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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2007-00539-02

Fecha
16 de agosto de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2007-00539-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Modifícase la sentencia del 12 de marzo de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander – Subsección de Descongestión mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. 2º) Declárase patrimonialmente y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la muerte del señor Ramiro Olave Sánchez en hechos ocurridos el 5 de julio de 2006. 3º) En consecuencia condénase a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar: a) Por concepto de perjuicios morales en favor de Víctor Laurenze Olave Acevedo, Ramiro Olave Acevedo, Rosse Mary Olave Acevedo y Cándida Acevedo 35 Fecha de la sentencia de primera instancia. 36 Norma procesal aplicable al presente asunto. 28 Expediente 68001-23-31-000-2007-00539-02 (54.689) Actor: Rosse Mary Olave y otros Reparación directa Apelación sentencia Almeida la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno, para el efecto se tendrán en cuenta los salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de la presente providencia. b) Por concepto de lucro cesante las siguientes sumas: i) en favor de Cándida Acevedo Almeida, la cantidad de ciento diecinueve millones ciento noventa y ocho mil setecientos cincuenta y siete pesos ($119.198.757), ii) para Ramiro Olave Acevedo, el monto de cinco millones ochocientos ochenta y cinco mil setecientos quince pesos ($5.885.715), (iii) en favor de Rosse Mary Olave Acevedo, la suma de ocho millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil ochocientos veintiocho pesos ($8.455.828) y, (iv) para Víctor Laurenze Olave Acevedo la suma de veintiún millones quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco pesos ($21.584.435). 4º) Niegánse las demás pretensiones de la demanda. 5º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia. 6º) Cúmplase lo ordenado en esta providencia conforme a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo. 7º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al Tribunal de origen con las correspondientes constancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-31-000-2007-00539-02

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

16 de agosto de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Consejero ponente: FREDDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 68001-23-31-000-2007-00539-02 (54.689)
Demandante: ROSSE MARY OLAVE Y OTROS
Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – OMISIÓN DEL DEBER DE
PROTECCIÓN

Síntesis del caso: los demandantes pretenden reparación patrimonial por la muerte del
ciudadano Ramiro Olave Sánchez ocurrida el 5 de julio de 2006 a manos de Francisco
Castillo Cobos, se les enrostra a las entidades demandadas haber omitido el deber de
protección en vista de que la víctima les había puesto de presente las constantes amenazas
e intentos de agresión provenientes del victimario.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Nación - Ministerio de
Defensa – Policía Nacional (fls. 346 a 356 cdno. apelación) y el municipio de Lebrija
(Santander) (fls. 357 a 363) contra la sentencia de primera instancia proferida el 12
de marzo de 2015 por el Tribunal Administrativo de Santander - Subsección de
Descongestión mediante la cual se dispuso:

“Primero: DECLARAR solidariamente responsables a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional y Municipio de Lebrija – Inspección de
Policía de Lebrija, por la muerte del señor RAMIRO OLAVE SÁNCHEZ.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior, y de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional y Municipio de Lebrija-Inspección de Policía de Lebrija,
deberá reconocer y pagar las siguientes sumas de dinero:

Por perjuicios materiales:
Lucro cesante consolidado $65.379.816,37
Lucro cesante futuro $52.224.522,07

Por perjuicios morales:
CANDIDA ACEVEDO ALMEIDA Esposa 100 SMLMV
VÍCTOR LAURENZE OLAVE ACEVEDO Hijo 100 SMLMV
RAMIRO OLAVE ACEVEDO Hijo 100 SMLMV
ROSSE MARY OLAVE ACEVEDO Hija 100 SMLMV

Tercero: Negar las demás súplicas de la demanda (…).” (fls. 341 Vlto y
342 cdno. apelación – negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original).

2
Expediente 68001-23-31-000-2007-00539-02 (54.689)
Actor: Rosse Mary Olave y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 18 se septiembre de 2007, los señores Cándida Acevedo Almeida, en nombre
propio y de su menor hijo Víctor Laurenze Olave Acevedo, Ramiro Olave Acevedo,
Rosse Mary Olave Acevedo, Dionisia Sánchez Peña, Abelardo Olave Sánchez,
Pedro José Olave Sánchez, Nelly Sofía Acevedo Olave, Esther Acevedo Olave y
Walter Esneier Rodríguez Acevedo presentaron demanda a través del medio de
control de reparación directa consagrado en el artículo 86 del Código Contencioso
Administrativo (fls. 45 a 62 cdno. ppal.) con las siguientes súplicas:

“PRIMERO: Declárese a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, representada por el señor Ministro JUAN MANUEL SANTOS o
quien haga sus veces, al municipio de Lebrija – Secretaría de Gobierno
– Inspección de Policía de Lebrija, representado por el alcalde el señor
RICARDO JAIMES o quien haga sus veces y la Fiscalía General de la
Nación representada por el señor Fiscal DR MARIO IGUARÁN o quien
haga sus veces, es administrativamente responsable por los daños y
perjuicios materiales y morales causados a los señores CÁNDIDA
ACEVEDO ALMEIDA, y a su menor hijo VÍCTOR OLAVE ACEVEDO,
RAMIRO OLAVE ACEVEDO, ROSSE MARY OLAVE ACEVEDO,
DIONISIA SÁNCHEZ PEÑA, ABELARDO OLAVE SÁNCHEZ, PEDRO
OLAVE SÁNCHEZ, NELLY SOFÍA ACEVEDO OLAVE y ESTHER
ACEVEDO OLAVE y, a su menor hijo WALTER ESNEIER RODRÍGUEZ
ACEVEDO, por la falla del servicio o falta de protección que produjo la
muerte de RAMIRO OLAVE SÁNCHEZ ocurrida el 5 de julio de 2006.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior condenase a la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, representada por el
señor Ministro JUAN MANUEL SANTOS o quien haga sus veces, al
municipio de Lebrija – Secretaría de Gobierno – Inspección de Policía
de Lebrija, representado por el alcalde el señor RICARDO JAIMES o
quien haga sus veces y la Fiscalía General de la Nación representada por
el señor Fiscal DR MARIO IGUARÁN o quien haga sus veces, a pagar, a
cancelarle a cada uno de los actores: señores CÁNDIDA ACEVEDO
ALMEIDA, y a su menor hijo VÍCTOR OLAVE ACEVEDO, RAMIRO
OLAVE ACEVEDO, ROSSE MARY OLAVE ACEVEDO, DIONISIA
SÁNCHEZ PEÑA, ABELARDO OLAVE SÁNCHEZ, PEDRO OLAVE
SÁNCHEZ, NELLY SOFÍA ACEVEDO OLAVE y ESTHER ACEVEDO
OLAVE y, a su menor hijo WALTER ESNEIER RODRÍGUEZ ACEVEDO,
los perjuicios de orden material y moral, subjetivo y objetivado, actuales y
futuros los cuales se estiman en la suma de:

C) El señor RAMIRO OLAVE SÁNCHEZ, estaba sosteniendo y velando
por la subsistencia de su ESPOSA E HIJOS Y MADRE, obligación que
está truncada con el acaecimiento infortunado y lamentable hecho, por lo

3
Expediente 68001-23-31-000-2007-00539-02 (54.689)
Actor: Rosse Mary Olave y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

cual las entidades demandadas deberán resarcir el valor que con la
conducta imputada impidió se sirviera esta (…)1

PERJUICIOS MORALES:

1. Por este concepto para CÁNDIDA ACEVEDO ALMEIDA y su menor
hijo VÍCTOR OLAVE ACEVEDO, en su condición de esposa e hijo de la
víctima, el equivalente en dinero a MIL (1000) salarios mínimos legales
vigentes para cada uno, a la fecha de ejecutoria del fallo, para cada uno
(...) que corresponde a la angustia estrés, la preocupación, dolor,
desesperación, zozobra, y pérdida que mi mandante experimentó al saber
que su esposo y padre el señor RAMIRO OLAVE SÁNCHEZ había muerto,
suceso que ha implicado un fuerte endeudamiento para mi mandante2 (…)
(fls. 45 a 48cdno. ppal.– negrillas, subrayado y mayúsculas fijas del texto
original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico la parte actora invocó, en síntesis, lo siguiente:

1) Desde el año 2004, el señor Ramiro Olave Sánchez era ultrajado verbalmente y
agredido físicamente por el señor Francisco Castillo Cobos, razón por la cual aquel
informó de esos hechos a la Inspección de Policía de Lebrija (Santander) para que
tomara las medidas del caso, motivo por el cual dicha inspección fijó una caución en
contra del señor Francisco Castillo, no obstante, el asedio no cesó.

2) El 22 de abril de 2005, cuando Ramiro Olave Sánchez se desplazaba en una
motocicleta, fue atacado por Francisco Castillo quien le disparó con arma de fuego,
afortunadamente no logró impactarlo, los hechos fueron informados a la Estación de
Policía de Lebrija pero los policiales hicieron caso omiso y no investigaron el asunto.

3) Esa situación fue informada al inspector de policía de Lebrija el 26 de abril de
2005 para que hiciera efectiva la caución impuesta, no obstante, el 5 de junio de
2005 el señor Olave Sánchez volvió a ser insultado por Francisco Castillo, hecho que
también se comunicó a esa autoridad el 9 de junio de 2005.

1
Por concepto de lucro cesante consolidado por la muerte del señor Ramiro Olave Sánchez se solicitó
la suma de $60.000.000 o lo que se declare probado en el proceso, en favor de su esposa Cándida
Acevedo Almeida, sus hijos Víctor Olave Acevedo, Ramiro Olave Acevedo y Rosse Mary Olave
Acevedo y, su madre Dionisia Sánchez Peña. De igual modo, como lucro cesante futuro se solicitó
para dichos demandantes una suma igual o superior a $374.400.000.
2
En el mismo sentido, se solicitó la cantidad de 1000 smlmv para cada uno de los siguientes
demandantes: Ramiro Olave Acevedo y Rosse Mary Olave Acevedo en su condición de hijos, Dionisia
Sánchez Peña en su calidad de madre, Abelardo Olave Sánchez, Pedro Olave Sánchez, Nelly Sofía
Acevedo Olave, Esther Acevedo Olave en calidad de hermanos y, Walter Esneier Rodríguez Acevedo
en su condición de sobrino.

4
Expediente 68001-23-31-000-2007-00539-02 (54.689)
Actor: Rosse Mary Olave y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

4) El 7 de agosto de 2005, cuando Ramiro Olave se hallaba en el parqueadero de la
flota interveredal, donde laboraba, apareció Francisco Castillo Cobos quien le lanzó
un botellazo y lo atacó con cuchillo, el señor Olave se escondió y fue llamada la
policía, cuando llegaron los agentes acompañaron al agredido a un billar donde
encontraron a Francisco Castillo en donde el propietario les entregó a los policiales
un cuchillo que este último le había dado a guardar, seguidamente Ramiro Olave
Sánchez y Francisco Castillo fueron conducidos a la estación de policía y encerrados
en celdas contiguas, sitio en el que el agresor continuó con los insultos y amenazas
de muerte al primero de los nombrados.

5) Estos nuevos sucesos fueron informados a la Inspección de Policía de Lebrija el
12 de agosto de 2005, con la solicitud de que se recaudaran las pruebas
correspondientes y se hiciera efectiva la caución impuesta a Francisco Castillo, no
obstante, no se recibió respuesta.

6) El 18 de agosto de 2005, el señor Ramiro Olave Sánchez presentó un “derecho
de petición” ante la Fiscalía de Bucaramanga a quien le informó de lo sucedido, el
caso fue asignado a la Fiscalía Octava Seccional de Bucaramanga con la radicación
no. 265.722, sin embargo, el 27 de enero de 2006 la Fiscalía Tercera Seccional de
Bucaramanga profirió resolución inhibitoria por atipicidad de la conducta pues,
consideró que se trataba de una riña entre las partes en conflicto y que era
competencia de la inspección de policía resolver el asunto por tratarse de una
contravención.

7) El 5 de julio de 2006, a las 11:00 pm, en la carrera 12 entre calles 12 y 13 de la
población de Lebrija fue ultimado el señor Ramiro Olave Sánchez por Francisco
Castillo Cobos quien lo atacó con un arma blanca, por estos hechos el 14 de
diciembre de 2006 el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga con
Función de Conocimiento, en virtud de preacuerdo, condenó a Francisco Castillo
Cobos en calidad de autor del delito de homicidio.

8) La muerte de Ramiro Olave Sánchez es imputable a la entidades demandadas por
omisión de su deber de brindarle protección a aquel ante quienes acudió para que le
otorgaran la seguridad requerida pero no lo hicieron.

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Expediente 68001-23-31-000-2007-00539-02 (54.689)
Actor: Rosse Mary Olave y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

3. Contestación de la demanda

El 7 de noviembre de 2007, la demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo
de Santander quien ordenó la notificación personal al Ministerio de Defensa, al
municipio de Lebrija (Santander) y a la Fiscalía General de la Nación. (fl. 64 y 65
cdno. ppal.), no obstante, ninguna de las entidades mencionadas contestó la
demanda (fl. 94 cdno. ppal.).

4. La sentencia de primera instancia

El 12 de marzo de 2012, el Tribunal Administrativo de Santander – Subsección de
Descongestión declaró patrimonial y solidariamente responsables a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional y al municipio de Lebrija (Santander) por el
fallecimiento del señor Ramiro Olave Sánchez (fls. 328 a 342 cdno. apelación) con
fundamento en lo siguiente:

1) El señor Ramiro Olave Sánchez formuló múltiples solicitudes ante las entidades
demandadas en las cuales informó de los constantes maltratos verbales, físicos y las
amenazas de muerte que recibía de Francisco Castillo Cobos, el daño es imputable a
la “Inspección de Policía de Lebrija” porque su actuación se redujo a emitir una
caución que nunca se hizo efectiva, e igualmente a la Policía Nacional, por cuanto al
dar aviso de los hechos, la víctima pretendía solicitar protección sin que recibiera una
respuesta efectiva, dicha entidad no tomó las medidas correspondientes para
garantizar su seguridad conforme a lo exigido en la Constitución Política y la ley.

2) Las entidades antes mencionadas omitieron adelantar el “proceso de investigación
criminal por tentativa de homicidio”, hecho que llevó consigo a la configuración del
daño por encontrarse en posición de garante frente al señor Ramiro Olave Sánchez,
de ahí que se configure “la responsabilidad de las entidades estatales por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.”

3) Se absuelve a la Fiscalía General de la Nación, si bien esta autoridad conoció del
asunto, al final se demostró que no era la competente para darle trámite a la
denuncia del señor Olave Sánchez, en atención a que los hechos no se adecuaban
al delito consagrado en el artículo 347 del Código Penal.

6
Expediente 68001-23-31-000-2007-00539-02 (54.689)
Actor: Rosse Mary Olave y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

4) Sobre los perjuicios, se evidenció que el señor Ramito Olave Sánchez era una
persona económicamente activa para la época de los hechos pero, como no se
demostró cuánto devengaba se presumió que al menos obtenía al equivalente a un
salario mínimo legal mensual vigente; para el reconocimiento del lucro cesante
pasado y futuro se aumentó al salario mínimo un 25% por prestaciones sociales,
menos un 25% de gastos personales, la suma resultante se dividió en un 50% para
la cónyuge supérstite, Cándida Acevedo Almeida, y el otro 50% para los hijos Ramiro
Olave Acevedo, Rosse Mary Olave Acevedo y Víctor Laurenze Olave Acevedo hasta
que estos cumplieran la edad de 25 años, a dichas personas también se les otorgó la
suma de 100 smlmv para cada uno por concepto de perjuicios morales.

5) Respecto de los demás demandantes se negó el reconocimiento de perjuicios
porque se probó su parentesco con la víctima ni dependencia económica.

5. Los recursos de apelación3

5.1 Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

En escrito del 24 de marzo de 2015 solicitó que se revoque la sentencia apelada y se
nieguen las pretensiones de la demanda (fls. 346 a 356 cdno. apelación) por razón
de lo siguiente:

1) El señor Ramiro Olave Sánchez puso en conocimiento las amenazas ante la
Inspección de Policía de Lebrija, no ante la Policía Nacional frente a quien nunca se
radicó una solicitud de protección especial u otra orden judicial que obligara a prestar
seguridad y vigilancia permanente.

2) Las pruebas recaudadas en este proceso son diferentes a las del expediente con
radicación no. 25000-23-26-000-1996-12794-01 (28857) cuya sentencia del 12 de
febrero de 2014 de la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado se cita
como precedente, la Inspección de Policía de Lebrija es una dependencia del
municipio de Lebrija que no tiene relación con la Estación de Policía de dicha
población que pertenece al Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

3
La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de apelación el 13 de abril de 2015, no obstante,
las referencias allí dispuestas no tuvieron nada que ver con los hechos aquí debatidos pues, en este
aludió a un caso de privación injusta de la libertad, de manera que ese escrito no será tenido en
cuenta ya que, como se verá más adelante, el Tribunal Administrativo de Santander lo consideró
improcedente (fls. 364 a 368 cdno. apelación).

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Expediente 68001-23-31-000-2007-00539-02 (54.689)
Actor: Rosse Mary Olave y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

3) La muerte de la víctima fue consecuencia de la acción directa de un tercero, el
señor Francisco Castillo Cobos, de manera que no se configura una falla del servicio,
no existe fundamento para que la Policía Nacional sea declarada patrimonialmente
responsable, no hay prueba de que la persona fallecida contara con medidas de
protección a su cargo en los términos del Decreto no. 2788 del 2 de octubre de 2003
pues, era el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER), integrado
por varias instituciones, quien evaluaba en cada caso el grado de amenaza, nivel de
riesgo y recomendaba las medidas de protección a adoptar.

5.2 Municipio de Lebrija (Santander)

Presentó apelación en el que solicitó la revocatoria parcial de la sentencia
impugnada, para que en su lugar se declare que no le asiste responsabilidad alguna
(fls. 357 a 363 cdno. apelación), debido a los siguientes argumentos:

1) La Inspección de Policía de Lebrija mediante escrito del 26 de marzo de 2005 le
solicitó a la Estación de Policía acantonada en dicha población que le brindara la
seguridad respectiva a Ramiro Olave Sánchez y a su familia, debido a que la vida e
integridad de dicha persona se encontraba en peligro, de modo que cumplió con la
obligación de requerir de manera expresa a la Policía Nacional de realizar un
seguimiento de la actividad personal de Francisco Castillo Cobos para conminarlo,
requisarlo, indagarlo y para disuadirlo de la persecución criminosa.

2) La primera instancia desconoció que en este caso las garantías especiales de
protección a la vida e integridad de los ciudadanos se encuentra a cargo del
organismo de seguridad y no del municipio de Lebrija, máxime cuando este último
actuó en cumplimiento de las funciones que le corresponden.

3) Erró el tribunal en sustentar la responsabilidad en un defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia, debió condenar a la Nación – Policía Nacional con
fundamento en el título de imputación de falla del servicio por la omisión del deber de
prestar seguridad a una persona que se encontraba en una condición especial de
riesgo.

4) La Inspección de Policía de Lebrija no era la competente para investigar el delito
de homicidio en el grado de tentativa ya que solo tenía a su cargo el conocimiento de
las contravenciones establecidas en la Ley 23 de 1991, la obligada a asumir la

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Reparación directa
Apelación sentencia

investigación penal era la Fiscalía General de la Nación a quien no debió exonerar de
los hechos aquí debatidos, debido a que sí conoció la denuncia presentada en su
momento por la víctima y estaba obligada a prestar un mayor grado de diligencia en
el sentido de realizar las actividades investigativas pertinentes.

5) No puede haber responsabilidad del Estado porque el señor Francisco Castillo
Cobos fue condenado como autor del delito de homicidio por “exceso en la legítima
defensa”, esto presupone que este se defendió de una agresión proveniente de
Ramiro Olave Sánchez, evento en el cual la jurisprudencia ha considerado que se
presenta una causal de exoneración de responsabilidad de la administración por la
culpa exclusiva de la víctima en los hechos que dieron lugar al hecho dañoso.

6. Actuación surtida en segunda instancia

La audiencia de conciliación prevista en el artículo 43 de la Ley 640 de 2001 se llevó
a cabo por el Tribunal Administrativo de Santander el 3 de junio de 2015, y debido a
que no hubo ánimo conciliatorio se declaró fallida, se concedieron los recursos de
apelación interpuestos por el municipio de Lebrija y la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional, excepto el formulado por la Fiscalía General de la Nación por
considerarlo improcedente (fl. 375 cdno. apelación)4.

Por auto del 31 de julio de 2015, el Consejo de Estado admitió el recurso de
apelación (fl. 379 cdno. apelación) y, posteriormente, el 18 de septiembre de 2015
(fl. 381 cdno. apelación) se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión por
el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso al Ministerio Público para
que emitiera concepto.

En el término concedido las partes expresaron lo siguiente:

1) La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional insistió en lo expresado la
apelación acerca de la existencia del hecho de un tercero y que la víctima nunca
solicitó protección de manera expresa, refirió que los oficios siempre fueron dirigidos
al Inspector de Policía de Lebrija quien expresó en el presente proceso que si bien
había oficiado al Comando de la Policía de Lebrija para que le hiciera seguimiento al

4
La razón para ello fue la siguiente: “el despacho lo considera improcedente ante la falta de
legitimidad del ente acusador para interponerlo, toda vez que la condena impuesta no lesiona los
intereses de la precitada entidad.” (fl. 375 cdno. apelación).

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Reparación directa
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señor Castillo, este contestó que la solicitud debía dirigirse al Comando
Departamental pero que no recordaba si redirigió el oficio a esta última autoridad (fls.
382 a 387 cdno. apelación).

2) La Fiscalía General de la Nación solicitó que se confirme la sentencia de primera
instancia, por cuanto no existe nexo causal entre el daño y sus actuaciones, además,
no era la competente para dar trámite a la denuncia presentada por el señor Olave
Sánchez porque la situación fáctica no se adecuaba al tipo del artículo 347 del
Código Penal (fls. 395 a 398 cdno. apelación).

3) La parte demandante insistió en las pretensiones de la demanda y pidió que la
sentencia apelada sea confirmada (fls. 415 y 416 cdno. apelación).

4) El Ministerio Público rindió concepto, estimó que le asistió razón el tribunal por el
hecho de condenar al municipio de Lebrija y a la Policía Nacional debido a que
conocieron del peligro que se cernía contra Ramiro Olave y no ejercieron las
medidas del caso para garantizar su protección (fls. 417 a 425 cdno. apelación).

5) El municipio de Lebrija guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la
decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusión, 4) liquidación de perjuicios y,
5) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna5, el objeto de la controversia consiste
en determinar si se reúnen los elementos para declarar extracontractual y
patrimonialmente responsables a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, municipio de Lebrija (Santander) y a la Fiscalía General de la Nación de la

5
El deceso del señor Ramiro Olave Sánchez acaeció el 10 de julio de 2006 (fl. 22 cdno. ppal.), el
término para presentar la demanda de reparación transcurrió entre el 11 de julio de 2006 y el 11 de
julio de 2008, la demanda se presentó el 18 de septiembre de 2007 (fl. 62 cdno. ppal.) y lo fue dentro
del término exigido por el numeral 8 del artículo 136 del CCA, vigente para esa época.

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Reparación directa
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muerte del señor Ramiro Olave Sánchez con ocasión de las heridas propinadas por
un tercero, el señor Francisco Castillo Cobos, en hechos ocurridos el 5 de julio de
2006 en esa municipalidad.

El tribunal de primera instancia declaró patrimonialmente responsables al municipio
de Lebrija (Santander) y a la Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional por el
hecho de que, en su parecer, conocieron del riesgo al que se encontraba expuesta la
víctima y no ejercieron medidas idóneas para garantizar su protección y exoneró de
responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación; en la apelación aquellas
demandadas consideran que no son responsables, no incurrieron en falla del servicio
y que está probado el eximente de responsabilidad por el hecho exclusivo de un
tercero.

La sentencia de primera instancia será modificada, ya que si bien se considera que la
Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional es patrimonial y
extracontractualmente responsable por el desconocimiento de las obligaciones a su
cargo, no ocurre lo mismo frente al municipio de Lebrija a quien no le asistía la
función particular de suministrar protección personal y actuó en el marco de sus
deberes funcionales, de otra parte, se mantendrá la absolución respecto de la Nación
• Fiscalía General de la Nación ante quien no se hizo ninguna solicitud puntual de
protección, sin que se advierta probada alguna causal eximente de responsabilidad,
es decir, el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima.

2. Análisis de la impugnación

La Sala abordará el estudio del presente caso en el siguiente derrotero: 1) régimen
de responsabilidad aplicable por omisión del deber de prestar seguridad personal, 2)
hechos probados, 3) el daño y, 4) la imputación.

2.1 Régimen de responsabilidad aplicable por omisión del deber de
prestar seguridad personal

1) La jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación6 de tiempo atrás ha
precisado que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del
servicio por omisión del deber de prestar seguridad a las personas cuando: (i) se

6
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 29 de 2012, expediente no. 24.444, MP
Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia de agosto 11 de 2011, expediente no. 20.325, MP Mauricio
Fajardo Gómez.

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Expediente 68001-23-31-000-2007-00539-02 (54.689)
Actor: Rosse Mary Olave y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

acredite que la persona contra quien se dirigió el ataque había solicitado
previamente medidas de protección a las autoridades y estas no se la brindaron o
las mismas fueron insuficientes o tardías, de tal manera que los efectos antijurídicos
de la omisión concretados en un daño son objeto de reproche jurídico (infracción a la
posición de garante)7; (ii) la víctima no pidió las medidas referidas pero, las fuerzas
del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida8 y, por ende,
estaban obligadas a actuar (deber de diligencia) y, (iii) porque en razón de las
especiales circunstancias que se vivían en el momento, como por ejemplo, la grave
alteración del orden público y el conocimiento público de amenazas por parte de
terceros, el hecho era previsible y cognoscible, y no se realizó actuación alguna
encaminada a su protección9.

2) También se ha precisado que a pesar de que es un deber inherente al Estado
garantizar la protección a todas las personas residentes en el país, no le son
imputables todos los daños a la vida, a la integridad física o a los bienes de las
personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas,
en la medida que se circunscriben a sus capacidades de atención y respuesta en
cada caso concreto; sin embargo, esta misma Corporación, en abundantes
pronunciamientos, ha resaltado que la relatividad de las obligaciones del Estado no
necesariamente excusa el incumplimiento de sus deberes, sino que, debe
examinarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir con los estándares
funcionales10.

2.2 Hechos probados

De las pruebas recaudadas en el proceso y valoradas en su conjunto se tienen como
ciertas las siguientes relevantes circunstancias fácticas:

1) Según se desprende de varios documentos y derechos de petición presentados
ante la Inspección de Policía de Lebrija, el señor Ramiro Olave Sánchez era víctima
del asedio contra su integridad personal por Francisco Castillo Cobos desde el año

7
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, rad. 20511, MP Ruth
Stella Correa Palacio.
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de junio 19 de 1997, rad. 11875, MP Daniel Suárez
Hernández.
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de octubre 30 de 1997, rad. 10958, MP Ricardo
Hoyos Duque.
10
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 3 de abril de 2020, expediente no.
47.334, MP Ramiro Pazos Guerrero.

12
Expediente 68001-23-31-000-2007-00539-02 (54.689)
Actor: Rosse Mary Olave y otros
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2004, según los relatos de la víctima11, las ocasiones en las que fue agredido verbal
y físicamente fueron las siguientes:

a) En el año 2004, Ramiro Olave fue agredido físicamente por el señor Francisco
Castillo Cobos, la víctima resultó con una lesión en la cabeza que fue suturada con 8
puntos, esa situación fue conocida por la Fiscalía ante quien los participantes del
suceso decidieron conciliar12.

b) En otra oportunidad, un día domingo cuando el señor Olave Sánchez estacionó un
vehículo frente a una tienda, advirtió que el agresor venía detrás de él con una
botella en la mano, se retiró del lugar para evitar problemas pero, fue insultado,
agredido verbalmente13.

c) En otra ocasión posterior, cuando el señor Olave Sánchez se hallaba en la
esquina de la ferretería “Centro Díaz” vio que Francisco Castillo Cobos estaba detrás

11
Si bien se trata de hechos relatados por el mismo señor Ramiro Olave Sánchez que, en principio, no
se hicieron a través de testimonio o bajo la gravedad del juramento, lo cierto es que dichas
afirmaciones junto con los demás medios de prueba obrantes del proceso, otorgan consistencia,
credibilidad y veracidad a sus dichos, a tal punto que al final dicha persona fue asesinada por quien en
varias ocasiones manifestó era su agresor, el señor Francisco Castillo Cobos. Dichas pruebas son las
siguientes: (i) el escrito presentado por Ramiro Olave Sánchez el 26 de abril de 2005 ante el Inspector
de Policía de Lebrija (Santander) donde insistió en los actos de persecución en su contra (fl. 10 cdno.
ppal.), (ii) el documento del 9 de junio de 2005 presentado por la víctima ante la Inspección de Policía
de Lebrija donde denunció un nuevo atentado contra su integridad personal (fl. 11 cdno. ppal.), (iii) el
derecho de petición radicado el 15 de agosto de 2005 ante la Inspección de Policía de Lebrija para
que se hiciera efectiva la caución (fl. 13 cdno. ppal.), (iv) el derecho de petición presentado por la
víctima el 18 de agosto de 2005 ante la Fiscalía General de la Nación con el mismo propósito de hacer
efectiva la caución contra el agresor (fl. 15 cdno. ppal.), (v) el oficio del 26 de octubre de 2005 del
inspector de policía de Lebrija dirigido a la Estación de Policía de ese municipio para que le prestara
protección al occiso (fl. 231 cdno. ppal.), (vi) el documento del 15 de marzo de 2006 de la Estación de
Policía de Lebrija donde se le hicieron recomendaciones de autoprotección a la víctima (fls. 18 a 20
cdno. ppal.), (vii) la certificación emitida el por la asistente del Fiscal II de la Fiscalía 31 Seccional de
Bucaramanga, donde se afirma que el 5 de julio de 2006 Ramiro Olave fue atacado con arma blanca
por Francisco Castillo Cobos (fl. 4 cdno. ppal.) y , (viii) la sentencia del 14 de diciembre de 2006 del
Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga con Función de Conocimiento que condenó a
Francisco Catillo Cobos a la pena principal de prisión de 47 meses y 7 días de prisión por el homicidio
de Ramiro Olave Sánchez (fl. 23 cdno. ppal.).
12
Hecho expresado por Ramiro Olave Sánchez en escrito del 18 de agosto de 2005, dirigido a la
Inspección de Policía de Lebrija (Santander) (fl. 14 cdno. ppal.).
13
Sobre este hecho, en escrito del 25 de abril de 2005 dirigido a la Inspección de Policía de Lebrija, el
señor Ramiro Olave Sánchez relató: “Un día domingo llegué a estacionar un vehículo frente a la tienda
“Sombra de Piñeros” cuando salió de la tienda con una botella en la mano (Francisco Castillo), cuando
lo vi, decidí estacionar el carro media cuadra más adelante para evitar problemas, al momento llegó
Abelardo Quiñones y me dijo que estuviera pilas con Francisco Castillo que iba detrás mío con una
botella en la mano, cuando miré estaba detrás de mi carro, entonces yo para evitar problemas prendí
el carro y me dispuse a trasladarme para mi casa, cuando empezó a insultar, pero no le presté
atención, al otro día me llamó Rodrigo Plata, un compañero de trabajo, y me dijo que tuviera cuidado
con Francisco Castillo porque él escuchó que le estaba diciendo a otras dos personas que tan
prontamente yo le diera la espalda me iba a matar.” (fl. 9 cdno. ppal).

13
Expediente 68001-23-31-000-2007-00539-02 (54.689)
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suyo con un cuchillo en la mano, por suerte salió hacia el parqueadero para evitar la
confrontación14.

d) Una noche, el señor Ramiro Olave se desplazaba por la “calle 12”, vio a Francisco
Castillo Cobos en la puerta de una tienda con una botella en la mano, cuando lo vio
se bajó del andén para seguir por la calle, fue amenazado por este pero aquel lo
ignoró15.

2) El 26 de abril de 2005, el señor Ramiro Olave Sánchez presentó un escrito ante el
Inspector de Policía de Lebrija (Santander) en el cual rememoró que antes de esa
fecha les había sido impuesta una caución prendaria, tanto a él como a Francisco
Castillo Cobos por el conflicto existente entre ellos, relató los hechos referidos
anteriormente en los cuales el señor Castillo Cobos lo había agredido física o
verbalmente, a tales sucesos agregó que el viernes 22 de abril de 2005, en horas de
la noche, cuando se desplazaba en motocicleta de la vereda “Motoso” hacia el caso
urbano, el agresor se hallaba oculto en un pastal y le disparó con un arma de fuego
sin que fuera impactado, dijo haber puesto en conocimiento dicha situación a la
Estación de Policía de Lebrija, pero el personal de esta dijo que no habían
encontrado al presunto agresor, y también adujo lo siguiente:

“Estas denuncias anteriores no las había colocado, esperando que no
volvieran a suceder pero ya con lo del viernes me veo en la obligación
de denunciarlo ante Ud. y ante las autoridades competentes por
intento de homicidio y para que de aquí en adelante se tenga
conocimiento de mi situación con este señor, agrego que no solo yo
corro peligro, también mi familia ya que mi hijo los días miércoles y viernes
realiza el recorrido a motoso cuando yo no puedo”. (fl.10 cdno. ppal. –
destaca la Sala).

3) Las agresiones no cesaron, el 9 de junio de 2005 el señor Ramiro Olave presentó
un nuevo escrito ante el Inspector de Policía de Lebrija, en el cual, una vez más,
puso de presente que el 5 de junio de 2005, aproximadamente a la 4 pm, cuando se
trasladaba por la “calle 10 entre Cra 12 y 13” en un vehículo, observó que Francisco
Castillo Cobos venía empujando un carro junto a otras personas, quien al ver Olave,
el señor Castillo Cobos atravesó el automotor que estaba empujando para bloquearle
el paso a aquel, y como Ramiro Olave no le decía nada, Francisco Castillo Cobos lo

14
Hecho relatado en escrito del 25 de abril 2005 dirigido al Inspector de Policía de Lebrija (fl. 9 cdno.
ppal.).
15
Acontecimiento referido en petición del 25 de abril 2005 dirigido al Inspector de Policía de Lebrija (fl.
9 cdno. ppal.).

14
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insultó nuevamente, le dijo que pasara e intentó sacar algún objeto de su vehículo
(presuntamente para agredirlo), pero, afortunadamente, los compañeros del agresor
lo detuvieron (fl. 11 cdno. ppal.).

4) Mediante un escrito del 15 de agosto de 2005, Ramiro Olave Sánchez dirigió una
nueva petición al Inspector de Policía de Lebrija en la cual relató un nuevo hecho
ocurrido el 7 de agosto de ese año, dijo que a las 6:15 pm se hallaba sentando en la
entrada del parqueadero de la flota Interveredal donde laboraba como conductor de
un vehículo automotor, en aquel momento apareció Francisco Castillo Cobos con
una cerveza en la mano, se dirigió a hablar con Álvaro Grimaldos, también
conductor, pero cuando se puso de frente le lanzó un botellazo el cual esquivó, acto
seguido desenfundó un cuchillo de diez pulgadas y se abalanzó sobre su humanidad,
debido a esto, corrió hacia el interior del parqueadero y salió por la puerta trasera
hacia la calle, la situación la informó a la Policía quien buscó al agresor, fue
encontrado en un billar en donde el dueño le entregó a los oficiales el cuchillo que
Francisco Castillo Cobos le había dado a guardar, agresor y agredido fueron
conducidos al comando donde fueron recluidos en celdas contiguas donde
continuaron los insultos. En el documento se realizó la siguiente solicitud:

“Por los hechos y razones expuestas respetuosamente solicito a su
despacho se sirva recaudar las pruebas correspondientes y una vez
comprobado que el señor Francisco Castillo, efectivamente incumplió el
requerimiento y/o caución impuesto en el año 2004 ante esta inspección,
hacerle efectiva la caución imponiéndole la multa prevista. Y acto seguido
que se le establezca una nueva caución bajo pena de multa más alta dado
lo compleja de la situación a la que ha llegado.” (fl. 13 cdno. ppal.).

5) El 18 de agosto de 2005, el señor Ramiro Olave Sánchez presentó un nuevo
derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación de Bucaramanga en el
cual relató la persecución de que había sido víctima por parte de Francisco Castillo
Cobos, enfatizó lo sucedido los días 22 de abril y 7 de agosto de 2005 cuando fue
atacado con arma de fuego y amenazado con cuchillo en la instalaciones de la flota
Interveredal, respectivamente, hizo la siguiente solicitud:

“Por los hechos y razones expuestas respetuosamente solicito a su
despacho se sirva recaudar las pruebas correspondientes y una vez
comprobado que el señor FRANCISCO CASTILLO, efectivamente
incumplió el requerimiento y/o caución impuesto en el año 2004 ante esa
inspección, hacerle efectiva la caución imponiéndole la multa prevista. Y
acto seguido que se le establezca una nueva caución bajo pena de multa
más alta dado lo complejo de la situación a la que ha llegado” (fl. 15 cdno.
ppal.).

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6) El 26 de octubre de 2005 el inspector municipal de policía y tránsito de Lebrija
(Santander) remitió un oficio al comandante de la Estación de Policía de esa
población para que esta se prestara a ejercer la debida protección en favor de
Ramiro Olave Sánchez, con la siguiente motivación:

“Atentamente me permito informarle que en esta Oficina existe una caución
firmada entre los señores Ramiro Olave Sánchez (…) y Francisco Castillo
Cobos (…) tendiente a garantizar que entre ellos no se susciten directa ni
indirectamente ofensas de palabra ni mucho menos de obra que puedan
perturbar la tranquilidad y seguridad personal; sin embargo este
(Francisco) ha incumplido tal compromiso sin justificación alguna, llegando
incluso, en una ocasión a disparar con arma de fuego y, en otras, perseguir
con arma blanca a aquel (Ramiro).

Este despacho se encuentra investigando la respectiva investigación (sic)
para aplicar la sanción correspondiente, pero teniendo en cuenta que los
hechos mencionados pueden constituir un inminente y trágico
atentado contra la integridad física y al vida de la víctima, muy
respetuosamente solicito como medida precautelativa, en primer
lugar, brindarle al señor Ramiro Olave Sánchez y a su familia, la
necesaria y posible seguridad policial y, en segundo lugar, hacerle un
seguimiento permanente a la actividad personal a este individuo para
requerirlo, requisarlo, indagarlo, etc., con el fin de logar disuadirlo de
esta persecución criminosa.” (fl. 231 cdno. ppal.).

7) Ese oficio tiene fecha de recibido por el comandante de la Estación de Policía de
Lebrija el 28 de octubre de 2005, allí aparece una anotación a mano alzada en la
cual se lee: “Se presta la seguridad esporádica, ya que para nombrar seguridad
personal debe dirigir el oficio al Comando de Policía de Santander teniendo en
cuenta la escasez de personal.” (fl. 231 cdno. ppal.)

8) El 27 de enero de 2006, la Fiscalía Tercera Seccional de Bucaramanga dictó
resolución mediante la cual se inhibió para abrir investigación penal por los hechos
denunciados por Ramiro Olave Sánchez por considerar que no era propia de un tipo
penal sino de un conflicto entre particulares que no tenía incidencia en el orden
público, el cual debía ser resuelto por la inspección municipal de policía por tratarse
de una contravención16.

16
Las consideraciones fueron las siguientes: “Si bien es cierto que el Estado está en la obligación de
proteger a sus ciudadanos, máxime cuando se vulnera sus derechos, también los es que no toda
conducta desplegada por el ser humano puede ser entendida como delito, circunstancia esta que nos
ha llevado a caos y congestión judicial, la situación planteada por el demandante no se encuentra
enmarcada dentro del grado de intimidación propia del terrorismo, por el contrario es una situación de
riña y pelea entre las partes en conflicto, cuya competencia radica en las Inspecciones Municipales de
Policía, por tratarse de una contravención, como quiera que el denunciante inició este trámite en la
inspección de Lebrija, lo correspondiente es que haga efectiva la caución impuesta.” (fl. 17 cdno.
ppal.).

16
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9) Posterior a ello, el 15 de marzo de 2006, el comandante de la Estación de Policía
de Lebrija le notificó al señor Ramiro Olave Sánchez de un documento en el cual se
expresó que “ante los acontecimientos que se han venido presentando en contra
suya” se hacían unas recomendaciones de autoprotección y medidas básicas de
seguridad a tener en cuenta en todas las actividades diarias, con el fin de prevenir
“ser agredido en su integridad física.” (fls. 18 a 20 cdno. ppal.).

10) El 5 de julio de 2006, en el perímetro urbano de Lebrija, el señor Ramiro Olave
Sánchez fue atacado con arma blanca por parte del señor Francisco Castillo Cobos,
la víctima falleció en la Clínica Saludcoop de Bucaramanga el 10 de julio de 2006
producto de las heridas17.

11) Luego, el 14 de diciembre de 2006, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de
Bucaramanga con Función de Conocimiento condenó a Francisco Castillo Cobos a
la pena principal de 47 meses y 7 días de prisión en calidad de autor del delito de
homicidio en hechos que tuvieron lugar el 5 de julio de 2006, en virtud de un
preacuerdo logrado entre el investigado y la fiscalía18, decisión que adquirió
ejecutoria.

12) En cumplimiento de un despacho comisorio impartido por el Tribunal
Administrativo de Santander, el 18 de enero de 2011 el Juzgado Promiscuo
Municipal de Lebrija recibió los siguientes testimonios:

a) El de Rosalba Carreño Esparza, quien dijo ser promotora de chance y haber
conocido a Ramiro Olave Sánchez porque eran compañeros de trabajo, de quien
expresó que tenía una rencilla con Francisco Castillo Cobos porque supuestamente
aquel sostenía una relación sentimental con la esposa de este último, razón por la
cual la víctima siempre era amenazada, precisó que supo que por esa situación el
occiso había solicitado ayuda ante la inspección de policía de Lebrija, la Policía

17
Certificación emitida el por la asistente del Fiscal II de la Fiscalía 31 Seccional de Bucaramanga (fl.
4 cdno. ppal.).
18
El referido fallo no es preciso en el detalle de los sucesos, no alude a las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las que estos ocurrieron, simplemente señala los siguiente: “Teniendo en cuenta que
lo expuesto por la Fiscalía es coincidente con lo allegado, que estas piezas procesales son legales y
no cuestionadas, se advierte mediante su análisis la demostración de la existencia del hecho, la
vinculación subjetiva del acusado en el mismo y la configuración jurídica en la medida de lo
preceptuado por el artículo 9º del Código Penal, concordante con los artículo 103 y 32 literal 6º ibídem,
toda vez que efectivamente se hallan demostrados los elementos con la corroboración del preacuerdo,
por lo que no surge incertidumbre alguna respecto a la preceptiva del artículo 381 del C de P.P., sobre
el convencimiento más allá de toda duda razonable en cuanto a la responsabilidad penal que le asiste,
situación que a la luz de los hechos que se ventilan fue ratificada en este caso concreto, motivo por el
cual se condena”. (fl. 23 cdno. ppal.).

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Nacional y la Fiscalía General de la Nación pero que nunca obtuvo una respuesta
efectiva19.

b) El de Manuel Antonio Álvarez Roa, quien expresó que no sabía si Ramiro Olave
Sánchez y Francisco Catillo tenían problemas, no obstante, sobre la muerte expresó:
“(…) simplemente sé que esa noche cuando lo mataron, estaba mirando yo
televisión en el segundo piso de mi casa, cuando escuché unos tiros, esperé un rato,
y después salí a la terraza de la casa, y vi que estaba herido Ramiro en el piso, a
cuchillo, posteriormente llegó la ambulancia y lo llevaron al hospital, iba vivo, y de
ahí para nada no se más.” (fl. 205 y 206 cdno. ppal.).

13) El 30 de agosto de 2011, ante el Tribunal Administrativo de Santander, rindió
testimonio el señor Armando Escamilla Ariza, inspector de policía de Lebrija para la
época de los hechos, quien expresó que por solicitud del señor Ramiro Olave
Sánchez se fijó una caución debido al conflicto sostenido con Francisco Castillo
Cobos, y que cuando la víctima se quejó de que este último había incumplido su
compromiso de no agresión, porque presuntamente lo había atacado con un arma
de fuego, la inspección recibió algunos testimonios de personas con el objeto de
corroborar el incumplimiento pero que de estos en su momento no se tuvo certeza
de que el señor Castillo Cobos fuera el agresor, los declarantes eran señores que
viajaban y conducían un camión en el que según Francisco Olave Sánchez, este se
desplazó luego de los hechos, ante la pregunta de qué pasaba si una persona
incumplía una caución, el inspector señaló: “se aplica la multa previa investigación y
en este caso estábamos recogiendo los testimonios” (fl. 224 cdno. ppal.), también
expuso lo siguiente:

Preguntado: Qué medidas efectivas se toman frente al querellado.
Contestó: inicialmente caución, posteriormente cuando el señor Ramiro
Olave se queja de la situación de un posible incumplimiento del señor
Francisco, el despacho dio inicio a la recepción de pruebas, en este caso
testimonios señalados por el señor Olave, posteriormente y dado que aún
no se había tomado una decisión y ante los hechos narrados por el señor
Olave se ofició a la Policía Nacional al Comando Municipal de Lebrija
a efecto de que se prestara protección al señor Ramiro Olave y se le
hiciera un seguimiento al señor Francisco Castillo con el fin de
prevenir o disuadirlo de alguna conducta que pudiera resultar de
mayor gravedad. Preguntado. Qué respondió el Comando de Policía

19
La mencionada testigo manifestó: “él tenía una rencilla con el señor Francisco Castillo, y éste
siempre lo vivía amenazando, decía que Ramiro era el amante de la esposa de él, en una ocasión a
Ramiro le tocó pedir ayuda a la Policía (…) porque él lo estaba esperando para matarlo, y le tocó
quedarse encerrado hasta que Francisco se fuera (…) los insultos y amenazas eran constantes (…).”
(fl. 203 cdno. ppal.).

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de Lebrija. Contestó: Ellos en ese momento que para esos efectos
debía solicitar al Comando Departamental no se si la protección o lo
que yo estaba pidiendo que le diera protección al señor Olave y el
seguimiento al señor Francisco Castillo. Preguntado: De acuerdo con
la contestación del comando municipal de Lebrija, qué acción tomó
usted al respecto. Contestó: Se elaboró un oficio al Comando de
Departamento en esa fecha pero no preciso en este momento si se
envió o no.” (fl. 225 vlto, cdno. ppal. – negrillas de la Sala).

2.3 El daño

El daño reclamado en la demanda se encuentra debidamente probado, toda vez que
en el expediente reposa certificación de la defunción del señor Ramiro Olave
Sánchez, en la cual se dejó constancia de que este ciudadano falleció el 10 de julio
de 2006 (fl. 24 cdno. ppal.).

2.4 La imputación

1) La parte demandante pidió que se declare la responsabilidad patrimonial
extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, del
municipio de Lebrija (Santander) y de la Fiscalía General de la Nación con ocasión
del fallecimiento del Ramiro Olave Sánchez a manos de un tercero por omitir su
deber de protección, ante lo cual, la primera instancia condenó a las dos primeras
entidades mencionadas por considerar que, en efecto, no le prestaron al occiso la
medidas tendientes a su protección personal, decisión con la que dichos entes
expresaron su inconformidad en el recurso de apelación, en el cual esgrimieron,
básicamente, que no incurrieron en falla del servicio y que el daño se dio con ocasión
del actuar de un tercero.

2) Vistas las pruebas que obran en el proceso, la Sala absolverá en esta instancia al
municipio de Lebrija (Santander), se estima que si bien fueron múltiples y variadas
las solicitudes que la víctima presentó ante el inspector de policía, las que dan
cuenta del reiterado acoso y de las amenazas perpetradas por parte de Francisco
Castillo Cobos, lo cierto es que dicha autoridad no tenía asignada la facultad legal o
reglamentaria de suministrarle a la persona fallecida las correspondientes medidas
de seguridad personal, su función se reducía en ese caso específico a buscar
soluciones tendientes resolver el conflicto entre los involucrados y a solicitar a la
Policía Nacional que le brindara a la víctima medidas de protección personal por
estar amenazada la vida de esta.

19
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3) A partir de la queja la radicada el 25 de abril de 2005 por parte del ahora occiso
ante la Inspección de Policía de Lebrija (fl. 10 cdno. ppal.), es posible extraer que con
anterioridad a dicha fecha se había impuesto una caución recíproca con el fin de que
entre Francisco Castillo Cobos y Ramiro Olave Sánchez no se propiciaran
agresiones so pena de multa, si bien es cierto que de manera posterior a la
mencionada caución el señor Francisco Castillo Cobos prosiguió con su
hostigamiento y esa situación fue denunciada por Olave Sánchez, no lo es menos
que de haber procedido la inspección a multar al agresor, aquella medida no hubiera
sido lo suficientemente disuasiva ni eficiente para evitar la muerte de este último, si
se revisan los hechos que antecedieron a la muerte de aquella víctima es palmario
que el señor Castillo Cobos estaba determinado a atentar contra la vida de la víctima
pues, los escritos presentados por Ramiro Olave Sánchez dan perfecta cuenta de
que en al menos en seis oportunidades el victimario amenazó de muerte e intentó
arremeter contra él.

4) El Decreto-ley 1335 de 1970, Código Nacional de Policía vigente para la época de
los hechos, en los artículo 201 a 218 regulaba lo que en su momento se tipificaban
como contravenciones, de igual modo, preveía las consecuencias de incurrir en estas
y las correspondientes sanciones, las cuales podían consistir, entre otras, en
amonestaciones públicas o privadas, promesas de buena conducta, prohibiciones de
concurrir a determinados sitios públicos y multas; es cierto que la competencia para
proferir algunas de dichas sanciones se encontraban en cabeza de los alcaldes o de
quien hiciera sus veces, no obstante, está claro que ninguna de aquellas medidas
era la idónea ni eficiente para evitar que el señor Olave Sánchez fuera atacado por el
señor Castillo Cobos y, se insiste, el municipio no tenía entre su estructura
administrativa ni el personal ni la función de brindar seguridad personal a la víctima
de tiempo atrás de agresiones y amenazas.

5) Es por eso que con acierto, ante la gravedad de la situación, quien para la época
fungía como inspector de policía de Lebrija remitió oportunamente un oficio al
comandante de la Estación de Policía de esa población el 26 de octubre de 2005
con el propósito de que ese cuerpo armado ejerciera la debida protección en favor de
Ramiro Olave Sánchez, donde se puso de presente el conflicto existente con
Francisco Castillo Cobos y el incumplimiento de este último del compromiso de no
agresión, se advirtió que tal situación podría derivar en “un inminente y trágico
atentado contra la integridad física y a la vida de la víctima”, razón por la que era

20
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necesario proteger tanto al señor Olave Sánchez como a su familia y hacer un
seguimiento sobre el victimario (fl. 231 cdno. ppal.).

6) Este escenario nos lleva a inferir que si bien no hay prueba de que el señor
Ramiro Olave Sánchez hubiera solicitado protección personal de manera directa ante
la Policía Nacional, sí hubo una solicitud clara y expresa para su protección de parte
del inspector de policía de Lebrija, situación permite a la Sala a considerar, que la
responsabilidad por la omisión del deber de prestar seguridad personal a la víctima
se encontraba en cabeza de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
por las siguientes razones:

a) La Policía Nacional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 2203 de
1993 cuenta entre sus funciones la de “proteger a todas las personas residentes en
Colombia, garantizando el ejercicio de los derechos y libertades públicas”, atribución
para la cual dispone de un cuerpo armado civil.

c) A partir del requerimiento realizado por escrito por parte del Inspector Municipal de
Policía de Lebrija, conocía de la situación del riesgo en el que se hallaba el
ciudadano Ramiro Olave Sánchez y la gravedad de su situación, la información
suministrada daba cuenta de que las amenazas eran específicas e individualizables y
era de fácil determinación identificar de parte de quien provenían estas.

c) La respuesta de la Estación de Policía de Lebrija ante tal solicitud de brindar
seguridad fue expresar que no podía asignar personal debido a su escasez y que
esta debía redirigirse al Comando de Policía de Santander (fl. 231 cdno. ppal.),
comportamiento que no la excusa del cumplimiento de sus deberes ni compromete la
responsabilidad del municipio de Lebrija por aparentemente no haber enviado esa
solicitud al Comando de Policía de Santander20, porque era el mismo comandante de
aquella estación quien por disposición expresa de la ley debía remitir tal
requerimiento a la instancia que estimara competente, en cumplimiento de lo
ordenado en el artículo 33 del entonces Código Contencioso Administrativo vigente
para la época de los hechos21.

20
Esto por cuanto en testimonio del 30 de agosto de 2011, rendido ante el Tribunal Administrativo de
Santander por el entonces inspector de policía, Armando Escamilla Ariza, este expresó que ante la
respuesta del Comando de Policía de Lebrija elaboró un oficio con la intención de enviarlo al
Comando de Policía Departamental pero que no recordaba si fue remitido o no (fl. 225 cdno. ppal.),
hecho que en la apelación cuestiona la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
21
El mencionado artículo 33 del Decreto-ley 01 de 1984 preceptuaba: “Si el funcionario a quien se
dirige la petición, o ante quien se cumple el deber legal de solicitar que inicie la actuación
administrativa, no es el competente, deberá informarlo en el acto al interesado, si éste actúa

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d) Si bien reposa un documento fechado el 15 de marzo de 2006 y suscrito por el
comandante de la Estación de Policía de Lebrija donde al señor Ramiro Olave se le
hacen unas recomendaciones de autoprotección, se considera que ante el grave y
sistemático asedio del agresor, aquellas medidas no eran suficientes para la garantía
de la seguridad personal de la víctima pues, nótese que los actos de persecución del
victimario eran constantes e impedían el desempeño normal de las actividades
cotidianas de la persona fallecida, todo lo cual evidenciaba la existencia de
amenazas graves y serias contra la integridad personal y la vida de la víctima.

e) A pesar de que en respuesta al escrito remitido por el inspector de policía se dijo
que se brindaría vigilancia esporádica, lo cierto es que no existe prueba de que esta
acción se hubiere llevado a cabo y ni siquiera que se hubiera realizado por parte del
cuerpo policial un requerimiento, requisa o indagación al señor Francisco Castillo
Cobos con el fin de disuadirlo de su persecución criminosa, tal como en su momento
lo solicitó el funcionario de la administración municipal, para lo cual se estima que no
era necesario contar con personal distinto al existente en la Estación de Policía de
Lebrija.

f) La omisión de protección en la cual incurrió la Policía Nacional fue un hecho
relevante y eficiente para la causación del daño que se alega en la demanda, si bien
es cierto que en la apelación dicha entidad asevera que la muerte fue provocada por
la acción directa de un tercero y está probado que fue Francisco Castillo Cobos el
autor del homicidio de Ramiro Olave Sánchez, ya que así se declaró en la sentencia
del 14 de diciembre de 2006 por parte del Juzgado Noveno Penal del Circuito de
Bucaramanga (fl, 23 cdno. ppal.), no lo es menos que aquella situación se hubiera
podido evitar si en su momento tal entidad hubiera desplegado las medidas idóneas,
suficientes y eficientes, para efectos de garantizar la seguridad personal de la víctima
respecto de quien era claro que corría un riesgo inminente por amenazas y
agresiones provenientes de una persona plenamente identificada.

En ese contexto, pone de presente la Sala el hecho de que en dicha sentencia penal
se expresó que el delito de homicidio se “cometió con exceso de legítima defensa”,
circunstancia que conduciría a considerar una eventual hipótesis de la existencia de
un hecho exclusivo de la víctima tal como lo señala en la apelación el municipio de

verbalmente; o dentro del término de diez (10) días, a partir de la recepción si obró por escrito; en este
último caso el funcionario a quien se hizo la petición deberá enviar el escrito, dentro del mismo
término, al competente, y los términos establecidos para decidir se ampliarán en diez (10) días (…)”.

22
Expediente 68001-23-31-000-2007-00539-02 (54.689)
Actor: Rosse Mary Olave y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

Lebrija, no obstante, más allá de esa declaración, lo cierto es que el fallo no refiere a
las circunstancias precisas de tiempo, modo y lugar en las cuales ocurrieron los
hechos de la muerte de Olave Sánchez, situación que impide que se pruebe con
suficiencia la existencia de dicha causal de exoneración cuya carga le correspondía a
la entidad demandada quien, en este caso específico no solicitó pruebas para el
esclarecimiento de ese punto pues ni siquiera contestó la demanda.

7) De otra parte, la Sala mantendrá la exoneración dispuesta por la primera instancia
frente a la Fiscalía General de la Nación respecto de quien no se demostró que
existiera una solicitud expresa de protección para el hoy occiso, cuya solicitud
realizada el 18 de agosto de 2005 (fl.15 cdno. ppal.) se elaboró con el objeto puntual
de que se hiciera efectiva la caución decretada en su momento por la Inspección
Municipal de Policía de Lebrija, situación ante la cual no era competente para
conocer el asunto conforme lo manifestó en la resolución inhibitoria emitida el 27 de
enero de 2006.

3. Conclusión

Prospera el recurso de apelación presentado por el municipio de Lebrija (Santander)
debido a que le asiste razón en cuanto a que no puede ser declarado
patrimonialmente responsable del deceso del señor Ramiro Olave Sánchez pues,
está claro que, por una parte, que su actuar funcional fue oportuno y debido en el
marco de sus funciones institucionales, lo cual descarta la existencia de una falla del
servicio en la conducta por él desarrollada y, por otra, no existe ninguna relación de
causalidad con su actividad y el daño cuya reparación de solicita; por el contrario,
quien debe responder por los perjuicios reclamados en la demanda es únicamente la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a quien, de conformidad con las
funciones asignadas por el ordenamiento jurídico le correspondía desplegar las
acciones tendientes a brindarle seguridad a dicha persona, conoció de su situación
de riesgo y pese a ello no le brindó las garantías suficientes para poder evitar su
deceso; por otra parte, se mantendrá la absolución de la Nación – Fiscalía General
de la Nación por los argumentos expuestos en precedencia en la parte considerativa
de esta providencia, debido a que tampoco le es atribuible una falla del servicio en la
conducta por ella realizada ni mucho menos existe un nexo de causalidad entre la
actividad de dicha entidad y el daño reclamado.

23
Expediente 68001-23-31-000-2007-00539-02 (54.689)
Actor: Rosse Mary Olave y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

En esa medida será modificada la sentencia del 12 de marzo de 2015 dictada por
el Tribunal Administrativo de Santander – Subsección de Descongestión.

4. Liquidación de perjuicios

En las pretensiones de la demanda se solicitó la indemnización de perjuicios morales
y lucro cesante.

4.1 Perjuicios morales

1) Según la jurisprudencia de esta Corporación, basta la acreditación del parentesco
para inferir la causación de perjuicios morales por la muerte de un ser querido por
parte de los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad22 y primero civil,
esto es, respecto de los padres, hermanos, abuelos, hijos, lo mismo que en relación
con el cónyuge o compañero (a) permanente del difunto23.

2) La primera instancia negó estos perjuicios para los demandantes Dionisia Olave
Sánchez quien actuó en calidad de madre de la víctima, Abelardo Olave Sánchez,
Pedro Olave Sánchez, Nelly Sofía Acevedo Olave, Esther Acevedo Olave quienes
expresaron ser hermanos de la persona fallecida y, Wálter Esneier Rodríguez
Acevedo en su condición de sobrino, debido a que no se aportó ni se solicitó prueba
de su parentesco y, respecto de quienes tampoco aparece prueba del padecimiento
moral por el deceso de Ramiro Olave Sánchez.

3) De otra parte, se acreditó el parentesco del señor Ramiro Olave Sánchez en
relación con Víctor Laurenze Olave Acevedo, Ramiro Acevedo Olave y Rosse Mary
Olave Acevedo en condición de hijos24.

22
El artículo 37 del Código Civil consagra: “Los grados de consanguinidad entre dos personas se
cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el
abuelo, y los primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí”.
23
Sección Tercera sentencias de 10 de abril de 2003 radicación 13.834, MP Jesús María Carrillo
Ballesteros; 10 de julio de 2003 radicación 14.083, MP María Elena Giraldo Gómez; 12 de febrero de
2004, radicación 14.955, MP Ricardo Hoyos Duque; 24 de febrero de 2005, radicación 14.335, MP
Ruth Stella Correa Palacio; 10 de marzo de 2005, radicación 14.808; 8 de marzo de 2007, radicación
15.459, MP Mauricio Fajardo Gómez; 23 de abril de 2008, radicación 16.186, MP Ruth Stella Correa
Palacio; 19 de noviembre de 2008, radicación 28.259, MP Ramiro Saavedra Becerra. De la
Subsección B ver por ejemplo, sentencia de 8 de febrero de 2012, radicación 23.308, MP Danilo Rojas
Betancourth.
24
Según los registros civiles de nacimiento visibles en folios 5 a 7 del cuaderno principal.

24
Expediente 68001-23-31-000-2007-00539-02 (54.689)
Actor: Rosse Mary Olave y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

En relación con Cándida Acevedo Almeida, quien acude al proceso en calidad de
cónyuge supérstite de Ramiro Olave Sánchez, se aportó como prueba de su relación
una partida de matrimonio emitida por la Parroquia San Francisco Javier de
Piedecuesta (Santander) donde refiere el matrimonio católico contraído por dichas
personas el 22 de noviembre de 1984, el cual no es el medio probatorio idóneo para
tal efecto25; no obstante, se la tendrá como compañera permanente de la víctima
directa en la medida que del testimonio rendido por Rosalba Carreño Esparza se
deriva la existencia de una estrecha relación afectiva como pareja sentimental de la
víctima directa pues, esta la reconoce como esposa y víctima de padecimiento moral
en tal condición26.

4) De este modo, en aplicación de la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2014 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente no. 26.251, le asistió
razón a la primera instancia en el sentido de conceder en favor de Víctor Laurenze
Olave Acevedo, Ramiro Acevedo Olave, Rosse Mary Olave Acevedo y Cándida
Acevedo Almeida la suma equivalente a 100 smlmv para cada uno de ellos, por
concepto de indemnización de perjuicios moral sufrido.

4.2 Lucro cesante

1) En lo concerniente a los perjuicios materiales está acreditado que para la época
de su fallecimiento el señor Ramiro Olave Sánchez era económicamente activo pues
se desempeñaba como colocador de apuestas permanentes27, también se acreditó
que sus hijos Víctor Laurenze Olave Acevedo (13), Ramiro Acevedo Olave (23) y
Rosse Mary Olave Acevedo (20) eran menores de 25 años, quienes, al igual que su

25
Acorde con los artículos 1, 2 y 5 del Decreto 1260 de 1970, lo relativo al estado civil de las personas
debe ser inscrito en el correspondiente registro civil, prueba que se ha considerado la idónea para
probar el estado civil de las personas por expresa disposición legal, ver: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de agosto de 2013, radicación no. 13001-23-31-000-2000-
00332-02 (39.307), MP Hernán Andrade Rincón.
26
La referida testigo expresó: “PREGUNTADA: dígale al despacho en nombre de la esposa de Ramiro
Olave, sí tenía hijos y quienes dependían económicamente de él. CONTESTÓ: “Se llama Cándida
Acevedo tenía tres hijos cuando lo mataron, había dos hijos menores de edad, de nombre Ramiro y
Rose Mary y el más pequeño se llama Víctor, y todos dependían económicamente de él, porque vivían
de su trabajo. PREGUNTADA: Dígale al despacho en qué forma se ha visto perjudicado el grupo
familiar de Ramiro Olave, debido a su fallecimiento. CONTESTÓ: sicológicamente sobre todo se
afectaron mucho los hijos, y la esposa, a ellos les ha costado mucho superar esto (…).” (fl.204 cdno.
ppal.).
27
Según certificación emitida por el Gerente General la empresa de apuestas La Perla quien en
constancia del 19 de septiembre de 2014 expresó (fl. 307 cdno. ppal.) y el testimonio ya citado de
Rosalba Carreño Esparza quien manifestó que fue compañera de trabajo del occiso como promotora
de chance (fl. 203 cdno. ppal.).

25
Expediente 68001-23-31-000-2007-00539-02 (54.689)
Actor: Rosse Mary Olave y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

compañera Cándida Acevedo Almeida, dependían económicamente de auqel, según
el ya referido testimonio de Rosalba Carreño Esparza.

2) Por consiguiente, se confirmará el reconocimiento por dicho rubro realizado por el
tribunal de primera instancia que tasó el lucro cesante con base en el salario mínimo
legal mensual vigente para la fecha de esa decisión al cual le sumó el 25% de
prestaciones sociales y restó un 25% a esa sumatoria por razón de lo que se supone
destinaba el occiso para gastos personales, a continuación procedió a liquidar el
lucro cesante pasado y futuro respecto de cada uno de dichos demandantes, para lo
cual tuvo en cuenta la fecha en que los hijos del fallecido cumplirían 25 años de edad
y la vida probable de la víctima para liquidar lo concerniente a su compañera
sentimental, sin que en este caso sea viable aplicar fórmulas de acrecimiento por
cuanto ello implicaría un incremento en la condena y agravaría la situación de los
apelantes, más aún cuando los demandantes no controvirtieron el reconocimiento de
los perjuicios, de esta manera, simplemente se procederá a actualizar las sumas
reconocidas en primera instancia por este concepto.

3) Respecto de Cándida Acevedo Almeida, se accedió a la cantidad de
$40.880.322,95 por lucro cesante consolidado, más $49.487.538,74 por lucro
cesante futuro, para un total de $90.367.861,69, valor que será actualizado desde la
fecha de la sentencia de primera instancia hasta la expedición de la presente
providencia, con apoyo en la siguiente fórmula:

Ra = Rh x índice final / julio de 202228
índice inicial / marzo de 2016 29

Ra = $90.367.861,69 x 120,27
91,18

Ra = $119.198.757

En consecuencia, en favor de Cándida Acevedo Almeida, la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional deberá pagar la cantidad de ciento diecinueve millones
ciento noventa y ocho mil setecientos cincuenta y siete pesos ($119.198.757).

4) En relación con Ramiro Olave Acevedo, la primera instancia accedió a la cantidad
de $4.462.122,64 por lucro cesante consolidado, sin lugar a lucro cesante futuro

28
Último índice de precios conocido a la fecha de la presente providencia.
29
Fecha de la sentencia de primera instancia.

26
Expediente 68001-23-31-000-2007-00539-02 (54.689)
Actor: Rosse Mary Olave y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

porque antes de la sentencia de primera instancia ya había cumplido 25 años, ese
valor será actualizado, así:

Ra = Rh x índice final / julio de 202230
índice inicial / marzo de 2016 31

Ra = $4.462.122,64 x 120,27
91,18

Ra = $5.885.715

Por lo tanto, en favor de Ramiro Olave Acevedo la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional debe pagar la cantidad de cinco millones ochocientos ochenta y
cinco mil setecientos quince pesos ($5.885.715).

5) Frente a Rosse Mary Olave Acevedo, el a quo reconoció la suma de
$6.410.596,51 por lucro cesante consolidado, sin lugar a lucro cesante futuro por
cuanto cumplió 25 años antes de la sentencia de primera instancia, la actualización
es como sigue:

Ra = Rh x índice final / julio de 202232
índice inicial / marzo de 2016 33

Ra = $6.410.596,51 x 120,27
91,18

Ra = $8.455.828

En ese orden de ideas, en favor de Rosse Mary Olave Acevedo la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional debe pagar la cantidad de ocho millones
cuatrocientos cincuenta y cinco mil ochocientos veintiocho pesos ($8.455.828).

6) Finalmente, acerca de Víctor Laurenze Olave Acevedo el tribunal accedió a
$13.626.774,27 por lucro cesante consolidado y $2.736.983,33 por lucro cesante
futuro, para un total de $16.363.757, valor que se será actualizado:

Ra = Rh x índice final / julio de 202234
índice inicial / marzo de 2016 35

30
Último índice de precios conocido a la fecha de la presente providencia.
31
Fecha de la sentencia de primera instancia.
32
Último índice de precios conocido a la fecha de la presente providencia.
33
Fecha de la sentencia de primera instancia.
34
Último índice de precios conocido a la fecha de la presente providencia.

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Expediente 68001-23-31-000-2007-00539-02 (54.689)
Actor: Rosse Mary Olave y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

Ra = $16.363.757 x 120,27
91,18

Ra = $21.584.435

Razón por la cual en favor de Víctor Laurenze Olave Acevedo la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional pagará la suma de veintiún millones quinientos
ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco pesos ($21.584.435).

5. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en el caso
concreto actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 199836 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Modifícase la sentencia del 12 de marzo de 2015 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander – Subsección de Descongestión mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2º) Declárase patrimonialmente y extracontractualmente responsable a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la muerte del señor Ramiro Olave
Sánchez en hechos ocurridos el 5 de julio de 2006.

3º) En consecuencia condénase a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional a pagar:

a) Por concepto de perjuicios morales en favor de Víctor Laurenze Olave
Acevedo, Ramiro Olave Acevedo, Rosse Mary Olave Acevedo y Cándida Acevedo

35
Fecha de la sentencia de primera instancia.
36
Norma procesal aplicable al presente asunto.

28
Expediente 68001-23-31-000-2007-00539-02 (54.689)
Actor: Rosse Mary Olave y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

Almeida la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para
cada uno, para el efecto se tendrán en cuenta los salarios mínimos legales
mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

b) Por concepto de lucro cesante las siguientes sumas: i) en favor de Cándida
Acevedo Almeida, la cantidad de ciento diecinueve millones ciento noventa y ocho
mil setecientos cincuenta y siete pesos ($119.198.757), ii) para Ramiro Olave
Acevedo, el monto de cinco millones ochocientos ochenta y cinco mil setecientos
quince pesos ($5.885.715), (iii) en favor de Rosse Mary Olave Acevedo, la suma de
ocho millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil ochocientos veintiocho pesos
($8.455.828) y, (iv) para Víctor Laurenze Olave Acevedo la suma de veintiún millones
quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco pesos ($21.584.435).

4º) Niegánse las demás pretensiones de la demanda.

5º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia.

6º) Cúmplase lo ordenado en esta providencia conforme a lo dispuesto en los
artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

7º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
Tribunal de origen con las correspondientes constancias.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
(Firmado electrónicamente)

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado ponente Magistrado
(Firmado electrónicamente) Salvamento parcial
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados integrantes de
la Sala de decisión en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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