Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00436-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00436-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2021-00436-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 66001-23-33-000-2021-00436-01 (4161-2024)
Demandante : María Eugenia Gómez Carrillo
Demandada : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Medio de : Nulidad y restablecimiento del derecho
control
Tema : Pensión de jubilación docente. Sustentación del recurso de
apelación. Apelación fallida
Decisión : Sentencia segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia del veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
La demanda
Pretensiones
1. La señora María Eugenia Gómez Carrillo, por intermedio de apoderada judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad del acto ficto o presunto
configurado el veinte (20) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), frente a la petición
presentada ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag, el
veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en cuanto negó el derecho a pensión
de jubilación a los 55 años de edad y con el cumplimiento de 1.000 semanas de
cotización.
Número Interno: 4161-2024
Demandante: María Eugenia Gómez Carrillo
Demandada: FOMAG
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que (i) le reconozca y pague la
pensión de jubilación por aportes, equivalente al 75% de los salarios y de las primas
percibidas con anterioridad al cumplimiento del estatus de pensionada, esto es el once
(11) de septiembre de dos mil once (2011); (ii) el cumplimiento a la sentencia de
conformidad con los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011; (iii) el ajuste de los
valores reconocidos, con motivo de la disminución del poder adquisitivo de cada una de
las sumas adeudadas; iv) la inclusión en nómina de pensionados una vez reconocido el
pago de las mesadas atrasadas y; (v) el pago de los intereses moratorios y la condena
en costas a la demandada.
Hechos
3. La señora María Eugenia Gómez Carrillo, nació el once (11) de septiembre de mil
novecientos cincuenta y siete (1957), por lo que a la fecha de presentación de la
demanda1 tenía más de 55 años de edad.
4. Aduce que, tuvo las siguientes vinculaciones como docente al servicio de diferentes
institutos en el Municipio de Dosquebradas (Risaralda), antes de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003 así:
i) Del 12 de marzo hasta el 14 de septiembre de 2002.
ii) Del 16 al 20 de septiembre de 2002.
iii) Del 30 de septiembre al 13 de diciembre de 2002.
5. Que, conforme al reporte de semanas cotizadas ante Colpensiones, con corte al treinta
(30) de junio de dos mil veintiuno (2021), cuenta con 779, 57 semanas, en el régimen de
prima media.
6. Señala que, al completar 55 años de edad y 20 años de servicio oficial, reclamó ante
la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, el veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021), el reconocimiento de una
pensión de jubilación ordinaria, a partir del once (11) de septiembre de dos mil doce
(2012), fecha en la cual completó su estatus de pensionada.
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15 de diciembre de 2021
2
Número Interno: 4161-2024
Demandante: María Eugenia Gómez Carrillo
Demandada: FOMAG
7. Estima que, luego de transcurridos 3 meses sin respuesta alguna, se configuró el
silencio administrativo negativo, derivado del acto ficto del veinte (20) de noviembre de
dos mil veintiuno (2021), que niega la pensión de jubilación por aportes, conforme a la
Ley 71 de 1988.
8. Estima que, a través del acto (ficto) demandado, se otorga la respuesta negativa frente
a su derecho a la pensión, bajo las prerrogativas de la Ley 812 de 2003.
9. Expuso que, en su actividad como docente oficial, ha acumulado más de 1.000
semanas de cotización a la docencia y más de 55 años de edad, que realizó aportes
antes del 23 de junio de 2003, lo que le concede el derecho a la pensión de jubilación por
aportes, en compatibilidad con el salario, así:
ENTIDAD FECHA DE LA PRESTACIÓN TIEMPO DE SERVICIO
Desde hasta AÑO MES DIA
Administradora Colombiana de Historia
Pensiones Colpensiones laboral 1/04/1981 31/02/2004 15 1 28
Orden de Prestación de Servicio de
la Secretaría del Municipio de Dos Constancia
Quebradas laboral 12/03/2002 14/09/2002 0 6 2
Orden de Prestación de Servicio de Orden de
la Secretaría del Municipio de Dos Trabajo No.
Quebradas 1127G 16/09/2002 20/09/2002 0 0 4
Orden de Prestación de Servicio de Orden de
la Secretaría del Municipio de Dos Trabajo No.
Quebradas 1127G 30/09/2002 13/12/2002 0 2 13
Secretaría de Educación Municipio Tiempo de ACTUALIDAD
Dosquebradas servicio 2/02/2004 (02/07/2021) 17 5 1
TOTAL 33 15 18
10. Finalmente expuso que, de las certificaciones expedidas por la Dirección del Fondo
Territorial de Pensiones de la Gobernación de Risaralda y Colpensiones, la demandante
no devenga pensión alguna.
Normas violadas y concepto de violación
11. La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes: Las Leyes 71 de
1988 (artículo 7), 91 de 1989 (artículo 15, numerales 1 y 2), 60 de 1993 (artículo 6), 115
de 1993 (artículo 115), 100 de 1993 (artículo 279) y 812 de 2003 (artículos 1 y 2). Decreto
3752 de 2013, artículos 1 y 2.
12. La parte demandante asevera que se encontraba vinculada como docente a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo tanto, para efectos del reconocimiento
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Número Interno: 4161-2024
Demandante: María Eugenia Gómez Carrillo
Demandada: FOMAG
y pago de su pensión, la norma que le regulaba con anterioridad y que debe aplicarse es
la ley 71 de 1988, pues, realizó aportes al antiguo ISS hoy Colpensiones, y a partir de
ese momento se entiende vinculada para los efectos del cumplimiento del artículo 81 de
la ley 812 de 2003, puesto que el artículo 7º de la ley 71 de 1988, es aplicable a todos los
servidores públicos.
13. Que el acto acusado vulnera las disposiciones legales en que debería fundarse, ya
que la voluntad del legislador fue proteger los derechos de las personas que han laborado
al servicio de la docencia oficial antes del año 2003, toda vez que, reconocer la pensión
con fundamento en la Ley 100 de 1993, quebranta las disposiciones establecidas en la
normatividad docente, en especial, la Ley 812 de 2003.
Contestación de la demanda2
14. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda. Afirmó que el
artículo 81 de la ley 812 de 2003, dispuso que el régimen prestacional de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encontraran vinculados al servicio
público educativo oficial, correspondería al establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley, y que quienes
se vincularan a partir de su entrada en vigencia, serían afiliados al FOMAG con los
derechos pensionales del régimen de prima media, señalado en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, con los requisitos previstos en estas, con excepción de la edad de pensión
de vejez que sería de 57 años para hombres y mujeres, es decir, la incorporación de este
sector de servidores al sistema general de pensiones, surgió a partir de la expedición de
la Ley 812 de 2003.
15. Añade que no es posible reconocer estatus de empleado público a la demandante,
en tiempos trabajados bajo la modalidad de OPS, toda vez que no existe sentencia que
reconozca la relación laboral, ni la vinculación o nombramiento del docente oficial en
calidad de empleada pública adscrita a la Secretaría de Educación del Departamento de
Risaralda y que, no existe obligación alguna a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, razón por la cual no hay lugar a que la entidad le reconozca una
pensión de jubilación bajo esos criterios.
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Índice 0008 de Samai, actuaciones del Tribunal Administrativo de Risaralda.
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Número Interno: 4161-2024
Demandante: María Eugenia Gómez Carrillo
Demandada: FOMAG
La sentencia de primera instancia
16. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia proferida el veintitrés (23)
de mayo de dos mil veinticuatro (2024)3, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda (sin condena en costas).
17. En consecuencia, declaró la nulidad del acto ficto demandado y ordenó, a título de
restablecimiento del derecho, condenar a Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – Fomag, a reconocer y pagar, en favor de la demandante, una pensión de
jubilación por aportes con fundamento en la Ley 71 de 1988, con base en el 75% del
salario promedio que sirvió de base para los aportes y/o cotizaciones durante el año
anterior al de adquisición del status de pensionada, es decir, del 11 de septiembre de
2011 al 10 de septiembre de 2012, a partir del 12 de septiembre de 2012, con efectos
fiscales desde el 20 de agosto de 2018, por prescripción.
18. Para arribar a dicha conclusión, estableció que, estaba acreditado que la demandante
prestó sus servicios como docente para el Municipio de Dosquebradas, a través de
contratos de prestación de servicios que datan del dieciséis (16) de septiembre de dos
mil dos (2002) y, posteriormente como empleada pública, con ocasión a los
nombramientos en provisionalidad y propiedad. Asimismo, estaban detalladas las
vinculaciones laborales en el sector privado, las cuales fueron cotizadas ante
Colpensiones, acumulando un total de 23.4 años de aportes.
19. De lo anterior concluyó que, ateniendo a la sentencia de unificación del Consejo de
Estado del 25 de abril de 2019, se permite el cómputo de los aportes realizados en el
sector privado y en el público, a fin de acceder al beneficio pensional, teniendo en cuenta
los requisitos de edad, tiempo y monto de la mesada, previstos en la Ley 71 de 1988.
20. Así, indicó que no existía controversia respecto a la edad de la demandante y que
esta cumplió 55 años de edad el once (11) de septiembre de dos mil doce (2012), fecha
para la cual, ya acumulaba 8.561 días de servicios, consolidando su estatus pensional
en aquella data.
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Índice 00025 de Samai, actuaciones del Tribunal Administrativo de Risaralda.
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Número Interno: 4161-2024
Demandante: María Eugenia Gómez Carrillo
Demandada: FOMAG
21. Respecto al ingreso base de liquidación de la mesada pensional y los factores
salariales, refirió que, estos parámetros fueron definidos por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-
014 -CE-S2 -20194, razón por la cual, los docentes nacionales vinculados con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, les son aplicables las normas
vigentes para los servidores del sector público nacional, estando las pensiones a cargo
del Fomag, y, por tanto, se rigen por la Ley 33 de 1985, 62 de 1985 y 71 de 1988,
quedando claro que los docentes afiliados a este Fondo, están exceptuados de la
aplicación de la Ley 100 de 1993.
22. Bajo esa línea, indicó que la señora María Eugenia Gómez Carrillo, tiene derecho a
la pensión por aportes en los términos de la Ley 71 de 1988, con el 75% del salario
mensual promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios;
no obstante, al no tener certeza si ya se retiró del servicio, el periodo que debe tenerse
en cuanta para el cálculo del IBL de la pensión por aportes, corresponde al año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional.
23. Añadió que, la demandante no está incursa en la prohibición de percibir doble
asignación del erario contenida en el artículo 128 de la Constitución, pues aunque el
Decreto 2709 de 1994, reglamentario de la precitada Ley 71, en su artículo segundo
dispuso frente a la efectividad del pago de la prestación por aportes, una vez se retiren
del servicio, éste mismo deja por fuera a las «excepciones previstas en la ley», siendo
una de ellas, el caso de los docentes oficiales, contemplada desde el Decreto 224 de
1972 que, en su artículo 5 indica: «el ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce
de la pensión de jubilación».
24. Así, expuso que es procedente la compatibilidad de la prestación con el salario
devengado en su labor docente, sin que sea obligatorio el retiro del servicio y, en
consecuencia, la prestación de la demandante debe ser liquidada con el salario promedio
que sirvió de base para los aportes en el año anterior a la adquisición de su estatus
pensional, es decir, del 11 de septiembre de 2011 al 10 de septiembre de 2010, teniendo
en cuenta como factores salariales, la asignación básica y las horas extras5.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, CP César Palomino Cortés, sentencia de unificación
SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019, expediente 680012333000201500569-01 (0935-2017), demandante Abadía Reynel
Toloza, demandado Fomag.
5
Indicó que, si bien las certificaciones de factores salariales evidenciaban que percibió asignación básica, prima de navidad, prima
de vacaciones, subsidio de alimentación y horas extras, solo podrían incluirse aquellos sobre los cuales se realizan aportes.
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Número Interno: 4161-2024
Demandante: María Eugenia Gómez Carrillo
Demandada: FOMAG
25. Consideró que, en atención a lo establecido en el Decreto 2709 de 1994, la prestación
debía ser reconocida y pagada por la última entidad de previsión a la cual se efectuaron
aportes, siempre y cuando, el tiempo de aportes continuo o discontinuo fuera mínimo de
6 años, razón por la cual, al estar la demandante afiliada al Fomag, a la cual ha realizado
cotizaciones por más de 16 años, es la responsable del pago de la pensión de jubilación
por aportes causada.
26. Para referir a los aportes durante la vinculación de la demandante a través de
contratos de prestación de servicios, añadió que, las sentencias de unificación del
Consejo de Estado6 establecen que cuando se demuestra la existencia de una relación
laboral encubierta, la entidad que ocultó el vínculo, es la responsable del pago de las
acreencias correspondientes, siendo en este caso, el municipio de Dosquebradas (R).
27. Precisó que, dado el carácter de imprescriptible de los aportes a pensión, las pueden
exigirse en cualquier momento, en las proporciones que habrían correspondido al
empleador y al trabajador durante el período en que se ocultó la relación laboral. Dado
que se trata de una obligación compartida, el Fomag deberá verificar si existen diferencias
entre los aportes efectuados y los que debieron realizarse, y la Nación – Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio podrá adelantar las
gestiones para cobrar al municipio únicamente las sumas faltantes que le correspondan
como empleador, por los períodos en que se configuró la relación laboral encubierta.
28. Finalmente, en cuanto a la prescripción, analizó este fenómeno jurídico procesal a la
luz de lo previsto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y, el artículo 102 del Decreto
1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968, para determinar que, en el
presente asunto se configura el referido medio exceptivo, en atención a que el derecho
pensional fue causado el once (11) de septiembre de dos mil doce (2012), por lo que la
demandante tenía 3 años, a partir de esa fecha para interrumpir la prescripción. Sin
embargo, la reclamación administrativa fue presentada hasta el 20 de agosto de 2021 y
la demanda el 14 de diciembre de esa misma anualidad, operando así la prescripción
respecto de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 20 de agosto de 2018.
6
CE SUJ2-5 el 25 de agosto de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de
Unificación del 25 de agosto de 2016. MP. Carmelo Perdomo Cuéter. Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015). SUJ-025-
CE-S2-2021 de fecha 9 de septiembre de 2021, Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. CP Rafael Francisco Suárez
Vargas. Sentencia del 9 de septiembre de 2021. Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho. Radicado: 05001-23-33-
000-2013-01143-01 (1317-2016)
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Número Interno: 4161-2024
Demandante: María Eugenia Gómez Carrillo
Demandada: FOMAG
El recurso de apelación
29. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio7, solicitó la revocatoria de la sentencia, al estimarla «incompatible
con el planteamiento jurisprudencial emitido».
30. Textualmente manifestó:
«El despacho aplica una interpretación inadecuada de la aludida norma, tomando como sustento lo
indicado en la sentencia del 4 de agosto de 2010 emitida por la Sección Segunda del Honorable
Consejo de Estado, por lo que concluye incluir en la base de liquidación todos los factores salariales
que emerjan de las prestaciones devengadas por la parte actora.»
31. Adicionalmente, agregó:
(…) Lo anterior va en contravía de lo vertido en la sentencia de unificación del 28 de agosto del 2018,
emitida por la Sala Plena de la misma corporación, donde se señala con respecto a la jurisprudencia
que sirvió de sustento para la decisión de la Señora Jueza:
“…A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación,
en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de
la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados
y no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en
materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el
servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda
a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periodicamente
recibe el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los
principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta
Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud
de su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación
pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base…”. (Negrilla fuera de texto
original).» (sic para toda la cita)
32. Por último, concluyó que:
«Es claro que lo indicado por el suscrito en el punto primero se ajusta al análisis realizado por el
Honorable Consejo de Estado con respecto a la misma norma. La interpretación realizada por el
Honorable Tribunal Admiistrativo del Cesar traspasa la voluntad del legislador para calcular el IBL
que da lugar a la liquidación de la pensión de jubilación de la parte demandante.
En igual sentido, la sentencia de Unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 de fecha veinticinco (25) de abril
de dos mil diecinueve (2019) establece que solo se deben tener en cuenta los aportes sobre los
cuales se haya realizado aportes a pensiones, dejando claro y dilucidada la posición del órgano de
cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.». (sic para toda la cita)
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Índice 0029 de Samai, actuaciones del Tribunal Administrativo de Risaralda.
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Número Interno: 4161-2024
Demandante: María Eugenia Gómez Carrillo
Demandada: FOMAG
Trámite en segunda instancia
33. Mediante auto del catorce (14) de noviembre de 20258, el despacho sustanciador
admitió el recurso de apelación y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia,
el proceso ingresó al despacho para fallo.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
34. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)9, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
Problema jurídico
35. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si el recurso de apelación
interpuesto por el Fomag contra la sentencia del veintitrés (23) de mayo de dos mil
veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, cumple con los parámetros de
sustentación y congruencia necesarios para proferir un fallo de mérito de segunda
instancia.
Asunto preliminar – De la sustentación del recurso de apelación
36. El artículo 247 del CPACA estableció el trámite del recurso de apelación contra las
sentencias proferidas en primera instancia por los juzgados y tribunales administrativos,
de la siguiente manera:
Artículo 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. El recurso
8
índice 0007 de Samai.
9
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.»
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Número Interno: 4161-2024
Demandante: María Eugenia Gómez Carrillo
Demandada: FOMAG
de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo
con el siguiente procedimiento:
1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia,
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las
sentencias dictadas en audiencia.
[…]
3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se
concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior. Recibido el
expediente por el superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los
requisitos.
[…] (Énfasis de la Sala).
37. El Código General del Proceso (CGP), en su artículo 320, prevé que el recurso de
apelación tiene como objeto «[…] que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que
el superior revoque o reforme la decisión», el cual será interpuesto por la parte a la que
aquella le haya sido desfavorable, con lo que se materializa el principio de doble instancia
contenido en el artículo 31 de la Carta Política.
38. Ahora bien, en lo concerniente al requisito de sustentación del recurso de apelación,
esta Corporación10 ha dicho:
De conformidad con lo expuesto, se advierte que en atención a que la parte demandada no
controvirtió en absoluto la sentencia de primera instancia, esta Corporación no puede resolver a
su favor el recurso, en vista de que los argumentos de la decisión que emitió el fallador de primera
instancia ni siquiera fueron objeto de confrontación dentro del recurso de apelación interpuesto.
En consecuencia, un escrito de apelación que no contenga argumentos tendientes a desvirtuar
las razones que fundamentan el fallo de primera instancia, impide un reexamen de los mismos
de carácter oficioso por parte de la segunda instancia, por cuanto, tal como ya se ha dicho, en
el sub lite, la impugnante se refiere en su recurso a unos fundamentos y consideraciones
diferentes de los adoptados por el a quo para proceder a ordenar la indexación de la primera
mesada del demandante.
En este sentido y de acuerdo con la finalidad del recurso de apelación, resulta necesario no sólo
que el recurrente sustente la decisión, sino que lo haga de la forma adecuada, indicando en
concreto los motivos de inconformidad respecto del fallo del a quo, los cuales determinarán el
objeto de análisis del ad quem y su competencia frente al caso. Lo anterior requiere un grado de
congruencia entre el fallo recurrido y la fundamentación u objeto de la apelación, fuera de lo cual,
se estaría ante una trasgresión al debate jurídico y probatorio que fundamentó la decisión del
juez de primera instancia, así como la finalidad y objeto mismo de la segunda instancia.
[…]
En este sentido, no es dable al juez asumir cargas que corresponden a las partes procesales,
ello desvirtuaría su papel imparcial en el juicio, esto es, en el evento en que una de las partes
está inconforme con la sentencia, es su responsabilidad atacar la decisión poniendo en
conocimiento, tanto del juez como de la parte favorecida con la sentencia, las razones que en su
10
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 1º de agosto de 2018, expediente: 73001-23-31-000-2014-
00160-01 (3026-2015); consejero ponente: William Hernández Gómez. Al respecto, ver también fallos de 28 de junio de 2018,
expediente: 44001-23-33-000-2013-00068-01 (3393-2015), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y 15 de marzo de 2018 y 9 de
noviembre de 2017, expedientes: 25000-23-42-000-2012-00914-01 (2666-2014) y 18001-23-33-000-2015-00214-01 (1050-2017),
respectivamente.
10
Número Interno: 4161-2024
Demandante: María Eugenia Gómez Carrillo
Demandada: FOMAG
criterio, dejan sin fundamento la providencia judicial, de manera que la parte no recurrente pueda
exponer, en ejercicio de su derecho de defensa, las razones por las cuales considera que la
decisión merece ser confirmada.
39. En el mismo sentido, más recientemente, esta Colegiatura sostuvo que «[…] no basta
con la sola interposición del recurso, sino que se hace necesario que se realice la
sustentación con el propósito de que el juez que conoce de la apelación tenga el marco
que delimita su decisión, pues los aspectos de la providencia que no sean recurridos
adquieren firmeza y son ajenos a la competencia del ad quem»11.
40. Por tanto, conforme a las normas y jurisprudencia antes referidas, resulta claro que
la sustentación suficiente y adecuada del recurso de apelación es un presupuesto
procesal indispensable, sin el cual no resulta viable que el superior funcional de una
determinada autoridad judicial estudie la aptitud legal y constitucional de lo decidido en
una sentencia de primera instancia.
Caso concreto
41. En el asunto sub examine, el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante
sentencia del veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), resolvió reconocer
una pensión de jubilación por aportes a la señora María Eugenia Gómez Carrillo, al
concluir que tenía derecho al régimen contenido en la Ley 71 de 1988, pues, para el once
(11) de septiembre de dos mil doce (2012), la demandante tenía más de 20 años de
cotizaciones en el sector público y privado, y contaba con 55 años de edad, por lo tanto,
se le aplicó la tasa de reemplazo del 75%, al promedio de lo devengado del once (11) de
septiembre de dos mil once (2011) al diez (10) de septiembre de dos mil doce (2012),
con la inclusión de los factores que sirvieron de base para calcular los aportes previstos
en la Ley 62 de 1985 (asignación básica y horas extra), efectiva a partir del 12 de
septiembre de 2012, pero con efectos fiscales a partir del 20 de agosto de 2018, por
prescripción.
42. Ahora bien, en lo que respecta al ingreso base de liquidación, el a quo de conformidad
con lo establecido en la sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -201912, proferida por
el Consejo de Estado, indicó que, tratándose de docentes nacionales vinculados con
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Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; auto de 9 de septiembre de 2024; expediente 63001-23-33-000-2016-00147-
02 (4040-2023); consejero de Estado: Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, CP César Palomino Cortés, sentencia de unificación
SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019.
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Número Interno: 4161-2024
Demandante: María Eugenia Gómez Carrillo
Demandada: FOMAG
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio del 2003), les
son aplicables las normas vigentes para los servidores públicos del orden nacional,
estando sus prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y, por tanto, se rigen por las leyes 33 de 1985, 62 de 1985 y 71 de 1988.
43. En virtud de lo anterior, adujo que «[…]la pensión por aportes a la que tiene derecho la actora
en los términos de la Ley 71 de 1988, corresponde al equivalente del 75% del salario mensual promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios […] en lo atinente a los factores
salariales que deben ser tenidos en cuenta para el reconocimiento pensional, contrario a lo pregonado por
la parte actora, cuando refiere que se tenga en cuenta los salarios devengados durante los 12 meses
previos a la adquisición del status de pensionado, debe atenderse son aquellos sobre los cuales los
beneficiarios hayan realizado los correspondientes aportes o cotizaciones a las pensiones por imperativo
legal.»
44. Asimismo, reseñó que, la decisión unificadora indicó que, los docentes afiliados al
referido fondo, se encuentran exceptuados del régimen general de pensiones de la Ley
100 de 1993, por tanto, no es en razón a la transición de esta norma que se les aplican
dichas leyes, sino, como consecuencia de su vinculación a la docencia oficial.
45. Tal y como se resolvió en la sentencia, el a quo señaló que se reconocería la pensión
de la demandante «[…] en un monto equivalente del 75% del salario mensual promedio percibido en el
último año de servicio docente anterior al status pensional (del 11 de septiembre de 2011 al 10 de
septiembre de 2012), con la inclusión solo de los factores que hubieren servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, con efectividad a partir del 12 de septiembre de 2012, día siguiente
a la adquisición del status de pensionada.»
46. Frente a ello, debe señalarse que, conforme al inciso final del artículo 320 del Código
General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, “podrá interponer
el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia”. Ello implica que solo puede
recurrir aquella parte que resulte vencida o que sufra un agravio jurídico concreto con
ocasión de la decisión adoptada.
47. En el presente asunto, advierte la Sala que, conforme al principio de congruencia, la
competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada a los aspectos
planteados en el recurso de apelación, los cuales deben guardar coherencia con lo
alegado en la demanda y su contestación, con el fin de salvaguardar el derecho de
defensa y contradicción de las partes. Esta regla encuentra respaldo en el artículo 328
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Demandada: FOMAG
del Código General del Proceso, que dispone: “COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.”
48. Ahora bien, al analizar el recurso de apelación interpuesto por el FOMAG se
considera que aquel resulta fallido, en tanto se dirige a controvertir aspectos que no
fueron objeto de pronunciamiento en la parte resolutiva del fallo. En efecto, el apelante
manifestó su inconformidad frente a la supuesta interpretación de una norma, alegando
que se sustenta en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 13, emitida por la
sección segunda del Consejo de Estado. Sin embargo, en el fallo no se hace referencia
a la mentada sentencia de unificación, ni sirve como sustento del análisis normativo y
jurisprudencial efectuado para arribar a la decisión de primera instancia, razón por la
cual, el recurso resulta improcedente al debatir un punto excluido de la decisión judicial.
49. Adicionalmente, en el escrito de apelación se hace alusión a sentencia de unificación
SUJ-014 -CE-S2 -2019, para señalar que esta «[…]establece que solo se deben tener en cuenta
los aportes (sic) sobre los cuales se haya realizado aportes a pensiones […]». Esta manifestación
desconoce el contenido del fallo apelado, en el que, justamente, dando aplicación a dicho
criterio jurisprudencial, ordenó la liquidación de la pensión de la demandante, teniendo
en cuenta solo aquellos factores, respecto de los cuales se acreditaron aportes en
pensión, lo cual, evidencia que el recurso no está dirigido a controvertir adecuadamente
lo decidido por el A-quo.
50. A estas alturas del análisis del presente proceso, la Sala precisa que, el apelante tuvo
la oportunidad de referirse a todos y cada uno de los argumentos expuestos por la primera
instancia, con la finalidad de señalar los yerros que consideraba se habían cometidos,
con miras a obtener una decisión favorable a sus intereses. Sin embargo, no se advierten
tales reproches, pues, se reitera, el recurso de alzada hace referencia a una supuesta
sentencia de unificación diferente a la que realmente sustentó la decisión del
Tribunal, lo que impide a esta Corporación, como superior funcional del tribunal de
primera instancia, revisar la providencia apelada para, si era el caso, corregir sus errores.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; C.P: Victor Hernando Alvarado Ardila; Rad: 25000-
23-25-000-2006-07509-01(0112-09); Actor: Luis Mario Velandia, fecha del 4 de agosto del 2010.
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51. Conforme a las normas procesales relativas al deber de sustentación del recurso de
apelación interpuesto contra sentencias dictadas en procesos ordinarios, y,
especialmente, conforme al citado principio de congruencia, entiende esta Corporación
que en el escrito de apelación debe expresarse de forma concreta y breve los
argumentos, por los que el recurrente estima que la providencia fue desacertada, para
efectos que el superior jerárquico centre su estudio en dichos reparos. Situación que no
se cumple correctamente en este caso.
52. En consecuencia, al no controvertir el recurso aspectos decididos por el tribunal, que
configuren además un perjuicio para el FOMAG, se impone declarar su improcedencia y,
en consecuencia, mantener incólume la sentencia de primera instancia.
53. En consecuencia, la Sala mantendrá incólume la sentencia de primera instancia, que
resolvió declarar la nulidad del acto ficto demandado, y, en consecuencia, ordenó el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes a la señora María
Eugenia Gómez Carrillo, con fundamento en la Ley 71 de 1988.
Condena en costas
54. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, es decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, por lo
tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
FALLA
PRIMERO: DECLARAR FALLIDO el recurso de apelación presentado por el Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), de conformidad con las consideraciones de éste proveído.
SEGUNDO: MANTENER INCÓLUME la sentencia del veintitrés (23) de mayo de dos mil
veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
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TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones y constancias de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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