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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2021-00146-01

Fecha
11 de julio de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2021-00146-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal sexto de la sentencia de 4 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones expuestas en la parte motiva, el cual quedará así: “[…] 6. Constituir un comité de verificación de cumplimiento de la presente sentencia, el cual estará conformado por el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Risaralda –quien lo presidirá–; el Procurador 28 Judicial II Ambiental Agrario de Pereira, en su condición de actor popular; el Defensor del Pueblo Regional Risaralda o su delegado; el Alcalde del Municipio de Dosquebradas o su delegado; un delegado de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, el señor agente del Ministerio Público delegado ante este proceso. El Comité se reunirá a petición de cualquiera de sus integrantes por convocatoria de quien lo preside, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo de Risaralda, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 62 Núm. único de radicación: 660012333000202100146-01 TERCERO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia proferida el 4 de abril de 2024, por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones expuestas en la parte motiva. CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 66001-23-33-000-2021-00146-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

11 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 660012333000202100146-01
Actor: Procuraduría 28 Judicial II Ambiental Agraria de Pereira
Demandados: Municipio de Dosquebradas y la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda – CARDER
Vinculados: Empresa de Servicios Públicos Serviciudad E.S.P1 y Empresa de
Servicios Públicos Domiciliarios Aseo Plus Pereira S.A.S. E.S.P.2

Temas: Derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano –literal “a”–; a la
existencia del equilibrio ecológico “c”; el derecho a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente “l”; a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes –literal “m”–; servicio público de aseo y alcantarillado; asentamiento
ilegal

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de
Dosquebradas contra la sentencia de 4 de abril de 20243, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Mediante auto de 14 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo de Risaralda vinculó a la Empresa de Servicios

Públicos Domiciliarios Serviciudad. Cfr. Índice 24 del Sistema de Gestión Judicial del Tribunal Administrativo de
Risaralda, SAMAI, expediente digital, archivo denominado: “28_028AutoNiegaVinculación(.pdf) NroActua 24”.
2
Mediante auto de 18 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Risaralda vinculó a la Empresa de
Servicios Públicos Domiciliarios Aseo Plus Pereira S.A.S. ESP. Cfr. Índice 38 del Sistema de Gestión Judicial
del Tribunal Administrativo de Risaralda, SAMAI, expediente digital, archivo denominado:
“36_036NOTIFICACIONAUTORESUELVEVINCULAR(.pdf) NroActua 38”.
3 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado:

“2ED_Sentencia(.pdf) NroActua 2”.

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Núm. único de radicación: 660012333000202100146-01

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Luz Elena Agudelo Sánchez, en calidad de Procuradora 28 Judicial II Ambiental
y Agraria de Pereira, presentó demanda4 en ejercicio del respectivo medio de control
el 16 de diciembre de 2020, contra el Municipio de Dosquebradas y la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, con el objeto de que se protejan los
derechos e intereses colectivos a: i) al goce de un ambiente sano; ii) la existencia
del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución; iii) a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;
iv) a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, de conformidad con lo
establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias,
establecidos en los literales “a”, “c”, “l” y “m” del artículo 4.° de la Ley 472 de 1998,
respectivamente.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones5:

“[…] 1. Declarar amenazados y vulnerados los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La
conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de
especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la
preservación y restauración del medio ambiente; el derecho a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente; la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes y los derechos de los consumidores y
usuarios, por las omisiones en las que han incurrido el municipio de Dosquebradas
y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CADER- frente a la
contaminación ambiental y situación de riesgo que se presenta en los sectores de la
vereda Rivera Baja, Barrio El Jardín- San Rafael, barrios Independencia, Divino Niño
y Libertadores, barrio Santa Teresita, conjuntos residenciales Rincón de La Pradera,
Reservas de La Pradera, Senderos de La Pradera y Mirador de la Estancia y vereda
El Gaitán.

2. En consecuencia de la anterior declaración, ordenar al municipio de Dosquebradas
y a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER-, la consecución de

4 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado:
“7ED_Demanda(.pdf) NroActua 2”.
5 Ibidem pie de página núm. 2.

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los recursos necesarios para luego, ejecutar dentro del plazo que el honorable
Tribunal Administrativo de Risaralda ordene, las actividades tendientes a que cese la
amenaza y vulneración a los derechos colectivos cuya protección aquí se reclama, y
en especial para lo siguiente:

• Que de manera articulada y coordinada realicen las intervenciones y obras que en
sus conceptos técnicos, informes de visitas y comunicaciones señalan como
recomendadas para atender las problemáticas identificadas en cada uno de los
sectores.

• Que se realicen la totalidad de los estudios requeridos para determinar las obras
necesarias en la quebrada Frailes, a fin de que cesen los procesos de socavación y
riesgo que se están ocasionando por las intervenciones antrópicas identificadas.

• Que el municipio de Dosquebradas realice la recuperación del espacio público
ocupado (zona forestal protectora y cauce: quebradas Dosquebradas, Frailes y
Manizales) en los sectores la vereda Rivera Baja, Barrio El Jardín- San Rafael,
barrios Independencia, Divino Niño y Libertadores, barrio Santa Teresita, conjuntos
residenciales Rincón de La Pradera, Reservas de La Pradera, Senderos de La
Pradera y Mirador de la Estancia y vereda El Gaitán.

• Que el municipio de Dosquebradas adelante las actuaciones policivas necesarias
con el fin de que cesen los comportamientos contrarios a la convivencia que se
identificaron como gestión inadecuada de residuos sólidos, realización de actividades
económicas sin el cumplimiento de los requisitos legales, la realización de
construcción sin licencia y en lugares no autorizados, entre otros, tal como lo señala
la Ley 1801 de 2016.

• Que una vez el municipio de Dosquebradas recupere las áreas forestales
protectoras y en general suelos de protección afectados, proceda la CARDER a su
recuperación ambiental, a través de los mecanismos que de conformidad con la ley
y las condiciones técnicas se requieran para asegurar la función ecosistémica que
les corresponde.

• Que el municipio de Dosquebradas y la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda –CARDER-, recuperen el cauce de las quebradas Frailes, Manizales y
Dosquebradas, de manera que no continúe la socavación y con ella el riesgo que
generan en los mencionados sectores.

• Que el municipio de Dosquebradas y la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda –CARDER-, realicen intervenciones tendientes a la descontaminación de
las quebradas Frailes, Manizales y Dosquebradas.

• Que el municipio de Dosquebradas y la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda –CARDER-, ejecuten las obras requeridas para conjurar las situaciones de
riesgo evidenciadas en los sectores de la vereda Rivera Baja, Barrio El Jardín- San
Rafael, barrios Independencia, Divino Niño y Libertadores, barrio Santa Teresita,
conjuntos residenciales Rincón de La Pradera, Reservas de La Pradera, Senderos
de La Pradera y Mirador de la Estancia y vereda El Gaitán.

• Ordenar a las entidades accionadas ejecutar programas o campañas de
socialización y educación ambiental con la comunidad, principalmente con los
habitantes de los asentamientos y demás habitantes de los barrios para que se
promueva en primer término la siembra de árboles y reforestación del tipo más
conveniente según las autoridades, esto con el fin de mitigar las afectaciones a las
zonas de conservación ambiental afectadas, también para que no se siga
deforestando los sectores, para proteger las cuencas hidrográficas, y para recuperar
y conservar el suelo, así como para la adecuada gestión de los residuos sólidos y
vertimientos.

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3. Las demás medidas que sean necesarias para proteger los derechos e intereses
colectivos invocados […]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, para fundamentar sus pretensiones que
recibió un informe del Contralor Municipal relacionado con la petición de una
ciudadana, en la que puso en conocimiento una situación de riesgo en la vereda
Rivera Baja del Municipio de Dosquebradas. Indicó que, con ocasión de esto,
requirió al Municipio de Dosquebradas y a la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda – CARDER para que solucionen la situación de riesgo y contaminación
ambiental que se presenta en el sector debido a la existencia de viviendas de
invasión, las cuales realizan vertimientos de aguas residuales y disponen los
residuos sólidos de manera inadecuada, sin que al momento de la presentación de
la demanda hayan mejorado las condiciones del lugar.

4. Señaló que la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira - DIGER mediante
el Concepto Técnico DA-DIGER-200-963 de 9 de septiembre de 2019, describió la
situación del sector de la Rivera Baja así:

“[…] I. En el lugar se observa que la zona 1 es de alta captación de aguas lluvias y de
escorrentía provenientes de la parte superior, presenta vegetación hidrófila y presenta
un cauce de aguas (lluvia, escorrentía y residuales) provenientes de la parte superior.

II. Se observa por el camino que conduce al sitio denominado Corte del palo que las
aguas residuales fluyen por la parte superior como escorrentía generando
inestabilidad en el terreno sumado al problema sanitario que estas aguas pueden
desencadenar para los habitantes del sector.

III. Se observan varias cárcavas, subsistencia y grietas en el terreno generadas por
las faltas de control de estas aguas residuales que son un flujo constante sumado a
las aguas lluvias y de escorrentía en épocas de altas precipitaciones pueden
considerarse un caudal considerable.

IV. Se realizó un recorrido por el lugar constatando el estado del terreno y observando
el caudal de aguas residuales las cuales en su transcurso al llegar casi a la parte
inferior donde se encuentra ubicado el barrio Rivera Baja estas aguas se infiltran
completamente en el terreno desconociendo el lugar preciso donde vuelven a aflojar
estas aguas residuales.

V. El suelo está conformado por cenizas volcánicas y sus residuales las cuales
presentan una permeabilidad alta permitiendo que todas estas aguas residuales se
infiltren sobre el terreno generando posiblemente una inestabilidad desconociéndose
el paso del agua al filtrarse completamente que pueden ocasionar socavones
subterráneos generando procesos de subsidencia y/o licuefacción del suelo siendo
una amenaza para las viviendas del sector.

VI. Las viviendas de la parte superior zona 1 según versión de los habitantes del
sector, ya han sido reubicadas y los lotes re invadidos, los cuales no cuentan con
sistema de alcantarillado o pozos sépticos, por el contrario, vierten todas sus aguas
al terreno generando inestabilidad y un foco de enfermedades.

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VII. Dentro del recorrido se aprecia de las viviendas ubicadas en la zona 2, presentan
afectaciones relacionadas con las aguas de escorrentía provenientes principalmente
del talud de la zona 1 […]”.

5. Asimismo, manifestó que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –
CARDER en oficio 17188 de 17 de octubre de 2019, informó que realizó visita
técnica donde se evidenció “una ladera que presenta una zanja en donde se está
generando condición de inestabilidad del terreno debido al encausamiento de aguas
lluvias, además de la entrega de las aguas residuales domésticas provenientes de
viviendas en condición de irregularidad”, además, encontró 8 viviendas que no
cuentan con sistema de tratamiento de aguas residuales y desconoce cómo es el
manejo de sus vertimientos.

6. Refirió que en el Concepto Técnico CARDER 848 de 4 de mayo de 2020 se
concluyó que en la parte alta del sector hay viviendas que no cuentan con terreno
disponible para la ubicación de un sistema de tratamiento individual y por lo tanto
se debe buscar una solución colectiva para el tratamiento y disposición final de las
aguas residuales. Además, señaló que los residentes realizan la disposición final de
residuos de construcción y demolición sobre un camino de herradura, con miras a
su mejoramiento, lo que genera lavado de escombros y materiales en eventos
climáticos de lluvias, ocasionando afectaciones en la parte baja.

7. Finalmente, informó que la Procuraduría requirió en varias oportunidades al
municipio de Dosquebradas y a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –
CARDER, con el fin de que avance en la solución de la situación de riesgo y
contaminación ambiental que se presenta en el sector de la Rivera Baja debido a la
existencia de viviendas de invasión, los vertimientos de aguas residuales, la
inadecuada disposición de residuos sólidos y sin manejo de las aguas que por allí
discurren, sin que al momento de la presentación de la demanda se conozcan
acciones que hayan mejorado las condiciones que allí se presentan.

Contestaciones de la demanda

8. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER se opuso a
las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las que denominó:
“falta de legitimación en la causa por pasiva”, e “incompetencia funcional de la
entidad vinculada”.

9. Manifestó que ha cumplido a cabalidad con los requerimientos realizados por
la parte accionante, para lo cual, se refirió a la visita técnica y al concepto del sector

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de la Rivera Baja – E-2019-543303. Asimismo, advirtió que no es la entidad
competente para dar solución a la situación planteada por la parte accionante, en
tanto, es al ente territorial a quien le corresponde dar solución a las situaciones de
riesgo planteadas en la demanda. Al respecto, indicó que a la Alcaldía Municipal de
Dosquebradas le corresponde la destinación de los recursos y la realización de las
acciones pertinentes; destacó que este asunto versa sobre la problemática existente
en el sector de la Rivera Baja – Dosquebradas y que en el marco de sus funciones
no se encuentran la ejecución de obras civiles ni de infraestructura.

10. El Municipio de Dosquebradas se opuso a las pretensiones de la demanda
y propuso como excepciones las que denominó “improcedencia de la acción frente
al municipio de Dosquebradas”, “falta de legitimación por pasiva” y “falta de medios
de convicción”.

11. Enunció que el municipio no es responsable por acción u omisión, por cuanto,
ninguno de sus funcionarios realiza los vertimientos de aguas residuales, la
inadecuada disposición de residuos sólidos el indebido manejo de las aguas que
por allí discurren aunado a que no es el encargado en lo que respecta a las
pretensiones del actor popular, por existir entidades descentralizadas e
independientes con competencia de autoridad que tienen la idoneidad para evitar
los problemas referidos.

12. Indicó que no desconoce que al municipio le corresponde realizar las obras
de mitigación necesarias para prevenir los riesgos que se presentan, pero, advirtió
que la contaminación generada por el depósito de residuos sólidos y la construcción
de obras sin los permisos ambientales que generan inadecuado manejo de aguas
lluvias y escorrentía son situaciones propiciadas por la misma comunidad, por ello,
destacó que debe ser copartícipe de la mitigación del riesgo medio ambiental.

13. Esbozó que en caso de que se declare la responsabilidad del ente territorial,
se deben tener en cuenta sus condiciones financieras, la naturaleza, el alcance y
los costos de las obras que deban realizarse, siendo necesario que al municipio le
sea concedido un término prudencial que permite realizar las obras necesarias, en
el marco de los requerimientos legales y presupuestales.

14. La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Serviciudad contestó la
demanda y propuso como excepciones la falta de legitimación en la causa por
pasiva, inexistencia de un derecho legítimo y nexo de causalidad – hecho de un

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tercero, inexistencia del nexo de causalidad entre la conducta de Serviciudad E.S.P.
y los presuntos perjuicios reclamados por los accionantes, ausencia de violación o
amenaza de violación a los derechos invocados, inobservancia del principio
procesal de la carga de la prueba, ausencia de transgresión de los derechos
reclamados y cumplimiento integral y diligente del objeto social y disposiciones
legales por parte de la empresa.

15. Se opuso a las pretensiones de la demanda, comoquiera que, los
responsables respecto de la situación planteada son el ente territorial, la
Corporación Autónoma de Risaralda – CARDER, la DIGER, la Empresa de
Servicios Públicos Domiciliarios Aseo Plus Pereira S.A.S. ESP y, en especial, los
propietarios de los predios privados del sector de la vereda Rivera Alta a quienes
les corresponde velar por los proyectos de construcción, el mantenimiento de las
fajas de protección ambiental, el adecuado manejo de aguas de escorrentía y
finalmente las obras necesarias en los descoles de aguas residuales.

16. La Empresa de Aseo Plus S.A.S. E.S.P. se opuso a las pretensiones de la
demanda y propuso como excepciones las que denominó: “falta de legitimación en
la causa por pasiva”, “legalidad en la prestación del servicio público de aseo”,
“inexistencia de la presunta vulneración a los derechos colectivos” y la “genérica”.

17. Además, precisó que de las pruebas allegadas al proceso no se evidencia un
actuar renuente de su parte.

La audiencia de pacto de cumplimiento

18. El 12 de mayo de 20236 se adelantó la audiencia de pacto de cumplimiento,
pero se declaró fallida, toda vez que las partes no propusieron fórmulas de arreglo.

Sentencia proferida, en primera instancia

19. El Tribunal Administrativo de Risaralda profirió sentencia7 el 4 de abril de
2024, en la que resolvió lo siguiente:

“[…] 1. Declarar no probadas las excepciones propuestas.

2. Amparar los derechos colectivos al goce de un medio ambiente sano, la existencia
del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos

6 Cfr. Índice 56 del Sistema de Gestión Judicial del Tribunal Administrativo de Risaralda, SAMAI, expediente

digital, archivo denominado: “53_053ACTAAUDIENCIAPUBLICA(.pdf) NroActua 56”.
7 Ibidem pie de página núm. 1.

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naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y la protección de áreas de especial importancia ecológica; el derecho a
la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y la realización de
las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos. Como consecuencia de lo
anterior, se disponen las órdenes concretas en los siguientes numerales:

3. Ordenar al municipio de Dosquebradas, para que, en el término de 6 meses,
contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia, conforme un grupo
multidisciplinario, conformado por trabajadores sociales, ingenieros y profesionales
que considere necesarios para determinar la opción más conveniente para la entidad
y, especialmente, para la comunidad, el cual deberá realizar y presentar ante el comité
de verificación de la sentencia un informe técnico, veraz, completo, serio y soportado
en el que informe si es procedente la reubicación total o parcial de las familias
ubicadas en el sector de la Rivera Baja del municipio de Dosquebradas o la
legalización total o parcial de dichas viviendas a través de los procedimientos
administrativos procedentes.

3.1. En caso de ordenarse la reubicación, ya sea parcial o total, el municipio de
Dosquebradas deberá realizar un censo en el término de 6 meses, contados desde
el vencimiento del anterior término, el cual contendrá las personas beneficiarias de la
reubicación; luego, en el término de 1 año, contado desde la realización del censo, el
municipio de Dosquebradas deberá realizar la reubicación en condiciones de
dignidad, viviendas que deberán estar dotadas de todos los servicios públicos
domiciliarios y deberán estar ubicadas y construidas conforme al uso del suelo según
lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial. Las viviendas recibidas por las
personas beneficiarias del proyecto de reubicación deberán ser restituidas al Estado
y el municipio de Dosquebradas, en el término de 6 meses al recibido de las mismas,
realizará un plan de adecuación de dicha zona, que evite futuras reasentamientos
humanos de manera ilegal, mientras se ejecuta el mismo, el ente territorial deberá
realizar vigilancia constante para que futuras personas no se radiquen en dicho
sector.

3.2. En caso de determinarse la legalización de las viviendas, ya sea parcial o total,
el municipio de Dosquebradas deberá adelantar todas las gestiones técnicas,
administrativas, operativas y presupuestales necesarias para legalizar las viviendas
de los residentes del asentamiento del sector de la Rivera Baja, en el término de 1
año, contado desde el vencimiento del término otorgado en el ordinal 3; sin embargo,
tendrá el plazo de 6 meses, contado desde el vencimiento del término otorgado en el
ordinal 3, para priorizar la construcción de un sistema séptico para manejar y tratar
los vertimientos de aguas residuales, cumpliendo con todos los conceptos técnicos y
normatividad vigente para su construcción.

3.3. Ordenar al municipio de Dosquebradas implementar jornadas de limpieza
periódica para el retiro de escombros y demás residuos sólidos especiales que
contaminan el sector de la Rivera Baja.

3.4. Ordenar al municipio de Dosquebradas adelantar campañas de socialización y
concientización con las comunidades del sector, sobre el cuidado del medio ambiente,
la adecuada disposición de los residuos sólidos y vertimientos, y para la reforestación
en las zonas que se requiera, quienes deberán acatar las recomendaciones que para
el efecto emitan las autoridades.

4. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER- debe hacer
acompañamiento y servir como apoyo a la entidad territorial, prestando la debida
asesoría técnica, con la finalidad de que ejecuten un trabajo coordinado y armónico
para la implementación de procesos de conocimiento, reducción, prevención y gestión
del riesgo de desastres en el sector de la Rivera Baja para salvaguardar, conservar y
recuperar el medio ambiente afectado.

5. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER debe implementar las
medidas administrativas necesarias correspondientes frente a las afectaciones

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realizadas al sector y dar trámite a los permisos que se presenten frente a esta
corporación para que los vertimientos cumplan con la disposición final adecuada
cumpliendo con la normatividad técnica vigente.

6. Se designan al defensor del Pueblo Regional Risaralda, al alcalde del municipio de
Dosquebradas, un delegado de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –
Carder, al señor agente del Ministerio Público asignado al despacho 04 de esta
Corporación y al magistrado ponente, para que conformen el comité de verificación
del cumplimiento de la presente sentencia, para lo cual por Secretaría se les enviará
la respectiva comunicación, quienes rendirán en el término de 18 meses, un informe
único detallado e ilustrado sobre las soluciones adoptadas en pro del cumplimiento
efectivo de esta providencia, se designa como coordinador del comité al defensor del
Pueblo Regional Risaralda.

7. El incumplimiento de lo ordenado en el presente fallo será sancionado como
desacato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998.

8. Condenar en costas de primera a favor del Fondo para la Defensa de los Derechos
e Intereses Colectivos y a cargo del municipio de Dosquebradas, únicamente en
cuanto a agencias en derecho, las cuales se fijan en 1 salario mínimo mensual legal
vigente […]”.

Consideraciones del Tribunal

20. El Tribunal Administrativo de Risaralda amparó los derechos e intereses
colectivos al goce de un medio ambiente sano, a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y la
protección de áreas de especial importancia ecológica; el derecho a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente; y a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos.

21. El a quo determinó que quedó probado que lo que genera la problemática de
contaminación e inestabilidad del terreno son los vertimientos de aguas residuales
y de escorrentía no autorizados, así como, el indebido manejo de residuos sólidos
y el depósito de escombros, ocasionados por la invasión de viviendas de la zona
alta del sector de la Rivera baja.

22. A su vez, encontró probado que las viviendas no cuentan con sistema de
tratamiento de aguas residuales, lo que se ha convertido en foco de contaminación,
pues su vertimiento se está realizando de manera inadecuada sobre el terreno, que,
a su turno, no cuenta con las condiciones para la construcción de un alcantarillado.

23. Refirió que se demostró que la problemática subyace de un asentamiento
subnormal en la zona alta del sector de la Rivera Baja del Municipio de
Dosquebradas, en tanto, las viviendas construidas de manera irregular han
conllevado un inadecuado uso de los vertimientos de las aguas residuales y una

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indebida disposición de escombros, lo cual ha generado inestabilidad en el terreno
y un daño ambiental.

24. En suma, el Tribunal concluyó que: i) el sector de la Rivera Baja del Municipio
de Dosquebradas, está siendo contaminado por los vertimientos de aguas
residuales e inadecuada disposición de basuras y escombros; ii) se presenta
situación de inestabilidad del terreno debido al “encausamiento de aguas lluvias y
aguas residuales domésticas” provenientes de viviendas en condición de
irregularidad; iii) existen procesos de saturación de suelos, procesos erosivos y
fenómenos de remoción en masa y iv) en el sector de la Rivera Baja se encuentra
una problemática de invasión de predios, construcciones sin licencia y no hay
permiso de disponibilidad de servicios.

25. Al respecto, indicó que, pese a que las autoridades conocen de la situación,
no han tomado las medidas restaurativas y preventivas del caso para evitar un
desastre y para la conservación del medio ambiente.

26. Consideró que, al municipio le corresponde la prestación directa o indirecta
del servicio público de alcantarillado y de aseo; así como, la construcción,
ampliación, rehabilitación y mejoramiento de su infraestructura, en orden a
garantizar su eficiente y oportuna prestación.

27. Sobre el particular, concluyó que el Municipio incumplió con su obligación
constitucional y legal de dar manejo a la situación referida, comoquiera que, no se
encargó de implementar medidas para mitigar la problemática y olvidó acatar sus
deberes de vigilancia y control en materia policiva, a fin de evitar que las personas
se asentaran de manera irregular en los terrenos y realizaran construcciones
ilegales.

28. En este orden de ideas, resolvió que el Municipio conforme un grupo
multidisciplinario que determine si es viable la reubicación de los habitantes de las
viviendas referidas o adelante los procedimientos administrativos para su
legalización, y en ese caso, construir un sistema séptico.

29. Finalmente, consideró que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
– CARDER no es responsable de la vulneración de los derechos e intereses
colectivos, pero precisó que esta sí tiene la obligación legal de hacer el
acompañamiento y servir como apoyo a la entidad territorial, con la correspondiente
asesoría técnica. De modo similar, concluyó que las Empresas de Servicios

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Públicos Domiciliarios Serviciudad E.S.P o Aseo plus S.A.S E.S.P. no son
responsables de la vulneración aducida.

Recurso de apelación

Municipio de Dosquebradas - Risaralda

30. El Municipio de Dosquebradas recurrió8 la sentencia proferida en primera
instancia. Solicitó revocar la providencia referida, para, en su lugar, ser exonerado
de cualquier responsabilidad, por cuanto, a su juicio, no ha existido omisión de su
parte. A su juicio, desde la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira – DIGER se
han adelantado campañas de identificación de la problemática, sensibilización a la
comunidad y de comunicación a los actores responsables de propender por una
solución; igualmente la Secretaría de Obras Públicas ha dispuesto de insumos para
la recolección de escombros y residuos que no le corresponden bajo las
disposiciones del Plan de Gestión de Residuos Sólidos. Asimismo, adujo que el
municipio ha gestionado el acompañamiento y el apoyo en materia técnica para
ayudar a mejorar la situación.

31. Al respecto, adujo que “existen agentes del estado producto de la
descentralización territorial y otro del orden nacional que no fueron condenados pero
que tienen la competencia para suplir el presente reclamo judicial aunado la
vulneración de derechos colectivos que propician los mismos habitantes del sector
donde se plantea la problemática, por lo que, al no existir omisión por parte del ente
territorial, no se configura la causalidad frente a la afectación de los derechos
colectivos alegados por la parte demandante, por ende, no se cumplen los
presupuestos sustanciales para que se configure la acción popular en contra del
municipio de Dosquebradas”.

32. De otro lado, expresó que la sentencia de primera instancia no tiene en
cuenta el gasto público y la ejecución del presupuesto, en tanto lo ordenado en la
decisión debe ser examinado a la luz de los límites objetivos razonables, bajo los
principios según los cuales: 1) no puede hacerse ningún gasto público que no haya
sido decretado por el congreso, por las asambleas departamentales, o por los
concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto
en el respectivo presupuesto; 2) las exigencias propias de la organización del

8 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado:
“4ED_Impugnacion(.pdf) NroActua 2”.

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servicio estatal implican por lo general restricciones económicas que no pueden ser
resueltas en el corto plazo; y 3) la protección del derecho de un usuario no puede
implicar el sacrificio del derecho de otros.

Actuaciones en segunda instancia

33. Mediante auto de 7 de mayo de 20249, el Magistrado Sustanciador concedió
en el efecto suspensivo, ante el Consejo de Estado, el recurso de apelación
interpuesto por el Municipio de Dosquebradas, contra la sentencia proferida en
primera instancia el 4 de abril de 2024.

34. El 17 de mayo siguiente se repartió este asunto al Despacho Ponente, quien,
mediante auto de 23 de mayo de este mismo año, ajustó el efecto en el que el
Tribunal Administrativo de Risaralda concedió el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 4 de abril de 2024, de suspensivo a devolutivo y ordenó a la
Secretaría General de la Corporación comunicar la providencia al a quo.

35. Por medio de auto de 13 de junio de 202410, el Despacho admitió el recurso
de apelación interpuesto por el Municipio de Dosquebradas contra la sentencia
proferida en primera instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

36. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) la manifestación de impedimento del doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes; iii) los problemas jurídicos; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de los
derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; vii) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes; viii) el marco normativo sobre las competencias de las entidades

9 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado:
“3ED_AutoDecide(.pdf) NroActua 2”.
10 Cfr. Índice 9 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado: “13Auto que

admite_APa202114601Procurad(.pdf) NroActua 9”.

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territoriales en materia de saneamiento básico y prestación del servicio público
domiciliario de alcantarillado; ix) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; x) el marco normativo sobre
la competencia de las entidades territoriales en materia de gestión del riesgo de
desastres y, xi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

37. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201911, sobre la distribución de los asuntos entre las secciones del
Consejo de Estado; y iii) el artículo 15012 de la Ley 1437, sobre la competencia del
Consejo de Estado en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer
del recurso de apelación que se presenta contra la sentencia proferida en primera
instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.

38. La Sala procederá a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el
Municipio de Dosquebradas en el recurso de apelación, contra la sentencia de 4 de
abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad
con los artículos 32013, 32214 y 32815 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201216, norma
aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.

Manifestación de impedimento del doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes

39. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, manifestó
encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito

11 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
12 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[...] Por medio de la cual se

reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se
dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
13 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
14 “[…] Artículo 322. […] PARÁGRAFO. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de

las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá presentarse
ante el juez que lo profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior hasta el
vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite apelación de la sentencia. El escrito de adhesión
deberá sujetarse a lo previsto en el numeral 3 de este artículo.
La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal […]”.
15 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
16 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.

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de 10 de julio de 202417, invocando para ello la causal prevista en el numeral 3.° del
artículo 130 de la Ley 1437, que establece lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:
[…]

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles
directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran
al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado […]”
(Destacado fuera de texto).

40. El Consejero de Estado indicó que, en su criterio, se encuentra incurso en la
causal prevista en el numeral 3 por cuanto: “[…] el señor José Fernando Osorio
Cifuentes, quien es pariente del suscrito dentro del segundo grado de
consanguinidad (hermano), se encuentra vinculado en el cargo de Procurador
Judicial II en la Procuraduría General de la Nación, parte demandada en el proceso
de la referencia […]”.

41. Vistos: i) los artículos 130, numeral 3.°; y 13118, numeral 3.°, de la Ley 1437,
sobre causales, así como, el trámite para manifestar impedimento; y ii) 44 de la Ley
472, sobre aspectos no regulados.

42. Asimismo, vistos: i) el artículo 35 del Código Civil 19, sobre el parentesco por
consanguinidad; ii) el artículo 37 ibidem, sobre los grados de consanguinidad; y iii)
el artículo 47 ibidem relativo a la afinidad legítima, que disponen lo siguiente:

“[…] Artículo 35. Parentesco de consanguinidad. Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo
tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre […]”.

“[…] Artículo 37. Grados de consanguinidad. Los grados de consanguinidad entre
dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en
segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto
grado de consanguinidad entre sí […]”

“[…] Artículo 47. Afinidad legítima. Afinidad legítima es la que existe entre una
persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o
mujer. La línea o grado de afinidad legítima de una persona con un consanguíneo de
su marido o mujer, se califica por la línea o grado de consanguinidad legítima de dicho
marido o mujer con el dicho consanguíneo. Así un varón está en primer grado de
afinidad legítima, en la línea recta, con los hijos habidos por su mujer en anterior

17 Cfr. índice 18 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.
18 Modificado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
19 Ley 84 de 26 de mayo de 1873.

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matrimonio; en segundo grado de afinidad legítima, en la línea transversal, con los
hermanos legítimos de su mujer […]”.

43. Atendiendo a que las causales de impedimento establecidas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.

44. La Corte Constitucional20 ha considerado que el principio de independencia
se refiere a que los funcionarios encargados de administrar justicia, en sus
decisiones, no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones,
exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder,
inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de
otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.

Análisis de la causal de impedimento prevista en el numeral 3.° del artículo
130 de la Ley 1437, en el caso concreto

45. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, en el caso sub examine, y teniendo en cuenta la causal
prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la Ley 1437, la Sala considera lo
siguiente:

46. Por un lado, se debe establecer si el cargo de Procurador Judicial II en la
Procuraduría General de la Nación, al cual se encuentra vinculado el pariente del
Consejero de Estado, corresponde al nivel directivo, asesor o ejecutivo en esa
entidad.

47. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante auto de 8 de agosto de 2023, proferida en el proceso identificado con el
número único de radicación 110010315000202300871-0021, consideró que, en el
caso de los Procuradores Judiciales II, debe acudirse a un criterio funcional y que,
de conformidad con el artículo 4 del Decreto 264 de 2000, se establece que son
cargos directivos aquellos que actúen en representación del Procurador General de
la Nación, por lo que según lo señalado en los artículos 277 y 280 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000 cumplen
esta función. En dicha providencia se consideró lo siguiente:

20 Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa.
21 Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico.

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“[…] En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en la estructura de
la Procuraduría General de la Nación, se tiene que el Decreto 264 de 2000, en su
artículo 7, se refiere a la nomenclatura de los empleos de la entidad y señala que los
procuradores judiciales II se encuentran en el nivel profesional, asignándoles el
código 3PJ y el grado EC.

No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio funcional, en el
artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000 se establece que son cargos del
nivel directivo aquellos empleos que tienen funciones de dirección, definición
de políticas y de representación del Procurador General. En el numeral 10 de ese
artículo señala como funciones generales de los empleos de ese nivel: “10. Intervenir
como agentes del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la
Constitución y la ley”, lo que resulta congruente con lo prescrito en los artículos
277-7 y 280 de la Carta Política, en tanto los procuradores judiciales II tienen la
condición de agentes del Ministerio Público que, entre otras, ejercen funciones
de intervención judicial en representación del Procurador General de la Nación,
lo que igualmente se ve refrendado en el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000, de
manera que la simple ubicación formal del mencionado artículo 7 del Decreto 264 de
2000 no puede tenerse en consideración para los efectos de esta decisión […]”
(Destacado fuera de texto).

48. Atendiendo a que, en el presente caso, el pariente, en segundo grado de
consanguinidad, del Consejero de Estado, doctor German Eduardo Osorio
Cifuentes, se encuentra nombrado en la entidad que funge como demandante en
este asunto, en el cargo de procurador judicial II, el cual, desde una perspectiva
material y funcional, corresponde al nivel directivo, la Sala considera que, en este
caso, se configura la causal de impedimento invocada.

49. En consecuencia, teniendo en cuenta que en este caso se configura la causal
de impedimento prevista en el numerales 3.° del artículo 130 de la Ley 1437,
conforme se indicó supra, se separará del conocimiento de este proceso al
Consejero de Estado impedido, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
sentencia.

Problemas jurídicos

50. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación
interpuesto por el Municipio de Dosquebradas, si:

51. Incurrió o no en la omisión de sus deberes constitucionales, legales y
reglamentarias respecto de la situación probada en el expediente, según la cual, en
el Municipio, específicamente, en el sector de la Rivera Baja existe: i) invasión de
predios, construcciones sin licencias, inexistencia de permiso de disponibilidad de
servicios; ii) contaminación por vertimientos de aguas residuales e inadecuada
disposición de basuras y escombros; iii) procesos de saturación de suelos, procesos
erosivos y fenómenos de remoción en masa; y, iv) inestabilidad del terreno debido

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al encausamiento de aguas lluvias y aguas residuales domésticas provenientes de
viviendas en condición de irregularidad.

52. De igual modo, le corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con lo
ordenado en la sentencia proferida en primera instancia, se desconocen el gasto
público y la ejecución del presupuesto del Municipio de Dosquebradas.

53. En este orden de ideas, la Sala determinará si debe confirmar, modificar o
revocar la sentencia de 4 de abril de 2024, proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo de Risaralda.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

54. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

55. Y, que en desarrollo de esta norma constitucional, el legislador expidió la Ley
472 que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

56. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.

57. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.

58. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,

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además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
está presentada la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”22.

59. La Sala resalta que, conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener la protección
de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como tales en la
Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por Colombia; ii) su
objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las
cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción pública y un
mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede ser ejercida
por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas de
control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros
y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter
sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirigen las pretensiones y,
eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido instituida como
mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con
fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se
pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

60. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.

61. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de los
derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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naturales; v) el marco normativo del Sistema Nacional Ambiental – SINA; vi) el
marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho a la seguridad y salubridad
públicas; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; viii) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres; ix) el marco normativo sobre la competencia de las entidades
territoriales en materia de gestión del riesgo de desastres y, x) el análisis del caso
concreto.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de los derechos e intereses
colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales

Marco normativo internacional en materia de Derecho Ambiental

62. En el orden internacional existen una serie de instrumentos normativos que
forman parte del derecho ambiental y tienen por objeto proteger el ambiente y los
recursos naturales.

63. Dentro de los primeros instrumentos se encuentran la Declaración de
Estocolmo, adoptada en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, el 16 de junio de 1972, y la Carta Mundial de la Naturaleza,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la
Resolución 37/7 de 1982 “[…] como norma ética con respecto a la protección del
medio humano y a la conservación de los recursos naturales […]”.

64. Con la formación del nuevo orden jurídico internacional ambiental, los
principios se encuentran en la Declaración de Río de Janeiro, adoptada el 14 de
junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, la cual establece en su preámbulo, que su objeto es
instituir una alianza mundial y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de
cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las
personas; y procurar alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los
intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo
mundial y, en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible que
tiene fundamento en los principios de los Derechos Humanos universales y tiene
por objeto impulsar el desarrollo sostenible desde diversas perspectivas
(económica, social y ambiental).

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65. Los principios de la Declaración de Río de Janeiro se aplican en el
ordenamiento jurídico colombiano, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9.º de la
Constitución Política, según el cual “[…] [l]as relaciones exteriores del Estado se
fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los
pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados
por Colombia […]”; al igual que lo señalado en el artículo 226 ibidem dado que el
Estado colombiano debe promover la internacionalización de las relaciones
ecológicas sobre las bases de la equidad, reciprocidad y conveniencia y, por cuanto
los aceptó como vinculantes por virtud de lo dispuesto en el numeral 1.º del artículo
1.º de la Ley 99.

Tratados internacionales

66. En este mismo sentido, se tienen una serie de tratados internacionales
fundamentales con vocación universal, con el objeto de proteger el medio ambiente
y los recursos naturales, como la Convención de Viena para la protección de la capa
de ozono23; la Convención sobre diversidad biológica24; la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático25 y el Convenio de Basilea sobre el control
de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación 26;
tratados internacionales que han sido complementados por una serie de protocolos,
enmiendas y acuerdos, entre los cuales se pueden mencionar el Protocolo de
Montreal27 de 1986 relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono; el
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, hecho en Montreal, el 29 de enero de 2000 28; el Protocolo de
Kioto29 de 1997 relacionado con la reducción de las emisiones de gases de efecto

23 Adoptada el 22 de marzo de 1985, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 30 de 1990, con

decreto de promulgación núm. 114 de 1992 y en vigor para Colombia desde el 14 octubre 1990.
24 Adoptada el 5 de junio de 1992, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 165 de 9 de noviembre

de 1994, declaradas exequibles por la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C- 519 de 1994.
25 Adoptada el 9 de junio de 1992, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 164 de 1994, declaradas

exequibles por la Corte Constitucional por la Sentencia C-073 de 1995, promulgada por el Decreto 2081 de
1995 y en vigor para Colombia desde el vigor 22 de marzo de 1995.
26 Adoptada el 16 de septiembre de 1989, aprobada por el Congreso Nacional mediante la Ley 253 de 9 de

enero de 1996, declarados condicionalmente exequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-
377 de 1996, promulgado por el Decreto 2061 de 1999 y en vigor para Colombia desde el 31 de marzo de 1997.
27 Aprobado por Colombia mediante la Ley 29 de 28 de diciembre de 1992. Declarados exequibles por la Corte

Constitucional mediante sentencia C-379 de 1993. Este instrumento comprende las enmiendas: i) Enmienda de
Londres de junio 29 de 1990; ii) Enmienda de Copenhague de 25 de noviembre de 1992; iii) Enmienda de
Montreal de 17 de septiembre de 1997; iv) Enmienda de Beijing de 3 de diciembre de 1999.
28 Su aprobación se surtió por medio de la Ley 740 de 24 de mayo de 2002, promulgada por el Decreto 132 de

21 de enero de 2004 y declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-071 de 2003.
29 Colombia aprobó el Protocolo de Kioto mediante la Ley 629 de 27 de diciembre de 2000, declarados

exequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-860 de 15 de agosto de 2001 y en vigor para
Colombia.

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invernadero que causan calentamiento global, y el Acuerdo de París de 201530,
instrumentos que tienen vocación de universalidad.

Marco constitucional, legal y desarrollo jurisprudencial en materia de derecho
ambiental

67. La Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica comoquiera
que más de 30 disposiciones Constitucionales desarrollan la materia, entre las
cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 que prevén: i) la obligación del
Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la
función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el
deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando
las áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro
de estos fines; y iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

68. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas; ii) un servicio público;
y iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así como a los
particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.

69. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197331 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197432, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen respectivamente que i) el medio
ambiente es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación
exigible al Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y
Protección al Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación

30 Adoptado el 12 de diciembre de 2015, aprobado por Colombia mediante la Ley 1844 de 14 de julio de 2017

y declarados exequibles por la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-021 de 2018.
31 Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de

Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
32 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

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y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional
de los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos
de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos
y regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la
actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.

70. La Ley 99 prevé como principios que la política ambiental debe seguir
haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad, el derecho de los
seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica.

71. Acerca del medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional33 ha resaltado su importancia "[…] ya que los derechos colectivos y
del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos
por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados
derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las
generaciones que están por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene
derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la
dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.

Marco normativo del Sistema Nacional Ambiental – SINA

72. La Ley 99 creó el Sistema Nacional Ambiental – SINA, como el conjunto de
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que
permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales 34.

73. En efecto, de acuerdo con el artículo 4.º ibidem, el Sistema Nacional
Ambiental está integrado por los principios y orientaciones generales contenidos en
la Constitución Política, en la Ley 99 y en la normativa ambiental que la desarrolle;
por la normativa relacionada con el medio ambiente; por las entidades del Estado

33 H. Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.
34 Artículo 4.º de la Ley 99.

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responsables de la política y de la acción ambiental; por las organizaciones
comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la problemática ambiental; las
fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del medio
ambiente; y por las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades
de producción de información, investigación científica y desarrollo tecnológico en el
campo ambiental.

74. Los componentes institucionales del Sistema Nacional Ambiental – SINA, en
orden jerárquico, son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las
corporaciones autónomas regionales, los departamentos, los distritos y los
municipios. En efecto, en la Ley 99, se establecieron funciones y competencias a
cargo de cada una de estas entidades, en relación con la protección del medio
ambiente.

75. Respecto a las Corporaciones Autónomas Regionales tienen como objeto la
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y los
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible35. De conformidad con los
numerales 4.º, 7.º y 24 del artículo 31 de la Ley 99, en el Sistema Nacional Ambiental
– SINA, estas entidades ejercen, las siguientes funciones:

76. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos
de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y
entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental – SINA en el área de su
jurisdicción y en especial, asesorar a los departamentos, distritos y municipios de
su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en
sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia
de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales.

77. Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos
y vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como con las
entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental – SINA,

35 Artículo 30 Ley 99

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estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales
renovables.

78. Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las
entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que
forman parte del Sistema Nacional Ambiental – SINA y prestar asistencia técnica a
entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de
los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente, en la forma
que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

79. En cuanto al alcance de las responsabilidades de las corporaciones
autónomas regionales, en los términos del artículo 31 de la Ley 99, numerales 2.°,
4.°, 6.°, 8.°, 9.°, 10°, 12.°, 17.°, 18.°, 20.° y 26.°, se tiene que aquellas autoridades
están facultadas para: ejercer funciones de vigilancia y control; imponer y ejecutar
las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental; asesorar a las entidades territoriales en la
elaboración de proyectos en materia ambiental, y ejecutar, administrar, operar y
mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de
desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para
la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente

80. Visto el artículo 2.º de la Constitución Política36 sobre los fines esenciales del
Estado, según el cual, las “[…] autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.

36 “[…] Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.

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81. Este deber preventivo del Estado Social de Derecho se sustenta en que el
bienestar social debe lograse a través del despliegue de conductas que mitiguen las
trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos superiores de las personas.

82. En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente conlleva que el Estado provea los mecanismos e
instrumentos para que los hechos riesgosos puedan ser controlados de manera
eficiente.

83. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido entendido por la Sala37 como aquel que tiene por finalidad
“precaver desastres y calamidades de origen natural o humano” a través de la
acción de las autoridades de manera preventiva con miras a garantizar la efectividad
de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución. En tal sentido ha
señalado lo siguiente:

“[…] [E]ste derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural
o humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las
comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de vida
en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la adopción de
las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y adecuados para
solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no solo de reacción
posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de policía
administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan su
bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien por
la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas
técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública […]”.

84. En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno
de los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las
autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter
preventivo que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera
efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por desastres
naturales previsibles o antrópicos.

37 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de mayo de 2017, radicación número: 13001-23-31-

000-2011-00315-01(AP).C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes

85. Visto el literal m del artículo 4.º de la Ley 472 de 1998, sobre el derecho
colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

86. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este
derecho implica “[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización,
transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes
no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento
territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera
de su marco normativo […]38”.

87. De igual forma, esta Sección, mediante sentencia proferida el 7 de abril de
201139, consideró que el núcleo esencial del derecho colectivo comprende los
siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función social y
ecológica de la propiedad40; ii) protección del espacio público procurando adelantar
cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el
patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respetar los
derechos ajenos y no abusar del derecho propio41; y iv) atender los procesos de
cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, promoviendo su utilización
racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente
una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible42.

88. Asimismo, esta Corporación ha establecido que el derecho e interés en
mención abarca el acatamiento de los planes de ordenamiento territorial que sirven
de guía para que el desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de
modo que prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la
aplicación de las disposiciones político - administrativas y de organización física

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, radicación número: AP-2005-00901,

Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez.
39 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 7 de abril de 2011, Consejero ponente: Marco Antonio

Velilla Moreno, radicación número: 63001-23-31- 000-2004-00688-01(AP).
40 Inciso segundo del artículo 58 de la Constitución Política.
41 Artículo 95, numeral 1 de la Constitución Política.
42 Artículo 3.º de la Ley 388 de 1997.

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contenidas en estos43. Así como el cumplimiento de los preceptos normativos sobre
usos del suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo;
especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad
de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de conexiones para
los servicios públicos domiciliarios, entre otros44.

89. Para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º
de la Ley 472, concierne a la obligación que le impone el legislador a las autoridades
públicas y a los particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos
jurídicos que rigen la materia urbanística, es decir, la forma como avanza y se
desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material,
asentada en una determinada entidad territorial –bien sea en sus zonas urbanas o
rurales– con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la colectividad. En
efecto, esta Sección45 ha manifestado al respecto que:

“[…] [E]l derecho colectivo anteriormente enunciado abarca el respeto del principio
de la función social y ecológica de la propiedad de acuerdo con el artículo 58 de la
Constitución Política, la protección del espacio público, del patrimonio público y de la
calidad de vida de los habitantes, el respeto de los derechos ajenos y el acatamiento
a la ley de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento territorial y demás
disposiciones normativas en materia de uso del suelo, alturas máximas de
construcción y demás criterios y límites que determinan las autoridades para construir
[…]”

90. En ese orden de ideas, la vulneración al derecho colectivo a la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes supone el desobedecimiento de la normativa en materia
urbanística y de usos del suelo por parte de las autoridades y particulares. Al tiempo,
exige la demostración del daño o la amenaza al interés general46.

91. La finalidad de la gestión de riesgos de desastres se acompasa con el fin
previsto en el literal m del artículo 4.º de la Ley 472 de 1998 –relativo a la realización
de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes– en tanto en el proceso social orientado a la formulación, ejecución,

43 Artículo 5.º de la Ley 388 de 1997.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de

2007, Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación número: 63001- 23-31-000-2004-
00243-01(AP).
45 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2009, Consejero Ponente: Rafael E.

Ostau De Lafont Pianeta, Radicación número: 17001-23-31-000-2004- 01492-01(AP).
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de noviembre

de 2010, CP. Marco Antonio Vellilla Moreno, número único de radicación 250002326000200401474-01.

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seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, acciones, entre otros,
para el conocimiento y la reducción del riesgo, y el manejo de desastres, está
orientado a contribuir a la seguridad, el bienestar, a la calidad de vida de las
personas y a su desarrollo.

92. Ahora, el artículo 81 de la Ley 1523 prevé que el Gobierno Nacional podrá
promover, ejecutar y financiar proyectos de desarrollo urbano en los que se definan,
de común acuerdo con las autoridades de planeación de los municipios y distritos
en el ámbito de sus respectivas competencias, el conjunto de decisiones
administrativas y de actuaciones urbanísticas necesarias para la ejecución de
operaciones urbanas que garanticen la habilitación de suelo para la ejecución de
los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos humanos
para atender la declaratoria de situación de desastre.

93. En este orden de ideas, la Ley 1523, define la intervención prospectiva como
el “[…] proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas situaciones de
riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos expuestos
sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos.
Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones
correctivas en el futuro. La intervención prospectiva se realiza primordialmente a
través de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la
planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de
prefactibilidad y diseño adecuados, el control y seguimiento y en general todos
aquellos mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la localización,
construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población
[…]”.

94. De la anterior, se colige que la adopción de los planes de ordenamiento
territorial permite garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo, en la
medida que, de forma anticipada se determina la localización, construcción y
funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población.

95. De acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 1523, los planes de
ordenamiento territorial deben integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico
biofísico, económico y socioambiental. Asimismo, considerar el riesgo de desastres,
como condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando la forma de
evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.

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96. Así las cosas, para la Sala el derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes, es transversal a otros derechos de la misma naturaleza, entre
ellos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, en la
medida que, el primero tiene relación directa con los asuntos propios de la gestión
del riesgo de desastres, a través del plan de ordenamiento territorial. En este
instrumento deben incluirse aspectos de desarrollo urbano, ordenamiento ambiental
del territorio y disposiciones para la gestión del riesgo, la prevención y atención de
desastres, con el propósito de dar prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes.

Marco normativo sobre las competencias de las entidades territoriales en
materia de saneamiento básico y prestación del servicio público domiciliario
de alcantarillado

97. Visto el artículo 49 de la Constitución Política, el saneamiento ambiental es
un servicio público a cargo del Estado, cuya prestación goza de prioridad y se rige
por los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, equidad y calidad.

98. Se trata de un servicio que guarda estrecha relación con el derecho que
tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano y con el deber universal de
proteger la diversidad e integridad del ambiente47, el cual se concreta,
fundamentalmente, en los deberes de planificación integral de los recursos
naturales para garantizar el desarrollo sostenible, y de prevención y control de los
factores de deterioro ambiental48 tales como la contaminación de las aguas o la
acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios49.

99. Visto el artículo 356 de la Constitución Política, con miras a alcanzar estos
objetivos, se determinó que el legislador fijaría las competencias de las entidades
locales, departamentales y nacionales para la efectiva prestación de los servicios
públicos. Además, en cumplimiento de la citada norma se creó el Sistema General
de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios como un

47 Artículo 79.
48 Artículos 80 y 95, numeral 8. En torno al principio de planificación ambiental, Cfr. Decreto Ley 2811 de 1974,

artículos: 9, f); 10, a); 45, d) y g); 188 y ss.; 314, d), h) e i); 316, entre otros.
49 Decreto Ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio

Ambiente. Artículo 8°, numerales 1° y 8°.

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mecanismo tendiente a promover su adecuada articulación, con base en los
“principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad”.

100. Visto el artículo 288 de la Constitución Política, también estableció que “[…]
las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en
los términos que establezca la ley […]”; y en el artículo 4 de la Ley 155150, la
norma señala lo siguiente:

“[…] Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y
la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de
la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:

a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la
de otras entidades estatales de diferentes niveles.

b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes
niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales
deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.

Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden
nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí
para alcanzar el fin estatal.

Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar
duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa.
Los municipios de categoría especial y primera podrán asumir la competencia si
demuestran la capacidad institucional que para el efecto defina la entidad
correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las competencias
regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales.

c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de
menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando
se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.

d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer
uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios […]”.
(Destacado fuera de texto)

101. Al efecto, se tiene que la Ley 142 señala como competencias de la Nación
en materia de servicios públicos, entre otras, las de “[…] [a]poyar financiera, técnica
y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a los municipios que
hayan asumido la prestación directa […]”51; “[…] [v]elar porque quienes prestan

50 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. [Modificó

la Ley 136 de 2 de junio de 1994].
51 Artículo 8.4.

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servicios públicos cumplan con las normas para la protección, la conservación o,
cuando así se requiera, la recuperación de los recursos naturales o ambientales que
sean utilizados en la generación, producción, transporte y disposición final de tales
servicios […]”52; y “[…] [p]restar directamente cuando los departamentos y
municipios no tengan la capacidad suficiente, los servicios de que trata la presente
Ley […]”53.

102. El artículo 67 de la misma Ley dispone que son funciones del Ministerio de
Desarrollo – hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio-, en relación con los
servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, las de:

“[…] 67.2. Elaborar máximo cada cinco años un plan de expansión de la cobertura
del servicio público que debe tutelar el ministerio, en el que se determinen las
inversiones públicas que deben realizarse, y las privadas que deben estimularse.

67.3. Identificar fuentes de financiamiento para el servicio público respectivo, y
colaborar en las negociaciones del caso; y procurar que las empresas del sector
puedan competir en forma adecuada por esos recursos.

67.4. Identificar el monto de los subsidios que debería dar la Nación para el
respectivo servicio público, y los criterios con los cuales deberían asignarse; y hacer
las propuestas del caso durante la preparación del presupuesto de la Nación […]”.

103. Asimismo, el artículo 162 ibidem enlista las funciones del Ministerio de
Desarrollo – hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio- con relación a los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo urbano, entre las que se
destacan:

“[…] 162.2. Asistir técnica e institucionalmente a los organismos seccionales
y locales, para el adecuado cumplimiento de sus funciones y de las decisiones
de la comisión de regulación de los servicios de agua potable y saneamiento.
[…]

162.5. Diseñar y promover programas especiales de agua potable y
saneamiento básico, para el sector rural, en coordinación con las entidades
nacionales y seccionales.
[…]

162.10. Identificar el monto de los subsidios que debería dar la Nación para el
respectivo servicio público, y los criterios con los cuales deberían asignarse
y hacer la propuesta del caso durante la preparación del presupuesto de la Nación
[…]” (Destacado fuera de texto).

104. En ese sentido, el Decreto 3571 de 27 de septiembre de 2011 54 estableció
las funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dentro de las cuales se
encuentran:

52 Artículo 8.5.
53 Artículo 8.6.
54 “[...] Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio [...]”.

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“[…] Artículo 2. Funciones. Además de las funciones definidas en la Constitución
Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demás leyes, el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio cumplirá, las siguientes funciones:

1. Formular, dirigir y coordinar las políticas, planes, programas y regulaciones en
materia de vivienda y financiación de vivienda, desarrollo urbano, ordenamiento
territorial y uso del suelo en el marco de sus competencias, agua potable y
saneamiento básico, así como los instrumentos normativos para su
implementación.
[…]

8. Definir esquemas para la financiación de los subsidios en los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, vinculando los recursos que
establezca la normativa vigente.
[…]

11. Definir criterios de viabilidad y elegibilidad de proyectos de acueducto,
alcantarillado y aseo y dar viabilidad a los mismos.
[...]

12. Contratar el seguimiento de los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo
que cuenten con el apoyo financiero de la Nación […]” (Destacado fuera del
texto).

105. Así como, en el artículo 16 ibidem, dentro de la Dirección de Espacio Urbano
y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se encuentra la función
de “[…] 8. Apoyar la formulación de políticas de asentamientos humanos y
expansión urbana, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible […]”.

106. El artículo 19 ibidem, confirió dentro de las funciones del Despacho del
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio:

“[…] 1. Presentar propuestas relacionadas con la formulación, implementación,
seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, programas y planes de
agua potable y saneamiento básico.

2. Proponer los lineamientos para la identificación de las fuentes de financiamiento
para el sector de agua potable y saneamiento básico y coordinar la asignación de
los recursos provenientes de dichas fuentes.
[…]

4. Presentar los criterios y lineamientos para la viabilización de los proyectos de
agua potable y saneamiento básico.

5. Presentar los criterios y lineamientos para el seguimiento de los proyectos de
agua potable y saneamiento básico.

6. Desarrollar esquemas para la financiación de los subsidios en los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, vinculando los recursos
que establezca la normativa vigente.
[…]

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8. Liderar la elaboración de los estudios e informes sobre el desarrollo de las
políticas, planes, programas y proyectos impulsados por el Ministerio en
materia de agua potable y saneamiento básico.
[…]

10. Apoyar la formulación e implementación de la política de gestión de la
información de agua potable y saneamiento básico.
[…]

19. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión
Institucional, y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su
competencia […]” (Destacado fuera de texto).

107. Sobre las competencias de las entidades territoriales locales, el artículo
311 de la Constitución Política señala que el municipio es entidad fundamental de
la división político-administrativa del Estado y “[…] le corresponde prestar los
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que
le asignen la Constitución y las leyes […]”.

108. A su turno, el artículo 367 ibidem prevé que la ley fijará las competencias y
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su
cobertura, calidad y financiación y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además
de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. De igual
manera, indica que los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente
por cada municipio o distrito cuando las características técnicas y económicas del
servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen.

109. El legislador se ha ocupado de desarrollar la precitada normativa
constitucional mediante la expedición de leyes en las cuales ha asignado a los
municipios, distritos y a las autoridades locales la responsabilidad de garantizar, en
sus respectivas jurisdicciones, la prestación de los servicios públicos domiciliarios
y, por esa vía, la efectividad de los derechos al saneamiento básico y a la salubridad
de todos sus habitantes.

110. La Ley 136 dispone en los numerales 3.º, 7.º y 19 del artículo 3.º que a los
municipios o distritos les compete promover el desarrollo de su territorio y construir
las obras que demande el progreso municipal, teniendo en cuenta, entre otros, los
planes de vida de los pueblos y de desarrollo comunal; procurar la solución de las
necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del ente territorial, en lo que
sea de su competencia, con énfasis en las niñas, niños, los adolescentes, mujeres
cabeza de familia y los demás sujetos de especial protección constitucional; y

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garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los
habitantes de la jurisdicción, de acuerdo con las normas que regulan los servicios
públicos domiciliarios.

111. El artículo 76 de la Ley 715, ordena que los municipios y distritos, directa o
indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u
otros recursos, deben promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés
municipal y en especial realizar directamente o a través de terceros en materia de
servicios públicos, además de las competencias establecidas en otras normas
vigentes, la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura de servicios públicos.

112. El anterior recuento normativo permite concluir que la prestación directa o
indirecta de los servicios públicos domiciliarios constituye una función a cargo de
los municipios y distritos; así también, la construcción, ampliación, rehabilitación y
mejoramiento de su infraestructura, en orden de garantizar su eficiente y oportuna
prestación. Los citados entes territoriales, en virtud de su autonomía, podrán realizar
la anterior labor acudiendo a la estructura, la forma y la organización interna que
consideren más conveniente en el marco de las posibilidades que otorga la
Constitución y la ley.

113. En igual sentido, el artículo 63 de la Ley 99 agregó que el principio de armonía
regional rige a las entidades territoriales, en el siguiente sentido:

“[…] Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los
Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las
que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones
constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las
normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional
Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los
recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del
patrimonio natural de la nación […]” (Destacado fuera de texto).

114. Como se observa, los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad y armonía regional deben permitir la
articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus competencias propias,
dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio o en la conservación
del entorno natural.

115. En cuanto al alcance de las responsabilidades de las Corporaciones
Autónomas Regionales, en los términos del artículo 31 de la Ley 99, numerales
2.°, 4.°, 6.°, 8.°, 9.°, 10°, 12.°, 17.°, 18.°, 20.° y 26.°, se tiene que aquellas

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autoridades están facultadas para: ejercer funciones de vigilancia y control; imponer
y ejecutar las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental; asesorar a las entidades territoriales
en la elaboración de proyectos en materia ambiental, y ejecutar, administrar, operar
y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de
desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para
la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente.

116. En este orden de ideas, si bien, el municipio es la autoridad encargada de la
prestación adecuada del servicio público, no debe desconocerse que, en el marco
de los principios de coordinación, concertación, concurrencia e interdependencia de
funciones, deben concurrir el Departamento y las entidades que en el marco de sus
competencias puedan colaborar para garantizar su prestación.

117. Sobre la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado, la
Sección Primera del Consejo de Estado se ha pronunciado en el sentido de señalar
que: “[…] i) [l]as limitaciones u obstáculos de índole técnico, jurídico o físico,
constituyen razones legítimas para no garantizar la conexión de determinados
predios a las redes convencionales de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado […] ii) Sin embargo, ello no desvirtúa la vulneración del derecho
humano al agua ni de otros relacionados […] iii) Independientemente de las
dificultades advertidas, de la legalidad o la ubicación del predio donde se requiere
el suministro de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, las
autoridades están en la obligación de garantizar la prestación de los mismos,
a través de cualquier medio idóneo como medida provisional o alternativa
para resolver las necesidades básicas insatisfechas de las personas. En otras
palabras, los trámites, procedimientos, acciones y operaciones que tenga que
agotar la Administración Pública, no deben suponer un obstáculo para garantizarle
a las personas el acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado […]”55
(Destacado fuera del texto).

118. En punto a la provisión de los servicios de acueducto y alcantarillado, el
Decreto 2246 de 31 de octubre de 201256, establece lo atinente al Programa Agua
y Saneamiento para la Prosperidad Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA. El artículo

55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato

Valdés, providencia de 20 de febrero de 2020, núm. único de radicación 050012333000201502436-01.
56 “Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones”.

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2.3.7.2.2.1.1. y siguientes del Decreto 1077 de 26 de mayo de 201557 prevé los
esquemas diferenciales de prestación en áreas de difícil acceso. Y, el artículo
2.3.3.1.1.2. de la misma norma dispone lo relativo a los Planes Departamentales
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA).

119. Al respecto, el artículo 2.° del Decreto 2246 de 2012 señala que sus
disposiciones son aplicables “[…] a todos los participantes en la coordinación
interinstitucional del […] PAP-PDA; a los consejos directivos, gestores,
instrumentos de manejo de los recursos, departamentos y municipios, que en virtud
de las Leyes 1176 de 2010 y 1151 de 2007, están sujetos al manejo de los recursos
del Sistema General de participaciones a través de Planes Departamentales de
Agua […]”.

120. El artículo 3.° de la misma norma en cita, prevé el “Programa Agua y
Saneamiento para la Prosperidad Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA” como “[…] un
conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional formuladas y
ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de los recursos y la
implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, teniendo en
cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades
territoriales y personas prestadoras de los servicios públicos y la implementación
efectiva de esquemas de regionalización […]”.

121. En el artículo 4.° de la misma regulación se establecen las autoridades que,
en virtud del principio de articulación de la actividad administrativa, deben concurrir
a planificar, diseñar programar, y materializar las estrategias que se requieran en
materia de los servicios públicos de acueducto y saneamiento ambiental, así:

“[…] Artículo 4°. Participación en el PAP-PDA. Son participantes en la
coordinación interinstitucional de los PAP, los que se señalan a continuación:

1. El Departamento.

2. Los Municipios y/o Distritos.

3. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT

4. El Departamento Nacional de Planeación – DNP, y

5. Las autoridades ambientales con jurisdicción en los municipios y/o distritos
ubicados en el territorio del respectivo departamento.

57 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio".

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Parágrafo. Podrán tener esta condición, las personas jurídicas de derecho público,
privado o mixto, que aporten recursos financieros y/o técnicos y/o humanos, previa
aprobación del Comité Directivo […]” (Destacado fuera del texto).

122. Otra manifestación de la cooperación administrativa que se requiere en el
sector se evidencia en las denominadas “estructuras operativas”, conformadas por
un comité directivo y un ente gestor.

123. El Comité Directivo es definido como “[…] la máxima instancia de decisión y
coordinación interinstitucional del PAP-PDA […]” y está integrado por el
departamento, que fungirá como presidente a través de su gobernador, por los
municipios y distritos participantes representados por dos de sus alcaldes, por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por la autoridad ambiental competente,
por el Departamento Nacional de Planeación y por el ente gestor58.

124. Esta estructura se encarga principalmente “[…] de aprobar el ejercicio de
planificación y seguimiento para el desarrollo de los PAP-PDA, incorporando un
análisis de necesidades, recursos disponibles, metas e indicadores definidos en el
nivel departamental […]”59. Asimismo, el parágrafo del artículo 5 del Decreto 2246
contempla la posibilidad de que el comité directivo contrate consultorías
especializadas cuando el ente gestor acredite “[…] debilidades puntuales para el
desarrollo de [sus] funciones […]”. Para ello, el comité deberá considerar “[…] las
condiciones técnicas e institucionales del departamento […]”.

125. Entre otras funciones, el comité directivo también se encarga de aprobar el
plan de aseguramiento de la prestación para los servicios públicos domiciliarios
de acueducto, alcantarillado y aseo para cada municipio participante, de articularse
con el trabajo de la autoridad ambiental competente, de revisar y aprobar los
instrumentos de inversión y de revisar, ajustar y aprobar las metas del PAP-
PDA60.

126. El Decreto 2246 de 2012 integra en el plan general estratégico y de
inversiones: el componente de infraestructura, el componente de aseguramiento de
la prestación de los servicios del PAP-PDA y el componente ambiental. Dichos
elementos aluden a la realización: de un diagnóstico técnico base del estado de la
prestación de los servicios del programa, de una línea base y metas con los

58 Artículo 10.
59 Artículo 5, numeral 1.
60 Artículo 13, numerales 2 al 5.

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indicadores correspondientes para cada municipio participante, y de la definición de
las fuentes, usos y recursos a comprometer por actor y componente 61.

127. En ese sentido, otro de los instrumentos de planificación del PAP-PDA, es el
plan de aseguramiento de la prestación de los servicios, el cual se refiere
expresamente a que, antes de poner en marcha cualquier estrategia, es necesario
agotar unas fases de diagnóstico, prefactibilidad y diseño, cuya definición es la
siguiente:

“[…] 4. Plan de Aseguramiento de la Prestación: Es el documento que contiene el
conjunto de acciones a desarrollar por los diferentes actores municipales y
regionales con competencia en la prestación de los servicios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo para garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad
de las inversiones y viabilidad de la prestación del servicio. En el documento se
definirán tres fases a saber:

4.1. Fase I: Diagnóstico y Prefactibilidad. Consolidación y desarrollo de diagnósticos
de los municipios y prestadores desde el punto de vista institucional, técnico,
capacidad y disponibilidad de pago, viabilidad financiera de los prestadores,
viabilidad empresarial, que precise por cada municipio la línea de base de los
indicadores de la prestación de los servicios de acueducto alcantarillado y aseo, así
como los riesgos financieros y operacionales del prestador de los servicios, con
arreglo a los indicadores y a la metodología de identificación y valoración de riesgos
definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en colaboración con la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

4.2. Fase II: A partir del resultado de la Fase I, se debe seleccionar un escenario de
acción frente a cada municipio: a) Fortalecimiento institucional, b) Transformación
empresarial (incluiría vinculación de operadores) y c) Revisión de contratos de
operación, en el que se precise para cada municipio como mínimo: Las metas de
cada uno de los indicadores que hagan viable la prestación de cada uno de los
servicio, así como las acciones propuestas para alcanzarlas, y para mitigar los
riesgos financieros y operacionales del prestador de los servicios. Para cada una de
las acciones se deberán definir resultados medibles y verificables, recursos
requeridos, responsables y cronogramas de ejecución […]”62.

128. Adicionalmente, un instrumento de planificación indispensable en el marco
del PAP-PDA es el plan ambiental, el cual “[…] tiene por objeto considerar en la
planeación y ejecución de los proyectos de prestación de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo, los requerimientos ambientales asociados a
dichos proyectos, para garantizar su sostenibilidad […] considerando la oferta
y demanda de recursos naturales renovables disponibles […]”63 (Destacado
fuera de texto).

129. El ente gestor puede ser “[…] una empresa de servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental […]

61 Artículo 17, numeral 4.
62 Artículo 17, numeral 2.
63 Artículo 17, numeral 5.

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[cuyos] estatutos permitan la vinculación como socios de los municipios y/o distritos
del departamento que lo soliciten; o el departamento […]”. Este ente, “[…] [e]s el
responsable de la gestión, implementación, seguimiento a la ejecución del PAP-
PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el
departamento […]”64.

130. Otras funciones que se destacan del ente gestor en punto de articulación
interadministrativa están asociadas: a coordinar las acciones de los participantes
del programa; a ser el interlocutor entre los participantes del programa; a concertar
con el departamento y los municipios las propuestas de elaboración de los distintos
instrumentos de planificación del programa; a vincular al programa a los municipios,
a las autoridades ambientales competentes y demás participantes con la ayuda del
departamento, y a gestionar junto con los demás participantes del programa
alternativas de financiación de proyectos65.

131. Por último, la Nación está llamada a apoyar el sector de Agua y Saneamiento
Básico con aportes financieros provenientes del Presupuesto General de la Nación
en el marco de los PAP-PDA y con aportes en especie como la asistencia técnica66.

132. En síntesis, el cumplimiento adecuado de las competencias mencionadas de
manera armónica por todas las entidades competentes habrá de verse reflejado en
el logro de los objetivos de la política del sector de agua potable y saneamiento
básico, y de las metas de los PAP-PDA67.

133. Así las cosas, la Sala considera que los PAP-PDA no solo comprenden la
materialización de obras de infraestructura asociadas a los servicios públicos de
acueducto y saneamiento básico, sino que dicho instrumento está asociado a
múltiples estrategias que puedan generar valor en materia de los servicios
mencionados, teniendo como punto de partida inexcusable la actividad planificadora
en la que participan todos los sectores de la administración, antes mencionados.

134. En cuanto a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los
Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), el artículo 2.3.3.1.1.2. del Decreto 1077
establece que son un “conjunto de estrategias de planeación y coordinación
interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización
integral de recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles que

64 Artículo 5, numeral 2.
65 Artículo 14, numerales 2, 3, 4, 6, 13 y 14.
66 Artículo 20.
67 Artículo 14, numeral 14.

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garanticen el acceso a agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las
características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales, las
personas prestadoras de los servicios públicos, las comunidades organizadas y, la
implementación efectiva de esquemas de regionalización y asociativos
comunitarios”.

135. Además, el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015 creó los esquemas
diferenciales de prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
aseo en zonas rurales y urbanas. El Decreto 1077 define en el artículo 2.3.7.2.1.3.
que los esquemas diferenciales son “[...] un conjunto de condiciones técnicas,
operativas, jurídicas, sociales y de gestión para permitir el acceso al agua apta para
el consumo humano y al saneamiento básico en un área o zona determinada del
suelo urbano, atendiendo a sus condiciones particulares […]”.

Marco normativo sobre el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres

136. Vistos: i) los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 14, y 31 de la Ley 1523, sobre la gestión
del riesgo de desastres, la responsabilidad de las autoridades y de los habitantes
en dicha gestión, las definiciones, el rol de los alcaldes y las Corporaciones
Autónomas Regionales en el Sistema Nacional; y ii) el artículo 4.° del Decreto 4147
de 3 de noviembre de 201168, sobre las funciones de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

137. La Gestión del Riesgo de Desastres –según lo dispuesto en el artículo 1.º de la
Ley 152369– es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento
y evaluación de políticas, planes, programas, regulaciones, medidas y acciones,
entre otros, para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, para
mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible.

68 “Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y

estructura”.
69 “Artículo 1.º DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. La gestión del riesgo de desastres, en adelante

la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a
la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.

Parágrafo 1.º La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la
sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las
poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del
desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva
participación de la población.

Parágrafo 2.º. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora se ha
denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias
y reducción de riesgos […]”.

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Adicionalmente, la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo
indispensable para asegurar “la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos
e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las
comunidades en riesgo”.

138. El artículo 2.º de la Ley 1523 establece que la gestión del riesgo es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio nacional.

139. El artículo 4.º de la misma norma define riesgo de desastres como “[…] los
daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos
peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no
intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la
vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres
se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad […]”.

140. El artículo 5.° de la ley en cita establece que el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres es “el conjunto de entidades públicas, privadas y
comunitarias, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos,
mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de
manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país”.

141. El artículo 8.° prevé como integrantes del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres a: i) las entidades públicas –por su misión y responsabilidad en
la gestión del desarrollo social, económico y ambiental sostenible, en los ámbitos
sectoriales, territoriales, institucionales y proyectos de inversión–, ii) las entidades
privadas con ánimo y sin ánimo de lucro –por su intervención en el desarrollo a través
de sus actividades económicas, sociales y ambientales– y iii) la comunidad –por su
intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales, ambientales,
culturales y participativas–.

142. El artículo 12 establece que los gobernadores y alcaldes son conductores del
Sistema Nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias
necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito
de su jurisdicción.

143. El artículo 14 de la Ley 1523 regula lo relacionado con el rol de los alcaldes
en el Sistema Nacional, en los siguientes términos:

“[…] Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de
la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio.
El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la

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implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio,
incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el
área de su jurisdicción.

Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en
la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de
gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de
ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de
gestión pública […]”.

144. En relación con la competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales
en el Sistema Nacional, el artículo 31 de la Ley 1523 prevé lo siguiente:

“[…] Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema
Nacional. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, que
para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas
regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además de
las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que
las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en
todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los
integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de
ordenamiento territorial y de desarrollo.

Parágrafo 1°. El papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, y
estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la
sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y
gobernadores de su responsabilidad primaria en la implementación de los procesos
de gestión del riesgo de desastres.

Parágrafo 2. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la
articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del
riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen
explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible.

Parágrafo 3°. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los
consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las
entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su
competencia y serán corresponsables en la implementación.

Parágrafo 4°. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor de lo establecido
en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités territoriales, harán parte de estos
las autoridades ambientales locales […]”.

Marco normativo sobre la competencia de las entidades territoriales en
materia de gestión del riesgo de desastres

145. Vistos los artículos 1.°, 209, 286, 287 y 288 de la Constitución Política sobre
las entidades territoriales.

146. Según lo dispuesto en estas normas, Colombia es un Estado Social de
Derecho, organizado en forma de República unitaria, “[…] descentralizada, con

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autonomía de sus entidades territoriales […]” que tienen la potestad de gobernarse
por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan,
administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones y participar en las rentas nacionales.

147. El artículo 26 de la Ley 1454 de 28 de junio de 201170 definió la
“competencia”, como la facultad o poder jurídico que tienen la Nación, las entidades
territoriales y las figuras de integración territorial para atender de manera general
responsabilidades estatales.

148. El artículo 27 de la misma norma estableció los principios que rigen el
ejercicio de las competencias, entre ellos, coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad, eficacia, equilibrio entre competencias y
recursos, gradualidad y responsabilidad; y, el artículo 28, estableció que los
departamentos y municipios tendrán autonomía para determinar su estructura
interna y organización administrativa central y descentralizada; así como el
establecimiento y distribución de sus funciones y recursos para el adecuado
cumplimiento de sus deberes constitucionales; clarificando en su parágrafo, por un
lado, que “[…] [l]os municipios son titulares de cualquier competencia que no esté
atribuida expresamente a los departamentos o a la Nación […]”; y, por el otro, que
“[…] [c]uando el respectivo municipio no esté en capacidad de asumir dicha
competencia solicitará la concurrencia del departamento y la Nación […]”.

149. En efecto, el artículo 29 de la Ley 1454, sobre distribución de competencias
en materia de ordenamiento del territorio, establece lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 29. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO. Son competencias de la Nación y de las
entidades territoriales en materia de ordenamiento del territorio, las siguientes:

1. De la Nación

a) Establecer la política general de ordenamiento del territorio en los asuntos de
interés nacional: áreas de parques nacionales y áreas protegidas.
b) Localización de grandes proyectos de infraestructura.
c) Determinación de áreas limitadas en uso por seguridad y defensa.
d) Los lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades.
e) Los lineamientos y criterios para garantizar la equitativa distribución de los
servicios públicos e infraestructura social de forma equilibrada en las regiones.
f) La conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural.
g) Definir los principios de economía y buen gobierno mínimos que deberán cumplir
los departamentos, los Distritos, los municipios, las áreas metropolitanas, y
cualquiera de las diferentes alternativas de asociación, contratos o convenios plan o
delegaciones previstas en la presente ley.

70 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones

[…]”.

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PARÁGRAFO. Las competencias asignadas a la Nación en los literales anteriores
se adelantarán en coordinación con los entes territoriales.

2. Del Departamento

a) Establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o
porciones específicas de su territorio, especialmente en áreas de conurbación con el
fin de determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio, de acuerdo con el
potencial óptimo del ambiente y en función de los objetivos de desarrollo,
potencialidades y limitantes biofísicos, económicos y culturales.
b) Definir las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, de tal
manera que facilite el desarrollo de su territorio.
c) Orientar la localización de la infraestructura física-social de manera que se
aprovechen las ventajas competitivas regionales y se promueva la equidad en el
desarrollo municipal.
d) Integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales
departamentales, los de sus municipios y entidades territoriales indígenas.
e) En desarrollo de sus competencias, los departamentos podrán articular sus
políticas, directrices y estrategias de ordenamiento físico-territorial con los planes,
programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio, mediante la adopción de
planes de ordenamiento para la totalidad o porciones específicas de su territorio.
f) La competencia para establecer las directrices y orientaciones específicas para el
ordenamiento del territorio en los municipios que hacen parte de un Área
Metropolitana correspondiente a estas, la cual será ejercida con observancia a los
principios para el ejercicio de las competencias establecidos en la presente ley.
g) Los departamentos y las asociaciones que estos conformen podrán implementar
programas de protección especial para la conservación y recuperación del medio
ambiente.

3. De los Distritos Especiales

a) Dividir el territorio distrital en localidades, de acuerdo a las características sociales
de sus habitantes y atribuir competencias y funciones administrativas.
b) Organizarse como áreas metropolitanas, siempre que existan unas relaciones
físicas, sociales y económicas que den lugar al conjunto de dicha característica y
coordinar el desarrollo del espacio territorial integrado por medio de la racionalización
de la prestación de sus servicios y la ejecución de obras de interés metropolitano.
c) Dirigir las actividades que por su denominación y su carácter les corresponda.

4. Del Municipio

a) Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio.
b) Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de
expansión y rurales, de acuerdo con las leyes.
c) Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en
armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos.

PARÁGRAFO 1o. La distribución de competencias que se establece en este artículo
se adelantará bajo los principios de descentralización, concurrencia y
complementariedad de las acciones establecidas por las entidades territoriales y en
coordinación con lo dispuesto por sus autoridades respectivas en los instrumentos
locales y regionales de planificación […]”.

150. Las normas anteriores evidencian que la organización territorial y el ejercicio
de competencias administrativas se fundamenta, entre otros, en la
descentralización y en la autonomía de las entidades territoriales, con el objeto de

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que estas gestionen sus propios asuntos, en el marco de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

151. Además, en los términos del artículo 1.° de la Ley 136 de 2 de junio de 199471
y de la normativa anteriormente citada, es dable señalar, por un lado, que “[…] [e]l
municipio es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa
del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que
señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio […]”;
y, por el otro, en los eventos en que el respectivo municipio no esté en capacidad
de asumir una competencia, podrá solicitar la concurrencia del departamento y de
la Nación, con el objeto de garantizar la finalidad de bienestar general y
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, en especial, para este caso,
en materia de gestión del riesgo de desastres.

152. A su vez, el artículo 2.° de la Ley 1523 establece que “[…] [l]a gestión del
riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano […]” y, en cumplimiento de esa responsabilidad, las entidades públicas,
privadas y comunitarias, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación
y su jurisdicción, desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo
relativos a: i) conocimiento del riesgo; ii) reducción del riesgo; y iii) manejo de
desastres.

Competencia de los municipios y departamentos en materia de gestión de
riesgo

153. Vista la Ley 1523 de 24 de abril de 201272, en especial, los artículos 2, 9 y
12, sobre responsabilidad, instancias de dirección del sistema nacional de gestión
del riesgo y los gobernadores y alcaldes, son instancias de dirección del sistema
nacional, entre otros, el gobernador y el alcalde distrital o municipal, en su respectiva
jurisdicción. Asimismo, los gobernadores y alcaldes son conductores del sistema
nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias
para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su
jurisdicción.

71 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios […]”.
72 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional

de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

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154. Y los artículos 13 y 14 de la Ley 1523, sobre gobernadores y alcaldes en el
sistema nacional, que establecen:

155. Por un lado, que los gobernadores: i) “[…] son agentes del Presidente de la
República en materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del
riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del
Gobierno Nacional y deben responder por la implementación de los procesos de
conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su
competencia territorial […]”; ii) como jefes de la administración seccional respectiva,
tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de
gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en la planificación
del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de
gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo departamental y
demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad; y iii) están a cargo de
las competencias de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto
de los municipios que integran su departamento.

156. Y, por el otro, que los alcaldes: i) como jefes de la administración local,
representan al Sistema Nacional en el respectivo distrito y el municipio; y ii) como
conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los
procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento
y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. Los
alcaldes y, en general, la administración municipal, deben integrar en la planificación
del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del
riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento
territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión
pública.

157. En relación con lo anterior, se debe recordar que, de conformidad con los
artículos 8, 9, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 388, sobre acción urbanística, planes de
ordenamiento territorial, contenido del componente general de los planes de
ordenamiento, componentes urbano y rural del plan de ordenamiento, normas
urbanísticas y planes básicos de ordenamiento, estos planes deben contener, en
materia de gestión del riesgo: i) la clasificación del territorio en suelo urbano, rural y
de expansión urbana y dentro de ellas los suelos de protección, en especial, por
riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos; ii) el inventario
de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos
humanos, por amenazas naturales o por condiciones de insalubridad; iii) la
localización de “[…] las áreas críticas de recuperación y control para la prevención

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de desastres, así como las áreas con fines de conservación y recuperación
paisajística […]”.

158. Ahora bien, en relación con los entes territoriales y en los términos de los
artículos 39 y 40 de la Ley 1523 y del numeral 1.° del artículo 10 de la Ley 388 de
18 de julio de 199773, por un lado, en la elaboración de los planes de ordenamiento
territorial, los municipios y distritos deberán tener en cuenta los determinantes, que
constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia,
entre ellos, las relacionadas con la prevención de amenazas y riesgos naturales y,
en especial, “[…] [l]as políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de
amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo
para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas
expuestas a amenazas y riesgos naturales […]”.

159. Por el otro, los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas y
de planificación del desarrollo deben “[…] integrar el análisis del riesgo en el
diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y, considerar, el riesgo de
desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio,
procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo
[…]”. Asimismo, deberán: i) incorporar “[…] en sus respectivos planes de desarrollo
y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro y
sostenible derivadas de la gestión del riesgo, […]” así como los programas y
proyectos prioritarios para estos fines, de conformidad con los principios de la Ley
1523; y ii) “[…] el inventario de asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación
y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales,
socio naturales o antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de
reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a tales zonas
para evitar reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas de tierras
para hacer posible tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos
jurídicos de adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para
reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros […]”. Se trata de medidas que
deben orientarse no solo a mitigar y controlar los riesgos existentes, sino también
prevenir nuevos riesgos relevantes, en el marco de la gestión del riesgo de
desastres.

160. Ahora bien, en los términos del artículo 37 de la Ley 1523, sobre planes
departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo y estrategias de

73 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

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respuesta, estas autoridades formularán y concertarán con sus respectivos
consejos de gestión un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para
la respuesta a emergencias en su respectiva jurisdicción, el cual deberá estar
armonizado con el plan y estrategia nacional y deberán incorporar la gestión del
riesgo tanto en la inversión pública, en la planificación del desarrollo y en el
ordenamiento territorial, en los términos de los artículos 38, 39, 40 y 41 de la Ley
1523.

161. Adicional a lo anterior, los alcaldes tienen, en los términos de los artículos
121 de la Ley 388, 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200174 y de la Resolución
448 de 17 de julio de 201475, la obligación de: i) “[…] [p]romover, cofinanciar o
ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas,
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las
inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua […]”; ii) realizar y reportar
ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el inventario de asentamientos
localizados en zona de alto riesgo por inundaciones y deslizamientos que se hallen
en suelo urbano, suelo rural y suelo de expansión urbana; y iii) evitar que las áreas
catalogadas como de riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a través
de planes o proyectos de reubicación de asentamientos urbanos no se vuelvan a
ocupar con viviendas, entre otras.

162. Ahora bien, en materia de financiación de la gestión del riesgo, los artículo
47 y 54 de la Ley 1523 establecen, por un lado, la creación del Fondo Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres “[…] como una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística […]”, cuyos
objetivos generales, de interés público, son “[…] la negociación, obtención, recaudo,
administración, inversión, gestión de instrumentos de protección financiera y
distribución de los recursos financieros necesarios para la implementación y
continuidad de la política de gestión del riesgo de desastres que incluya los
procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres y de manejo de
desastre […]”. Asimismo, en los términos del parágrafo 2 del artículo 47, el precitado
Fondo Nacional “[…] desarrollará sus funciones y operaciones de manera directa
subsidiaria o complementaria, bajo esquemas interinstitucionales de cofinanciación,
concurrencia y subsidiariedad […]”.

74 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
75 Expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “Por la cual se establecen los lineamientos para

que los municipios y distritos recojan y suministren la información para conformar el inventario nacional de
asentamientos en alto riesgo de desastres”.

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163. Por el otro, “[…] [l]as administraciones departamentales, distritales y
municipales […] constituirán sus propios fondos de gestión del riesgo bajo el
esquema del Fondo Nacional, como cuentas especiales con autonomía técnica y
financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la
adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre,
preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción […]”.

164. En relación con las apropiaciones presupuestales, el artículo 53 de la Ley
1523 establece que “[…] [l]as entidades del orden nacional, regional, departamental,
distrital y municipal que hacen parte del sistema nacional, incluirán […] las partidas
presupuestales que sean necesarias para la realización de las tareas que le
competen en materia de conocimiento y reducción de riesgos y de manejo de
desastres […]”.

165. De esta manera, se resalta que, si bien, el principal responsable de la gestión
del riesgo de desastres en el respectivo territorio es el ente municipal, en cabeza
del alcalde y en el marco de sus funciones policivas, en los términos de la normativa
anteriormente indicada y adicionalmente de las leyes 388, 810 y 1801 de 29 de julio
de 201676, en los eventos en que el municipio no esté en capacidad de asumir la
respectiva competencia, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad, podrá solicitar la concurrencia del departamento y de la Nación,
con el objeto de garantizar una adecuada gestión del riesgo de desastres; lo anterior
sin perjuicio de las responsabilidades atribuibles a las personas privadas, en los
términos de la ley.

166. En especial, se debe resaltar que la normativa, en especial, el artículo 73,
7477 y 76 de la Ley 715, en el que se desarrolla la “Participación de Propósito

76 Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

77 “Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son promotores del
desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación
de los servicios.
Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los Departamentos el ejercicio de las siguientes
competencias:
74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios públicos en el departamento y
coordinar su ejecución con los municipios.
74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés
departamental.
74.3. Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la tengan.
74.4. Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con la
Nación.
74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de
prestación de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar.
74.6. Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la prestación de los servicios
a cargo de estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales y a
la comunidad. […].
74.9 Desarrollar y ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del medio ambiente y los recursos
naturales renovables.

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General” y, en especial, las competencias de la Nación, departamentos y municipios
en otros sectores, se establece, entre sus responsabilidades, los deberes de
apoyo financiero, técnico y administrativo, desde un eje de planificación
multisectorial que permita la materialización del principio de coordinación.

Análisis del caso concreto

167. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos
jurisprudenciales referidos en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala
procede a realizar el análisis del acervo probatorio; para, posteriormente, en
aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

168. La Sala advierte que las pruebas78 relevantes para resolver el caso sub
examine son las siguientes:

169. Copia del Concepto Técnico núm. 00848 de 4 de mayo de 2020, suscrito por
la subdirección de gestión ambiental sectorial de la CARDER, por medio del cual se
complementa el Concepto Técnico núm. 3219 de diciembre de 2019, para la
imposición de medidas preventivas e inicio de proceso sancionatorio ambiental,
Vereda La Rivera Baja, Municipio de Dosquebradas, según el cual:

74.10. Coordinar y dirigir con la colaboración de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de
control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento. […]”.
[Subraya la Sala].
78 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, Expediente Digital.

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170. Copia del Oficio DA-DIGER-200-1117 de 26 de agosto de 2021, suscrito por
la directora operativa de la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira - DIGER, en
el cual indica que, según las competencias de entidad se han realizado las visitas
técnicas al sector de la problemática, para efectos de dar cumplimiento a la
evaluación visual y dar las recomendaciones de técnicas para plantear soluciones
y realizar el inventario de las viviendas.

171. Copia del Oficio DA-DIGER-200-1297 de 30 de diciembre de 2020, suscrito
por la directora operativa de la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira - DIGER,
en el que informa lo que se observó en la visita de seguimiento a la solicitud con
radicado núm. OPE-1220-351.

172. Copia del Oficio DA-DIGER-200-531 de 26 de junio de 2020, suscrito por la
directora de gestión del riesgo, en el que se refiere:

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173. Copia del Oficio DA-DIGER-200-489 de 7 de junio de 2017, en el que se
relacionan detalles de las recomendaciones efectuadas con ocasión de la visita
solicitada por la señora Gladis Socorro:

174. Copia del Oficio SPDM 282-2289 de 17 de noviembre de 2020, que incorpora
el Informe del Plan de Acción Inmediato.

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175. Copia del Oficio SGM-DO-221-1008-2021 de 19 de marzo de 2021, suscrito
por el secretario de gobierno, por medio del cual se informan las viviendas que
tienen construcción sin licencia - invasión de predio:

176. Copia del Diagnóstico de 28 de agosto de 2023, realizado por Serviciudad
E.S.P, en el cual se concluye lo siguiente respecto de la situación presentada en el
sector Rivera Baja:

“(…) CONCLUSIONES.

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1. En el sector de la Rivera Baja zona rural y urbana de acuerdo a los estudios
realizados, se vienen presentando desplazamientos en masa debido a
múltiples factores en la zona, incluidos los inadecuados manejos de aguas
residuales y aguas lluvias que generan inestabilidad del terreno cuyo
tratamiento corresponde al Municipio de Dosquebradas.
2. El sector principal de la vía del caserío Rivera Baja - urbano, cuenta con
servicio de alcantarillado, de aguas Residuales prestado por la empresa
SERVICIUDAD ESP, el cual funciona normalmente para el servicio que fue
diseñado recolección solo de aguas residuales.
3. En la zona se presentan escurrimientos de aguas lluvias provenientes de la
zona alta - Rural, que fluyen por la vía principal y por el talud aledaño a la vía
principal, generando flujos de aguas lluvias no controladas, las cuales no son
competencia de la empresa SERVICIUDAD ESP.
4. Debido a que en la zona se presentan inundaciones por efecto de las aguas
de escorrentía superficial principal de la parte alta, la empresa SERVICIUDAD
ESP, no ha realizado acciones debido a que el manejo de aguas lluvias en
taludes y vías no es competencia de la empresa SERVICIUDAD ESP.
5. Respecto del manejo aguas residuales del caserío, por ser zona de área
rural del Municipio, la empresa SERVICIUDAD ESP, no presta servicios
públicos en zonas Rurales por no estar incluidas dentro del área de prestación
de servicios de la empresa o perímetro sanitario.
6. Es necesario que se implementen las acciones necesarias para evitar el
crecimiento de asentamientos en zona rural y los efectos que ello trae, para el
sector en la zona urbana (…)”.

177. Declaración de la señora Luz Adriana Mejía González, en calidad de directora
de Gestión de Riesgo del Municipio de Dosquebradas, en el cual indicó lo siguiente:

“(…) Desde la dirección de gestión del riesgo, a través de los diferentes profesionales,
se han venido haciendo las valoraciones y los diagnósticos de la situación que se
presenta en el sector, que obedece básicamente al crecimiento urbanístico de manera
irregular, que ha venido generando la ocupación de algunas zonas en heladera.
Generando vertimientos directos y contaminación al cauce, así como los aumentos
de los caudales que vienen afectando aguas abajo la población que se encuentra
ubicada en la zona de la parte baja de la fluente hídrica que está recibiendo todos
estos vertimientos de manera directa y pues de toda esta zona que han ido creciendo,
como les digo, de manera irregular (sin licencias de construcción, sin estudios, sin
diseños). Sin uso del suelo adecuado para la zona donde se está desarrollando la
Parte habitacional.
En algún momento, a través de la Secretaría de planeación municipal se hizo un
requerimiento para el tema de los servicios públicos. Ellos hicieron un diagnóstico
muy juicioso, una caracterización en la zona con respecto a este tema de
saneamiento básico, por ser la entidad competente.
(…)
¿Desde la dirección de gestión de riesgos municipios quebradas, hasta dónde
llega la competencia para efectos de la problemática, de qué trata la demanda?
Desde el componente de conocimiento del riesgo hemos hecho toda la
caracterización y diagnósticos respectivos, así como la elaboración y la formulación
de dichos informes y correr traslado a cada una de las entidades competentes. Luego
de que se corre ese traslado a quien corresponde hacerle seguimiento que se
estén efectuando las acciones oficiales, recomendaciones dadas por la
dirección de riesgo.
Bueno, en este caso, pues una vez se fue trasladado a cada una de las entidades,
pues estas desde su proceso misional y de competencia, debe de hacerse cargo
directamente de las acciones correctivas o prospectivas que se deban de llevar a
cabo, No obstante, como usted bien lo ha dicho, desde la procuraduría se ha venido

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haciendo un seguimiento de un requerimiento, a la administración municipal y a cada
una de las entidades con respecto a las acciones ejecutadas.
(…)
Muchas gracias, Luz Adriana, usted me podría informar ¿cuáles son los factores
de riesgo actuales que se presentan en la Rivera Alta y la Rivera Baja, sobre las
vías, sobre las viviendas y sobre las fuentes hídricas?
Sí, señora, en la medida que se viene desarrollando intervención antrópica o que se
generan fenómenos naturales, es decir, eventos de movimientos en masa, esto,
deforestación, avenidas, torrenciales, crecimiento urbanístico, vertimientos, depósito
de basuras especiales digamos que todas estas situaciones suman y aumentan los
escenarios de riesgo en estas zonas.
Digamos esta intervención humana o generada por fenómenos de tipo natural, por
precipitaciones u otro tipo de eventos naturales, obviamente vienen agravando con
recurrencia estas situaciones, en la medida de que se generan procesos de desarrollo
urbanísticos que no cumplen con especificaciones técnicas indicadas con sus debidos
permisos, pues obviamente esto empieza a generar una serie de situaciones
reflejadas en procesos de deforestación de contaminación. Efectos aguas abajo de
las poblaciones que se encuentran ubicadas en la parte baja de estas zonas
básicamente (…)”.

178. Declaración del señor Jaime Guzmán Giraldo, profesional Especializado de
la Subdirección de Gestión Ambiental Territorial de la CARDER en la que se destaca
lo siguiente:

“(…) Indique al despacho de lo que usted conoce de esta problemática ¿que hay
en el municipio de Dosquebradas, especialmente en el sector de Rivera Baja?

Sí, básicamente el origen de la problemática está relacionado con aguas no
controladas tanto por aguas lluvias como por entregas directas de vertimientos de
aguas residuales y de allí se deriva toda una problemática en términos de procesos
erosivos y saturación de suelos, y son factores condicionantes o factores que
determinan la ocurrencia de fenómenos de remociones y por eso es tan relevante,
digamos, este tipo de situaciones que requieren de acciones para controlar
precisamente el flujo de las aguas tanto de lluvias como vertimientos de aguas
residuales.

Según lo que usted ha indicado, ¿qué es el fenómeno de remoción en masa?
Fenómeno de remoción en masa es lo que conocemos popularmente como
deslizamiento, es el potencial bajo unas condiciones determinadas de que puedan
ocurrir deslizamientos en el sector que está sometido progresivamente a flujo de
aguas superficiales originadas por las precipitaciones, por las lluvias, como por los
vertimientos. Y eso en el tiempo, digamos que se convierte en un factor contribuyente
que puede generar hacia el futuro la ocurrencia de deslizamientos o movimientos de
masa.

¿A qué se debe? ¿Cuáles son el resto de los factores que están contribuyendo,
a esos riesgos que se presentan en la zona mencionada?
Entre ellos vale la pena citar una zanja que existe en el sector pues de que ya conocen
en el sector de Rivera baja esa zanja, digamos, contribuye que al ubicarse allí se
concentra las aguas, pues van a tener, digamos, un incremento de velocidad y van a
actuar en la generación de procesos erosivos, la erosión concentrada.
Es otro proceso diferente a los deslizamientos, la erosión concentrada se manifiesta
en forma de zanjas, surcos y zanjas que se van profundizando, canalones que se van
presentando sobre el terreno y en el tiempo de no acometerse medidas para el
manejo y disipación de la energía.

Esas zanjas a las que usted ha hecho alusión ¿son un proceso natural o hay
alguna contribución de los asentamientos humanos en esa zona?

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Si al parecer tienen un origen, digamos antrópico, o sea, de los habitantes del sector
que ejecutaron, digamos en algún momento, una zanja que ya se veía desde hace
algunos años, según los documentos disponibles, por lo menos desde el 2018 y
anteriormente a eso ya se evidenciaba, digamos, la presencia de una zanja elaborada
manualmente posteriormente esa zanja, va incrementando sus dimensiones a raíz de
las entregas de aguas lluvias, de la concentración de aguas lluvias y de los
vertimientos de aguas residuales.

Lo que le entiendo es que esa zanja es un colector tanto de agua lluvias como
de residuos de la de las viviendas que hay por allí se ubican esta problemática
En el sector en particular no, no se han realizado obras por parte de la corporación,
allí hay, digamos varias situaciones que deben ser solucionadas y es el tema de
verificar las labores de verificación de los permisos urbanísticos, el tema de tramitar
y obtener los permisos de vertimientos para una adecuada disposición de las aguas
residuales y el tema de retirar los residuos de demolición, pues digamos que esas son
acciones prioritarias que recaen sobre otros entes o sobre particulares (…).

Jaime, ¿qué consecuencias nos puede traer si no se le presta atención
inmediata y oportuna a esta problemática, si se sigue construyendo, si se sigue
depositando residuos sólidos y líquidos en el lugar de manera inadecuada?
Evidentemente en el tiempo va a ser un una situación que va a ser progresiva, porque
cuando las aguas no son controladas definitivamente tiende a haber una progresión
en el arrastre de sedimentos, en la pérdida, digamos, de la cohesión de los materiales
y en su arrastre y en la profundización de esas zanjas y de alguna manera en las
condiciones de saturación, porque no son unas condiciones de flujo ideales que
pueden determinar que bajo una condición de lluvia de cierta intensidad, que no se
haya presentado, por ejemplo, en los últimos 10 años, pueda ser determinante en la
generación de un deslizamiento.(…)”.

179. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos
jurisprudenciales, así como, teniendo en cuenta las pruebas previamente
relacionadas la Sala procede a resolver el caso concreto.

Sobre los argumentos de inconformidad del Municipio de Dosquebradas

180. El Municipio de Dosquebradas argumenta en su recurso de apelación que no
existe omisión en el cumplimiento de sus obligaciones en lo que atañe a dar solución
a la problemática objeto de esta acción popular, en tanto, a través de la Dirección
de Gestión del Riesgo de Pereira – DIGER ha adelantado campañas de
identificación de la situación, sensibilización a la comunidad y de comunicación a
los actores responsables con miras a buscar una solución; igualmente, refiere que
la Secretaría de Obras Públicas ha dispuesto de insumos para la recolección de
escombros y residuos que no le corresponden bajo las disposiciones del Plan de
Gestión de Residuos Sólidos. Además, aduce que el municipio ha gestionado el
acompañamiento y el apoyo en materia técnica para ayudar a mejorar la situación.

181. En punto a la problemática que quedó probada en el proceso, relacionada
con la invasión de predios, construcciones sin licencias; contaminación por
vertimientos de aguas residuales e inadecuada disposición de basuras y
escombros; procesos de saturación de suelos, erosivos y fenómenos de remoción

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en masa; la inexistencia de respuesta de disponibilidad de servicios, así como, de
inestabilidad del terreno debido al encausamiento de aguas lluvias y aguas
residuales domésticas provenientes de viviendas en condición de irregularidad. La
Sala considera que, no le asiste razón al recurrente, comoquiera que, contrario a lo
referido en la argumentación de su apelación, las acciones adelantadas han sido
insuficientes para brindar una solución de forma definitiva a la situación.

182. No se desconoce que el Municipio ha puesto en marcha acciones con miras
a intervenir la problemática, pero, de ningún modo, pueden considerarse como
medidas suficientes para entender por superada una situación de riesgo que ha
quedado probada.

183. El Municipio a su vez, argumenta que es el único responsable de las medidas
a implementar de conformidad con lo ordenado en la sentencia proferida en primera
instancia. Al respecto, manifiesta su desacuerdo, en tanto, “existen agentes del
estado producto de la descentralización territorial y otro del orden nacional que no
fueron condenados pero que tienen la competencia para suplir el presente reclamo
judicial”.

184. La Sala considera que, de conformidad con lo expuesto en el marco
normativo sobre el Sistema de Gestión del Riesgo y las competencias de las
entidades territoriales, el Municipio es el primer llamado a atender las situaciones
de gestión del riesgo y, además, tiene en sus funciones, la obligación de inventariar
las zonas de alto riesgo.

185. Al tiempo, la Sala ha sido enfática en señalar que el municipio podrá acudir
a otras instancias del Sistema Nacional para la atención del riesgo, en caso de que
la situación supere sus capacidades técnicas y financieras. No obstante, en este
caso no se advierte que el municipio haya acudido a estas instancias.

186. De otro lado, en lo que atañe a su inconformidad sobre el gasto público y la
ejecución del presupuesto, resulta del caso, reiterar que estos argumentos no
resultan ser una excusa válida para dejar de garantizar los derechos e intereses
colectivos.

187. Para efectos de resolver el argumento planteado, la Sala considera que
las órdenes impartidas al Municipio de Dosquebradas encuentran sustento en las
competencias principalísimas que les asisten a los municipios en materia de gestión
del riesgo y en servicios públicos domiciliarios, las cuales se explicaron en el marco

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normativo de esta providencia, así como de aquellas competencias concurrentes en
materia ambiental con otras autoridades, como, por ejemplo, las corporaciones
autónomas regionales; y es que, se reitera, el principal responsable es el ente
municipal.

188. Resulta de importancia señalar que, en caso de que el Municipio determine
la necesidad de legalizar las viviendas de conformidad con el ordinal 3.2 de la
sentencia proferida en primera instancia, deberá dar aplicación del artículo
2.2.6.5.1. y siguientes del Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015 79, que establece
que “la legalización urbanística implica la incorporación al perímetro urbano cuando
a ello hubiere lugar, sujeta a la disponibilidad técnica de servicios o a la
implementación de un esquema diferencial en áreas de difícil gestión”.

189. Para efectos de la prestación del servicio de alcantarillado y aseo, el
Municipio podrá escoger entre las siguientes alternativas: i) los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento - PDA o ii) los esquemas diferenciales para la prestación de los
servicios públicos en zonas rurales, en el marco de los artículos 2.3.3.1.1.2. y
siguientes del Decreto 1077, así como, de los artículos 2.3.7.1.1.1. y siguientes del
Decreto 1898, que adicionó en la materia al Decreto 1077 de 201580.

190. En el caso de los PDA, los artículos 2.3.3.2.1.2. y 2.3.3.2.1.6. del Decreto
1077 prevén que el Municipio puede presentar proyectos para la construcción,
ampliación y rehabilitación de los sistemas de alcantarillado, para ser financiados
con los recursos del departamento. Además, el artículo 9.° de la Resolución 661 de
23 de septiembre de 201981, establece que los Departamentos, Municipios y
Distritos –como entidad formuladora responsable del proyecto– podrán obtener
financiación de la Nación o con recursos de la tasa compensada, para los proyectos
del sector de agua potable y saneamiento básico presentados ante el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

191. Ahora bien, en lo que atañe a la falta de recursos para el cumplimiento de las
órdenes de la sentencia, la Sala considera que la Sección Primera del Consejo de

79 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”
80 “[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

[…]”.
81 “Por la cual se establecen los requisitos de presentación y viabilización de proyectos del sector de agua

potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que han sido
priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el MVCT,
a través el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, se deroga la resolución 1063 de 2016 y se dictan
otras disposiciones”.

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Estado, en su reiterada jurisprudencia, ha definido que este no es un argumento
admisible para excusar el incumplimiento de una orden judicial.

192. Al respecto, la Sección Primera ha advertido que “[…] el proceder adecuado
[…] no es el de esgrimir simple y llanamente falta de capacidad82 [y se agrega, la
presencia de situaciones que impidan la garantía de los derechos], sino que, ante
ello, es su deber poner en conocimiento de otras autoridades […] las dificultades
propias de su gestión, con el objeto de obtener de ellas la cooperación que se
requiera y así, de consuno, poder gestionarlas y superarlas […]”83.

193. En relación con la falta de recursos económicos, la Sección Primera del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 16 de mayo de 2019, reiteró que las
autoridades no pueden excusar el incumplimiento de una orden judicial o la garantía
de los derechos con fundamento en la falta de recursos. En esa oportunidad, la Sala
precisó lo siguiente:

“[…] [L]a falta de recursos públicos no es óbice para [dejar de] proteger los
derechos e intereses colectivos habida cuenta que la efectividad de los
derechos colectivos garantizados por la Constitución y la ley demandan
atención prioritaria de las autoridades administrativas, y si su actuación no
colma las exigencias de protección impuestas por el ordenamiento jurídico,
es deber del Juez Constitucional de Acción Popular velar porque dicha
situación sea debidamente atendida.

83. En el caso concreto, el Municipio aduce que con la decisión proferida por el
Tribunal, en primera instancia, se está afectando el presupuesto de dicha entidad
territorial sin consultar con su sostenibilidad financiera. Sobre el particular, se reitera,
la Sala estima que dicho argumento no resulta suficiente para revocar la decisión
de primera instancia, como quiera que las obligaciones fijadas en la sentencia son
razonables y no resultan desproporcionadas […]”84 (Destacado fuera de texto).

194. En síntesis, la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado
ha considerado, de manera invariable, que la falta de capacidad presupuestal de las
entidades que deben cumplir una orden judicial para la protección o el
restablecimiento de los derechos e intereses colectivos no es un motivo suficiente
para revocar la sentencia, en tanto ello desconoce que, de conformidad con el

82 Respecto de la alegada carencia de recursos financieros para ejecutar las medidas de amparo, en reiterada

jurisprudencia, la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que la falta de disponibilidad
presupuestal no es óbice para ordenar el restablecimiento de los derechos colectivos cuya vulneración se
demostró en el proceso judicial. Cfr.: Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia 25 de octubre de 2001,
Consejero Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, núm. único de radicación: 70001233100020000512-01,
Expediente 0303. Actor: Adalberto Castro Meléndez.
83 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato

Valdés, providencia de 20 de febrero de 2020, núm. único de radicación 050012333000201502436-01.
84 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 16 de

mayo de 2019, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. único de identificación
170012333000201700452-01.

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artículo 2.º de la Constitución Política, uno de los fines esenciales del Estado Social
de Derecho consiste en garantizar la efectividad de los derechos.

195. No se desconoce que, para el cumplimiento de la sentencia, las entidades
públicas deben realizar ciertas erogaciones presupuestales y, en razón de ello, las
órdenes a impartir deben tener en cuenta el tiempo necesario para la ejecución de
los trámites administrativos, necesarios para el efecto, y las condiciones para llevar
a cabo la protección o el restablecimiento de los derechos o intereses colectivos 85.

196. Al respecto, la Sala considera que las medidas de protección de los derechos
e intereses colectivos que se deciden en la sentencia apelada se ajustan a dichos
parámetros y, en virtud de ello, deben ser confirmadas; en tanto, a su vez, están
orientadas a la satisfacción de los fines esenciales del Estado Social de Derecho.

Sobre el comité de verificación de cumplimiento de la sentencia

197. Atendido a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia proferida,
en primera instancia, resolvió en el ordinal sexto, lo siguiente:

“[…] 6. Se designan al defensor del Pueblo Regional Risaralda, al alcalde del
municipio de Dosquebradas, un delegado de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda – Carder, al señor agente del Ministerio Público asignado al despacho 04
de esta Corporación y al magistrado ponente, para que conformen el comité de
verificación del cumplimiento de la presente sentencia, para lo cual por Secretaría se
les enviará la respectiva comunicación, quienes rendirán en el término de 18 meses,
un informe único detallado e ilustrado sobre las soluciones adoptadas en pro del
cumplimiento efectivo de esta providencia, se designa como coordinador del comité
al defensor del Pueblo Regional Risaralda […]”.

198. La Sala modificará la parte resolutiva de la sentencia de 4 de abril de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda en lo relacionado con la
conformación del Comité de Verificación de cumplimiento, en el sentido de precisar,
por un lado, que el Magistrado Sustanciador del Tribunal deberá presidir dicho
comité y, por el otro, que también estará integrado por el actor popular, a saber, el
Procurador 28 Judicial II Ambiental Agrario de Pereira.

199. Asimismo, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo de Risaralda, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar

85 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 22 de

enero de 2015, C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala, proceso identificado con núm. único de radicación 180012331
000201100256 01

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su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

200. En virtud de lo expuesto, se confirmará la sentencia proferida en primera
instancia por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 4 de abril de 2024.

Conclusión

201. De conformidad con lo anterior, la Sala confirmará la providencia proferida en
primera instancia, excepto el ordinal sexto relativo al Comité de Verificación de
Cumplimiento de la sentencia, el cual se modificará en el sentido de señalar que el
magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Risaralda deberá presidirlo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de
Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de
la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera
del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal sexto de la sentencia de 4 de abril de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones expuestas en
la parte motiva, el cual quedará así:

“[…] 6. Constituir un comité de verificación de cumplimiento de la presente sentencia,
el cual estará conformado por el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de
Risaralda –quien lo presidirá–; el Procurador 28 Judicial II Ambiental Agrario de
Pereira, en su condición de actor popular; el Defensor del Pueblo Regional Risaralda
o su delegado; el Alcalde del Municipio de Dosquebradas o su delegado; un delegado
de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, el señor agente del
Ministerio Público delegado ante este proceso. El Comité se reunirá a petición de
cualquiera de sus integrantes por convocatoria de quien lo preside, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que razonablemente
es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas, el Tribunal
Administrativo de Risaralda, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar
las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que
incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia […]”.

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TERCERO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia proferida el 4 de abril de 2024,
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones expuestas en la parte
motiva.

CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472.

QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Risaralda, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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