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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2021-00154-01

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2021-00154-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el señor magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, SEPARARLO del conocimiento del mismo. SEGUNDO: MODIFICAR los numerales 4.3, 4.6 y 5 de la parte resolutiva de la sentencia de 29 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, los cuales quedarán así: “[…] 4.3. Realizar estudios técnicos que permitan determinar con precisión las obras necesarias en la quebrada Frailes estructurales (obra de ingeniería) y no estructurales (mantenimiento, reforestación, corrección de cauce, etc.) en el sector de los Conjuntos Residenciales Rincón de la Pradera, Senderos de la Pradera y Reservas de la Pradera, a fin de que cesen los procesos de socavación y riesgo que se están ocasionando por las intervenciones antrópicas identificadas en la parte alta de la mencionada quebrada, pues según lo informado por los testigos, sobre la margen izquierda de la quebrada aguas abajo existen cinco casas que se verían, a futuro, perjudicadas con el proceso de socavación existente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 54 Número único de radicación: 66001-23-33-000-2021-00154-01 Actora: PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE PEREIRA Vencido el término anterior, la CARDER y el MUNICIPIO deberán iniciar dentro los seis (6) meses siguientes la ejecución de las obras que a cada una de estas corresponde, considerando para tal efecto lo establecido en la parte motiva en punto al deber de la entidad territorial municipal de asumir el cumplimiento de las labores tendientes a la mitigación del riesgo de erosión; sin perjuicio de que en virtud de los principios de concurrencia y subsidiariedad previstos en los numerales 13 y 14, artículo 3º de la citada Ley 1523, gestione ante las demás instancias responsables de ejecutar la Política e Gestión Integral del Riesgo, estrategias de colaboración y apoyo financiero con el fin de obtener los recursos necesarios atender dicha problemática. […] […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 66001-23-33-000-2021-00154-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

25 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 66001-23-33-000-2021-00154-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y
AGRARIA DE PEREIRA

TESIS: LOS MUNICIPIOS SON RESPONSABLES DIRECTOS DE
EJECUTAR LAS OBRAS TENDIENTES A MITIGAR LOS RIESGOS
ASOCIADOS A PROCESOS EROSIVOS QUE SE PRESENTAN EN SU
TERRITORIO

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL
GOCE DE UN MEDIO AMBIENTE SANO, AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO,
A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES
TÉCNICAMENTE Y A LA REALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES,
EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS RESPETANDO LAS
DISPOSICIONES JURÍDICAS

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS1 y la CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA2 contra la sentencia de 29

de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de

Risaralda3.

1
En adelante el MUNICIPIO.
2
En adelante la CARDER
3
En adelante el Tribunal.

2

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Actora: PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE PEREIRA

I.- ANTECEDENTES

I.1- La demanda

La PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA

DE PEREIRA, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo

88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de

agosto de 19984, presentó demanda contra el MUNICIPIO, la

CARDER y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS - SERVICIUDAD E.S.P.5

tendiente a que se protegieran los derechos colectivos al goce de un

medio ambiente sano, al equilibrio ecológico, a la seguridad y

prevención de desastres previsibles técnicamente y a la realización

de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las

disposiciones jurídicas.

I.2. Hechos

Expuso que en el sector de los conjuntos residenciales Rincón de La

Pradera, Senderos de La Pradera y Reservas de La Pradera, la

4
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
5
Vinculada por el Tribunal en la audiencia de recepción de testimonios.

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quebrada Los Frailes presenta niveles considerables de

contaminación.

Indicó que en algunos tramos de la quebrada en los barrios

Comuneros y San Rafael, la zona forestal protectora es ocupada por

asentamientos subnormales en ambos márgenes de la fuente hídrica,

los cuales realizan vertimientos directos a la misma.

Adujo que también se presentan problemas erosivos y socavación en

la margen izquierda de la quebrada, riesgo de remoción en masa por

el banqueo realizado por los residentes de la parte baja de la ladera,

presencia de residuos sólidos en el cauce, tala de material vegetal

para construcciones y ruptura de colector cerca del barrio La Playita.

I.3. Pretensiones

La parte actora solicitó, además del amparo de los derechos

colectivos invocados, lo siguiente:

«[…] 2. En consecuencia de la anterior declaración, ordenar al
municipio de Dosquebradas y a la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda -CARDER la consecución de los recursos necesarios para
luego, ejecutar dentro del plazo que el honorable Tribunal
Administrativo de Risaralda ordene, las actividades tendientes a que
cese la amenaza y vulneración a los derechos colectivos cuya
protección aquí se reclama, y en especial para lo siguiente:

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• Que de manera articulada y coordinada realicen las intervenciones
y obras que en sus conceptos técnicos, informes de visitas y
comunicaciones señalan como recomendadas para atender las
problemáticas identificadas en cada uno de los sectores.
• Que se realicen la totalidad de los estudios requeridos para
determinar las obras necesarias en la quebrada Frailes, a fin de que
cesen los procesos de socavación y riesgo que se están ocasionando
por las intervenciones antrópicas identificadas.
• Que el municipio de Dosquebradas realice la recuperación del
espacio público ocupado (zona forestal protectora y cauce: quebradas
Dosquebradas, Frailes y Manizales) en los sectores la vereda Rivera
Baja, Barrio El Jardín San Rafael, barrios Independencia, Divino Niño
y Libertadores, barrio Santa Teresita, conjuntos residenciales Rincón
de La Pradera, Reservas de La Pradera, Senderos de La Pradera y
Mirador de la Estancia y vereda El Gaitán.
• Que el municipio de Dosquebradas adelante las actuaciones
policivas necesarias con el fin de que cesen los comportamientos
contrarios a la convivencia que se identificaron como gestión
inadecuada de residuos sólidos, realización de actividades económicas
sin el cumplimiento de los requisitos legales, la realización de
construcción sin licencia y en lugares no autorizados, entre otros, tal
como lo señala la Ley 1801 de 2016.
• Que una vez el municipio de Dosquebradas recupere las áreas
forestales protectoras y en general suelos de protección afectados,
proceda la CARDER a su recuperación ambiental, a través de los
mecanismos que de conformidad con la ley y las condiciones técnicas
se requieran para asegurar la función ecosistémica que les
corresponde.
• Que el municipio de Dosquebradas y la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda –CARDER-, recuperen el cauce de las quebradas
Frailes, Manizales y Dosquebradas, de manera que no continúe la
socavación y con ella el riesgo que generan en los mencionados
sectores.
• Que el municipio de Dosquebradas y la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda –CARDER-, realicen intervenciones tendientes
a la descontaminación de las quebradas Frailes, Manizales y
Dosquebradas.
• Que el municipio de Dosquebradas y la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda –CARDER-, ejecuten las obras requeridas para
conjurar las situaciones de riesgo evidenciadas en los sectores de la
vereda Rivera Baja, Barrio El Jardín- San Rafael, barrios
Independencia, Divino Niño y Libertadores, barrio Santa Teresita,
conjuntos residenciales Rincón de La Pradera, Reservas de La
Pradera, Senderos de La Pradera y Mirador de la Estancia y vereda El
Gaitán.

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• Ordenar a las entidades accionadas ejecutar programas o campañas
de socialización y educación ambiental con la comunidad,
principalmente con los habitantes de los asentamientos y demás
habitantes de los barrios para que se promueva en primer término la
siembra de árboles y reforestación del tipo más conveniente según
las autoridades, esto con el fin de mitigar las afectaciones a las zonas
de conservación ambiental afectadas, también para que no se siga
deforestando los sectores, para proteger las cuencas hidrográficas, y
para recuperar y conservar el suelo, así como para la adecuada
gestión de los residuos sólidos y vertimientos. 3. Las demás medidas
que sean necesarias para proteger los derechos e intereses colectivos
invocados.».

I.4. Defensa

I.4.1.- El MUNICIPIO admitió que si bien existe contaminación de

la quebrada por vertimientos de aguas residuales no autorizados,

invasión del área forestal protectora y depósito de escombros, no es

posible afirmar que la intervención de las autoridades sea nula o

inexistente, pues han realizado varias visitas al sector por parte de

la Dirección de Gestión del Riesgo -DIGER-, sus Secretarías de Obras

Públicas y de Desarrollo Agropecuario, en el marco de las cuales se

han establecido compromisos como capacitación a la comunidad en

materia ambiental y solicitud de estudios y diseños a la Gobernación

de Risaralda para mitigar los riesgos existentes.

Sostuvo que la comunidad tiene responsabilidad por los eventos

contaminantes por: i) el mal manejo de las aguas lluvia y de

escorrentía, porque no construyeron canales y bajantes para la

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recolección y dirección de estas hasta una cámara colectora; ii) la

afectación de la parte sólida del terreno que sirve de borde al afluente

hídrico; y iii) la inobservancia de las recomendaciones de las

autoridades competentes en las visitas técnicas realizadas.

Afirmó que, a través de sus diferentes dependencias, se encontraba

gestionando el acompañamiento en materia técnica para mitigar

cualquier tipo de riesgo en el sector de La Pradera, de manera que

no existe vulneración de los derechos colectivos invocados.

I.4.2.- La CARDER anotó que ha desplegado todas las acciones que,

como autoridad ambiental, son de su competencia frente a la

problemática expuesta en la demanda.

Sostuvo que, en relación con la contaminación de la quebrada Los

Frailes, ha realizado visitas técnicas, emitido conceptos técnicos e

informes a las diferentes entidades responsables de la problemática,

por lo que lo afirmado por la parte actora desconoce sus labores

debidamente probadas.

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Destacó que, con ocasión de la acción popular, emitió el Concepto

Técnico núm. 2020 de 30 de julio de 2021 que da cuenta de: i) las

condiciones actuales asociadas a la socavación de las márgenes de

la quebrada y sus causas; ii) la necesidad de construir un muro de

concreto reforzado sobre la margen derecha de la quebrada por parte

de SERVICIUDAD ESP; iii) el estado de los gaviones existentes

sobre la margen izquierda de la fuente hídrica, de la pared de la talud

y del colector y; iv) las intervenciones realizadas en la parte posterior

de algunas viviendas que se acercan a la reserva forestal protectora.

Adujo que ha realizado el acompañamiento técnico y ambiental a la

entidad territorial, en el marco de sus competencias legales, tal y

como ha sido validado por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Propuso las siguientes excepciones:

-. “Improcedencia de la acción al no evidenciarse la carga

probatoria mínima por parte de la accionante”: aseguró que la

parte actora no aportó ninguna prueba sobre su presunta omisión

frente a los requerimientos de asesoría y acompañamiento técnico

en la zona afectada.

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-. “Inexistencia de un derecho legítimo para responsabilizar a

la CARDER - falta de legitimación en la causa por pasiva”:

afirmó que no está acreditado el nexo causal entre el daño causado

y la acción u omisión de la autoridad ambiental, por lo contrario, ha

realizado las acciones que son de su competencia.

-. “Falta de competencia para ejecutar las obras solicitadas”:

anotó que, en materia de riesgo, la construcción de obras civiles o

de infraestructura recae únicamente sobre el MUNICIPIO.

I.4.3.- SERVICIUDAD aseguró que se configuró la carencia actual

de objeto, amén de que la solicitud carece de sustento probatorio en

lo que tiene que ver con su responsabilidad.

Manifestó que los residentes de los asentamientos subnormales y los

habitantes del sector son quienes, con sus prácticas inadecuadas,

han generado la afectación de la quebrada.

Señaló que el MUNICIPIO, la CARDER y la DIGER tienen a su cargo

la construcción de muros de contención para las laderas de la fuente

hídrica y la corrección del cauce, el mantenimiento de las fajas de

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protección ambiental y las obras necesarias para mitigar el riesgo

existente.

Informó que en el año 2020 ejecutó obras de ingeniería para reparar

la estructura del colector averiado por la ola invernal del año 2018,

la cual se vio afectada por el mismo fenómeno.

Expuso que lo relativo a la ocupación de la zona forestal protectora,

los asentamientos subnormales, la afectación de los recursos

naturales, los procesos erosivos por socavación lateral de la

quebrada en la margen izquierda y la existencia de un muro de

llantas colapsado deben ser atendidos directamente por las

autoridades competentes en cada caso.

Refirió que la recolección de residuos sólidos especiales es una

actividad a cargo del MUNICIPIO, por intermedio de la Secretaría

de Desarrollo Agropecuario, quien ejecuta esa labor mediante

contrato de prestación de servicios con entidades diferentes a

SERVICIUDAD.

Afirmó, en relación con los vertimientos de aguas residuales producto

de «porquerizas» cerca al barrio La Playita, que según lo informado

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por el personal del área técnica y operativa, no presta los servicios

de acueducto, alcantarillado y aseo en ese sector, toda vez que se

encuentra fuera del perímetro urbano y, por tanto, excluido del Plan

de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, razón por la que la

situación debe ser atendida por los entes territoriales de acuerdo a

lo previsto en los artículos 298, 356, 365, 377 y 368 de la

Constitución Política, en concordancia con el artículo 7° de la Ley 142

de 1994 y la Ley 99 de 1993.

Propuso las siguientes excepciones:

-. “Inexistencia de un derecho legítimo para responsabilizar a

SERVICIUDAD ESP y falta de legitimación en la causa por

pasiva”: adujo que dentro de su objeto social no está atender

problemáticas ambientales ni afectación de recursos naturales;

además, en zonas como La Playita y Comuneros, no presta servicios

públicos de aseo, acueducto y alcantarillado y, por ende, no puede

extender sus redes hasta esos sectores porque carece de

autorización del ente regulador.

-. «Inexistencia de un derecho legítimo y nexos de causalidad

– hecho de terceros»: Indicó que las acciones pretendidas por la

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parte actora, esto es, obras para hacer cesar la socavación a lo largo

de la quebrada en los barrios la Playita y Comuneros, recuperación

de la zona forestal protectora, acciones policivas para la adecuada

disposición de residuos sólidos, no son su responsabilidad, sino del

ente territorial.

-. “Ausencia de violación o amenaza de violación a los

derechos invocados: Manifestó que dentro de su objeto social no

tiene funciones de velar por la construcción, mantenimiento y

estabilidad de muros de contención de riberas de la quebrada Los

Frailes, por lo que no le es atribuible la vulneración de derechos

alegada.

-. “Inobservancia del principio procesal de la carga de la

prueba”: Expuso que la parte actora no cumplió con la carga de la

prueba sobre su presunta responsabilidad en relación con la situación

presentada en un sector de la quebrada Los Frailes.

-. ” Hecho superado»: Anotó que para proteger su infraestructura

frente al proceso erosivo en el sector construyó un muro de

contención y la reparación de un tramo de colector de aguas

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residuales que estaban siendo vertidas directamente a la quebrada,

configurándose así un hecho superado.

I.5. Audiencia de Pacto de Cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 25 de

septiembre de 2018, declarándose fallida por ausencia de fórmulas

de acuerdo entre las partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 29 de febrero de 2024, declaró la

vulneración de los derechos e intereses colectivos al goce de un

ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y

aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución;

a la seguridad y salubridad públicas, y a la seguridad y prevención

de desastres previsibles técnicamente, atribuible únicamente al

MUNICIPIO y a la CARDER.

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Declaró probada la excepción propuesta por la CARDER en cuanto a

la falta de competencia para la ejecución de las obras solicitadas por

la parte actora.

Sostuvo que el MUNICIPIO es el llamado a ejercer un control

efectivo para evitar los asentamientos humanos en zonas de

protección forestal y, con ello, los vertimientos de aguas residuales,

la disposición de residuos sólidos en el cauce, así como realizar las

obras necesarias para detener los procesos erosivos y la socavación

de la parte baja del talud con el paso de la quebrada.

Precisó que, según lo establecido por el Consejo de Estado en un caso

de similares características, para la ejecución de ese tipo de obras se

requiere de una asesoría técnica por parte de la CARDER, como

máxima autoridad ambiental en el Departamento de Risaralda, en

virtud de su especialidad técnica en materia ambiental y de los

deberes legales que le asisten en materia de gestión del riesgo.

En virtud de lo anterior, impartió las siguientes órdenes:

«[…] 4. Ordenar al municipio de Dosquebradas y a la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER- que,
manera concertada y concurrente y dentro del ámbito de sus

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competencias legales y constitucionales, en un término
máximo de nueve (9) meses, contados a partir de la ejecutoria
de la presente providencia, ejecuten las siguientes acciones:

4.1. Realizar monitoreo constante al rumbo de la quebrada Frailes, en
el sector de los Conjuntos Residenciales Rincón de la Pradera,
Senderos de la Pradera y Reservas de la Pradera.

4.2. Efectuar labores de relocalización de material aluvial mal
acumulado para proteger las márgenes de la quebrada Frailes en el
sector de los Conjuntos Residenciales Rincón de la Pradera, Senderos
de la Pradera y Reservas de la Pradera. Así como realizar obras
biomecánicas para la estabilización del talud que presenta socavación
lateral en inmediaciones del Conjunto Residencial Rincón de la
Pradera.

4.3. Realizar estudios técnicos que permitan determinar con precisión
las obras necesarias en la quebrada Frailes estructurales (obra de
ingeniería) y no estructurales (mantenimiento, reforestación,
corrección de cauce, etc.) en el sector de los Conjuntos Residenciales
Rincón de la Pradera, Senderos de la Pradera y Reservas de la
Pradera, a fin de que cesen los procesos de socavación y riesgo que
se están ocasionando por las intervenciones antrópicas identificadas
en la parte alta de la mencionada quebrada, pues según lo informado
por los testigos, sobre la margen izquierda de la quebrada aguas
abajo existen cinco casas que se verían, a futuro, perjudicadas con el
proceso de socavación existente.

4.4. Controles permanentes en las áreas forestales protectoras de la
mencionada fuente hídrica, para evitar la ocupación ilegal de dichas
zonas, en el sector aledaño a los Conjuntos Residenciales Rincón de
la Pradera, Senderos de la Pradera y Reservas de la Pradera,
garantizando así la protección de la corriente de agua de la quebrada
Frailes, la prevención de desastres, la mitigación de riesgos, y la
preservación del paisaje, de la flora y fauna.

4.5. Adoptar programas para la reforestación de las áreas protectoras
de la quebrada Frailes sector de los Conjuntos Residenciales Rincón
de la Pradera, Senderos de la Pradera y Reservas de la Pradera, con
la siembra de especies que brinden agarre y protección biomecánica,
evitando que continúe el proceso erosivo que se presenta en el sector,
y así lograr su recuperación.

4.6. Implementar jornadas de limpieza periódica para el retiro de
escombros y demás residuos sólidos especiales que contaminan el
agua e impactan el cauce.
4.7. Adelantar campañas de socialización y concientización con las
comunidades del sector, sobre el cuidado del medio ambiente, la

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protección de las cuencas hidrográficas, la adecuada disposición de
los residuos sólidos y vertimientos, y para la reforestación en las
zonas que se requiera, quienes deberán acatar las recomendaciones
que para el efecto emitan las autoridades.

5. Para efectos de verificar el cumplimiento de lo ordenado en la
presente providencia se nombrará un comité de verificación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998,
integrado por este Tribunal, por la actora popular, el alcalde del
municipio de Dosquebradas, la Secretaría de Obras Públicas del
municipio de Dosquebradas, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
y Ambiental del municipio de Dosquebradas, la Secretaría de
Gobierno del municipio de Dosquebradas, el director de la DIGER del
municipio de Dosquebradas o la persona que sea designada por dicho
funcionario y el director de la CARDER o la persona que sea designada
por dicho funcionario. El Comité de Verificación deberá rendir a esta
Corporación informes periódicos acerca del cumplimiento de esta
decisión.

6. Se niegan las demás súplicas de la demanda, por lo considerado
en la parte motiva de este proveído.

7. El incumplimiento de lo ordenado en el presente fallo será
sancionado como desacato de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 41 de la Ley 472 de 1998.

8. Sin costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia
[…]».

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. La CARDER adujo que el Tribunal no especificó y determinó

la responsabilidad de cada una de las entidades demandadas de

acuerdo con sus actuaciones u omisiones y, por el contrario, asumió

que tienen las mismas competencias y responsabilidades.

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Expuso que la decisión desconoció lo probado en el proceso en cuanto

a las acciones que desplegó en el marco de sus competencias, lo que

evidencia la ausencia de vulneración de derecho colectivo alguno.

Aseguró que ha cumplido su función de asesoría y asistencia técnica

con la expedición de conceptos técnicos necesarios para el

diagnóstico y recomendaciones tendientes a la mitigación del riesgo

de la comunidad, además de iniciar los procesos administrativos

sancionatorios en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia

y control.

Afirmó que las órdenes relativas a la relocalización de material

aluvial, obras de estabilización del talud que presenta socavación

lateral, estudios para determinar las obras que demanda la

problemática, labores de mantenimiento y jornadas de limpieza,

desconocen: i) sus funciones de asesoría y asistencia técnica; y ii) lo

precisado por el Consejo de Estado en sentencias de 26 de julio de

2018 y 16 de mayo de 2019 respecto del deber de asesoría y

acompañamiento de las corporaciones autónomas regionales en

materia ambiental, dentro del cual no está la ejecución de obras

civiles ni de infraestructura para la mitigación de riesgos y de

prevención y atención técnica de desastres.

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III.2. El MUNICIPIO manifestó que la decisión desconoció lo

probado en el proceso en cuanto a los recursos invertidos en la obras

y acciones de mitigación de la problemática de la quebrada Los

Frailes que, en su gran mayoría, satisfizo gran parte de lo pretendido

por la actora; y que si bien requieren una atención integral y

permanente, lo concluido por el Tribunal “es un duro

cuestionamiento”, pese a que cumplió desde sus capacidades, por lo

que no es procedente declararla responsable de la vulneración.

Cuestionó el plazo otorgado para el cumplimiento de las órdenes,

pues apenas iniciaba su gestión y tenía un presupuesto

preestablecido por el gobierno saliente, de manera que los recursos

que demandan las acciones a su cargo generan un riesgo de

incumplimiento no solo de éstas, sino de las demás necesidades

presupuestales para satisfacer los deberes que le asisten.

IV.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Delegado ante esta Corporación solicitó confirmar la

sentencia impugnada porque, a su juicio, es necesario agotar todos

los procedimientos necesarios para apropiar los recursos

presupuestales que requieren las actividades tendientes a hacer

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cesar los procesos de socavación y riesgos generados por las

intervenciones antrópicas en la parte alta de la quebrada Los Frailes,

y mitigar el riesgo al que están expuestos los residentes del sector.

V.CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el señor

magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES, en escrito

de 25 de septiembre de 20256, manifiesta que se declara impedido

para actuar dentro del proceso de la referencia, por cuanto su

hermano JOSÉ FERNANDO OSORIO CIFUENTES se desempeña

como Procurador Judicial II en la PROCURADURÍA GENERAL DE

LA NACIÓN, entidad que funge como parte actora en el proceso de

la referencia, por lo que estima que se encuentra incurso en la causal

de impedimento prevista en el numeral 3 del artículo 130 del CPACA.

Al respecto, la Sala pone de manifiesto que la Ley 472, no contiene

disposiciones especiales que regulen las manifestaciones de

impedimento; no obstante, en virtud del artículo 44 ibidem, es del

6
Cfr., índice 00019 del expediente digital del Consejo de Estado.

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caso aplicar el CPACA debido a la remisión que efectúa dicha norma

en aspectos no regulados.

Precisado lo anterior, la Sala observa que la causal de impedimento

que se invoca es la prevista en el numeral 3 del artículo 130 del

CPACA, la cual dispone:

“[...] Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán
declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en
el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los
siguientes eventos: [...].

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o
alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la
condición de servidores públicos en los niveles directivo,
asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que
concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero
interesado. [...]” (Resaltado fuera del texto original).

Respecto de la configuración de la causal prevista en el numeral 3 en

un asunto similar, la Sala Plena de esta Corporación, en auto de 8 de

agosto de 2023, consideró lo siguiente:

“[...] Los consejeros Yepes Corrales e Ibarra Martínez manifiestan,
coincidentemente, que se encuentran incursos en la causal de
impedimento prevista en el numeral 3 del artículo 130 del CPACA,
pues sus cónyuges están vinculadas a la Procuraduría General de la
Nación como procuradoras judiciales II.
[...]

La norma no establece ningún tipo de condicionamiento para que la
causal de impedimento se configure; no se requiere que el cónyuge
tenga algún interés o relación con el asunto objeto del proceso, por

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lo que basta con que esté probado el vínculo con la entidad y el nivel
jerárquico correspondiente.

En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en la
estructura de la Procuraduría General de la Nación, se tiene que el
Decreto 264 de 2000, en su artículo 7, se refiere a la nomenclatura
de los empleos de la entidad y señala que los procuradores judiciales
II se encuentran en el nivel profesional, asignándoles el código 3PJ y
el grado EC.
No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio funcional,
en el artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000 se establece que
son cargos del nivel directivo aquellos empleos que tienen funciones
de dirección, definición de políticas y de representación del Procurador
General. En el numeral 10 de ese artículo señala como funciones
generales de los empleos de ese nivel: “10. Intervenir como agentes
del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la
Constitución y la ley”, lo que resulta congruente con lo prescrito en
los artículos 277-7 y 280 de la Carta Política, en tanto los
procuradores judiciales II tienen la condición de agentes del Ministerio
Público que, entre otras, ejercen funciones de intervención judicial en
representación del Procurador General de la Nación, lo que
igualmente se ve refrendado en el artículo 416 del Decreto Ley 262
de 2000, de manera que la simple ubicación formal del mencionado
artículo 7 del Decreto 264 de 2000 no puede tenerse en consideración
para los efectos de esta decisión.
En el presente caso se tiene que las cónyuges de los consejeros Yepes
Corrales e Ibarra Martínez se encuentran nombradas en la entidad
demandada en el cargo de procurador judicial II, el cual, desde una
perspectiva material y funcional, corresponde al nivel directivo, ya
que, en los términos del Decreto 264 de 2000, ejerce funciones
delegadas del Procurador General de la Nación en calidad de agente
del Ministerio Púbico, por lo que se configura la causal de
impedimento invocada, circunstancia que, además, releva a la Sala
de analizar las demás causales señaladas por el magistrado Ibarra
Martínez [...]”.

Siendo ello así, de la causal trascrita, de lo considerado por la Sala

Plena de esta Corporación y de los hechos que soportan el

impedimento manifestado por el magistrado GERMÁN EDUARDO

OSORIO CIFUENTES, la Sala advierte que concurren los

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presupuestos para la configuración de la causal alegada prevista en

el numeral 3 del artículo 130 del CAPCA , toda vez que su hermano7,

el señor JOSÉ FERNANDO OSORIO CIFUENTES se desempeña

actualmente como procurador judicial II, cargo de nivel directivo, en

la Procuraduría General de la Nación, entidad que funge como

demandante en la acción popular de la referencia.

En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento

manifestado por el citado magistrado y lo separará del conocimiento

del presente proceso, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19988, tiene como

finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando

estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o

un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades

7
Parentesco, por cuanto los hermanos se encuentran en segundo grado de consanguinidad, de
conformidad con el artículo 35 del CC, el cual prevé: “Parentesco de consanguinidad es la relación o
conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz, o que están unidas
por los vínculos de la sangre”.
8
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.

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públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar

a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de los derechos colectivos deprecados.

Problemas jurídicos

Conforme con los argumentos expuestos por los apelantes, a la Sala

corresponde determinar lo siguiente:

i) ¿La CARDER y el MUNICIPIO son responsables de la vulneración

de los derechos colectivos amparados en la sentencia de primera

instancia?

ii) ¿Las órdenes impartidas por el Tribunal a la CARDER desconocen

sus competencias constitucionales y legales?

ii) ¿Es procedente la ampliación del plazo otorgado para el

cumplimiento de las órdenes impartidas en primera instancia bajo las

razones expuestas por el MUNICIPIO?

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De la responsabilidad de la CARDER y del MUNICIPIO

Con el fin de resolver este cargo, la Sala se referirá a los hechos

relevantes acreditados en el expediente en relación con las acciones

realizadas por parte la CARDER y el MUNICIPIO para atender la

problemática que suscitó esta acción popular que, a su juicio,

desvirtúan la vulneración de los derechos colectivos, a saber:

La CARDER adjuntó los conceptos técnicos núms. 2231 y 1363 de

2020, 2020, 2021, 2001, 1980 y 19981 de 2021, con miras a

acreditar las acciones que, como autoridad ambiental, ha desplegado

para atender las problemáticas existentes en cuanto a socavación,

contaminación, desvío de cauce, disposición de material y residuos

sólidos en la fuente hídrica.

Ahora, previo a establecer el valor probatorio de las pruebas

allegadas por la CARDER, la Sala pone de manifiesto que en el

marco de la acción popular radicada bajo el núm. 66001-23-33-000-

2020-00574-009, el Tribunal en providencia de 11 de mayo de 2021

ordenó desagregar de dicho expediente las diferentes problemáticas

9
Obrante en archivo “3_003AUTOORDENADESAGREGARADMITE.PDF”, obrante en el expediente digital
descargado de SAMAI.

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surgidas a lo largo de la quebrada Los Frailes para que se tramitaran

en procesos independientes. Para el efecto, el a quo indicó que:

“[…] A tono con lo referido y aun cuando los derechos colectivos
invocados corresponden a la misma hipótesis normativa, considera
esta Magistratura que se trata de distintos hechos, circunstancias y
situaciones de amenaza o vulneración en cada uno de los puntos
geográficos señalados por la parte actora (7), hechos y supuestos que
son independientes y que no guardan relación con un mismo litigio o
una misma causa petendi, que han dado lugar a distintas denuncias
comunitarias que llevaron a diferentes acciones preventivas por parte
de la Procuraduría Ambiental y que buscan resultados distintos
teniendo en cuenta lo pretendido en cada uno. En tal virtud, no resulta
plausible el conocimiento acumulado que se ha planteado en la
demanda de la referencia, sino que corresponde a múltiples libelos
introductorios en los cuales sea formulada de forma singular cada
pretensión independiente, por cada uno de los hechos planteados y
para la eventual protección de cada uno de los derechos colectivos en
la forma que corresponda a las circunstancias particulares de cada
situación de hecho y de derecho planteada […]”.

En consecuencia, las pruebas que entrará a valorar la Sala serán las

que se refieren al sector de los conjuntos residenciales Rincón de La

Pradera, Senderos de La Pradera y Reservas de La Pradera.

Aclarado lo anterior, la Sala pone de manifiesto que los documentos

aportados por la CARDER dan cuenta de sus funciones de control y

seguimiento respecto de la quebrada Los Frailes en el sector que

comprende el predio El Jardín y el barrio San Rafael y la presunta

desviación del cauce.

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En efecto, los documentos denominados: i) “Evaluación medidas

preventivas No. 0023” impuestas mediante la Resolución núm. 0351

de 20 de marzo de 2020 al señor Fabián Arroyave Pérez para el

proyecto urbanístico Mirador de La Pradera II10; y ii) “Acotamiento

de la Ronda Hídrica Quebrada Frailes, Dosquebradas”11, respaldan

probatoriamente hechos ocurridos en el barrio San Rafael y el sector

La Castilla, no en la zona circundante a los conjuntos residenciales

Rincón de la Pradera, Senderos de la Pradera y Reservas de la

Pradera.

Ahora, en relación con la Resolución núm. 1103 de 2017, la Sala

observa que esta versa sobre los parámetros generales a considerar

por el MUNICIPIO para la entrega formal a la CARDER de las áreas

catalogadas como de riesgo no recuperable que hayan sido

desalojadas, cuyo acto administrativo fue remitido a la

administración municipal mediante el Oficio núm. 2499 de 2020 en

el que se indicó lo siguiente:

“[…] Asunto: Socialización Resolución 1103 de 2017 de CARDER

[…] Con el objetivo de avanzar en los procesos de manejo y cuidado
de las áreas catalogadas como de riesgo no mitigable, que hayan sido

10
Fls. 30 y 31, archivo “31_030ANEXOSCONTESTATACIONCARDER.PDF”, obrante en el expediente
digital descargado de SAMAI.
11
Fls. 83 a 85, ídem.

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despojadas como consecuencia de la ejecución de programas de
reubicación, las cuales deben ser entregadas a las Corporaciones
Autónomas Regionales para su manejo y cuidado; sin perjuicio del
deber, a cargo de los Alcaldes, de evitar que tales áreas se vuelvan a
ocupar con viviendas. La Corporación Autónoma Regional de
Risaralda – CARDER en la cual se establecen las condiciones a seguir
para la entrega de dichas áreas a la Corporación para su recuperación
ambiental.

[…] Se anexa resolución 1103 de 2017 expedida por la CARDER […]”.

En efecto, lo que da cuenta el acto en comento es el trámite que

deberá seguir la administración municipal para entregar a la

CARDER las áreas de naturaleza pública recuperadas, lo cual es un

aspecto de naturaleza procedimental que si bien es útil y necesario

para el posterior manejo de esas zonas, es insuficiente para atender

de forma estructural la complejidad de la problemática planteada y,

en ese sentido, no constituye una respuesta material idónea para

considerar superado el fundamento fáctico de la presente acción

popular.

En consecuencia, los documentos mencionados en precedencia no

constituyen una prueba idónea y suficiente para acreditar las

acciones que ha llevado a cabo la CARDER con el fin de brindar una

solución adecuada, integral y definitiva a las afectaciones

ambientales expuestas en el asunto sub examine.

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Ahora, respecto de las pruebas allegadas por el MUNICIPIO se

destacan las siguientes:

-. Conceptos técnicos núms: i) DA-DIGER 200-1230 de 5 de

noviembre de 2019; ii) DA-DIGER-200-1487 de 31 de diciembre de

2019; iii) DA-DIGER-200-214 respecto de la visita realizada el 24 de

febrero de 2020 al conjunto residencial Reserva de La Pradera12; iv)

DA-DIGER-200-869 de 23 de julio de 2021; y v) el acta de la visita

de campo realizada el 18 de septiembre de 2020 por parte de la

Dirección de Gestión del Riesgo a la quebrada Los Frailes en el sector

del Rincón de La Pradera.

Los documentos en comento si bien ratifican procesos erosivos y de

socavación de las márgenes del cauce de la quebrada en el sector

de los conjuntos residenciales antes mencionados, no aportan

información acerca de la ejecución de acciones concretas y efectivas

12
“[…] I. En el momento de la visita se puede observar que la quebrada Los Frailes se encuentra a una
distancia aproximada de 15 metros de la unidad residencial. Se observa que la mayor afectación sobre
este sector de unidad residencial reservas de la Pradera, se debe a un proceso erosivo fluvio-lateral
generado por las fuerzas tractivas de la corriente causando el desprendimiento, transporte, deposición
de las partículas de suelo o sedimentos tanto en el fondo como en la ribera de la corriente.
II. Sobre la faja forestal de la quebrada Frailes, en este sector del barrio La Pradera, se observa capa
vegetal caída, que está reposando sobre el terreno sin función natural alguna, lo que está generando
afectación en los procesos naturales del terreno provocando mayor humedad en el material
constituyente […].
IV. Se observan daños sobre la infraestructura vial del conjunto residencial Reserva de la Pradera,
producto de los asentamientos generados por el desconfinamiento del terreno […]. Este
desconfinamiento del terreno se da por la erosión fluvial (socavamiento) de la quebrada Frailes a la
base de su ribera […].

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por parte de la Administración municipal para atender los problemas

existentes.

-. Concepto técnico núm. 3308 de 30 de diciembre de 202013 rendido

por la CARDER, que contiene el diagnóstico y las recomendaciones

luego de la visita realizada al conjunto residencial Rincón de La

Pradera, para evaluar las condiciones de estabilidad de la quebrada,

en el cual se indicó:

“[…] CONCLUSIONES

1. Actualmente la quebrada Frailes ha cambiado su rumbo hacia la
margen derecha, dejando sin flujo alguno el recorrido que presentada
el cauce en la margen izquierda la cual estaba afectando de manera
directa al conjunto Rincón de la Pradera.
2. Es necesario monitorear el rumbo que actualmente ha tomado la
quebrada Frailes en el punto evaluado, con el fin de determinar si el
antiguo meandro se empieza a consolidar como una madrevieja.
3. El Conjunto presenta cabezales de descarga de aguas lluvias hacia
la quebrada Frailes, sin embargo, dichas estructuras no poseen el
enrocado suficiente para garantizar una adecuada entrega hasta la
corriente de agua.
4. De acuerdo con lo observado, no se reconocen riesgos para
viviendas del conjunto.
5. Con el fin de consolidar el actual recorrido de la quebrada Frailes
en el sitio evaluado se podrá realizar relocalización de material para
proteger la margen izquierda.

RECOMENDACIONES

[…] 2. De cualquier forma, deberá igualmente propenderse por la
realización de obras de mitigación definitivas, y demás acciones que

13
Fls. 17 a 21, contestación municipio de Dosquebradas “20_019CONTESTACIONDEMANDA”, obrante
en el expediente digital descargado de SAMAI.

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correspondan con el contenido normativo de los artículos 14, 15, 27,
29, 37, 38, 40 y 41, entre otros de la Ley 1523 de 2012, así como la
Ley 9 de 1989, en su artículo 56, modificado por el artículo 5 de la
Ley 2 de 1991, así como el artículo 2.2.2.1.3.1.3 del Decreto 1077 de
2015, donde se indica que es el municipio el responsable de la
delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo en las
que se requiere adelantar los estudios detallados y por consiguiente
el responsable de proyectar obras de mitigación (intervención
correctiva: obras físicas) para reducir la exposición, vulnerabilidad y/o
el riesgo tanto en suelo urbano como rural […]”.

-. Con ocasión del auto de pruebas proferido por el Tribunal, la

Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura remitió copia del

concepto técnico de 11 de abril de 2022, realizado en virtud de la

visita efectuada a los sectores del Rincón de La Pradera, Senderos

de La Pradera y Reservas de La Pradera por solicitud de la

Procuraduría 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira, en el que

se estableció:

“[…] Senderos de la Pradera y Reservas de la Pradera

[…] SEXTO: [La Procuraduría] ha requerido desde el año 2019 tanto al
municipio de Dosquebradas como a la CARDER y SERVICIUDAD para
que realizaran acciones necesarias y de coordinación con el fin de
garantizar la efectividad de los derechos colectivos, adelantando los
estudios y obras requeridas, así como para establecer las
responsabilidades de quienes realizaron las intervenciones al cauce de
la quebrada, con el correspondiente riesgo generado […].

[…] Condiciones hidráulicas rincón de la Pradera. Las condiciones del
cuerpo de la quebrada Frailes han mejorado en su capacidad
hidráulica con las diferentes obras que ha realizado el municipio
en las emergencias que ha declarado en 2019, 2020, 2021 y
2022 […].

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Sector Senderos de la Pradera. Para este punto, empalmando
con la aleta del puente a la entrada de Senderos de la Pradera
se realiza un muro de contención con cimentación profunda, a
través de un convenio interadministrativo entre la Unidad de
Gestión de Riesgo y el Municipio de Dosquebradas dentro de la
declaratoria de emergencias del año 2021 […]”.

-. Concepto técnico de 4 de noviembre de 2022, en el que la

Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura del MUNICIPIO

precisó que:

“[…] CONCLUSIONES

Es menester manifestarle al honorable Tribunal desde lo técnico y
Jurídico lo siguiente:

1. Para realizar los proyectos en municipio de Dosquebradas se
deben realizar los estudios y diseños para las obras de las diferentes
urbanizaciones residenciales del Municipio, lo que requiere en primera
instancia realizar el trámite de los permisos y autorizaciones por la
Autoridad ambiental de la Región, en este caso CARDER y también
cumplir el POT Acuerdo 014 por parte del Municipio.

2. La Ley 1523 de 2012 define la gestión del riesgo de desastres de
Colombia, siendo esta responsabilidad de todas, público y privado y
toda la comunidad general.

[…]

4. La administración municipal a través de las declaratorias de
emergencia del 2019, 2020, 2021 y 2022 ha realizado con recursos
propios obras de mitigación en la quebrada frailes. Y la empresa
prestadora de servicios públicos SERVICIUDAD E.S.P. realizó tres
muros de contención en los sitios mencionados y como está en el
concepto técnico.
• Se adelanta una obra en ejecución en la vía del barrio San Rafael
a la margen derecha aguas debajo de la quebrada Frailes (convenio
interadministrativo con prosperidad social y municipio de
Dosquebradas).

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• La segunda obra está proyectada con el convenio
interadministrativo unidad nacional de Gestión de Riesgo en mirador
de la pradera y Senderos de la Pradera.
• De igual manera el municipio también realiza la construcción de
barreras transversales para control de la profundización del cauce.

5. Todas las obras ejecutadas, las que están en ejecución y que se
han relacionado en este escrito están diseñadas a mitigar el riesgo
hidrológico y geotécnico para aumentar la capacidad hidráulica a la
quebrada frailes […]”14.

-. En Oficio núm. 20221213-15755-1 de 13 de diciembre de 2022,

la alcaldía de Dosquebradas, en respuesta al requerimiento realizado

por el Tribunal en el auto de pruebas, adjuntó la información remitida

por la Inspectora de Policía de Dosquebradas15, en los siguientes

términos:

“[…] De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de darle
respuesta al asunto antes mencionado, informándole que una vez
revisados los procesos que cursa en esta Inspección se verifica lo
siguiente:

Proceso No.1.

-Oficio No. SGM-DO-221.2429-2020 del 24 de julio de 2020, por
medio del cual el Director Operativo de la Secretaría de Gobierno
remite por competencia para darle celeridad a los procesos que tenga
que ver con construcciones y demoliciones sin control aparente sobre
la rivera de la quebrada Frailes y anexa 23 folios que contiene: i)
derecho de petición de fecha 10 de febrero de 2020 suscrito por la
señora Blanca S. Bustamante, asunto: solución revisión de
vertimientos y depósito de escombros en quebrada frailes, ii) visita
técnica No. 382-534 realizada por la Dirección Operativa de Gobierno
de fecha 28 de febrero de 2020 a la quebrada frailes y iii) oficios No.

14
Fls. 5 a 17, archivo “76_062RESPUESTASECRETARIA OBRASPUBLICASDOSQUEBRADAS.pdf”, obrante
en el expediente digital descargado de SAMAI.
15
Archivo PDF “64_063INFORMEGESTIONESMUNICIPIODESOSQUBRADAS”, obrante en el expediente
digital descargado de SAMAI.

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1015-2020, 1016-2020 y 10172020 del 14 de marzo de 2019,
dirigidos a la CARDER, SERVICIUDAD y a la señora Blanca S.
Bustamante, por medio del cual el Director Operativo de Gobierno les
remite el concepto técnico de la visita realizada el 28 de febrero de
2020 a la quebrada Frailes.

Proceso No.2

-Construcción sin licencia en la Diag. 25 No. 24T-143, presuntos
infractores Fabián Arroyave Pérez y Omar Ortiz Ortiz, concepto
técnico del 24 de noviembre de 2020, auto del 3 de octubre de 2022,
por medio del cual se avoca el conocimiento del asunto y se fija fecha
para la audiencia de la que trata el art. 223 de la Ley 1801 de 2016
para el día 25 de enero de 2023 a las 10:00 a.m.

Proceso No.3

-Construcción sin licencia en la calle 21 no.25-82 y 25-84, vía
Naranjales, la Pradera, Quebrada Frailes, presunto infractor, señor
Luis Fernando Bohórquez Hernández. Concepto técnico del 28 de julio
de 2020, diligencia de descargos del 20 de agosto de 2020, donde se
le concedió un término de 60 días para realizar los trámites de la
autorización de la licencia de construcción, auto del 3 de octubre de
2022, por medio del cual se avoca el conocimiento del asunto y se fija
fecha para la continuación de la audiencia de la que trata el art.223
de la Ley 1801 de 2016 para el día 25 de enero de 2023 a las 11:00
a.m. […]”.

-. Mediante Oficio núm. 20230328 - 7230 el secretario de Desarrollo

Agropecuario y Gestión Ambiental de Dosquebradas16, expuso:

“[…] Nos permitimos informar que la Secretaria de Desarrollo
Agropecuario y Gestión Ambiental del municipio de Dosquebradas en
el marco de sus competencias y funciones como responsable de la
coordinación, implementación, seguimiento y control del Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipal ha llevado a cabo las
siguientes gestiones y actividades de recolección de residuos
especiales y de reforestación en las zonas de afluencia de los

16
Fls. 2 a 13, archivo “75_072RESPUESTASECRETARIOGOBIERNO-AGROPECUARIO-
DSOQUEBRADASOFICIO206.pdf”, obrante en el expediente digital descargado de SAMAI.

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conjuntos residenciales Rincón de La Pradera, Senderos de La Pradera
y Reservas de La Pradera.

Fecha: 3 de agosto y 10 de agosto del año 2021:

Se llevó a cabo acercamiento con los administradores de los conjuntos
afectados y el respectivo recorrido por la quebrada encontrándose
que: En el lecho de la quebrada y los puntos aledaños no se
evidenciaron puntos críticos de acumulación de residuos especiales ni
ordinarios (imagen1).

La zona protectora de la quebrada se encuentra con buena cobertura
vegetal (guadual) y los tramos que no poseen cobertura son sitios no
aptos para siembra pues son terrenos de inestabilidad que requieren
manejo por medio de la Secretaria de Obras Públicas y Diger (imagen
2).

Se logró evidenciar que la calidad del agua es baja por exceso de
aguas grises, aunque no se evidencian puntos de vertimientos fijos,
la cual según manifestaron los residentes es la mayor causa de su
problemática por la generación de olores, sumado a la socavación de
algunos puntos de la quebrada. Aunque es de anotar que los tres
conjuntos están ubicados muy cerca a la quebrada y no realizaron
ningún tipo de obra que mitigara los cambios de curso de la quebrada.
De igual manera debajo del puente sobre la transversal 21 que
conduce al conjunto Senderos de La Pradera se encontró una vivienda
subnormal (imagen 3) en la cual reside un habitante de calle y será
remitida a la Secretaria de Gobierno quien es la encargada de la
recuperación de dicho espacio. (se adjunta como evidencia oficio
SDAGA 312-1111 de fecha 11 de agosto de 2021) […].

Fecha: octubre del año 2021:

Se realizan visitas para la limpieza y recuperación de las franjas
protectoras de las fuentes hídricas. Se realizan según la priorización
de los puntos críticos. Punto crítico barrio puente frente al conjunto
Reservas de la Pradera, comuna 5, 22 de Octubre de 2021.

Se realizó limpieza de la quebrada Frailes a la altura del conjunto
Reservas de La Pradera donde se encontraba una palizada limitando
el paso de la quebrada. Se encuentra principalmente residuos de
restos vegetales se elimina la mayor cantidad de residuos pero dicho
punto requiere intervención de maquinaria pues se encuentra con
exceso de sedimentación (Imágenes1 y 2). Se adjunta como
evidencia informe de limpieza de puntos críticos octubre de 2021.

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[…]

Fecha 31 de marzo de 2022:

Se remite al Subdirector de Gestión Ambiental Territorial de la
CARDER mediante oficio SDAGA 312-0339 solicitud de permiso para
intervenir la raíz de un árbol que se encontró debajo del puente de
ingreso al conjunto Residencial Reservas de la Pradera, esto debido a
que se evidenció que la misma estaba generando acumulación de
sedimentos y material vegetal.

En cuanto a las actividades de reforestación:

La zona protectora de la quebrada se encuentra con buena cobertura
vegetal (guadual) y los tramos que no poseen cobertura son sitios no
aptos para siembra pues son terrenos inestables que requieren
manejo por medio de la Secretaria de obras públicas e infraestructura
y la DIGER. Conforme a lo anterior, la SDAGA mediante el oficio No.
SDAGA-310-00437-2022 de 2022 solicitó a la secretaria de obras
públicas y DIGER las acciones adelantadas en la quebrada para la
estabilización de los tramos, para posterior a esto realizar la
reforestación. Se adjunta como evidencia oficio No. SDAGA-310-
00437-2022 de 2022.

En cuanto a las actividades de residuos especiales:

En cuanto a los puntos críticos en la quebrada o sus márgenes no se
identificaron puntos recurrentes, sin embargo, la SDAGA en la
vigencia 2022 ha realizado la limpieza de las áreas publican cerca a
los conjuntos (los días 09 y 12 de abril de 2022). Para el mes de junio
se programó la jornada denominada "limpiaton" en la cual los
ciudadanos dispusieron de manera gratuita los residuos especiales de
sus hogares y con esto minimizamos desde la fuente la generación de
puntos críticos en la zona.

En cuanto a los residuos que se encuentran en el lecho de la quebrada
(residuos vegetales) la SDAGA mediante el oficio No. 312-0339 de
2022, reitero a la CARDER la información sobre la situación que
presenta el puente de acceso a el conjunto reservas de la pradera, ya
que a pesar que se realizó en el año 2021 una limpieza, se requiere
de los permisos necesarios para intervenir el lecho de la quebrada con
maquinaria pesada, labor que desarrolla la Secretaria de Obras
Públicas e Infraestructura. Se adjunta como evidencia oficio SDAGA
310-00464-2022 de fecha 11 de mayo de 2022 y oficio No. 312-0339
de 2022.

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Adicionalmente se informa que dentro de los programas Gestión
Integral de Residuos Especiales y Gestión Integral de Residuos de
Construcción y Demolición para la vigencia 2022 se adjudicó a la
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ASEO PLUS
PEREIRA S.A. E.S.P. contrato con objeto CONTRATAR LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA GESTION INTEGRAL (RECOLECCION,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
ESPECIALES Y DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION NO
APROVECHABLES, DISPUESTOS INADECUADAMENTE EN VIAS Y
AREAS PUBLICAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS CON ENFASIS EN LA RECUPERACION DE PUNTOS
CRITICOS, que como se puede observar las intervenciones realizadas
en el marco de este contrato obedecen a residuos abandonados en
zonas y vías públicas como lo determina el DECRETO 2981 DEL 20 DE
DICIEMBRE DE 2013 "Por el cual se reglamenta la prestación del
servicio público de aseo", dicho lo anterior en el marco de la licitación
se han realizado las siguientes intervenciones, acompañadas de
estrategias educativas que disminuyan la inadecuada disposición de
estos residuos en zonas públicas aledañas a los conjuntos en mención

[…].

Cabe resaltar que mediante oficio 0930 notificado el 26 de octubre
del año 2022 se solicitó: “(…) Por medio de la presente, me permito
informarle que en providencia proferida el 25 de octubre hogaño, se
ordenó oficiarle para que en el término de diez (10) días contados a
partir del recibo de la presente comunicación, informe respecto de las
actividades de recolección de residuos especiales y de reforestación
en el sector donde se ubican los conjuntos residenciales Rincón de La
Pradera, Senderos de La Pradera y Reservas de La Pradera (…)" Y que
la misma fue contestada de manera oportuna por esta Secretaria
mediante oficio con radicado No.20221111-13122-I de fecha 11 de
noviembre de 2022 a través de la plataforma SAIA, para lo cual se
adjunta evidencia denominada "Oficio No.20221111-13122-I
Respuesta a solicitud de prueba documental".

De la anterior información se evidencia como la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental del municipio de
Dosquebradas actuando dentro del marco de sus funciones y
competencias ha contribuido con el cumplimiento de lo ordenado
mediante Acción Popular 66001-33-33-000-2021-00154-00 […]”.

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De lo expuesto, la Sala considera que aunque estas últimas pruebas

versan sobre las actividades desarrolladas por el MUNICIPIO de

cara a la situación que motivó esta acción constitucional, también lo

es que solo responden de forma parcial e insuficiente a los problemas

identificados en la zona, los cuales revisten de una importante

complejidad que exige la realización de estudios técnicos para

establecer las intervenciones de orden estructural y no estructural

que resultan adecuadas y eficaces para superar las causas

generadoras del agravio a los derechos colectivos.

Bajo las anteriores consideraciones, la Sala no encuentra mérito

alguno para entender que la declaratoria de responsabilidad de las

accionadas haya tenido como fundamento una indebida valoración

probatoria y, por consiguiente, el cargo formulado no desvirtúa lo

establecido por el Tribunal en los numerales 2 y 3 de la parte

resolutiva de la sentencia17, de manera que tales decisiones serán

confirmadas.

17
«[…] 2. Se declara no probada la excepción de «falta de competencia de la CARDER para ejecutar
las obras que demanda el actor constitucional. Marco legal de competencias» propuesta por la CARDER,
por las razones expuestas en este proveído.
3. Se declara que el municipio de Dosquebradas y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -
CARDER-, vulneran los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies
animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas
situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la
preservación y restauración del medio ambiente, a la seguridad y salubridad públicas y el derecho a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, conforme a las consideraciones
expuestas en esta sentencia […]».

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De las competencias de la CARDER y el cumplimiento de las

órdenes

En la sentencia impugnada se dispuso que la CARDER, de forma

concertada y concurrente con el MUNICIPIO, en el marco de sus

competencias, debe realizar, entre otras actividades: i) relocalización

del material aluvial depositado de forma inadecuada en las márgenes

de la quebrada, ii) obras biomecánicas de estabilización del talud que

presenta socavación lateral, iii) estudios para determinar las obras

que demanda la problemática, iv) labores de mantenimiento y

jornadas de limpieza; obligaciones que, a juicio de la autoridad

ambiental, exceden sus deberes legales.

Para resolver, la Sala se referirá a las funciones de las Corporaciones

Autónomas Regionales previstas en la Ley 99 de 1993, en particular

las dispuestas en los numerales 4, 19, 20 y 23, que son del siguiente

tenor:

“[…] 4. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas
y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los
diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional
Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar
a los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión
territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en
sus programas y proyectos en materia de protección del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se

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asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas
por las distintas entidades territoriales;
[…]
19. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa
contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y
de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa,
protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del
territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos
directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de
Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones
técnicas correspondientes;

Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo con
las normas y los reglamentos requieran de Licencia Ambiental, esta
deberá ser expedida por el Ministerio del Medio Ambiente;

20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible
y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la
defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables.
[…]

23. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control
de desastres, en coordinación con las demás autoridades
competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la
prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las
administraciones municipales o distritales programas de adecuación
de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control
de erosión, manejo de cauces y reforestación […]” (resaltado de
la Sala).

Así las cosas, aunque es claro que en la CARDER está radicada de

forma explícita la competencia de asesorar a las entidades

territoriales en la estructuración de los proyectos tendientes a la

protección del medio ambiente, en el presente asunto, sus deberes

legales no se agotan allí, pues, además, debe promover y ejecutar

las obras y proyectos que, desde el punto de vista técnico, se tornen

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necesarios para contrarrestar la degradación ambiental presentada

en la zona objeto de esta acción y las consecuencias negativas que

ello representa para los recursos renovables involucrados.

En consecuencia, a la CARDER le corresponde concurrir en la

ejecución de las soluciones necesarias para salvaguardar el medio

ambiente, garantizar el equilibrio ecológico y adecuar con las

administraciones municipales o distritales áreas urbanas en zonas de

alto riesgo, las cuales transcienden su función meramente asesora y

exige su intervención activa en la implementación de las soluciones

que tienen por fin conjurar los factores de deterioro del cauce de la

quebrada y los procesos de socavación advertidos en ambos

márgenes del cuerpo hídrico, dentro de las cuales están las labores

biomecánicas y de reforestación ordenadas.

En efecto, en un asunto similar, esta Sección consideró18:

“[…] Así pues, sin pasar por alto la responsabilidad directa de las
entidades territoriales, el artículo 31 de la Ley 1523 contempla a las
CAR como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, y
les impone los siguientes deberes: (i) apoyar a las entidades
territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios
necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo, los cuales
serán integrados a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión
ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo; (ii) apoyar las
labores de gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 24 de
noviembre de 2016, Radicado No. 66001-23-31-000-2011-00050-02.

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ambiental del territorio; (iii) propender por la articulación de las
acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo
de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos
contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial
sostenible; y (iv) apoyar a las entidades territoriales que existan en
sus respectivas jurisdicciones en la implementación de los procesos
de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su competencia y
serán corresponsables en la implementación.

No desconoce la Sala que las funciones encomendadas a las CAR
están regidas por los principios de complementariedad, solidaridad
social, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva.

La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por el
numeral 23 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, el cual le impone a
las CAR los deberes de realizar actividades de análisis, seguimiento,
prevención y control de desastres, en coordinación con las demás
autoridades competentes; asistirlas en los aspectos
medioambientales en la prevención y atención de emergencias y
desastres; y adelantar con las administraciones municipales o
distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de
alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y
reforestación.

Ahora bien, está claro que el Tribunal Administrativo de Risaralda,
aparte de la demolición y retiro de las obras colapsadas que producen
el desvío del cauce de la quebrada Manizales, resolvió ordenarle al
Municipio de Dosquebradas, ejecutar las obras de protección y
recuperación de la ladera con el fin de mitigar el riesgo que se
presenta en la calle 69 entre carreras 16 y 20 del barrio Camilo Torres
I.

Es evidente que para ejecutar ese tipo de obras, se requiere de una
asesoría técnica, materializada en unos estudios concretos, habida
cuenta de la especialidad e importancia de las mismas. Es por ello
que la CARDER, como única y máxima autoridad ambiental en el
Departamento de Risaralda, en virtud de su especialidad técnica en
materia ambiental y de los deberes legales mencionados en materia
de gestión del riesgo, es a la que le corresponde suministrar los
estudios de simulación hidráulica y de suelos y brindar la asesoría y
la asistencia técnica requerida para la estabilización de las márgenes
de la quebrada Manizales, tal y como lo expuso en los conceptos
técnicos núms.1047 de 2008 y 459 de 2009 […]”.

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Además de lo anterior, la Sala precisa que la obligación de ejecutar

las obras que, a la luz del estudio técnico ordenado, resulten

necesarias para mitigar el riesgo de erosión advertido en el talud

aledaño a la quebrada en inmediaciones de los conjuntos

residenciales Rincón de la Pradera, Senderos de la Pradera y

Reservas de la Pradera, en el que, según lo acreditado en el proceso,

tienen injerencia las actividades de reforestación, la indebida

disposición de material vegetal y el manejo inadecuado de aguas

lluvias, recae principalmente en el MUNICIPIO, en consideración a

la forma en que está estructurado el Sistema de Gestión y Prevención

del Riesgo en la Ley 1523 de 2012.

En efecto, la normativa en mención define la gestión del riesgo de

desastres como “[…] un proceso social orientado a la formulación,

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias,

planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y

acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del

riesgo y el manejo de desastres, con el propósito explícito de

contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las

personas y al desarrollo sostenible […]”. Asimismo, dispuso que era

una política de desarrollo indispensable para garantizar, entre otros,

la seguridad territorial y los derechos e intereses colectivos de las

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poblaciones y las comunidades en riesgo, razón por la que debe estar

intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro,

con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de

gobierno y la efectiva participación de la población19.

La anterior definición es complementada por los numerales 1, 6 y 11

del artículo 4° de la misma disposición, en el sentido de que en el

caso de los eventos hidrometeorológicos la adaptación al cambio

climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la

medida en que está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad

o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios

observados o esperados del clima y su variabilidad, gestión que

también implica la promoción de una mayor conciencia del riesgo,

que busca impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo

cuando ya existe; de igual forma, prepararse y manejar las

situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación

entendida como rehabilitación y reconstrucción.

19 Ley 1523 de 2012. Artículo 1°.

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La Sala encuentra que en los ámbitos territoriales la Ley ídem

otorgó funciones específicas en materia de gestión del riesgo

a los alcaldes en los siguientes términos:

“[…] 1.- Como conductor del desarrollo local, “[…] es el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo
en el distrito o Municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción
del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción
[…]”20.

“[…] 2.- Integrar en la planificación del desarrollo local, acciones
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de
desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento
territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de
gestión pública [...]”21.

De igual manera, las funciones encomendadas a cada uno de los

integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo están regidas

por los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad

positiva, definidos por la misma Ley 1523, reconocidos en el artículo

288 de la Constitución Política como rectores en el ejercicio de las

competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales, y

desarrollados por la Ley 136 de 2 de junio de 199422.

20 Ley 1523. Artículo 14.
21 Ley 1523. Artículo 14, parágrafo.
22 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento

de los municipios”.

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Cabe destacar que el artículo 14 de la Ley 1523 identifica al alcalde,

en su calidad de conductor del desarrollo local, como el responsable

directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo

en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción

del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.

La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por los

artículos 311 de la Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de

junio de 199423, que definen al municipio como la entidad territorial

fundamental en la división político administrativa del Estado, cuya

finalidad es prestar los servicios públicos que determine la ley,

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el

desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el

mejoramiento social y cultural de sus habitantes, buscar el bienestar

general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de su

territorio.

Por consiguiente, en lo atinente a la política de gestión y prevención

del riesgo, es al MUNICIPIO, en cabeza de su alcalde, a quien le

corresponde, de manera principal, implementar, ejecutar,

23“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios”.

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desarrollar, entre otras, las políticas, actividades y gestiones

tendientes a dicho fin; no obstante, ello no indica que deba dejarse

de lado que la misma Ley 1523 y el Decreto 4147 de 2011,

establecieron un trabajo coordinado y armónico con las demás

entidades, en punto al desarrollo de dicha política24, esquema dentro

del cual a la CARDER también le asiste competencias.

Así las cosas, contario a lo manifestado por la CARDER en su

recurso, los argumentos expuestos en la sentencia de primera

instancia están en armonía con lo considerado por la Sección en la

providencia 26 de julio de 201825, en lo que respecta al ámbito

funcional de dicha autoridad ambiental dentro de la Política de la

Gestión Integral del Riesgo.

Ahora, en lo relacionado con el presunto desconocimiento del fallo de

16 de mayo de 201926, proferido por esta Sección en el proceso

radicado con el núm. 2017-00452-01, la Sala pone de manifiesto que

los supuestos de hecho que sirvieron de sustento a esa acción

24
Igual consideración fue adoptada por la Sala en un asunto similar que fue resuelto en sentencia de
28 de noviembre de 2019 (Expediente núm. 13001-23-33-000-2015-00052-02. Consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón).
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de julio

de 2018, Radicado No. 08001-23-33-001-2014-00656-01.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 16 de mayo
de 2019, Radicado No. 17001-23-33-000-2017-00452-01.

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popular difieren de las causas de la vulneración de los derechos

colectivos que motivaron la presente acción y, en esa medida, el

análisis sobre la responsabilidad y el alcance de la intervención de la

CARDER llevado a cabo en esa oportunidad no resulta vinculante

para resolver este asunto.

En efecto, en el proceso radicado bajo el núm. 2017-00452-01 los

hechos constitutivos de la trasgresión radican en el establecimiento

de viviendas en una zona de riesgo no mitigable que corresponde al

área de protección próxima al río Santo Domingo, en el municipio de

Manzanares, en cuyo caso se concluyó que las acciones desplegadas

por la autoridad ambiental en el marco de la política de gestión del

riesgo desvirtuaban su responsabilidad en la afectación acreditada.

Sin embargo, en el asunto sub examine, la problemática es

multicausal y se origina por: el proceso de socavación de los

márgenes de la quebrada, el consecuente riesgo de inestabilidad del

talud aledaño, la contaminación de la fuente hídrica por vertimientos

no autorizados y disposición de residuos sólidos.

En consecuencia, con fundamento en el marco competencial

delimitado en precedencia, la Sala concluye que, en el presente

asunto, las intervenciones y obras que según el estudio deben

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realizar las recurrentes, sean necesarias para atender de manera

efectiva y adecuada el proceso de erosión del talud próximo al cauce,

en inmediaciones de los conjuntos residenciales referenciados en

esta acción, son de responsabilidad principal del MUNICIPIO, sin

perjuicio de que en virtud de los principios de concurrencia y

subsidiariedad previstos en los numerales 13 y 14, artículo 3º de la

citada Ley 1523, gestione ante las demás instancias responsables de

esta política estrategias de colaboración y apoyo financiero con el fin

de obtener los recursos necesarios para resolver dicha problemática,

tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En lo que concierne a la orden de adelantar jornadas de limpieza y

mantenimiento del cauce de la quebrada con ocasión de la probada

disposición inadecuada de residuos sólidos, la Sala advierte que

constituye una medida inherente a los deberes del MUNICIPIO en

materia ambiental y como garante de la prestación eficiente y

oportuna de los servicios públicos, en este caso particular, el servicio

de aseo.

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Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3°, numeral 10 de la

Ley 136 de 199427, al MUNICIPIO le compete “[…] velar por el

adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de

conformidad con la Constitución y la ley […].

En línea con lo anterior, el artículo 76 de la Ley 715 de 21 de

diciembre de 200128, prevé:

“[…] ARTÍCULO 76. Competencias del municipio en otros
sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en otras
disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente,
con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros
recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés
municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:

[…]

76.5. En materia ambiental

76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación
y la defensa del medio ambiente en el municipio, en coordinación con
las corporaciones autónomas regionales.

76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para
mantener el ambiente sano.

[…]

76.5.4. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes
o depósitos de agua afectados por vertimientos, así como programas
de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y
de control a las emisiones contaminantes del aire.

27
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”.
28
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con
los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.

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76.5.6. Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo
y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas […]”.

A su turno, en desarrollo del mandato constitucional previsto en el

artículo 311 de la Constitución Política de Colombia, el legislador 30

dispuso expresamente que los municipios son los principales

garantes de la prestación de los servicios públicos domiciliario en

condiciones de oportunidad y eficiencia, lo que significa que en los

casos en los cuales estos servicios son prestados mediante empresas

creadas con ese objetivo, no les resulta dable sustraerse del

cumplimiento de ese deber legal que les asiste, como se advierte de

lo dispuesto en el artículo 5, numeral 5.1 de la Ley 142 de 11 de julio

de 199429, así como los artículos 6º y 8º del Decreto 2981 de 20 de

diciembre de 201330.

Bajo tal entendido, la Sala advierte que las acciones hasta ahora

adelantadas no tienen la potencialidad de hacer cesar el agravio a los

derechos colectivos, de suerte que la orden en referencia, además

de oportuna, es pertinente en aras de establecer la solución integral,

29
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones.
30
“Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo”, cuyo artículo 6º prevé:
“[…] Artículo 6°. Responsabilidad de la prestación del servicio público de aseo. De conformidad con la
ley, es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el
servicio público de aseo de manera eficiente […]”.

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adecuada y eficaz para superar los factores determinantes de la

problemática.

Por consiguiente, el cargo formulado por la CARDER acerca de la

ausencia de competencia para ejecutar las órdenes que le fueron

impuestas, prospera parcialmente, en el sentido de establecer que

las labores de limpieza y mantenimiento de la quebrada de que trata

el numeral 4.6 de la parte resolutiva de la sentencia, son del resorte

de la entidad territorial; mientras los numerales 4.2 y 4.3 se

mantienen incólumes, de conformidad con los argumentos

desarrollados en líneas precedentes.

Del plazo de ejecución de las obras y actividades pertinentes

En cuanto a la solicitud del MUNICIPIO de ampliar el plazo otorgado

porque el cumplimiento de las órdenes impartidas puede afectar la

disposición de recursos que tiene destinados para atender dentro de

la vigencia fiscal otras necesidades fijadas con antelación, la Sala

advierte que, además de constituir una afirmación carente de

sustento jurídico y probatorio, no tiene la potencialidad de desvirtuar

la razonabilidad y proporcionalidad del tiempo establecido por el

Tribunal.

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En efecto, de conformidad con el 34 de la Ley 742 corresponde al

juez popular establecer un plazo prudencial para la ejecución de las

acciones ordenadas, por consiguiente, a juicio de la Sala, dicho

mandato legal impone que la fijación del plazo para el cumplimiento

de la sentencia debe estar precedida de un ejercicio de ponderación

acerca de los problemas existentes, del tipo y magnitud de las

actividades que se demandan y las gestiones de orden administrativo

y financiero que estas comportan.

Siendo ello así, y considerando la apremiante necesidad de poner fin

a la vulneración de los derechos colectivos amparados, a juicio de la

Sala, el plazo fijado para la realización del estudio acerca de la

procedencia de las acciones y medidas pertinentes tendientes a

superar las causas y factores determinantes de la problemática

surgida resulta adecuado y, en tal virtud, dicha decisión se

mantendrá.

Ahora, la Sala advierte que en la sentencia apelada no quedó

establecido el plazo dentro del cual las entidades responsables deben

ejecutar las obras que arroje el estudio técnico ordenado; en

consecuencia, de cara a la efectiva materialización de las acciones y

medidas para solucionar de forma integral y definitiva los problemas

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causantes del desconocimiento de los derechos colectivos, se

procederá a modificar el fallo en el sentido de determinar que, una

vez transcurrido el plazo fijado para el estudio en mención, dentro

de los seis (6) meses siguientes, la CARDER y el MUNICIPIO

deberán adelantar los trámites administrativos, presupuestales y

contractuales para la realización de las obras e intervenciones

requeridas, así como iniciar la ejecución de éstas en el ámbito

competencial delimitado anteriormente, como en efecto se dispondrá

en la parte resolutiva de esta providencia.

Del comité de verificación

La Sala advierte que el Tribunal en la sentencia apelada omitió

establecer quien presidiría el Comité de Verificación encargado de

hacer seguimiento a las órdenes impartidas.

Por consiguiente, la Sala atendiendo al artículo 34 de la Ley 472 y la

jurisprudencia de la Sección, se modificará el numeral 5 de la parte

resolutiva del fallo apelado en el sentido de establecer que

corresponderá al Magistrado Ponente del fallo de primera instancia

presidir el Comité de Verificación en referencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por

el señor magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

para intervenir en el proceso de la referencia, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia,

SEPARARLO del conocimiento del mismo.

SEGUNDO: MODIFICAR los numerales 4.3, 4.6 y 5 de la parte

resolutiva de la sentencia de 29 de febrero de 2024, proferida por el

Tribunal Administrativo de Risaralda, los cuales quedarán así:

“[…] 4.3. Realizar estudios técnicos que permitan determinar con
precisión las obras necesarias en la quebrada Frailes estructurales
(obra de ingeniería) y no estructurales (mantenimiento,
reforestación, corrección de cauce, etc.) en el sector de los Conjuntos
Residenciales Rincón de la Pradera, Senderos de la Pradera y
Reservas de la Pradera, a fin de que cesen los procesos de socavación
y riesgo que se están ocasionando por las intervenciones antrópicas
identificadas en la parte alta de la mencionada quebrada, pues según
lo informado por los testigos, sobre la margen izquierda de la
quebrada aguas abajo existen cinco casas que se verían, a futuro,
perjudicadas con el proceso de socavación existente.

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Vencido el término anterior, la CARDER y el MUNICIPIO deberán
iniciar dentro los seis (6) meses siguientes la ejecución de las obras
que a cada una de estas corresponde, considerando para tal efecto lo
establecido en la parte motiva en punto al deber de la entidad
territorial municipal de asumir el cumplimiento de las labores
tendientes a la mitigación del riesgo de erosión; sin perjuicio de que
en virtud de los principios de concurrencia y subsidiariedad previstos
en los numerales 13 y 14, artículo 3º de la citada Ley 1523, gestione
ante las demás instancias responsables de ejecutar la Política e
Gestión Integral del Riesgo, estrategias de colaboración y apoyo
financiero con el fin de obtener los recursos necesarios atender dicha
problemática.

[…]

4.6. Implementar jornadas de limpieza periódica para el retiro
de escombros y demás residuos sólidos especiales que
contaminan el agua e impactan el cauce mismo de la quebrada
Frailes, sector de los Conjuntos Residenciales Rincón de la
Pradera, Senderos de la Pradera y Reservas de la Pradera;
actividad que corresponde llevar a cabo al MUNICIPIO […]”.

[…]

5. Para efectos de verificar el cumplimiento de lo ordenado en la
presente providencia se nombrará un comité de verificación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998,
integrado por este Tribunal, por la actora popular, el alcalde del
municipio de Dosquebradas, la Secretaría de Obras Públicas del
municipio de Dosquebradas, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
y Ambiental del municipio de Dosquebradas, la Secretaría de
Gobierno del municipio de Dosquebradas, el director de la DIGER del
municipio de Dosquebradas o la persona que sea designada por dicho
funcionario y el director de la CARDER o la persona que sea designada
por dicho funcionario. El Comité de Verificación deberá rendir a esta
Corporación informes periódicos acerca del cumplimiento de esta
decisión y estará presidido por el Magistrado Ponente del Tribunal
[…]”.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 29 de febrero

de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión de 25 de septiembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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