientes a la diferencia que resulte entre la
liquidación solicitada y las sumas canceladas por concepto de subsidio familiar.
v) El 9 de abril del 2019, la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional
profirió el Oficio S-2019-018957/DITAH-ANOPA-1.10, por medio del cual negó lo
pedido por el accionante del siguiente modo:13
el señor intendente (r) Juan Guillermo Acosta Acevedo ingresó al escalafón del
nivel ejecutivo en el grado de patrullero con fecha fiscal de alta 25 de febrero del
2000.
En materia salarial y prestacional, el personal del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional se regula por lo dispuesto en el Decreto 1091 de1995.
[…]
[…] los decretos anuales de sueldo expedidos por el Gobierno nacional […]
estipulan los valores a pagar por persona a cargo del personal del nivel ejecutivo
de la Policía Nacional.
[…]
En suma, es evidente que el legislador estableció que el reconocimiento y pago de
subsidio familiar de los miembros del nivel ejecutivo no constituye factor salarial y
que el Gobierno Nacional determinará la cuantía del subsidio por persona a cargo,
sin incluir al cónyuge o compañero permanente.
Por lo anterior, no es viable jurídicamente atender en forma favorable su
requerimiento.
vi) El 12 de abril del 2019, el demandante interpuso recurso de reposición, y en
subsidio apelación, en el que solicitó que se revoque la decisión contenida en el
Oficio del 9 de abril de esa anualidad y se acceda a lo pedido en la reclamación
administrativa, bajo el amparo del principio de igualdad.14
13 Folios 39 al 41 del documento número 14 del expediente digital en el índice 2 del portal Samai.
14 Folios 42 al 45 del documento número 14 del expediente digital en el índice 2 del portal Samai.
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Demandante: Juan Guillermo Acosta Acevedo
vii) El 26 de junio del 2019, la Dirección de talento Humano de la Policía Nacional
emitió la Resolución número 335, en la que resolvió, negativamente, el recurso de
reposición propuesto por la parte demandante, pues reiteró los argumentos
plasmados en el Oficio del 9 de abril del 2019, es decir, que el régimen salarial y
prestacional del señor Acosta Acevedo es el consagrado en el Decreto 1091 de
1995, en donde se indica que el personal de nivel ejecutivo de la Policía Nacional
tendrá derecho a un subsidio familiar de acuerdo con el número de personas que
tenga a su cargo.
De ese modo, el valor a pagar por cada persona a cargo del personal del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional es el definido anualmente en los decretos
expedidos por el Gobierno nacional en los que se fija el sueldo básico del personal
de las Fuerzas Militares. Además, indicó que, según el Decreto 4433 del 2004,
entre las partidas computables para fijar la asignación de retiro del nivel ejecutivo
de la Policía Nacional no se encuentra consagrado el subsidio familiar.15
viii) El 9 de septiembre del 2019, la Dirección General de la Policía Nacional
profirió la Resolución 3824, en la que resolvió el recurso subsidiario de apelación
interpuesto el accionante. En el aludido acto administrativo se confirmó la decisión
contenida en el Oficio S-2019-018957/DITAH-ANOPA-1.10, bajo los mismos
argumentos expuestos en ese documento y en la Resolución 335 del 26 de junio
del 2019.16
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
15 Folios 47 al 55 del documento número 14 del expediente digital en el índice 2 del portal Samai.
16 Folios 22 al 26 del documento número 15 del expediente digital en el índice 2 del portal Samai
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Demandante: Juan Guillermo Acosta Acevedo
Para resolver el problema jurídico planteado es necesario acudir a los argumentos
del recurso de apelación propuesto por la parte demandante, en donde se
manifiesta un inconformismo con la sentencia de primera instancia que encuentra
su génesis en una aparente desigualdad de las condiciones salariales y
prestacionales del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, en
comparación con el personal de oficiales, suboficiales y agentes de esa misma
institución.
De ese modo, el recurrente se muestra en desacuerdo con el modo de reconocer
y liquidar el subsidio familiar en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, al
considerar que las condiciones descritas en el Decreto 1091 de 1995, son
inferiores a las consignadas en los Decretos 1212 y 1213 de 1990, lo cual, según
su juicio, desconoce los principios de igualdad y no regresividad en materia
laboral, además de comportar un acto discriminatorio en detrimento de los
intereses del núcleo familiar.
De acuerdo con las razones de disentimiento propuestas por el apelante único la
resolución del presente asunto amerita establecer cuáles son las diferencias
alegadas por el demandante. Así, el Decreto 1212 de 1990, por el cual se reforma
el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional establece
lo siguiente:
ARTICULO 82. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto los
Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, en servicio activo, tendrán derecho
al pago de un subsidio familiar que se liquidará mensualmente sobre el sueldo
básico, así:
a. Casados el treinta por ciento (30%), más los porcentajes a que se tenga
derecho conforme al literal c. de este artículo.
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Demandante: Juan Guillermo Acosta Acevedo
b. Viudos, con hijos habidos dentro del matrimonio por los que exista el derecho a
devengarlo, el treinta por ciento (30%), más los porcentajes de que trata el literal c.
Del presente artículo.
c. Por el primer hijo el cinco por ciento (5%) y un cuatro por ciento (4%) por cada
uno de los demás, sin que se sobrepase por este concepto del diecisiete por ciento
(17%).
PARAGRAFO 1o. El límite establecido en el literal c. de este artículo no afectará a
los Oficiales y Suboficiales que por razón de hijos nacidos con anterioridad al 31
de octubre de 1969, estuviesen disfrutando o tuviesen derecho a disfrutar, de
porcentajes superiores al diecisiete por ciento (17%), ya que en esa fecha tales
porcentajes fueron congelados sin modificación.
PARAGRAFO 2o. La solicitud de reconocimiento o aumento del subsidio familiar,
deberá hacerse dentro de los noventa (90) días siguientes al hecho que la motive;
las que se eleven con posterioridad al plazo antes fijado, tendrán efectos fiscales a
partir de la fecha de su presentación.
Por su parte, el Decreto 1213 de 1990, por medio del cual se reforma el estatuto
del personal de agentes de la Policía Nacional consagra lo siguiente:
ARTICULO 46. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto, los
Agentes de la Policía Nacional en servicio activo, tendrán derecho al pago de un
subsidio familiar que se liquidará mensualmente sobre el sueldo básico, así:
a. Casados el treinta por ciento (30%), más los porcentajes a que se tenga
derecho conforme al literal c. de este artículo.
b. Viudos, con hijos habidos dentro del matrimonio por los que exista el derecho a
devengarlo, el treinta por ciento (30%), más los porcentajes de que trata el literal c.
del presente artículo.
c. Por el primer hijo el cinco por ciento (5%) y un cuatro por ciento (4%) por cada
uno de los demás sin que se sobrepase por este concepto del diecisiete por ciento
(17%).
PARAGRAFO 1o. El límite establecido en el literal c. de este artículo no afectará a
los Agentes que por razón de hijos nacidos con anterioridad al 31 de octubre de
1969, estuvieren disfrutando, o tuvieren derecho a disfrutar de porcentajes
superiores al diecisiete por ciento (17%), ya que en esa fecha tales porcentajes
fueron congelados sin modificación.
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Demandante: Juan Guillermo Acosta Acevedo
PARAGRAFO 2o. La solicitud de reconocimiento o aumento del subsidio familiar,
deberá hacerse dentro de los noventa (90) días siguientes al hecho que la motive;
las que se eleven con posterioridad al plazo antes fijado, tendrán efectos fiscales a
partir de la fecha de su presentación.
A su turno, el Decreto 1091 de 1995, por el cual se expide el régimen de
asignaciones y prestaciones para el personal del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional dispone lo siguiente:
Artículo 16. Pago en dinero del subsidio familiar. El subsidio familiar se pagará al
personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo. El Gobierno
Nacional determinará la cuantía del subsidio por persona a cargo.
Artículo 17. De las personas a cargo. Darán derecho al subsidio familiar las
personas a cargo del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio
activo, que a continuación se enumeran:
a. Los hijos legítimos, extramatrimoniales, adoptivos e hijastros menores de doce
(12) años.
b. Los hijos legítimos, extramatrimoniales, adoptivos e hijastros mayores de doce
(12) años y menores de veintitrés (23 años, que acrediten estar adelantando
estudios primarios, secundarios y post-secundarios en establecimientos docentes
oficialmente aprobados.
c. Los hermanos huérfanos de padre menores de dieciocho (18) años.
d. Los hijos y hermanos huérfanos de padre que sean inválidos o de capacidad
física disminuida, que hayan perdido más del 60% de su capacidad normal de
trabajo.
e. Los padres mayores de sesenta (60) años, siempre y cuando no reciban salario,
renta o pensión alguna.
Para efecto del pago del subsidio se consideran personas a cargo las
enumeradas, cuando convivan y dependan económicamente del personal del nivel
ejecutivo y se hallen dentro de las condiciones aquí estipuladas.
De acuerdo con los antecedentes normativos trascritos, está claro que el subsidio
familiar del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional es disímil en su
liquidación y pago, en comparación con el reconocido a los oficiales, suboficiales y
agentes de esa misma institución; no obstante, dicha circunstancia, por sí sola, no
implica que el régimen aplicable al demandante sea desfavorable, regresivo o
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trasgreda el principio de igualdad.
Lo anterior es así porque la comparación entre uno y otro régimen no puede
hacerse de forma aislada ni fraccionada respecto de cada uno de los factores
prestacionales, bonificaciones o auxilios, sino que es necesario verificar la
existencia de una desmejora en la generalidad de componentes que integran su
remuneración, dentro de la cual está incluida, por ejemplo, la asignación básica
mensual.
Sobre este aspecto, las Subsecciones A y B de la Sección Segunda de esta
Corporación ya han tenido la oportunidad de pronunciarse frente a controversias
similares y han concluido, en reiteradas providencias17, que el régimen salarial y
prestacional de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, analizado
en su integridad, resulta más favorable que el que cobijaba a los suboficiales y
agentes de la institución.
En ese sentido, la asignación salarial reconocida al personal del nivel ejecutivo de
la Policía Nacional resultó ser más alta y más favorable que la concedida al resto
del personal, lo que quiere decir que cada uno de los regímenes mencionados
contiene aspectos más favorables que los otros dos, de modo que no puede
entenderse que la expedición del Decreto 1091 de 1995 comporte una regresión
en materia laboral para la Fuerza Pública.
17 Ver, entre otras, las siguientes: Subsección B, sentencia de 29 de febrero de 2016, M.P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez, radicación 25000-23-25-000-2011-00696-01(0590-2015); Subsección A,
sentencia de 3 de marzo de 2016, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero; radicación: 25000-23-42-
000-2013-00067-01(3546-13); Subsección A, sentencia de 19 de mayo de 2016, M.P. Gabriel
Valbuena Hernández, radicación 25000-23-25-000-2012-00108-01(3396-14); Subsección A,
sentencia de 17 de noviembre de 2016, M.P. William Hernández Gómez, radicación: 25000-23-42-
000-2013-05603-01(2296-14).
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Por el contrario, se trató de la creación de un nuevo nivel jerárquico que ameritó la
implementación de un sistema salarial y prestacional propio, en razón de aspectos
tales como la preparación, la carga laboral o las funciones de uno y otro grupo de
policiales. En las sentencias mencionadas en el índice número 17 se sostuvo lo
siguiente:
Contrario a lo afirmado por el interesado, lo que se observa es que el Ejecutivo no
lesionó el mandato de no regresividad, pues de la comparación global entre el
antiguo y nuevo régimen es evidente que el Decreto No. 1091 de 1995 le reporta
nuevos beneficios que compensan los que le fueron suprimidos, tales como la prima
de retorno a la experiencia (f. 26 cuaderno anexo) y la prima del nivel ejecutivo; y,
tampoco se allegó prueba dentro del expediente por parte del actor tendiente a
probar la desmejora de su situación salarial y prestacional, por el contrario, se
advierte un aumento significativo en el salario básico.
Tampoco se evidencia una discriminación del actor, toda vez que la
aplicación del Decreto 1091 de 1995 deviene de su situación legal y
reglamentaria de servicio público con vinculación en el Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional.
[negrilla fuera de texto]
En este punto la Sala estima oportuno precisar que no se considera que en el
presente asunto se haya configurado una desmejora salarial o un retroceso en
materia laboral para el demandante, máxime si se tiene en cuenta que su ingreso
a la Policía Nacional como auxiliar tuvo lugar en el año 1998 y como alumno del
nivel ejecutivo en el año 1999, es decir, que para el momento de su ingreso a la
institución ya se encontraba en plena vigencia el Decreto 1091 de 1995.
Lo anterior quiere decir que el accionante no gozaba de un régimen salarial y
prestacional previo del cual pudiera predicarse una disminución de sus garantías
laborales, sino que, desde el primer momento de su vinculación a la Policía
Nacional se encontró sometido a las condiciones descritas en el Decreto 1091 de
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Demandante: Juan Guillermo Acosta Acevedo
1995; así, la decisión de acogerse, en este caso, al nivel ejecutivo de la Policía
Nacional surgió en forma libre y espontánea, lo que conllevaba la aceptación de
las normas que fijaban los salarios y prestaciones sociales.
Visto lo anterior, acceder a lo pedido por el apelante, es decir, igualar las
condiciones de su subsidio familiar a las concedidas al personal de oficiales,
suboficiales y agentes de la Policía Nacional sería admitir la aplicación
conveniente de uno y otro régimen, evento que desconocería el principio de
inescindibilidad de la norma.
Así, como ya ha analizado y concluido el Consejo de Estado en las sentencias
antes citadas, el personal del nivel ejecutivo goza de prebendas de carácter
salarial con las que no cuentan los otros grupos de las Fuerzas Policiales. En vista
de lo anterior, el legislador y el Gobierno nacional, según sus competencias, han
fijado una serie de diferenciaciones que, lejos de pretender ser discriminatorias,
buscan establecer un equilibrio económico justo entre los distintos regímenes.
Además de lo anterior, dados los requerimientos de los distintos niveles de la
Fuerza Pública, las exigencias para el ejercicio de los grados y cargos, las
funciones, horarios y responsabilidades, no es jurídicamente viable realizar
comparaciones salariales o prestaciones entre uno y otro régimen, circunstancia
que impone en el demandante la carga de probar la existencia de un trato
discriminatorio, desigual e injustificado entre iguales, requisito que no se advierte
satisfecho en esta oportunidad.
2.5 De la condena en costas
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Demandante: Juan Guillermo Acosta Acevedo
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201618, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
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Radicado: 66001 23 33 000 2019 00813 01 (3648-2021)
Demandante: Juan Guillermo Acosta Acevedo
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso19, la Sala se abstendrá de condenar
en costas de segunda instancia a la parte apelante, a pesar de que la alzada le
será resuelta desfavorablemente, en atención a que no resultaron probadas pues
la contraparte no intervino en el trámite de la segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia y en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio, la Sala
considera que el señor Juan Guillermo Acosta Acevedo no tiene derecho a la
reliquidación de su asignación salarial, en el sentido de incluirle el subsidio familiar
en cuantía del 39 % de su asignación básica mensual.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia apelada del 25 de junio del 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda que negó las pretensiones de la demanda,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el señor
Juan Guillermo Acosta Acevedo en contra de la Nación, Ministerio de Defensa
19 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Demandante: Juan Guillermo Acosta Acevedo
Nacional, Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
decisión.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizas las respectivas
anotaciones en el portal Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente20
LBC
20 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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