Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00437-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00437-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2021-00437-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
31 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00437-01 (4201-2023)
Demandante: María Elena Gutiérrez Betancur
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Pensión jubilación docente, Ley 71 de 1988. Vinculación
posterior Ley 812 de 2003
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 15 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Risaralda, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. María Elena Gutiérrez Betancur presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad del acto ficto configurado el 26 de noviembre de
2021 respecto de la petición presentada el 26 de agosto de 2021, por medio de la
cual se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación sin exigir el retiro
definitivo del cargo de docente.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes
equivalente al 75% de lo devengado durante el año anterior al estatus [19 de febrero
1
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Graciela de la Cruz Correa
de 2021], sin exigir el retiro definitivo del servicio; ii) el cumplimiento del fallo de
acuerdo con los artículos 192 y 195 del CPACA; iii) el reajuste de las sumas
adeudadas; iv) el pago de los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la
sentencia; y v) la condena en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. María Elena Gutiérrez Betancur nació el 19 de febrero de 1966, por lo que cuenta
con más de 55 años de edad.
3.2. Cotizó en el Instituto de Seguros Sociales 1089.87 semanas, es decir entre el
11 de marzo de 1987 y el 30 de junio de 2010.
3.3. Prestó sus servicios como docente oficial durante 31 años 9 meses y 21 días,
por cuanto el 26 de agosto de 2021 solicitó al Fomag el reconocimiento de la pensión
de jubilación por aportes a partir del 19 de febrero de 2021. Sin embargo,
transcurridos 3 meses sin respuesta, fue configurado el silencio administrativo
negativo derivado del acto ficto del 26 de noviembre del 2021.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15 de la Ley 91 de
1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1994; 279 de la Ley 100 de
1993; 81 de la Ley 812 de 2003 y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
5.1. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes que se
vincularan después de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y
sociales, se regirían por las disposiciones de las que eran beneficiarios los
servidores públicos del orden nacional; lo cual también era extensivo a los docentes
que realizaran aportes al ISS y en el sector público.
5.2. Lo anterior, permite concluir que «para los servidores públicos docentes vinculadas
después de 1990, se UNIFICÓ EL RÉGIMEN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES, con
el resto de empleados públicos del orden nacional, aplicando así mismo todas aquellas
disposiciones aplicables a los empleados públicos de esta denominación, completando, de
ser necesario las semanas exigidas en el antiguo ISS, como lo estableció el artículo 7 de la
ley 71 de 1988».
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Demandante: Graciela de la Cruz Correa
5.3. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que el « [e]l régimen prestacional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculadas al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley»; disposición que
debe ser entendida en el sentido de que « los docentes vinculadas con anterioridad al
año 2003, se le aplican las normas anteriores a la expedición de la Ley 812, es decir la Ley
71 de 1988 como trabajadores privados, o prestando el servicio público o privado con
aportes al antiguo ISS, pues si trataba de proteger a los docentes que con alguna edad
se vinculaban al sector público después del 26 de junio de 2003, y que lograban acreditar
trabajo antes de menciona fecha, TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES ANTERIORES
A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE, le son aplicables» (sic).
5.4. Es decir que «si el docente se encontraba laborando como docente con anterioridad
al 26 de junio del año 2003, estuviera aportando a alguna de previsión del sector público o
al ISS, es preciso indicar que debe respetársele el régimen de transición que contiene el
art. 81 de ley 812 de 2003».
5.5. En ese orden y en consideración a que antes de la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003 la demandante efectuó aportes al ISS, se le debe respetar el régimen
contenido en la Ley 71 de 1988. Puesto que, la « expresión vinculad[o]s, desarrollada
expresamente en la norma, se refiere como lo contempl[ó] el Honorable Consejo de estado,
a estar laborando o haber realizado aportes al ISS, como normatividad aplicable a los
servidores públicos del estado, antes del 23 de junio de 2003» (sic).
5.6. En tanto demostró que se «encontraba vinculada antes del 23 de junio de 2003,
INCLUSO APORTANDO AL ANTIGUO ISS, NO PUEDE EL FONPREMAG, desconocer el derecho de
sus aportes realizados antes del 26 de junio de 2006, hacen parte del régimen de transición
a que tiene derecho […] por ser docente del orden nacional».
5.7. Asimismo, «reconocer la pensión de jubilación, en aplicación de la ley 100 de 1993 a
mi mandante (como se realizó en el acto administrativo demandado), es vulnerar de manera
directa las disposiciones establecidas en la normatividad docente y en especial el contenido
de la ley 812 de 2003, que permite haber laborado antes del año 2003, para acogerse a las
prerrogativas establecidas en la ley 71 de 1988, norma anterior aplicable para los docentes
que demuestran actividad laboral, realizando aportes al antiguo ISS, antes del 26 de junio
de 2003».
1.2. Contestación de la demanda
6. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda2, con
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fundamento en que la docente fue vinculada al servicio oficial mediante el «Decreto
336 del 6 de julio de 2005, a partir del 12 de julio de 2005», de manera que al existir una
vinculación después de 2003 le resultan aplicables las disposiciones de las leyes
812 de 2003, 100 de 1993 y 797 de 2003.
6.1. En cuanto a la condena en costas, en virtud de lo previsto en los artículos 188
del CPACA y 365 del CGP, solo procederá en el caso de resultar probada de manera
objetiva su causación, de lo contrario deberá negarse su pretensión.
6.2. Propuso las excepciones denominadas: i) falta de legitimación en la causa por
pasiva; ii) falta de integración de litisconsorcio necesario; iii) ineptitud sustancial de
la demanda por no agotamiento de la reclamación administrativa; iv) legalidad de
los actos administrativos atacados de nulidad; v) inaplicabilidad de los intereses de
mora y vi) prescripción.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión en sentencia
proferida el 15 de marzo de 2023 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo
de condenar en costas. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los
preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al asunto, observó lo siguiente:
7.1. La demandante no acreditó una vinculación al servicio educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por lo que no era
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 81 de la mencionada
disposición. Asimismo, en tanto se vinculó al magisterio a partir del 19 de julio de
2010, su situación pensional se regía por el régimen contenido en las leyes 100 de
1993 y 797 de 2003.
7.2. En ese orden, como resultaba beneficiaria del régimen general de pensiones, el
pago de la pensión en el presente caso, estaba restringido hasta que se demostrara
el retiro definitivo del servicio del demandante, aunque al sector docente oficial se
le permitió el goce concurrentemente de salario y pensión en los términos del
artículo 6 de la Ley 60 de 1993, lo cierto es que esto fue derogado por la Ley 715
de 2001, de manera que los docentes vinculados a partir de la Ley 812 de 2003 no
tienen derecho a ese beneficio.
7.3. Asimismo, para la fecha de la reclamación administrativa [26 de agosto de 2021]
la demandante no contaba con 57 años de edad [nació el 19 de febrero de 1966],
por lo tanto no procedía el reconocimiento de la pensión en virtud de un régimen
distinto al invocado, toda vez que aquello conllevaría a su retiro del servicio de
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docente, lo cual era desfavorable para ella.
1.4. El recurso de apelación
8. María Elena Gutiérrez Betancur interpuso recurso de apelación con el fin de que
se accediera a las pretensiones de la demanda, por cuanto prestó su servicio por
más de 43 años en entidades públicas y privadas de manera que su derecho
pensional debió estudiarse en virtud de la Ley 71 de 1988, no de las leyes 100 de
1993 y 812 de 2003, la cual estableció la pensión por aportes.
9. Los aportes fueron realizados inicialmente en el antiguo ISS, hoy Colpensiones,
luego al Fomag, de manera que al momento de solicitar la pensión por aportes
acreditó los requisitos previstos en la Ley 71 de 1988 para su reconocimiento, esto
es 55 años de edad y más de 20 años de servicios.
1.5. Trámite de segunda instancia
10. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA.
1.6. El Ministerio Público
11. En esta oportunidad, el Ministerio Público no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.2. Los problemas jurídicos
12. Se circunscriben a resolver ¿si los tiempos de servicios prestados por María
Elena Gutiérrez Betancur durante los cuales efectuó cotizaciones al ISS [hoy
Colpensiones] la hacían beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo
81 de la Ley 812 de 2003?
2.3. Marco normativo
13. 2.3.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y
el régimen exceptuado de los docentes afiliados al FOMAG
14. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…] un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
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control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte3. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas4.
15. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción5. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «[…]
unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»6. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
16. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos7. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
3
Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
4
Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
5
El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
6
Preámbulo y artículo 6.
7
Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
6
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Demandante: Graciela de la Cruz Correa
17. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.
18. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al FOMAG,
para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].
19. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 20038.
20. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
21. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
8
Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
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Demandante: Graciela de la Cruz Correa
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La Nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
22. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
23. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
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24. La Ley 60 de 1993 asignó la administración de los servicios educativos estatales
a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes de su
participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el artículo 6
ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes departamental,
distrital y municipal al FOMAG, así como la conservación del régimen prestacional
anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989.
En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al
señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por
la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual se hubieren
realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad,
que estarán a cargo del indicado fondo.
25. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:
«[…]
De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en
cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional
‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar)
debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme
al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido
en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien,
como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora,
9
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
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Demandante: Graciela de la Cruz Correa
la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga
lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen
Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como
ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión
de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes
nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas
en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la
Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’».
26. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.
27. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
2.3.2. Entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre el
régimen pensional de los docentes oficiales
28. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1º).
10
29. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 2003 , al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
10
«Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
10
Radicado: 66001-23-33-000-2021-00437-01 (4201-2023)
Demandante: Graciela de la Cruz Correa
«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que
para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores.
La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las
cuentas de salud y pensiones.
[…]».
30. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201911, precisó:
«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de
jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de
estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al
servicio educativo oficial de cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres».
31. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
11
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
11
Radicado: 66001-23-33-000-2021-00437-01 (4201-2023)
Demandante: Graciela de la Cruz Correa
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los
principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que
fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente
a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de
la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que
gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para
los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la
cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los
docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de
esta disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que,
en el ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en
cuenta los factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo
1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados
a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de
1985, se rige por las siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de
12
Radicado: 66001-23-33-000-2021-00437-01 (4201-2023)
Demandante: Graciela de la Cruz Correa
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
[…]». [Se resalta]
32. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada
Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años12. Esto quiere
decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe
tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que
se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones
[…]».
33. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección13, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigor de la Ley 812
del 2003.
2.3.3. Compatibilidad pensional de los docentes
34. Desde 1886 el constituyente estableció la prohibición de percibir más de una
asignación proveniente del tesoro público, en ese sentido la norma constitucional
disponía:
«Artículo 64.- Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para
casos especiales determinen las leyes.» [Se resalta]
35. Como se advierte de la disposición en cita, el constituyente previó la posibilidad
12
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio de 2023, radicación
47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
13
Radicado: 66001-23-33-000-2021-00437-01 (4201-2023)
Demandante: Graciela de la Cruz Correa
de que se establecieran excepciones a la prohibición contenida en el artículo 64, las
cuales inicialmente fueron «determinadas» por el presidente de la República, quien
en ejercicio de facultades extraordinarias expidió el Decreto-ley 1317 de 196014,
dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que provengan de establecimientos
docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo15».
Esta excepción fue reiterada en el artículo 32 del Decreto 1042 de 1978.
36. Asimismo, el legislador extraordinario a través del Decreto 224 de 197616, incluyó
de manera expresa dentro de las mencionadas salvedades, la compatibilidad entre
la pensión y el ejercicio docente, así:
«Artículo 5º.- El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la
pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto
para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y
cinco (65) años de edad» [Se resalta].
37. Posteriormente, con ocasión del cambio de régimen constitucional de 1991, se
mantuvo la mencionada prohibición de recibir simultáneamente más de una
erogación del erario en los siguientes términos:
«Articulo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas.»
38. Ahora bien, la anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a
través de la Ley 4 de 1992, la cual en su artículo 19 dispuso:
«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las siguientes
asignaciones:
[…]
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]» [Se resalta]
39. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
14
Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo
64 de la Constitución.
15
Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
16
Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
14
Radicado: 66001-23-33-000-2021-00437-01 (4201-2023)
Demandante: Graciela de la Cruz Correa
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó17:
«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha
ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 […]» [se resalta].
40. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
se destacan las siguientes disposiciones:
41. i) El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: « a los afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].
42. ii) El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que « […] [e]l régimen prestacional
aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las
plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones
será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones»; y
43. iii) El artículo 19 de Ley 344 de 199618 dispuso:
«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
17
Sentencia del 6 de marzo de 2003. Radicado: 05001-23-31-000-1995-01799-01 (Radicado interno:
1577-2001). Consejero ponente: Alejandro Ordóñez Maldonado.
18
Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
15
Radicado: 66001-23-33-000-2021-00437-01 (4201-2023)
Demandante: Graciela de la Cruz Correa
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después
de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»
44. Finalmente, de acuerdo con esta tercera cita normativa, una vez los servidores
públicos adquieran el estatus pensional, cuentan con la posibilidad de optar por una
de las dos opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la
pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta cumplir la
edad de retiro forzoso. De esto, es claro que los servidores públicos podrán disfrutar
de la pensión solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; sin embargo,
nuevamente, de manera expresa el legislador excluyó a los docentes oficiales, por
cuanto dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario
percibido con ocasión del ejercicio docente. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de
1989, 60 de 1993 y 115 de 1994» [Se resalta].
45. Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario y pensión
de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con
posterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al régimen pensional de
prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de
acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes
prestan sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad
docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no
es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen
específico, puesto que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.
46. Adicional a lo expuesto, se advierte que en los decretos a través de los cuales el
gobierno nacional19 «modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y
directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se
dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal», de manera
expresa se reitera la prohibición de desempeñar simultáneamente más de un
19
Por ejemplo: decretos 887 de 2023 y 284 de 2024.
16
Radicado: 66001-23-33-000-2021-00437-01 (4201-2023)
Demandante: Graciela de la Cruz Correa
empleo público, pero se mantiene la excepción en relación con «las asignaciones
de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992», lo que permite evidenciar la vigencia
de la compatibilidad entre el salario y la pensión de quienes desarrollan una labor
docente.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Hechos probados
47. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:
48. María Elena Gutiérrez Betancur nació el 19 de febrero de 196620.
49. Según la copia del Decreto 613 del 25 de junio de 2010 fue nombrada en periodo
de prueba dentro del Sistema de Carrera Docente para desempeñar el cargo de
docente en el nivel de básica secundaria y media en el área de Idioma Extranjero
Inglés. Cargo del cual tomó posesión el 19 de julio de 2010, ante el secretario de
educación municipal y el director administrativo de prestación del servicio educativo.
50. Según la copia del Decreto 281 del 1° de abril de 2011 el alcalde municipal de
Pereira, el secretario de educación, la directora operativa de recursos humanos y el
director operativo asesoría la nombraron en propiedad y, según el acta 302 del 9 de
mayo de 2011, fue posesionada.
51. El 21 de enero de 2021, Colpensiones reportó que la demandante cotizó entre el
11 de marzo de 1987 hasta el 29 de febrero de 2016 durante 1.186,57 semanas.
Asimismo, en el detalle de pagos realizados a partir del 24 de febrero de 1995 indicó
que desde momento fue trasladado al RAI y que en el 2008 retornó al régimen de
ahorro individual hasta el 2016.
52. El 1° de marzo de 2021, el director administrativo de talento humano del sector
educativo de la Secretaría de Educación de Pereira certificó que, la docente fue
nombrada mediante el Decreto 613 del 25 de junio de 2010 y tomó posesión del
cargo el 19 de julio de ese año, el 26 de diciembre de 2014 y 2017 fue ascendido
en el plantel «Sede Ppal Jorge Eliécer Gaitán» [Resoluciones 326 del 14 de enero de
2015 y 511 del 17 de enero de 2018], vinculación que se encontraba vigente el 4 de
enero de 2018.
53. El 26 de febrero de 2021 el director administrativo de talento humano del sector
20 En virtud del registro civil de nacimiento aportado con la demanda, índice 2 de Samai, actuación
denominada ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2.
17
Radicado: 66001-23-33-000-2021-00437-01 (4201-2023)
Demandante: Graciela de la Cruz Correa
educativo de la Secretaría de Educación de Pereira profirió el certificado de salarios
percibidos entre el 19 de julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2020.
54. Mediante la Resolución 2836 del 4 de mayo de 2022, el Fomag negó el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación solicitada el 26 de agosto de 2021
radicado 2021-PENS-016738, con fundamento en que la trabajadora fue vinculada
a esa entidad el 19 de julio de 2010, por lo tanto la prestación se estudió según lo
previsto en la Ley 812 de 2003, toda vez que para ese momento no contaba con 57
años de edad no cumplió los requisitos exigidos para tal reconocimiento.
2.4.2. Análisis sustancial
2.4.2.1. En torno al régimen de transición de la Ley 812 de 2003
55. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión negó las
pretensiones de la demanda al considerar que, en tanto, la demandante se vinculó
a la docencia oficial con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812, no era
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 81 de la mencionada
norma. Así las cosas, su situación pensional se rige por el régimen general
contenido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
56. Además, para la fecha de la reclamación administrativa [26 de agosto de 2021]
la demandante no contaba con 57 años de edad [nació el 19 de febrero de 1966],
por lo tanto, no era posible reconocer la pensión en virtud de un régimen distinto al
invocado, toda vez que aquello conllevaría a su retiro del servicio de docente, lo que
le era desfavorable.
57. Contra la decisión adoptada por el tribunal en primera instancia, la demandante
presentó recurso de apelación con el argumento según el cual sí era beneficiaria
del mencionado régimen de transición, puesto que prestó su servicio por más de 43
años en entidades públicas y privadas de manera que su derecho pensional debió
estudiarse en virtud de la Ley 71 de 1988, no de las leyes 100 de 1993 y 812 de
2003, la cual estableció la pensión por aportes.
58. Aunado a ello realizó aportes inicialmente en el antiguo ISS, hoy Colpensiones,
luego al Fomag, de manera que al momento de solicitar la pensión por aportes
acreditó los requisitos previstos en la Ley 71 de 1988 para su reconocimiento, esto
es 55 años de edad y más de 20 años de servicios.
59. Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, el legislador a través de la Ley 100 de 1993 creó «el sistema de seguridad
18
Radicado: 66001-23-33-000-2021-00437-01 (4201-2023)
Demandante: Graciela de la Cruz Correa
social integral» con el fin de «[…] unificar la normatividad y la planeación de la seguridad
social […]» el cual se aplicaría a «todos los habitantes del territorio nacional21», con
excepción de, entre otros, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, esto es los docentes oficiales.
60. La anterior excepción se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, con la cual los maestros oficiales fueron incorporados al sistema de régimen
pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; sin
embargo, el legislador, con el fin de proteger las expectativas de quienes hasta ese
momento habían prestado sus servicios al magisterio, estableció un régimen de
transición, según el cual, esta reforma solo les sería aplicables a quienes a partir
del 26 de junio de 2003 se vincularan al servicio público educativo oficial.
61. El anterior régimen de transición fue reiterado por el constituyente derivado, a
través del Acto legislativo 1 de 2005, al señalar que «[e]l régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo
81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» [Se resalta].
62. Así las cosas, se advierte que el querer del legislador y el constituyente derivado
fue incorporar a los docentes oficiales al sistema regulado en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, quienes, hasta ese momento, se encontraban excluidos por
disposición expresa. Por lo que, debe entenderse que el régimen de transición
referido solo estaba dirigido a quienes, el 26 de junio de 2003 se encontraban
vinculados como docentes oficiales.
63. En esa misma línea, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia SUJ-
014 -CE-S2 de 25 de abril de 201922, precisó que para efectos de establecer el
régimen prestacional aplicable a los docentes se debía tener en cuenta la fecha de
vinculación al servicio público educativo oficial, en el entendido de que: i)
quienes se hubiesen vinculado «antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003» [26 de
junio de 2003] se les aplicaría aquellas disposiciones que regían a los servidores
públicos del orden nacional y ii) quienes se vincularan con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812, se les aplicaría el régimen pensional de prima media
establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción del requisito de
la edad.
21 Artículo 11 de la Ley 100 de 1993.
22 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
19
Radicado: 66001-23-33-000-2021-00437-01 (4201-2023)
Demandante: Graciela de la Cruz Correa
64. Ahora bien, de acuerdo con lo probado en el proceso, se encuentra que la
demandante se vinculó por primera vez como docente oficial el 19 de julio de 2010
y aunque acreditó aportes previos a esta fecha, de acuerdo con los documentos
aportados, estos no tuvieron origen en la prestación del servicio público educativo
oficial. Así las cosas, la Sala considera que le asiste razón al a quo en el sentido de
que no acreditó su vinculación como docente oficial para el 26 de junio de 2003, por
cuanto, este es el único requisito establecido por el legislador para ser beneficiario
de la transición de la Ley 812; sin embargo, respecto de la imposibilidad para
acceder al reconocimiento de la pensión en virtud de las disposiciones previstas en
la Ley 100 de 1993, por la incopatibilidad entre salario y mesada, no le encuentra
asidero a esa consideración.
65. En el recurso de apelación, la apelante sostiene que para beneficiarse de la
mencionada transición, es suficiente acreditar una vinculación o aportes con
anterioridad al límite temporal establecido en la Ley 812 [la fecha de su entrada en
vigencia], sin embargo, la demandante omite que no se trata de cualquier
vinculación, sino que esta fue cualificada de manera expresa por el legislador, esto
es, debe ser al servicio público educativo oficial, lo cual no fue acreditado en el
sub judice.
66. De otra parte, el reconocimiento de la pensión por aportes también procede para
los beneficiarios de la transición de la Ley 100 de 1993, esto es, para quienes, de
acuerdo con el artículo 36, «al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta
y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son
hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados». Sin embargo, como lo
concluyó el tribunal, la demandante tampoco era beneficiaria de este, puesto que el
1° de abril de 1994, tenía 28 años de edad y había cotizado 7 años.
67. En suma, de acuerdo con la fecha en la que la demandante se vinculó al servicio
público educativo oficial, le asiste el derecho al reconocimiento pensional con base
en el régimen de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que para el
caso de los docentes es de 57 años para hombres y mujeres.
68. Por lo expuesto, esta Subsección concluye que la demandante no era
beneficiaria del régimen de transición de la Ley 812 de 2003, pero contrario a lo
dispuesto por el tribunal de primera instancia le asiste el derecho al reconocimiento
pensional previsto en la Ley 100 de 1993, por lo que se indicará a continuación.
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2.4.2.1. En torno a la verificación de los requisitos previstos del régimen de
prima media
69. Ahora bien, se encuentra que la demandante pretendió el reconocimiento
pensional con fundamento en la Ley 71 de 1988, régimen del cual, como se explicó
no era beneficiaria. Sin embargo, la Sala no pasa por alto que la entidad demandada
tenía la obligación de estudiar la solicitud pensional con base en las disposiciones
que le eran aplicables, por lo que, en la medida en que el objeto del presente litigio
es el acto ficto consecuencia del silencio administrativo negativo, se entiende que
dicha decisión también negó el reconocimiento en virtud de las disposiciones
contenidas en la ley 100 de 1993.
70. De acuerdo con lo expuesto, se procederá a verificar si la demandante acreditó
los requisitos previstos para el reconocimiento pensional de conformidad con el
régimen de prima media, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 33 de
la Ley 100 de 1993, modificada por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, así: i) 57
años de edad [de acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003]; y ii) haber
cotizado un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo, las cuales, a « partir del
1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de
enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año
2015».
71. En cuanto al requisito de la edad: María Elena Gutiérrez nació el 19 de febrero
de 1966, por lo que en la fecha en la que presentó ante la entidad demandada la
solicitud de reconocimiento pensional [26 de agosto de 2021] así como para el
momento de la presentación de la demanda [15 de diciembre de 202123], no contaba
con más de 55 años de edad; no obstante, para el año en curso [2024] ya cuenta
con los 57 años requeridos por la normativa arriba mencionada.
72. Al respecto, se precisa que el artículo 2 de la Constitución Política dispone que
el deber de las autoridades en general y de las autoridades judiciales en particular,
es lograr el goce efectivo de los derechos y deberes previstos en la Carta de 1991,
en los siguientes términos: «Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia del orden justo».
23 Índice 1 de Samai del Tribunal Administrativo de Risaralda.
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Demandante: Graciela de la Cruz Correa
73. En efecto, la Corte Constitucional ha reconocido, en algunas ocasiones, el
derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual implica que derechos como a la
administración de justicia (art. 229 C.P.), la igualdad (art. 13 C.P.), la defensa en el
proceso (art. 29 C.P.) y la efectividad de los derechos (arts. 2 y 228 ibídem), sean
aplicables a los sujetos procesales que acuden a la administración de justicia24.
74. En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha señalado que «[e]l derecho
a la tutela judicial efectiva no sólo comprende el reconocer a las personas naturales o
jurídicas, la posibilidad de demandar justicia ante las autoridades judiciales del Estado, sino
también la obligación correlativa de éstas de promover e impulsar las condiciones
para que el acceso de los particulares a dicho servicio sea real y efectivo»25 [Se
resalta]. Lo cual comporta el compromiso que a través de las actuaciones judiciales
se establezca el orden jurídico y se protejan las garantías personales que se vean
vulneradas.
75. En conclusión aunque para el momento de la presentación de la solicitud de
reconocimiento pensional [26 de agosto de 2021] la demandante no contara con 57
años de edad previstos en la Ley 100 de 1993, modificada por el artículo 9 de la Ley
797 de 2003 como requisito para el reconocimiento pensional, lo cierto es que para
el momento de proferir esta sentencia ya fueron cumplidos, de manera que con el
fin de propender por la tutela efectiva de los derechos de aquella, se tendrá por
cumplido ese requisito.
76. En cuanto al requisito del tiempo de servicio: se observa que María Elena
Gutiérrez Betancur contaba para el 29 de febrero de 2016 con 1.186,57 semanas y
en virtud de los informes del formato único para los certificados de historia laboral y
salarios la demandante estuvo vinculada desde el 25 de junio de 2010 hasta, al
menos el 31 de diciembre de 2020, como docente oficial. Lo cual permite determinar
que entre el 29 de febrero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 se completaron
246 semanas, para un total de 1432 semanas.
77. En virtud de lo anterior, para el 19 de febrero de 2023 cuando cumplió 57 años
[según lo previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003] contaba con más de 1432
semanas cotizadas, por lo que acreditó los requisitos previstos en el régimen de
prima media para efectos del reconocimiento pensional.
78. Ahora bien, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, el personal docente se encuentra exceptuado de la prohibición de
24 Sentencias C- 037-1996 y C- 454 de 2006 Corte Constitucional y la sentencia del 28 de mayo de
2012 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.
25 Sentencia 28 de mayo de 2012 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado.
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Demandante: Graciela de la Cruz Correa
devengar doble asignación del erario, en el entendido de que el reconocimiento y
disfrute de la pensión no se encuentra supeditado al retiro del servicio, es decir
están habilitados para percibir la mesada pensional y continuar ejerciendo el cargo
de docente hasta que llegue a la edad de retiro forzoso.
79. En ese orden, en el caso en estudio, contrario a lo dispuesto por el Tribunal de
primera instancia, María Elena Gutiérrez Betancur tenía derecho al reconocimiento
y pago de la pensión, de acuerdo con las disposiciones contenidas en las leyes 100
de 1993 y 797 de 2002, a partir de la fecha en la que adquirió el estatus pensional,
esto es, a partir del 19 de febrero de 2023 [fecha en la que cumplió 57 años y
contaba con más de 1300 semanas cotizadas], sin que deba acreditar el retiro del
servicio.
80. Así las cosas, se impone revocar la sentencia apelada en cuanto negó las
pretensiones de la demanda y en su lugar declarará la existencia del acto ficto
producto del silencio administrativo negativo y se anulará este. A título de
restablecimiento del derecho se condenará a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y
pagar a la demandante pensión de vejez con el promedio de lo devengado durante
los 10 años anteriores a la fecha en la que adquirió el estatus, con el monto que
corresponda, de acuerdo con el número de semanas cotizadas que, en todo caso,
no podrá superar el 80% de la asignación básica mensual y demás factores
expresamente regulados en el Decreto 1158 de 1994, percibidos en el periodo
previamente señalado.
2.5. Costas
81. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
82. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
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83. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma26.
84. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
85. En el caso concreto, como no se evidenció actuación temeraria o mala fe, ni se
advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal, la
Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
86. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que, en tanto la demandante
se vinculó al servicio público educativo oficial el 19 de julio de 2010, esto es con
posterioridad de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, no era beneficiaria del
régimen de transición previsto en el artículo 81 de esta.
87. Sin embargo, le asiste el derecho al reconocimiento pensional con base en el
régimen de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que para el caso
de los docentes es de 57 años para hombres y mujeres.
88. Por lo anterior, se revocará la sentencia proferida el 15 de marzo de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, que negó las
pretensiones de la demanda y en su lugar se declarará la nulidad del acto ficto y se
condenará a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a la demandante de la
pensión de vejez con el promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores
a la fecha en la que adquirió el estatus, con el monto que corresponda de acuerdo
con el número de semanas cotizadas que, en todo caso, no podrá superar el 80%
de la asignación básica mensual y demás factores expresamente regulados en el
Decreto 1158 de 1994, percibidos en el periodo previamente señalado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
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Demandante: Graciela de la Cruz Correa
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 15 de marzo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, en cuanto negó las pretensiones de la demanda, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar se
dispone:
Segundo. Declarar la existencia del acto ficto, como consecuencia del silencio
administrativo negativo configurado frente a la petición de reconocimiento pensional
presentada el 26 de agosto de 2021, por la demandante a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Tercero. Declarar la nulidad del acto ficto generado como consecuencia del silencio
administrativo negativo configurado frente a la petición de reconocimiento pensional
presentada el 26 de agosto de 2021, por la demandante a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Cuarto. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a la demandante de la
pensión de vejez con el promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores
a la fecha en la que adquirió el estatus [19 de febrero de 2023], con el monto que
corresponda de acuerdo al número de semanas cotizadas que, en todo caso, no
podrá superar el 80% de la asignación básica mensual y demás factores
expresamente regulados en el Decreto 1158 de 1994, percibidos en el periodo
previamente señalado.
Quinto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Sexto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el
artículo 192 del CPACA.
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Demandante: Graciela de la Cruz Correa
Séptimo. No condenar en costas en ambas instancias.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
Aclara voto
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
VMT
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