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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00309-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00309-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala Tercera de Decisión , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y 835 20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Rad icado : 66001-23-33-000- 2021-00309-01 (6649-2022) De mandan te : M aría Pas c uala Sánc he z M os q uera restablecimiento del derecho promovida por la señora María Pascuala Sánchez Mosquera contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: ADICIONAR el siguiente numeral a la sentencia del 30 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala Tercera de Decisión: «10. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, deberá repetir en contra de las entidades de previsión a las cuales la demandante acredite que se encontraba afiliada durante el lapso que subsistió la relación contractual con los municipios de Tadó, Istmina y Pereira, a fin de solicitar el reembolso de las cotizaciones a pensión efectuadas en dicha oportunidad, siempre y cuando así lo demuestre o asegure la señora María Pascuala Sánchez Mosquera. En todo caso, se autoriza al citado fondo, descontar de los valores adeudados a la libelista en virtud de la condena, los saldos pendientes parciales o totales en su contra si existen después del cumplimiento del precepto anterior por concepto de aportes a pensión que en la proporción como trabajador le correspondía efectuar por el período que subsistió la relación contractual. Igualmente, el Fondo deberá realizar las actuaciones interadministrativas correspondientes para que se adelante el cobro respectivo ante los municipios de Tadó, Istmina y Pereira, frente a las sumas faltantes por concepto de cotizaciones a pensión que les habría correspondido como empleadores, por los períodos durante los cuales se evidenció una relación laboral subyacente, debidamente actualizadas.» […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2021-00309-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00309-01 (6649-2022)
Demandante: María Pascuala Sánchez Mosquera
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación docente –
vinculación a través de contratos de prestación de servicios-
Compatibilidad pensional.
Decisión: Confirma la decisión que accede parcialmente a las pretensiones
de la demanda. Adiciona. Sin condena en costas de segunda
instancia.

Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
entidad demandada en contra de la sentencia de 30 de septiembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala Tercera de Decisión1,
que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda que instauró la señora
María Pascuala Sánchez Mosquera en contra de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2

2.1.1. Pretensiones

2. La señora María Pascuala Sánchez Mosquera, por intermedio de apoderada
judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

1 Con ponencia del magistrado Juan Carlos Hincapié Mejía.
2 Índice
2 del expediente digital, aplicativo Samai, correspondiente a la segunda instancia. Archivo
«ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», Documento:
«1_660012333000202100309001REPARTOYRADIC20210921142913_TCDescargaTotalItem1331489958
35579309.PDF».

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Rad icado : 66001-23-33-000- 2021-00309-01 (6649-2022)
De mandan te : M aría Pas c uala Sánc he z M os q uera

derecho, establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó declarar
la nulidad del acto ficto o presunto de la Nación-Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, producto del silencio
administrativo frente a la solicitud de la demandante presentada el 27 de enero
de 2021, a través de la cual se le negó el reconocimiento de su pensión de
jubilación de conformidad con lo señalado por la Ley 33 de 1985, con acreditación
de 55 años de edad, 1000 semanas de cotización y con efectividad desde el 24
de enero de 2019, sin exigir el retiro definitivo del servicio.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, para que, reconozca y pague la pensión de jubilación en suma
«equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas anteriores al
cumplimiento del status jurídico de pensionado (a)», es decir, desde el 24 de
enero de 2019, cuando cumplió los 55 años de edad y 1000 semanas de
cotización, con la inclusión en nómina sin que se le obligue a retirarse del servicio
docente.

4. Finalmente solicitó que se ordene el ajuste de valor de las sumas generadas
de acuerdo con el IPC, así como el reconocimiento de los intereses moratorios;
que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 188, 192
y 195 del CPACA y que se condene en costas a la parte demandada.

2.1.2. Hechos.

5. Como fundamentos fácticos relevantes se señalaron los siguientes:

6. La señora María Pascuala Sánchez Mosquera, nació el 24 de enero de 1964,
por lo que actualmente cuenta con más de 55 años de edad.

7. Laboró durante más de veinte años al servicio de la docencia oficial antes de
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, a través de contrato de prestación
de servicios:

ENTIDADES DESDE HASTA
Municipio de Istmina 01/02/1987 30/06/1987
Municipio de Tadó (Chocó) 15/02/1995 31/12/1995
Municipio de Pereira Febrero de 1996 Diciembre de
2003 (con
interrupciones)

8. Posteriormente mediante Decreto 139 de 9 de febrero de 2004 se le nombró
en provisionalidad por parte de la Secretaría de Educación del municipio de

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Pereira por el periodo comprendido entre el 9 de febrero de 2004 y el 30 de junio
de 2006.
9. Luego fue nombrada como docente oficial en propiedad desde el 4 de junio de
2007 por parte de la Secretaría de Educación del departamento de Risaralda y
se encontraba en desempeño del cargo al momento de la presentación de la
demanda.

10. Al completar los 55 años de edad y 20 años de servicios, el 27 de enero de
2021 presentó solicitud de reconocimiento pensional de conformidad con lo
señalado por la Ley 33 de 1985 ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad que no emitió
respuesta alguna configurándose el silencio administrativo negativo.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

11. Como normas vulneradas citó los artículos 1.°, inciso 2.° de la Ley 33 de 1985,
15, numerales 1.° y 2.° de la Ley 91 de 1989, 6.° de la Ley 60 de 1993, 115 de la
Ley 115 de 1993, 279 de la Ley 100 de 1993, 81 de la Ley 812 de 2003, 1.° y 2.°
del Decreto 3752 de 2003.

12. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que el acto demandado
incurrió en violación directa a la ley comoquiera que la demandante se vinculó a
la docencia antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y en virtud de
lo señalado su artículo 81 le son aplicables las Leyes 33 y 62 de 1985 comoquiera
que la intención del legislador fue proteger los derechos de las personas que han
laborado antes del 2003, que estaban vinculados a la docencia oficial.

2.2. Contestación de la demanda3

13. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio dio contestación a la demanda en oposición a las
pretensiones de la demandante.
14. Para ello, señaló que a la demandante no le es aplicable el régimen de
transición, comoquiera que para el momento de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 no cumplía con el requisito de la edad de 55 años de edad para
hacerse beneficiaria del régimen anterior.

15. Adicionalmente, se vinculó como docente en propiedad el 4 de julio de 2006,
de acuerdo con el certificado único de historia laboral, es decir, con posterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que sus derechos
pensionales deben liquidarse bajo el régimen de prima media señalados en las

3Expediente digitalizado. Primera instancia. Archivo: «2. CONTESTACION A DEMANDA.docx».
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Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y por tanto no le es aplicable lo dispuesto por
la Ley 71 de 1988.
16. Ahora bien, respecto de los requisitos establecidos para obtener el
reconocimiento de la pensión de jubilación bajo la Ley 100 de 1993, la
demandante no acreditó «bajo los certificados correspondientes emitidos de los
fondos a los que haya aportado, el número de semana cotizadas». Además, en
cuanto a las órdenes de prestación de servicios y los nombramientos mediante
decretos, no se aprecian que sean para docencia ni el periodo laborado.
17. Finalmente propuso las excepciones de «inexistencia de la obligación o cobro
de lo no debido» y «prescripción de mesadas».

2.3. La sentencia apelada4.

18. El Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala Tercera de Decisión, mediante
sentencia de 30 de septiembre de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

19. En primer lugar advirtió que, si bien se demandó la nulidad del acto ficto o
presunto negativo por la falta de respuesta a la solicitud presentada por la
demandante el 27 de enero de 2021, empero la entidad dio respuesta mediante
la Resolución 0699 del 8 de octubre de 2021, notificada a la accionante el 13 de
octubre de 2021 luego de presentarse la demanda. Estimó que ante una eventual
decisión anulatoria del acto ficto objeto de demanda, la parte pasiva del litigio
debía tener en cuenta los efectos que en virtud de esta recaigan sobre la eficacia
y ejecutoria de la Resolución 0699 del 8 de octubre de 2021, con el fin de
materializar la orden judicial, pero en todo caso, sin que por esta razón se enerve
o se ponga en discusión su validez y existencia.

20. Luego de realizar una relación probatoria se refirió al marco jurídico y
jurisprudencial del régimen pensional de los docentes oficiales y con ello a las
Leyes 91 de 1989, 812 de 2003 y la sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 –
de 25 de abril de 20195 de los que concluyó que lo que define la aplicación del
régimen pensional de los docentes es la fecha de ingreso o vinculación al servicio
educativo oficial, bajo el entendido que, si lo fue antes del 27 de junio de 2003, le
serán aplicables las Leyes 91 de 1989 y Ley 33 de 1985 y si fue posterior quedará
sujeta a lo preceptuado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

21. En el caso de la demandante, encontró que su vinculación a la docencia oficial
inició con el departamento de Chocó bajo contratos de prestación de servicios en
el municipio de Istmina, del 1.° de febrero de 1987 al 30 de noviembre de 1987;

4 Archivo «14. 000 2019 03012 SENTENCIA 118.pdf», ibidem.
5 Radicado68001233300020150056901.
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luego en el municipio de Tadó, del 15 de febrero de 1995 hasta el 31 de diciembre
del mismo año; posteriormente en el departamento de Risaralda por OPS en el
municipio de Pereira desde febrero de 1996 hasta diciembre de 2003 con algunas
interrupciones; con nombramiento en provisionalidad en el municipio de Pereira
del 9 de febrero de 2004 al 30 de junio de 2006, y en propiedad del 4 de junio de
2007 en continuidad. Estimó que como fueron aportadas las copias de los
contratos de prestación de servicios aportados y el formato único para la
expedición de certificado de historia laboral, atendería a tales periodos para el
reconocimiento pensional como lo señaló el Consejo de Estado6; por tanto, tales
periodos podían ser contabilizados con el tiempo ejercido en propiedad y
provisionalidad; en consecuencia esa circunstancia le permite acceder a la
pensión de jubilación y como su vinculación al servicio docente fue anterior a la
vigencia de la Ley 812 de 2003, le son aplicables las Leyes 33 y 62 de 1985.

22. Por lo anterior, declaró la nulidad del acto ficto demandado, «Lo anterior sin
perjuicio de los efectos que esta anulación pueda acarrear respecto de la fuerza
ejecutoria de la Resolución No. (sic) 0699 del 08 de octubre de 2021».

23. En consecuencia, su pensión debía liquidarse con una tasa de reemplazo
equivalente del 75% del salario mensual promedio en el último año de servicios,
con efectividad a partir del 24 de enero de 2019, fecha de adquisición del estatus
pensional, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios
al consumidor, según certificación que expida el DANE. Para efectos de la
determinación de factores salariales a incluir en la liquidación, estableció que de
acuerdo con certificación aportada referente a los años 2018 y 2019, la
demandante percibió la asignación básica, la bonificación mensual docentes, la
bonificación pedagógica, la prima de servicios, prima de navidad y prima de
vacaciones; en consecuencia, de la lista de factores sobre los que se deben
calcular los aportes para los docentes en los términos de las Leyes 33 y 62 de
1985, en el caso particular de la demandante, sólo podía incluirse en la base de
la liquidación de la pensión de jubilación la asignación básica.

24. Coligió que, dado que la demandante tiene derecho al reconocimiento
pensional bajo los apremios anteriores a la Ley 812 de 2003, al encontrarse
afiliada al FNPSM, resultaba entonces procedente permitir la compatibilidad de
dicha prestación con el salario devengado en su ejercicio como docente, sin que
fuese necesario el retiro del servicio, por lo que la efectividad sería desde el 24
de enero de 2019. No se pronunció frente a los aportes relativos a los contratos
de prestación de servicios.

6 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández, sentencia del 13 de febrero de 2020,
radicación 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
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25. Igualmente ordenó el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo
192 del CPACA negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de
imponer condena en costas a cargo de la entidad.

2.4. Recurso de apelación

26. La apoderada de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio7 presentó recurso de
apelación, en el que, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y negar
las pretensiones de la demanda. Subsidiariamente solicitó la aplicación del
principio de la «[…] no reformatio in pejus, atinente de la parte resolutiva de la
providencia impugnada que ordenó la deducción legal de los aportes».

27. Par tal efecto realizó un recuento normativo y jurisprudencial, luego de lo cual
estimó que la demandante se vinculó al servicio oficial docente mediante Decreto
336 de 6 de julio de 2005 a partir del 12 de julio de 2005 y por ende es
improcedente acceder a sus pretensiones, dado que al existir una vinculación a
partir del año 2003 y con ello le son aplicables las pautas establecidas por las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. En algunos apartes hizo referencia a la Ley
71 de 1988.

28. Como sustento de lo anterior sostuvo que no es posible reconocer los tiempos
trabajados bajo la modalidad de OPS, toda vez que no existe sentencia que
reconozca la relación laboral a la «Secretaría de Educación del Departamento de
Pereira». Sumado a lo anterior, no existe obligación alguna a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, razón por la cual no se
entiende el criterio según el cual mi poderdante debe pagar una pensión de
jubilación bajo esos criterios

29. En cuanto a los factores salariales indicó que el artículo 1.° de la Ley 33 de
1985, enlistó en su artículo 3º, modificado por la Ley 62 de 1985, los factores que
serían considerados para la determinación de la base de los aportes por lo que
las pensiones de los empleados oficiales deben ser liquidadas sobre aquellos
que sirvieron de base para calcular los aportes.

2.5. Alegatos de segunda instancia

2.5.1. En esta oportunidad tanto las partes como el agente del Ministerio Público
no emitieron pronunciamiento.

7 Archivo
«29_660012333000202100309001RECIBEMEMORIAL20221014091633_TCDescargaTotalItem13314899
5113608125.pdf»
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30. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

31. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 8 de la Ley 1437 de 2011.

32. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

3.2. Problemas jurídicos

33. En esta oportunidad, le corresponde a la Sala determinar ¿si la señora María
Pascuala Sánchez Mosquera tiene derecho a que su pensión se le reconozca y
liquide a la luz de las Leyes 33 y 62 de 1985 por la inclusión de los periodos
laborados a través de contrato de prestación de servicios y le sean incluidos todos
los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus
pensional?

34. En caso de que la respuesta la anterior interrogante sea positiva, ¿debe
ordenarse adelantar las gestiones administrativas para obtener el reintegro de los
aportes en pensión tanto de los municipios de Tadó, Istmina y Pereira como de
los correspondiente a la demandante por los periodos en que laboró a través de
órdenes de prestación de servicios?

35. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala se referirá al régimen pensional
aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de Unificación del 25 de abril de
2019 y se verificará el acervo probatorio.

8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».

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3.3. Primer problema jurídico.

3.3.1. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de
Unificación del 25 de abril de 2019.

36. Mediante sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 la Sección Segunda
del Consejo de Estado9 unificó su criterio en torno a la forma de liquidar la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989, oportunidad
en la cual determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:

«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos
del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus
liquidaciones pensionales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los señalados en el citado artículo.

b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, se les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
Para la liquidación pensional los factores que se deben incluir en el ingreso base
de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones.»

37. A través de la sentencia citada, se precisó que, según el parágrafo transitorio
del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial, que
dependerá de la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite
cada docente, para tal efecto distinguió lo siguiente:

«I) El derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1 de
enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de
enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de servicios y 75% de los factores previstos
en la Ley 62 de 1985.
Lo anterior quiere decir, de acuerdo con esta regla, para el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación, los factores que debían tenerse en cuenta
en la base de la liquidación pensional, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, eran solo aquellos sobre los que se hubieran efectuado los aportes, esto es:

a) asignación básica mensual
b) gastos de representación
c) prima técnica, cuando sea factor de salario
d) primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario
e) remuneración por trabajo dominical o festivo
f) bonificación por servicios prestados

9Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.

Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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g) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada
nocturna

II) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Para este personal, el ingreso base de
liquidación se rige por lo previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados
por el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones».

38. Como se advierte, por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas
fijadas en ésta tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos
los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial
a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

3.3.2. Vinculación docente a través de contratos de prestación de servicios.
Tiempo computable para el reconocimiento pensional.

39. Esta Subsección en múltiples pronunciamientos ha tenido en cuenta el tiempo
laborado por el docente mediante contratos de prestación de servicios para el
reconocimiento de prestaciones de carácter periódico, como es el caso de la
pensión gracia10.

40. Igualmente la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia de
unificación jurisprudencial de 25 de agosto de 201611 estableció que la
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no
desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al
elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en
razón a que al igual que los vinculados por relación legal y reglamentaria (i) se
someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las
diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el
ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores
jerárquicos y (iii) desarrollan sus labores durante una jornada laboral de acuerdo
con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los
que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la
realidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen
una protección especial por parte del Estado.

10 Subsección B, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Bogotá, d. C., diecinueve (19) de enero de

dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 54001-23-33-000-2012-00180-01(1706-15).
11 Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Dr. Carmelo

Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001
(00882015).
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41. Específicamente frente a la pensión de jubilación, esta Subsección en
sentencia de 6 de febrero de 202012, explicó que el pronunciamiento que se
efectúe en el proceso ordinario de reconocimiento pensional con inclusión de
tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios puede darse
en dos escenarios con connotaciones diferentes, el primero, donde se persiga la
declaración de existencia del contrato realidad con todas sus connotaciones
laborales y prestacionales, y el segundo, en los casos en que únicamente se
persigue el cómputo de los periodos laborados a través de contratos de
prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación, evento
en el que es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la
comparecencia de la entidad de previsión.

42. Al resolver el caso concreto en la citada decisión de 6 de febrero de 202013
se reconocieron los tiempos laborados a través de contratos de prestación de
servicios para efectos del reconocimiento de pensional.

43. Finalmente es de resaltar que esta Subsección en sentencia de 23 de mayo
de 2024, dentro del proceso radicado 25000-23-42-000-2019-01673-0114 (1950-
2023) estimó que los tiempos de servicios desarrollados a través de contratos de
prestación de servicios previos al año 2003, eran aptos para lograr el
reconocimiento pensional docente según las previsiones de transición del artículo
81 de la Ley 812 de 2003, que permiten aplicar la regulación anterior contenida
en los artículos 2.º, parágrafo y 15 numeral 2.º de la Ley 91 de 1989 y que remite
para efectos pensionales al régimen de los empleados públicos del orden
nacional, consagrado esencialmente en la Ley 33 de 1985.

44. De acuerdo con todo lo anterior, esta Subsección considera procedente
contabilizar el tiempo durante el cual los docentes oficiales prestaron sus
servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios,
para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y en atención a la
clara línea jurisprudencia sobre la materia de esta Subsección y de la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 201615 según la cual la vinculación bajo la
modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su
labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el
servicio público de educación.

12 Proferida dentro del proceso radicado 54001-23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015), Accionante: Carlos
Isidro Díaz Lizarazo, con ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández.
13 Proferida dentro del proceso radicado 54001-23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015), Accionante: Carlos

Isidro Díaz Lizarazo, con ponencia del consejero dr. Gabriel Valbuena Hernández.
14 Con ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez.
15 Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Dr. Carmelo

Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001
(00882015).
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3.3.3. Caso concreto.

45. Para dar respuesta a la controversia jurídica se examinará el acervo
probatorio allegado a continuación.

3.3.2.1. Hechos demostrados

➢ De acuerdo con el registro civil de nacimiento y la copia de la cédula de
ciudadanía aportada16 a folio 16 del cuaderno principal, se tiene que la
señora María Pascuala Sánchez Mosquera nació el 24 de enero de 1964.

➢ Tiempos laborados:

➢ A través de contratos de prestación de servicios docentes:

A TRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO U ORDEN ENTIDAD TERRITORIAL DESDE HASTA DÍAS
DE PRESTACIÓN DE LABORADO
SERVICIOS U ORDEN S
DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS ALLEGADO
AL PROCESO.
Aportado a folio 53 delMunicipio de Istmina. 1.° de febrero 30 de noviembre 304
archivo pdf de 1987 de 1987
Para laborar como
«1_001DEMANDAANEXOS
docente en la escuela “La
.PDF». Expediente Colorada de abajo”.
digitalizado. Primera
instancia Sistema Samai.

Contrato de prestación de Municipio de Tadó 15 de febrero 31 de diciembre 334
servicios de 1995 de 1995
Para laborar como
Aportado a folio 54 ibidem docente en “Escuela
nocturna”.
Orden de prestación de Municipio de Pereira 22 de febrero 22 de diciembre 304
servicios de 1996 de 1996
Docente del Instituto Jorge ( por 10
Folio 55 ibidem Eliécer Gaitán. meses)

Orden de prestación de Municipio de Pereira 11 de marzo 16 de diciembre 279
servicios de 1997 de 1997
( por 9 meses
Folio 57 ibidem Docente del Instituto y 5 días)
Educativo San Carlos

16 Folios 33 y 34 del archivo pdf «1_001DEMANDAANEXOS.PDF». Expediente digitalizado. Primera
instancia Sistema Samai.
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Orden de prestación de Municipio de Pereira 5 de febrero 1.° de diciembre 274
servicios de 1998 de 1998
Docente del Instituto Hans
Folio 59 ibidem Drews Arango Por 9 meses y
26 días

Orden de trabajo docente Municipio de Pereira 16 de febrero 30 de marzo de 44
de 2000 2000
Así se precisó en Instituto Docente Agustín
certificación de laCorrales
Secretaría de Educación
Municipal de Pereira que
obra a folios 42 y siguientes
ibidem en la que se indica
el objeto del contrato, las
fechas de inicio y
terminación y el valor del
contrato o el escalafón de
acuerdo con el que se
cancela.

Orden de prestación de Municipio de Pereira 3 de abril de 14 de abril de 12
servicios 2000 2000
Docente del Instituto
Folio 62 ibidem Agustín Corrales
Orden de prestación de Municipio de Pereira 24 de abril de 28 de abril de 5
servicios 2000 2000

Folio 63 ibidem Docente del Instituto
Agustín Corrales
Orden de prestación de Municipio de Pereira 2 de mayo de 30 de mayo de 29
servicios 2000 2000
Docente del Instituto
Folio 64 ibidem Agustín Corrales
Orden de prestación de Municipio de Pereira 01 de junio de 16 de junio de 16
servicios 2000 2000
Así se indicó en
certificación de la
Secretaría de Educación
de Pereira, que obra a
folios 42 y siguientes
ibidem en la que se indica
el objeto del contrato, las
fechas de inicio y
terminación y el valor del
contrato o el escalafón de
acuerdo con el que se
cancela.

Orden de prestación de Municipio de Pereira 17 de julio de 30 de agosto de 43
servicios 2000 2000
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Docente del Instituto
Folios 66 ibidem Agustín Corrales
Orden de prestación de Municipio de Pereira 1.° de 7.° de diciembre 183
servicios Docente del Instituto septiembre de de 2000
Folio 67 ibidem Agustín Corrales 2000

Orden de prestación de Municipio de Pereira 19 de febrero 30 de marzo de 41
servicios de 2001 2001
Folio 68 Ibidem Docente del Instituto
Agustín Corrales
Orden de prestación de Municipio de Pereira 16 de abril de 15 de junio de 61
servicios 2001 2001

Así se precisó en
certificación de la
Secretaría de Educación
Municipal de Pereira que
obra a folios 42 y siguientes
ibidem en la que se indica
el objeto del contrato, las
fechas de inicio y
terminación y el valor del
contrato o el escalafón de
acuerdo con el que se
cancela.

Orden de prestación de Municipio de Pereira 19 de junio de 29 de junio de 10
servicios 001 2001
Docente del Instituto
Folio 69 ibidem Agustín Corrales
Orden de prestación de Municipio de Pereira 16 de julio de 28 de septiembre 73
servicios 2001 de 2001
Docente del Instituto
Folio 70 ibidem Agustín Corrales

Orden de prestación de Municipio de Pereira 1.° de octubre 30 de noviembre 61
servicios Docente del Instituto de 2001 de 2001
Folio 71 Ibidem Agustín Corrales

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Orden de prestación de Municipio de Pereira 18 de febrero 31 de marzo de 42
servicios Docente del Instituto de 2002 2002
Folio 74 Ibidem Agustín Corrales

También se allegó copia del Decreto 295 de 11 de marzo de 2002 de la Alcaldía de Pereira donde
se indicó que se encargada a la demandante de las funciones de directora. No se modificó su
vinculación pues se indicó que se encontraba por orden de prestación de servicios. ( ff. 82 y s.s.
ibidem)
Orden de prestación de Municipio de Pereira 1.° de abril de 30 de abril de 2002 30
servicios Docente del Instituto 2002
Folio 75 Ibidem Agustín Corrales

Orden de prestación de Municipio de Pereira 2 de mayo de 28 de junio de 2002 57
servicios Docente del Instituto 2002
Folio 76 Ibidem Agustín Corrales

Orden de prestación de Municipio de Pereira 15 de julio de 30 de septiembre 76
servicios Docente del Instituto 2002 de 2002
Folio 77 Ibidem Agustín Corrales

Orden de prestación de Municipio de Pereira 1.° de octubre 9 de diciembre de 70
servicios Docente del Instituto de 2002 2002
Folio 80 Ibidem Agustín Corrales

Adición a orden de Municipio de Pereira 10 de 21 de diciembre de 11
prestación de servicios Docente del Instituto diciembre de 2002
F. 81 Ibidem Agustín Corrales 2002
Orden de prestación de Municipio de Pereira 22 de enero 11 de abril de 2003 81
servicios de 2003
Docente del Instituto
Folio 85 ibidem Byron Gaviria . Primaria
Orden de prestación de Municipio de Pereira 21 de abril 20 de mayo de 30
servicios 2003 2003
Docente del Instituto
Folio 87 Ibidem Byron Gaviria . Primaria
Orden de prestación de Municipio de Pereira 21 de mayo 4 de julio de 2003 44
servicios de 2003
Docente del Instituto
Folio 88 Ibidem Byron Gaviria . Primaria
Orden de prestación de Municipio de Pereira 21 de julio de 20 de agosto de 30
servicios 2003 2003
Docente del Instituto
Folio 89 Ibidem Byron Gaviria . Primaria
Orden de prestación de Municipio de Pereira 21 de agosto 30 de septiembre 39
servicios de 2003 de 2003
Así se señaló en
certificación de la
Secretaría de Educación
de Pereira que obra a
folios 42 y siguientes
ibidem en la que se indica
el objeto del contrato, las
fechas de inicio y
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terminación y el valor del
contrato o el escalafón de
acuerdo con el que se
cancela.

Orden de prestación de Municipio de Pereira 1.° de octubre 31 de octubre de 31
servicios de 2003 2003
Docente del Instituto
Folio 91 Ibidem Byron Gaviria . Primaria
Orden de prestación de Municipio de Pereira 1.° de 12 de diciembre de 42
servicios noviembre de 2003
Docente del Instituto 2003
Folio 92 Ibidem Byron Gaviria . Primaria
Orden de prestación de Municipio de Pereira 11 de agosto 31 de agosto de 20 días
servicios de 2005 2005
Docente del Centro
Folio 103 Ibidem comunitario Cerritos
Orden de prestación de Municipio de Pereira 1.° de 30 de septiembre 30 días
servicios septiembre de de 2005
Docente del Centro 2005
Folio 104 Ibidem comunitario Cerritos
Orden de prestación de Municipio de Pereira 3 de octubre 31 de octubre de 28 días
servicios de 2005 2005
Docente del Centro
Folio 105 Ibidem comunitario Cerritos
Orden de prestación de Municipio de Pereira 1 de 15 de diciembre 45 días
servicios noviembre de 2005
Docente del Centro 2005
Folio 107 Ibidem comunitario Cerritos
Total tiempo por contrato de prestación de servicios. 7 años, 2
meses y 11 días

➢ En provisionalidad:

• Se allegó copia del Acta 203 de 14 de enero de 2004 donde se indicó que
la señora Sánchez Mosquera tomó posesión ante la Alcaldía del municipio de
Pereira del cargo de docente nombrada en provisionalidad, nombrada por
Decreto 887 de 30 de diciembre de 2003 (f. 93 Ibidem). Fue asignada a la
Institución Educativa Byron Gaviria.
• Se allegó Decreto 316 de 20 de junio de 2005 expedido por la Secretaría
de Educación del municipio de Pereira por el cual se dan por terminados los
nombramientos docentes realizados en provisionalidad en los años 2003, 2004 y
2005. (ff. 100 y s.s. ibidem). Esto con efectividad desde el 30 de junio de 2005.
• Se adjuntó copia del Decreto 090 del 13 de febrero de 2006 en la
Institución Educativa “Las Brisas” del municipio de Pereira. También se allegó
copia del acta de posesión 664 del 14 de febrero de 2006. Allí se indicó que fue
nombrada en provisionalidad ( ff. 109 y s.s. ibidem).
• Según certificación que obra a folio 47 se tiene que la demandante fue
retirada del servicio el 30 de junio de 2006.
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• Como se indica en certificación visible a folio 48, ingresó nuevamente al
servicio el 4 de junio de 2007 y que fue nombrada mediante Decreto 0515 de 29
de mayo de 2007.
• A través de Decreto 1516 de 24 de noviembre de 2008 proferido por el
departamento de Risaralda, se nombró en propiedad a varios docentes entre
ellos la demandante ( f.118 ibidem)

46. Total 3 años, 1 mes y cuatro días en provisionalidad.

47. En propiedad: desde el 24 de noviembre de 2008, hasta la fecha de
presentación de la demanda ( 21 de septiembre de 2021): 13 años y 4 días .

➢ Factores salariales percibidos:
48. Al proceso ( ff. 50 y s.s.) se allegó copia de certificación de 30 de septiembre
de 2020 del «FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.
FORMATO ÚNICO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE SALARIOS CONSECUTIVO NO .
0» donde se aprecian los factores salariales devengados desde enero de 2018 a
31 de diciembre de 2020 por parte de la señora María Pascuala Sánchez
Mosquera, como son: Asignación básica, bonificación mensual docentes,
bonificación pedagógica, prima de navidad, prima de servicios, prima de
vacaciones docentes.

3.3.3. Análisis sustancial

49. Para resolver el problema jurídico, la Sala de Subsección precisa que, en
efecto en este caso la demandante tiene derecho a que para el cómputo de su
tiempo de servicio laborado le sea calculado el acreditado a través de contratos
de prestación de servicios celebrados de manera interrumpida desde 1987 hasta
2005 dado que, dentro de su actividad probatoria el demandante acreditó los
elementos básicos del mismo, donde se señaló el objeto de la actividad
contratada, los periodos de servicios, las partes contratantes, el valor percibido
por contraprestación, donde es evidente que la labor desarrollada por el
accionante fue para la docencia, a cargo de los municipios de Tadó, Istmina y
Pereira.

50. En ese sentido, dado que la señora Sánchez Mosquera se vinculó a la
docencia, incluso a través de contratos de prestación de servicios, desde 1987,
es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 tiene
derecho a que su pensión sea reconocida y liquidada según las reglas dadas por
el legislador en las Leyes 33 y 62 de 1985, y las pautas dadas en la sentencia de
unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de 25 de abril de 2019,
dentro del proceso radicado 68001-23-33-000-2015-00569-01(0935-17)SUJ-
014-CE-S2-19, según las cuales debe acreditar 55 años de edad y 20 años de
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servicios. Además, em consonancia con la regla establecida respecto del ingreso
base de liquidación de la pensión de jubilación de los docentes oficiales
vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto con el
75% como tasa de reemplazo a luz de lo establecido por la Ley 33 de 1985.

51. Así, dado que María Pascuala Sánchez Mosquera nació el 24 de enero de
1964 se tiene que cumplió los 55 años de edad el 24 de enero de 2019, momento
para el cual ya tenía acreditados 20 años, 5 meses y 15 días.

52. Esto, sumados los tiempos desarrollados por contratos de prestación de
servicios, en provisionalidad y por nombramiento en propiedad. En esa medida
se tiene que los 20 años de servicios y 55 años de edad confluyeron el 24 de
enero de 2019 y por tanto, el año anterior a la adquisición del estatus pensional
es el comprendido entre enero de 2018 y enero de 2019.

53. Ahora, de los factores devengados, el único factor que ordenó el Tribunal
incluir en la liquidación pensional en virtud de la Ley 62 de 1985 es la asignación
básica.

54. Empero, el legislador ha contemplado otros factores que deben ser incluidos
en las pensiones de jubilación en el caso de los docentes, toda vez que pese a
no estar señalados de manera expresa en el listado de la Ley 62 de 1985, deben
ser incluidos, por disposición de los respectivos decretos anuales de salarios
expedidos por el Gobierno nacional para el personal docente, como es el caso
de la bonificación mensual docente y la bonificación pedagógica, factores sobre
los que se ha se ha pronunciado esta Corporación17, en anteriores oportunidades.
Empero la sala no se pronunciará sobre ellos en este caso dado que no fue objeto
de apelación por parte de la demandante y en virtud del principio de la non
reformatio in pejus.

55. Se advierte además que en este caso no operó el fenómeno de la
prescripción comoquiera que la prestación se causó desde el 24 de enero de
2019 y la petición de reconocimiento pensional se elevó ante la entidad el 27 de
enero de 2021.

56. Finalmente para la demandante, vinculada al servicio docente en el año 1987,
era compatible el percibir el salario y la pensión de jubilación en los términos de
la ley, como lo señaló el Tribunal, condición que opera para los docentes
vinculados antes de la Ley 812 de 2003. Por ende, si después del cumplimiento
del estatus la actora continuó laborando es perfectamente compatible que
perciba la pensión de jubilación que acá se ordena y el salario por su labor
docente.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de septiembre de 2020, radicado

52001 23 33 000 2016 00146 01 (2953-2018), con ponencia del consejero Rafael Francisco Suárez Vargas.
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57. En esa medida y dado que los demás aspectos de la decisión no fueron objeto
de apelación se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

58. Sin embargo, la Sala considera imperioso adicionar un numeral frente a los
aportes pensionales como lo indicó la entidad, por cuanto dada la calidad de
contratista ante los municipios de Tadó, Istmina y Pereira la accionante no podía
encontrarse afiliada al Fondo, porque para tales efectos debía ser nombrada y
posesionada como docente oficial a través de acto administrativo, es decir, no
pudo haber realizado las respectivas cotizaciones a dicha entidad de previsión
en los lapsos atrás indicado.

59. En todo caso, la docente debe acreditar la realización de aportes, sin
embargo, no obra prueba en el expediente que respalde tal hecho. En
consecuencia, se deben realizar las siguientes precisiones:

60. En la sentencia de unificación CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de 2016, esta
Corporación determinó sobre el pago de aportes pensionales lo siguiente:

«[…] la Administración deberá determinar mes a mes si existe diferencia entre los
aportes que se debieron efectuar y los realizados por el contratista, y cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión
solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

Para efectos de lo anterior, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la eventualidad
de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga
de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como
trabajador. […]»

61. De acuerdo con esta posición jurisprudencial es deber del demandante
demostrar las cotizaciones a pensión realizadas en su momento a cualquier
entidad, por el tiempo que perduró su relación contractual, a riesgo de que deba
pagar o completar el monto que como trabajador le correspondía abonar por ese
concepto, lo mismo sucede con la entidad empleadora.

62. En ese sentido el Fondo deberá repetir y en consecuencia solicitar a la
entidad de previsión a la que se hubiese encontrado afiliada la demandante en
el tiempo que fungió como contratista, el reembolso de los pagos hechos por
aquel bajo el concepto de aportes a pensión, siempre y cuando así se asegure y
acredite. En caso de que ello no hubiese ocurrido de dicha forma, estará
autorizado a descontar de las sumas adeudadas a la docente, los valores
equivalentes al porcentaje de cotización que como «trabajador» tuvo que haber
realizado por ese mismo período para completar el monto de la contribución a
su cargo18.

18 Sobre este aspecto, ver sentencia del 18 de febrero de 2021 proferida por esta Subsección del Consejo

de Estado en el proceso radicado: 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014)
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63. Asimismo, el FNPSM deberá realizar las actuaciones interadministrativas
correspondientes para que se adelante el cobro respectivo ante los entes
territoriales señalados, frente a las sumas faltantes por concepto de cotizaciones
a pensión que le habría correspondido a las referidas autoridades como
empleadoras de aquella, esto por los períodos durante los cuales se evidenció
una relación laboral subyacente, debidamente actualizadas.

64. Al respecto, vale la pena traer e a colación la sentencia de esta Subsección
de 23 de mayo de 2024, dictada dentro del proceso 25000-23-42-000-2019-
01673-01 (1950-2023)19 donde específicamente frente a este tema se señaló:

«[…]
Ahora, en cuanto a la autoridad obligada a pagar de los mentados conceptos, la
misma sentencia de unificación y la interpretación de los efectos de la configuración
de una relación laboral, permiten establecer que el sujeto responsable de tal carga
debe ser quien encubrió dicho vínculo de trabajo a través de contratos de prestación
de servicios, el cual para el asunto bajo estudio es el distrito capital de Bogotá.

Por tanto, ante la potestad de las entidades de previsión de recaudar los aportes
pensionales pendientes de pago, incluso en casos en los que luego se advierte la
configuración de relaciones laborales encubiertas como sucedió en este asunto, es
claro que el FOMAG tendrá que realizar actuaciones interadministrativas necesarias
para ello.
De este modo, si bien el distrito capital de Bogotá se encontraba obligado al pago de
los aportes derivados de la relación laboral encubierta, debe tenerse en cuenta que
estos implican una carga compartida entre el empleador y el trabajador, por lo que
efectivamente tendrá que seguirse la regla prevista en la aludida sentencia de
unificación de contrato realidad docente, así como en uno de los precedentes para
casos similares,20 en el sentido de que el FNPSM deberá verificar mensualmente si
la actora realizó aportes a pensión por los tiempos en que laboró mediante contratos
de prestación de servicios, y de ser así identificará si se presenta alguna diferencia
entre los montos cotizados.

De esta manera, en atención a que el ente territorial aludido no se encuentra
vinculado a la actuación, pero debe primar el principio de sostenibilidad financiera del
sistema en razón de los aportes a los que aquel estaba obligado, se ordenará al
FNPSM, ejecutar las actuaciones interadministrativas pertinentes y necesarias para
que se adelante el cobro actualizado al distrito capital de Bogotá, únicamente de las
sumas faltantes por concepto de cotizaciones a pensión pendientes de la señora
León Cifuentes (si existieren), y en todo caso solo en el porcentaje que le habría
correspondido a la referida autoridad como empleador de aquella, esto por los
períodos durante los cuales se evidenció una relación laboral subrepticia basada en
sendas relaciones contractuales.

En todo caso, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante su vínculo contractual y si no las hubiese hecho o
existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el
caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador, por lo que se autoriza a la
entidad accionada que descuente los valores que le correspondan a la reclamante
bajo el referido supuesto.

19 Con ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia

del 16 de junio de 2022. Radicado: 15001-23-33-000-2019-00357-01 (4678-2021).
835
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Rad icado : 66001-23-33-000- 2021-00309-01 (6649-2022)
De mandan te : M aría Pas c uala Sánc he z M os q uera

Adicionalmente, en virtud de esta misma facultad y con el fin de terminar de financiar
la prerrogativa en comento, es claro que la parte demandada también deberá solicitar
el giro de las cotizaciones efectuadas al entonces Cajanal (hoy UGPP), provenientes
de la relación legal y reglamentaria que sostuvo la accionante con el Ministerio de
Agricultura del 29 de enero de 1976 al 19 de enero de 1993, pues tal período está
siendo considerado para el reconocimiento de la pensión bajo estudio.»

3.5. De la condena en costas en segunda instancia

65. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

66. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

67. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

68. En consecuencia, no se impondrá condena en costas a la entidad demandada
por cuanto se accede parcialmente al argumento de la apelación promovido por
ella referente a acceder el reintegro de los aportes pensionales a cargo de las
entidades territoriales con las que se celebraron los contratos de prestación de
servicios.

69. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de septiembre de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala Tercera de Decisión , que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y
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20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Rad icado : 66001-23-33-000- 2021-00309-01 (6649-2022)
De mandan te : M aría Pas c uala Sánc he z M os q uera

restablecimiento del derecho promovida por la señora María Pascuala Sánchez
Mosquera contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, con fundamento en las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ADICIONAR el siguiente numeral a la sentencia del 30 de
septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala
Tercera de Decisión:

«10. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, deberá repetir en contra de las entidades
de previsión a las cuales la demandante acredite que se encontraba afiliada
durante el lapso que subsistió la relación contractual con los municipios de Tadó,
Istmina y Pereira, a fin de solicitar el reembolso de las cotizaciones a pensión
efectuadas en dicha oportunidad, siempre y cuando así lo demuestre o asegure
la señora María Pascuala Sánchez Mosquera. En todo caso, se autoriza al citado
fondo, descontar de los valores adeudados a la libelista en virtud de la condena,
los saldos pendientes parciales o totales en su contra si existen después del
cumplimiento del precepto anterior por concepto de aportes a pensión que en la
proporción como trabajador le correspondía efectuar por el período que subsistió
la relación contractual.
Igualmente, el Fondo deberá realizar las actuaciones interadministrativas
correspondientes para que se adelante el cobro respectivo ante los municipios
de Tadó, Istmina y Pereira, frente a las sumas faltantes por concepto de
cotizaciones a pensión que les habría correspondido como empleadores, por los
períodos durante los cuales se evidenció una relación laboral subyacente,
debidamente actualizadas.»

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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