Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2020-00574-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2020-00574-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 66001-23-33-000-2020-00574-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00574-01
Demandante: Procuraduría 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y
municipio de Dosquebradas
Vinculados: Serviciudad E.S.P- E.I.C.E; QBICA Constructora S.A.S; John Jairo
Duque Moreno, José Manuel Duque Moreno y Fabián Arroyave
Pérez
Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos
Tema: Derechos colectivos al goce de un ambiente sano; la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución; la conservación de las
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial
importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad
relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente;
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;
realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes;
derechos de los consumidores y usuarios.
Decisión: Modifica la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y el
municipio de Dosquebradas en contra de la sentencia del 13 de febrero de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El 17 de diciembre de 20201, la Procuraduría 28 Judicial II Ambiental Agraria de
Pereira demandó a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (en adelante
CARDER) y al municipio de Dosquebradas, para obtener la protección de los derechos e
intereses colectivos al goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y
el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; la conservación de las
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica,
de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de
1 Índice 1 de SAMAI en la primera instancia.
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00574-01
Demandante: Procuraduría 28 Judicial Ambiental Agraria de Pereira
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y
municipio de Dosquebradas
la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente;
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes y a los derechos de los consumidores y usuarios.
Específicamente, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
[…]
1. Declarar amenazados y vulnerados los derechos colectivos al goce de un ambiente
sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional
de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales,
la protección de áreas de especial importancia ecológica de los ecosistemas
situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad
relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente, el derecho a
la seguridad y prevención y restauración del medio ambiente, el derecho a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes y los derechos de los consumidores y usuarios, por las
omisiones en la que han incurrido el municipio de Dosquebradas y la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda–CARDER frente a la contaminación ambiental y
situación de riesgo que se presenta en los sectores de la vereda Rivera Baja, Barrio El
Jardín-San Rafael; barrios Independencia, Divino Niño y Libertadores, barrio Santa
Teresita; conjuntos residenciales Rincón de La Pradera, Reservas de La Pradera,
Senderos de La Pradera, Mirador de la Estancia y vereda El Gaitán.
2. En consecuencia, de la anterior declaración, ordenar al municipio de Dosquebradas y
a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda–CARDER la consecución de los
recursos necesarios para luego, ejecutar, dentro del plazo que el honorable Tribunal
Administrativo de Risaralda ordene, las actividades tendientes a que cese la amenaza y
vulneración a los derechos colectivos cuya protección aquí se reclama, y en especial para
lo siguiente:
En consecuencia, de la anterior declaración, ordenar al municipio de Dosquebradas y a la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER la consecución de los recursos
necesarios para ejecutar, dentro del plazo que el honorable Tribunal Administrativo de
Risaralda ordene, las actividades tendientes a que cese la amenaza y vulneración a los
derechos colectivos cuya protección aquí se reclama, y en especial para lo siguiente:
• Que de manera articulada y coordinada realicen las intervenciones y obras que, en sus
conceptos técnicos, informes de visitas y comunicaciones señalan como recomendadas
para atender las problemáticas identificadas en cada uno de los sectores.
• Que se realicen la totalidad de los estudios requeridos para determinar las obras
necesarias en la quebrada Frailes, a fin de que cesen los procesos de socavación y riesgo
que se están ocasionando por las intervenciones antrópicas identificadas.
• Que el municipio de Dosquebradas realice la recuperación del espacio público ocupado
(zona forestal protectora y cauce: quebradas Dosquebradas, Frailes y Manizales) en los
sectores la vereda Rivera Baja, Barrio El Jardín- San Rafael, barrios Independencia,
Divino Niño y Libertadores, barrio Santa Teresita, conjuntos residenciales Rincón de La
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Demandados: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y
municipio de Dosquebradas
Pradera, Reservas de La Pradera, Senderos de La Pradera y Mirador de la Estancia y
vereda El Gaitán.
• Que el municipio de Dosquebradas adelante las actuaciones policivas necesarias con el
fin de que cesen los comportamientos contrarios a la convivencia que se identificaron
como gestión inadecuada de residuos sólidos, realización de actividades económicas sin
el cumplimiento de los requisitos legales, la realización de construcción sin licencia y en
lugares no autorizados, entre otros, tal como lo señala la Ley 1801 de 2016.
• Que una vez el municipio de Dosquebradas recupere las áreas forestales protectoras y
en general suelos de protección afectados, proceda la CARDER a su recuperación
ambiental, a través de los mecanismos que de conformidad con la ley y las condiciones
técnicas se requieran para asegurar la función ecosistémica que les corresponde.
• Que el municipio de Dosquebradas y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –
CARDER-, recuperen el cauce de las quebradas Frailes, Manizales y Dosquebradas, de
manera que no continúe la socavación y con ella el riesgo que generan en los
mencionados sectores.
• Que el municipio de Dosquebradas y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –
CARDER-, realicen intervenciones tendientes a la descontaminación de las quebradas
Frailes, Manizales y Dosquebradas.
• Que el municipio de Dosquebradas y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –
CARDER-, ejecuten las obras requeridas para conjurar las situaciones de riesgo
evidenciadas en los sectores de la vereda Rivera Baja, Barrio El Jardín- San Rafael,
barrios Independencia, Divino Niño y Libertadores, barrio Santa Teresita, conjuntos
residenciales Rincón de La Pradera, Reservas de La Pradera, Senderos de La Pradera y
Mirador de la Estancia y vereda El Gaitán.
• Ordenar a las entidades accionadas ejecutar programas o campañas de socialización y
educación ambiental con la comunidad, principalmente con los habitantes de los
asentamientos y demás habitantes de los barrios para que se promueva en primer término
la siembra de árboles y reforestación del tipo más conveniente según las autoridades,
esto con el fin de mitigar las afectaciones a las zonas de conservación ambiental
afectadas, también para que no se siga deforestando los sectores, para proteger las
cuencas hidrográficas, y para recuperar y conservar el suelo, así como para la adecuada
gestión de los residuos sólidos y vertimientos.
3. Las demás medidas que sean necesarias para proteger los derechos e intereses
colectivos invocados.
1.2. Como fundamento de las anteriores pretensiones, en la demanda, la accionante
acudiendo a informes y visitas técnicas de entidades como la CARDER y la Dirección de
Gestión de Riesgo de Risaralda (en adelante DIGER), señaló que se evidenciaban las
siguientes problemáticas que conllevaban a la vulneración de los derechos colectivos
reclamados:
En los sectores de la vereda Rivera Baja; en los barrios El Jardín- San Rafael,
Independencia, Divino Niño, Libertadores, Santa Teresita, conjuntos residenciales
Rincón de la Pradera, Senderos de la Pradera, Mirador de la Estancia y la vereda el
Gaitán se producen problemáticas de contaminación de quebradas por vertimientos no
autorizados, inadecuada disposición de residuos sólidos, vertimientos del colector de
Frailes por afectación del viaducto de Serviciudad ESP, intervenciones a los cauces de
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Demandados: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y
municipio de Dosquebradas
las quebradas, deforestación, ocupación de áreas forestales protectoras, generación de
olores nauseabundos y vectores.
Así mismo, describió que los sectores mencionados se encontraban en situaciones de
riesgo que no habían sido atendidas integralmente y ponían en riesgo viviendas,
infraestructura de servicios públicos domiciliarios, instituciones y comunidades
educativas, áreas comunes de conjuntos residenciales y predios particulares.
Adujo que en varios de los sectores se encontraron viviendas construidas sin licencias
en lugares ambientalmente protegidos.
Precisó que, en el sector San Rafael, se produjo un desvío de la quebrada Frailes, lo
que ocasionó la socavación de la margen derecha, con el consecuente desgaste y
desprendimiento del terreno. Esta situación generaba un alto riesgo para la estabilidad
de una finca contigua y del conjunto residencial La Castilla. Por su parte, en la margen
izquierda se presentaba una considerable acumulación de material aluvial, que impedía
que el cuerpo de agua retomara su cauce antiguo. Asimismo, se advirtió una afectación
del material vegetal ubicado en la margen derecha, con posible volcamiento de un
guadual localizado en la ladera del conjunto residencial La Castilla.
Narró la problemática específica de la situación de riesgo de la vivienda ubicada en el
predio El Jardín en la manzana 3 casa 41 del barrio San Rafael de Dosquebradas, por la
socavación producto del desvío del cauce.
En el precitado sector, indicó que había estructuras afectadas totalmente, como muros
de gavión y un viaducto que permitía el paso aéreo de una tubería de aguas negras.
Señaló que la CARDER otorgó autorizaciones a los proyectos urbanísticos Mirador de la
Pradera I y II sin contar con los estudios necesarios sobre los impactos que ocasionaban
y las obras que se requerían para evitar los riesgos ocasionados, además de otras
intervenciones que se habían efectuado antes aguas arriba y aguas abajo del sector.
Afirmó que debido a la socavación lateral de la quebrada Frailes, en varios puntos del
terreno se generaban deslizamientos y daños en las infraestructuras existentes, como el
viaducto de colector, los gaviones ubicados en las márgenes derecha e izquierda,
erosiones de terrenos colindantes a un puente vehicular ubicado en la zona destapando
la tubería del colector de Serviciudad ESP con amenaza de la estabilidad del puente
vehicular, socavación lateral de la base del talud donde está ubicada la piscina del
conjunto residencial Castilla.
Describió que las viviendas de la parte inferior en la margen izquierda aguas abajo,
colindantes con el puente vehicular, se habían realizado algunas construcciones y
ampliaciones nuevas hacia el borde del talud invadiendo la zona forestal protectora de la
quebrada, generando una amenaza para las mismas por la socavación lateral de
gaviones y del terreno.
Manifestó que, debido al cambio de dirección y dinámica de la quebrada aguas arriba, se
habían generado meandros nuevos y, debido a la construcción del colector sobre el
terreno aledaño, se estaba afectando el puente vehicular por unos costados con efectos
como la socavación, deslizamientos y amenaza para la estabilidad de esa estructura.
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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Por auto del 11 de mayo de 20212, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió
la demanda respecto de los hechos y la presunta vulneración que se estaba
generando en el sector San Rafael- Desvío quebrada Frailes; y ordenó la notificación
al municipio de Dosquebradas y a la CARDER, previas las siguientes consideraciones y
dispuso desagregar del expediente los hechos relacionados con los demás sectores del
municipio para la conformación de seis expedientes diferentes3:
[…]
Conforme a lo antecedido, esta Corporación efectuará el estudio admisorio respecto de uno
de los cargos de vulneración de los derechos colectivos, esto es, el No. 1 del Sector San
Rafael- Desvío quebrada Frailes E-2019-196560 y ordenará respecto de los otros seis
(6), que por secretaría se desagregue el expediente para conformar seis (6) expedientes
de acción popular independientes, los cuales deberán ser remitidos a la oficina judicial para
el reparto respectivo con la radicación individual en el sistema.
[…]
RESUELVE
1. SE ORDENA DESAGREGAR el presente expediente, para la conformación de sendos
expedientes correspondientes a los siguientes planteamientos de vulneración de derechos
colectivos que dan lugar a acciones independientes: 2.- Sector Rivera Baja-E-2019-
543303; 3. Barrios La Independencia, Divino Niño y Libertadores- E-2019-619201; 4.-
Socavación quebrada Dosquebradas barrio Santa Teresita- E-2020-065593; 5. Riesgo
y contaminación quebrada Frailes conjunto residenciales en la Pradera- E-2020-
204140; 5.- Afectaciones ambientales y riesgo sector Conjunto Residencial Mirador
de la Estancia E-2020-204332 y 7. Riesgo de avalancha vereda Gaitán E-2020-242119.
[…] (Subrayas de la Sala)
2.2. La CARDER contestó la demanda4. En relación con los hechos señaló que no era
cierto que las situaciones de riesgo descritas actualmente en el sector obedecieran a
autorizaciones que la entidad les hubiera otorgado a los proyectos urbanísticos Mirador
de la Pradera I y II. Adujo que, si bien se habían concedido los permisos ambientales
respectivos, los titulares de estos no respetaron las obligaciones impuestas en ellos, dado
que no realizaron los estudios para prever los impactos ambientales, por lo cual, la
entidad procedió a imponer las medidas correspondientes e iniciar procesos
sancionatorios ambientales.
Adujo que las obras requeridas eran competencia directa del municipio, así como las
actuaciones en gestión de riesgos. Afirmó que las funciones de la entidad eran de
asesoría técnica frente a la prevención de desastres.
2 Índice 3 de SAMAI en primera instancia.
3 De la revisión del Sistema de Gestión Judicial Samai se advierte que esta Corporación ha conocido 3 de
los mencionados expedientes que son: i) Radicado 66001-23-33-000-2021-00153-01, M.P. Nubia Margoth
Peña Garzón- en trámite; ii) Radicado 66001-23-33-000-2021-00146-01, M.P. Hernando Sánchez
Sánchez, sentencia del 11 de julio de 2024 y iii) Radicado 66001-23-33-000-2021-00154-01, M.P. Nubia
Margoth Peña Garzón, sentencia del 25 de septiembre de 2025.
4SAMAI 9 de la primera instancia.
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Describió las actuaciones de la entidad realizadas entre el 7 de enero de 2015 y el 18 de
junio de 2019, señalando la existencia de tres procesos sancionatorios y las diferentes
etapas que se habían adelantado en cada uno de ellos, dentro de los que se encontraba,
el que estaba dirigido contra el señor Fabián Arroyave Pérez por la presencia de un muro
de protección longitudinal en gaviones, el depósito en material sobrante de descapote y
excavación sobre la zona protectora de la quebrada Frailes, para la adecuación
morfológica del predio.
Formuló, como excepciones, las siguientes:
(i) Inexistencia de violación al derecho; por cuanto el riesgo no se produce por acción
u omisión de la CARDER sino por actuaciones de terceros sin contar con los respectivos
permisos ambientales de la autoridad ambiental y los riesgos derivados del incorrecto
manejo de aguas superficiales que descienden directamente sobre el terreno y la falta de
control por parte del municipio frente a asentamientos ilegales.
(ii) Inexistencia de un perjuicio por parte de la CARDER que legitime la acción,
según el cual el riesgo no es producido por una actuación de la entidad sino por la
presencia de asentamientos ilegales, intervenciones de la empresa Serviciudad ESP,
junto con las actuaciones adelantadas por el señor Fabián Arroyave Pérez como
propietario del predio donde se construía el proyecto Mirador de la Pradera II, y el señor
Jhon Jairo Duque Moreno dueño del predio el Jardín, por no contar con los permisos
ambientales por parte de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda.
(iii) Falta de integración del litisconsorcio necesario, conforme a la cual debía
vincularse a Serviciudad ESP por tratarse de un litisconsorte necesario, la cual estaba
siendo investigada por ocupación del cauce realizada con el desvío de la quebrada
Frailes.
(iv) Falta de competencia de la CARDER para ejecutar las obras demandadas, en
atención a que las obras a realizar en el marco de la gestión de riesgo, eran competencia
de las entidades territoriales.
Finalmente, se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó que se denegaran.
2.3. El municipio de Dosquebradas,5 en la contestación de la demanda, indicó que a
través de la Secretaría de Planeación revisó la licencia- Resolución núm. 20-1-0158- LUC
de julio 13 de 2020 de urbanización y construcción lote reserva predio “La Sorpresa”
mirador de San Rafael, ficha catastral 00-02-0000-0001-0129-000-000-000 de 2100
metros cuadrados, expedida por la Curaduría Urbana primera de Dosquebradas que era
la entidad encargada de estudiar, gestionar y tramitar el acto administrativo que otorgaba
derechos de actuación urbanística en el predio titular a este. Precisó que toda actuación
constructiva en el sector hasta que no hubiera claridad sobre infracciones ambientales y
acciones correctivas debía ser suspendida.
Argumentó que el municipio no había sido omisivo en el marco de sus funciones, toda
vez que había adelantado múltiples reuniones con el fin de definir un plan de acción que
ya se había fijado y se estaba ejecutando para mitigar los riesgos en el sector de la
quebrada los Frailes, por parte de la Secretaría de Planeación, Serviciudad y DIGER.
5 Ibídem.
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Se opuso a todas las pretensiones y propuso, como excepciones, las siguientes:
(i) Improcedencia de la acción frente al municipio de Dosquebradas, por cuanto el
municipio de Dosquebradas no había incurrido en ninguna omisión que lo
responsabilizara de la vulneración de los derechos colectivos solicitados en la acción
popular.
(ii) Falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que no era la entidad llamada
a responder por el hecho controvertido. La responsabilidad era atribuible a la CARDER y
Serviciudad ESP.
(iii) Falta de medios de convicción, dado que no existía ningún medio de prueba que
acreditara los hechos señalados y no se lograba acreditar la acción u omisión del
municipio.
A su vez, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, por no haberse tenido
en cuenta las disposiciones normativas del artículo 9 de la Ley 472 y que el municipio no
era el responsable en el presente caso.
Por su parte, pidió la vinculación de la empresa Serviciudad ESP y la constructora Q-
BICA como la responsable del proyecto urbanístico Mirador de la Pradera y la
responsable del incumplimiento de las normas y el daño ambientales a la quebrada el
Fraile.
2.4. El 9 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Risaralda realizó la
audiencia de pacto de cumplimiento, la cual se declaró fallida6.
2.5. Mediante auto del 27 de octubre de 20227, se ordenó la vinculación de la Empresa
Serviciudad ESP y la sociedad Q-BICA Constructora SAS.
2.6. Serviciudad S.A.S ESP8 contestó la demanda. En cuanto a los hechos, señaló
que el viaducto por el cual se transportan aguas residuales se vio afectado con la ola
invernal del año 2018, para lo cual debió adelantar obras de ingeniería a las que se
opusieron los propietarios del predio “El Jardín” por lo que debieron acudir a las
autoridades policivas y hacer requerimientos ante la propia Procuraduría Ambiental, para
continuar con las obras de mitigación y de infraestructura de la empresa de servicios
públicos.
Alegó la existencia de un hecho superado y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, por carencia actual de objeto.
Formuló como medios exceptivos:
(i) Inexistencia de un derecho legítimo para responsabilizar a Serviciudad E.S.P-
Falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no era posible intervenir áreas
que se encontraban por fuera del objeto social de la empresa, además, porque no era
6Índice 19 de SAMAI de la primera instancia.
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Índice 25 de SAMAI de la primera instancia.
8Índice 30 de SAMAI de la primera instancia.
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responsable de atención de recursos naturales y del medio ambiente, aun cuando, se
trata de un tema de responsabilidad por recurso hídrico no era de su competencia.
(ii) Inexistencia de un derecho legítimo y nexo de causalidad- hecho de un tercero,
según la cual, si bien la empresa venía haciendo obras en el marco del proyecto de
saneamiento hídrico en el municipio de Dosquebradas y que al ver afectadas las obras
civiles con procesos erosivos, se vio en la necesidad de contratar obras civiles para
proteger el colector de agua, sin embargo la empresa no tiene competencia para invertir
recursos económicos respecto de la construcción de obras de estabilización de taludes
en las quebradas del municipio. Además, señaló que los ciudadanos John Jairo Duque
Moreno y José Manuel Duque Moreno obstaculizaron las obras de reparación del colector
Frailes, al tiempo que generaban vertimientos directos de aguas residuales de la
quebrada.
Afirmó que era deber de la comunidad respetar el retiro natural de sus fuentes hídricas,
razón por la cual, no estaba permitido el desarrollo de actividades urbanísticas en las
áreas públicas como en las zonas de retiro de los ríos y quebradas y era deber del
municipio y del departamento, la protección de los bienes de uso público.
(iii) Hecho exclusivo y determinante de actuaciones por terceros. Atribuyó la
responsabilidad a los proyectos Mirador de la Pradera I y Mirador de la Pradera II, al
desatender lo previsto en el Acuerdo 014 de 2000 y advertir desviaciones considerables
del cauce no atribuibles a Serviciudad E.S.P.
(iv) Inexistencia del nexo de causalidad entre la conducta de Serviciudad E.S.P y
las Presuntas actuaciones reclamadas por el solicitante de la vinculación, puesto
que por el hecho de la realización de unas obras que hacen parte del saneamiento básico
del recurso hídrico de la quebrada Frailes no podía establecerse una responsabilidad por
la desestabilización de taludes y procesos erosivos en la zona de influencia, toda vez que
de acuerdo con las pruebas que se allegan al proceso, se venía cumpliendo con lo
ordenado en otra acción popular en donde la demandante era la señora Catalina Castaño
Granada.
(v) Ausencia de violación o amenaza de violación a los derechos invocados, la cual
consistió en que frente a ninguno de los derechos colectivos invocados había una acción
u omisión por parte de Serviciudad que los comprometiera, dado que no era de su
responsabilidad la construcción, mantenimiento y estabilidad de muros de contención de
riberas de los afluentes hídricos que cruzaran por el municipio de Dosquebradas.
(vi) Inobservancia del principio procesal de la carga de la prueba, Porque no se había
cumplido con la carga mínima probatoria que explicara sumariamente de dónde se infiere
la responsabilidad por parte de la empresa.
(vii) Hecho superado, según el cual se contrató una obra civil de mitigación del riesgo
en el colector Frailes- Sector San Rafael- La Castilla predio El Jardín del municipio de
Dosquebradas, de acuerdo con la última ejecución, según el contrato CF-105-2021.
2.7. La sociedad QBICA CONSTRUCTORA S.A.S9, al oponerse a las pretensiones,
adujo que había cumplido con todas sus obligaciones ambientales.
9Índice 32 de SAMAI en la primera instancia.
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Alegó como excepciones:
(i) Falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que había cumplido con todos
los requerimientos ambientales otorgados por la CARDER, razón por la cual no debía
responder dentro de esta acción popular.
(ii) Confianza legítima y/o legalidad del acto, en atención a que se había cumplido con
los permisos otorgados y la empresa no había desviado la quebrada.
2.8. Mediante providencia del 14 de diciembre de 202310, el Tribunal Administrativo de
Risaralda ordenó la vinculación de los señores John Jairo Duque Moreno, José Manuel
Duque Moreno y Fabián Arroyave Pérez, quienes guardaron silencio.
2.9. El 29 de octubre de 2024, se abrió la etapa probatoria11 y el 18 de diciembre del
202412, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, durante la audiencia de
pruebas.
III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia del 13 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda
amparó los derechos colectivos invocados. Específicamente, en la parte resolutiva
señaló13:
[…]
1. DECLÁRASE probada la excepción de falta de legitimación por pasiva de Q BICA
Constructora S.A.S. y; y (sic) declárase no probada la misma formulada por el municipio
de Dosquebradas y por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Dosquebradas -
Serviciudad ESP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. DECLÁRASE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS al goce de un
ambiente sano; a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución, la conservación de las especies animales y vegetales, la
protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas, así como los
demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del
medio ambiente; a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad
de vida de los habitantes, descritos en los literales a), c), l) y m) del artículo 4º de la Ley 472
de 1998, con ocasión de las omisiones por parte del MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS y
de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA –CARDER en las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que han quedado expresadas en la parte
considerativa de la presente sentencia.
3. ORDÉNASE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS antes descritos,
para lo cual la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER y el municipio de
10Índice 38 de SAMAI en la primera instancia.
11Índice 50 de SAMAI de la primera instancia.
12Índice 74 de SAMAI de la primera instancia.
13índice 81 de SAMAI en la primera instancia.
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Demandante: Procuraduría 28 Judicial Ambiental Agraria de Pereira
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y
municipio de Dosquebradas
Dosquebradas deberán efectuar conforme a lo dispuesto en la parte motiva las siguientes
actuaciones:
3.1. LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER, deberá,
en el plazo máximo de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
presentar una actualización de la categorización de la quebrada Frailes en su paso por el
barrio San Rafael, que incluya un censo de las familias del sector, ubicadas en las áreas de
riesgo y zonas no urbanizables (zona forestal protectora y de retiros).
3.2. El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, con el acompañamiento de la autoridad
ambiental deberá, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia,
realizar un estudio de caracterización de los asentamientos subnormales identificados en
la quebrada Frailes en el sector de San Rafael para que sirva de insumo de las acciones
que se deban desarrollar, específicamente con la construcción de la urbanización Mirador
de La Pradera II propiedad del señor Fabián Arroyave Pérez, para determinar si aquel
supone algún riesgo ambiental y/o para las viviendas que se pretenden construir, y si este
cumple o no con los permisos ambientales requeridos.
En caso de encontrarse algún asentamiento subnormal con ocupación indebida de
la zona forestal protectora, deberá el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS en un plazo
máximo de un (1) año, contado a partir del cumplimiento del plazo anterior, proceder con la
reubicación de los ciudadanos que se encuentran ocupando dichos asentamientos
subnormales, no obstante, si realizado el estudio de caracterización no se encontraron
viviendas con ocupaciones indebidas, el plazo establecido de 1 año para reubicación, no
será teniendo(sic) en cuenta, al no presentarse las circunstancias que lo ameriten.
3.3. Tanto la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER
como el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS en el plazo máximo de los tres (3) meses
siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, deberán realizar un control constante de la
quebrada Frailes en el sector objeto de la presente acción constitucional, con el fin de evitar
nuevos asentamientos y de tomar las medidas de emergencia y urgencia que se requieran
ante una eventual creciente, avenida torrencial o en masa de la quebrada Frailes.
3.4. Una vez realizado el control de asentamientos subnormales, las áreas de riesgo y
zonas no urbanizables, dentro de un (1) mes siguiente al cumplimiento del numeral que
antecede, el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS procederá a la entrega para el manejo y
control de las áreas liberadas, a la CARDER, para que, posteriormente, ambas entidades,
de manera coordinada, de acuerdo a sus obligaciones legales, deberán dar cumplimiento
al programa de manejo y control del área liberada, además de garantizar que no se vuelvan
a desarrollar asentamientos humanos en el lugar, además de ejecutar programas o
campañas de socialización y educación ambiental con la comunidad.
3.5. El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS en coordinación con la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER, deberá, dentro de los dos (2) meses
siguientes al cumplimiento de lo ordenado en los numerales anteriores, realizar estudios
especializados para determinar la mejor solución frente a la socavación y erosión que
presenta la quebrada Frailes, teniendo en cuenta que la construcción de gaviones no es
viable en este sector.
3.6. El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS y la CARDER, dentro del mes siguiente a la
ejecutoria de la sentencia, deberán efectuar los trabajos de recolección de los residuos
sólidos, rocería para efectos de poder darle libertad a las aguas de escorrentía y limpieza
de la zona de protección de la Quebrada Frailes del Municipio de Dosquebradas Risaralda
en el sector del barrio San Rafael.
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3.7. El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL RISARALDA -CARDER, en caso de no existir ocupaciones subnormales en el
sector, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, realizarán los
trabajos de recuperación de la cobertura vegetal de la zona forestal protectora de la
quebrada Frailes en el sector del barrio San Rafael por medio de la siembra de especies
vegetales aptas que cumplan con la función de protección; y, si se presentan ocupaciones
ilegales, el término de dos (2) meses, iniciará a contabilizarse una vez los ciudadanos hayan
sido reubicados.
4. CONFÓRMASE el comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, el cual
está integrado por la Procuraduría 28 Judicial II Ambiental y Agrario de Pereira, un delegado
del municipio de Dosquebradas, un delegado de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda – CARDER, el Procurador Judicial No. 38 en Asuntos Administrativos de la ciudad
de Pereira y este Tribunal, quien lo presidirá, con la obligación de rendir por parte de sus
miembros el informe conjunto respectivo, de conformidad con lo considerado en esta
sentencia.
5. CONDÉNASE en costas, en favor del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos, a las entidades demandadas condenadas, por partes iguales, únicamente en
cuanto a agencias en derecho, las cuales se fijan en 1 salario mínimo mensual legal vigente,
por lo razonado.
6. Por Secretaría, remítase copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
[…].
Para decidir lo anterior, el Tribunal Administrativo de Risaralda consideró que, conforme
a los medios de prueba practicados dentro del proceso, se encontraba demostrada la
desviación del cauce, socavación y erosión de la quebrada Frailes a la altura de las
urbanizaciones Mirador de la Pradera I y II y del predio ubicado en la manzana 3, casa
41 del predio “El Jardín” ubicados en el barrio San Rafael del municipio de Dosquebradas.
Así mismo, señaló que se encontraba acreditada la situación de riesgo derivada de la
dinámica de la quebrada Frailes a su paso por el Barrio San Rafael por el desvío del
cauce natural y también por la población asentada en el sector, ante la amenaza del
colapso de laderas de la quebrada.
Reconoció las intervenciones administrativas de la CARDER y de Serviciudad ESP, a
quienes les reconoció, por un lado, la iniciación y trámite de procedimientos
administrativos a la autoridad ambiental, y, por el otro, en el caso de la empresa
prestadora de servicios públicos domiciliarios, obras de mitigación en el área para evitar
el colapso de estructuras como el viaducto de Serviciudad ESP, las cuales solucionaron
parcialmente la problemática, aportando estabilidad al colector para evitar nuevas fallas
del sistema de colectores e interceptores y evitar contaminación hídrica, no obstante,
quedaban pendientes otras acciones para solucionar problemas en otros puntos de la
quebrada, derivadas de la ocupación del espacio público.
Señaló que, para la categorización del riesgo en la quebrada Frailes, en el paso por el
barrio San Rafael, tanto el municipio, a través de la DIGER como la CARDER habían
rendido diferentes conceptos técnicos y estudios sobre la zona determinada dentro de la
acción popular y había establecido que la quebrada Frailes presentaba una socavación
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de los taludes, con consecuencias como la erosión y la inestabilidad de las márgenes de
la quebrada.
Determinó que, además, los proyectos urbanísticos que tenían como fin la construcción
de viviendas bifamiliares –correspondiente a la urbanización de Mirador de La Pradera II
de propiedad del señor Fabían Arroyave Pérez en el cual se había efectuado labores de
adecuación del terreno– se realizaron depósitos de material sobrante de descapote y
excavación para adecuación morfológica del predio sin contar con los permisos
ambientales necesarios para la actividad, habían realizado alteración del cauce e
inestabilidad del terreno, por lo que en caso de colapso de este relleno antrópico, se
generaría, el colapso de las residencias que se instalaran, en cuanto a los taludes
estaban soportando un peso superior al de la resistencia de los materiales que la
conformaban, comprometiendo la firmeza de estas. En cuanto a esta situación, señaló
que la DIGER del municipio de Dosquebradas había logrado suspender las obras. Así
mismo, narró que los gaviones construidos por esa misma urbanización empezaron a
dejar sin volumen el lleno que había efectuado la constructora generando un riesgo al
costado izquierdo de la quebrada, donde estaba localizado un edificio.
Resumió la situación de riesgo en tres componentes: i) el riesgo natural que generaba la
dinámica de la quebrada Frailes a su paso por el barrio San Rafael, por la desviación del
cauce natural, con la generación de meandros o curvas del afluente, socavaciones y
erosiones en varios puntos de la quebrada; (ii) las edificaciones realizadas por
construcción de urbanizaciones sin permisos correspondientes, ubicadas en los terrenos
protegidos que solo debían ser usados para la protección de la quebrada y su entorno
natural y (iii) la disposición de vertimientos residuales a la quebrada que generaba
contaminación, olores y enfermedades para el sector.
Determinó que ni el municipio de Dosquebradas ni la CARDER habían realizado alguna
acción para disminuir el riesgo de forma definitiva –como entidades encargadas de
realizar obras de mitigación del riesgo en el sector y de proteger el ambiente –. Señaló
que las actuaciones se habían limitado a labores de limpieza y acciones administrativas
de visitas, informes, exhortación a las demás entidades a que efectuaran acciones que
continuaban sin ejecución, por lo anterior, consideró que se estaban vulnerando los
derechos colectivos enunciados en el artículo 4, literales a, c, l, m de la Ley 472 de 1998.
Precisó que, en cuanto a la sociedad Q-BICA Constructora S.A.S se configuraba la falta
de legitimación en la causa por pasiva, porque de acuerdo con la visita técnica del 12 de
mayo de 2017 en el barrio San Rafael, la Dirección Operativa de Gobierno del municipio
de Dosquebradas consideró que esta persona jurídica no estaba realizando ningún tipo
de intervención en el área adyacente a la quebrada Frailes, así como cuando visitó el
Mirador de la Pradera, el 28 de septiembre de 2020 estableció que ese proyecto tenía a
su favor la Resolución CARDER 2021 del 18 de octubre de 2018, por la cual se había
concedido un permiso de ocupación de cauce, y por lo tanto, no se evidenció alguna
intervención por parte de dicha constructora, ni que se hubiera realizado obras de
afectación o sin permisos ambientales en la zona aledaña de la quebrada Frailes del
sector San Rafael.
Sobre la empresa prestadora de servicios públicos, Serviciudad ESP, manifestó que se
había evidenciado la realización de obras de mantenimiento, reparación, rehabilitación y
mitigación de riesgos del interceptor Frailes en varios puntos del municipio de
Dosquebradas, las cuales consistieron en la construcción de un muro de contención en
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concreto y reparación del viaducto afectado por la desviación del cauce; sin embargo,
conforme a los conceptos técnicos emitidos por la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda y la declaración del geólogo Jaime Guzmán Giraldo, aunque dichas
intervenciones solucionaron en gran parte el problema de socavación existente, toda vez
que aportaron estabilidad al colector para evitar nuevas fallas, quedaban pendiente otras
acciones para solucionar los problemas en otros puntos de la quebrada, que se derivaban
de la ocupación indebida del espacio público.
En cuanto a las costas, se condenó a las demandadas por partes iguales, únicamente en
relación con las agencias en derecho a reconocer la suma de un salario mínimo mensual
vigente, en atención a que el hecho que la parte actora la conformen procuradores o la
defensoría del pueblo no impide el reconocimiento de costas en su componente de
agencias en derecho y, en segundo lugar, que el pago esté destinado al Fondo de
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.
IV. RECURSOS DE APELACIÓN
4.1. La CARDER14 señaló que estaba en desacuerdo con la decisión de primera
instancia, porque esa entidad no había vulnerado derecho colectivo alguno, pues realizó
todas las actuaciones que le correspondían como autoridad ambiental y dentro del marco
de las normas.
Adujo que no se estaba ocasionando daño o afectación ambiental que se derivara de una
actuación u omisión por parte de dicha entidad, al realizar todas las actividades de
seguimiento y control para salvaguardar los derechos colectivos.
Argumentó que se le estaban imponiendo a la entidad unas obligaciones que implicaban
la extralimitación de las funciones, dado que solo le correspondía, en los términos de los
artículos 4 y 31 de la Ley 1523 de 2012, la asesoría y asistencia técnica y la participación
en la fase de conocimiento del riesgo, lo que implica realizar visitas técnicas, elaboración
de estudios, informes técnicos, campañas de educación ambiental, suministro de material
vegetal y esas actividades se habían realizado. En ese sentido, afirmó que no le
correspondía la ejecución de obras civiles ni infraestructura para mitigar el riesgo, el
control de asentamiento irregulares –de competencia del municipio–, y tampoco la
recolección de residuos sólidos, de ninguna clase, la realización de procedimientos de
desalojo y reubicación relacionados con asentamientos irregulares. Insistió en la falta de
legitimación en la causa por pasiva.
En relación con la Ley 99 de 1993, señaló que la CARDER había brindado el apoyo en
la solución de la problemática del sector, a pesar de no ser la competente funcional para
esos fines, por lo tanto, solicitó que la entidad no fuera a quien se le responsabilizara por
la vulneración y se aclararan las obligaciones impuestas a la entidad conforme a la Ley
1523 de 2012.
Señaló que no había incurrido en la vulneración de los derechos colectivos protegidos,
razón por la cual no compartía las costas fijadas en el fallo, en la medida en que eran
excesivas y no han debido fijarse en contra de la entidad. Ello, con fundamento en el
salvamento de voto parcial del fallo de primera instancia, en el que se expuso que, en
14Índice 2 de SAMAI en esta instancia.
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tratándose de una gestión adelantada por la Procuraduría no se debía producir una
condena en tal sentido.
4.2. El municipio de Dosquebradas15 interpuso recurso de apelación. Las razones de
su inconformidad consistieron en que hubo un desconocimiento de las medidas
adoptadas por el municipio, porque se demostró que la entidad territorial había
desarrollado las actividades necesarias para intervenir adecuadamente la zona,
acreditado respectivamente con las pruebas aportadas con el escrito de contestación de
la demanda y, por tanto, se configuraba un error de hecho por no valorar de manera
sistemática e integral el material probatorio válidamente decretado y practicado en el
proceso.
Así mismo, señaló la inexistencia de la vulneración de los derechos colectivos,
porque, con fundamento en los conceptos técnicos de la DIGER del municipio y la
CARDER, no se mencionaba que se hubiera omitido el deber legal por parte de la entidad
en la protección a la comunidad de los sectores donde presuntamente estaba sucediendo
la amenaza, ya que estaban en proceso los compromisos dispuestos para la ejecución
de las obras de mitigación del riesgo, por lo que por sí solo, no se puede determinar que
se estaban transgrediendo los derechos colectivos de las comunidades aledañas de la
Quebrada Frailes, en su paso por el barrio San Rafael.
Además, se había acreditado las acciones de verificación y mitigación realizadas por la
Secretaría de Planeación municipal, la cual había revisado la licencia-resolución núm.
20-1-0158-LUC julio 13 de 2020 urbanización y construcción lote reserva predio “La
Sorpresa” mirador de San Rafael con ficha catastral 00-02-0000-0001-0129-000-000 de
2100 metros cuadrados expedida por la Curaduría Urbana Primera de Dosquebradas que
era la entidad encargada de estudiar, gestionar y tramitar el acto administrativo que le
daba derechos de actuación urbanística en el predio titular de este.
Mencionó las actividades realizadas por la DIGER para hacer seguimiento al sector y la
notificación personal que hizo de afectación inminente en la vivienda no habitable por
riesgo en la manzana 3 casa 41, el 20 de noviembre de 2020.
Consideró que se debía detener toda la actividad constructiva en el sector hasta cuando
se tuviera claridad sobre las infracciones ambientales y las acciones correctivas que se
deben desarrollar en el sector para garantizar la estabilidad de los llenos realizados, como
de las márgenes derecha e izquierda aguas abajo en el sector y definir las infracciones,
multas y acciones correctivas que debe asumir el constructor para garantizar la
estabilidad de los llenos realizados y la estabilidad de las márgenes que se vieron
afectadas por la desviación del cauce de la quebrada.
Relató que la administración municipal, a través del DIGER, respondió oportunamente a
las reclamaciones y adujo que los problemas presentados obedecían a la autorización
que la CARDER les habría otorgado a los proyectos urbanísticos Mirador de la Pradera I
y II sin contar con los estudios necesarios para prever los impactos y las adecuaciones
requeridas para evitar la producción del riesgo.
Argumentó que a pesar de que el municipio no había ocasionado la vulneración y que
esta se debía a intervenciones de terceros, se le responsabilizó, sin tener en cuenta las
15ibidem.
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condiciones financieras del ente territorial y la naturaleza, alcance y costos de las obras
que ordenaron realizar, solo en la quebrada los Frailes sector San Rafael, a pesar de
tener otros puntos que también tienen prioridad.
Alegó la falta de integración en la decisión de la comunidad, dado que el derecho
colectivo al ambiente sano estaba relacionado directamente con la participación de la
comunidad en el sostenimiento y mantenimiento de los espacios en las condiciones que
se plantearon en la acción popular y el Tribunal omitió de plano la integración de la
comunidad.
Solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia al no realizar la valoración
integral y sistemática de las pruebas existentes en el proceso o que en su defecto y de
manera subsidiaria se modificara la decisión proferida por el A quo en lo correspondiente
a los tiempos otorgados para el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de primera
instancia.
Finalmente, solicitó que se modificaran los tiempos otorgados para el cumplimiento
ordenado en la sentencia de primera instancia.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
5.1. En proveído del 3 de septiembre de 202516 se admitieron los recursos de apelación
promovidos por la CARDER y el municipio de Dosquebradas y se prescindió de la etapa
de alegatos de conclusión.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
6.1. Mediante memorial del 15 de septiembre de 2025, la Procuraduría Quinta Delegada
ante el Consejo de Estado rindió concepto, según el cual, no era cierto que a la CARDER
solo le tocara brindar asistencia técnica, porque conforme a los numerales 19 y 20 del
artículo 31 de la Ley 99 de 1993 le corresponde promover y ejecutar obras de
avenamiento para prevenir inundaciones y regular los cauces y corrientes de agua, así
como realizar obras de infraestructura en coordinación con las entidades encargadas de
la descontaminación o recuperación del medio ambiente.
En cuanto a los argumentos de la apelación presentada por el municipio, en la cual se
defiende que no existe vulneración de los derechos colectivos –dado que las situaciones
de peligro no habrían sido causadas por acción u omisión del municipio sino por factores
externos– resaltó que eran los alcaldes los directos responsables de la implementación
de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, en los términos del artículo
14 de la Ley 1523 de 2012.
Por lo anterior, el Ministerio Público consideró que las órdenes impartidas por el Tribunal
fueron las adecuadas y correspondían con las funciones a cargo de las entidades
demandadas. Sin embargo, consideró loable la solicitud de ampliación de los tiempos
para la ejecución de las órdenes para el cumplimiento efectivo de estas en beneficio de
los derechos colectivos de los habitantes del sector.
VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
16Índice de SAMAI 4 en esta instancia.
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7.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo 150
de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 2019, proferido por el
Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia,
de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los Tribunales
Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y derechos colectivos.
7.2. Planteamiento
De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, lo que se extrae
es que el Tribunal Administrativo de Risaralda consideró que el municipio de
Dosquebradas y la CARDER eran responsables de la vulneración de los derechos
colectivos invocados, debido a que no realizaron ningún tipo de acción para disminuir o
prevenir el riesgo de forma definitiva en el sector de San Rafael – desvío quebrada
Frailes, como responsables de realizar obras de mitigación del riesgo en el sector y de
proteger el ambiente –limitándose a labores de limpieza y acciones administrativas de
visitas, informes y exhortaciones a las demás entidades a realizar actividades que
continúan sin ejecución–.
Por su parte, la CARDER y el municipio de Dosquebradas en los recursos de apelación
señalan que no han vulnerado los derechos colectivos reclamados al realizar las
actuaciones que funcionalmente les corresponden, y en ese sentido, alegan una
incorrecta valoración probatoria, por no tener en cuenta las gestiones que han adelantado
frente a la problemática.
En ese sentido, el Tribunal Administrativo de Risaralda consideró que, conforme al
artículo 20 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales debían
ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales,
proyectos y obras de infraestructura necesarias para la descontaminación o recuperación
del medio ambiente y los recursos renovables.
La CARDER insiste en que no está dentro de sus funciones realizar obras civiles para
mitigar el riesgo. Además, alegó que no debía ser condenada en costas procesales.
Por otra parte, el municipio de Dosquebradas controvirtió la sentencia de primera
instancia por no haber tenido en cuenta que la responsabilidad era de la CARDER –quien
había otorgado las licencias a los proyectos urbanísticos Mirador de la Pradera I y II sin
los estudios necesarios para prever los impactos y adecuaciones requeridas y evitar la
producción de riesgos–. Además, señaló que se debían tener en cuenta las condiciones
financieras del ente territorial y que se debió integrar a la comunidad en la decisión. Así
mismo, reprochó la condena en costas impuesta en la sentencia de primera instancia.
7.3 Sobre la vulneración de los derechos colectivos invocados
Corresponde a la Sala establecer si la CARDER y el municipio de Dosquebradas
incurrieron en la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la
existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución; la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas
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de especial importancia ecológica de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas,
así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y
restauración del medio ambiente; el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y los derechos de los
consumidores y usuarios, si dichas entidades consideran que no realizaron ninguna
acción u omisión que generara la afectación en la quebrada Frailes ubicada en el sector
San Rafael del municipio de Dosquebradas.
7.3.1. Marco conceptual del núcleo esencial de los derechos colectivos invocados
Con el fin de resolver el anterior cuestionamiento, la Sala va a iniciar por analizar el núcleo
esencial de los derechos colectivos solicitados en el amparo de la siguiente manera:
En relación con el derecho colectivo al goce de un ambiente sano, esta Corporación ha
sostenido que:
[…]
la Sección Primera del Consejo de Estado ha hecho alusión a las distintas dimensiones de
este derecho, destacando que ostenta la calidad de: “ […] (i) derecho fundamental (por
encontrarse estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida y a la salud;
(ii) de derecho- deber (todos son titulares del derecho a gozar de un ambiente sano pero,
además, tienen la obligación correlativa de protegerlo); (iii) de objetivo social (conservación
de las condiciones del medio ambiente para garantizar el aprovechamiento de los recursos
naturales por parte de las generaciones presentes y futuras); (iv) de deber del Estado
(conservación del medio ambiente, eficiente manejo de los recursos, educación ambiental,
fomento del desarrollo sostenible, e imposición de sanciones a que haya lugar); y (v) de
derecho colectivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 superior […]17 (Resalta
la Sala)
Por otra parte, al referirnos al contenido del derecho colectivo a la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección
de áreas de especial importancia ecológica de los ecosistemas situados en las
zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con
la preservación y restauración del medio ambiente, se ha establecido que:
[…]
El medio ambiente hace parte de lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado la
"Constitución Ecológica", conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan
los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la sociedad con
la naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente para las generaciones presentes y
futuras.
En este sentido los artículos 8°, 58, 79, 80 y 95 Superiores, consagran, respectivamente, i)
la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación;
ii) la función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el
17Al respecto ver sentencias Consejo de Estado. Sentencia del 9 de mayo de 2024 radicación:
730012333000201600558-01 C.P Hernando Sánchez Sánchez- Consejo de Estado. Sección Primera C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés. radicación: 760012331000201101300-01.
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deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas
de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de estos fines;
y iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, así como el de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
[…]18 (Resalta la Sala).
Ahora, en cuanto al núcleo del derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, la Sección Primera de esta Corporación ha considerado que:
[…]
Proclamado por el literal l) del artículo 4º de la ley 472 de 1998, este derecho, orientado a
precaver desastres y calamidades de origen natural o humano, busca garantizar por vía de
la reacción -ex ante- de las autoridades la efectividad de los derechos y bienes jurídicos
reconocidos por la Constitución a las comunidades y a las personas y la conservación de
las condiciones normales de vida en un territorio”. Por esto demanda de los entes públicos
competentes la adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios
y adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no solo de
reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de policía
administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan su bienestar,
integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien por la simple
observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas técnicas de las
que hoy dispone la Administración Pública. De ahí que esta Sección haya destacado el
carácter preventivo de este derecho haciendo énfasis en su vocación de “evitar la
consumación de los distintos tipos de riesgo que asedian al hombre en la actualidad”, ya no
solo naturales (v. gr. fuego, deslizamientos de tierra, inundaciones, sequías, tormentas,
epidemias, etc.), sino también –cada vez más– de origen antropocéntrico (v.gr.,
contaminación del ambiente, intoxicaciones o afectaciones a la salud, destrucción o
afectación de la propiedad privada o pública por accidentes, productos, actividades o
instalaciones).
Pese al talante preventivo de este derecho colectivo, nada obsta para que su amparo pueda
presentarse también ante situaciones que ya no solo constituyen riesgos sino vulneraciones
concretas de los derechos e intereses reconocidos por la Constitución y la ley a la
comunidad y a las personas que la conforman, y que, por ende, ameritan la intervención
del Juez Constitucional. En últimas, tanto la prevención como la protección, corrección y
restitución de estos derechos frente a situaciones que los afectan constituyen objetivos
propios de las acciones populares; a las que, como se mencionó líneas arriba, es inherente
una dimensión preventiva, protectora, reparadora y restitutoria de los derechos que
amparan.
De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a la
seguridad pública ha sido definido como “parte del concepto de orden público […]
concretado en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que
permitan el desarrollo de la vida en comunidad (…) Su contenido general, implica, de
acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos,
las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas” . Supone,
entonces, una Administración Pública activa, técnica y comprometida con la asunción
permanente de sus responsabilidades y con el monitoreo constante de aquellos ámbitos de
18 Al respecto ver sentencias Consejo de Estado. Sentencia del 5 de noviembre de 2013 radicación:
250002325000200500662-03.
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18
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la vida diaria que están bajo su cargo, como presupuesto de la actuación anticipada o
preventiva (y también reactiva) que instaura como estándar de sus actuaciones […].19
Finalmente, en cuanto al derecho colectivo a la realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio y calidad de vida de los
habitantes se ha establecido que:
[…]
54. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este derecho
implica “[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización, transformación y ocupación
del suelo, de manera que las autoridades competentes no actúen en forma arbitraria en
contravención del respectivo plan de ordenamiento territorial o instrumento que haga sus
veces, a través de acciones que estén fuera de su marco normativo […].
55. De igual forma, esta Sección mediante sentencia de 7 de abril de 2011, determinó que
el núcleo esencial del derecho colectivo comprende los siguientes aspectos: i) respeto y
acatamiento del principio de función social y ecológica de la propiedad; ii) protección del
espacio público procurando adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con
respeto por el espacio público, el patrimonio público y la calidad de vida de los demás
habitantes; iii) respetar los derechos ajenos y no abusar del derecho propio; y iv) atender
los procesos de cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su
utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente
una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible. […].20
7.3.2. De las pruebas obrantes en el expediente
Precisado lo anterior, se trae a colación el material probatorio obrante en el plenario:
A) Concepto técnico núm. 000296 del 10 de febrero de 201521 de la CARDER de las
condiciones de la Casa 41- Barrio San Rafael. Dosquebradas. En el documento se
observa:
[…]
«…CONCLUSIONES
El predio presenta intervención de la zona forestal protectora – ZFP de la quebrada Frailes
y la vivienda se encuentra 14 m del cauce, la cual, según el Plan de Ordenamiento Territorial
del municipio de Dosquebradas, vigente, debe estar entre 15 y 30 m para cauces en forma
19Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, D.C 14
de marzo de 2019, Rad. Núm: 17001 23 00 000 2011 00337 01
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Guillermo
Vargas Ayala. Bogotá, D. C., 26 de marzo del dos mil quince (2015). Rad. Núm.: 15001-23-31-000-2011-
00031-01. Actor: José Amado López Malaver. Demandado: Ministerio de Vivienda y Desarrollo Rural,
Ministerio de Medio Ambiente, CORPOBOYACÁ y Otros.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de mayo de
2013, Rad. No. 15001 23 31 000 2010 01166 01. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.
20Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia del 21 de mayo de 2020. Rad. Núm. 25000 23 24 000 2011 00407 01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de
2008, Rad. No. AP-2005-00901. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de siete (7) de abril
de dos mil once (2011), Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número: 63001-23-
31-000-2004-00688-01.
21Índice de SAMAI 9 en la primera instancia.
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de “U”. Igualmente, según la normatividad ambiental vigente, Acuerdos CARDER 028 de
2011 y 020 de 2013.
La Zona Forestal Protectora de la Quebrada Frailes presenta rastrojo y material vegetal de
una baja densidad de siembra y escasa profundidad radicular que no permiten cohesión al
suelo y que la hacen susceptible a procesos erosivos que pueden afectar la ladera y por
consiguiente la estabilidad de la vivienda.
Según la normatividad ambiental vigente, Acuerdos CARDER 028 de 2011 y 020 de 2013,
las ZFP deben tener vegetación plantada o generada espontáneamente por sucesión
natural, con variedad de especies con un sistema radicular que permitan una cohesión al
suelo, con el fin prioritario de generar conectividad, servicios ambientales o servir a la
protección de uno o varios recursos naturales renovables y el ambiente. En ese sentido, las
ZFP tiene como funciones la protección de corrientes de agua, regular los cauces, la
prevención de desastres como inundaciones que afecten la población o infraestructura, la
mitigación de riesgos, la preservación del paisaje y la necesidad de conservar sendas para
el mantenimiento de la flora y la fauna. Al ser afectadas las ZFP se disminuye la prestación
de los bienes y servicios asociados a éstas.
La vivienda presenta los siguientes factores de Amenaza y Vulnerabilidad:
Grado de vulnerabilidad: ALTO
Grado de Exposición: MODERADO
Localización en talud: Base de la ladera.
Factor de Fragilidad: ALTO
Sistema Estructural: Mixto: ALTO
Tipo de cimentación: No observable: ALTO
Calidad de construcción: Mala: ALTO
Amenaza: Hidrológica ALTA
Factor de Riesgo: ALTO
• El uso de maquinaria para labores de movimientos de tierra para modificar el cauce de la
quebrada Frailes a su paso por este sector no estaría permitido, ya que al igual que en el
concepto de la OMPADE la intervención de la quebrada modificaría las fuerzas de corriente,
velocidad, fricción entre otros originando inundaciones e inestabilidad de las laderas aguas
abajo.
RECOMENDACIONES
• Construir obras de bioingeniería como gaviones y trinchos vivos que permiten mitigar el
efecto del cambio de dinámica de la quebrada a su paso por la zona aledaña a la vivienda.
• Delimitar y revegetalizar la ZFP de la quebrada Frailes con especies forestales adecuadas
que permitan su recuperación. Para lo cual la CARDER podrá brindar asesoría y asistencia
técnica, y de haber disponibilidad, suministrar el material vegetal requerido.
• Enviar copia del presente Concepto Técnico al propietario del predio, a la Secretaria
Municipal de Obras Públicas e infraestructura y a la Oficina de Control Físico de
Dosquebradas para su conocimiento y gestión de acciones pertinentes. (Subrayas de la
Sala)
B) Concepto técnico núm. 000704 del 12 de abril de 2016 de la CARDER22, en la cual se
especificó:
22Ibídem.
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[…]
Mediante solicitud No. 2934 del 01 de abril de 2016, la Secretaría de Gobierno del municipio
de Dosquebradas, informa que en el barrio San Rafael ingresando por la manzana C, se
observa depósito de tierra negra en la zona forestal protectora de la quebrada adyacente.
En atención a la denuncia ambiental, funcionario de la Subdirección de Gestión Ambiental
Sectorial de la CARDER, realizó visita el 12 de abril de 2016, al sitio indicado, se encontró
en la ubicación descrita un depósito de escombros y material sobrante de descapote y
excavación, entre los cuales se identificaron (escombros y tierra) Área intervenida de 414
m2, correspondiente a una zona forestal protectora de la quebrada Frailes, ubicada en zona
urbana del municipio de Dosquebradas, actividad que se está realizando sin los
correspondientes permisos de carácter ambiental, como se observa en las evidencias
fotográficas, no se pudo establecer un volumen dadas a(sic) las condiciones topográficas
del sitio, con el agravante que todo material dispuesto allí se encuentra sobre amenaza
media por inundaciones, lo que puede convertirse en un factor de riesgo por un posible
represamiento de la misma, información obtenida del plan de ordenamiento territorial (POT)
del municipio de Dosquebradas.
CONCLUSIONES
1. Se identificó la disposición actual e inadecuada de escombros y material sobrante de
descapote y excavación sin ningún control en el Barrio San Rafael, Manzana C, Casa 41
zona urbana del municipio de Dosquebradas Risaralda; con el agravante que todo material
dispuesto allí se encuentra sobre amenaza media por inundaciones.
2. El depósito de escombros y material sobrante de descapote y excavación, se realizó
sobre la zona forestal protectora de la quebrada Frailes, ubicada en zona urbana del
municipio de Dosquebradas en un área de 414 m2.
Observación: Con el objeto de minimizar los impactos negativos derivados de las
actividades de disposición inadecuada de escombros y material sobrante de descapote y
excavación, en la Manzana C, Casa 41, barrio San Rafael zona urbana del municipio de
Dosquebradas Risaralda, se hace necesario que se realicen las siguientes labores en el
término de quince (15) días hábiles:
-Retirar la totalidad de escombros y material sobrante de descapote y excavación, que
fueron arrojados en lote, entre las coordenadas X: 1024651, Y: 1156045 y X: 1024677, Y:
1157790, y disponerlos en un lugar autorizado por la autoridad ambiental (allegar
certificación que acredite el recibo de los materiales en el sitio donde se depositen).
-Tomar las medidas necesarias para evitar que terceros arrojen cualquier tipo de residuos
sobre el predio.
• Permitir la regeneración del área afectada y dar a conocer de la situación a La Oficina
Municipal de Atención y Prevención de Desastres, y la Secretaría de Gobierno del municipio
Dosquebradas. (Subrayas de la Sala)
C) Expediente ambiental de la CARDER contra el señor Jhon Jairo Duque Moreno, del
cual se observan las siguientes actuaciones adelantadas por la entidad.
C.1) Resolución núm, 00765 del 20 de abril de 201623, a través del cual se impusieron
medidas preventivas al señor Jhon Jairo Duque Moreno. De la cual se resalta:
23Ibídem.
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[…]
Resolución No 765
POR LA CUAL SE IMPONEN UNAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SE FIJAN UNAS
OBLIGACIONES
A. Que mediante solicitud No 2934 del 01 de abril de 2016, la Secretaría de Gobierno del
municipio de Dosquebradas, informa que en el barrio San Rafael ingresando por la
manzana C, se observa depósito de tierra negra en la zona forestal protectora de la
quebrada adyacente.
B. En atención a la denuncia ambiental, funcionario de la Subdirección de Gestión
Ambiental Sectorial de la CARDER, realizó visita el 12 de abril de 2015, al sitio indicado, se
encontró en la ubicación descrita un depósito de escombros y material sobrante de
descapote y excavación, entre los cuales se identificaron (escombros y tierra). Área
intervenida 414 m2, correspondientes a zona forestal protectora de la quebrada Frailes,
ubicada en la zona urbana del municipio de Dosquebradas, actividad que se está realizando
sin los correspondientes permisos de carácter ambiental, como se observa en las
evidencias fotografías, no se pudo establecer un volumen dadas a las condiciones
topográficas del sitio, con el agravante que todo el material dispuesto, allí se encuentra
sobre amenaza media por inundaciones, lo que puede convertirse en un factor de riesgo
por un posible represamiento de la misma, información obtenida del plan de ordenamiento
territorial (POT) del municipio de Dosquebradas.
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor JHON JAIRO DUQUE MORENO […] en calidad
de Propietario, como responsable de los hechos descritos en la parte motiva, las siguientes
medidas preventivas:
-Amonestar por escrito, el señor JHON JAIRO DUQUE MORENO, […]en calidad de
propietario, por la disposición Inadecuada de escombros y material sobrante de descapote
y excavación, en la Manzana C, Casa 41, barrio San Rafael zona urbana del municipio de
Dosquebradas Risaralda, afectando un área aproximada de 414 m2.
-Suspender de manera Inmediata la disposición inadecuada de escombros y material
sobrante de descapote y excavación, en la Manzana C, Casa 41, barrio San Rafael zona
urbana del municipio de Dosquebradas Risaralda, y abstenerse de realizarlo en lo sucesivo.
ARTICULO SEGUNDO: Con el objeto de minimizar los impactos negativos derivados de
las actividades de disposición inadecuada de escombros y material sobrante de descapote
y excavación, en la Manzana C, Casa 41, barrio San Rafael zona urbana del municipio de
Dosquebradas Risaralda, se hace necesario que se realicen las siguientes labores en el
término de quince (15) días hábiles:
-Retirar la totalidad de escombros y el material sobrante de descapote y excavación, que
fueron arrojados en lote, entre las coordenadas […] y disponerlos en un lugar autorizado
por la autoridad ambiental (allegar certificación que acredite el recibo de los materiales en
el sitio donde se depositen).
-Tomar las medidas necesarias para evitar que terceros arrojen cualquier tipo de residuos
sobre el predio.
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-Permitir la regeneración natural del área afectada, y dar a conocer de la situación a la
Oficina Municipal de Atención y Prevención de Desastres, y la Secretaría del municipio de
Dosquebradas.
ARTICULO TERCERO: Las medidas preventivas que mediante la presente resolución se
imponen, tienen carácter inmediato […]
C.2) Auto núm. 413 del 11 de octubre de 201624, mediante el cual se inicia indagación
preliminar y se ordenó la práctica de pruebas contra Jhon Jairo Duque Moreno, como
propietario del predio casa 41, ubicado en la manzana C, barrio San Rafael.
[…]
AUTO No 413
POR LA CUAL SE INICIA UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.
[…]
D) Que mediante Resolución No 00765 del 20 de Abril (sic) de 2016, la Corporación
Autónoma Regional CARDER, impone al señor JHON JAIRO DUQUE MORENO […] en
calidad de propietario las siguientes medidas preventivas:
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR INDAGACIÓN PRELIMINAR en los términos y para los
fines previstos en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 contra el señor JHON JAIRO
DUQUE MORENO […[ en calidad de presunto propietario del predio denominado CASA 41,
ubicado en la MANZANA C, Barrio San Rafael, zona urbana del municipio de Dosquebradas
Risaralda, a efectos de verificar la ocurrencia de la conducta, determinando si es
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado el amparo de una causal de eximente
de responsabilidad, con ocasión de la Disposición inadecuada en el predio antes descrito
de Escombros y Material Sobrante de Descapote y Excavación, entre los cuales se
identificaron (escombros y tierra), actividad que se está realizando sin ningún tipo de
Permisos o Autorizaciones de Carácter Ambiental, afectando un área intervenida
aproximada de 414 m2, correspondiente a una Zona Forestal Protectora de quebrada
Frailes, con el agravante que todo el material dispuesto allí se encuentra sobre una
amenaza media por inundaciones, lo que se puede convertir en un factor de riesgo por
posible represamiento.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR LA PRÁCTICA DE LAS SIGUIENTES PRUEBAS
[…]
C.3) Auto núm., 114 del 15 de marzo de 2017 25, mediante la cual se inició investigación
administrativa en contra del señor Jhon Jairo Duque Moreno, por las presuntas
infracciones ambientales en relación con el predio Casa 41 y/o San Rafael, del cual se
extrae lo siguiente:
24 Ibídem.
25 Ibídem.
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Demandados: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y
municipio de Dosquebradas
[…]
AUTO
No 114
POR EL CUAL SE INICIA UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA
[…]
RESUELVE
[…]
ARTICULO PRIMERO: INICIAR INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA en contra del señor
JHON JAIRO DUQUE MORENO […] como presunto responsable de la afectación de los
recursos naturales renovables y medio ambiente con ocasión de: Disposición inadecuada
en el predio antes descritos de Escombros y Material Sobrante de Descapote y Excavación.
[…]
C.4) Auto núm 552 del 7 de julio de 201726, por el cual se ordenó la práctica de unas
pruebas. Del documento se extrae:
[…]
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Con el fin de esclarecer la ocurrencia de algunos hechos y la
responsabilidad de la Presunta Infractora (sic), se ORDENA LA PRACTICA DE LAS
PRUEBAS:
[…]
C.5) Auto núm 384 del 4 de diciembre de 202027, por el cual se formulan cargos contra el
señor Jhon Jairo Duque Moreno. Se extrae lo siguiente:
[…]
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: FORMULAR CARGOS (sic) el señor JHON JAIRO DUQUE
MORENO […] de la siguiente manera:
CARGO ÚNICO: Formular cargos al señor JHON JAIRO DUQUE MORENO […] en calidad
de propietario del predio denominado CASA 41 Y/O SAN RAFAEL, localizado en la vereda
SAN RAFAEL, en la jurisdicción del municipio de Dosquebradas, Risaralda, como presunto
infractor de la afectación de los recursos naturales renovables y medio ambiente con
ocasión de: Disposición inadecuada en el predio antes descrito de Escombros y Material
Sobrante de Descapote y Excavación […]
D) Expediente de investigación ambiental de la CARDER dentro del cual observan las
siguientes actuaciones administrativas dentro de procedimiento administrativo
sancionatorio:
26 Ibídem.
27Ibídem.
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24
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Demandados: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y
municipio de Dosquebradas
D.1) Auto núm. 0042 del 25 de febrero de 202028, a través del cual la CARDER inició una
investigación administrativa en contra de Serviciudad ESP, por el desvío de la quebrada
Frailes, para la ejecución y obra de construcción del viaducto para cruce de red de
alcantarillado y gaviones de protección sobre la ladera margen derecha, sin los permisos
y autorizaciones ambientales por parte de la CARDER, desde el año 2016. En el
documento se observa:
[…]
AUTO No 0042
POR EL CUAL SE INICIA UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA
[…]
DESCRIPCIÓN:
Mediante oficio PJAA-28-2717 del 24 de mayo de 2019, Radicado en la Entidad con el No
6838 del 28 de mayo de 2019, por parte de la Procuradora 28 Judicial II Ambiental y Agraria
de Pereira, Luz Elena Agudelo Sánchez, con asunto: Requerimiento por desviación
Quebrada Frailes, Predio El Jardín, Barrio San Rafael.
[…]
Se evidencia desde el Proyecto Mirador de la Pradera predio El Jardín localizado en el
Barrio San Rafael, propiedad del señor Jhon Jairo Duque Moreno, el cual colinda con
margen derecha de la Quebrada Frailes, viéndose afectado por socavación de la misma
poniendo en riesgo la vivienda localizada en este.
Hacia la margen izquierda de la Quebrada, se evidencian los tramos de muro de gaviones
construidos por la Empresa Serviciudad y por el proyecto el Mirador de la Pradera 2, los
cuales se encuentran desestabilizados, socavados y caídos sobre la Quebrada.
Aguas arriba del muro de gavión se evidencia viaducto cruce de redes de servicios
construido por la Empresa Serviciudad en riesgo de colapso por socavación de la Quebrada
a sus soportes hacia arriba márgenes de esta, se desconoce la solicitud de permiso y
autorizaciones ambientales de dicha intervención en la Carder, por parte de la empresa de
servicios públicos.
[…]
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: INICIAR INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA en contra de la
Empresa SERVICIUDAD ESP […] por realizar desvío de la Quebrada Frailes para ejecución
obra de construcción de viaducto para cruce de Red de alcantarillado y Gaviones de
protección sobre la ladera, margen derecha, sin los permisos y autorizaciones ambientales
por parte de la Carder, desde el año 2016.
[…] (Subrayas de la Sala)
28Ibídem.
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25
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00574-01
Demandante: Procuraduría 28 Judicial Ambiental Agraria de Pereira
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y
municipio de Dosquebradas
D.2) Auto núm. 0017 del 8 de enero de 202129 de formulación de cargos contra la
empresa Serviciudad ESP, en el cual se lee:
[…]
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Formular cargos en contra de la empresa SERVICIUDAD ESP […]
por la ocupación del cauce realizada con el desvío de la quebrada Frailes, para ejecución
de obra de construcción viaducto crece de red de alcantarillado, y gaviones (sic) protección
hacia ladera margen derecha, sin los permisos y autorizaciones ambientales por parte de
la Carder, desde el año 2016.
D.3) Auto núm. 0153 del 19 de marzo de 202130, que abre el procedimiento a la etapa
probatoria. Del documento se extrae lo siguiente:
[…]
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura del periodo probatorio dentro del proceso
sancionatorio ambiental iniciado en contra de la empresa SERVICIUDAD ESP
[…]
E) La Resolución núm. 2030 del 9 de diciembre de 202031, por medio de la cual la
CARDER otorgó un permiso de ocupación de cauce de la quebrada Frailes a la empresa
Serviciudad ESP. En el documento se observa:
[…]
ANTECEDENTES
Que mediante el oficio radicado el (sic) consecutivo número 5106 del 10 de junio de 2020,
la Empresa SERVICIUDAD EXPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS […] solicitó a la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda- CARDER […] Permiso de Ocupación de Cauce sobre
la Quebrada Frailes, localizada en la vereda Castilla San Rafael, jurisdicción del municipio
de Dosquebradas.
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupación de cauce, sobre la Quebrada Frailes:
Sector La Castilla, San Rafael, en las coordenadas X: 1024663 Y:1156060, Rehabilitación
de Viaducto- Reposición de tubería de aguas residuales, en un área de ocupación de
235 (m2), localizada en la vereda La Castilla San Rafael, jurisdicción del municipio de
Dosquebradas, Departamento de Risaralda a favor de la empresa SERVICIUDAD
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS […] así:
29 Ibídem.
30Ibídem.
31Índice de SAMAI 30 en la primera instancia.
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Demandante: Procuraduría 28 Judicial Ambiental Agraria de Pereira
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y
municipio de Dosquebradas
F) Visita Técnica al Mirador de la Pradera II lotes 1-3 de fecha 03 de julio de 202032
realizada por la Dirección Operativa de Gobierno del municipio de Dosquebradas, en la
cual se observa:
[…]
Se realizó visita técnica a la urbanización MIRADOR DE LA PRADERA II, lotes 1-3
atendiendo la solicitud del peticionario, por lo tanto, se procede a realizar la inspección
ocular respectiva como competencia de la DIRECCIÓN OPERATIVA DE GOBIERNO.
[…]
En visita realizada a la urbanización MIRADOR DE LA PRADERA II se evidenciaron varias
inconsistencias:
1. No hay vallas de licencia de construcción ni de licencia de urbanismo, se encuentra valla
amarilla con fecha 23 de septiembre de 2019 que está vencida.
[…]
2. No se encontró licencia de urbanismo en obra ni planos licenciados; no se encontró
en obra planos sellados por curaduría de la licencia de construcción; el martes 7 de julio
mostraron planos arquitectónicos sellados por curaduría y según lo observado, no
aparecen patios que se están construyendo en obra por lo tanto lo construido no
coincide con lo licenciado.
32 Índice 1 de SAMAI de la primera instancia. En el link de anexos.
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27
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00574-01
Demandante: Procuraduría 28 Judicial Ambiental Agraria de Pereira
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y
municipio de Dosquebradas
[…]
3. Se adelantan actividades de vía sin tener licencia de urbanismo, ni planos sellados.
4. Según la documentación suministrada en obra, presentaron las resoluciones de licencia
de construcción No 20-1-0100-LC del 12 de mayo de 2020; No 20-1-0098- LC del 11 de
mayo de 2020 y No 20-1-0099- LC del 12 de mayo de 2020; se observa la construcción
de 4 viviendas bifamiliares de dos pisos, pero en obra solo suministran 3 licencias
de construcción sin el juego de planos sellado completos, hace falta la licencia de
construcción de 1 vivienda bifamiliar.
En obra no se pudo verificar que la zona endurecida del frente de las viviendas esté
licenciada.
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28
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00574-01
Demandante: Procuraduría 28 Judicial Ambiental Agraria de Pereira
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y
municipio de Dosquebradas
Conclusiones:
• No hay valla que de(sic) aviso de la ejecución de obra.
• No hay juego completo de planos licenciados.
• Falta 1 licencia de construcción de vivienda bifamiliar.
• No se suministra licencia de urbanismo, sin embargo, adelantan actividades en la
vía.
• Se está construyendo unos patios en las viviendas que no están en los planos
mostrados por el constructor el martes 7 de julio de 2020; por lo tanto, lo licenciado no
coincide con lo construido.
Se remite a Inspector segundo, para que adelante los procesos pertinentes.
[…] (Negrillas de la Sala).
G) Visita técnica al Mirador de la Pradera del 29 de septiembre de 202033, de la Dirección
Operativa de Gobierno del municipio de Dosquebradas. De la cual se extrae:
[…]
La licencia contiene la siguiente información entre otras:
-Los propietarios son: Fabián Arroyave Pérez con c.c 18.506.033 de Dosquebradas y el
señor Gustavo Adolfo Lozano Rendón cc 94.364.622 de Tuluá valle en representación de
las sociedades Lozano y Marín Construcciones S.A.S y Espacio y Diseño Construcciones
S.A.S:
Área de lote: 48.664.92 metros cuadrados.
[…]
La licencia contiene la siguiente información:
[…]
-Resolución CARDER No 01609 de agosto 3 de 2016 se demarcó las zonas de retiro
o faja protectora de corrientes hídricas, las cuales solo podrán ser intervenidas
conforme a lo dispuesto en dicho acto administrativo y en el acuerdo CARDER No
028 de 2011.
[…]
En el proyecto Mirador de la Pradera I de la constructora Q-BICA cuenta la resolución
CARDER 2021 del 18 de octubre de 2018 “por la cual se otorga un permiso de ocupación
de cauce y se dictan otras disposiciones.
33 Ibídem.
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29
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00574-01
Demandante: Procuraduría 28 Judicial Ambiental Agraria de Pereira
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y
municipio de Dosquebradas
[…]
Dentro del proyecto MIRADOR DE LA PRADERA 2 están los lotes denominados en la
licencia de modificación 000508 de noviembre 4 de 2016 como lotes de reserva A, B y C.
En el lote A se construyó un edificio que aportó la siguiente documentación: licencia de
urbanismo No 000463 curaduría 2, modificación a licencia No 000508 curaduría 2, licencia
de construcción No 001655 de septiembre 22 de 2017 curaduría 1, resolución de licencia
de propiedad horizontal 19-1-055 P.H. curaduría 1 de febrero 19 de 2019, licencia de
subdivisión No 001720 de enero 15 de 2018 curaduría 1, resolución de modificación a
licencia No 001655 de septiembre 22 de 2017 y escritura 841 de febrero 28 de 2017.
Están construidas 4 viviendas bifamiliares de dos pisos que cuentan con licencia de
subdivisión con resolución No 19-1-370- LS de noviembre 25 de 2019, licencia de
construcción No 20-1-0099- LC de mayo 12 de 2020, licencia de construcción No. 20-1-
0100- LC de mayo 12 de 2020, licencia de construcción No 20-1-0156-LC de julio 13 de
2020, todas de curaduría 1 y como representante el señor MIGUEL ANGEL OSORIO
MARÍN; matrícula inmobiliaria 294-82926 de 12 de diciembre de 2019, escritura No 5067
de septiembre 2 de 2019.
Se observa que se construyeron unos patios por cada propietario en zona destinada
para área de cesión según planos de licencia de urbanismo.
[…]
El proyecto MIRADOR DE LA PRADERA 2 no cuenta con licencia de urbanismo
actualizada desde el año 2016 y en visita realizada el 29 de septiembre de 2020 se
puede observar que se han realizado actividades de movimiento de tierra manual.
[…]
La resolución CARDER otorgada para el proyecto también se encuentra vencida, y la
CARDER adelanta procesos sancionatorios. (Subrayas de la Sala)
H) Visita Técnica del 16 de octubre de 202034 de la Dirección Operativa de Gobierno del
municipio Dosquebradas, de la vivienda ubicada en el Barrio San Rafael manzana 3 casa
41, de la cual se extrae:
[…]
La petición de la DIGER está compuesta por varios actores, en este caso se visita la
vivienda ubicada en la manzana 3 casa 41 del barrio San Rafael, donde fuimos atendidas
por el señor Manuel, quien reside en la vivienda quien manifiesta inconformidad con
varias actuaciones del proyecto que se desarrolla al otro lado de la quebrada Frailes
y de Serviciudad ESP.
Aporta registro fotográfico de los llenos realizados al otro lado de la quebrada y
documentación de los diferentes procesos que ha iniciado.
Registro fotográfico de visita de campo
Se observa que la quebrada esta muy cerca de la vivienda y el estado actual de la estructura
de Serviciudad ESP.
34Ibídem.
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municipio de Dosquebradas
[…]
Según el registro fotográfico aportado por el señor y el estado actual del terreno se puede
observar que si realizó un lleno con maquina en el predio al otro lado de la quebrada.
(Negrilla de la Sala)
I) Oficio SGM- DO- 221.- 3989- 2020 del 18 de noviembre de 202035, por el cual se
informó a la Dirección Operativa de la DIGER, las actuaciones realizadas por la
Secretaría de Gobierno municipal de Dosquebradas. En el documento se observa:
[…]
Cordial saludo, por medio del presente oficio se relacionará las actuaciones realizadas por
parte de la Secretaría de Gobierno
[…]
35Ibídem.
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2. SECTOR “SAN RAFAEL”
• Informe técnico del 12 de mayo de 2020 enviado a inspección 3ra de policía por medio de
oficio SGM- DO-221. 1725 del 19 de mayo de 2020.
• Informe técnico del 3 de julio de 2020 enviado en su momento a la inspección 5ta por
medio del oficio SGM- DO- 221-2023-2020.
• Informe técnico del 29 de septiembre de 2020 del urbanizador de Mirador de la Pradera 2
enviado a inspección tercera de policía por medio de oficio SGM-DO-221.3507-2020 y a la
inspección segunda mediante oficio SGM-DO-221.-3505-2020.
• Informe técnico de la vivienda mz casa 41 enviado a la inspección segunda por medio del
oficio SGM-DO-221-. 3985-2020.
El proceso se esta (sic) adelantando por las inspecciones segunda y tercera.
[…]
J) Oficio núm. 6951 del 28 de mayo de 2020 de la CARDER36, de acuerdo con el cual:
[…]
En el barrio San Rafael, sector Frailes, jurisdicción del municipio de Dosquebradas-
Risaralda, la entidad ha iniciado 3 procesos sancionatorios, basados en la Ley 1333
de 2009, estos impuestos a SERVICIUDAD, proyecto de Urbanización Mirador de la
Pradera 2 y al propietario del predio San Rafael, manzana 42, por las siguientes
determinaciones:
La Empresa SERVICIUDAD, en la actualidad es objeto de inicio de proceso sancionatorio
ambiental (auto de investigación administrativa ambiental No 042 de 28/02/2020), por
desvío de la Quebrada Frailes para la ejecución de obra de construcción de viaducto- cruce
de red de alcantarillado y gaviones protección hacia la ladera margen derecha, predio San
Rafael sin contar con los permisos emitidos por CARDER- expediente de investigación EJ
No 4190.
[…]
Y para el sector localizado entre el predio del señor Jhon Jairo Duque Moreno y el proyecto
Mirador de la Pradera (viaducto colapsado), se radicó en la entidad oficio No 1101 de
30/01/2020, con solicitud de permiso de ocupación de cauce “Obra civil para la reposición
de red de acueducto por PEAD, de calle 14 a calle 16, vía San Rafael y La Castilla, municipio
de Dosquebradas” para lo cual se generó Auto de inicio No 0193 de 08/04/2020, en proceso
de evaluación. Se aclara que se trata de Red de Acueducto y no la red de Alcantarillado
Colector Frailes colapsado.
-Para el Proyecto Urbanístico Mirador de la Pradera II, se elaboró Concepto Técnico No
3272 de 18/10/2019 para imposición de medidas preventivas, por disposición de
material sobrante de descapote y excavación, para la adecuación morfológica del
predio sin contar con los permisos ambientales necesarios para llevar a cabo dicha
actividad.
-Al señor Jhon Jairo Duque Moreno, propietario del predio San Rafael, a través de las
Resolución CARDER No 00765 de 2016, se impusieron medidas preventivas por
intervenciones realizadas en la zona forestal protectora quebrada Frailes, por
depósito del material sobrante de descapote, excavación y escombros sin permisos
36Ibídem.
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y autorizaciones ambientales, en área de desvío de la quebrada por parte de la
Empresa Serviciudad para construcción de viaducto; este proceso se encuentra en
trámite en la Oficina Asesora de Jurídica de la Entidad y cuenta con expediente de
investigación EJ No 3571.
De igual manera se informa que se realizó seguimiento de los procesos adelantados a la
empresa SERVICIUDAD y Proyecto Urbanístico Mirador de la Pradera 2, mediante
Concepto Técnico No 0420 de 05/03/2020, remitido a las partes y a la Procuraduría
Ambiental y Agraria No 28 mediante oficio No 2375 de 06/03/2020.
[…]
La CARDER en materia de gestión de riesgos, realizó en el año 2019 dos (2) visitas
técnicas (Actas: 32422 y 32449) al sector objeto de estudio, con el fin de evaluar las
condiciones de la quebrada Frailes específicamente en el tramo comprendido desde el
trasdós del Conjunto Castilla hasta el puente que comunica al barrio San Rafael,
evidenciando los problemas de socavación y erosión mencionados en el Concepto
Técnico de DIGER; de acuerdo a lo observado y análisis realizado por el equipo
profesional de la CARDER se informó a los interesados los riesgos existentes y a su
vez efectuaron las recomendaciones del caso.
En ese sentido, se presenta a continuación detalles de los riesgos evidenciados
Socavación lateral margen derecha:
La margen derecha presenta un desgaste significativo con desprendimiento de
terreno considerable, lo cual ha provocado un riesgo alto a la estabilidad de la pequeña
finca localizada en el sitio, y así mismo al salón social y piscina del conjunto residencial La
Castilla.
En la evaluación de campo se observó en este punto, que la margen izquierda presenta
gran acumulación de material aluvial, lo cual impide que el cauce retome su
trayectoria antigua, el poco material vegetal que posee la margen derecha se
encuentra afectado con posible volcamiento de un guadual localizado en la ladera
del Conjunto Residencial La Castilla, hay ausencia de vegetación y/o arborización
para el control y protección del cauce de la quebrada. Así mismo se encontraron
estructuras afectadas totalmente, como: muros en gavión y un viaducto que permitía el paso
aéreo de una tubería de aguas negras.
De acuerdo al análisis de la información recopilada, se concluyó que las posibles causas
del problema pueden ser atribuidas al cambio de las condiciones del cauce como:
forma, pendiente y aumento de contribución de aguas lluvias provenientes de nuevas
áreas urbanizadas aguas arriba que aumentaron el caudal de la quebrada.
En ese sentido, se realizó un contraste de las condiciones antes y después de los proyectos
MIRADOR DE LA PRADERA I y MIRADOR DE LA PRADERA II […]
El estribo de la margen derecha del puente que comunica con el barrio San Rafael presenta
socavación lateral, por la incidencia directa de las aguas ante el cambio de las condiciones
hidráulicas de la quebrada y la falta de protección aguas arriba de dicha estructura.
De acuerdo a la problemática existente en la quebrada Frailes en el tramo comprendido
entre los trasdós (sic) del conjunto residencial La Castilla y el puente que comunica al barrio
San Rafael, por parte del CARDER respecto de las intervenciones requeridas para mitigar
el riesgo, se manifiesta lo siguiente:
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Es necesario que se adelante un estudio hidráulico de la quebrada Frailes específicamente
para el sector a intervenir, con el fin de obtener parámetros necesarios para el diseño de
las obras requeridas.
Respecto a las obras, es importante enfocar la atención en las posibles causas del
problema, que para el caso en estudio en gran porcentaje se atribuyen a la ganancia de
fuerza de las aguas, por el cambio antrópico de las condiciones geomorfológicas de la
quebrada, siendo necesario diseñar disipadores de energía para generar pérdidas
hidráulicas importantes en la alta velocidad del flujo, como por ejemplo las vigas
transversales.
Es importante proteger las márgenes, para lo cual se podría adelantar una relocalización
del material aluvial mal acumulado para encausar de manera central las aguas de la
quebrada, completando dicha labor con estructuras de protección recomendadas a través
del estudio hidráulico requerido.
Finalmente, se deberá adelantar reforestación (quiebrabarrigo, matarratón, leucadena, etc.)
y siembra de material vegetal (vetiver, caña brava, etc.). en las márgenes de la quebrada
para la protección y control del cauce, dentro de la zona forestal protectora.
[…]
En lo relacionado a las desviaciones generadas y con base en los estudios de simulación
realizados por la entidad, en el proceso de demarcación de rondas hídricas, tenemos para
informarle:
1. El principal factor de inestabilidad, desviación de la quebrada frailes, está relacionado
con la construcción del puente vehicular que comunica el sector del barrio la Sultana con el
barrio Santa Mónica, el cual genera procesos de sedimentación y socavación.
K) Acta de Mesa de trabajo sobre la definición de plan de acción a problemáticas de los
sectores: Rivera baja, Libertadores- Divino Niño, San Rafael, Mirador de la Estancia, las
Caballerizas, Santa Teresita, Vereda Gaitán Predio el Bunker del 5 de octubre de 2020
37 , en el proceso de gestión de riesgo adelantado por el municipio de Dosquebradas, que
frente al sector de San Rafael señala:
[…]
SECTOR SAN RAFAEL
Afectaciones: En el barrio San Rafael con la desviación del cauce de la quebrada Frailes
hacia su costado derecho generaron varias afectaciones en las cuales se pueden apreciar
la destrucción de infraestructura, socavación y deterioro de las márgenes derecha e
izquierda aguas abajo del sector.
ACCIONES INMEDIATAS
1. Se debe detener toda actividad constructiva en el sector hasta que no se tenga claridad
sobre las infracciones ambientales y cuáles son las acciones correctivas que se deben
desarrollar en el sector para garantizar la estabilidad tanto de los llenos realizados como de
las márgenes derecha e izquierda aguas abajo del sector; Responsable inspección
tercera y Director operativo Control físico.
37 Ibídem.
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2. Se debe presentar un informe de las acciones que se están desarrollando en este sector
por parte de la empresa SERVICIUDAD para la adecuación del colector.
3. La secretaría de gobierno, planeación municipal, Diger, secretaría de desarrollo
agropecuario y gestión ambiental en conjunto con la CARDER se deben definir las
infracciones, multas y acciones correctivas que debe desarrollar el constructor para
garantizar la estabilidad de los llenos realizados, y garantizar la estabilidad de las márgenes
que se vieron afectadas por la desviación del cauce de la quebrada.
[…]
L) Concepto Técnico núm. 01363 del 17 de julio de 202038 de la CARDER, del cual se
resalta:
[…]
Se evidencia la tercera ruptura del colector se Serviciudad E.S.P, producto del colapso de
los estribos del viaducto que sostenía la tubería del colector sobre la quebrada Frailes, en
dicho punto se evidencian problemas erosivos y socavación de márgenes que está
afectando a la urbanización La Castilla y a la vivienda del predio localizado en dicho punto,
de acuerdo a lo observado se reconoce comportamiento atípico del cauce producto de
acciones antrópicas realizadas en el sitio.
Observaciones CARDER
Se evidencia radicado CARDER 5106 DE 10/06/2020, enviado por Serviciudad del 22 de
mayo de 2020, específicamente para el sector Castilla San Rafael Colector Frailes- muro y
viaducto para conducción tubería alcantarillado, sin embargo, para los otros puntos
identificados con ruptura del colector, no se evidencia tramite de ocupación de cauce,
radicado en la Entidad, así:
1. Cerca al barrio La Payita, margen derecha de la quebrada
2. 500 metros aguas abajo del sector La Playita, en la margen izquierda
De estos dos puntos se otorga un plazo de dos (2) meses a SERVICIUDAD para que
presente los documentos necesarios para dar inicio a la actuación administrativa,
relacionada con el Permiso de ocupación de cauce.
Mediante trabajo de oficina, de acuerdo al análisis de la información recopilada, se concluyó
que las posibles causas del problema pueden ser atribuidas al cambio de las condiciones
del cauce como: forma, pendiente y aumento de contribución de aguas lluvias provenientes
de nuevas áreas urbanizadas aguas arriba que aumentaron el caudal de la quebrada.
En este sentido, se realizó un contraste de las condiciones antes y después de los proyectos
MIRADOR DE LA PRADERA I y MIRADOR DE LA PRADERA II, para lo cual se utilizaron
imágenes satelitales tomadas en diferentes tiempos, abstraídas de plataformas como
GeoCarder y Google Maps., con el fin de analizar los cambios que le han ocurrido u
ocasionado a la quebrada, y que han generado mayor fuerza de arrastre e impacto de las
aguas en las márgenes o costados.
Con el contraste del estado del sector, antes y después de los proyectos de urbanización,
se evidencia un acortamiento de la quebrada al desviar su rumbo en los terrenos de la
pequeña finca localizada en el sitio, así mismo el ensanchamiento de la quebrada eliminó
38Ibídem.
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los meandros que existían aguas arriba conduciendo dichas acciones antrópicas al cambio
de las condiciones hidráulicas de la quebrada, generando daños irreversibles en el cauce.
Es de mencionar que la entidad viene adelantando estudios de simulación hidrológica e
hidráulica y de demarcación de las rondas y franjas de protección de la quebrada Frailes, y
en este sentido es claro establecer, que para garantizar los procesos y dinámica propia de
la quebrada, no podría existir ningún desarrollo poblacional en las márgenes de la
quebrada, condición que es imposible de cumplir, ya que los desarrollos han sido
desordenados y llevan muchas décadas , situación que requiere tiempo y recursos para su
reorganización. En el caso de las viviendas localizadas sobre las márgenes, en el ejercicio
de demarcación, encontramos, que requieren de intervención (relocalización de viviendas),
situación que requiere de una alta inversión.
Otros compromisos
DIGER: Revisar imágenes satelitales multitemporales para conocer el desarrollo de este
proceso de remoción en masa
Observaciones CARDER:
Después de la revisión tanto de las imágenes mutitemporales mediante google earth y la
realización de la modelación hidráulica y geomorfológica de la quebrada en el tramo en
mención, podemos concluir:
1. Mediante imágenes multitemporales (2015-2020), la zona conserva las condiciones de
las franjas y suelos de protección, es claro que el sector de San Rafael que fue intervenido
por parte del propietario con la disposición de materiales de excavación, la quebrada
recobró las condiciones, como se evidencia en las siguientes imágenes:
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2. Mediante la simulación hidráulica se puede evidenciar que las condiciones de la zona
son controladas por las obras de canalización del puente, como se muestra en el ejercicio
de simulación hidráulica presentado, en el cual, 1. Sección transversal vivienda san Rafael,
solo se muestra un canal en v, lo que garantiza un sector de socavación. 2. Sección
transversal antes del puente, se muestra doble canal, sección de depósito,
estrangulamiento, con lo cual el flujo puede tomar cualquiera de los dos canales. 3. Sección
transversal después del puente, se muestra un solo canal profundo con proceso de erosión
y depositación (sic) a ambas márgenes. De igual manera en el ejercicio de simulación y de
rondas hídricas que adelanta la entidad, con información de ortofotos 2019, es claro que
los suelos de protección alcanzan las distancias entre los 20 y 30 metros, cumpliendo lo
dispuesto por el POT y las consideraciones generales de la resolución 0957 del MADS.
(Guia de rondas hídricas), como lo muestra la imagen siguiente.
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Las franjas delimitadas para ronda hídrica en la quebrada Frailes, en el tramo de estudio
mostrado en las figuras corresponden a 37 y 27 metros de ancho en las márgenes derecha
e izquierda respectivamente. En general el tramo objeto de estudio, presenta anchos entre
63 y 21 metros.
3. Debido a que los proyectos Mirador de la pradera, reservas de la pradera, obras de
canalización de Colectores Interceptores PSMV y el desarrollo con llenos laterales del
Predio San Rafael, los cuales cuentan con resoluciones de ocupación de cauce y al igual
de investigación por acciones no autorizadas, la entidad realizará el análisis técnico jurídico
para que los tres actores, sean unidos en una misma línea de actuación de tal manera que
estos actores sean responsables de la recuperación de la zona, mediante los estudios que
en la actualidad la corporación adelanta […]
RECOMENDACIONES
Recuperadas las franjas de protección de la quebrada Frailes desde el Sector Comuneros,
por parte del Ente Territorial, éstas deben ser entregadas a la CARDER de acuerdo al
procedimiento establecido en la Resolución 1091 del 22 de mayo de 2015.
El enriquecimiento forestal o reforestaciones que se realicen en los sitios donde exista algún
tipo de cobertura vegetal en especial guadua, bambú, guaduilla, caña brava, deben ser
sometidos previamente a manejo silvicultural con el fin de mejorar la densidad, cobertura y
distribución en el terreno, asimismo eliminar el pasto gigante para renovar paulatinamente
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esta especie mediante la siembra en calles con diferentes especies arbóreas.
Entendiéndose el manejo silvicultural como : Manejo silvicultural del guadual y/o bambusal:
Son aquellas actividades que se realizan a los guaduales y bambusales, talescomo (sic),
socola o rocería (de carácter ligero o suave); desganche o poda; recuperación de claros en
el bosque; extracción de guaduas y bambúes secos, partidos, enfermos e inclinados;
manejo y distribución de residuos del aprovechamiento; marcación de renuevos; prevención
y control de incendios forestales; fertilización; mantenimiento de caminos de extracción
forestal y limpieza de cauces. (Resolución 1740 de 2016). Dicha definición es aplicable
también para la guadilla y cañabrava
[…]
M) Testimonio señor Jaime Guzmán Giraldo, profesional especializado de la CARDER,
recepcionado en la audiencia del 26 de noviembre de 202439:
[…]
El Despacho preguntó: Usted que estudios tiene.
El testigo contestó: Yo soy geólogo egresado de la universidad de Caldas en el año 92.
El Despacho preguntó: Diga por favor en qué se ocupa en la actualidad.
El testigo contestó: En la actualidad soy profesional especializado en la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda, encargado de temas de gestión del riesgo.
[…]
El Despacho intervino: Bueno, yo le pongo de presente lo que es el objeto de este
proceso, se debate una situación referente a la quebrada Frailes en el sector San Rafael,
por una desviación alegada de la misma, en el punto E: 2019 1965 60 y la posible afectación
que esa desviación hubiera tenido en el predio el Jardín ubicado en la manzana 3 casa 41
en el barrio San Rafael del municipio de Dosquebradas. Ese es el contexto de este proceso
y a usted como funcionario de la CARDER encargado del tema de riesgos se le ha llamado
a esta audiencia para que se sirva expresar lo que recuerde o tenga conocimiento en
relación con las problemáticas que se hubiere generado de esa situación de hecho que le
acabo de mencionar y más adelante, nos dirá qué medidas se requieren para superarlas,
si es que hay alguna problemática. Entonces comience por decirnos, sí está enterado de
alguna problemática en ese sector y por razón del cauce del recurso hídrico que le
mencioné. Adelante.
El testigo contestó: Si, estoy enterado en cierta proporción de la problemática, cuando
digo en cierta proporción es que no he hecho seguimiento permanente, a través de visitas
del sector, yo trabajo con un grupo, en el cual yo coordino, digamos diferentes
profesionales, a cargo de ingenieros civiles, geólogos, ingenieros forestales y en ese orden
de ideas, digamos que avalo la documentación que ellos recogen sobre el terreno. La mayor
parte de las actuaciones han sido como supervisor de este tipo de profesionales en visitas
a San Rafael (sector el Jardín).
La problemática desde la perspectiva digamos histórica, había presentado dificultades con
los colectores de Serviciudad, en el paso de la quebrada Frailes y habían generado efectos
de socavación sobre el cauce. Debo señalar primero que esos efectos de socavación en el
cauce tienen una condición de origen antrópico, es decir, por las actuaciones urbanísticas
aceleradas que se han dado en ese sector desde el año 2012, para acá; yo insistentemente
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Ibidem.
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hablo de la Ley Vargas Lleras, que digamos en su momento en su espíritu era generar
viviendas de interés social y vivienda de interés prioritario, pero digamos que se volvió en
una herramienta que fue desproporcionada en su utilización, porque dio lugar a una
densificación en sus territorios y es así como esa zona de la quebrada Frailes ha sido objeto
de un urbanístico muy acelerado, exacerbado desde el año 2012 para acá, y eso lo digo
porque tiene una incidencia en el comportamiento del cauce que antes tenía su llanura de
inundación.
Tenía comportamiento de carácter meándrico y que a través de esos desarrollos
urbanísticos se ha generado un cambio en su régimen y se ha rectificado prácticamente el
cauce de tal manera que él en su respuesta, en su búsqueda de condición natural ha
generado toda una serie de procesos de socavación como el caso del punto ahí del que
estamos hablando de San Rafael- Sector Casa 41- Sector Castilla, todo ese sector donde
pues digamos ha sido objeto de diversas intervenciones por parte de Serviciudad y del
municipio de Dosquebradas que ha llevado en el tiempo digamos a mitigar en alguna
proporción el problema.
Digo en alguna proporción porque de todas maneras insisto en que se ha cambiado el
régimen de la quebrada y ella va a seguir buscando en su dinámica ajustarse y en ese
ajuste que hace la quebrada, pues va a generar problemas evidentemente en diversas
urbanizaciones y va a ser un hecho digamos que se va a presentar y se va a continuar
presentando, no solo en ese punto sino aguas abajo en el sector y aguas arriba, es una
cuestión integral de esa intervención masiva de la quebrada Frailes que refiere desde el
año 2012.
En las visitas más recientes a ese sector específico, en particular se hizo por una solicitud
en el sentido de que se presentaban olores, en su momento fueron varios técnicos de la
Corporación, se valoró el sitio y se remitió a Serviciudad para que ellos evaluaran la
infraestructura del sector que ya ha sido corregida digamos en el tiempo y determinaran las
causas digamos de esos malos olores que se podían dar en el tiempo. Ellos respondieron
efectivamente esa solicitud, no recuerdo bien en este momento cuál fue la respuesta, pero
si recuerdo que ellos planteaban que era una condición que puntualmente en el tiempo se
pudieran manifestar ese tipo de olores sin que eso significara que la infraestructura tenía
un problema en este momento, algún fracturamiento, alguna fuga; ellos descartaron algún
tipo de afectación, pero yo creo que los técnicos de Serviciudad pueden precisar de manera
más amplia qué fue lo que ellos diagnosticaron, en la última visita que fue hace cerca de
dos meses y medio.
[…]
El Despacho interviene: Correcto. Gracias, en este orden cuando se produce la
socavación o pérdida de esos márgenes laterales del cauce. Sírvase decir usted a esta
audiencia si en esa situación ha sufrido alguna parte de suelo alguna de las construcciones
en el punto que referimos inicialmente que es en el sector San Rafael de la quebrada en su
paso por la quebrada Frailes y propiamente en la cercanía de la manzana 3 Casa 41, tiene
usted eso preciso o en general cómo nos puede ilustrar sobre la afectación que esa pérdida
de las laderas de la quebrada Frailes ha afectado algún asentamiento urbanístico.
El Testigo contestó: No lo tengo tan preciso sobre ese caso específico de la Casa 41, lo
que si puede decir es que en su momento se hizo un muro sobre la margen derecha del
cauce. Ese muro según tengo entendido por parte de técnicos de la Subdirección de
Gestión Ambiental sectorial, se surtieron todos los trámites correspondientes. Me refiero al
permiso de ocupación de cauce y digamos que ese muro ha contribuido a generar algún
grado de estabilidad en el sector que se refleja por supuesto sobre ambas márgenes, pero
de la incidencia actual sobre la casa no lo tengo presente.
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El Despacho interviene: Sabe usted señor geólogo si ha habido alguna realización de
obras que se hubieran aplicado para precisamente poner solución a esta problemática
generada por la socavación de la quebrada Frailes. Se entera usted.
El testigo contestó: Si, el problema fue mucho más álgido entre unos cinco años atrás, el
problema era mucho más álgido que ahora, era mucho más frecuente las solicitudes de la
comunidad a las instituciones para efectuar visitas. En los últimos dos o tres años, digamos
que ya han mermado esas solicitudes para el sector y específicamente solo esa solicitud
que refiero recientemente, en la cual la comunidad del sector manifestaba olores
relacionados con unas recámaras de esos sistemas recolectores interceptores construidos
por Serviciudad en ese sector, y que, Serviciudad contestó en su momento, como lo referí
ahora.
El Despacho preguntó: Y puede usted referir a esta audiencia, si está enterado qué
medidas o qué obras adelantaron que hayan dado lugar a la disminución de la problemática.
El testigo contestó: No, no, desconozco que actuaciones por parte de Serviciudad se
hicieron anteriormente, digamos, a esa manifestación, a esa respuesta a nuestro llamado
para valoración. No sé qué medidas adoptó Serviciudad al respecto con los malos olores
que se manifestaban.
El Despacho interviene: No, me refiero a las obras de socavación.
El testigo contestó: A la socavación si, digamos que ya las obras realizadas tanto digamos
para la recuperación del colector en su momento como las obras para de contención y
protección de márgenes se ha visto su utilidad en el tiempo, que han disminuido en cierta
proporción la dinámica del proceso de socavación.
Yo quiero insistir que el resolver este punto no significa que no vamos a tener problemas
en otros puntos de los márgenes de la quebrada Frailes porque como he dicho
insistentemente en esta audiencia y es la intervención que ha tenido esa quebrada en muy
corto tiempo. Se ha cambiado su régimen meándrico ahora, a ser restringido a ser rectilíneo
y problemas como esos, es muy probable que se presenten en otros sectores.
El Despacho preguntó: Muchas gracias doctor. Sírvase decir, si usted está enterado qué
autoridades o entidad realizó esas obras a las que usted hizo alusión en esta respuesta
anterior.
El testigo contestó: Si, conozco que precisamente por los permisos de ocupación de
cauce realizados por Serviciudad que muchas de esas obras han estado a cargo de la
empresa Serviciudad. No descarto que el municipio haya realizado obras, pero no conozco
específicamente sobre si ellos las han realizado.
El Despacho preguntó: Sírvase usted decir, si la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda CARDER para la cual usted labora en la actualidad, ha realizado alguna obra o
ha tomado alguna medida o ha realizado alguna campaña con miras a la solución del
problema ambiental que se genere por la socavación de este recurso hídrico.
El testigo contestó: Si, la Corporación es un ente asesor que tiene asiento principal en el
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.
Nosotros bajo esa función asesora hemos atendido los llamados del municipio y
permanentemente estamos asistiendo a esos consejos municipales de gestión del riesgo,
para dar las directrices correspondientes y emitir los conceptos que apliquen, así mismo,
digamos en los trámites ambientales por parte de la otra subdirección; yo pertenezco a la
subdirección de gestión ambiental territorial; en la subdirección de gestión ambiental
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sectorial es donde se dan los trámites correspondiente; digamos que las actuaciones de la
Corporación implican no solo el tema de gestión del riesgo sino que otras cosas que
concomitantemente se hacen sobre el tema de residuos, de vertimientos, contaminación
hídrica, entonces digamos que hay diferentes componentes que no solo desde la gestión
del riesgo debe conllevar digamos al manejo integral de la problemática del sector.
Entonces son muchos los pronunciamientos de parte de la entidad y las actuaciones que
de manera integral deben ser consideradas para poder yo reflejar simplemente desde mi
perspectiva cómo ha sido, digamos, la incidencia de la Corporación en ese tema. Pues no
tendría la suficiencia de toda la información requerida para responder a la pregunta.
El Despacho preguntó: Pese a eso usted pudiera decirnos, en resumen, en qué ha
consistido la actuación de la CARDER en relación con la problemática. En este caso
específico, a parte de las funciones generales, en este caso concreto que acciones
específicas ha tomado la Corporación para este punto específico de las quebrada Fraile.
El testigo contestó: Si, básicamente es trabajar mancomunadamente con Secretaría de
Gobierno, eso es básicamente, el grupo de denuncias por ejemplo, la entidad, entonces por
eso digo yo que hay muchas actuaciones que detrás de eso en impedir buscar que no se
ocupen esos suelos de protección del espacio público, el ayudarle al municipio en esos
temas es muy relevante a todo lo largo de la quebrada Frailes y yo tengo conocimiento que
por parte de la Dirección Seccional se han tenido diferentes momentos de actuaciones en
el tema de manejo concomitantemente o coadyuvado, digamos, por supuesto con la
secretaría de gobierno que tiene la competencia directa para digamos el control sobre esos
espacios públicos permanentemente interactuar en el sentido de no permitir la ocupación
del espacio público, sin embargo, situaciones como esas las seguimos viendo en muchos
sectores de la quebrada Frailes.
Eso es una actividad casi que permanente. El tema de cultura ambiental también es un
tema que la Corporación trabaja desde la subdirección territorial de gestión ambiental y
digamos hay un grupo de profesionales destinados a ese tema de la cultura ambiental y
con ese tema sé que hacen muchas labores en muchos sectores con las comunidades para
socializar y generar conciencia sobre el tema del manejo ambiental.
El Despacho preguntó: Bueno y entonces esa interacción a la que usted refiere en qué
hechos concretos se traduce respecto de la actuación de la CARDER. Dice he interactuado
con las entidades. Qué es lo que ha hecho específicamente y de manera concreta la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER en relación con la problemática
que ha sido planteada en este litigio y que ya se le explicó al testigo.
El testigo contestó: Si, en los momentos de dar esa atención en la medida que pueda ser
oportuna y eficaz, pues evitamos que en ciertos sectores de la quebrada Frailes, lo que
pasa es que, no se puede manifestar lo que no se ha dado efectivamente en ocupación del
territorio, o sea, yo no puedo, más allá de que esa presencia institucional va a generar,
digamos como una labor de control efectiva en ciertos casos, pero si no es materializado
en obras físicas, no es fácil darle un valor agregado en contenido específico y concreto,
sobre esas acciones, por eso digo que el gestionar permanentemente con secretaría de
gobierno, va a disminuir en alguna proporción, los vertimientos y la ocupación del espacio
público.
El Despacho preguntó: Cuando usted dice que gestiona y que hace presencia es porque
está haciendo qué la CARDER.
El testigo contestó: Porque está haciendo labores de diagnóstico, acompañamiento a las
diferentes situaciones que se presentan en el municipio y está dando recomendaciones
para que según competencia se puedan efectuar las acciones correspondientes, además,
por ejemplo, la Corporación si podemos materializar algunas cosas, ha realizado en
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diversas partes del municipio pues obras de otro tipo, en otros contextos, no
específicamente que apliquen a este caso pero digamos también se puede materializar en
el (…) (Resalta la Sala)
El Despacho interviene: Suscríbase a este caso. Qué obras, si usted ha mencionado que
ha realizado.
El testigo contestó: En este caso la Corporación obras físicas no ha realizado.
El Despacho interviene: Entonces usted dice, ha hecho diagnóstico, ha formulado
recomendaciones, ha hecho acompañamiento, esa parte en qué consiste ese
acompañamiento concretamente. A parte del diagnóstico, en qué consiste el
acompañamiento, para que el Despacho y la comunidad de este proceso tengamos claro
qué ha sido la actuación de la CARDER.
El testigo contestó: Si, pero yo insisto un poco en que el diagnóstico es muy importante
en el sentido en que, si yo conozco los factores de causalidad, yo puedo plantear las
medidas de reducción desde la perspectiva de esos factores de causalidad y darle al ente
competente cuáles serían los correctivos, entonces digamos yo si le daría un valor muy
importante al diagnóstico.
El Despacho interviene: Ah perdón, yo no le estoy quitando el valor agregado ni al
diagnóstico ni a las recomendaciones, sino que las considero claras, entonces lo que no
me queda claro es en qué consiste el acompañamiento y entonces ahí es donde le solicito
al señor testigo la explicación de qué en qué consiste a nivel concreto el acompañamiento
de la CARDER en esta problemática específica.
El testigo contestó: Si, es la asesoría básicamente, a través del diagnóstico y a través de
dirigir a los entes competentes, según los factores que se hayan determinado sobre el
terreno como en el caso que refería anteriormente que era relacionado con la infraestructura
de Serviciudad, entonces se hizo traslado a Serviciudad con el diagnóstico realizado por
los técnicos de la corporación para que ellos a partir de la observación de la comunidad
hicieran ese diagnóstico, entonces digamos que allí el concurso de la corporación es muy
importante porque digamos que dinamiza de alguna manera las actuaciones de los demás
entes y digamos se ha contribuido en el sector, desde que se generó el problema hasta el
presente digamos que la CARDER ha estado presente a nivel de esos diagnósticos, a nivel
de los trámites y permisos ambientales, y finalmente, toda esa articulación de esos
esfuerzos con los diferentes entes pues ha llevado, digamos a mitigar las condiciones de
riesgo que presentaba el sitio, en alguna proporción por supuesto.
El Despacho preguntó: Bueno muchas gracias, usted considera que cuáles serían las
medidas, las obras que debieran realizarse para dar solución a la problemática de la
socavación de la quebrada Frailes específicamente en el lugar que interesa a este proceso.
¿Cuál sería la solución, qué medidas y qué obras?
El testigo contestó: Pues hay obras de contención como las que ya se han realizado,
limpieza del cauce cuando se generen colmataciones, eso ha sido otro punto importante,
cuando el municipio hace solicitudes a la Corporación para intervenciones provisionales
aplicando la norma pues de esas intervenciones provisionales de carácter urgente tales
como descolmatación del cauce para evitar que digamos una obra hidráulica esté obstruida
y genere problemas en otros sitios, entonces digamos que ese es un tema importante, el
mantenimiento y la limpieza de la quebrada, esa debe ser una labor técnica periódica por
parte del ente territorial y la Corporación siempre ha estado presta, digamos a autorizar la
ejecución.
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Esto no es un trámite particular, los permisos para obras provisionales no salen a través de
un acto administrativo, es simplemente un seguimiento técnico en el cual la corporación, si
estima conveniente en cierto momento que se pueden ejecutar unas obras de carácter
provisional que en el fondo estén haciendo más daño o estén generando afectaciones de
terceros, entonces digamos que ese es un tema allí que debe permanecer, pero no lo
podemos perder de la óptica, que la quebrada frailes, por los niveles de intervención que
ha tenido va a requerir periódicamente dependiendo de las condiciones climáticas de este
tipo de intervenciones de carácter provisional y la Corporación estará presta a eso.
El tema de la socavación, el tema de los manejos de agua por supuesto en todos los
desarrollos urbanísticos, digamos que lo que hace es incrementarse todos estos territorios
artificializados cambian completamente el patrón de la escorrentía.
Entonces permanentemente vamos a tener el reto de que hay que hacer manejos de aguas,
canales que tendrá que ser con el tiempo mucho más generosos, porque la artificialización
de estos territorios, lo que incrementa es el aporte a la velocidad de aguas sobre los cauces,
y en ese orden de ideas, los caudales frecuenten, van a subir más fácilmente.
Antes cuando este territorio que estamos hablando hoy, de esta zona de San Rafael, no
estaba ocupado por tanta vivienda, no teníamos tanta incidencia, porque tenía su cauce
meándrico pero en este momento, el aporte de agua y los caudales y los incrementos son
mucho más súbitos y es una cosa del mismo desarrollo urbanístico, entonces es una labor
bastante compleja, hacer frente digamos a toda esa situación que nos ha llevado la
artificialización de estos territorios, entonces yo creo que es en esa parte donde la
corporación tendrá que estar e insiste mucho la corporación en la aplicación de las normas
regulatorias del drenaje urbano sostenibles, del tema de la responsabilidad de los titulares
de licenciamientos urbanísticos con respecto a los predios vecinos, que eso está contenido
en el Decreto 1469 del año 2010, artículo 39, la norma sismoresistente la NSR 10 en su
título H, también habla de las responsabilidades de los constructores frente a digamos no
generar problemas con esas intervenciones urbanísticas en los territorios vecinos.
Yo insisto en esto porque en ese tipo de situaciones está gran parte del problema y por eso
hemos insistido no solo a Dosquebradas sino a los demás municipios que es necesario que
este tipo de licenciamientos tengan ese rigor en licenciamiento de esas normas, y
responsabilidades con los predios vecinos. Digamos que eso es un punto que la
corporación ha visto, no voy a dar ejemplos de otros territorios para no salirme del tema,
aunque pudieran ser muy útiles.
Manejos de agua sería el otro tema, he hablado de contención, limpieza de aguas y manejo
del cauce y en donde los terrenos lo permitan implementación de vegetación, la CARDER
entrega material vegetal que tiene en territorios que tengan ciertas condiciones, en donde
no predominen los escombros, donde haya cierta recuperación, donde el espacio público
la CARDER puede aportar un papel importante en la entrega material vegetal, entonces
digamos que la revegetalización de esas zonas es otra labor que debe fortalecerse en este
punto y en otros del municipio para que sea integral; yo no puedo mirar este punto
independientemente de los demás sino que lo tengo que articular a una labor y a un alcance
mucho mayor. Digamos que esas son como las líneas de trabajo que yo veo necesarias.
El municipio cuando vaya a ejecutar digamos desafectación de zonas que tienen categoría
de amenaza media y alta, la figura de eso es a través de los estudios de detalle. El Decreto
1807 del año 2014 relaciona la metodología y el alcance de los estudios de detalle, ese es
un punto muy importante, porque los estudios de detalle, nos van a permitir que las
intervenciones y los desarrollos constructivos se hagan con todas las medidas de ingeniería
que de verdad redunden en evitar la generación de nuevos escenarios de riesgo.
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No puede ser utilizado el Decreto 1807 como una herramienta para habilitar territorios. Esa
ha sido como una tendencia que hemos visto y por eso desde la Corporación damos línea
a los entes territoriales para que hagan mucho control en el alcance de esos estudios y
entonces en la parte de conocimiento yo resalto la parte de la corporación en diversas
acciones y tendrá que seguir siendo de esa manera.
El Despacho preguntó: Dado su conocimiento de manejo del tema de riesgo ambiental
desde la CARDER el despacho y conforme la respuesta que usted acaba de dar, el
Despacho le pregunta para que usted por favor le aclare a esta audiencia en relación con
las medidas que usted acaba de mencionar que se requieren para efectos de la solución
de la problemática de la socavación de la quebrada Frailes en el punto que interesa a este
proceso, la pregunta es a parte del direccionamiento, de la asesoría o de dar línea como
usted lo denomina para que las entidades territoriales o las demás entidades estatales
actúen en pro de esa solución de la problemática.
Sírvase decir en cada una de estas que le voy a ir preguntando una a una, cuál ha sido la
intervención de la CARDER, a parte, de dar línea o de dar autorización.
En las medidas de contención ¿ha realizado alguna obra la CARDER?
El testigo contestó: No, en ese punto específico de lo que trata la audiencia no.
El Despacho preguntó: En cuanto a la vegetación. Usted dice hay que aprovisionar de
vegetación esas laderas para efecto de que se opongan a esa pérdida de la línea de las
laderas o de los costados de la quebrada, ha intervenido en vegetación.
El testigo contestó: Si, de la quebrada Frailes si, la Corporación si ha entregado material,
lo ha entregado incluso al municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
en ciertos momentos para que ellos desarrollen digamos esas actividades de siembra en
muchos sectores de la quebrada Frailes. Digamos que, en entrega de material vegetal, la
corporación si ha hecho efectiva en el entorno de la quebrada Frailes.
El Despacho preguntó: ¿En cuanto a limpieza del cauce y descolmatación?
El testigo contestó: La corporación ha dado digamos la asesoría, no ha realizado alguna
obra.
El Despacho preguntó: ¿En cuanto al manejo del agua?
El testigo contestó: No le corresponde a la corporación hacer esos manejos de agua de
esos entornos urbanísticos.
La accionante pregunta: Muy buenos días Jaime y agradezco mucho que haya atendido
el llamado de la justicia a declarar. Quiero precisar algunos aspectos de su declaración,
usted nos podría decir, usted nos informó que se han realizado unas obras para superar la
problemática que nos ocupa, entre ellas nos dijo que se hizo un muro y que se hizo algunas
actividades, algunas obras por parte de Serviciudad entre ellas el colector. Nos podría decir,
qué solucionan estas obras y qué factores de riesgo en el sector quedan pendientes por
solucionar.
El testigo contestó: Digamos que las obras solucionan en mucha proporción el problema
de socavación preexistentes sobre esas márgenes de la quebrada Frailes.
Determina estabilidad del colector para evitar digamos nuevos fallos del sistema colectores
intersectores y evitar con eso digamos contaminación hídrica, entonces en ese orden de
ideas digamos ese es como el alcance.
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Las acciones que puedan quedar pendientes es con problemas de socavación que se
puedan estar generando en otros puntos con las acciones que se deriven de la ocupación
indebida del espacio público que podamos tener. Esas son situaciones que de todas
maneras más allá del deber ser permanentemente se están dando de ocupación del
espacio público en muchos de nuestros territorios, entonces digamos que las labores de
control y el ejercicio por parte de secretaría de gobierno y el acompañamiento por parte del
grupo de emergencias de la corporación, debe estar allí en primera línea haciendo ese
ejercicio de control y manejo del espacio público, para evitar que a través de esas
ocupaciones podamos determinar o generar otros puntos de afectación por pérdida
digamos de sus condiciones y determinar unas condiciones de susceptibilidad ante dichas
ocupaciones.
Esas serían como las líneas principales de actuación generales frente a los temas. Ejercer
un ejercicio de control y que este sea lo más permanentemente posible en el tiempo, es
una cuestión que se debe resaltar mucho, darles continuidad a estos procesos, a veces es
complejo, pero buscar esa línea de tiempo en ejercicio del control, en situaciones tan críticas
como la de la quebrada Frailes es absolutamente imperativo.
La accionante preguntó: Jaime y usted atendiendo sus labores de vigilancia y control y
dada la situación de riesgo que se vive en este sector y la invasión de una zona de
protección de una quebrada. Con qué frecuencia realizan visitas para verificar el respeto o
el cuidado de los recursos naturales.
El testigo contestó: Nosotros hacemos algunas visitas de seguimiento según a sitios
críticos que tenemos en nuestro territorio y en ese orden de ideas debemos en situaciones
como la condición actual de lluvias, a través de un plan de contingencia generar mucha más
presencia, nosotros tenemos programación incluso para los fines de semana, tenemos unos
turnos en el grupo de gestión del riesgo y en ese orden de ideas, además de las visitas que
solicita la comunidad estamos, tenemos unos listados de sitios críticos y estamos de alguna
manera priorizando esas visitas para hacer seguimiento conforme a los sitios más críticos
de cada momento; entonces digamos en este momento el sitio particular de la audiencia no
lo consideraría como uno de los sitios críticos visto desde el contexto de esta situación de
lluvias presente hoy, sin que con eso quiera decir que no sea un sitio que amerite algún otro
escalamiento de acciones de seguimiento pero tenemos otros sitios muy complejos en el
departamento que requieren de nuestra presencia en estos momentos y cada semana
estamos viendo diversas situaciones en diversos puntos, entonces la continuidad a veces
no es la deseable de acuerdo con el personal disponible, estamos fortaleciendo ese tema
del seguimiento, pero creo que todas las entidades debemos fortalecerlo y resulta muy y
vuelvo y recalco un ejercicio conjunto entre la secretaría de gobierno y el tema de denuncias
sectorial en la corporación para poder hacer esos seguimientos más continuos. En la
medida en que interactuemos con el municipio creo que podemos tener mejores efectos,
mejores impactos positivos en las labores de control.
La accionante preguntó: Jaime usted tiene conocimiento si en ese sector se han hecho
estudios para diagnosticar la problemática o buscar una solución un poco definitiva.
El testigo contestó: En la quebrada Frailes ha habido varios ejercicios de simulación
hidráulica. Uno de ellos dentro del ejercicio de rondas hídricas que realizó la corporación,
el otro lo ha realizado el municipio para algunos tramos de la quebrada Frailes, no estoy
muy seguro que cubra la zona, pero si hay algunos aportes de simulación hidráulica por
parte del municipio para la quebrada Frailes que pueden ser de utilidad en la toma de
decisiones, pero en el punto específico como se ha dicho a lo largo de la audiencia, no
conozco de estudios nuevos que se hayan realizado.
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La accionante preguntó: usted en una respuesta informó que han entregado material
vegetal al municipio de Dosquebradas, nos podría precisar sí en este sector usted ha
llevado labores de reforestación en la zona protectora de la quebrada.
El testigo contestó: Hasta donde conozco no se han llevado labores de reforestación.
La accionante preguntó: Finalmente nos puede decir si estas obras que se han realizado
son unas soluciones a corto plazo o son unas soluciones definitivas para la problemática.
El testigo contestó: Deben ser unas soluciones que tengan una vida útil importante. No
fueron unas obras que fueron concebidas para que digamos su vida útil fuera muy corta,
creo que de todas maneras la dinámica de los cauces en Dosquebradas pueda dar lugar a
que en el futuro pueda tener algún tipo de afectación, no estoy diciendo que en la actualidad
lo presente, las obras requieren mantenimientos, eso es muy importante, las obras deben
tener ese tipo de seguimiento por parte de quien construyó las obras y entonces se insta
tanto a la alcaldía de Dosquebradas como a Serviciudad a que tengan en cuenta sus
manuales de mantenimiento y en ese orden de ideas puedan garantizar una mayor vida útil
de las obras. Las obras por si mismas no se dejan sobre el territorio y ellas por si mismas
no van a garantizar que en el futuro no vayan a tener afectaciones, sino que tiene que tener
ese acompañamiento y ese seguimiento y ese manual para poder hacer las intervenciones
correctivas fuera del caso, así sea limpieza, submuración, bueno, en fin, cualquier otra
actividad que se requiera en su momento para la restauración de las obras […]
La accionante preguntó: Jaime, esas obras contaron con los permisos ambientales
requeridos y con el acompañamiento de la CARDER.
El testigo contestó: Si, según tengo conocimiento de técnicos de sectorial contaron con el
acompañamiento de la corporación y con los trámites correspondientes.
La accionante interviene: Muchas gracias. Señora magistrada, no más preguntas.
[…]
El Despacho pregunta: Usted le contestó a la señora procuradora que el sector San Rafael
no estaría catalogado como un sitio crítico de riesgo. El Despacho quisiera que usted le
precisara a la audiencia si cuando hace esa manifestación se refiere a riesgo ambiental y
también a riesgo para los asentamientos humanos o a uno de ellos únicamente. Nos
gustaría que nos explicara por favor.
El testigo contestó: Si magistrada, claro que sí. Yo lo decía en el sentido, de que hay otros
sitios con un nivel de criticidad y exposición al riesgo, por eso yo creo que es importante
referirlos, y algunos de esos sitios son la vereda el Rodeo, por las circunstancias del gran
deslizamiento que ocurrió allí en la planta de tratamiento de agua potable de Dosquebradas
y digamos que ese es un nivel de prioridad que lo da tanto, me perdona señora magistrada
que hable de otro sitio, pero creo que es importante para sustentar lo que quiero decir, de
allí dependen un porcentaje muy alto del abastecimiento de agua del municipio de
Dosquebradas y es por eso que digamos gran parte de las entidades nos hemos volcado
a hacerle seguimiento continuo a ese sector de la vereda el Rodeo y podemos dejar algunos
otros sitios, digamos con una menor frecuencia de visitas, no significa que no sea necesario
efectuar esas visitas de seguimiento pero si nos volcamos a esos otros sitios que en este
momento como el sitio en las hortensias o el sitio que le refería ahora de la vereda el Rodeo,
solo lo decía en ese sentido, ni más faltaba no quiero minimizar la condición de riesgo que
pueda tener el sector de San Rafael, por lo que yo indicaba inicialmente y es que hemos
intervenido, hablo de la sociedad, un cauce que tenía una dinámica muy diferente a la actual
y él en el tiempo, el cauce va a seguir tratando de retomar haciéndonos llamados,
diciéndonos este es mi territorio, como ustedes invadieron mi territorio, estoy hablando en
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sentido figurativo, lo que quiero decir es que el cauce va a tener una dinámica en respuesta
a todas las intervenciones que se han hecho desde el año 2012 hacia acá. No lo vamos a
poder evitar, él en su condición natural va a seguir buscando sitios donde de alguna manera
volver a hacer procesos de socavación y en ese orden de ideas tampoco podemos perder
de vista todo el sector de la quebrada Frailes. Solo lo decía en ese sentido, pido disculpas
si sonó de pronto mal en algún momento.
El Despacho interviene: No, no, no hay ningún inconveniente. Y en ese orden, entonces
ese mayor o menor riesgo que usted refiere, es respecto de lo ambiental y lo humano,
ambos o uno solo, nos dirá.
El testigo contestó: Yo hago énfasis en materia de gestión del riesgo.
El Despacho preguntó: De riesgo en qué sentido. Riesgo para el ambiente, para la
comunidad.
El testigo contestó: De riesgo de deslizamiento, de riesgo de inundación, de riesgo de
socavación, porque es digamos mi temática y mi formación como geólogo y mi función de
la corporación está muy por esa línea, por supuesto, el riesgo de contaminación del recurso
hídrico no deberá descartarse porque si hay un proceso de socavación que afecta
nuevamente un tramo de los colectores pues va a generar una contaminación hídrica,
entonces, el riesgo hídrico y el riesgo eco sistémico, por supuesto, no debe dejarse perder
de la óptica de la institucionalidad, pero digamos desde mi perspectiva profesional, a veces
me enfoco más hacia otras temáticas.
El Despacho interviene: Muchas gracias, tiene el uso de la palabra, por si tiene a bien
interrogar al testigo, la señora apoderada de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda.
Interviene la apoderada de CARDER: Señora magistrada muchas gracias no tengo
preguntas para el doctor Jaime Guzmán, todo está muy claro.
El Despacho interviene: ¿El municipio de Dosquebradas?
El apoderado del municipio de Dosquebradas: Señoría muchas gracias, no tengo
preguntas para el testigo, muy amable. (Subrayas de la Sala)
7.5. Caso concreto
De acuerdo con el material probatorio antes expuesto, la Sala procede a evaluar lo
correspondiente a los cargos de falta de vulneración propuestos por los apelantes.
7.5.1 La vulneración por parte del municipio de Dosquebradas
En primer lugar, lo que advierte la Sala es que, la situación que generó el riesgo, es decir,
el desvío del cauce de la quebrada Frailes en el municipio de Dosquebradas y las
socavaciones en esa misma área no son motivo de controversia por parte de los
apelantes.
Bajo ese sentido, la Sala procede a analizar las gestiones efectuadas por parte del
municipio de Dosquebradas en la zona afectada.
Del material probatorio se evidenció que la autoridad territorial efectuó unas visitas
técnicas al proyecto Mirador de la Pradera los días 3 de julio y 28 de septiembre de 2020,
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de las cuales concluyó que existían una serie de obras que no coincidían con la licencia
de urbanismo, como fue la elaboración de una vía y de unos “patios” y que dicho permiso
no había sido actualizado desde el año 2016. De igual forma, consideraron que los
informes recaudados tenían que ser remitidos a las Inspecciones de Policía del municipio
con el fin de iniciar los procesos sancionatorios correspondientes.
Asimismo, el 16 de octubre de 2020, la Dirección Operativa de Gobierno del municipio de
Dosquebradas realizó una visita a la vivienda ubicada en el barrio San Rafael, manzana
3, casa 41, en la que evidenció que, frente al inmueble y en inmediaciones del borde de
la quebrada Frailes, se habían realizado una serie de rellenos con maquinaria. De igual
manera, constató que la infraestructura de Serviciudad ESP se encontraba expuesta
como consecuencia de los procesos de socavación generados en el sector.
Con ocasión de las diferentes problemáticas que se venían presentando en la margen de
la quebrada Frailes, el municipio de Dosquebradas se vio en la necesidad de elaborar un
plan de acción para la reducción del riesgo de desastres en la zona rural del territorio. En
relación con el sector San Rafael, se identificó que las situaciones que se presentaban
allí eran: el desvío del cauce de la fuente hídrica, la construcción de viviendas sobre el
área de cesión y la afectación de la infraestructura de Serviciudad ESP, circunstancias
que habían ocasionado el deterioro de las márgenes de la quebrada y procesos de
socavación en el sector.
Con el propósito de atender y superar estas situaciones, el plan de acción contempló la
adopción de diversas medidas, entre ellas, la suspensión de las actividades de
construcción hasta tanto se determinaran las posibles infracciones ambientales y las
actuaciones que debían adelantarse respecto de los rellenos existentes. Asimismo,
estableció que el municipio, en coordinación con la autoridad ambiental competente,
debía definir los mecanismos y acciones necesarios para atender integralmente la
problemática identificada.
Siendo ello así, la Sala advierte, en principio, que le asiste razón al municipio de
Dosquebradas al afirmar que adelantó diversas actuaciones encaminadas a mitigar la
situación de riesgo que se presentaba en el sector de San Rafael, derivada de la
socavación y el desvío de la quebrada Frailes. No obstante, también se observa que, en
reiteradas oportunidades, la propia entidad, a través de la Dirección Operativa de
Gobierno, determinó la necesidad de que las Inspecciones de Policía del municipio dieran
trámite a los procedimientos correspondientes para la suspensión de las obras.
Si bien el municipio remitió los oficios respectivos a las autoridades competentes, lo cierto
es que en el expediente no obra prueba que permita establecer que dicha medida hubiese
sido efectivamente ejecutada. En particular, no se acreditó que las actividades
constructivas que se venían desarrollando en los proyectos Mirador de la Pradera I y II
hubiesen sido suspendidas, pese a que esta actuación había sido identificada por la
propia administración municipal como una medida necesaria para atender la problemática
existente en el sector.
Tampoco se acreditaron las medidas que, de manera conjunta con la autoridad
ambiental, se hubieren adoptado para atender y solucionar la problemática identificada,
pese a que la definición de dichas actuaciones había sido acordada en la mesa de trabajo
celebrada el 5 de octubre de 2020.
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En conclusión, las actuaciones adelantadas por el municipio de Dosquebradas no
resultaron suficientes para hacer cesar la vulneración de los derechos colectivos
invocados. Lo anterior, por cuanto, pese a que dicha entidad tiene a su cargo funciones
de vigilancia y control en materia de gestión del riesgo, así como la verificación del
cumplimiento de las normas urbanísticas dentro de su jurisdicción, omitió adoptar las
medidas necesarias para evitar la continuidad de las afectaciones en las márgenes de la
quebrada Frailes y la ejecución de nuevas construcciones sin contar con las respectivas
licencias de construcción debidamente actualizadas.
En ese sentido, la Sala considera acertado el razonamiento del a quo, según el cual no
se han adelantado actuaciones concretas y eficaces por parte del municipio de
Dosquebradas encaminadas a superar la problemática desde su origen, mediante la
intervención de las causas que la generan. Esta situación ha contribuido a la
configuración de un riesgo, en tanto el comportamiento de la quebrada Frailes se ha visto
condicionado por las intervenciones realizadas en sus márgenes, frente a las cuales la
administración municipal omitió ejercer de manera efectiva sus funciones de control
urbanístico en el territorio.
En consecuencia, al no haberse acreditado la adopción de medidas suficientes para
prevenir la continuidad de las afectaciones y mitigar el riesgo derivado de las
intervenciones efectuadas en la zona, la Sala confirmará la vulneración, por parte del
municipio de Dosquebradas, de los derechos colectivos invocados en la demanda.
7.5.2. La vulneración por parte de la CARDER
En lo que respecta a la vulneración de los derechos colectivos por parte de la CARDER,
la Sala observó que, en relación con los hechos descritos anteriormente, en el mes de
abril de 2016, la CARDER impuso unas medidas preventivas y fijó unas obligaciones al
señor Jhon Jairo Duque Moreno propietario de la casa 41 de la Manzana C del sector de
San Rafael, como la amonestación por escrito por la disposición inadecuada de
escombros y material sobrante de descapote y excavación y la suspensión inmediata de
esta actividad. Así mismo, se obligó al propietario a retirar la totalidad del material
descrito, a tomar medidas para evitar que se arrojaran residuos sobre el predio y permitir
que se recuperara la regeneración natural del área afectada.
Sobre esa misma situación descrita anteriormente, se observa que, en el mes de octubre
de 2016, la CARDER inició indagación preliminar en contra del propietario del predio. En
el mes de marzo de 2017, se inició la investigación administrativa del titular del derecho
de dominio del predio como presunto responsable de la afectación de los recursos
naturales, procedimiento que fue abierto a su etapa probatoria en julio del año 2017 y
sobre el cual hubo apertura de cargos en el mes de diciembre del año 2020.
Por otro lado, en relación con la problemática de la socavación de la quebrada Frailes,
se evidencia que, en el año 2020, la autoridad ambiental inició una investigación
administrativa en contra de Serviciudad ESP, al ejecutar obras de construcción en el
viaducto, para el cruce de infraestructura de alcantarillado y la construcción de gaviones
de protección en la ladera derecha, sin que se contara con permisos ambientales desde
el año 2016. En ese mismo procedimiento se constata que se formularon cargos contra
la empresa de servicios públicos en enero de 2021.
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Igualmente, se advierte que, en el mes de diciembre de 2020, se otorgó un permiso de
ocupación de cauce por parte de la CARDER a la empresa Serviciudad ESP en el sector
San Rafael para la rehabilitación del viaducto y reposición de aguas residuales.
Mediante el Concepto Técnico núm. 1363 del 17 de julio de 2020, la autoridad ambiental
evidenció un acortamiento de la quebrada por el desvío de su rumbo y el ensanchamiento
de la misma que generó la eliminación de los meandros que existían aguas arriba
generando daños en el cauce de esta, lo cual generó afectaciones a los activos
ambientales del sector.
De acuerdo con lo anterior, al cotejar estas apreciaciones con la declaración rendida por
el señor Jaime Guzmán Giraldo, en su calidad de geólogo y profesional especializado de
la CARDER, se advierte que este, al explicar los fenómenos identificados en la zona,
precisó que los procesos de socavación correspondían a un fenómeno de migración del
cauce, generado por su confinamiento, que implicaba el arrastre y desplazamiento de
sedimentos provenientes de las orillas, así como su posterior desborde.
Asimismo, explicó que el proceso erosivo consiste en el desgaste y pérdida progresiva
del suelo y señaló que, en el caso concreto, este fenómeno se evidenciaba en razón de
las características del material que conformaba las márgenes de la quebrada, lo que
había ocasionado una pérdida de suelo en dichos sectores.
De igual manera del testimonio del señor Guzmán Giraldo se extrae que la CARDER
respecto de las obras para superar la problemática, no las llevó a cabo de manera física,
sino que solo ejecutó labores de diagnóstico y recomendaciones y acompañamiento e
intervención provisional cuando el municipio lo ha requerido; sin embargo, cuando el
despacho insistió si había hecho limpieza y descolmatación, el testigo sostuvo que solo
se había brindado asesoría, pero no había realizado ninguna obra en ese sentido.
En cuanto a la vegetación y la necesidad de provisionar las laderas de las mismas, se
señaló que la Corporación había efectuado entrega de material vegetal al municipio, a
través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en muchos sectores de la quebrada
Frailes.
Así las cosas, para la Sala es evidente que las actuaciones realizadas por la CARDER
no fueron suficientes para hacer cesar el daño, puesto que, por un lado, si bien inició un
proceso sancionatorio contra el propietario de la vivienda en la que se estaban realizando
disposición de escombros de manera ilegal, lo cierto es que el mismo no culminó, a pesar
de haber transcurrido aproximadamente 4 años entre las medidas provisionales y la
formulación de cargos, por otro lado, no adelantó labores de limpieza requeridas en la
zona, con miras a mitigar el riesgo producido.
En ese mismo sentido, al observar el proceso de permiso de ocupación del cauce para
la rehabilitación de viaducto y reposición de aguas residuales otorgado a Serviciudad en
el área de La Castilla- San Rafael data del año 2020, al cotejarlo con el inicio de un
proceso sancionatorio por desvío de la quebrada Frailes para la ejecución de obra de
construcción de viaducto- cruce de red de alcantarillado y gaviones, configura un hecho
indicado sobre la presencia de la empresa prestadora antes del permiso, sin contar con
la habilitación para ocuparlo, circunstancia que no pudo ser ignorada por la CARDER,
mientras que ocurría proceso de socavación de la quebrada.
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De tal suerte que, al confrontar los anteriores medios de prueba, la Sala concluye que las
intervenciones sobre la quebrada Frailes se vienen efectuando, por lo menos, desde el
año 2012, sin que se advierta una actuación contundente por parte de la CARDER
orientada a garantizar la protección efectiva de este recurso hídrico. En efecto, aunque
la autoridad ambiental ha adelantado algunas actuaciones administrativas, no se acreditó
que estas hubiesen resultado eficaces para prevenir, controlar o hacer cesar las
afectaciones producidas sobre la quebrada, derivadas de las intervenciones realizadas
en su cauce y márgenes.
Lo anterior ha generado efectos adversos sobre la dinámica natural de la fuente hídrica,
entre ellos, cambios en su régimen, procesos de socavación y erosión, así como
modificaciones en su comportamiento del trazado del cauce. Tales circunstancias
evidencian la necesidad de adoptar medidas definitivas y eficaces para atender la
problemática, las cuales no pueden entenderse satisfechas mediante la sola iniciación o
prolongación de procedimientos administrativos que, además de haber resultado
morosos, no permiten establecer con certeza cuándo ni de qué manera serán resueltos.
En suma, al cotejar los anteriores hechos y evidenciar que por acciones antrópicas se
han generado cambios del cauce de la quebrada Frailes, y que, además, en ciertos
puntos –como los descritos– hay escasa vegetación, procesos de socavación y erosión
de la tierra, para la Sala se encuentran vulnerados los derechos colectivos por parte de
la entidad al medio ambiente y la existencia del equilibrio a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La
conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial
importancia ecológica de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los
demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del
medio ambiente.
Por lo tanto, el cargo no está llamado a prosperar.
7.6. Las competencias de la CARDER
La Sala procede a analizar si la CARDER es competente para ejecutar las obligaciones
que le fueron impuestas por el Tribunal Administrativo de Risaralda, si para la apelante
las labores de ejecución de obras civiles para mitigar el riesgo, el control de asentamiento
irregulares, la recolección de residuos sólidos y los procedimientos de desalojo y
reubicación relacionados con asentamientos irregulares, son aspectos que exceden las
funciones que le fueron otorgadas por el ordenamiento jurídico.
Precisado lo anterior, la Sala procede a efectuar un análisis normativo de cara a las
competencias que le fueron asignadas a la autoridad ambiental:
Dentro de las funciones de las corporaciones autónomas regionales confluyen normas
que la definen funcionalmente como integrante del SINA conforme a la Ley 99 de 1993;
así mismo, funciones como integrante del Sistema Nacional de Gestión para el Riesgo
de Desastres, y finalmente como autoridad ambiental, de las cuales se destacan las
facultades dentro de los procesos permisivos y sancionatorios conforme la
reglamentación prevista en la ley 1333 de 2009- modificada por la Ley 2387 de 2024-.
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En primer lugar, como integrante del SINA, conforme al artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
se observan las siguientes funciones relevantes al caso concreto:
[…]
2. Ejercer como máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con
las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio del Medio Ambiente;
[…]
5. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción,
en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten;
8. Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental
formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a las directrices
de la política nacional;
[…]
19. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de
tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de
cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los
organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras,
conforme a las disposiciones legales y previsiones técnicas correspondientes.
20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales.
[…]
23. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en
coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos
medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con
las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas
urbanas en zona de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y
reforestación. (Subrayas de la Sala)
Por otra parte, conforme al artículo 31 de la Ley 1523 de 201240, se establece:
[…]
Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema Nacional. Las corporaciones
autónomas regionales o de desarrollo sostenible […] además de las funciones establecidas
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen. Apoyarán a las
entidades territoriales en su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el
conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de
cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo.
40 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
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Parágrafo 1º
El papel de las corporaciones autónomas regionales es complementario y subsidiarios
respecto de la labor de las alcaldías y gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las
labores de gestión del riesgo que corresponden la sostenibilidad ambiental del
territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores de su responsabilidad
primaria en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres.
[…]
Parágrafo 3º
Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los consejos territoriales de
gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia
y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las entidades territoriales que existan en sus
respectivas jurisdicciones en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de
acuerdo con el ámbito de su competencia y serán corresponsables en la implementación.
[…]
A su vez, la Ley 1333 de 200941 en el marco de las facultades como autoridad ambiental
con competencia sancionatoria, modificada por la Ley 2387 de 25 de julio de 2024
contempla una serie de etapas que van desde un procedimiento para la imposición de
medidas preventivas (artículo 12 y Ss) y en el procedimiento sancionatorio (descrito a
partir del artículo 17) desde la indagación preliminar, la iniciación del procedimiento
sancionatorio, la formulación de cargos, la presentación de los descargos, la práctica de
pruebas y la determinación de la responsabilidad de la sanción (contenida en el artículo
27 de la mencionada Ley), acción que en términos del artículo 10 de la misma Ley,
iniciado el proceso sancionatorio ambiental, el término no puede extenderse más allá de
cinco años.
Clarificado lo anterior, vale la pena traer la orden concreta dada a la entidad en la primera
instancia, para ver que se haya adecuado a lo previsto normativamente y de la cual pidió
en el recurso que fuera ajustada a sus competencias. Al verificar se observa:
[…]
3. ORDÉNASE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS antes descritos,
para lo cual la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER y el municipio de
Dosquebradas deberán efectuar conforme a lo dispuesto en la parte motiva las siguientes
actuaciones:
3.1. LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER, deberá,
en el plazo máximo de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
presentar una actualización de la categorización de la quebrada Frailes en su paso por el
barrio San Rafael, que incluya un censo de las familias del sector, ubicadas en las áreas de
riesgo y zonas no urbanizables (zona forestal protectora y de retiros).
3.2. El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, con el acompañamiento de la autoridad
ambiental deberá, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia,
realizar un estudio de caracterización de los asentamientos subnormales identificados en
41 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”
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la quebrada Frailes en el sector de San Rafael para que sirva de insumo de las acciones
que se deban desarrollar, específicamente con la construcción de la urbanización Mirador
de La Pradera II propiedad del señor Fabián Arroyave Pérez, para determinar si aquel
supone algún riesgo ambiental y/o para las viviendas que se pretenden construir, y si este
cumple o no con los permisos ambientales requeridos.
En caso de encontrarse algún asentamiento subnormal con ocupación indebida de
la zona forestal protectora, deberá el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS en un plazo
máximo de un (1) año, contado a partir del cumplimiento del plazo anterior, proceder con la
reubicación de los ciudadanos que se encuentran ocupando dichos asentamientos
subnormales, no obstante, si realizado el estudio de caracterización no se encontraron
viviendas con ocupaciones indebidas, el plazo establecido de 1 año para reubicación, no
será teniendo en cuenta, al no presentarse las circunstancias que lo ameriten.
3.3. Tanto la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER
como el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS en el plazo máximo de los tres (3) meses
siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, deberán realizar un control constante de la
quebrada Frailes en el sector objeto de la presente acción constitucional, con el fin de evitar
nuevos asentamientos y de tomar las medidas de emergencia y urgencia que se requieran
ante una eventual creciente, avenida torrencial o en masa de la quebrada Frailes.
3.4. Una vez realizado el control de asentamientos subnormales, las áreas de riesgo y
zonas no urbanizables, dentro de un (1) mes siguiente al cumplimiento del numeral que
antecede, el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS procederá a la entrega para el manejo y
control de las áreas liberadas, a la CARDER, para que, posteriormente, ambas entidades,
de manera coordinada, de acuerdo a sus obligaciones legales, deberán dar cumplimiento
al programa de manejo y control del área liberada, además de garantizar que no se vuelvan
a desarrollar asentamientos humanos en el lugar, además de ejecutar programas o
campañas de socialización y educación ambiental con la comunidad.
3.5. El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS en coordinación con la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER, deberá, dentro de los dos (2) meses
siguientes al cumplimiento de lo ordenado en los numerales anteriores, realizar estudios
especializados para determinar la mejor solución frente a la socavación y erosión que
presenta la quebrada Frailes, teniendo en cuenta que la construcción de gaviones no es
viable en este sector.
3.6. El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS y la CARDER, dentro del mes siguiente a la
ejecutoria de la sentencia, deberán efectuar los trabajos de recolección de los residuos
sólidos, rocería para efectos de poder darle libertad a las aguas de escorrentía y limpieza
de la zona de protección de la Quebrada Frailes del Municipio de Dosquebradas Risaralda
en el sector del barrio San Rafael.
3.7. El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL RISARALDA -CARDER, en caso de no existir ocupaciones subnormales en el
sector, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, realizarán los
trabajos de recuperación de la cobertura vegetal de la zona forestal protectora de la
quebrada Frailes en el sector del barrio San Rafael por medio de la siembra de especies
vegetales aptas que cumplan con la función de protección; y, si se presentan ocupaciones
ilegales, el término de dos (2) meses, iniciará a contabilizarse una vez los ciudadanos hayan
sido reubicados.
[…]
Vistas las órdenes dadas, la Sala observa que estas presentan algunas ambigüedades
en relación con las funciones y la delimitación de las actividades que debe adelantar la
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CARDER y, por lo tanto, requieren ser precisadas en cuanto a sus componentes
funcionales.
Así pues, en cuanto a la orden de presentar una actualización de la categorización de la
quebrada (numeral 3.1 de la sentencia de primera instancia) –que incluya el censo de las
familias y acompañar al municipio para realizar una caracterización de asentamientos
subnormales identificados en la quebrada Frailes en el sector San Rafael, dicha
competencia en materia de asentamientos y organización territorial está circunscrita al
marco funcional del municipio, como quiera que en términos del numeral 4º del artículo
7 de la Ley 388 de 1997, le corresponde a esa entidad formular y adoptar los planes de
ordenamiento territorial. Bajo ese sentido, le asiste razón a la CARDER en relación a que
la obligación que le fue impuesta no estaba dentro del margen de sus competencias, por
esta razón, será modificada en la parte resolutiva de esta decisión.
Si bien se observa, que es deber de la entidad ambiental en materia de gestión de
riesgos, participar con los demás entes competentes en la planificación y ordenamiento
territorial, para que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se
adopten en ese sentido, su labor propiamente no es la de llevar a cabo el censo sobre
las familias que residen en el sector afectado, ya que su labor es de asesoramiento
técnico.
Para la Sala, en este caso resulta necesario delimitar la función a la actualización de la
categorización de la quebrada, la cual, si resulta útil, para determinar dentro de la zona
forestal y de retiros y que con fundamento en esa información sea el municipio quien
adelante las actuaciones en el marco de sus funciones en gestión de riesgo y a nivel
urbanístico. En ese sentido, la orden será modificada para integrarla, como se indicó, a
una más adecuada, de acuerdo con el marco funcional.
Por otra parte, en relación con hacer un control constante de la quebrada para evitar
nuevos asentamientos y tomar medidas de emergencia y urgencia que se requieran ante
una eventual creciente, avenida torrencial o en masa de la quebrada Frailes, la Sala solo
precisará que se haga en el marco funcional de cada entidad, las cuales efectivamente
pueden actuar concertadamente, dado que tanto el municipio como la CARDER pueden
confluir para evitar nuevos asentamientos, en el caso de la entidad ambiental está
fundamentada en los numerales 2, 5, 8 y 20 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en la
medida que se conjugan el ejercicio como máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción y participaría con el municipio de Dosquebradas en la planificación y
ordenamiento territorial al ejercer vigilancia de las zonas ambientalmente protegidas y el
comportamiento de los moradores frente a estas y mantendría en coordinación con el
ente territorial un programa de desarrollo sostenible, consistente en evitar que, con los
asentamientos se estén produciendo problemáticas como las descritas, en ese sentido,
se reitera, se modificará la orden contenida en el numeral 3.2 de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, para precisar que dicho control sea dentro del marco
funcional y competencias de cada entidad y se ordenará que se adopten las medidas que
sean necesarias para el correcto funcionamiento a nivel urbanístico, ambiental y de
ordenamiento territorial.
En cuanto a aquellas intervenciones físicas que fueron alegadas como no compatibles
con las funciones de la entidad, en primer lugar, no se observa órdenes en la primera
instancia tendientes al desarrollo de obras civiles y, en todo caso, si así fuera las mismas
están consagradas en los numerales 19 y 20 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
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Demandante: Procuraduría 28 Judicial Ambiental Agraria de Pereira
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y
municipio de Dosquebradas
En cuanto a las labores discutidas de rocería, recolección de residuos sólidos, siembra
de especies, la Sala estima que no se transgreden a nivel funcional las competencias de
la CARDER, concretamente estaría subsumido en el numeral 19 del artículo 31 de la Ley
99, pues las actividades allí contenidas son obras de recuperación de tierras necesarias
para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas, en el caso
concreto de la quebrada Frailes.
Por lo tanto, el cargo no está llamado a prosperar.
En el marco de las órdenes, la Sala encuentra la necesidad de hacer las modificaciones
a las decisiones previstas en el ordinal 3º de la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia, teniendo en cuenta que las obligaciones impartidas en el numeral 3.5. del fallo
se centraron en que se realizara un estudio especializado para determinar la mejor
solución frente a la socavación y erosión que presenta la quebrada los Frailes, a juicio de
esta Corporación, el resultado de los estudios debe ser implementado, entonces
atendiendo a la habilitación legal que dan los numerales 19 y 20 del artículo 31 de la Ley
99 de 1993, para que las corporaciones autónomas regionales ejecuten obras necesarias
para la protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas, se ajustará en ese
sentido la decisión.
Asimismo, esta Corporación considera que debe llevarse a cabo una mesa de trabajo en
la que actúen de forma conjunta el municipio de Dosquebradas y la CARDER con la
finalidad de que integren los estudios de categorización de la quebrada Frailes en el
sector de San Rafael con el de caracterización de asentamientos subnormales que se
presenten en el lugar motivo de la acción popular y, una vez estos sean analizados, se
tendrá que definir el plan con el afrontaran las problemáticas formuladas en el caso de la
referencia.
Dicho procedimiento deberá estar compuesto mínimo por los siguientes parámetros:
i) controles y vigilancias, de acuerdo con sus competencias por parte de las mencionadas
entidades.
ii) la CARDER tendrá que efectuar un estudio sobre los sectores motivo de amparo, para
determinar el riesgo ambiental y los permisos requeridos para la construcción urbanística
que allí se presenta.
iii) la CARDER y el municipio de Dosquebradas en el marco de sus competencias, bajo
los principios de colaboración, coordinación y subsidiariedad positiva tendrán que
elaborar estudios técnicos para determinar las medidas que se deben implementar para
resolver los problemas de socavación y erosión que presenta la quebrada Frailes en el
sector de San Rafael, una vez se cuente con este tendrán que ejecutarse las obras.42
42 En la sentencia del 25 de septiembre de 2025, expediente 66001 23 33 000 2021-00154-01 con ponencia
de la M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, el cual trataba de un caso similar relacionado con el sector Rincón
de la Pradera del municipio de Dosquebradas, se modificó la decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda, en el sentido de ordenar que se realizara un estudio técnico que permita determinar con precisión
las obras necesarias en la quebrada Frailes estructurales (obra de ingeniería) y no estructurales
(mantenimiento, reforestación, corrección de cauce, etc.) en el sector de los Conjuntos Residenciales
Rincón de la Pradera, Senderos de la Pradera y Reservas de la Pradera.
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iv) la CARDER y el municipio de Dosquebradas deberán programar y efectuar jornadas
de recolección de residuos sólidos, rocería para darle libertad a las aguas de escorrentía
en la zona de protección de la citada quebrada y trabajos de recuperación de la cobertura
vegetal.
En ese sentido las órdenes serán modificadas y se verán reflejada en la parte resolutiva
del presente proveído.
7.7. Demás aspectos de la apelación del ente territorial y de la CARDER
7.7.1 Otros aspectos de la apelación del municipio de Dosquebradas
7.7.1.1. En cuanto al argumento relacionado con las dificultades financieras para cumplir
con las órdenes, expuesto por el municipio de Dosquebradas en el recurso de apelación,
se pone de presente que al verificar si existe alguna normativa especial para excusar a
un municipio por sus limitaciones presupuestales y no cumplir las obligaciones
anteriormente previstas, no se encuentra ninguna disposición que así lo contemple.
Sobre el particular ha de recordarse que esta Corporación ya ha dicho que “(…) la falta
de presupuesto no es óbice para proceder a adoptar conductas tendientes a hacer cesar
la amenaza o vulneración de derechos colectivos demostrada (…)”.43 económicas para
desconocer o tratar de desligarse de la vulneración de derechos, por lo tanto, este
argumento será desestimado.
7.7.1.2. Por otra parte, en cuanto al cargo relacionado con la responsabilidad exclusiva
atribuida a la CARDER por haber expedido sendos actos administrativos para autorizar
licencias en los proyectos urbanísticos Mirador de la Pradera I y II sin los estudios
necesarios para prever los impactos y adecuaciones requeridas y evitar la producción de
riesgos, en el escenario de este medio de control no es posible realizar juicios de
legalidad de los actos administrativos expedidos por las entidades sino que corresponde
analizar de cara a los derechos colectivos invocados si se está incurriendo en una
vulneración de estos, por tanto, el juzgamiento que aquí se adelanta constituye la
confrontación de los hechos con las acciones u omisiones desplegadas por las entidades
a que les concierne la protección y efectividad de los mismos, sobre la idoneidad y
motivación de actos de licencia existen otros medios de control contemplados por el
sistema jurídico para controvertirlos.
7.7.1.3. Ahora, en lo que tiene que ver con la “falta de integración de la comunidad a la
decisión”, para la Sala el cargo carece de sustentación argumentativa, pues no se precisa
con exactitud cuál es la controversia que existe al respecto.
Sin embargo, se pone de presente que mediante el auto admisorio de la demanda se dio
cumplimiento a lo previsto en el artículo 21 de la Ley 472 de 1998, en el sentido de
informarle a la comunidad en general sobre la existencia de la acción, por lo que ordenó
la publicación de la misma a través de la Personería de Pereira44, como se aprecia a
continuación:
43 Consejo de Estado. Sección Primera. C.P María Elizabeth García González. Expediente: 15001-23-31
000-2010-01396-01.
44Índice de SAMAI 9 de la primera instancia.
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De acuerdo con lo anterior, este argumento tampoco prospera, sin embargo, la Sala
encuentra pertinente exhortar a la comunidad para que coadyuve en el cumplimiento de
las órdenes impartidas en la presente decisión.
7.7.1.4. Ahora, en lo que tiene que ver con la modificación de los plazos de las órdenes
impuestas al municipio, no se accederá a la misma, pues, de acuerdo con lo analizado
en el presente caso es evidente que existe una situación del riesgo en el sector de San
Rafael del cual la autoridad territorial tiene conocimiento desde hace aproximadamente
diez (10) años, sin que se haya producido una solución definitiva a las diversas
situaciones que transcienden a la vulneración de los derechos colectivos.
7.7.2 Frente a los demás argumentos de la CARDER
En cuanto al argumento de las costas del recurso de apelación de la CARDER, según
el cual no debía condenarse en costas a la entidad porque no había vulnerado los
derechos por alguna acción u omisión que se le atribuyera de acuerdo con sus funciones,
la Sala observa que después del análisis realizado, no habría lugar a acoger el
argumento, comoquiera que se constató la vulneración por las razones expuestas.
Sin embargo, al tratar de desentrañar el cargo señalado, lo que se infiere es que el
apelante solicita que se acojan los argumentos del salvamento de voto parcial, según los
cuales no habría lugar a pronunciarse sobre la condena en costas en las acciones
populares apartándose de la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2019 45 y
tampoco la utilización necesaria y obligatoria del artículo 5º del Acuerdo núm. PSAA16-
10554 de 2016, por no resultarle aplicable a los procesos donde se ventila un interés
público.
Al respecto, la Sala debe anotar que el salvamento parcial de voto no tiene carácter
vinculante en tanto constituye un texto disidente sin injerencia en la decisión. Además,
conforme a la postura de la Sala46, en especial las reglas de unificación jurisprudencial
sobre el reconocimiento por concepto de agencias en derecho proceden a favor de la
parte actora, comoquiera que: (i) se accedió a las pretensiones planteadas, (ii) se
adelantó el trámite correspondiente para la presentación de la demanda, (iii) se asistió a
la audiencia de pacto de cumplimiento y (iv) se tuvo un papel activo en la practica de las
pruebas.
Es de anotar que, no obstante, aun cuando la actora es la Procuraduría General de la
Nación, esa sola circunstancia no impide dicho reconocimiento, dado que el pago deberá
ser destinado al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos. Además,
el monto reconocido por el a quo, se encuentra ajustado a las tarifas fijadas en el Acuerdo
núm. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 201647.
45
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión, Sentencia
de Unificación de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P Rocío Araujo Oñate.
46
Ver también. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del
15 de diciembre de 2023, Rad. 52001-23-33-000-2015-00345-01, C.P Oswaldo Giraldo López.
47
1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL. En única instancia. a. Cuando en la demanda se
formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos
que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. En primera instancia. a.
Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor
cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por
la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones
pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V. […] [Negrillas fuera de texto].
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7.8. Por último, se acepta la renuncia al apoderado de la CARDER, señor James Edison
Cifuentes Maldonado, por cumplir los requisitos del artículo 76 del CGP.
7.9. Finalmente, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley 1564
de 12 de julio de 2012 y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Especial de Decisión
núm. 27 en la providencia de 6 de agosto de 201948, no se condenará en costas en esta
instancia porque no se acreditó su causación.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia del 13 de febrero de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, para que integralmente sea de la
siguiente manera:
[…]
3. ORDÉNASE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS antes descritos,
para lo cual la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-CARDER y el municipio de
Dosquebradas deberán efectuar conforme a lo dispuesto en la parte motiva las siguientes
actuaciones:
3.1. LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER, deberá,
en el plazo máximo de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
presentar una actualización de la categorización de la quebrada Frailes en su paso por el
barrio San Rafael (zona forestal protectora y de retiros).
3.2. El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, dentro de los dos (2) meses siguientes a la
ejecutoria de la sentencia, realizará un estudio de caracterización de los asentamientos
subnormales identificados en la quebrada Frailes en el sector de San Rafael.
3.2.1. En caso de encontrarse algún asentamiento subnormal con ocupación indebida
de la zona forestal protectora, el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS en un plazo máximo
de un (1) año, contado a partir de la concreción del estudio de caracterización de que trata
el numeral 3.2, procederá a tomar las medidas correspondientes, de acuerdo a los
resultados que arroje el estudio.
3.3. Reunida la categorización y los estudios de que trata el numeral 3.1. y 3.2 de esta
providencia, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA y el
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS instalarán una mesa de trabajo para integrar la
información y plantear una metodología de acción que permita afrontar las problemáticas,
esta metodología debe quedar elaborada a los seis (6) meses de la ejecutoria de esta
sentencia. Una vez especificada la metodología las entidades cuentan con un (1) año para
realizarla. Dentro de la mesa de trabajo las entidades deben contener como mínimo la
realización de las siguientes órdenes:
3.3.1 La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER y el
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS deberán realizar un control constante de la quebrada
Frailes de manera conjunta cada uno en el marco de sus funciones y competencias, en el
48 Ibidem.
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sector objeto de la presente acción constitucional, con el fin de evitar nuevos asentamientos
y prevenir infracciones y actos contrarios al medio ambiente.
3.3.2 LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA- CARDER realizará
un estudio técnico en el marco de sus competencias legales en el sector motivo de la acción
popular, para determinar el riesgo ambiental y si las viviendas y construcción de la zona
cumplen o no con los permisos ambientales requeridos.
3.3.3 El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, en coordinación con la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER, deberán en el marco de sus
competencias y los principios de coordinación, colaboración y subsidiariedad positiva
realizar estudios especializados para determinar la mejor solución frente a la socavación y
erosión que presenta la quebrada Frailes. Una vez efectuado los estudios en el marco de
sus competencias llevarán a cabo las obras o soluciones concretadas en dicho estudio, a
través de los mecanismos jurídicos, técnicos y financieros contemplados para que el ente
territorial y la CARDER ejecuten las adecuaciones u obras requeridas.
3.3.4 El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE RISARALDA -CARDER en el marco de sus funciones legales y
competencias, deberán programar y efectuar jornadas de recolección de los residuos
sólidos, rocería para efectos de poder darle libertad a las aguas de escorrentía y limpieza
de la zona de protección de la Quebrada Frailes del Municipio de Dosquebradas Risaralda
en el sector del barrio San Rafael, así como los trabajos de recuperación de la cobertura
vegetal de la zona forestal protectora de la quebrada Frailes en el sector del barrio San
Rafael por medio de la siembra de especies vegetales aptas que cumplan con la función de
protección.
[…]
7. EXHORTAR a la comunidad del sector en la quebrada Frailes en el sector de San Rafael
a que coadyuve a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y al municipio de
Dosquebradas a que coadyuve en el cumplimiento de las órdenes impartidas en este
proveído.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de la primera instancia.
TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.
CUARTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
SEXTO: ACEPTAR la renuncia al apoderado de la CARDER, señor James Edison
Cifuentes Maldonado.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la
fecha.
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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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