Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00370-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00370-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2021-00370-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00370-01 (5770-2024)
Demandante: Jaime Eduardo Bernal Domínguez
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ─UGPP─
Tema: Marco normativo aplicable a la sustitución pensional. Valoración
probatoria a partir de las reglas de la sana crítica. REVOCA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la UGPP, contra la sentencia
proferida el dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se accedió a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Jaime Eduardo Bernal Domínguez instauró demanda contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social ─UGPP─, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho regulado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: Resolución Nro.
RDP027657 del 1° de diciembre de 2020, por medio de la cual se le negó el
reconocimiento y pago de la «pensión de sobrevivientes», con ocasión del
fallecimiento de la señora Sonia Trinidad Vargas Muñoz; Resolución Nro.
RDP001210 del 21 de enero de 2021, mediante la cual se confirmó en todas sus
partes el anterior acto; y Resolución Nro. RDP003935 del 18 de febrero de 2021,
por medio de la cual se resolvió, desfavorablemente, el recurso de apelación
interpuesto.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se le reconozca la «pensión
de sobrevivientes» y los intereses moratorios, en su calidad de compañero
permanente de la causante, desde el 7 de enero de 2020 y hasta que se le
reconozca la pensión sustitutiva.
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4. Que, en caso de no accederse al reconocimiento de los intereses moratorios, se
le paguen las mesadas retroactivas desde la fecha en que falleció su compañera
permanente, con la debida indexación.
HECHOS
5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
6. Que conformó una unión marital de hecho con la señora Sonia Trinidad Vargas
Muñoz, la cual se sostuvo desde enero de 1972 y hasta el 7 de enero de 2020, fecha
en la que ella falleció. Que de esa relación procrearon a Ileana Bernal Vargas.
7. Que su compañera permanente era pensionada por el Instituto de Seguros
Sociales desde el 1° de febrero de 2003, por lo que, una vez falleció, solicitó el
reconocimiento de la sustitución pensional, el cual se resolvió, desfavorablemente,
a través de los actos administrativos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
8. Consideró violados el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
13 de la Ley 797 de 2003.
9. En el concepto de violación manifestó que los actos demandados infringieron las
normas en las que debieron fundarse, porque cumplió a cabalidad con la calidad de
beneficiario de la pensión sustitutiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
47 de la Ley 100 de 1993. Que su caso satisface todos los postulados para que se
le reconozca la prestación, porque tuvo vida marital con la causante, durante los
últimos cinco años anteriores a su fallecimiento.
10. Señaló que los actos incurrieron en el vicio de falsa motivación, porque no se
tuvieron en cuenta las diferentes pruebas presentadas. Que la UGPP se limitó a
afirmar que no se acreditó el contenido y veracidad de la solicitud presentada, sin
indicar cuáles fueron las labores investigativas y probatorias que la llevaron a negar
el reconocimiento pensional pretendido.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
11. El 26 de noviembre de 2021 se admitió la demanda1.
12. La entidad argumentó que si bien eran ciertos los hechos referentes al
reconocimiento pensional que se hizo a favor de la causante, no le constaban los
relacionados con el cumplimiento de los requisitos por parte del demandante para
ser beneficiario del reconocimiento de la sustitución pensional, porque no acreditó
la convivencia durante los últimos cinco años de vida con la causante, ya que el
Informe Investigativo Nro. 245681 del 9 de junio de 2020 determinó que no se
acreditó el contenido y la veracidad de la solicitud.
1 Véase el archivo «14_014AUTOADMITEDEMANDA» del expediente digital.
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13. Propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación, cobro de lo no
debido, buena fe, prescripción y genérica2.
14. El 9 de febrero de 2024 se celebró audiencia inicial, en la que se fijó el litigio y
se decretaron las pruebas3. Se corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó
sentencia que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
15. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del dieciocho (18)
de julio de dos mil veinticuatro (2024), accedió a las pretensiones, para lo cual indicó
que las declaraciones extrajuicio rendidas fueron coincidentes con los testimonios
recaudados en el proceso, los cuales afirmaron que el accionante convivió con la
causante hasta la fecha de su muerte y durante los cinco años anteriores a dicho
deceso, lo cual, a su vez, guardaba relación con lo expuesto por los testigos Luz
Mary Arias Gómez, Martha Lucía Herrera Botero, Ileana Bernal Vargas; y lo
expuesto en el interrogatorio de parte.
16. Que las declaraciones extraproceso, los testimonios del proceso y el
interrogatorio de parte fueron categóricos en afirmar y dar cuenta de las condiciones
de convivencia, precisando que si bien cada uno de ellos vivía en un apartamento
diferente en la ciudad de Pereira, sí tenían una relación de pareja ─de la cual
tuvieron una hija─, que se extendió hasta el fallecimiento de la señora Sonia
Trinidad Vargas, la cual se caracterizaba por las muestras de afecto, apoyo,
compañía y convivencia.
17. Que aun cuando la regla social tradicional más extendida en Colombia es que
cuando dos personas inician una relación estable y seria deben casarse y mudarse
bajo un mismo techo, lo cierto era que la realidad supera los preconceptos o las
reglas generales, por lo que podía encontrarse que un reducido, pero creciente
número de personas, desafía ese concepto tradicional de familia y, además de
decidir que no se casarán, conservan su domicilio personal sin fijar un techo en
común con su pareja, sin que por ello la unión marital pueda confundirse con un
simple amorío o noviazgo.
18. Indicó que comprobado el acuerdo entre la pareja, el juzgador no podía hacer
juicios de valor sobre el mismo, pues la Constitución no excluye ningún tipo de
familia, sino que las protege a todas por igual, ya que no tiene la intención de
estandarizar un tipo de familia determinado. Que lo único que se requiere, a efectos
de conformar un hogar, es la decisión libre, espontánea y recíproca de dos personas
dispuestas a unir sus vidas con el fin de brindarse auxilio económico y asistencia
mutua, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 Superior.
19. Que, además, la Corte Constitucional, en Sentencia T-245 de 2007, determinó
que el requisito de la convivencia mínima de cinco años previos a la muerte del
causante no implica vivir bajo el mismo techo, siempre y cuando exista una causa
justificada para la separación de cuerpos. Que ello significa que, en principio, para
2 Véase el archivo «19_019CONTESTACIONDEMANDA» del expediente digital.
3 Véase el archivo «042_040ACTAAUDIENCIASINICIALPRUEBAS» del expediente digital.
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que haya convivencia se exige vida en común de la pareja y que no se desvirtúa el
concepto de familia en la separación, siempre que esta obedezca a una causa
razonable que la justifique, porque, de lo contrario, lo que no existiría es esa
voluntad de conformar un hogar y tener una comunidad de vida.
20. Manifestó que, pese a que el demandante y la causante vivían por separado,
ello no impedía que se comportaran como pareja y acreditaran una vocación de
estabilidad, permanencia, exclusividad, acompañamiento espiritual permanente,
apoyo económico y vida en común, sin que se observen inconsistencias,
incongruencias o contradicciones entre los declarantes, porque todos hicieron
referencia al tiempo durante el cual mantuvieron un vínculo.
21. Que era claro que sí es posible que una pareja tenga una vida en común y
conserven, cada uno ellos, su domicilio personal, destinado a la pernoctación o a la
vida solitaria, porque la misma jurisprudencia ha aceptado que puede configurarse
una unión marital de hecho, incluso, cuando la pareja no convive todo el tiempo bajo
el mismo techo, porque lo que debe tener en cuenta el juez es la presencia del
apoyo mutuo, el auxilio, el socorro, la solidaridad y la comunidad familiar; y no tanto
aspectos como la cohabitación o la fidelidad o, incluso, la ausencia de relaciones
sexuales entre quienes conforman la pareja.
22. Concluyó que el acervo probatorio ofreció suficientes elementos de convicción
que permitieron corroborar que entre el demandante y la causante hubo
acompañamiento permanente, apoyo económico y vida en común, la cual se
mantuvo hasta la fecha del fallecimiento, a pesar de tener lugares diferentes de
residencia. Que las pruebas dieron por acreditada la condición de compañero
permanente y la convivencia durante los últimos cinco años de vida entre el señor
Jaime Eduardo Bernal Domínguez y la señora Sonia Trinidad Vargas Muñoz4.
RECURSO DE APELACIÓN
23. La demandada interpuso recurso de apelación en el que indicó que disentía de
la interpretación que asumió el Tribunal Administrativo al reflexionar que, de las
pruebas, lograba inferirse que entre el demandante y la señora Sonia Trinidad
Vargas Muñoz existió una unión marital de hecho desde enero de 1972 y hasta el 7
de enero de 2020.
24. Que el proceso dejó en claro que la calidad de compañeros permanentes no
perduró hasta la fecha de fallecimiento de la causante, porque solo podía concluirse
que entre ellos existió, al menos, una relación de amistad durante los últimos años
de vida de la señora Vargas Muñoz.
25. Que las pruebas testimoniales dieron cuenta de que vivían en domicilios
diferentes; que su vida afectiva se limitaba a paseos en centros comerciales, de
manera eventual; que no existía dependencia económica, en la medida que cada
uno asumía sus propias necesidades; que no tenían intención de vivir en pareja; y
que no demostraron los encuentros íntimos como pareja.
4 Véase el archivo «044_044SentenciaPrimeraInstanciaAccede» del expediente digital.
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26. Concluyó que un análisis más riguroso del material probatorio permitiría deducir
que la entidad actuó bajo el cumplimiento de la ley, sin extralimitar sus funciones y
de buena fe, porque acató los principios y alcances de la legislación relativa a la
sustitución pensional.
27. Que, al no existir, de manera clara e inequívoca, una unión marital durante los
últimos cinco años de vida de la señora Sonia Trinidad Vargas Muñoz con el
demandante y al no demostrarse la convivencia, no nacía el derecho a la sustitución
pensional. Por lo tanto, las pretensiones no estaban llamadas a prosperar.
28. Finalmente, solicitó que de confirmarse la decisión de primera instancia, se
mantenga la no condena en costas5.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
29. El 25 de noviembre de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso
que, una vez ejecutoriado, el expediente pasaría al despacho para dictar sentencia
sin necesidad de traslados6.
30. Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no emitió concepto.
31. Por memorial del 3 de septiembre de 2025, el abogado de la parte demandante
solicitó que se tuviera como sucesora procesal a la señora Ileana Bernal Vargas, en
consideración a que el señor Jaime Eduardo Bernal Domínguez falleció el 10 de
abril de 2024, tal y como se inscribió en el registro civil de defunción con indicativo
serial Nro. 111227107.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
32. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico
que deberá resolver la Sala consiste en determinar si el señor Jaime Eduardo Bernal
Domínguez, quien aduce la condición de compañero permanente, satisface los
presupuestos legales para ser beneficiario de la sustitución pensional, con ocasión
del fallecimiento de la señora Sonia Trinidad Vargas Muñoz, específicamente, frente
al requisito de convivencia efectiva.
Marco normativo aplicable a la sustitución pensional
33. Dentro de un sistema integral de protección del derecho a la seguridad social,
la inclusión del riesgo por muerte se configura en uno de sus pilares fundamentales,
en cuanto la ausencia definitiva de la persona que atendía el sostenimiento del
grupo familiar deja en situación de desamparo a los integrantes de este.
34. Con la finalidad de atender dicha contingencia, se reguló el derecho a la
sustitución pensional como un mecanismo de protección a los familiares del
5 Véase el archivo «045_046ApelaUGPP_MEMOWEB» del expediente digital.
6 Véase a índice 5 de SAMAI.
7 Véase a índice 16 de SAMAI.
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pensionado, que busca suplir la ausencia repentina del apoyo económico que
brindaba un afiliado al grupo familiar y, así, evitar que su deceso se traduzca en un
cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas
beneficiarias de dicha prestación. Este derecho es una protección directa a la
familia, cualquiera que sea su origen o fuente de conformación.
35. Atendiendo a que el fallecimiento de la causante se dio el 7 de enero de 2020,
las normas que gobiernan la sustitución pensional debatida son las vigentes al
momento del deceso de esta, es decir, la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley
797 de 2003, la cual, respecto de los beneficiarios estableció lo siguiente:
«ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES. <Expresiones "compañera o compañero permanente" y
"compañero o compañera permanente" en letra itálica CONDICIONALMENTE
exequibles>
<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es
el siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera
o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no
menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La
pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración
máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para
obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el
causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera
permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir
parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha
pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con
el fallecido.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre
un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el
beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no
existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay
una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá
reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido
superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra
cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad
conyugal vigente; […]» (cursivas, negrillas y subrayas originales).
36. Respecto al requisito de la convivencia, esto es, los cinco años continuos
inmediatamente anteriores a la muerte del causante, es claro que el legislador lo
previó como un mecanismo de protección, para salvaguardar a los beneficiarios
legítimos de quienes pretenden buscar solo un provecho económico.
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37. Igualmente, deberá acreditarse la vocación de estabilidad y permanencia, por
lo que no se tienen en cuenta aquellas relaciones casuales, circunstanciales,
incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida
el fallecido pensionado.
Resolución del caso concreto
38. Dentro del proceso se observan las siguientes pruebas que constituyen piezas
importantes en la resolución del asunto:
39. La señora Sonia Trinidad Vargas Muñoz y el señor Jaime Eduardo Bernal
Domínguez procrearon a Ileana Bernal Vargas, quien nació el 25 de febrero de
19738.
40. Mediante Resolución Nro. 000055 del 13 de febrero de 2003, el Instituto de
Seguros Sociales le reconoció a la señora Sonia Trinidad Vargas Muñoz una
pensión de jubilación, efectiva a partir del 1° de febrero de 20039. Dicha prestación
se reajustó a través de la Resolución Nro. 000269 del 26 de marzo de 200410.
41. El 17 de marzo de 2015, el Leasing Corficolombiana certificó que los señores
Sonia Trinidad Vargas Muñoz, Jaime Eduardo Bernal Domínguez e Ileana Bernal
Vargas tenían inversiones financieras ante esa entidad11.
42. La señora Vargas Muñoz falleció el 7 de enero de 2020, tal y como se inscribió
en el registro civil de defunción con indicativo serial Nro. 0963445312.
43. El 17 de marzo de 2020, el señor José Mario Vargas Muñoz, hermano de la
causante, rindió una manifestación escrita en la que señaló que entre la señora
Sonia Trinidad Vargas Muñoz y el señor Jaime Eduardo Bernal Domínguez existió
una comunidad de vida, como compañeros permanentes, desde principios de 1972
y hasta la fecha en que falleció la causante, fruto de la cual procrearon a una hija13.
44. El 19 de mayo de 2020, el señor Jaime Eduardo Bernal Domínguez rindió
declaración extrajuicio en la que adujo que sostuvo una unión marital de hecho con
la señora Vargas Muñoz desde el 1° de enero de 1972 y hasta el 7 de enero de
2020, fecha en la que ella murió en la ciudad de Barranquilla. Que procrearon una
hija; que, para ese momento, tenía más de 25 años y no presentaba ningún tipo de
discapacidad; y que él era la única persona llamada a reclamar la pensión
sustitutiva, porque la causante no tenía más herederos o beneficiarios14.
45. El 28 de mayo de 2020, las señoras Luz Mary Arias Gómez y Martha Lucía
Herrera Botero, amigas del demandante, rindieron declaración extrajuicio en las que
indicaron que lo conocían desde hacía más de 50 años y que tenía una unión marital
8 Véase a folio 27 PDF del archivo «4_004ANEXOSDEMANDA» del expediente digital.
9 Véase a folios 31-37 PDF del archivo «18_018EXPEDIENTEADTIVOUGPP» del expediente digital.
10 Véase a folios 54-55 PDF, ibid.
11 Véase a folio 33 PDF del archivo «4_004ANEXOSDEMANDA» del expediente digital.
12 Véase a folio 29 PDF, ibid.
13 Véase a folios 35-36 PDF, ibid.
14 Véase a folios 42-43 PDF, ibid.
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de hecho con la señora Sonia Trinidad Vargas Muñoz desde enero de 1972 y hasta
que ella falleció; y que, fruto de su relación, procrearon una hija15.
46. El 9 de junio de 2020, la empresa COSINTE rindió el informe técnico de
investigación Nro. 2020_5350748, en el que concluyó lo siguiente:
«[…] NO SE ACREDITÓ el contenido y la veracidad de la solicitud presentada
por Jaime Eduardo Bernal Domínguez, una vez analizadas y revisadas cada
una de las pruebas aportadas en la presente investigación administrativa.
Ya que se corroboró que la señora Sonia Trinidad Vargas Muñoz y el señor
Jaime Eduardo Bernal Domínguez no convivieron los últimos 5 años de vida de
la causante.
Los implicado (sic) convivieron desde el 1 de enero de 1972 según extra juicio
del solicitante hasta el 2014 promedio ya que entre ellos deciden vivir en
apartamentos diferentes, información que aporto (sic) los hermanos de la
causante, extra juicios y empleados de los edificios donde vivió cada
implicado»16 (negrillas originales).
47. Con base en el anterior informe, mediante Resolución Nro. RDP027657 del 1°
de diciembre de 2020, la UGPP le negó al demandante el reconocimiento y pago de
la «pensión de sobrevivientes», con ocasión del fallecimiento de la señora Sonia
Trinidad Vargas Muñoz17. Esa decisión fue confirmada a través de las Resoluciones
Nro. RDP001210 del 21 de enero de 202118 y RDP003935 del 18 de febrero de
202119.
48. El 5 de mayo de 2021, la señora María Nubia Franco Pineda, empleada del
servicio doméstico de la causante, rindió declaración extrajuicio en la que manifestó
que conocía a la señora Sonia Trinidad Vargas Muñoz desde hacía 12 años y que
por eso le constaba que el señor Jaime Eduardo Bernal Domínguez era su
compañero permanente, con quien tenía una hija.
49. Que el señor Bernal Domínguez adquirió un apartamento en el que vivía solo,
ya que el espacio de la vivienda de la causante era reducido, en especial, cuando
la hija, que vive en Barranquilla, los visitaba en Pereira e iba con su esposo e hijo.
50. Señaló que ella también prestaba los servicios domésticos en el apartamento
del señor Jaime Eduardo, lo cual hacía por orden de la señora Sonia Trinidad. Que
ellos realizaban actividades de pareja como viajes tanto en el interior, como en el
exterior del país; que se visitaban constantemente en la vivienda de cada uno de
ellos y, cuando ella no estaba laborando, los señores comían por fuera de la casa;
que cuando el señor Jaime estaba enfermo, era la señora Sonia la que lo
acompañaba en las consultas médicas y lo cuidaba; y que cuando la señora Sonia
falleció en la ciudad de Barranquilla, fue el señor Jaime, junto con su hija y yerno,
quienes estuvieron acompañando a la señora Sonia20.
15 Véase a folios 40-41 PDF, ibid.
16 Véase a folios 841-845 PDF del archivo «18_018EXPEDIENTEADTIVOUGPP» del expediente digital.
17 Véase a folios 4-7 PDF del archivo «4_004ANEXOSDEMANDA» del expediente digital.
18 Véase a folios 10-13 PDF, ibid.
19 Véase a folios 16-19 PDF, ibid.
20 Véase a folios 37-39 PDF, ibid.
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51. El 9 de febrero de 2024 se celebró audiencia de pruebas en la que se
practicaron los testimonios de María Nubia Franco Pineda, Martha Lucía Herrera
Botero, Ileana Bernal Vargas, Luz Mary Arias Gómez y José Mario Vargas Muñoz.
52. La señora María Nubia Franco Pineda, empleada del servicio doméstico de la
causante, manifestó que trabajó para ella por 12 años, esto es, desde 2008 y hasta
octubre de 2019, fecha en la que la señora Sonia se trasladó a la ciudad de
Barranquilla, dado que comenzó a tener afecciones de salud. Que el señor Jaime
Eduardo vivía en la misma casa con la señora Sonia, pero que él tenía su propio
apartamento, en el cual también tuvo oportunidad de prestar sus servicios como
empleada del servicio.
53. Que los señores Sonia y Jaime procrearon a Ileana y que no tenía conocimiento
de que ellos hubieran procreado otros hijos o que hubieran tenido otras parejas
sentimentales. Que no le constaba que la pareja se hubiera separado, pues viajaban
y se acompañaban mutuamente a las citas médicas que tuvieran ambos. También
señaló que el señor Jaime Eduardo tenía llaves del apartamento de la causante, así
como que guardaba sus objetos personales en dicha residencia.
54. Adujo que tuvo conocimiento que la pareja, de común acuerdo, decidió vivir en
inmuebles distintos; que la señora Sonia Trinidad no tenía objetos personales en el
apartamento del señor Jaime Eduardo, dado que ella permanecía en su casa, en la
que él también se encontraba con regularidad, pero que ella tenía acceso al
apartamento del señor Jaime porque contaba con llaves de ese lugar; que para
2019, cuando la señora Sonia se trasladó para la ciudad de Barranquilla, el
demandante también lo hizo; que la relación entre ellos siempre fue de pareja, pues
se comportaban como marido y esposa y siempre se trataban de forma muy decente
y respetuosa.
55. La señora Martha Lucía Herrera Botero, amiga de la causante, indicó que
conoció a la señora Sonia Trinidad desde que estudiaron el bachillerato y que,
semanalmente, se visitaban. Que la causante tuvo una hija con el señor Jaime
Eduardo y que si bien él tenía un apartamento, la pareja permanecía unida, a pesar
de que optaron, por estilo de vida, convivir en inmuebles distintos. También señaló
que la pareja viajaba mucho al exterior y que tenían un trato normal de pareja.
56. Que la señora Sonia falleció en enero de 2020, en la ciudad de Barranquilla,
lugar al que se había trasladado junto a Jaime Eduardo, con ocasión de una
enfermedad huérfana que se le diagnosticó. Que como la hija y el yerno son
médicos que viven y trabajan en Barranquilla, se mudaron para esa ciudad, con el
fin de seguir su tratamiento allá. Que después de haberse mudado para
Barranquilla, supo por un tercero que el demandante acompañó a la causante en el
tiempo que esta permaneció en la clínica.
57. Manifestó que la pareja se presentaba como esposos; que no tuvieron más hijos
ni parejas; que no le consta que se hubieran separado, más allá del acuerdo de que
vivían en apartamentos separados; que una vez se enfermó la señora Sonia
Trinidad, fue el demandante quien la socorrió y acompañó durante el tiempo que
ella permaneció en el hospital; que no le consta la forma en la que se repartían los
gastos económicos como pareja; que estuvieron juntos por alrededor de cincuenta
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años; y que no le consta que el señor Bernal Domínguez tuviera objetos personales
en la casa donde vivía la causante, más allá de saber que él pernoctaba en esa
vivienda frecuentemente.
58. La señora Ileana Bernal Vargas, hija de la causante y del demandante, señaló
que sus padres vivieron bajo el mismo techo desde que ella nació, pero que no
recordaba la fecha en la que separaron la convivencia en la misma vivienda. Que
sus papás vivían en apartamentos separados por una decisión de común acuerdo,
pero que siempre se presentaban como esposos y pasaban cierto tiempo en una
casa y el resto del tiempo, en la otra; y que cuando ella los visitaba, convivían en el
apartamento en el que regularmente permanecía su mamá.
59. Que los gastos de ambos apartamentos eran compartidos, pero que el mayor
aporte económico era por parte de su papá, ya que él cubría el pago de la medicina
prepagada de ambos; que sus papás se brindaban un trato de pareja, por lo que las
actividades relacionadas con las citas médicas, el mercado, el pago de los servicios
públicos y los viajes siempre eran compartidas; que sus papás no contrajeron
nupcias; que ambos tenían llaves de los dos apartamentos; y que su papá tenía
objetos personales en la vivienda en la que su mamá residía la mayor parte del
tiempo y viceversa.
60. Señaló que ni su papá ni su mamá tuvieron otra pareja sentimental; que a la
causante se le diagnosticó amiloidosis cardíaca, razón por la que decidieron
trasladarla a Barranquilla en noviembre de 2019, ya que en Pereira no se contaba
con personal de la salud que fuera especializado en esa enfermedad. Que el
traslado de la señora Sonia Trinidad lo hizo ella, en compañía de su esposo, y que
su papá llegó días después a la ciudad y se quedó allí hasta que su mamá falleció
en enero de 2020.
61. Que si bien sus padres llegaron al acuerdo de vivir en apartamentos separados,
la compra del otro apartamento obedeció, inicialmente, a una inversión económica
que hicieron como pareja, pero que después decidieron ocupar ambas viviendas y
la empleada del servicio, que era la señora Nubia, prestaba sus servicios en los dos
apartamentos, de quien recuerda que estuvo más o menos diez años trabajando
para sus papás. Finalmente, manifestó que tanto su papá como su mamá eran
pensionados y que la distribución de los gastos, mayoritariamente, las asumía este.
62. La señora Luz Mary Arias Gómez, amiga de la causante, manifestó que todos
los días se encontraba a la señora Sonia Trinidad en el centro comercial, quien
siempre estaba merendando con el señor Jaime Eduardo. Que jamás conoció que
alguno de ellos tuviera otra pareja sentimental o hijos, ya que solo procrearon a
Ileana, con quien su hija estudió en el colegio. Que le consta que Jaime Eduardo y
Sonia Trinidad vivieron por varios años bajo el mismo techo, pero que luego se
enteró que cada uno vivía en un apartamento distinto.
63. El señor José Mario Vargas Muñoz, hermano de la causante, señaló que esta
nunca contrajo nupcias propiamente, pero que sostuvo una relación por alrededor
de 50 años con el señor Jaime Eduardo, con quien procreó a Ileana. Que cuando
nació la hija de la pareja, su hermana vivía en Bogotá, pero después se trasladó
para Pereira, donde vivían con el demandante en el mismo techo.
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64. Que aun cuando Jaime Eduardo y Sonia vivían en apartamentos distintos, lo
cual fue una decisión de común acuerdo, ellos continuaron siendo una pareja hasta
la fecha en que esta falleció. Que el demandante permanecía más tiempo en la
vivienda en la que residía con mayor frecuencia su hermana, que en la de él, lo cual
le constaba porque como trabajaba cerca de la casa de la señora Sonia Trinidad,
esta lo invitaba a almorzar y allí se encontraba con el accionante.
65. Indicó que el señor Bernal Domínguez tenía un closet con sus pertenencias en
la casa de la señora Sonia Trinidad; que las celebraciones de cumpleaños, día de
la madre, navidad y año nuevo las pasaban todos juntos como familia, por lo que
sostuvo que el señor Jaime Eduardo también estaba presente en dichas fechas, las
cuales se festejaban en el apartamento de su hermana; que el trato que ellos se
daban era el de pareja, de manera cordial y respetuosa; que el demandante no tuvo
otra relación sentimental con otra mujer, pues siempre estuvo con su hermana.
66. También manifestó que si bien no le consta la razón por la que decidieron
separar viviendas, podía sostener que la pareja siempre permaneció unida y hacían
todas las actividades acompañados el uno del otro; que no tenía conocimiento de
cómo se distribuían los gastos económicos, pero que le constaba que todo era
compartido; que ellos se presentaban frente a terceros como esposos; que las veces
que él amaneció en la casa de su hermana, daba fe que la pareja dormía en la
misma alcoba; que cuando la señora Sonia se enfermó, fue el demandante quien la
atendió y cuidó; que ni Sonia, ni Jaime Eduardo tuvieron otros hijos, solo a su
sobrina Ileana; y que cuando su hermana se trasladó para Barranquilla, el
demandante la acompañó y estuvo a su lado.
67. En esa misma diligencia se practicó interrogatorio de parte al señor Jaime
Eduardo Bernal Domínguez, quien sostuvo que desde 1998, aproximadamente,
llegó a un acuerdo con la señora Sonia de vivir en casas separadas para mayor
comodidad. Que el apartamento en el que vivía ella fue un regalo de su parte y que
un año después de ella haberse mudado para allí ocurrió el terremoto, que destruyó
la vivienda en la que él residía, razón por la que se mudó de nuevo para estar bajo
el mismo techo con la causante.
68. Que después de eso vivió con la señora Vargas Muñoz bajo el mismo techo por
2 o 3 años aproximadamente, ya que luego adquirió el apartamento en el que residía
para ese entonces; que los gastos económicos eran repartidos, de manera que cada
uno compraba sus propios víveres, pero él asumía el pago de la medicina
prepagada de ambos y los viajes que realizaron juntos fueron pagados,
fundamentalmente, por él; y que entre ellos no hubo matrimonio formal.
69. Indicó, además, que la empleada doméstica de la causante también le prestaba
sus servicios en el apartamento donde él residía; que aquellas ocasiones en la que
él estuvo mal de salud o tuvo intervenciones quirúrgicas, era la señora Sonia
Trinidad quien lo cuidaba, ya que él se quedaba en el apartamento en el que ella
residía con mayor frecuencia; que cuando pernoctaba en la vivienda de la señora
Sonia, él dormía en el mismo cuarto con ella; y que él siempre presentó a Sonia
como su esposa.
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70. Manifestó que en la casa de la señora Sonia él conservaba algunas de sus
pertenencias, como prendas de vestir y elementos de aseo; que nunca sostuvo otra
relación de pareja; que, para finales de 2019, la señora Sonia presentó quebrantos
de salud, razón por la que se trasladó para Barranquilla en el mes de noviembre,
donde falleció en enero de 2020; que los gastos funerarios los asumió el seguro que
tenían.
71. Que nunca declaró la unión marital de hecho con la señora Sonia Trinidad; que
no hicieron capitulaciones y tenían sociedad patrimonial conformada; que una vez
falleció la causante, se abrió la sucesión y su hija Ileana fue la beneficiaria como
única heredera; que cada uno tenía su afiliación a la seguridad social, en especial,
porque la señora Sonia era pensionada; que su hija los visitaba varias veces en el
año en la ciudad de Pereira y que se quedaba en el apartamento de la señora Sonia,
donde él también estaba, pero que en otras ocasiones él dormía en su vivienda.
72. Adujo que cuando él tenía problemas de salud, permanecía por varios días en
la casa de la señora Sonia y que cuando viajaban, días previos, él también
pernoctaba allí por varios días con el fin de estar juntos en los preparativos; que la
señora Nubia Franco prestó sus servicios domésticos a la causante hasta que esta
se mudó para Barranquilla; y que a pesar de residir en viviendas separadas, siempre
se brindaron ayuda mutua, porque el vivir por separado fortaleció más su relación
ya que compartían y viajaban con mayor frecuencia.
73. Con base en lo que antecede, la Sala pone de presente, en primer lugar, que la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su rol concreto de administrar
justicia, no es ajena a los hechos que influyen en la construcción social de la
legalidad. Lejos de operar como una autoridad judicial aislada o mecánica frente a
la denominación genérica de lo que supone aplicar o cumplir la ley, el juez
administrativo actúa inmerso en una realidad dinámica donde las transformaciones
sociológicas moldean constantemente el sentido del derecho positivo.
74. Sin embargo, ese proceso de adaptación y sensibilidad jurídica frente a la
evolución social no debe confundirse con una flexibilización de las reglas de la sana
crítica, de manera que para esta Sala es palmario que el juez administrativo debe
mantener un equilibrio riguroso, donde la necesaria evolución conceptual del
derecho no reemplace la exigencia de una prueba idónea, conducente y pertinente
para fundar la responsabilidad del Estado o la legalidad de sus actos.
75. Respecto a la evolución conceptual del derecho, es claro que la jurisprudencia,
refiriéndose al requisito de la convivencia para obtener el reconocimiento de la
sustitución pensional y a la ausencia de esta bajo el mismo techo, ha determinado
que la cohabitación de los cónyuges o compañeros permanentes bajo el mismo
techo puede interrumpirse, pues la separación de cuerpos puede responder a una
causa justificada, por lo que «[…] la interrupción de la convivencia no implica,
automáticamente, la pérdida del derecho a la sustitución pensional y, en
consecuencia, le corresponde al juez analizar las diversas circunstancias que
pueden rodear las relaciones de pareja y, en cada caso, verificar si la interrupción
de la cohabitación obedece a una causa justificada»21.
21 Corte Constitucional. Sentencia SU-056 de 2025. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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76. Concretamente, la Corte Suprema de Justicia ha identificado en su
jurisprudencia que la violencia intrafamiliar, las situaciones de salud, las
obligaciones laborales, entre otras, son circunstancias que justifican la interrupción
de la convivencia22. Y, en el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional ha
precisado que por las enfermedades, oportunidades laborales o adicciones es
entendible que se interrumpa la cohabitación, pero se preserve el sentido de
corresponsabilidad en relación con el hogar conformado y la comunidad de vida que
formó la pareja23.
77. La anterior posición también ha sido adoptada por el Consejo de Estado, ya que
en el contexto expuesto se ha encontrado que la ausencia de la cohabitación está
plenamente justificada y, en ese orden, el alcance que se le da a la norma es
distinto, pues busca proteger a aquellas personas que por circunstancias especiales
se les imposibilitó mantener el vínculo conyugal o marital24.
78. En segundo lugar, se estima que aun cuando el derecho y su jurisprudencia no
son ajenos a nuevas realidades, específicamente, a las recientes formas de
conformación familiar y su incidencia en las reclamaciones prestacionales, el punto
clave está en que esa comprensión sociológica no puede traducirse en una
flexibilización o relajación de las exigencias procesales en materia de suficiencia
probatoria demostrativa, porque las reglas de la sana crítica y el principio de
objetividad imponen que los jueces no pueden pasar por alto que sus decisiones
han de estar fundamentadas, única y exclusivamente, en las pruebas que
legalmente se incorporaron y debatieron en juicio, toda vez que una de las
finalidades de todo proceso judicial, junto a las de preservar las garantías
fundamentales y aplicar el derecho sustancial, es aproximarse racionalmente a la
verdad procesal.
79. En ese sentido, tratándose del reconocimiento y pago de una pensión sustitutiva
─cuya carga onerosa y vitalicia debe tener una justificación clara y evidente para
que su titularidad sea trasladada a un tercero─, el estándar probatorio
implementado para emitir una decisión favorable ha de ser el de certidumbre más
allá de toda duda razonable, que se afianza en términos de probabilidad, certeza y
verosimilitud, en la medida que la comprobación de los requisitos legales de los que
trata el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 exige una convicción racional sobre la
materialidad del hecho.
80. Bajo esa lógica, la Sala es consciente de que no puede esperarse la certeza
absoluta de la prueba testimonial ─y, en especial, del conjunto de aseveraciones
que la integran─, ni de cualquier otro medio de prueba que se incorpore al proceso,
ya que los criterios de aceptación de la verdad o credibilidad conducen a decisiones
que implican, en menor o mayor medida, focos de discreción que son
incontrovertibles desde un ámbito racional.
22 Corte Suprema de Justicia. Sentencias SL34899-2009, SL34415-2009, SL39464-2010, SL1130-2022, entre
otras.
23 Corte Constitucional. Sentencias T-197 de 2010, T-324 de 2014, T-245 de 2017, T-392 de 2018 y SU-108 de
2020.
24 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 31 de agosto de 2023. Rad. 13001-23-
33-000-2017-00611-01 (2268-2020); Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de
febrero de 2026. Rad. 68001-23-33-000-2022-00065-02 (6118-2024). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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81. Por consiguiente, aun cuando haya apertura para comprender las nuevas
formas de conformación familiar, tales como las parejas que deciden legítimamente
residir en casas separadas, lo cierto es que una realidad sociológica de esa índole
debe respaldarse o sostenerse por un acervo probatorio sólido que, más allá de dar
cuenta sobre el acuerdo de la pareja de vivir separados, también informe, de manera
unívoca, la persistencia de las notas esenciales de la relación —como el socorro
mutuo, el apoyo moral y la dependencia económica—.
82. Aplicados esos razonamientos al caso concreto, se aclara que la cantidad de
testimonios no es el factor determinante para tener por probado el requisito de
convivencia efectiva entre la señora Sonia Trinidad Vargas Muñoz y el señor Jaime
Eduardo Bernal Domínguez porque, aunque es cierto que no existe tarifa legal para
probar ello, la eficacia de la prueba testimonial depende más de la calidad del
testimonio que de su número, máxime si se tiene en cuenta que lo narrado por los
testigos debe estar respaldado por otras evidencias o, en general, concordar con el
contexto de lo debatido en el proceso.
83. En otros términos: el juez de lo contencioso administrativo no puede dar por
probada la convivencia en meras afirmaciones de terceros, pues la evolución de los
modelos familiares no exime a las partes de aportar elementos de convicción
objetivos, concurrentes e idóneos que confirmen la vigencia material del nexo
afectivo y solidario, en especial, si se tiene en cuenta que en el proceso no existió,
más allá de la prueba testimonial, otro elemento probatorio que corroborara lo dicho
por ellos.
84. En este caso, la Sala observa que el testimonio rendido por la señora María
Nubia Franco Pineda carece de la fuerza demostrativa y la certeza necesaria para
dar por acreditada la convivencia alegada por el demandante. En primer término, el
relato de la deponente incurre en una insalvable contradicción interna respecto del
núcleo esencial de la controversia: la cohabitación. Mientras inicialmente afirmó
categóricamente que los señores Sonia y Jaime Eduardo compartían la misma
vivienda, después se contradijo al aducir que, por mutuo acuerdo, decidieron habitar
en inmuebles distintos.
85. Tal inconsistencia, sumada a la ausencia de precisión temporal sobre cuándo
se originó dicha separación física y cuáles fueron los motivos reales que la
justificaron, diluye la fiabilidad del testimonio, pues impide establecer con claridad
si la ruptura del techo común obedeció a una contingencia justificada o, por el
contrario, a la finalización del vínculo afectivo entre el demandante y la causante.
86. Aunado a lo anterior, de la misma descripción del entorno doméstico aportada
por la testigo, es evidente la asimetría en la dinámica de la pareja que desvirtúa la
existencia de una verdadera comunidad de vida, pues la Sala resalta que si bien
mencionó que el actor poseía llaves y guardaba objetos personales en el
apartamento de la causante, la empleada doméstica fue enfática al advertir que la
señora Sonia Trinidad no tenía pertenencias en el inmueble del señor Jaime
Eduardo, por lo que esa falta de reciprocidad en la instalación de los elementos
constitutivos de la vida diaria permite colegir que el apartamento del demandante
operaba como una residencia civil independiente y ajena a la causante,
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configurando un escenario de visitas o encuentros esporádicos, pero, en modo
alguno una convivencia idéntica a la del matrimonio.
87. De otra parte, se advierte que el testimonio deviene, en sus apartes más críticos,
en una prueba de oídas que no genera convicción, pues las aseveraciones relativas
al supuesto acuerdo de vivir separados y a las razones de salud que motivaron el
posterior traslado de la causante a la ciudad de Barranquilla en el 2019, no
corresponden a hechos percibidos de manera directa y sensorial por la declarante,
sino a narraciones de terceros o deducciones subjetivas. Además, los hitos de
acompañamiento a citas médicas, la realización de viajes conjuntos y el trato
«decente y respetuoso» que la testigo resaltó para calificar la relación como de
«marido y esposa», constituyen, equívocamente, una valoración personal de la
deponente que confunde la solidaridad familiar y el afecto derivado de la existencia
de una hija en común, con el auxilio mutuo y la convivencia real y efectiva exigida
por la ley.
88. Finalmente, la eficacia probatoria del testimonio se desvanece por completo al
considerar que su vínculo laboral, formalmente, feneció en octubre de 2019 —fecha
en la que la causante mudó su residencia a Barranquilla—, puesto que a la
declarante no le constaron las condiciones de vida, el domicilio, ni la persistencia
del lazo mutuo durante los meses previos al deceso de la señora Sonia. Por
consiguiente, al existir ese vacío cronológico insubsanable en el conocimiento de la
testigo, su declaración resulta manifiestamente insuficiente para edificar el alto
grado de probabilidad que se requiere para otorgar la sustitución pensional, razón
por la cual no puede darse por probado el requisito de convivencia exigido por la
normativa vigente.
89. Respecto al testimonio de la señora Martha Lucía Herrera Botero, la Sala
considera que posee debilidades estructurales severas bajo la óptica de la sana
crítica. Si bien la deponente adujo sostener una amistad de vieja data con la
causante, su conocimiento sobre la dinámica de la pareja se reveló superficial y
tangencial. Al ser interrogada sobre los elementos medulares de la convivencia, la
testigo admitió desconocer por completo la forma en que se distribuían los gastos
económicos del hogar, así como la presencia de objetos personales del demandante
en la vivienda de la causante, limitándose a enunciar de manera vaga que el actor
«pernoctaba frecuentemente» en dicho lugar.
90. Esas falencias y omisiones impiden catalogar la relación como una auténtica
comunidad de vida, toda vez que la jurisprudencia constitucional y ordinaria han
sido enfáticas en señalar que la protección pensional no se deriva de encuentros
nocturnos o visitas repetidas, sino de un proyecto de vida compartido, sustentado
en el auxilio mutuo y la convivencia efectiva, extremos que la declarante no pudo
validar de forma directa.
91. Además, salta a la vista un elemento de juicio que desvirtúa la configuración de
la convivencia en los términos previstos por el ordenamiento legal: la testigo
manifestó, explícitamente, que los señores Sonia y Jaime Eduardo «optaron, por
estilo de vida, convivir en inmuebles distintos». Para la Sala, dicha afirmación
refuerza la probabilidad de la inexistencia del techo común por mera conveniencia
personal o comodidad, desprovista de cualquier circunstancia constitutiva de fuerza
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mayor, caso fortuito u obligación laboral o de salud que justificara la separación
física.
92. Si bien la Sala no desconoce que desde la sociología se ha reportado el
creciente fenómeno de las parejas no tradicionales a las que se denominó «Living
Apart Together», como bien lo documentó el Tribunal Administrativo de Risaralda,
lo cierto es que desde la perspectiva legal de nuestro ordenamiento, la separación
de residencias por «estilo de vida» o simple arbitrio de los miembros de la pareja,
en principio, rompe la presunción de convivencia y desnaturaliza el concepto de
hogar, en tanto que la sustitución pensional busca amparar a quien sufre el
desamparo por la muerte de su compañero o compañera de vida con quien
compartía las contingencias cotidianas, y no a quien ha decidido mantener una
independencia residencial y civil autónoma.
93. La fuerza demostrativa del testimonio de la señora Martha Lucía Herrera Botero
se desvanece, adicionalmente, en el periodo cronológico más álgido para la solución
del litigio, esto es, los meses previos al fallecimiento de la causante en enero de
2020 en la ciudad de Barranquilla. La testigo reconoció, expresamente, que su
conocimiento sobre lo ocurrido tras el traslado de la pareja a dicha ciudad proviene
de lo que «supo por un tercero», mutando su declaración en un típico testimonio de
oídas carente de valor probatorio directo.
94. Su afirmación, respecto a que el demandante acompañó a la causante en la
clínica, se fundamenta en un relato ajeno y, a lo sumo, denota una labor de auxilio
hospitalario y de acompañamiento en la enfermedad que, si bien es loable, resulta
perfectamente predicable de los lazos de parentesco derivados de la hija y el yerno
médicos que residían en esa ciudad y que coordinaban el cuidado y tratamiento de
la señora Sonia Trinidad.
95. Así las cosas, al fundarse en conjeturas respecto al tramo final de la vida de la
causante y carecer de soporte sensorial directo, el testimonio examinado deviene
insuficiente para acreditar la persistencia de una convivencia real, efectiva y
singular, razón por la cual no se le otorgará mérito probatorio para los fines
pretendidos por la parte actora.
96. En cuanto a la declaración de la señora Ileana Bernal Vargas, se pone de
presente, tal y como lo advirtió la UGPP, que es un testimonio que por disposición
legal se encuentra edificado sobre la base de una sospecha legítima, dada la
indiscutible relación de parentesco que ata a la deponente tanto con la causante
como con la parte demandante. Si bien ese vínculo no descalifica de plano su dicho,
sí impone a la judicatura el deber de aplicar un tamiz de rigurosidad sumamente
estricto al evaluar su credibilidad y eficacia probatoria.
97. Bajo este entendido, salta a la vista que el relato de la testigo adolece de una
preocupante falta de precisión en el aspecto temporal más relevante de la
controversia: la testigo manifestó, expresamente, «no recordar» la fecha en la que
sus padres cesaron la cohabitación bajo un mismo techo. Esa omisión de un hito
tan trascendental en la historia familiar de una hija única debilita la fuerza de su
dicho, pues impide a la jurisdicción verificar la persistencia y la continuidad
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cronológica del vínculo exigido por la ley sustantiva laboral administrativa para la
causación del derecho pensional.
98. De otra parte, su testimonio incurrió en una evidente contradicción contextual y
en un ajuste de los hechos cuando intentó justificar la separación residencial.
Mientras las anteriores deponentes —ajenas al núcleo familiar— fueron unánimes
en señalar que la causante no poseía objetos personales en el apartamento del
actor, la aquí declarante afirmó, en sentido diametralmente opuesto, que existía un
intercambio mutuo de pertenencias en ambas viviendas.
99. Esa discordancia denota un sesgo filial, pues construyó una hipótesis de «hogar
simultáneo en dos sedes» que choca con las máximas de la experiencia. De igual
forma, la testigo pretendió equiparar los aportes económicos del demandante
─como el pago de la medicina prepagada que, valga precisar, no se probó por
ningún otro medio probatorio─ con una vocación de convivencia, perdiendo de vista
que la asistencia económica y el manejo conjunto de inversiones —como lo fue la
compra del segundo inmueble— constituyen actos de gestión patrimonial y de
deferencia que bien pueden subsistir entre excompañeros o padres separados que
conservan una relación madura y un patrimonio común, pero que carecen de la
entidad suficiente para demostrar la existencia de una comunidad de vida material
y afectiva antes del fallecimiento de la causante.
100. Finalmente, al abordar el hito definitivo de la enfermedad y el posterior
fallecimiento de la señora Sonia Trinidad en la ciudad de Barranquilla entre
noviembre de 2019 y enero de 2020, el testimonio de la hija en común desvirtúa de
forma contundente la simultaneidad de la convivencia en dicho periodo crítico, pues
reconoció, de manera expresa, que el traslado logístico y médico de la causante fue
ejecutado exclusivamente por ella y por su esposo, y que el demandante arribó
«días después» a la ciudad de Barranquilla.
101. Esa separación física en el momento de mayor vulnerabilidad de la causante,
sumada al hecho de que el arribo del actor a Barranquilla estuvo motivado por la
inminencia de una enfermedad huérfana, permite presumir que el acompañamiento
final del demandante revistió la naturaleza de un acto de solidaridad familiar y de
acompañamiento en la agonía, mas no el despliegue regular y cotidiano de la vida
en común con quien reiterativamente se afirmó que era su pareja.
102. Frente al testimonio de la señora Luz Mary Arias Gómez, se considera que su
aporte probatorio resulta insuficiente para edificar la suficiencia probatoria que se
requiere en aras de acceder al reconocimiento de la sustitución pensional
pretendida. La deponente, en su condición de amiga de la causante, cimentó su
conocimiento de los hechos en una percepción meramente externa y social,
limitándose a afirmar que observaba diariamente a los señores Sonia Trinidad y
Jaime Eduardo «merendando en un centro comercial».
103. Para la Sala, la regularidad de estos encuentros públicos y de esparcimiento
en modo alguno es indicativa de la existencia de una unión marital de hecho o de
una convivencia latente; por el contrario, dichas conductas son perfectamente
asimilables a una relación de amistad, de cordialidad o de coparentalidad
respetuosa entre personas de la tercera edad que comparten una hija en común,
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careciendo tales eventos de la entidad jurídica necesaria para demostrar el auxilio
mutuo, la interdependencia económica y la amalgama de circunstancias que
configuran un hogar.
104. En consonancia con lo anterior, se resalta que el dicho de la testigo adolece
de una absoluta falta de profundidad respecto de la intimidad y la realidad doméstica
de la pareja en los años previos al fallecimiento de la causante. La declarante
admitió desconocer aspectos medulares del presunto vínculo afectivo, al punto de
manifestar que ignoraba si los señores Sonia y Jaime habían procreado otros hijos
o si tenían otras parejas, lo que devela que su cercanía con el núcleo familiar era
tangencial y limitada a la coincidencia en espacios públicos.
105. Además, al ser interrogada sobre el domicilio de los supuestos compañeros
permanentes, la testigo fue clara en señalar que si bien le constaba que en el
pasado habitaron bajo un mismo techo, posteriormente se enteró de que cada uno
vivía en un apartamento distinto; afirmación que no solo carece de la precisión
temporal exigida para evaluar los cinco años anteriores al deceso de la causante,
sino que corrobora de manera periférica la separación física de cuerpos y la
inexistencia de cohabitación real al momento de la causación del derecho.
106. Este testimonio, en consecuencia, tampoco aportó un solo elemento de juicio
directo, serio o concluyente que permita colegir que, a pesar de residir en inmuebles
separados, la pareja mantenía un lazo persistente de apoyo mutuo y vida en común.
Por el contrario, la declaración de la señora Arias Gómez denotó que el demandante
y la causante llevaban vidas civiles e inmobiliarias independientes, unidas
únicamente por la cortesía de encuentros sociales cotidianos y la vecindad.
107. Entonces, al ser una prueba que se queda en la superficie de las relaciones
humanas y que no profundizó en la demostración de los requisitos exigidos por la
legislación, la Sala le resta toda eficacia demostrativa para dar por probada la
convivencia, sumándose a la insuficiencia general del material probatorio allegado
al plenario que se ha comentado hasta ahora.
108. Sobre el testimonio del señor José Mario Vargas Muñoz debe precisarse, al
igual que ocurrió con el testimonio de la hija de la pareja, que nos encontramos ante
un deponente que por su estrecho lazo de consanguineidad se encuentra bajo una
tacha presuntiva de sospecha, lo que obliga al juzgador a examinar su dicho con un
riguroso criterio de neutralidad.
109. Al efectuar dicho ejercicio, se advierte que el testigo edifica su relato sobre
afirmaciones categóricas que, al ser confrontadas con la lógica y la sana crítica,
devienen en meras conjeturas o suposiciones carentes de respaldo fáctico. Así
ocurre cuando el declarante afirmó, enfáticamente, que los gastos del hogar eran
«compartidos», para después admitir de forma expresa que «no tenía
conocimiento» de cómo se distribuían económicamente tales conceptos, por lo que
esa evidente contradicción despoja de toda credibilidad al componente patrimonial
de la supuesta unión, pues no puede darse por probado un auxilio económico mutuo
y permanente basándose en la simple intuición de un familiar que confiesa
desconocer la realidad financiera de los integrantes de la pareja.
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110. De igual manera, el intento del testigo por demostrar la permanencia del techo
común a través de sus visitas a la hora del almuerzo resulta conceptualmente
insuficiente. El hecho de que el deponente viera al demandante almorzar en el
apartamento de la causante o que observara que el actor poseía un espacio en el
closet de dicha vivienda, solo demuestra la existencia de una relación de confianza
o cercanía, pero en modo alguno acredita la consolidación de un hogar bajo las
exigencias de la seguridad social pues, se insiste, la jurisprudencia ha sido clara al
determinar que la vida en común de los compañeros permanentes no se fragmenta
ni se asimila a un régimen de visitas diurnas o pernoctaciones frecuentes.
111. Igualmente, las alusiones relativas a que compartían festividades familiares
como navidades, cumpleaños o el día de la madre, reflejan la natural armonía y el
afecto de un núcleo familiar extendido —unido por el nacimiento de una hija
común—, pero resultan ineficaces para transmutar una relación de mutuo respeto y
coparentalidad en una convivencia real y efectiva al momento de la muerte.
112. Por último, el testimonio pierde toda fuerza de convicción al abordar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los últimos meses de vida de
la causante y su posterior deceso en la ciudad de Barranquilla. El testigo se limitó a
señalar, de forma genérica, que el actor «la acompañó y estuvo a su lado»,
omitiendo los detalles de modo y tiempo que sí fueron precisados por la hija de la
causante, quien aclaró que el demandante no viajó de forma simultánea, sino que
arribó «días después».
113. Así las cosas, al estar soportado en percepciones fragmentadas, conjeturas
sobre el manejo económico y un evidente sesgo de afecto familiar, el dicho del señor
Vargas Muñoz resulta insuficiente para desvirtuar la separación residencial por
mutuo arbitrio, razón por la cual se le niega valor probatorio para dar por acreditada
la convivencia exigida por la ley.
114. Ahora, de cara a la valoración integral del acervo probatorio, la Sala debe
detenerse en el análisis del interrogatorio de parte absuelto por el propio
demandante. Al respecto, debe recordarse que como esta prueba está diseñada
para provocar la confesión, se rige por el principio de indivisibilidad ─artículo 196
del Código General del Proceso─, por lo que cobran especial relevancia jurídica
aquellas manifestaciones que entrañan la aceptación de hechos desfavorables a
sus pretensiones.
115. En este sentido, se resalta que el actor confesó de manera libre y espontánea
que desde el año 1998 llegó a un acuerdo con la causante para «vivir en casas
separadas para mayor comodidad», lo cual permite descartar la tesis de una
separación excepcional o involuntaria y acredita, con total nitidez, que la ruptura del
techo común fue el resultado de una elección consciente, orientada a mantener
esferas de independencia civil, residencial y doméstica, supuesto que desnaturaliza,
conceptualmente, la institución de la sustitución pensional, ideada para proteger a
quien comparte las contingencias diarias del hogar y no a quien opta por una
autonomía habitacional.
116. Aunado a ello, los detalles suministrados por el accionante respecto de la
dinámica económica y habitacional de la pareja confirman la inexistencia de una
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verdadera comunidad de vida. El demandante aceptó que, tras un breve periodo de
cohabitación forzada por el sismo que destruyó su vivienda anterior, reanudó su
vida independiente adquiriendo un nuevo apartamento y fragmentando la economía
del supuesto hogar, al punto de admitir que «cada uno compraba sus propios
víveres».
117. Esa separación de cuentas y de sustento básico diario evidencia que no existía
una unidad de caja ni una dependencia económica mutua, sino, a lo sumo, un
acuerdo de repartición de gastos específicos, propios de una relación de noviazgo
maduro o de una amistad cercana con un pasado familiar común, pero huérfana de
los elementos que tipifican a la unión marital de hecho.
118. Por otra parte, las afirmaciones del actor tendientes a demostrar la continuidad
del vínculo a través de pernoctaciones esporádicas carecen de la entidad jurídica
necesaria para edificar la certeza del derecho reclamado. El hecho de que el
demandante conservara «algunas pertenencias» de aseo y vestir en la casa de la
causante, o que residiera allí temporalmente durante los preparativos de un viaje o
con ocasión de «intervenciones quirúrgicas», denota una dinámica de auxilios
mutuos y cuidados compartidos que la ley ciertamente valora, pero que resultan
insuficientes cuando se ejercen de forma transitoria y discontinua, porque se
recuerda que la convivencia que protege el sistema de seguridad social es aquella
que reviste los caracteres de permanencia, singularidad y estabilidad, cualidades
que quedan descartadas cuando el propio interesado reconoce que, tras las visitas
o la superación de las crisis de salud, retornaba a su residencia independiente,
alternando su presencia según las circunstancias.
119. Finalmente, el interrogatorio de parte revela una contradicción frontal con las
reglas de la experiencia y el resto de los testimonios respecto de la conformación
de una sociedad de hecho. Nótese que el actor sostuvo que poseía una sociedad
patrimonial conformada, pero al mismo tiempo admitió que jamás declaró la unión
marital de hecho, que no realizaron capitulaciones, que cada uno mantenía su
afiliación independiente a la seguridad social y que, tras el deceso de la causante,
se liquidó la sucesión designando a su hija como única heredera universal.
120. De ahí que la Sala concluya que esa total separación de los ámbitos jurídicos,
económicos y sucesorales, sumada al reconocimiento de que su traslado a
Barranquilla obedeció al desenlace médico de la causante, impide colegir que al
momento del fallecimiento existiera un vínculo marital entre ellos.
121. En consecuencia, al constituir el dicho del demandante una confesión explícita
de que su estilo de vida se fundó en la independencia residencial y económica por
razones de comodidad, la Sala denegará valor probatorio a sus afirmaciones de
cara a la prosperidad de las pretensiones, concluyendo, de forma inexorable, que la
parte actora no cumplió con la carga de probar el requisito de convivencia real y
efectiva exigido por la ley.
122. Visto lo que precede, se concluye de manera diáfana que las pruebas
aportadas resultan manifiestamente insuficientes, contradictorias y fragmentadas,
de suerte que no logran desvirtuar la presunción de ruptura de la vida en común que
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emana de la existencia de dos residencias civiles e inmobiliarias totalmente
independientes.
123. El hilo conductor de la defensa del actor se estructuró bajo la hipótesis de un
«hogar simultáneo en dos sedes», justificado en un supuesto acuerdo de pareja por
razones de «comodidad» o «estilo de vida». Sin embargo, al confrontar los
testimonios de las señoras Nubia Franco, Martha Herrera y Luz Arias, junto con la
declaración de la hija del demandante, el hermano de la causante y el propio
interrogatorio de parte, se devela una insalvable grieta argumentativa, a saber:
mientras los testigos ajenos al núcleo familiar coincidieron en la total asimetría del
entorno doméstico —destacando la ausencia de objetos personales de la causante
en el apartamento del actor y el desconocimiento absoluto sobre una unidad de caja
o manejo económico compartido—; los testigos sospechosos por afecto o
consanguinidad intentaron forzar una narrativa de presencialidad basándose en
encuentros sociales, almuerzos rutinarios y pernoctaciones esporádicas.
124. Por lo anterior, la Sala estima que esa discordancia despoja al acervo de la
coherencia interna necesaria para generar convicción, pues la jurisprudencia ha
sido enfática en señalar que la protección del sistema de seguridad social no
ampara los noviazgos maduros, las visitas asiduas o las relaciones de mutuo
respeto, sino el proyecto común de auxilio y subsistencia de dos vidas; máxime si
se tiene en cuenta que la eficacia demostrativa de las pruebas se diluye por
completo al evaluar el tramo cronológico más crítico e inmediato al fallecimiento de
la causante, ocurrido entre noviembre de 2019 y enero de 2020.
125. El plenario exhibe un vacío probatorio insubsanable respecto a las condiciones
de vida de la pareja tras su traslado a la ciudad de Barranquilla. Las declaraciones
de la empleada doméstica y de la amiga de la infancia mutaron en testimonios de
oídas, mientras que el dicho de la hija de la causante y del hermano confirmaron
que el traslado logístico y médico fue asumido exclusivamente por los
consanguíneos, arribando el demandante «días después», en lo que se vislumbra
como un acto de solidaridad ante la inminencia del deceso, mas no como la
continuidad de un proyecto de vida común.
126. Adicionalmente, la Sala precisa que si bien el acervo probatorio está
conformado por una serie de fotografías de las que podría concluirse, con base en
la sana crítica, que retratan al señor Jaime Eduardo y a la señora Sonia Trinidad en
diferentes épocas y recrean momentos propios de pareja, lo cierto es que a partir
de tales elementos no es posible advertir el origen de los mismos, el momento
exacto en que fueron capturadas las fotos, la persona que lo hizo, ni el mecanismo,
herramienta o procedimiento con que se realizó, ya que en ningún momento se
solicitó ni se practicó la ratificación de tal evidencia.
127. Por tal motivo, dichos documentos carecen de la naturaleza de una prueba
plena que compruebe por sí sola un hecho, de manera que resulta necesario
tenerlos solo como representaciones gráficas con naturaleza de indicios que, al ser
contrastados con los demás elementos probatorios, reafirman la imposibilidad
jurídica de dar por acreditado el requisito de la convivencia.
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128. Insiste la Sala, en que la parte actora intentó por vía de múltiples testimonios
establecer la convivencia, pero como se dijo, la verdad procesal no se deriva del
número de testimonios, sino de la convicción que estos lleven al juez. En otras
palabras, para este proceso era irrelevante que se hubiera traído un solo testigo o
todos los que se trajeron, porque de ninguno de ellos o de todos juntos no se extrae
lo que pretendió probarse.
129. Obsérvese que la prueba fue solo testimonial y ninguno de los dichos de los
testigos fue corroborado por otro medio probatorio diferente, por ejemplo, se aludió
a viajes, eventos familiares como fiestas o paseos y no se mencionó un solo sitio de
esos viajes, ni se aportaron tiquetes o fotografías de esas fiestas o sitios específicos,
como tampoco un comprobante de afiliación a los servicios de medicina prepagada
que presuntamente pagaba el demandante, a nombre de los dos. Es decir, más allá
de lo dicho por los testigos y el mismo actor ─pruebas que ya se analizaron─, no
existe medio de convicción alguno que acredite la convivencia.
130. Así las cosas, ante el incumplimiento de la carga probatoria para satisfacer el
requisito de convivencia indispensable a fin de conceder la sustitución pensional
pretendida por el demandante, se revocará la sentencia proferida el dieciocho (18)
de julio de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.
De la condena en costas en ambas instancias
131. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
132. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
133. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
134. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandante, por cuanto ante la prosperidad de la apelación de la entidad
demandada se revocará el fallo impugnado y, por tanto, la decisión proferida de
negar las pretensiones es contraria a los intereses de la primera, lo que implica que
ha resultado vencida en juicio. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de
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la misma norma, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal
de origen.
135. Finalmente, se reconocerá personería a la abogada Maritza Hurtado Rentería,
identificada con la cédula de ciudadanía 32.240.555 y la tarjeta profesional 163.963
del Consejo Superior de la Judicatura, para representar los intereses de la UGPP
en este proceso25.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el dieciocho (18) de julio de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual
se accedió a las pretensiones. En su lugar, se dispone: NEGAR las pretensiones
del señor Jaime Eduardo Bernal Domínguez.
Segundo. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Reconocer personería a la abogada Maritza Hurtado Rentería, identificada
con la cédula de ciudadanía 32.240.555 y la tarjeta profesional 163.963 del Consejo
Superior de la Judicatura, para representar los intereses de la UGPP en este
proceso.
Cuarto: Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
25 Véase a índice 20 de SAMAI.
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