Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2022-00200-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2022-00200-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 66001-23-33-000-2022-00200-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: DEYANIR ENRÍQUEZ ORDOÑEZ
Demandado: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Vinculados: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
RISARALDA Y OTROS
Coadyuvante: COTTY MORALES CAAMAÑO
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación presentados por el municipio de
Dosquebradas y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda contra la
sentencia de 23 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda1.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
1. La señora Deyanir Enríquez Ordoñez, en ejercicio del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos, presentó demanda contra el
municipio de Dosquebradas, la Dirección de Gestión del Riesgo de Dosquebradas,
Serviciudad E.S.P. y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda con el
propósito de obtener la salvaguarda de los derechos colectivos establecidos en los
literales a), d) y l) del artículo 4.° 2 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 3.
2. La demandante formuló las siguientes pretensiones:
1
De conformidad con la constancia secretarial de 9 de septiembre de 2025, el proceso fue remitido a este Despacho en
atención a la compensación de expedientes. Cfr. Índice 20 del expediente digital del Consejo de Estado.
2
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias;
[…]
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
[…]
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; […]”.
3
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. […]”.
2
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
“[…] 1. Se proteja el derecho colectivo a un ambiente sano, a la seguridad y
prevención de desastres, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público, consagrados en el artículo 4, literal (sic) a, d y l, de la Ley 472
de 1998, en tal virtud, se ordene a las entidades competentes realizar obras de
estabilización de talud, a los terrenos afectados por los procesos de socavación y
deslizamientos, necesarias, para que cese la vulneración o puesta en peligro del
derecho colectivo a la seguridad y prevenir de esta manera la ocurrencia de un
desastre en dicha comunidad.
2. Se realice por parte de las entidades competentes programas y proyectos de
gestión ambiental para el desarrollo sostenible en dicho sector. […]”4.
3. Explicó que los residentes de los barrios Bocacanoa y Los Pinos del municipio
de Dosquebradas han sido afectados por las crecientes súbitas y desbordamientos
de la quebrada Cordoncillo. Además, la falta de muros de contención y obras de
estabilización sobre la ladera de la quebrada pone en riesgo la vía del barrio y las
viviendas de la zona.
4. Manifestó que la comunidad ha solicitado que se construya un muro de
contención frente al hogar infantil comunitario del barrio Bocacanoa, ubicado en la
manzana 6, toda vez que las lluvias han ocasionado deslizamientos en el talud de
tierra adyacente.
5. Señaló que las medidas adoptadas por las autoridades no han sido suficientes
para solucionar la problemática y que los derrumbes afectaron la cancha de futbol
y de baloncesto del barrio Bocacanoa.
6.Afirmó que no existe un adecuado manejo de aguas residuales en el sector y
constantemente se presentan malos olores y vectores, que aumentan el riesgo de
enfermedades.
I.2. Actuación procesal en primera instancia
7.El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Risaralda mediante auto de
21 de febrero de 20235 admitió la demanda, ordenó la notificación a las partes y al
Ministerio Público.
8.Mediante auto de 12 de mayo de 20236 se vinculó a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.
9.Los días 157 y 228 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la audiencia de pacto
de cumplimiento, la cual se declaró fallida.
4
Cfr. índice 2 del expediente digital de primera instancia.
5
Cfr. índice 10 del expediente digital de primera instancia.
6
Cfr. índice 23 del expediente digital de primera instancia.
7
Cfr. índice 43 del expediente digital de primera instancia.
8
Cfr. índice 50 del expediente digital de primera instancia.
3
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
9
10. Mediante auto de 12 de marzo de 2024 se decretaron las pruebas del proceso y
10
la audiencia de pruebas se realizó el 17 de abril de ese mismo año.
I.3. Contestaciones de la demanda
I.3.1. Serviciudad E.S.P. E.I.C.E.11
11. La empresa se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en las
excepciones denominadas: i) “[…] FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
PASIVA […]”; ii) “[…] HECHO DE UN TERCERO […]”; iii) “[…] INEXISTENCIA DEL
NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE LA CONDUCTA DE SERVICIUDAD E.S.P. Y LOS
PRESUNTOS PERJUICIOS RECLAMADOS POR LOS ACCIONANTES […]”; iv)
“[…] AUSENCIA DE VIOLACIÓN O AMENAZA DE VIOLACIÓN A LOS DERECHO
(sic) INVOCADOS […]”; y v) “[…] INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO PROCESAL
DE LA CARGA DE LA PRUEBA […]”.
12. Argumentó que la empresa no es responsable de la gestión del riesgo, ni de
adelantar obras de canalización y revegetación de la quebrada Cordoncillo, porque
ello es de competencia del municipio, del departamento, de la respectiva
corporación autónoma regional y de las entidades que integran el Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres. Adicionalmente, argumentó que no se
encuentra probada responsabilidad por acción u omisión de la empresa en torno a
la desestabilización de taludes y procesos erosivos en la zona de influencia de la
quebrada.
13. Agregó que la problemática de inundaciones se presenta desde hace varios
años, pero se configuró el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho
superado en torno a la prestación del servicio de aseo, porque la empresa realizó
una visita técnica, limpió la zona y adelantó campañas pedagógicas.
I.3.2. Corporación Autónoma Regional de Risaralda 12
14. La corporación se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en
las excepciones de “[…] FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
[…]” y “[…] Culpa exclusiva de terceros […]”.
15. Indicó que los entes territoriales son los competentes para adoptar medidas en
torno a la gestión del riesgo y la construcción de obras civiles o de infraestructura
en dicha materia. Asimismo, explicó que al ser la corporación autónoma regional la
administradora del medio ambiente y de los recursos naturales, no le corresponde
ejecutar acciones de mitigación de riesgos de desastre.
9
Cfr. índice 55 del expediente digital de primera instancia.
10
Cfr. índice 66 del expediente digital de primera instancia.
11
Cfr. índice 19 del expediente digital de primera instancia.
12
Cfr. índice 20 del expediente digital de primera instancia.
4
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
16. Explicó que la Corporación Autónoma Regional y el Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo de Dosquebradas han impuesto una serie de obligaciones a
cargo de la comunidad en torno al manejo de escombros, aguas lluvias y de
escorrentía y de construcciones en la zona forestal protectora. Agregó que ello debe
ser verificado con el propósito de establecer responsabilidad de la comunidad en la
desestabilización del terreno.
17. Señaló que no ha vulnerado los derechos e intereses colectivos y que por el
contrario ha cumplido sus funciones como autoridad ambiental, como lo demuestran
los conceptos técnicos 3877 de 15 de noviembre de 2018, 1552 de 12 de agosto de
2020 y 1555 de 24 de junio de 2021, en los cuales se realizan recomendaciones
para superar la problemática.
I.3.3. Municipio de Dosquebradas 13
18. Elmunicipio se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las
excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e improcedencia de la
acción. Argumentó que no es responsable por acción u omisión de la vulneración
de los derechos e intereses colectivos y, por el contrario, a través de sus
dependencias ha realizado acciones tendientes a superar la problemática
planteada.
19. Manifestó que los particulares son los responsables de la problemática, al
incumplir normas ambientales que se traducen en “[…] mal manejo de aguas lluvias,
fallas en el componente estructural, intervención de terceros en el manejo de aguas
lluvias en zona aledaña al talud […], el uso indebido del suelo por mal manejo de
desechos, indebida canalización de las aguas provenientes de la vía principal […]”
y contaminación del recurso hídrico.
20. Explicó que, en materia de contaminación de la fuente hídrica, el competente es
la Corporación Autónoma Regional de Risaralda aun cuando al municipio le
corresponde realizar obras de mitigación necesarias para prevenir los riesgos. Sin
embargo, en este caso la problemática tiene origen en acciones de terceros no
controladas por la autoridad ambiental competente.
I.3.4. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 14
21. La UNGRD se opuso a las pretensiones de la demanda porque no ha incurrido
en una acción u omisión que vulnere o amenace los derechos e intereses colectivos
invocados. Indicó que la gestión del riesgo a nivel territorial se encuentra a cargo
del alcalde del municipio de Dosquebradas en el marco del Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo de Desastres, con el apoyo de la corporación autónoma regional,
de conformidad con la Ley 1523 de 24 de abril de 201215.
13
Cfr. índice 20 del expediente digital de primera instancia.
14
Cfr. índice 29 del expediente digital de primera instancia.
15
“[…] Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones […]”.
5
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
22. Señaló que al municipio le corresponde la ordenación de su territorio con el
propósito de conocer y gestionar los riesgos. Además, si se detectan situaciones de
riesgo alto que no pueden ser mitigadas, está facultado para reasentar o reubicar a
la población, con el apoyo de las autoridades departamentales.
23. Afirmó que, según el principio de subsidiariedad y conforme a las competencias
otorgadas a la UNGRD por el Decreto Ley 4147 de 3 de noviembre de 2011 16, esa
entidad carece de legitimación en la causa por pasiva porque únicamente brinda
orientación y apoyo a las entidades territoriales de los distintos órdenes en materia
de gestión del riesgo.
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
24. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia de 23 de enero de
202517, resolvió lo siguiente:
“[…] 1. Declarar no probadas las excepciones propuestas.
2. Amparar los derechos colectivos al goce de un medio ambiente sano, la existencia
del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y la protección de áreas de especial importancia ecológica; el derecho a
la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público. Como
consecuencia de lo anterior, se disponen las órdenes concretas en los siguientes
numerales:
3. Ordenar al municipio de Dosquebradas, para que, en el término de 6 meses,
contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia, realice las siguientes
ordenes:
3.1. Verificar los permisos urbanísticos en los predios ubicados en las manzanas 3 a
6 del barrio Bocacanoa y los predios contiguos cerca a la quebrada Cordoncillo;
igualmente, deberá verificar los retiros en las márgenes de la quebrada y realizar las
acciones pertinentes respecto a las construcciones realizadas en el sector y si es del
caso realizar la liberación de los suelos de protección.
3.2. Ejecutar las acciones pertinentes para evitar que el terreno se siga afectando por
la indebida canalización de aguas lluvias, de escorrentía y vertimientos, provenientes
de estas viviendas, si es del caso iniciar el trámite administrativo de policía respecto
de la inadecuado manejo y disposición final de las aguas lluvias y de escorrentía en
la zona descrita en el ordinal 3.1.
3.3. Rehabilitar los taludes en la zona descrita en el ordinal 3.1. con especies
vegetales que permitan brindar protección biomecánica al terreno, retención y fijación
del mismo; igualmente, realizar manejo silvicultural y promover la siembra de
especies vegetales para enriquecer el área con especies.
16
“[…] Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y estructura
[…]”.
17
Cfr. Índice 88 del expediente digital de primera instancia.
6
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
3.4. Realizar limpieza y recolección de los residuos antrópicos en la zona afectada;
igualmente, ubicar avisos para evitar el arrojo de residuos y escombros.
3.5. Realizar obras bioingenieriles con el adecuado manejo de aguas, el cual consta
de la construcción de unos trinchos en guadua, con cunetas vivas y además la
reforestación que se haría al final de la obra.
3.6. Relocalizar los árboles sembrados en la manzana 6 dejando mínimo 2 o 3 metros
del borde de la corona de los suelos de protección, a fin de que los árboles a medida
que se desarrollen tengan espacio suficiente para su completo desarrollo radicular y
que amarren el mayor espacio.
3.7. Realizar en la manzana 3 una barrera viva de vetiver en forma paralela a la zona
a tres metros del borde de la corona, conservando los arbolitos aislados que la
comunidad ha sembrado, con el fin de realizar una zanja de coronación a lo largo de
la corona del talud para el manejo de aguas de escorrentía con su debida entrega y
complementarlo con la barrera viva.
3.8. Realizar jornadas de capacitación y concientización en la zona objeto de la
presente acción popular sobre el manejo de las aguas provenientes de los techos,
especialmente en zonas verdes, sobre disposición de residuos especiales y
conservación del ambiente.
4. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda – Carder debe hacer
acompañamiento y servir como apoyo a la entidad territorial, prestando la debida
asesoría técnica, con la finalidad de que ejecuten un trabajo coordinado y armónico
para la implementación de procesos de conocimiento, reducción, prevención y
gestión del riesgo de desastres en el sector del barrio Bocacanoa para salvaguardar,
conservar y recuperar el medio ambiente afectado; igualmente, al finalizar todas las
órdenes dadas al ente territorial deberá realizar la demarcación de la zona forestal
protectora en ambas márgenes de la quebrada Cordoncillo en la zona objeto de la
presente acción popular.
5. Se designan a la parte demandante, Deyanir Enríquez Ordoñez, al alcalde del
municipio de Dosquebradas, un delegado de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda – Carder, al señor agente del Ministerio Público asignado al despacho 04
de esta Corporación y al magistrado ponente, quién lo presidirá, para que
conformen el comité de verificación del cumplimiento de la presente sentencia,
para lo cual por Secretaría se les enviará la respectiva comunicación, quienes
rendirán en el término de 6 meses, un informe único detallado e ilustrado sobre las
soluciones adoptadas en pro del cumplimiento efectivo de esta providencia. Para tal
efecto, se designa como coordinador para la convocatoria y demás menesteres del
comité de verificación al alcalde del municipio de Dosquebradas.
6. El incumplimiento de lo ordenado en el presente fallo será sancionado como
desacato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998.
7. Condenar en costas de primera a favor de la parte demandante, Deyanir Enríquez
Ordoñez y a cargo del municipio de Dosquebradas, únicamente en cuanto a agencias
en derecho, las cuales se fijan en 1 salario mínimo mensual legal vigente.
8. Denegar las demás pretensiones. […]”. (Negrillas del texto).
25. El tribunal, en primer lugar, se pronunció sobre la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el municipio de Dosquebradas, la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Serviciudad E.S.P. E.I.C.E. y la
UNGRD.
7
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
26. Explicóque la legitimación por pasiva no depende de la demostración de
responsabilidad sino de la imputación de unos hechos o conductas referidos en una
demanda. Por lo tanto, si las entidades demandadas argumentan que no son
responsables de la posible vulneración de derechos colectivos, este aspecto debe
resolverse en el análisis de fondo del caso.
27. Amparó los derechos colectivos previstos en los literales a), c) d) y l) del artículo
4.° de la Ley 472, porque estaba demostrada la inestabilidad de los terrenos, la
contaminación de la quebrada por vertimientos no autorizados de aguas residuales
y de escorrentía, el manejo inadecuado de residuos sólidos especiales, la ausencia
de reforestación y la falta de control sobre las construcciones en la zona afectada y
cerca de la quebrada Cordoncillo, en el sector del barrio Bocacanoa, en los
siguientes términos:
“[…] se deduce que permitir que se construyan viviendas de manera irregular, se
dispongan de los residuos sólidos especiales sin ningún tipo de control y se realicen
deforestaciones o disposición del suelo de protección especial, bajo las condiciones
ya anotadas, constituye un riesgo para la vida de las personas, así como al medio
ambiente, toda vez que, si bien se encuentra debidamente identificada la problemática
y las acciones que se deben realizar, no se ha dado una solución efectiva y definitiva
que cese la vulneración a los derechos incoados.
[…] En ese escenario, se puede anotar que la vulneración de los derechos colectivos
nace de la omisión del deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente,
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales que componen el
mismo, garantizando su desarrollo sostenible, así como su conservación,
restauración o sustitución, previniendo y controlando los factores de deterioro
ambiental, realizando las actividades de recuperación del espacio utilizado de manera
irregular por la comunidad y, por último, fomentando la educación para prevenir el
foco de contaminación por disposiciones inadecuadas de residuos sólidos especiales.
[…]”.
28. Indicó que el municipio de Dosquebradas es garante de la prestación del servicio
público de alcantarillado, ostenta funciones de control y vigilancia ambiental,
financia proyectos de interés municipal, ejerce la función urbanística y gestiona el
riesgo de desastres. Sin embargo, aún no implementa acciones para mitigar la
situación ni supervisó adecuadamente las actuaciones de terceros, pese a los
diagnósticos y recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda y de la Dirección de Gestión del Riesgo de Dosquebradas.
29. Explicó que la corporación autónoma no es la entidad causante de la vulneración
de derechos colectivos porque rindió conceptos, brindó asesorías a la entidad
territorial y cumplió sus funciones complementarias y subsidiarias en materia de
gestión del riesgo respecto del municipio. Sin embargo, tiene el deber de continuar
con el acompañamiento y servir como apoyo a la entidad territorial, prestando la
debida asesoría técnica en materia de conocimiento, reducción, prevención y
gestión del riesgo de desastres.
8
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
30. En relación con Serviciudad E.S.P. E.I.C.E. y la UNGRD, consideró que no
estaba probada su responsabilidad porque la problemática no se relaciona con la
recolección de residuos sólidos ordinarios, sino con el manejo de los residuos
sólidos especiales de competencia del municipio. Adicionalmente, la gestión del
riesgo en este caso debe ser abordada por las autoridades territoriales y no por la
autoridad nacional.
III. RECURSOS DE APELACIÓN
III.1. Municipio de Dosquebradas 18
31. El municipio de Dosquebradas solicitó la revocatoria de la sentencia de 23 de
enero de 2025, al considerar que no se demostró la vulneración de los derechos
amparados, ni se valoraron las responsabilidades de otros “[…] agentes del Estado
[…]” y de los particulares en la problemática del caso concreto.
32. Argumentó que los conceptos técnicos emitidos por la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda y la Dirección de Gestión del Riesgo de Dosquebradas
demuestran que el municipio no es responsable de la vulneración de los derechos
amparados. Además, el municipio ha cumplido con sus deberes legales de
protección a la comunidad y ha adelantado campañas para identificar la
problemática, comunicar la situación a los actores responsables, realizar jornadas
de reforestación y recoger escombros y residuos. Por lo tanto, el a quo desconoció
el acervo probatorio y las cargas procesales de la demandante.
33. Afirmó que el municipio ha gestionado el acompañamiento y apoyo de otras
autoridades del orden territorial y nacional, quienes, a pesar de ser competentes
para atender la problemática, no fueron incluidos en la condena.
34. Manifestó que la sentencia, al impartir las órdenes, incurre en coadministración,
pues no tiene en cuenta el gasto público, los principios que lo rigen ni las
restricciones económicas que impiden resolver la problemática a corto plazo.
Además, destacó la importancia de proteger a los usuarios, ejecutar partidas
presupuestales y considerar que la construcción de obras requiere analizar fuentes
y recursos disponibles, programar la inversión según las prioridades de la
administración y ejecutar los gastos aprobados dentro de un marco fiscal.
35. Concluyó que el tribunal debe considerar las normas que orientan la gestión
administrativa, para que las obras que se ordenen sean incluidas posteriormente en
la programación presupuestal. De este modo, se podrá garantizar que existan los
recursos necesarios para efectuar el gasto y culminar la obra o estudio requerido
para solucionar la problemática.
18
Cfr. Índice 93 del expediente digital de primera instancia.
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Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
III.2. Corporación Autónoma Regional de Risaralda 19
36. La corporación solicitó que se revoque la sentencia de 23 de enero de 2025 para
que, en su lugar, se declare que esa entidad no vulneró los derechos colectivos.
Manifestó que ha realizado las actividades de seguimiento y control pertinentes con
el objeto de salvaguardar los derechos de la comunidad y ha apoyado a las
autoridades locales en la identificación de las situaciones que vulneran estos
derechos y en la adopción de las soluciones de los problemas detectados.
37. Indicó que las obligaciones que impuso el a quo a esa entidad extralimitan sus
funciones porque los artículos 4 y 31 de la Ley 1523 solo establecen obligaciones
de asesoría, asistencia técnica y participación en la fase de conocimiento del riesgo,
sin que le esté permitido ejecutar obras civiles o de infraestructura para mitigar
riesgos en la zona objeto de esta acción popular.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
20
38. Mediante auto de 18 de febrero de 2025 , el Tribunal Administrativo de Risaralda
concedió ante el Consejo de Estado los recursos de apelación presentados por el
municipio de Dosquebradas y por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado.
21
39. A través de auto de 14 de marzo de 2025 , se admitieron los recursos de
apelación, se prescindió del traslado para alegar de conclusión, y se informó al
Ministerio Público que se encontraba habilitado para emitir concepto en la presente
causa.
40. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. Competencia
41. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en el
artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 22 y en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 2019 23, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.
19
Cfr. Índice 93 del expediente digital de primera instancia.
20
Cfr. Índice 95 del expediente digital de primera instancia.
21
Cfr. Índice 4 del expediente digital de segunda instancia.
22
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
23
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
10
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
V.2. Planteamiento de los problemas jurídicos
42. La demandante atribuyó al municipio de Dosquebradas, a la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda, a la Dirección de Gestión del Riesgo de
Dosquebradas y a Serviciudad E.S.P. E.I.C.E., la vulneración de los derechos
colectivos previstos en los literales a), d) y l) del artículo 4.° de la Ley 472, debido a
las crecientes súbitas, desbordamientos y contaminación de la quebrada
Cordoncillo, que ponen en riesgo a la comunidad de los barrios Bocacanoa y Los
Pinos del municipio de Dosquebradas.
43. En la sentencia de 23 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda
amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del
equilibrio ecológico, a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes
de uso público.
44. El tribunal ordenó al municipio de Dosquebradas que realice acciones de control
de riesgo en las manzanas 3 a 6 del barrio Bocacanoa y en las zonas aledañas a la
quebrada Cordoncillo que incluyen la verificación de permisos urbanísticos, revisión
y liberación de suelos de protección, control del manejo de aguas lluvias y
escorrentía, rehabilitación de taludes con especies vegetales, limpieza de residuos,
implementación de obras bioingenieriles, procesos de reforestación, y jornadas de
capacitación ambiental.
45. También ordenó a la Carder que demarque la zona forestal protectora a lo largo
de la quebrada Cordoncillo y apoye técnicamente al municipio en la prevención y
gestión del riesgo de desastres, así como en la conservación y recuperación
ambiental del sector.
46. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda y el municipio de Dosquebradas
presentaron recurso de apelación contra esa decisión.
47. La corporación argumentó que las pruebas recaudadas no demuestran que haya
vulnerado los derechos colectivos amparados, y pidió que se modifique el alcance
de las órdenes impartidas conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 31 de la Ley
1523, dado que sus funciones se limitan a brindar asesoría, asistencia técnica y a
participar en la fase de identificación de riesgos. Además, indicó que no tiene
autorización para realizar obras civiles o de infraestructura destinadas a mitigar
riesgos en la zona mencionada en esta acción popular.
48. Elmunicipio de Dosquebradas, en su apelación, expuso que las pruebas
presentadas en el proceso, especialmente los conceptos técnicos de la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda y la Dirección de Gestión del Riesgo de
Dosquebradas, demuestran que no es responsable de la vulneración ni de la
amenaza, y que ha realizado campañas para identificar el problema, sensibilizar a
la comunidad, reforestar y recoger escombros y residuos en la zona.
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Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
49. Agregó que el municipio ha solicitado apoyo de otras autoridades a nivel territorial
y nacional, y señaló que la sentencia no definió la responsabilidad de otras
entidades ni de particulares. Finalmente, cuestionó las órdenes impartidas,
argumentando que la sentencia no consideró las normas sobre planeación,
presupuesto y gasto público.
V.3. Análisis del caso concreto
50. Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará: i) la presunta vulneración
de los derechos e intereses colectivos amparados; ii) la responsabilidad de las
entidades demandadas en el caso concreto; iii) la corresponsabilidad de los
habitantes del sector en materia de gestión del riesgo de desastres; y iv) la
pertinencia de las órdenes de amparo.
V.3.1. La presunta vulneración de los derechos e intereses colectivos
amparados
51. El municipio de Dosquebradas y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
afirman que la demandante no demostró la vulneración de los derechos colectivos
previstos en los literales a), c), d) y l) del artículo 4.° de la Ley 472, debido a los
problemas de contaminación, erosión y movimientos en masa presentes en la
quebrada Cordoncillo, que afectan los barrios Bocacanoa y Los Pinos de la comuna
10 del municipio de Dosquebradas.
52. Con el propósito de resolver los argumentos, la Sala recuerda que los supuestos
sustanciales para la procedencia de las acciones populares son, en primer lugar,
que se demuestre la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza o
vulneración de los derechos colectivos 24. En segundo orden, la acreditación de una
acción u omisión por parte de las autoridades públicas o de los particulares, en
relación con el cumplimiento de sus deberes legales 25. Y, en tercer lugar, la relación
de causalidad entre la acción u omisión, y la afectación de los derechos e intereses
mencionados 26.
53. Frente al primer supuesto de procedencia, se destaca que, según la certificación
de 27 de abril de 2024 27 expedida por la Dirección Administrativa de la Alcaldía de
Dosquebradas, algunos sectores “[…] de Los Pinos Y (sic) bocacanoa (sic)
colindante con Quebrada Cordoncillo […]” tienen la condición de suelo de protección
“[…] donde el uso del suelo es REUBICACIÓN parcial […]” por estar categorizado
como zona de alto riesgo hidrológico y geotécnico.
24
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación
núm. 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP). El artículo 9. ° de la Ley 472 previó que: “[…] Las acciones populares proceden
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los
derechos e intereses colectivos. […]”.
25
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. María Elizabeth García González, radicaci ón
núm. (AP) 25000-23-27-000-2005-00654-01.
26
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación núm.
50001-23-31-000-2004-00640-01(AP).
27
Cfr. Índice 68 del expediente digital de primera instancia.
12
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
54. Se encuentra probado que la Junta de Acción Comunal de Bocacanoa presentó
el 12 de octubre de 2018 ante la Corporación Autónoma Regional de Risaralda una
solicitud de inspección con ocasión de un “[…] desprendimiento evidenciado en el
sector de (sic) andén de la manzana 4, casa 11 del barrio Bocacanoa, del municipio
de Dosquebradas […]”.
55. La Subdirección de Gestión Ambiental Territorial de la Corporación Autónoma
Regional realizó con ocasión de la solicitud anterior una visita técnica el 26 de
octubre de 2018, que culminó con el concepto técnico núm. 003877 de 15 de
noviembre de 2018 28.
56. Dicho concepto técnico estableció que el precitado desprendimiento estaba
relacionado con: i) la proximidad de las viviendas a la ladera; ii) la baja compactación
y cohesión de la ladera; y iii) los procesos ambientales inadecuados relacionados
con construcciones dentro de la franja forestal protectora que incrementan procesos
de socavación y de deslizamientos, presencia de basuras en el sector, vertimiento
de aguas residuales y contaminación de la fuente hídrica.
57. En conclusión, la autoridad ambiental indicó que el “[…] talud vertical presenta
cicatrices de subsidencia debido al exceso de escombros que se presentan en el
sector, ocasionando un sobrepeso en la ladera y por consiguiente la afectación de
los pasos peatonales de las viviendas. Es importante destacar, que todas las
viviendas a ambos costados de la quebrada se encuentran dentro de la franja de
protección ambiental por lo que se requiere un control y monitoreo constante por
parte de la administración municipal […]”. Por ello, la autoridad ambiental ordenó
remitir copia a la Alcaldía del municipio de Dosquebradas, para lo de su
competencia.
58. La Dirección de Gestión del Riesgo del municipio de Dosquebradas realizó
posteriormente visitas técnicas al sector Bocacanoa del municipio de
Dosquebradas, los días 30 de diciembre de 2019 y 30 de enero de 2020, cuyos
resultados fueron plasmados en los conceptos técnicos DA-DIGER-200-1446 de
2019 y DA-DIGER-200-105 de 2020 de esa entidad 29.
59. En los conceptos técnicos se observó la presencia de una grieta en la parte
superior e inferior del talud, formada por el desplazamiento de la estructura y de
características antigua, inactiva y rehabilitada con especies vegetales. También se
verificó la presencia de construcciones pesadas cerca del talud y que las viviendas
de la zona cuentan con canales en los techos, pero carecen de bajantes o zanjas
que permitan un manejo adecuado de las aguas lluvias y la escorrentía.
60. Se mencionó que el box culvert que transporta la corriente de agua en el extremo
derecho de la base del talud se encuentra deteriorado y lleno de vegetación. Si bien
28
Cfr. Índice 20 del expediente digital de primera instancia.
29
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia.
13
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
durante la visita no se detectó inestabilidad del talud ni una amenaza “inminente”
para las viviendas o para quienes transitan por el área, se recomendó que la
comunidad, las autoridades y los organismos de socorro mantengan un monitoreo
constante para asegurar el buen estado y la estabilidad de la estructura.
61. La necesidad de construcción de obras para mitigar la problemática en el sector
fue ratificada por la misma Dirección de Gestión del Riesgo del municipio de
Dosquebradas mediante Oficio DA-DIGER-200-304 del 9 de marzo de 2020 30.
62. Allí se informó que, en la visita técnica realizada el 3 de marzo de 2020 con el
apoyo de la Secretaría de Obras Públicas del municipio, la DIGER y con presencia
de la comunidad, “[…] se confirmó por medio de sus profesionales idóneos la
necesidad de iniciar los trámites administrativos correspondientes para continuar
con la obra del muro de contención que se adelantó en el Barrio […] con el fin de
garantizar la estabilidad del talud y la seguridad de los habitantes de la zona […]”.
63. Asimismo, se mencionó que se gestionaría el apoyo de autoridades
departamentales y nacionales, que algunas recomendaciones para la solución de la
problemática debían ser cumplidas por los propietarios de predios ubicados en la
parte superior del talud y que se informaría a otras dependencias del municipio y
autoridades ambientales para que consideraran medidas de reforestación que
contribuyan al “[…] amarre del terreno […]”.
64. El 12 de agosto de 2020 la Corporación Autónoma Regional de Risaralda elaboró
el Concepto Técnico núm. 01552 31, con asunto “[…] Remisión de concepto técnico
DA-DIGER-200-505 relacionado con la quebrada Cordoncillo en el tramo urbano del
barrio Bocacanoa del municipio de Dosquebradas […]”, en las que se evidenció
como generalidades de la visita técnica la existencia de factores de riesgo por
inundación y deslizamientos.
65. En especial, se realizó recorrido por las manzanas 3, 4 y 5 del barrio Bocacanoa,
encontrando: i) procesos de socavación lateral de la quebrada Cordoncillo producto
de la desviación y condiciones propias del cauce, que afectan la parte baja del talud;
ii) pendientes moderadas con afectación de la ladera debido a la presencia de
cultivos, exceso de basuras y escombros en ella; y iii) intervención antrópica con
presencia de viviendas subnormales en material pesado y sin las debidas
condiciones estructurales de acuerdo con la norma NSR-10, las cuales generan
vertimientos sobre la quebrada, contaminación ambiental de la zona, olores fuertes
y posibles vectores endémicos para el sector.
66. La demandante, en su condición de presidente de la Junta de Acción C omunal
del barrio Bocacanoa y con ocasión de las fuertes lluvias en el sector, solicitó
mediante comunicación de 24 de febrero de 202132 a la Dirección de Gestión del
30
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia.
31
Cfr. Índice 20 del expediente digital de primera instancia.
32
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia.
14
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
Riesgo del municipio de Dosquebradas que se adoptaran medidas con ocasión de
“[…] deslizamientos en la loma en ciertos sectores […]” del barrio y la aparición de
“huecos” o zanjas en la mazana 5. En dicha comunicación se puso de presente que
no se había dado continuidad a la construcción del muro en cemento para sostener
el talud y que la obra propuesta por la Dirección, a saber “trinchos en guadua”, no
es suficiente para evitar los deslizamientos.
33
67. En acta núm. 005 del 15 de marzo de 2021 , producto de la reunión para
socialización de obras bioingenieriles de mitigación del deslizamiento en la
manzana 6 del barrio Bocacanoa, realizada entre la DIGER y la comunidad, se hizo
constar por el ingeniero agroforestal de la DIGER que los trinchos propuestos no
son obras que constituyan solución definitiva a la problemática, pero que sí
ayudarían junto a la reforestación, a estabilizar el terreno y mitigar los
deslizamientos y derrumbes.
68. Sinembargo, se evidenció posteriormente con los conceptos técnicos DA-
DIGER-200-374 del 23 de marzo de 2021 34 elaborado por la Dirección de Gestión
del Riesgo del municipio de Dosquebradas y 1555 de 24 de junio de 2021 35 de la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda, que la problemática derivada de las
condiciones de la quebrada Cordoncillo en los sectores correspondientes a los
barrios Bocacanoa y Los Pinos, se mantenía y que para su solución se requerían
medidas ambientales, policivas y de gestión del riesgo a cargo de las autoridades
competentes.
69. En primer orden, en el concepto técnico de DA-DIGER-200-374 de 23 de marzo
de 2021 se indicó desde las perspectivas geotécnica, hidrológica, estructural y
ambiental, que existían procesos erosivos por socavación con riesgo de
desplazamiento y desprendimiento, derivados de la acción natural de la corriente,
la escasa cobertura vegetal, la alta pendiente, la presencia de restos de materiales
antrópicos como escombros y estructuras propias de viviendas como tuberías y
mangueras y la falta de sistemas adecuados de manejo de aguas lluvias y de
escorrentía de las viviendas ubicadas en el sector.
70. Adicionala lo anterior, el concepto evidenció la presencia de estructuras y
construcciones que no respetan la faja forestal protectora de la quebrada
Cordoncillo. Por ende, este concepto técnico recomendó lo siguiente:
“[…] RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a la comunidad hacer seguimiento periódico a las
características de la quebrada y su entorno, y comunicarse con la Dirección de
Gestión del Riesgo “DIGER” en caso de observar anomalías sobre sus condiciones,
que involucren nuevos desprendimientos, agrietamiento, subsidencias, o
afloramientos de agua anómalos sobre la ladera.
33
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia.
34
Ibidem.
35
Ibidem.
15
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
2. Se recomienda a la comunidad reportar a las autoridades competentes en caso
de observar nuevas ocupaciones sobre las márgenes de la quebrada o de observar
el arrojo de materiales y residuos antrópicos que afecten contra el estado sanitario
de este sector.
3. Se recomienda enviar copia de este concepto técnico a la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental, en consideración con el artículo 43
y 44 del decreto municipal 117 del 29 de junio de 2018, […] para que estudien la
posibilidad de implementar una recuperación forestal del terreno expuesto de
estos taludes con especies vegetales que brinden fijación y amarre de los
suelos, además de cumplir una función biomecánica frente a los agentes
erosivos, a su vez, para realizar seguimiento de las reforestaciones entregadas a la
comunidad. Además, para lo concerniente al cuidado y protección de la ronda hídrica
de la quebrada Cordoncillo en los tramos que limitan con los barrios Los Pinos,
Bocacanoa y Nueva Colombia, evidenciado en las observaciones anteriores, y demás
acciones de su competencia que consideren pertinentes. […]
4. Se recomienda a los propietarios y residentes de las viviendas ubicadas a
ambas márgenes de la quebrada Cordoncillo en el sector, como medida de
reducción, implementar sistemas de manejo de aguas lluvias cubiertas,
coronarios y perimetrales, con canales y bajantes en materiales impermeables
que redireccionen el agua a cámaras colectoras o sumideros, con el objetivo de
evitar que las aguas que caigan sobre las diferentes superficies del terreno generen
infiltraciones y saturen el mismo, aportando así al adecuado funcionamiento de las
propiedades del terreno. Lo anterior, bajo la supervisión técnica y normativa
pertinente.
5. Se recomienda enviar copia de este concepto técnico a la Dirección Operativa de
Gobierno, en consideración con el Artículo 49 del Decreto Municipal 117 de junio del
2018 […] para que verifique los retiros en las márgenes de la quebrada
Cordoncillo y demás acciones que considere de su competencia. […]
6. Se recomienda enviar copia de este concepto técnico a la Policía Ambiental para
que incluya este sector dentro de los sitios de seguimiento y monitoreo ambiental,
además, de las actuaciones propias de su competencia en materia ambiental con el
fin de que se sigan (Sic) incumpliendo normativas ciudadanas que van en contra de
los recursos ecosistémicos. […]
7. Se recomienda enviar copia de este concepto técnico a la Oficina Verde de la
CARDER sede Dosquebradas, para su conocimiento y revisión en materia ambiental
que incluya la inadecuada disposición de residuos sobre las márgenes de la
quebrada Cordoncillo y demás que consideren pertinente desde las
competencias de la corporación. Además, para estudiar la inclusión de estas
comunidades de los barrios Los Pinos, Bocacanoa y Nueva Colombia en futuros
programas de capacitación sobre residuos especiales y conservación del
ambiente. Por último, solicitar la demarcación de la zona forestal protectora en
el sitio visitado a ambas márgenes de la quebrada. Solicitamos amablemente
brindar información de las acciones que realicen a esta oficina.
8.Se recomienda enviar copia de este informe de visita a la Secretaría de Obras e
Infraestructura Pública en consideración con el artículo 63 del Acuerdo Municipal
117del 29 de junio de 2018, para estudiar la posibilidad de implementar la
reconformación de la base del talud afectado por proceso de socavación de la
quebrada o la acción que consideren pertinente. […]
9. Se recomienda enviar copia de este concepto técnico a Serviciudad E.S.P. para lo
relacionado con las acumulaciones antrópicas de diferente índole en las márgenes de
la quebrada y en los puntos donde se encuentra señalización de prohibición de
16
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
arrojo de basuras, estudiar la inclusión de estas comunidades de los barrios
Los Pinos, Bocacanoa y Nueva Colombia en futuros programas de capacitación
sobre residuos especiales y socialización de las jornadas de recolección a fin
de concientizar y reducir este tipo de actuaciones que degradan el ambiente.
[…]
10.Se recomienda enviar copia de este concepto técnico al área de conocimiento del
riesgo de la DIGER para incluir este punto en procesos de capacitación sobre gestión
del riesgo.
11.Se recomienda enviar copia de este concepto técnico al Instituto de Desarrollo
Municipal - IDM para la revisión del caso y el tratamiento de áreas de relocalización
históricas en el sector descrito, además, de lo que consideren pertinente. […]”.
(Negrilla fuera del texto).
71. En segundo orden, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda en el
concepto técnico 1555 de 24 de junio de 2021 realizado con ocasión de la visita de
valoración técnica de condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en el sector
Bocacanoa, concluyó que “[…] Las malas prácticas de ocupación de las franjas de
protección de las quebradas como son las construcciones, manejo inadecuado de
las aguas lluvias de escorrentía de las vías y techos de las viviendas, eliminación
de parte de la cobertura de (sic) coadyuvan a la generación de proceso de
socavación lateral de las márgenes de las quebradas y deslizamientos y
subsidencias de las franjas de protección a la altura del barrio Bocacanoa, (sic) Se
concluye que se debe realizar varias jornadas de capacitación a la comunidad del
sector para que entre todos colaboren a mejorar los problemas de estabilidad de las
franjas de protección en beneficio de la comunidad […]”.
72. Como recomendaciones, el concepto técnico de la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda indicó que: i) debía remitir copia del concepto a las
autoridades municipales; ii) se debía relocalizar algunos árboles sembrados,
manteniendo una distancia de 2 a 3 metros del borde de la corona de los suelos de
protección, para que haya mayor amarre y estabilización de los suelos; iii) se deben
ubicar avisos informativos orientados a evitar que la comunidad arroje escombros y
residuos y realizar campañas de concientización con la comunidad; iv) se deben
adoptar medidas en torno al manejo de aguas y vegetación; v) se deben adoptar
medidas por la autoridad municipal competente en torno a “[…] la liberación de los
suelos de protección, cuyos retiros están contemplados en el Plan de Ordenamiento
vigente y verificación de los permisos correspondientes para las construcciones que
se están realizando en el lugar […]”; y vi) la DIGER y las secretarías municipales de
Obras Públicas y de Infraestructura de Dosquebradas deben dar continuidad a las
labores de mitigación del riesgo en la zona.
73. Adicional a lo anterior, se aportaron los estudios de evaluación de la amenaza,
vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de movimientos en masa, inundaciones,
avenidas torrenciales para la quebrada Cordoncillo 36, en relación con los tramos de
los barrios Bosques de La Acuarela y Bocacanoa, elaborados en el año 2022 en el
36
Cfr. Índice 20 del expediente digital de primera instancia.
17
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
marco de un convenio interadministrativo suscrito entre la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda y la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior
– EDURED.
74. El estudio propuso, luego de valorar la amenaza por movimientos en masa,
inundaciones y avenidas torrenciales, la adopción de medidas estructurales y no
estructurales de manejo del riesgo, las cuales fueron desarrollados en el capítulo 10
del precitado estudio.
“[…] 10. MEDIDAS DE MANEJO DEL RIESGO
Existen diversas medidas para mitigar el riesgo al cual se encuentra expuesta la
infraestructura ubicada hacia las márgenes en la quebrada Cordoncillo, es por esto
en que el presente capítulo se proponen alternativas para realizar un manejo integral
a los procesos erosivos que se adelantan en el tramo analizado.
Como se ha mencionado antes, en el apartado de priorización para puntos de
intervención, se identificaron aquellos puntos críticos que por sus
características y su relación con los elementos expuestos, requieren de una
intervención estructural, por medio de obras civiles que frenen definitivamente
el proceso erosivo que allí se presenta, pero existen otros puntos cuyas
características permiten abordar la problemática con medidas no estructurales
como lo son retiros obligatorios de las márgenes de cauce, reforestación con especies
nativas que propicien la estabilidad de los terrenos y por último se encuentran
aquellas medidas que se relacionan con el constante mantenimiento tanto de las
obras estructurales hidráulicas ya existentes en la quebrada, como del manejo que la
misma comunidad le da a estas áreas, impidiendo el mal uso de estas zonas de
residuos sólidos de diverso origen. […]”. (Negrilla fuera del texto).
75. En relación con las medidas estructurales, se propuso en los puntos de
intervención la construcción de muros en voladizo de diversas alturas o de muros
sobre pilotes. En cuanto a las medidas no estructurales, se identificó la necesidad
de limpiar los cauces para restaurar su función natural, recuperar el espacio del río
y asegurar los retiros obligatorios y la protección de los bosques ribereños; dar
mantenimiento a las obras hidráulicas que ya existen; y reforestar las zonas que
presentan mayores riesgos.
76. Loanterior fue ratificado en los testimonios rendidos por los señores Jhon
Alexander Ruiz Díaz, Jaime Guzmán Giraldo y Jesús David Álvarez 37.
77. En efecto, el señor Ruiz Díaz, en su condición de ingeniero mecánico,
profesional de aseo de la empresa Serviciudad E.S.P. E.I.C.E. indicó que la
problemática en el sector objeto de la acción popular estaba relacionada, entre otros
factores, con la indebida disposición de “residuos especiales” en la quebrada o en
su zona de ronda y cuyo control se encuentra a cargo del municipio.
78. A su turno, el señor Jaime Guzmán Giraldo, profesional especializado de la
Subdirección de Gestión Ambiental Territorial de la Corporación Autónoma Regional
37
Cfr. Índice 66 del expediente digital de primera instancia.
18
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
de Risaralda, manifestó en su declaración que la problemática del sector del barrio
Bocacanoa está relacionada con los siguientes factores:
“[…] el urbanismo en su momento, que ocupó ciertos espacios, digamos de espacio
público de franja forestal en las zonas protectoras; realización de llenos antrópicos
sobre las márgenes de la quebrada Cordoncillo; situaciones constructivas que
determinan vulnerabilidad física de la vivienda; disposición de escombros; disposición
de basuras sobre los cauces y un cambio, digamos cambios notorios de gradiente del
cauce que determina las condiciones con las cuales se manifiestan situaciones
asociadas a amenaza de riesgo en el sector de las manzanas 3, 4 y 5, principalmente,
del barrio Bocacanoa; además de cultivos, zonas destinadas a cultivos y huertos que
van en detrimento, digamos, de la condición ambiental y de la favorabilidad en
términos de reducción del riesgo […]”.
79. El señor Jesús David Álvarez manifestó en su declaración, en su condición de
ingeniero de la Dirección de Gestión del Riesgo del municipio de Dosquebradas y
geólogo especialista en geotecnia, que en la zona objeto de esta acción popular se
evidenciaron “[…] unos procesos erosivos de la quebrada Cordoncillo generados
por la ocupación, digámoslo y destrucción de las zonas forestales protectoras, por
la estrangulación del cauce, es por las viviendas del sector y a raíz de esto
realizamos pues unas recomendaciones […]”.
80. Agregó que “[…] en el punto de abajo […] de la quebrada de Cordoncillo, […] el
problema de vertimiento de escombros de residuos especiales es muy grande […]”
e indicó que estos escombros “[…] generan […] un desplazamiento de las aguas de
las quebradas, generan destrucción de la capa o degradan la vegetación […]”.
81. Indicó que, desde la perspectiva de la gestión del riesgo, el sector de Bocacanoa
presenta una amenaza media; que en ese sector no observaron viviendas que
debieran ser evacuadas, a diferencia del sector Los Pinos, donde, según señala,
“[…] si había, digámoslo, unas construcciones que se estaban haciendo casi encima
del cauce […]” y que era “[…] como este desvío de la quebrada de Los Pinos que
estaba generando como la erosión en el barrio Bocacanoa […]”.
82. Por último, el testigo refirió que el municipio ha acatado algunas
recomendaciones de la Dirección de Gestión del Riesgo, como la intervención de
un talud mediante terraceo y la reubicación de un árbol, pero “[…] hace falta manejo
de aguas, unas reforestaciones, hay que mirar unos puntos críticos que de pronto
se puedan intervenir otra vez con unos terraceos […]” y “[…] unas acciones
complementarias […]”.
83. Como puede apreciarse, en el proceso se acreditó que existen condiciones de
inestabilidad en el terreno en varios puntos del barrio Bocacanoa, especialmente en
la manzana 6, por la cercanía de edificaciones al talud que requiere intervenciones
y por antecedentes de deslizamientos.
84. También quedó probado un manejo deficiente de aguas lluvias y escorrentías
que contribuye a la saturación del suelo y a la pérdida de rigidez del terreno. Las
19
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
cubiertas de las viviendas no cuentan con canales para la conducción de aguas, lo
que favorece la infiltración y la sobrecarga. A ello se suma la presencia de un flujo
de agua en la base del talud y una estructura de drenaje en mal estado.
85. Igualmente se evidenció que en las manzanas 3, 4 y 5 existen condiciones
antrópicas que impiden la estabilización por la acumulación de materiales de
construcción en la corona, senderos y carreteables, cultivos sobre la banca del talud
y escasa cobertura vegetal.
86. Se demostró que la quebrada Cordoncillo presenta procesos de erosión fluvial y
contaminación, asociados a la ocupación e intervención de sus rondas, ausencia de
faja de retiro, cambios en la dinámica del cauce, posibles vertimientos directos,
manejo inadecuado de residuos y falta de coberturas forestales protectoras.
87. Para la Sala estos hechos acreditan el daño a los derechos colectivos amparados
en la primera instancia y, por lo tanto, el cargo no prospera.
V.3.2. La responsabilidad de las entidades demandadas en el caso concreto
88. El municipio de Dosquebradas y la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda argumentan que cumplieron sus deberes al atender la problemática objeto
del debate judicial y que no existe una conexión entre una acción u omisión suya y
el daño causado a los derechos colectivos amparados.
89. Adicionalmente, el municipio reprochó al a quo no haber valorado la
responsabilidad de los demás “[…] agentes del Estado […]” que deben contribuir en
la resolución de la problemática.
90. Para abordar estos planteamientos, cabe mencionar que el artículo 1.° de la Ley
1523 de 24 de abril de 2012 38 define la gestión del riesgo como “[…] un proceso
social orientado […] al conocimiento y la reducción del riesgo y […] el manejo de
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la
calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible […]”.
91. El artículo 2.° de la Ley 1523 señaló que la gestión del riesgo es responsabilidad
de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. Por ende, “[…]
las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los
procesos de gestión del riesgo […] en el marco de sus competencias, su ámbito de
actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres […]”.
estableció que la “[…]
92. El artículo 10 de la Ley 1931 de 27 de julio de 2018
39
articulación y complementariedad entre los procesos de adaptación al cambio
38
“[…] Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones […]”.
39
“[…] Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático […]”.
20
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
climático y gestión del riesgo de desastres, se basará fundamentalmente en lo
relacionado con los procesos de conocimiento y reducción del riesgo asociados a
los fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos y a las potenciales
modificaciones del comportamiento de estos fenómenos atribuibles al cambio
climático. […]”.
93. Conforme a lo dispuesto en los artículos 5.° y 6.° de la Ley 1523, y en el artículo
4.° de la Ley 1931 los apelantes, como miembros del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres (SNGRD), del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y del
Sistema Nacional de Cambio Climático (Sisclima), orientan y coordinan actividades
de gestión ambiental, ordenación del territorio, planificación del desarrollo,
adaptación al cambio climático y conocimiento de las amenazas y vulnerabilidades.
94. Los alcaldes son los responsables directos “[…] de la implementación de los
procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento
y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción
[…]” 40, en virtud de lo reglado en el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012.
41
95. El artículo 3 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994
dispone en los numerales 3.º,
7.º y 19 que a los municipios les compete promover el desarrollo de su territorio,
construir las obras que demande el progreso municipal, y procurar la solución de las
necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del territorio, en lo que sea de
su competencia.
42
96. El artículo 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001 establece que el
municipio se encarga de promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés
municipal directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos. Específicamente, es responsable de cofinanciar
y/o ejecutar obras de defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o
corrientes de agua43.
97. Además, en su rol de primera autoridad de policía, dicho ente territorial está
llamado a ejercer actividades de control y vigilancia en orden a que los particulares
cumplan con sus deberes y compromisos en materia ambiental 44.
98. Por su parte, las corporaciones autónomas regionales, como integrantes del
SNGRD, en los términos del artículo 31 45 de la Ley 1523 de 2012, son
40
Ley 1523 de 2012, artículo 14.
41
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
42
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. […]”.
43
Ley 99, artículo 65, numeral 10.
44
Ley 99, artículo 65, numerales 6° y 7°.
45
“[…] Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema Nacional. Las corporaciones autónomas
regionales o de desarrollo sostenible, que para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas
regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además de las funciones establecidas por la Ley 99
de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción
21
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
corresponsables de la implementación de los procesos de gestión del riesgo y
apoyan a las entidades territoriales en la elaboración de los estudios necesarios
para su conocimiento y reducción, integrando dicha información a los planes de
ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de
desarrollo.
99. Su colaboración en materia de gestión del riesgo corresponde a la sostenibilidad
ambiental del territorio definida por el numeral 9° del artículo 2° de la Ley 1523 como
aquella que “[…] se deriva de procesos de uso y ocupación insostenible del territorio,
por tanto, la explotación racional de los recursos naturales y la protección del medio
ambiente constituyen características irreductibles de sostenibilidad ambiental y
contribuyen a la gestión del riesgo de desastres […]”.
100. El parágrafo 3 del artículo 31 ibidem enfatiza que esas autoridades “[…] deben
apoyar a las entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en
la implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito
de su competencia […]”.
46
101. Nótese que, según los artículos 10 , 23 y 2447 de la Ley 388 de 1997 y el
numeral 5° del artículo 31 de la Ley 99, las corporaciones autónomas regionales
asesoran a los municipios en el ejercicio de la función urbanística respecto del
componente ambiental.
102. En virtud de los numerales 12, 17 y 20 del artículo 31 de la Ley 99, las
corporaciones autónomas regionales, como máxima autoridad ambiental de su
jurisdicción, ejercen funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables; imponen
y ejecutan a prevención las medidas de policía; sancionan la transgresión de las
normas ambientales; y coordinan con las entidades territoriales la realización de
proyectos y obras de infraestructura para proteger y recuperar el ambiente y los
recursos naturales renovables.
ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los
planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo.
Parágrafo 1°. El papel de las corporaciones autónomas regionales es complementario y subsidiario respecto a la labor de
alcaldías y gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la
sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores de su responsabilidad primaria
en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres.
[…] Parágrafo 3°. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los consejos territoriales de gestión del
riesgo, en desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a
las entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la implementación de los procesos de
gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su competencia y serán corresponsables en la implementación. […]”.
(Negrilla fuera del texto)
46
“[…] ARTÍCULO 10. DETERMINANTES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SU ORDEN DE PREVALENCIA […]”.
47
“[…] ARTÍCULO 24.- Instancias de concertación y consulta. (…) 1. El proyecto de Plan se someterá a consideración de la
Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental correspondiente, a efectos de que conjuntamente con el municipio y/o
distrito concierten los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 99 de 1993, para lo cual dispondrán, de cuarenta y cinco (45) días; solo podrá ser objetado por razones técnicas y
sustentadas en estudios […]”.
22
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
103. Los artículos 180, 181, 184 y 185 del Decreto Ley 2811 de 18 de diciembre de
197448 señalan que los procesos de remoción en masa (revenimiento de origen
antrópico o natural) son problemáticas ambientales que afectan al recurso suelo.
104. La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 25 de septiembre
de 202549 consideró, en un caso con similares supuestos fácticos, que: “[…] a la
CARDER le corresponde concurrir en la ejecución de las soluciones necesarias
para salvaguardar el medio ambiente, garantizar el equilibrio ecológico y adecuar
con las administraciones municipales o distritales áreas urbanas en zonas de alto
riesgo, las cuales transcienden su función meramente asesora y exige su
intervención activa en la implementación de las soluciones que tienen por fin
conjurar los factores de deterioro del cauce de la quebrada y los procesos de
socavación advertidos en ambos márgenes del cuerpo hídrico, dentro de las cuales
están las labores biomecánicas y de reforestación ordenadas. […]”.
105. En este contexto funcional y jurisprudencial, conforme a las pruebas recopiladas
en el anterior acápite, la Sala reconoce que tanto la CARDER como el municipio
adelantaron labores de conocimiento del riesgo desde el año 2018 hasta el año
2022. Concretamente, practicaron visitas y emitieron conceptos técnicos que
identificaban las causas de la problemática relacionadas con la erosión de la ladera,
las construcciones de viviendas en la franja forestal protectora, los drenajes
insuficientes, el deterioro de obras hidráulicas y los vertimientos.
106. Sin embargo, ese conjunto de actuaciones se concentra principalmente en
identificar, caracterizar y recomendar, pero no demuestra que, dentro del marco de
sus competencias, hubieran adelantado todas las actuaciones necesarias para
corregir de fondo la problemática.
107. Los propios conceptos técnicos insistieron en que era necesario implementar
medidas ambientales, policivas y de gestión del riesgo, que no se acreditaron en el
plenario. No se demostró el control de ocupaciones y construcciones en la ronda
hídrica y la franja forestal protectora, la verificación de permisos, la demarcación de
suelos de protección, el mantenimiento de las obras hidráulicas, la reforestación o
el desarrollo de obras definitivas de estabilización del talud.
108.Se encuentra probado que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y la
Dirección de Gestión del Riesgo del municipio de Dosquebradas informaron al
municipio que se requería: i) control y monitoreo constante del sector; ii) el ejercicio
de las competencias policivas y administrativas en torno a las estructuras ubicadas
en espacio público, en zona de ronda y en el área forestal protectora, con el
propósito de garantizar “[…] la liberación de los suelos de protección, cuyos retiros
están contemplados en el Plan de Ordenamiento vigente […]” y la verificación de
los permisos correspondientes para las construcciones que se están realizando en
48
“[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente […]”.
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 25 de septiembre de 2025.
Radicado núm. 66001-23-33-000-2021-00154-01. C.P. doctora Nubia Margoth Peña Garzón.
23
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
la zona; iii) mantenimiento de obras hidráulicas existentes; iv) que se adoptaran
medidas de terraceo, reforestación e instalación de “trinchos en guadua” que
contribuyan a la estabilización temporal del terreno, mientras se adoptan medidas
definitivas, como las indicadas en los estudios de evaluación de la amenaza,
vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de movimientos en masa, inundaciones,
avenidas torrenciales para la quebrada Cordoncillo y que se refieren a la
construcción de muros en voladizo de diversas alturas o de muros sobre pilotes.
109.En este caso, no se encuentra probado que el municipio hubiere realizado las
obras sugeridas por las autoridades ambiental y de gestión del riesgo, al punto que
algunas medidas de estabilización temporal de carácter bioingenieril, como la
instalación de “trinchos en guadua”, pese a ser recomendadas desde el año 2018,
no habían sido instaladas según se desprende de las diversas peticiones
presentadas por la comunidad, en especial, la de 23 de mayo de 2022 50.
110.Si bien, la administración municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y Gestión Ambiental informó que el 1.º de marzo de 2022 51 adelantó
labores de reforestación en la zona forestal protectora de la Quebrada Cordoncillo
a la altura del barrio Bocacanoa, en el sentido de indicar que el 2 de febrero de 2022
se “[…] sembraron 30 individuos arbóreos de la especie Leucaena y Gualanday, a
una distancia de siembra de tres (3) metros […]”, lo cierto es que según se
desprende del acta núm. 005 del 15 de marzo de 2021 52 la reforestación aislada sin
medidas adicionales como el terraceo y la instalación de “trinchos en guadua” no es
suficiente ni definitiva para solucionar la problemática bajo estudio.
111. Desde esa perspectiva, la Sala entiende que no basta con conocer el riesgo o
emitir recomendaciones cuando no se demostró que esas autoridades ejecutaran
acciones de recuperación ambiental, policivas y de control administrativo conforme
a su margen funcional.
112. Por ello, la Sala concluye que, mientras el riesgo de desastre y el daño
ambiental se mantengan, el municipio y la CARDER por omisión vulneran los
derechos amparados. El municipio está llamado a ejercer control policivo y
urbanístico y a ejecutar o cofinanciar obras de mitigación; y la CARDER, en su
condición de máxima autoridad ambiental regional, debe ejercer su poder de control,
seguimiento y policía ambiental, además de coordinar proyectos y obras de
protección y recuperación ambiental.
113. Sin duda alguna, los principios de gradualidad, coordinación, concurrencia,
sistémico, autogestión, corresponsabilidad y responsabilidad, conforme a los
artículos 209 de la Constitución Política, 6.° de la Ley 489 de 29 de diciembre de
50
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia.
51
Cfr. Índice 20 del expediente digital de primera instancia.
52
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia.
24
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
199853, 3.° de la Ley 1523 y 2.° de la Ley 1931 de 2018, permiten la articulación de
las entidades demandadas en el ejercicio de sus competencias propias, dado que
todas ellas interactúan en la gestión del riesgo, en la conservación del entorno
natural y en la adaptación al cambio climático.
114. Por la misma razón, el argumento conforme al cual las órdenes de amparo
extralimitan las funciones de la CARDER porque solo le corresponde prestar
asesoría al municipio no prospera, según el marco funcional previamente enunciado
y lo resuelto por esta Sección en la sentencia antes citada de 25 de septiembre de
2025.
115. Finalmente, con el propósito de resolver el argumento del municipio, según el
cual el juez de primera instancia no tuvo en cuenta las responsabilidades de las
otras entidades demandadas frente al restablecimiento de los derechos colectivos,
se aclara que la parte motiva de la sentencia de 23 de enero de 2025 incluyó la
justificación cuestionada.
116. Respecto de Serviciudad E.S.P. E.I.C.E., el tribunal explicó que la problemática
no giraba en torno a la recolección de residuos sólidos ordinarios, sino a la indebida
disposición de residuos sólidos especiales o escombros en la quebrada Cordoncillo.
Dicho control corresponde al municipio, como garante de la prestación del servicio
público de aseo y, en especial, de la función policiva.
54
117. Esta Sección en la sentencia de 25 de septiembre de 2025 reiteró que el
municipio es la autoridad competente para realizar limpieza y mantenimiento del
cauce de una quebrada con ocasión de la disposición inadecuada de escombros y
residuos sólidos, y que ello se deriva del numeral 10 del artículo 3 de la Ley 136,
del artículo 76 de la Ley 715, del numeral 5.1. del artículo 5 de la Ley 142 de 11 de
julio de 1994 55, así como de los artículos 6.° y 8.° del Decreto 2981 de 20 de
diciembre de 2013 56.
118.En relación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
como lo afirmó el tribunal, en el caso concreto no se probó que la problemática
hubiere excedido las capacidades del ente territorial ni que el municipio hubiere
solicitado apoyo de la autoridad nacional, lo cual reconoció el mismo ente territorial,
mediante oficio núm. 20240430-12147-I de 30 de abril de 2024 57.
53
“[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]”.
54
En dicha providencia se explicó lo siguiente: “[…] En lo que concierne a la orden de adelantar jornadas de limpieza y
mantenimiento del cauce de la quebrada con ocasión de la probada disposición inadecuada de residuos sólidos, la Sala
advierte que constituye una medida inherente a los deberes del MUNICIPIO en materia ambiental y como garante de la
prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos, en este caso particular, el servicio de aseo.
Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3°, numeral 10 de la Ley 136 de 1994, al MUNICIPIO le compete “[…] velar
por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley […]. (sic)
En línea con lo anterior, el artículo 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200128, prevé […]”.
55
“[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. […]”.
56
“[…] Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. […]”.
57
Cfr. Índice 70 del expediente digital de primera instancia.
25
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
119. Ese documento certificó que “[…] no ha formulado requerimientos a la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo, debido a que no existe hasta la fecha un estado
de emergencia declarada en el sector correspondiente que refleje una
necesidad inmediata de apoyo interadministrativo entre el Gobierno Nacional y
la Administración Municipal […]”. (Negrilla fuera de texto).
120. Por lo tanto, como los argumentos de los apelantes estudiados en este apartado
no prosperaron, pero se demostró la vulneración de los derechos colectivos por
parte de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, se modificará el numeral
2 de la parte resolutiva de la sentencia de 23 de enero de 2025, para precisar que
esa autoridad ambiental también transgredió los derechos colectivos allí
enunciados.
IV.3.3. La corresponsabilidad de los habitantes del sector en materia de
gestión del riesgo de desastres
121. En relación con el argumento de la apelación relativo a que no se evaluó la
responsabilidad de los particulares en la vulneración de los derechos colectivos
amparados, la Sala pone de presente que la participación de la comunidad en la
generación de las amenazas o vulnerabilidades no constituye una causal de
exoneración de responsabilidad para las entidades y autoridades públicas 58, razón
suficiente para descartar el reparo propuesto por el municipio.
122. Aun así, en escenarios como los aquí descritos, esta Sección ha considerado
que la medida de instar a la población que desarrolla actividades que aumentan el
riesgo, entre otras, para que cumpla con las instrucciones impartidas por las
autoridades competentes a efectos de controlar la afectación a los derechos
colectivos, es pertinente y necesaria.
123. Dicha medida no debe ser entendida en forma aislada, pues busca que las
comunidades afectadas, en una perspectiva de autoprotección, se constituyan en
actores relevantes de la superación de la problemática.
124. En ese orden, la Sala adicionará el numeral 3.8 de la parte resolutiva de la
sentencia del tribunal de primera instancia, en el sentido de instar a la comunidad
para que se abstenga de realizar actuaciones y conductas que aumenten el riesgo
y cumpla con las instrucciones impartidas por las autoridades competentes a efectos
de solucionar la problemática.
V.3.4. La pertinencia de las órdenes de amparo
125. El municipio de Dosquebradas argumentó que la sentencia emitida por el
tribunal de primera instancia incurre en coadministración, ya que no consideró el
gasto público, las restricciones económicas que impiden resolver la problemática en
58
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia proferida el 1.º de marzo de 2018.
Radicación núm. 19001-33-31-005-2011-00294-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
26
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
el corto plazo, la protección de los usuarios, la ejecución de las partidas
presupuestales y el hecho que la construcción de obras requiere analizar las fuentes
y recursos disponibles, así como la programación de inversiones conforme a las
prioridades de la administración.
126. Concluyó que el tribunal debe considerar las normas que orientan la gestión
administrativa, de modo que las obras ordenadas se incluyan en la programación
presupuestal futura, con el fin de garantizar los recursos necesarios para efectuar
el gasto y culminar la obra o estudio requerido para dar solución a la problemática.
127. En la sentencia apelada, el tribunal protegió los derechos e intereses colectivos
y ordenó al municipio de Dosquebradas que, en un plazo de seis meses contados
a partir de la ejecutoria de la sentencia: i) verifique los permisos urbanísticos y de
los predios colindantes a la quebrada Cordoncillo, así como los retiros de sus
márgenes; ii) adopte las acciones pertinentes respecto a las construcciones en el
sector y, de ser necesario, implemente medidas para liberar suelos de protección;
iii) ejecute las acciones necesarias para evitar que el terreno se erosione por la
indebida canalización de aguas lluvias, escorrentía y vertimientos provenientes de
estas viviendas y, si corresponde, inicie los trámites administrativos y policivos por
el manejo inadecuado de residuos; iv) rehabilite los taludes con especies vegetales;
v) realice limpieza y recolección de residuos antrópicos en la zona afectada y
coloque avisos para evitar el arrojo de residuos y escombros; vi) implemente obras
bioingenieriles con adecuado manejo de aguas, reforestación y relocalización de
árboles; vii) construya una barrera viva con el fin de realizar una zanja a lo largo de
la corona del talud; y viii) lleve a cabo jornadas pedagógicas con la comunidad.
128. Para resolver, la Sala resalta que, según el artículo 34 de la Ley 472, la
sentencia que acoja las pretensiones de la demanda en el trámite de las acciones
populares podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de
perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración si es posible.
129. La norma establece adicionalmente que la orden de hacer o de no hacer deberá
definir de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho
amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones de la demandante.
130. Lo anterior cobra relevancia en la medida en que, para el cumplimiento de la
sentencia, las entidades públicas deben realizar ciertas erogaciones presupuestales
y, en consecuencia, las órdenes deben tener en cuenta el tiempo necesario para la
ejecución de los trámites administrativos y presupuestales requeridos.
131. La Sala considera que las órdenes impartidas no desconocen aspectos
presupuestales comoquiera que, en materia de financiación de la gestión del riesgo,
los artículos 47 y 54 de la Ley 1523 establecen la creación del Fondo Nacional de
27
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
Gestión del Riesgo de Desastres; y a nivel territorial que “[…] Las administraciones
departamentales, distritales y municipales […] constituirán sus propios fondos de
gestión del riesgo bajo el esquema del Fondo Nacional, como cuentas especiales
con autonomía técnica y financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar
sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de
desastre, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción […]”.
132. Ello, sin perjuicio de las apropiaciones presupuestales correspondientes que,
en los términos del artículo 53 de la Ley 1523, corresponden a “[…] Las entidades
del orden nacional, regional, departamental, distrital y municipal que hacen parte del
sistema nacional […]” y que se relacionan con la obligación de incluir en el
presupuesto “[…] las partidas presupuestales que sean necesarias para la
realización de las tareas que le competen en materia de conocimiento y reducción
de riesgos y de manejo de desastres […]” en el área de su jurisdicción.
133. Se destaca adicionalmente que el municipio no puede justificar el
incumplimiento de una orden judicial argumentando falta de recursos, máxime
cuando conoce la problemática desde el año 2018. Esta Sección ha reiterado que
la insuficiencia presupuestal de las entidades encargadas de cumplir órdenes
judiciales para proteger o restablecer derechos e intereses colectivos, no es una
razón válida para revocar o modificar una sentencia. Según el artículo 2.º de la
Constitución Política, uno de los fines principales del Estado es garantizar la
efectividad de los derechos 59.
134. Para la Sala tampoco son admisibles los argumentos relativos a que el tribunal,
al impartir las órdenes, incurrió en coadministración y que en este caso se
desconoce la sentencia T-185 de 1993 proferida por la Corte Constitucional.
135. Al respecto, se prohíjan las consideraciones expuestas por esta Sección en
sentencia de 2 de octubre de 202560, que en un caso similar adelantado contra el
municipio de Dosquebradas con ocasión de la erosión de una quebrada de los
barrios La Independencia, Divino Niño y Libertadores, consideró lo siguiente:
“[…] para la Sala no resultan de recibo los reparos del MUNICIPIO que sugieren
una coadministración, pues lo cierto es que la decisión de primera instancia,
además de ser resultado del ejercicio legítimo de las facultades otorgadas al
juez constitucional para garantizar de forma efectiva los derechos reconocidos
constitucional y legalmente a una colectividad, no impone a la entidad territorial
la disposición y ejecución inmediata de su presupuesto, al margen de la
normativa que rige la asignación y distribución de los recursos financieros del
Estado.
En efecto, de la lectura del fallo impugnado la conclusión a la cual arriba la Sala no
es otra que lo ordenado al MUNICIPIO consiste en el deber que tiene de gestionar
los recursos necesarios para financiar las obras e intervenciones a que haya
59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 16 de mayo de 2019,
C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 170012333000201700452-01.
60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 25 de septiembre de 2025.
Radicado núm. 68001-23-33-000-2021-00152-01. C.P. doctora Nubia Margoth Peña Garzón.
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Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
lugar, dentro de un término razonable en función de la apremiante necesidad de
hacer cesar el riesgo y proteger a la población que reside en los sectores en
mención, no así la intromisión injustificada en la autonomía administrativa y la
gestión presupuestal que incumbe exclusivamente a la entidad territorial.
[…] Ahora bien, en cuanto al presunto desconocimiento de lo considerado por la Corte
Constitucional en sentencia T-185 de 1993, la Sala destaca que esta providencia no
tiene aplicación en el presunto asunto porque: i) sus efectos son inter partes y, en
consecuencia, solo se extienden a los sujetos procesales que integraron cada uno de
los extremos en la citada acción de tutela, y ii) el contexto fáctico, objeto y finalidad
de esta acción popular difiere ostensiblemente de aquellos que sirvieron de sustento
a la acción de tutela invocada61.
La Sala advierte que las decisiones consignadas en el acápite resolutivo del fallo
apelado no imponen la ejecución inmediata del presupuesto del MUNICIPIO al
margen de la normativa que rige esa operación, como fue percibido en su escrito de
apelación, por el contrario, el término de tres (3) meses fijado por el Tribunal tiene por
fin que la entidad territorial inicie los trámites de orden administrativo y presupuestal
tendientes a la consecución de los recursos financieros para las obras a realizar.
Entonces, a juicio de la Sala, el tiempo establecido por Tribunal es resultado de un
ejercicio de ponderación entre la necesidad de agotar los procedimientos legales
previos para la disponibilidad y ejecución presupuestal y, asimismo, de responder
adecuada y oportunamente a la situación causante de la afectación de los derechos,
de suerte que se trata de un plazo razonable y prudencial, más aún cuando el material
probatorio es concluyente acerca del conocimiento de los hechos constitutivos del
riesgo por parte de la entidad territorial desde el año 2019. […]”. (Negrilla fuera de
texto).
136. En ese orden de ideas, los argumentos de apelación del municipio relativos al
desconocimiento de las normas sobre planeación y presupuesto no están llamados
a prosperar.
137. Sin perjuicio de lo anterior, esta autoridad judicial reconoce que, aunque el
municipio es el principal encargado de gestionar el riesgo de desastres en su
territorio, cuando ese ente no cuenta con la capacidad para ejercer plenamente sus
competencias, puede solicitar el apoyo de las autoridades del orden departamental
y nacional, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad, para asegurar una adecuada gestión del riesgo de desastres.
138. En ese orden, como la Sala advierte que el municipio de Dosquebradas, en el
marco de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva,
podrá solicitar el apoyo de otras autoridades con el objeto de gestionar el
presupuesto requerido para acometer las acciones correspondientes, se adicionará
el numeral 3.9 a la parte resolutiva de la sentencia de 23 de enero de 2025, para
que en tal evento el plazo inicial para el cumplimiento de las órdenes se amplie en
otros (6) seis meses.
61
Mediante el ejercicio de la acción de tutela se pretendía exigir la ejecución inmediata de una obra incluida en una partida
presupuestal. La Corte negó la tutela, argumentando entre otras razones que dicha inclusión implica autorización, no
obligación automática.
29
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
139. Finalmente, la Sala confirmará las demás órdenes de amparo, y según lo
previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201262 y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Especial de Decisión núm. 27
en la providencia de 6 de agosto de 201963, no se condenará en costas en esta
instancia porque no se acreditó su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR los numerales 2. y 3.8. de la parte resolutiva de la
sentencia de 23 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia,
los cuales quedarán así:
“[…] 2. Amparar los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia
del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y la protección de áreas de especial importancia ecológica, a la seguridad
y prevención de desastres previsibles técnicamente, y al goce del espacio público y
la utilización y defensa de los bienes de uso público, vulnerados por el municipio de
Dosquebradas y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Como
consecuencia de lo anterior, se disponen las órdenes concretas en los siguientes
numerales: […]
3.8. Realizar jornadas de capacitación y concientización en la zona objeto de la
presente acción popular sobre el manejo de las aguas provenientes de los techos,
especialmente en zonas verdes, sobre disposición de residuos especiales y
conservación del ambiente.
Instar a la comunidad del municipio de Dosquebradas para que se abstenga de
realizar actuaciones y conductas que aumenten el riesgo y cumpla con las
instrucciones impartidas por las autoridades competentes a efectos de solucionar la
problemática. [...]”.
SEGUNDO: ADICIONAR el numeral 3.9. de la parte resolutiva de la sentencia de
23 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, el cual quedará
así:
“[…] 3.9. El municipio de Dosquebradas, en el marco de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, podrá solicitar el apoyo de otras
autoridades con el objeto de gestionar el presupuesto requerido para acometer las
acciones que correspondan.
62
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
63
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia de Unificación
de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
30
Radicación núm. 66001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Deyanir Enríquez Ordoñez
En tal evento el plazo inicial para el cumplimiento de las órdenes se ampliará en otros
(6) seis meses con el propósito de adelantar las actuaciones administrativas y
presupuestales necesarias […]”.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 23 de enero de 2025.
CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.
QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posteri or
consulta, de conformidad con la ley.
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