Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2022-00065-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2022-00065-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2022-00065-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2022-00065-02 (6118-2024)
Demandante: María Eugenia González Prada
Demandadas: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y
Leonor Ordoñez Vásquez
Temas: Sustitución de pensión gracia. Controversia entre cónyuge y
compañera permanente supérstites. No existió convivencia
simultánea de ambas con el causante. Enfoque de género
respecto de la situación de la cónyuge por maltrato físico que
impidió continuar el vínculo matrimonial. Forma de determinar la
proporcionalidad en el porcentaje de reconocimiento pensional
para cada una de las reclamantes. MODIFICA SENTENCIA Y
CONFIRMA EN LO DEMÁS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la
UGPP contra la sentencia proferida el veinte (20) de septiembre de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual
se accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora María Eugenia González Prada instauró demanda,1 la cual reformó2
contra la UGPP y la señora Leonor Ordoñez Vásquez, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 008413 del 9 de abril del
1 Ver índice 16 de SAMAI – Tribunales.
2 Ver índice 66 de SAMAI – Tribunales.
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2021, RDP 013263 del 26 de mayo del 2021 y RDP 016653 del 2 de julio del 2021;
por medio de las cuales la entidad demandada le suspendió el pago de la sustitución
pensional que devengaba en calidad de compañera permanente supérstite del señor
Gabriel Castillo Blanco, en virtud del reconocimiento efectuado a través de la
Resolución RDP 026141 del 13 de noviembre de 2020.
3. A título de restablecimiento del derecho se ordene nuevamente reconocer y
pagar la sustitución de las pensiones de jubilación y gracia como única beneficiaria
del causante, junto con los intereses moratorios generados desde el 28 de
septiembre de 2020 hasta que vuelva a ser incluida en nómina.
4. Se dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA
y se condene en costas a la parte demandada.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que el señor Gabriel Castillo Blanco fue docente oficial, y en vida devengaba
una pensión gracia otorgada por la entonces Cajanal EICE a través de la Resolución
011191 del 3 de julio de 2002, la cual percibió hasta la fecha de su deceso ocurrido
el 25 de junio de 2020.
6. Que conformó una unión marital de hecho con el mencionado causante debido
a una convivencia permanente, ininterrumpida y singular desde 1986 hasta la fecha
de su muerte, esto es, por más de 37 años durante los cuales asistió a todos los
eventos familiares sin que se advirtiera la presencia de alguna otra persona que lo
acompañara, tanto así que el referido educador en 2017 la incluyó en la solicitud de
designación de beneficiaria de sus prestaciones ante la UGPP.
7. El 24 de julio de 2021 solicitó la sustitución de la pensión ordinaria de jubilación
que percibía en vida el aludido maestro, y el 28 de julio del mismo año hizo lo propio
respecto de la pensión gracia.
8. Mediante las Resoluciones RDP 018668 del 18 de agosto de 2020, RDP 019704
del 31 de agosto de 2020 y RDP 021739 del 24 de septiembre de 2020 le fue
concedida de manera provisional la sustitución de esta última prestación en un
100% de su valor con efectividad desde el 26 de junio de dicha anualidad.
Posteriormente, con la Resolución RDP 026141 del 13 de noviembre de 2020 le fue
otorgada dicha pensión de manera definitiva.
9. Con la Resolución RDP 008413 del 9 de abril de 2021 se dejó en suspenso la
definición sobre la sustitución pensional a la señora Leonor Ordoñez Vásquez, quien
de manera paralela en calidad de cónyuge supérstite del señor Castillo Blanco,
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también había reclamado este derecho a su favor desde el 3 de febrero de 2021.
Sin embargo, en dicho acto también se dispuso la suspensión del pago de la
prestación a favor de la actora al advertirse una discusión pendiente entre dos
reclamantes, la cual debía someterse a decisión por parte de la jurisdicción.
10. Contra esta decisión interpuso recursos de reposición y apelación, los cuales
fueron resueltos negativamente por medio de las Resoluciones RDP 013263 del 26
de mayo del 2021 y RDP 016653 del 2 de julio del 2021.
11. La señora Ordoñez Vásquez nunca convivió con el causante desde que se
divorciaron legalmente el 13 de septiembre de 1972 conforme a la sentencia del
Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, tanto así que se realizó la
liquidación de la sociedad conyugal conforme a la Escritura 286 otorgada el 6 de
febrero de 1974 ante la Notaría Tercera de dicha ciudad, por lo que en ningún
momento estuvo presente a lo largo de la enfermedad y muerte del docente.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
12. Consideró vulnerados: los artículos 13 de la Ley 797 de 2003; 5 y 6 de la Ley
23 de 1992; y el Decreto 2272 de 1989.
13. Expresó que los actos acusados transgredieron su derecho adquirido a la
sustitución de la pensión gracia y de jubilación que le había sido reconocido
previamente. Afirmó que la administración debió tener en cuenta que las
contradicciones de la señora Leonor Ordoñez Vásquez no podían afectarle la
situación jurídica que ya tenía consolidada.
14. Sostuvo que la demandada no tenía el tiempo de convivencia que exige el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, pues no alcanzó a convivir con el causante al
menos cinco años, pues su vínculo inició en diciembre de 1968 y terminó el 13 de
septiembre del año 1972, de manera que no le asiste derecho alguno a reclamar la
sustitución pensional, ni a una parte de dicha prestación.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
15. El 27 de octubre de 2022 se admitió la demanda contra la UGPP.3 Luego, el 17
de marzo de 2023 fue admitida su reforma y además se ordenó vincular a la señora
Leonor Ordoñez Vásquez en calidad de litisconsorte necesario de la parte
demandada,4 por lo que se procedió a notificarlas.
3 Ver índice 41 de SAMAI – Tribunales.
4 Ver índice 71 de SAMAI – Tribunales.
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16. La UGPP manifestó5 que a la demandante no se le podía reconocer la pensión
de sobreviviente en calidad de cónyuge o compañera permanente del causante, ya
que la entidad no tiene la competencia para dirimir sobre una posible convivencia
simultánea, pues a partir de la vigencia de la Ley 1204 de 2008, cuando se susciten
este tipo de controversias entre beneficiarios le corresponderá a la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo definir a quién se le debe asignar la prestación o si
no hay lugar a ello.
17. Propuso como excepciones las de: (i) inexistencia de la obligación, (ii) cobro de
lo no debido, (iii) falta de título y causa, (iv) buena fe, (v) prescripción, y (vi) genérica.
18. La señora Leonor Ordoñez Vásquez aseguró6 que la actora no logró acreditar
con precisión los extremos de convivencia en el tiempo, modo y lugar en el cual se
efectuó la relación sentimental con el causante, por lo que no podía ostentar la
calidad de beneficiaria de la sustitución pensional y mucho menos en una proporción
si le llegara a corresponder, pues en su demanda se advierten inconsistencias en
torno a la presunta unión marital de hecho que sostenían.
19. Señaló que contrajo matrimonio con el docente fallecido el 6 de diciembre del
año 1968 hasta diciembre de 1973, fecha hasta la cual compartieron lecho, techo y
mesa de manera permanente e ininterrumpida, brindando socorro, ayuda, apoyo y
comunidad de vida, siendo la causal de la separación de cuerpos entre ambos el
hecho de que fue víctima de violencia intrafamiliar en el tiempo que estuvo
conviviendo con este último, pero que, en todo caso, sí alcanzó los 5 años
requeridos para ser titular del derecho en litigio.
20. Propuso como excepciones las de: (i) cobro de lo no debido, (ii) mala fe, y (iii)
genérica.
21. El 31 de agosto de 20237 se decretó la medida cautelar solicitada por la
demandante, con la que se ordenó a la entidad accionada continuar pagando la
pensión gracia a favor de la reclamante hasta que se resolviera el proceso con
sentencia definitiva. Dicha decisión fue apelada por las demandadas y fue
confirmada por el Consejo de Estado el 30 de mayo de 2024.8
22. El 6 de febrero de 20249 se prescindió de la celebración de la audiencia inicial
con el fin de dictar sentencia anticipada, por lo que se fijó el litigio y se decretaron
las pruebas. El 7 y el 22 de mayo de 202410 se llevaron a cabo las audiencias de
pruebas donde se practicaron los testimonios y la incorporación de algunos
5 Ver índice 76 de SAMAI – Tribunales.
6 Ver índice 80 de SAMAI – Tribunales.
7 Ver índice 96 de SAMAI – Tribunales.
8 Ver índice 9 de SAMAI – Proceso 6086-2023.
9 Ver índice 116 de SAMAI – Tribunales.
10 Ver índices 146 y 151 de SAMAI – Tribunales.
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documentos. Finalmente, el 29 de mayo de 202411 se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para conceptuar si a bien lo
consideraba.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN12
23. El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 20 de
septiembre de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones. Declaró la nulidad de
los actos demandados y ordenó a la UGPP levantar de forma definitiva la
suspensión del pago de la sustitución de la pensión gracia a favor de la actora, pero
para que esta sea reconocida en un 50% del valor de la prestación desde la
ejecutoria de la sentencia. Dispuso que el otro 50% correspondería a la señora
Leonor Ordoñez Vásquez efectivo a partir del 26 de junio de 2020.
24. Condenó a la entidad accionada a pagar el valor de las mesadas dejadas de
percibir por la demandante durante el tiempo de la suspensión declarada con los
actos anulados, pero sin que sea posible recuperar los dineros pagados en exceso
por haber sido percibidos de buena fe. Negó las demás pretensiones y se abstuvo
de condenar en costas.
25. Antes de resolver el fondo del asunto aclaró que, si bien la parte actora solicitó
el reconocimiento de la sustitución tanto de la pensión gracia como de la ordinaria
de jubilación, lo cierto es que ante una falta de claridad se solicitó a la UGPP que
indicara qué tipo de prestaciones le cancelaba al docente fallecido, entidad que
respondió en el sentido de que solo le reconoció la primera. Por esta razón
determinó que el estudio del litigio se centraría en definir el derecho a la sustitución
de la pensión gracia que en vida percibía el señor Gabriel Castillo Blanco mediante
Resolución 11191 del 7 de mayo de 2001.
26. Frente a la suspensión del pago de la sustitución pensional que devengaba la
reclamante expresó que la solicitud efectuada posteriormente por la señora Leonor
Ordoñez Vásquez no tenía la virtualidad de generar el efecto que le dio la entidad
demandada, ya que no se estaba ante una concurrencia de reclamaciones, sino
ante la existencia de un derecho reconocido a la accionante a través de un acto
administrativo particular y concreto respecto del cual no se predicó algún vicio de
ilegalidad. Afirmó que, por tal motivo, la entidad demandada no estaba habilitada
para suspender de manera unilateral los efectos del acto de reconocimiento sin el
consentimiento de la titular de tal derecho.
27. Sostuvo que conforme al material probatorio practicado entre documentos y
testimonios se concluyó que la señora María Eugenia González Prada cumplió el
requisito de convivencia de que trata el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, ya que
11 Ver índice 153 de SAMAI – Tribunales.
12 Ver índice 182 de SAMAI – Tribunales.
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demostró su calidad de compañera permanente al haber hecho vida marital con el
causante hasta la fecha de su deceso, lo que ratifica el reconocimiento a la
sustitución pensional que se le había dado a partir del 26 de junio de 2020 mediante
Resolución RDP 026141 del 13 de noviembre de 2020.
28. Señaló que la demandante y el señor Castillo Blanco reconocieron su relación
y vida en pareja con acciones de interés mutuo y socorro, pues compartieron
vivienda en el barrio Conucos de manera permanente durante muchos años bajo la
figura de la unión marital de hecho, incluidos los 5 anteriores a su fallecimiento, sin
que la manifestación que estos hicieron en los años 2007 y 2019, respectivamente
en actos notariales de compraventa de inmuebles en los que refirieron como estado
civil solteros, desvirtúe la evidencia que arroja los demás medios de prueba
recaudados y cuya valoración conjunta permiten tener comprobado aquel hecho.
29. Concluyó que igualmente le asiste derecho a la señora Leonor Ordoñez
Vásquez al reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia del señor Gabriel
Castillo Blanco, porque acreditó la convivencia con este en calidad de cónyuge
supérstite durante cinco 5 años en cualquier tiempo y cuya comunidad de habitación
no pudo continuar por causas externas a su voluntad, imputables al causante.
30. Sobre el punto añadió que, conforme se verificó de la demanda de separación
de bienes y liquidación de la sociedad conyugal presentada en julio de 1972 por la
tercera vinculada, esta había sido golpeada una semana atrás por su esposo en su
residencia de la cual intentó salir, pero de donde no pudo hacerlo debido a que el
causante no se lo permitió. Afirmó que fueron tales malos tratos los que la llevaron
a formular denuncia penal ante la Inspección Primera Municipal de Instrucción
Criminal, lo que pone en evidencia que para esa fecha aún residía con el docente,
pues los testimonios de los vecinos que sirvieron de fundamento para decretar la
separación de bienes también dan cuenta que con posterioridad al evento ocurrido
la vieron en el edificio donde habitaban.
31. En atención al precedente de la sentencia del Consejo de Estado proferida el 9
de mayo de 2024,13 concluyó que el maltrato de que fue víctima la señora Ordoñez
Vásquez fue la causa de su separación de hecho y de bienes con el causante, esto
es, por causas no imputables a la cónyuge víctima con quien este último convivió
por espacio de 5 años, lo que implica que existe una justa causa para aplicar la
referida excepción jurisprudencial de acreditar ese mismo tiempo antes del
fallecimiento, al punto de que se corrobora la necesidad de que a la vinculada
también le sea concedido el derecho a la sustitución pensional en un 50% del valor
total de la prestación.
13 Número interno (5658-2023)
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RECURSOS DE APELACIÓN
32. La UGPP14 interpuso recurso de apelación. Afirmó que las señoras María
Eugenia González Prada y Leonor Ordoñez Vásquez solicitaron por separado y para
sí “de forma exclusiva” el derecho pensional, por lo que según las pruebas obrantes
en el expediente administrativo y en la actuación judicial se evidencia que no se
logró probar la unión de vida previa al fallecimiento del causante por parte de
ninguna de ellas, ya que los medios de convicción son contradictorios entre sí en la
medida en que de algunos se advierte que este último vivía plenamente con la
compañera permanente y en otras que lo hacía con la cónyuge, por lo que no se
logra determinar una convivencia simultanea como lo asevera la sentencia apelada.
33. La parte demandante15 apeló el fallo de primera instancia. Expresó que se
evidencia que convivió con su compañero permanente desde 1986 hasta la fecha
de su muerte el 25 de junio de 2020, siendo las pruebas más relevantes la confesión
de la actora que se deprende de su interrogatorio de parte absuelto en el proceso y
el informe técnico de investigación administrativa de la UGPP, y todas las pruebas
documentales y testimoniales que allegó con la demanda.
34. Frente a la convivencia sostenida por la señora Leonor Ordoñez Vásquez con
el señor Castillo Blanco, aseguró que se evidencia que su relación no fue de cinco
(5) años como lo exige el inciso 3 del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, ya que no
se pudo concluir en grado de certeza ni en grado de duda que la tercera interviniente
y el docente hubiesen mantenido su vínculo matrimonial hasta el 6 de diciembre de
1973 como se afirma en su contestación, sino máximo hasta diciembre de 1970.
35. Reiteró que es contradictorio y no aceptable dicha confusión de fechas de
convivencia, pues la tercera vinculada manifestó en el interrogatorio de parte que
no soportaba más al causante, razón por la cual en la demanda de separación de
cuerpos y liquidación de la sociedad conyugal indicó que esta fecha límite fue en
diciembre de 1970, por lo que quedó claro y con certeza que fue en ese preciso
momento en que dejaron de convivir.
36. Afirmó que el juez de origen reconoció en la sentencia que la entidad
demandada no podía revocar la sustitución de la pensión gracia que le había sido
reconocida, por cuanto no se estaba frente a una concurrencia de reclamaciones,
sino ante la existencia de un derecho otorgado a través de un acto administrativo
particular y concreto, lo que hacía necesario que mediara el consentimiento de la
titular del derecho, lo cual no se dio y que por tanto la UGPP obró erradamente
haciéndose acreedora al reconocimiento y pago de intereses moratorios desde que
le fue revocada su mesada pensional hasta cuando se efectivice el abono de los
14 Ver índice 185 de SAMAI – Tribunales.
15 Ver índice 186 de SAMAI – Tribunales.
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retroactivos que se le adeudan desde el 13 de noviembre de 2020 hasta el 1 de
enero del 2024.
37. Aseguró que la parte accionada también se hace acreedora a la condena en
costas incluidas las agencias en derecho, por cuanto obró de manera arbitraria e
ilegal, lo que la hizo incurrir en gastos de honorarios de abogado, sin que sea del
caso analizar una conducta de manera subjetiva por favorabilidad, pues tal principio
también aplica para su situación como demandante.
38. Finalmente afirmó que al haberse dictado la sentencia de separación de cuerpos
entre la vinculada y el causante el 13 de septiembre del 1972 por parte del Juzgado
Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, operó la causal de disolución de la
sociedad conyugal conforme lo señala el artículo 1820 del Código Civil, y, en todo
caso, esta no alcanzó a convivir cinco años con el señor Gabriel Castillo Blanco, lo
que conlleva concluir que no tiene derecho a la prestación económica que reclama
por incumplir con los preceptos del artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
39. El 11 de diciembre de 202416 se admitió el recurso de apelación y se dispuso
que, una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para
dictar sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público
podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
40. Deberá resolver la Subsección si la demandante y la tercera vinculada, o solo
una de ellas, acreditaron las exigencias legales para ser consideradas beneficiarias
del causante, a fin de que les sea concedida la sustitución de la pensión gracia que
este último tenía reconocida en vida, bien sea de manera exclusiva o compartida.
Marco normativo y jurisprudencial
De la sustitución pensional y su aplicación para el caso de la pensión gracia
en el marco de la sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto de
2022
41. En cuanto a la normativa que prevé la sustitución pensional de manera general,
16 Ver índice 3 de SAMAI.
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esta Subsección en diferentes oportunidades17 ha considerado que las
disposiciones aplicables son las vigentes al momento del fallecimiento del causante.
42. Ahora, ante la inexistencia de regulación específica sobre esta materia para la
pensión gracia, se ha acudido a las normas que regulan la institución de manera
general, sin perder de vista la naturaleza jurídica distinta de esta pensión.
43. Se resalta que, en la sentencia SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto de 2022
dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado18 se realizó un análisis
frente a las disposiciones que rigen la sustitución de la pensión gracia, las cuales,
por analogía, se concluyó que también hacen referencia a las vigentes para la fecha
del fallecimiento del docente pensionado.
44. En ese mismo fallo se partió de la premisa según la cual la disposición aplicable
al asunto analizado era la contenida en la Ley 100 de 1993, por lo que se fijó como
regla jurisprudencial la siguiente: «[…] En el caso de estar vigente el artículo 47 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se exige al cónyuge
o al compañero acreditar no menos de 5 años de convivencia con el docente o el
pensionado. […]»19 (Cursiva de la Sala).
45. Aun así, deberá entenderse según la línea argumentativa de dicha sentencia
que, pese a la aplicación del mencionado sistema general, en ningún caso se
permitirá reconocer la pensión gracia sustitutiva con fundamento en el numeral 2.º
del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de
2003)20, esto es, a la luz de la acreditación de 50 semanas de cotización, sino
únicamente en cumplimiento de 20 años de servicios y todos los demás requisitos,
pues esta debe haberse consolidado en cabeza del titular para poder trasladar su
exigibilidad.
46. Aclarado lo anterior, y, en atención a que el deceso del señor Gabriel Castillo
Blanco (causante de la pensión) se produjo el 25 de junio de 2020,21 resulta evidente
que la norma en vigor para esa fecha era la Ley 100 de 1993, la cual, en lo pertinente
fue modificada por la Ley 797 de 2003 bajo una serie de presupuestos que serán
los verificables para resolver la situación jurídica de la demandante y de la tercera
17 Ver, entre otras sentencias: Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 10 de
noviembre de 2005. Exp. 25000-23-25-000-1998-05092-01(3496-04). C.P. Ana Margarita Olaya Forero y
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de octubre de 2008. Exp. 2638-2014.
C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia SUJ-029-CE-S2 del
11 de agosto de 2022. Exp. 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017).
19 Dicho pronunciamiento judicial contempló sus efectos de manera retrospectiva según el ordinal segundo de
su parte resolutiva, ello a fin de que las reglas se extendieran a todas las situaciones pendientes de definición
jurídica que no hayan sido objeto de consolidación del fenómeno de cosa juzgada. Por tal razón, claramente su
estudio y sometimiento para resolver el presente asunto es pertinente y necesario, puesto que este litigio se
encuentra pendiente de un fallo de segunda instancia.
20 “Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado
cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”.
21 Ver registro civil de defunción en el expediente digital del índice 29 de SAMAI – Tribunales.
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Radicado: 68001-23-33-000-2022-00065-02 (6118-2024)
interviniente. Dichos preceptos consagran lo siguiente:
«[…] Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia
se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5)
años continuos con anterioridad a su muerte;
[…] Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente,
con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión
de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre
ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento
del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la
beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el
esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal
pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá
reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido
superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota
parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal
vigente; […]». (Negrilla y cursiva intencional).
47. Como se deriva de lo expuesto, el requisito analizado lo que busca es evitar
que, con base en vínculos adquiridos a último momento, o a través de una unión
esporádica e inestable que no tenga el carácter de permanencia, se origine el
derecho a sustituir en forma vitalicia una prestación, y mucho menos en este caso,
una dádiva.22
48. Por tal motivo, la exigibilidad de una convivencia permanente y estable, al
menos durante 5 años, ha sido una constante que va más allá de la simple
cohabitación en una misma residencia compartiendo lecho y mesa.
49. Es por esa razón que, además de los supuestos de hecho aludidos, también se
debe acreditar por parte de la reclamante supérstite una serie de elementos
objetivos y subjetivos que permitan evidenciar la intención de convivir con su
causante, es decir, de mantener una comunión de vida con propósitos alineados
22 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. sentencia del 9 de noviembre de 2017, Exp. 25000-23-
42-000-201-305201-01 (0286-2015). C.P. William Hernández Gómez. En dicha providencia se destacó que:
«[…] el legislador lo previó como un mecanismo de protección, ello para salvaguardar a los beneficiarios
legítimos de quienes pretenden solo buscar provecho económico. De igual forma, debe acreditarse la vocación
de estabilidad y permanencia, de manera que no se tienen en cuenta aquellas relaciones casuales,
circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida el
fallecido pensionado. […]» (Cursiva fuera de texto).
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hacia un mismo objetivo, el cual no es otro que el de conformar una familia.
50. Dichos componentes se corroboran con: el apoyo mutuo y constante, la
comprensión, la vocación de estabilidad, el correlativo respeto, y el soporte
económico, emocional y espiritual;23 elementos que superan la sola existencia de un
vínculo matrimonial, una sociedad conyugal, o una unión marital de hecho
formalmente reconocidas y vigentes.24
51. Lo anterior, claro está, con excepción de los casos en los que, por una situación
inusual de violencia, maltrato u otras causas atribuibles a uno o a los dos sujetos,
se justifique una separación de hecho sin la disolución jurídica del nexo marital, pues
en tales eventos deberá primar el derecho fundamental de la dignidad humana,
incluso mediante análisis con enfoque de género cuando resulten necesarios para
garantizar la igualdad y la protección constitucional de la mujer.
Cónyuge supérstite separada de hecho y sociedad conyugal disuelta
52. La Corporación ha sostenido que, en el caso de los cónyuges, el derecho a la
pensión de sobrevivientes o sustitutiva requiere que la sociedad conyugal esté
vigente, pues la liquidación podría implicar la pérdida del derecho, incluso cuando
el vínculo matrimonial permaneciere activo.25 Ello se explica porque una vez
realizada la separación de bienes, los haberes del pensionado o afiliado dejan de
ser parte de la masa patrimonial.26 Sin embargo, también se ha admitido que es
posible acceder al reconocimiento, siempre que se pruebe la convivencia con el
causante durante los 5 años anteriores al fallecimiento, considerando que tal
escenario27, no impide que la vida en común continúe.28
53. El criterio expuesto deja ver que la exigencia de la cohabitación es fundamental
en el análisis del cumplimiento de los requisitos respecto al cónyuge supérstite que
23 Esta posición acerca de los elementos de la convivencia ya fue expuesta por esta corporación,
específicamente por la Sección Segunda, Subsección “B” en sentencia del 4 de mayo de 2023, dictada en el
proceso con radicado 47001-23-33-000-2016-00471-02 (2430-2022), cuando se aseguró lo siguiente: «[…]
resulta necesario reiterar que el referido requisito de convivencia fue acreditado con las características de auxilio
o apoyo mutuo, comprensión y vida en común, con vocación de estabilidad y permanencia, que en últimas,
conforme con la jurisprudencia, son los factores que legitiman el derecho reclamado […]»
24 Al respecto ver providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de
octubre de 2012. Radicación número: 25000-23-25-000-2010-00860-01 (2475-11).
25 Salvo se encuentre acreditada alguna situación de vulnerabilidad y especial protección.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de octubre de 2016. Expediente: 2014-019-0501
(2650-2015). Demandante: Ida Isaak Nieto; sentencia del 27 de septiembre de 2018. Expediente: 2013-00618-
01 (3232-2017). Demandante: María Mercedes Castro de Caro y otra; sentencia del 19 de marzo de 2020.
Expediente: 2014-03649-01 (0544-2018). Demandante: María Lucila Milán de Lozano.
27 Disolución de la sociedad patrimonial.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de abril de 2018. Expediente: 2010-
00295-01(2564-2014). Demandante: Clara Esther Narváez Ordoñez; sentencia del 2 de julio de 2020.
Expediente: 2015-01982-01 (3633-2019). Demandante: Ángel María Salazar; sentencia del 9 de septiembre de
2021. Expediente: 2014-02561-01 (1598-2019). Demandante: Libia Guzmán de Ñungo; sentencia del 10 de
febrero de 2022. Expediente: 2015-00814-01 (5017-2019). Demandante: Betsy Mabel Buitrago Ordóñez y otra;
sentencia del 21 de septiembre de 2023. Expediente: 2019-01567-01 (4358-2022). Demandante: Beatriz Bonilla
de Arciniegas.
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reclama la prestación, cuando concurre la disolución de la sociedad conyugal, la
vigencia del vínculo conyugal y la separación de hecho. Lo cual, se precisa, no
excluye el estudio de otras condiciones relevantes para decidir lo propio en cada
asunto.
Excepción al requisito de convivencia
54. La Corte Constitucional29 y la Corte Suprema de Justicia30 han sido flexibles al
momento de exigir el aludido requerimiento en los términos que prevé la norma,
postura que se fundamenta en la configuración de una justa causa que interrumpe
la vida marital y la convivencia, la cual puede incluir circunstancias como fuerza
mayor, problemas de salud o situaciones no imputables al cónyuge supérstite, casos
en los que resulta irracional responsabilizar al afectado y además, condenarlo a la
pérdida del derecho, cuando la separación es una medida legítima para
salvaguardar el derecho fundamental a la vida y a la integridad personal. Al respecto
se ha indicado que:
«[…] no sería posible entender, bajo ninguna circunstancia, que una víctima de maltrato
pierde el derecho a la pensión de sobrevivientes de su cónyuge, por el solo hecho de
renunciar a la cohabitación y buscar legítimamente la protección de su vida y su
integridad personal. Pensar diferente sería, ni más ni menos, una forma de
revictimización contraria a los valores más esenciales de nuestro ordenamiento
jurídico, al derecho a la igualdad y no discriminación y al artículo 12 de nuestra
Constitución Política, de conformidad con el cual nadie puede ser sometido a «…tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes…» Igualmente, implicaría reproducir
patrones y contextos de violencia contra la mujer, negarle el derecho a oponerse al
maltrato y condenar a otras mujeres a soportarlo, con tal de no perder beneficios
jurídicos como el de la pensión de sobrevivientes. […]».31
55. Esta posición que ha sido adoptada por el Consejo de Estado,32 ya que en el
contexto expuesto se ha encontrado que la ausencia de la cohabitación está
plenamente justificada y en ese orden, el alcance que se le da a la norma es distinto,
pues busca proteger a aquellas personas que por circunstancias especiales se les
imposibilitó mantener el vínculo conyugal.
56. En sentencia del 3 de marzo de 202233 en la que se probó que la separación de
cuerpos obedeció al maltrato físico y psicológico al que se vio sometida la cónyuge
supérstite, se advirtió:
«[…] esta corporación no puede ser ajena al propósito de la Convención
29 Sentencia T-228 de 2023. Expediente: T-9.169.014. Accionante: Mercedes Robles de Rodríguez.
30Corte Suprema de Justicia. SL1130-2022. Sentencia del 22 de marzo de 2022. Radicación no. 74857.
31 Corte Suprema de Justicia. Radicación no. 45045, 5 de junio de 2019.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del
31 de agosto de 2023. Expediente: 13001-23-33-000-2017-00611-01 (2268-2020). Demandante: Ivonne del
Rosario Gómez Ortega y otro.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 3 de marzo de
2022. Expediente: 25000-23-42-000-2016-03378-01 (4645-2017) Demandante: Cecilia Arévalo de Castillo.
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Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,34
aprobada por la Ley 248 de 1996, cuya finalidad es prevenir, erradicar y sancionar
toda forma de violencia contra la mujer, objetivo que tiene relaciones con otros
instrumentos internacionales adoptados por Colombia, como la «Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer», adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada por Colombia por la Ley 51
de 1981 y ratificada el 19 de enero de 1982, la cual exige a los Estados tomar
medidas con el fin de erradicar todas las formas de discriminación de la mujer.
Corolario de todo lo expuesto, en el presente caso la Sala da por cumplido el
requisito de convivencia exigido legalmente y, en tal virtud, le reconocerá a la
demandante la condición de beneficiaria de la sustitución de la asignación de retiro
deprecada. […]».
57. La Sala se ha pronunciado sobre la flexibilidad del requisito dispuesto en los
literales a) y b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de
2003, así:
«[…] la interpretación armónica de los literales a) y b) del artículo 47 de la Ley 100
de 1993 (modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003), basada en criterios
de equidad y justicia, conlleva a establecer que si bien la actora no convivió durante
los últimos 5 años con el de cujus, ella sí tiene derecho a la pensión de
sobrevivientes, como quiera que en criterio de proporcionalidad, si el cónyuge
supérstite tiene este derecho en las citadas condiciones (5 años de convivencia en
cualquier época cuando existe conflicto con una compañera permanente), ante la
inexistencia de disputa con la compañera permanente, la solución no puede ser
diferente para la esposa de quien no mantuvo otra relación. […]».35
58. Bajo este panorama, la interpretación que se le da a la disposición en comento
sugiere un análisis menos riguroso, que se aparta del sentido estricto de los
requerimientos para ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, por cuanto
permite que la convivencia haya tenido lugar en cualquier tiempo, acercándose más
a la realidad que envuelve los eventos de la falta de vida en común de la pareja que,
en esos términos, no supone la pérdida del derecho.
Resolución del caso concreto
59. Según el acápite anterior, todo beneficiario en calidad de cónyuge o compañero
permanente supérstite que se crea con derecho a reclamar el traspaso de titularidad
de una prestación de jubilación consolidada, necesariamente deberá demostrar la
convivencia con el causante, pero no solo con la acreditación de un vínculo marital
formal o informal, o con la cohabitación en un mismo lugar, lecho o mesa, sino
también con todos los referidos elementos que conlleva crear un lazo de unión
familiar con vocación de estabilidad.
34
Suscrita en Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 28 de junio de
2018. Expediente: 41001-23-33-000-2012-00131-01. Demandante: Rubia Nid Acevedo de Lozano.
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60. Pues bien, la señora María Eugenia González Prada (accionante), quien
alega la calidad de compañera permanente, indicó que esta comunión de vida con
el señor Gabriel Castillo Blanco se dio bajo dicha calidad desde el año 1986 hasta
el 25 de junio de 2020 cuando murió el causante.
61. Con el fin de demostrar lo anterior allegó la Escritura Pública 0196 del 18 de
enero de 2007 otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Bucaramanga, a partir
de la cual se observa que tanto el docente en vida como la reclamante declararon
la existencia de una unión marital de hecho y de una sociedad patrimonial con base
en la siguiente afirmación que realizaron bajo la gravedad de juramento: «[…] siendo
solteros han convivido en forma continua, singular e ininterrumpida desde mil
novecientos ochenta y seis (1986) […]».36
62. También reposan como pruebas documentales dos memoriales radicados por
el propio educador el 12 de octubre y el 27 de diciembre de 2017 ante el Consorcio
FOPEP y ante la UGPP respectivamente, con los cuales expresamente designó a
la demandante como la única beneficiaria de sus prestaciones en virtud de una
eventual sustitución, dada su calidad de compañera permanente, sin existencia de
ninguna otra persona con mejor derecho sobre ella.37
63. Igualmente se observa una certificación de Avanzar Médico del 27 de diciembre
de 2010 en la que se destaca que desde el 15 de diciembre de 2009 se encontraba
afiliado el mencionado educador y en calidad de “cónyuge” la señora González
Prada.38
64. De los extractos de la historia clínica del causante39 también se destaca que la
acompañante a título de esposa que siempre figuraba en las diferentes consultas y
tratamientos era la señora María Eugenia González Prada, a quien además se le
expidió el recibo por parte de Tierra Santa Parque Memorial el 10 de julio de 2020
por concepto de costo inicial de cenizario por cremación del señor Castillo Blanco.40
65. Adicionalmente se resalta la existencia de un informe técnico de investigación
administrativa adelantado bajo el radicado 266237 del 28 de septiembre de 2020
por parte de la compañía COSINTE Ltda., esto a solicitud de la UGPP, con el fin de
establecer la veracidad de la convivencia entre la actora y el docente pensionado.41
De las referidas diligencias se aprecia que de manera contundente se concluyó que:
«[…] Síntesis: En la presente investigación se entrevistó a la señora María Eugenia
Gonzales Prada (solicitante), compañera permanente del señor Gabriel Castillo Blanco
36 Ver anexos de la demanda en los índices 26 a 38 de SAMAI – Tribunales.
37 Ibid.
38 Ibid.
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Ver expediente administrativo aportado por la entidad demandada, el cual reposa en los índices 58 y 59 de
SAMAI – Tribunales.
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(causante), en la ciudad de Bucaramanga - Santander. En dicha entrevista aseveró haber
convivido con el señor Gabriel Castillo Blanco (causante), durante 34 años, como
compañeros permanentes, bajo unión marital de hecho, desde el 10/04/1986, hasta el
25/06/2020, fecha de fallecimiento del causante a la edad de 84 años. Agregó que dentro
de esta convivencia no procrearon hijos.
La anterior información fue corroborada por los familiares del señor Gabriel Castillo Blanco
(causante): Dos primos y un sobrino del causante, quienes agregaron que los implicados
eran compañeros permanentes, los cuales no tuvieron y no conocieron de separaciones
entre los mismos. Así mismo los vecinos entrevistados, quienes residen hace varios años
en el sector donde se dio la convivencia, agregaron conocer a los implicados. Por otro lado,
en el desarrollo de la investigación se determinó que las personas entrevistadas dieron una
descripción física del causante. […]»
66. Ahora, como respaldo de esta documentación, la reclamante solicitó la práctica
de una serie de testimonios, entre estos, los de las señoras: Betty Cadena de
García, Esperanza Blanco Peñuela y Martha Ruth Godoy; así como su propia
declaración.42 Una vez escuchadas cada una de las deponentes, para la Sala
resultan plenamente convincentes sus manifestaciones por haber sido
espontáneas, naturales, orgánicas y completas de detalles respecto del hecho de
que entre el señor Gabriel Castillo Blanco y la señora María Eugenia González
Prada existió una verdadera unión como pareja con fines de apoyo y soporte mutuo,
así como con la voluntad de conformar una familia singular y permanente.
67. Lo anterior se derivó de que las declarantes tenían pleno conocimiento en
calidad de amigas y vecinas de la pareja a la cual visitaban con regularidad y con
quienes se encontraban en reuniones familiares, particularmente con la primera
testigo que era la más allegada al causante, de quien pudo conocer varias
situaciones de vida durante más de 40 años.
68. Se destaca de su versión que, al margen del matrimonio que tuvo con la señora
Leonor Ordóñez Vásquez, luego de su separación, el docente pensionado siempre
presentó en sociedad a la demandante como su “esposa”, con quien compartió no
solo el lugar de residencia, sino también los compromisos y actividades propias de
un hogar estable, permanente y basado en el soporte económico, emocional y
afectivo que, de acuerdo con su relato, era demostrado abiertamente en los
diferentes eventos a los que asistían juntos, de los cuales además se allegaron una
serie de fotografías.
69. Es de resaltar también que, conforme a los testimonios y las pruebas
documentales aportadas, e incluso, con fundamento en la misma declaración de
parte rendida por la tercera vinculada como litisconsorte, la persona que estuvo con
el causante hasta el día de su muerte fue la accionante, precisamente por haber
ocurrido estos hechos en el marco de la pandemia del Covid-19.
42 Ver audiencia de pruebas desarrollada los días 19 de marzo y 7 de mayo de 2024, obrantes en los índices
136 y 146 de SAMAI – Tribunales.
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70. Por lo mismo y contrario al argumento de apelación de la UGPP tendiente a
asegurar que las beneficiarias solicitantes no demostraron la convivencia con el
causante durante los 5 años anteriores a su fallecimiento, lo cierto es que para la
Sala resulta acreditado con suficiencia que la señora María Eugenia González
Prada cumplió con este requisito.
71. Esto por cuanto comprobó una comunión de vida con el señor Castillo Blanco
con todos los elementos que le son propios, esto es, más allá de haber compartido
techo, lecho y mesa, ello al menos a lo largo de 34 años previos al deceso de este
último, lo cual la hacía titular de la sustitución de la pensión gracia, tal como le había
sido otorgada inicialmente por la parte accionada mediante la Resolución RDP
026141 del 13 de noviembre de 2020.
72. En cuanto a la situación jurídica de la señora Leonor Ordóñez Vásquez
(tercera vinculada como litisconsorte), se advierte que tanto la parte demandada
como la accionante sostienen que esta no probó el hecho de haber convivido con el
causante durante 5 años, incluso en cualquier tiempo a lo largo de su vida, más aún
porque si bien estuvieron casados, finalmente liquidaron la sociedad conyugal.
73. Al respecto es de precisar que conforme a la jurisprudencia estudiada en el
marco normativo, si bien en principio tal situación podría privar del derecho a la
cónyuge supérstite, también es cierto que así haya ocurrido dicha separación de
bienes, pero se corrobora que la vida en común subsistió durante los 5 años
anteriores a la muerte, aquella podrá acceder a tal reconocimiento, pues, el aludido
aspecto no implica necesariamente la ruptura del vínculo matrimonial y tampoco
impide que la convivencia efectiva continúe.
74. Ahora bien, frente a la vinculada se encuentra probado que contrajo matrimonio
católico con el señor Gabriel Castillo Blanco el 6 de diciembre de 1968,43 y que,
además, sin que se adviertan anotaciones de cesación de efectos civiles de aquel
vínculo, lo cierto es que en virtud del proceso de separación de bienes promovido
por esta misma como demandante, se profirió sentencia el 13 de septiembre de
1972 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, mediante la cual
se decretó la liquidación de la sociedad conyugal entre ambos al determinar que el
causante era el cónyuge culpable por haber incurrido en malos tratos y ultrajes
físicos y psicológicos hacia la señora Ordóñez Vásquez, lo que hacía imposible la
paz y el sosiego doméstico de la pareja.
75. Esta decisión fue protocolizada mediante escritura pública 286 del 6 de febrero
de 1974, elevada en la Notaría Tercera del Círculo de Bucaramanga,44 dentro de la
cual reposa toda la mencionada actuación judicial, en la que se observa que como
43 Ver registro civil de matrimonio en el expediente administrativo aportado por la entidad demandada, el cual
reposa en los índices 58 y 59 de SAMAI – Tribunales.
44 Ver el expediente administrativo que obra en los índices 58 y 59 de SAMAI – Tribunales.
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pruebas recaudadas en dicho proceso se practicaron varios testimonios como los
de los señores Eduardo Sánchez Castro, Salvador Barón, Fanny Rey de Barragán,
María Elena Samper y Carmen Castro de Sánchez, quienes en su condición de
amigos, vecinos y celador del edificio donde vivía la pareja, dieron fe de que desde
el año 1970 el docente fallecido le propinaba a la tercera interviniente golpes en el
rostro, gritos, insultos y lesiones físicas y psicológicas que afectaron la estabilidad
de ese hogar e hicieron imposible la convivencia, al punto de que la mencionada
esposa lo denunció ante la Inspección Primera Municipal de Bucaramanga.
76. Si bien estos medios de convicción no pueden ser valorados como pruebas
plenas e independientes en esta causa judicial, lo cierto es que desde su contenido
documental analizado bajo la óptica de la sana crítica, sí generan la suficiente
credibilidad para tener como cierto el mencionado hecho, pues al ser valorados en
conjunto con las declaraciones de la propia vinculada y de sus testigos en este
proceso, puntualmente de las señoras Blanca Mesa de Arias y Martha García
Gómez,45 se concluye como se hizo en la referida actuación civil, que fue el señor
Castillo Blanco quien con su conducta reprochable y abusiva para con su cónyuge
impidió que pudiera consolidarse la permanencia de la unión de vida entre ambos.
77. Lo expuesto se asegura con fundamento en la credibilidad generada por los
dichos de las mencionadas deponentes, ya que sus versiones fueron directas y
contundentes al expresar con conocimiento de la situación de la litisconsorte que
vieron las condiciones físicas en las que esta se encontraba durante el tiempo que
duró su matrimonio con el causante, al punto de que supieron y corroboraron la
agresividad del docente cuando le dijo a su cónyuge que: “la iba a matar, que la iba
a tirar del balcón”.
78. Por otra parte, es de destacar que estos testigos no fueron tachados por
ninguna de las partes y tampoco fueron controvertidos por los declarantes de la
parte actora, pues si bien estos últimos también conocían a la señora Ordóñez
Vásquez, afirmaron que no sabían las causas para la terminación del matrimonio
con el docente, lo que permite tener como ciertas las aludidas manifestaciones.
79. En atención a estas particularidades46 la Subsección considera pertinente
aclarar que la violencia doméstica no es un asunto familiar privado en el que se
haya impuesto límites infranqueables al Estado o a sus autoridades. Por el contrario,
a estos les asiste la obligación de tomar medidas preventivas conducentes a
preservar y garantizar el adecuado ejercicio de los derechos en las relaciones entre
45 Ver audiencia de pruebas desarrollada los días 19 de marzo y 7 de mayo de 2024, obrantes en los índices
136 y 146 de SAMAI – Tribunales.
46 Mujer víctima de violencia, resaltando que, es sujeto de especial protección. La Corte Constitucional ha
entendido que la pensión de sobrevivientes se constituye en un derecho cuya connotación es fundamental, si
de su reconocimiento depende que se materialicen las garantías de los beneficiarios que se encuentran en una
situación de debilidad manifiesta, por razones de tipo económico, físico o mental. Sentencia T-245/17 del 25 de
abril de 2017. Referencia: expediente: T-5.978.302.
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los individuos, máxime cuando el Estado colombiano ha asumido compromisos
internacionales para enfrentar la discriminación y las diversas formas de violencia
contra la mujer.
80. Esto se observa en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo aprobadas por la Ley 51
de 1981 y la Ley 984 de 2005, respectivamente; así como la Convención para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ─Convención de Belém
do Pará─, incorporada al derecho interno por la Ley 248 de 1995.
81. Es así como en la Convención de Belém do Pará, la cual se convirtió en el
instrumento base de las leyes de violencia contra la mujer en la región, se explicita
que por violencia contra la mujer debe entenderse “[…] cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”47.
82. Además, en el artículo 7.° de dicho documento se determinó como obligación
de los Estados que la suscribieron el deber de “[…] adoptar, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar
dicha violencia […]”, para lo cual, entre otras medidas, deben “[…] establecer los
mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer
objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u
otros medios de compensación justos y eficaces”.
83. Entonces, de cara a la solución del caso concreto, se resalta que la Comisión
de Género de la Rama Judicial profirió el documento “Criterios de Equidad para una
Administración de Justicia con Perspectiva de Género”48, en el cual señaló una serie
de criterios para guiar a los jueces a identificar los casos en que se debe aplicar la
perspectiva de género al momento de adoptar la respectiva decisión judicial, entre
los cuales se encuentran la inclusión de un listado de diez preguntas clave que el
servidor judicial puede hacerse para establecer si, en un caso concreto, debe aplicar
la perspectiva de género como método analítico de la cuestión jurídica a resolver.
84. Es bien sabido que la convivencia con una persona agresiva y maltratadora trae
repercusiones significativas en varios aspectos de la vida personal y familiar, los
cuales se reflejan en la salud física y mental tanto de quien lo padece, como de los
miembros que lo enfrentan. Esta situación puede generar problemas de ansiedad,
estrés y depresión, entre otros. Además, se suman las dificultades financieras y la
incapacidad para cumplir con las responsabilidades del hogar.
85. En consecuencia, los medios de convicción revelan que fue el comportamiento
47
Artículo 1°.
48
Ver:http://www.mdgfund.org/sites/default/files/GEN_ESTUDIO_Colombia_criterios%20equidad%20para%20el%20sector%20Justicia
.pdf.
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negativo del señor Gabriel Castillo Blanco lo que impidió que luego del año 1972 se
consolidara la cohabitación con la señora Leonor Ordóñez Vásquez. Es decir, fue
por circunstancias ajenas a la voluntad de la última que le fue imposible acreditar a
plenitud todas las exigencias legales para acceder directamente al derecho
sustitutivo de la pensión que devengaba su esposo, por lo que se considera que
tales factores en el presente asunto constituyen una justa causa para aplicar la
excepción de los requisitos de los 5 años de convivencia continua antes del
fallecimiento del causante, así como de la no disolución de la sociedad conyugal
previstos en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003. 49
86. Lo expuesto porque no resulta justo privar a la cónyuge supérstite del derecho
que le corresponde, especialmente considerando el maltrato físico y psicológico que
soportó debido a las circunstancias mencionadas. Ello obligaría a las víctimas a
tolerar por más de 5 años todo tipo de agresiones con el fin de no perder ciertos
beneficios jurídicos como el de la sustitución pensional50, lo que a su vez fomentaría
la aceptación de la discriminación o violencia ejercida en contra de la mujer.
87. Por lo anterior y con fundamento en la jurisprudencia citada, se aplicará la
postura de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia también
desarrollada por esta Corporación51, según la cual, debe demostrarse la convivencia
con el causante durante cinco 5 años en cualquier tiempo, a efectos de reconocer
la sustitución pensional pendiente de definición jurídica para el caso de la tercera
vinculada en su condición de cónyuge supérstite, quien bajo el enfoque planteado
previamente, permite inferir con un criterio más flexible de inmediación y sana crítica
respecto de los testimonios solicitados por esta que, en efecto, aquella hizo vida en
común con el señor Gabriel Castillo Blanco exactamente durante 5 años.
88. De acuerdo con lo expuesto, estima la Sala que el tribunal de origen también
realizó un análisis adecuado sobre la situación particular de la señora Ordóñez
49 Posición que ya fue expuesta en el mismo sentido por parte de esta Subsección en sentencia del 9 de mayo
de 2024 dictada en el proceso con radicado: 68001-23-33-000-2014-00559-02 (5658-2023).
50 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicación no. 45045, 5 de junio de 2019. «Siendo ello
así, no sería posible entender, bajo ninguna circunstancia, que una víctima de maltrato pierde el derecho a la
pensión de sobrevivientes de su cónyuge, por el solo hecho de renunciar a la cohabitación y buscar
legítimamente la protección de su vida y su integridad personal. Pensar diferente sería, ni más ni menos, una
forma de revictimización contraria a los valores más esenciales de nuestro ordenamiento jurídico, al derecho a
la igualdad y no discriminación y al artículo 12 de nuestra Constitución Política, de conformidad con el cual nadie
puede ser sometido a “…tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes…” Igualmente, implicaría reproducir
patrones y contextos de violencia contra la mujer, negarle el derecho a oponerse al maltrato y condenar a otras
mujeres a soportarlo, con tal de no perder beneficios jurídicos como el de la pensión de sobrevivientes».
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del
31 de agosto de 2023. Expediente: 13001-23-33-000-2017-00611-01 (2268-2020). Demandante: Ivonne del
Rosario Gómez Ortega y otro. En dicha providencia se dijo ”la separación no ocurrió por una causa
imputable a Maritza Rodríguez Viaña. Por el contrario, del relato expuesto por Zoila del Carmen Mattos Tinoco
se desprende que fue el comportamiento «mujeriego» del causante en su relación de pareja lo que llevó
a la ruptura, aseveración que no fue refutada dentro del proceso. En ese sentido, para la Sala sí existía una
causa justa para que el cónyuge supérstite dejara la convivencia, pues las reglas de la experiencia muestran
que este tipo de actuaciones repercute en el bienestar psicológico de la pareja. Por tanto, la cónyuge supérstite
no debía soportar las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones maritales de su esposo”.
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Vásquez, por lo que se concluye que se encuentran acreditados los presupuestos
para reconocer el derecho que había quedado en suspenso tanto para la
demandante como para la tercera interviniente, pues se desvirtuó la presunción de
legalidad de los actos administrativos demandados al quedar demostrado que estos
adolecen de nulidad por ir en contra de los preceptos constitucionales y de las
normas superiores en que debían fundarse.
Frente a la proporción del derecho para cada reclamante
89. De conformidad con el artículo 47, literal b), inciso tercero de la Ley 100 de
1993,52 en los casos en que se advierte que no existió convivencia simultánea del
causante con la cónyuge y compañera permanente supérstites, la pensión
sustitutiva debe ser distribuida de manera proporcional al tiempo convivido.
90. El juez de primera instancia concedió este derecho tanto a la demandante como
a la tercera vinculada en un monto del 50% para cada una sin haber especificado el
criterio específico por el cual se adoptada esta decisión.
91. Por su parte, la accionante en su recurso expresó su inconformidad con el hecho
de que se haya accedido al reconocimiento de la sustitución pensional a favor de la
exesposa del causante, ya que desde el principio ha pretendido el 100% de la
prestación. Este hecho habilitó a esta corporación en la presente instancia para
analizar la forma en que debe ser repartido el derecho.
92. Pues bien, contrario a la posición del tribunal de origen, se estima que la pensión
sustitutiva en este caso no puede ser compartida en partes iguales, ya que de esta
forma se desconocería el mencionado criterio de proporcionalidad previsto en la
norma aplicable, el cual se sustenta en el principio de justicia e igualdad material
que implica verificar las condiciones particulares de cada reclamante en relación
con la convivencia, dado que este elemento es el requisito fundamental y
estructurante del derecho a la sustitución pensional en litigio, lo que hace que resulte
apenas coherente que entre mayor tiempo de permanencia con el causante, mayor
sea el porcentaje a percibir de la prestación.
93. Si bien tanto la actora como la tercera interviniente están en condiciones
equiparables respecto de su condición de beneficiarias del derecho, lo cierto es que
ambas se diferencian por mucho en cuanto a los años de comunidad de vida con el
señor Gabriel Castillo Blanco. Tal hecho conlleva un criterio de divergencia que
52 […] En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre
un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de
sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión
conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota
parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre
y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte
le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente. […]
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impide tratarlas de forma igual, y en su lugar, obliga al juez a adoptar acciones
afirmativas de distinción positiva en lo relacionado con la proporción de
reconocimiento de la pensión, a fin de garantizar el acceso más justo del derecho
compartido.
94. Lo expuesto se asegura incluso al margen de que frente a la señora Leonor
Ordóñez Vásquez se hubiese aplicado un enfoque de género para flexibilizar el
análisis probatorio y de los requisitos para acceder a la sustitución pensional, pues
esa misma circunstancia solo está prevista para generar garantías dirigidas a
consolidar la prestación, mas no para crearle un mejor derecho al que legalmente
tendría en detrimento de los intereses de otra reclamante en condiciones de mayor
posición de exigibilidad. Asumir lo contrario sería tanto como usar una herramienta
de eliminación de discriminación para finalmente discriminar por equiparación a otra
persona.
95. En consecuencia, la distribución de la pensión sustitutiva debe ser proporcional
al tiempo de convivencia acreditado respectivamente por la cónyuge y la compañera
permanente sobrevivientes, debido a la suma total de los años de unión de vida de
ambas con el causante como criterio fijo para determinar el porcentaje de cada una
de ellas, esto en aplicación de la siguiente fórmula:
PR = TCI x 100
TTC
96. Donde PR es igual al porcentaje de reconocimiento pensional individual, TCI
equivale al tiempo de convivencia individual, y TTC corresponde a la sumatoria del
tiempo total de convivencia de las reclamantes con el causante.
97. En aplicación de esta fórmula y bajo el entendido de que el tiempo total de
convivencia de ambas beneficiarias con el señor Gabriel Castillo Blanco fue de 39
años (34 de la demandante y 5 de la vinculada), resulta claro que la pensión
sustitutiva a favor de la señora María Eugenia González Prada debe ser
reconocida en una proporción sobre el total de la prestación que devengaba el
causante, equivalente al 87,18%, mientras que la de la señora Leonor Ordóñez
Vásquez será del 12,82%.
98. Ahora bien, como esta decisión implica una reducción en el valor que
devengaba la accionante desde que le fue reconocida la sustitución en vía
administrativa y que actualmente percibe en virtud de los efectos de la medida
cautelar que tiene decretada a su favor (la cual será levantada en esta oportunidad),
la Sala advierte que tal modificación solo podrá ser efectiva desde la ejecutoria de
esta sentencia, sin afectar las situaciones consolidadas por corresponder a
mesadas percibidas de buena fe sobre las que no existe posibilidad de reintegro.
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100. En lo que respecta al caso de la tercera vinculada, la Subsección destaca que
su ingreso a este proceso se dio en calidad de litisconsorte necesaria de la parte
demandada, sin que esta hubiese formulado demanda como interviniente ad
excludendum con una pretensión propia y autónoma de nulidad y restablecimiento
del derecho como pudo haberlo hecho respecto de los actos demandados por haber
sido sujeto de la decisión administrativa.53
99. Por esta razón, como la parte demandada no le había concedido ni negado la
sustitución, sino que solo la dejó en suspenso hasta que el juez competente
resolviera la controversia, resulta evidente que para la señora Ordóñez Vásquez no
hay ningún derecho a restablecer, ya que no actuó en este proceso como verdadera
demandante excluyente que habilitara tal análisis. Por lo mismo, esta providencia
es la constitutiva de la situación jurídica a su favor, al punto de que la prestación en
su proporción solo puede surtir efectos a partir de la ejecutoria del fallo, mas no
desde la muerte del causante como sí la tenía consolidada la accionante.
100. En conclusión, se modificará el ordinal segundo de la sentencia apelada a fin
de ajustar los porcentajes de reconocimiento pensional de la actora y de la tercera
interviniente, así como las fechas de efectividad de estos cambios. Adicionalmente
se levantará la medida cautelar vigente y se confirmará en todo lo demás dicha
providencia.
Condena en costas de segunda instancia
101. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
102. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
103. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
53 Acerca de la forma de vinculación de los terceros intervinientes y las consecuencias de su ingreso al proceso,
ver la sentencia proferida por esta Subsección el 7 de abril de 2025 dentro del proceso con radicado 73001-23-
33-000-2016-00605-01 (6568-2019).
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liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
104. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte
demandada, por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de
apelación, no así a la demandante a quien le prosperó parcialmente su
impugnación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. LEVANTAR la medida cautelar a favor de la accionante decretada el 31
de agosto de 2023 y confirmada el 30 de mayo de 2024.
Segundo. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia proferida el veinte (20)
de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de
Santander, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones, el cual
quedará de la siguiente forma:
«[…] Segundo: A título de restablecimiento del derecho se condena a la
UGPP:
a) Levantar en forma definitiva la suspensión en el pago de las mesadas
pensionales de la señora María Eugenia González Prada derivadas del
reconocimiento de la sustitución pensional dispuesto mediante la Resolución
RDP 026141 del 13 de noviembre de 2020, conforme lo señalado en la parte
motiva.
b) Reconocer a partir de la ejecutoria de esta providencia la sustitución de la
pensión gracia que en vida gozaba el señor Gabriel Castillo Blanco, de manera
compartida a favor de la señora María Eugenia González Prada (en su calidad
de compañera permanente), en un 87,18%, y a la señora Leonor Ordóñez
Vásquez como cónyuge supérstite en un 12,82% del total de la prestación.
c) Reconocer a las señoras Leonor Ordóñez Vásquez y María Eugenia
González Prada, en su respectiva proporción, los derechos prestacionales y
asistenciales otorgados por la Ley a que haya lugar, como beneficiarias de la
sustitución pensional del señor Gabriel Castillo Blanco.
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Radicado: 68001-23-33-000-2022-00065-02 (6118-2024)
d) Reconocer a favor de la señora María Eugenia González Prada el pago, en
un 87,18% y en forma ajustada, de las mesadas causadas durante el tiempo
que tuvo lugar su suspensión por virtud de lo dispuesto a través de los actos
reprochados -periodo de 05/2021 a 12/2023, conforme certificación del FOPEP
del 27 de agosto de 2024; SAMAI 00179-.
No habrá lugar a la devolución de los dineros pagados de forma adicional por
concepto de la sustitución pensional a favor de la señora María Eugenia
González Prada, por tratarse de dineros percibidos de buena fe al ser
reconocidos por la Administración a través de un acto administrativo que se
encontraba amparado por la presunción de legalidad. […]».
Tercero. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia apelada.
Cuarto. Condenar en costas de segunda instancia a la entidad demandada.
Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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