Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03911-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03911-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03911-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
24 de agosto de 2023
Demandantes: Álvaro Marulanda García y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03911-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03911-00
Demandantes: ÁLVARO MARULANDA GARCÍA Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedente por
falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y 333
de 2021 y con el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud
El 21 de julio de 2023 los señores Álvaro Marulanda García, Patricia Erazo Arévalo,
Mayra Alejandra Mancera Erazo y Jhonathan Ramírez Erazo, por conducto de
apoderado judicial, presentaron acción de tutela con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
Las referidas garantías constitucionales las consideraron vulneradas con ocasión
de las sentencias de 2 de febrero de 2023, del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por medio de la cual se confirmó la decisión de primer grado, y de 26 de
noviembre de 2020, del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Cali,
que negó las pretensiones de la demanda que radicaron en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Proceso identificado con el
radicado 76001-33-33-003-2018-00118-00/01.
1
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Demandantes: Álvaro Marulanda García y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03911-00
1.2. Pretensiones
Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:
PRIMERO: TUTELAR los derechos Constitucionales fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, y demás que el
honorable Magistrado considere vulnerados o en estado de amenaza,
conforme lo narrado en la acción de tutela, y debidamente acreditado; y
en consecuencia de ello se deje sin efecto la sentencia No.168 del 26 de
noviembre del 2020, y la de segunda instancia confirmatoria proferida el
día 02 de febrero del 2023 por el Tribunal Contencioso Administrativo del
Valle del Cauca sala cuarta de decisión, dentro del proceso de
Reparación Directa No. 76001-33-33-003-2018-00118-00-Actor:
ALVARO MARULANDA y OTROS- Demandada: NACION - FISCALIA
GENERAL DE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA
NACIONAL.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordénese al JUZGADO
TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI y al TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA SALA
CUARTA de decisión a que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la sentencia, proceda a proferir una nueva
decisión sobre las pretensiones y la tasación de perjuicios invocadas en
el proceso que hoy nos ocupa1.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes presupuestos que, a juicio de
la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
• Los señores Álvaro Marulanda García, Patricia Erazo Arévalo, Mayra Alejandra
Mancera Erazo y Jhonathan Ramírez Erazo presentaron demanda en el ejercicio
del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se
declarara administrativa y extracontractualmente responsable por los perjuicios
acaecidos con ocasión de la muerte del joven Brayan Stiven Marulanda Erazo, quien
había denunciado amenazas en su contra.
• El 26 de noviembre de 2020, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Cali negó las pretensiones, al considerar que no estaba demostrado el
nexo de casualidad, «lo cual era necesario para tener certeza [de] que la muerte del
joven […] fue [como] consecuencia de las amenazas recibidas por la familia y
denunciadas […], [o por] la falta de protección por parte de la Policía Nacional,2
[…]».
1 Transcrito con mayúsculas sostenidas del texto original y con posibles errores ortográficos.
2 En este punto el juez hizo énfasis a la omisión de la parte actora al deber de probar, en virtud del
principio de la carga de la prueba, con sustento en el artículo 167 del C.G.P.
2
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• La parte desfavorecida formuló recurso de apelación, oportunidad en la que resaltó
que se presentó una indebida valoración probatoria, en atención a que en el proceso
se logró acreditar que las demandadas no adoptaron las medidas que estaban a su
alcance para brindar seguridad y protección al joven que falleció.
• El 2 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la
providencia del a quo. Para llegar a esa conclusión, primero determinó que ese
caso, de conformidad con la jurisprudencia3, se debía analizar a través del régimen
subjetivo de falla probada del servicio.
• Subrayó que, si bien «existía una obligación especial de protección en cabeza de
las entidades demandadas, respecto a la vida e integridad física del joven», también
es cierto que, según lo dispone la Sección Tercera del Consejo de Estado 4, esa
obligación es de medio y no de resultado «y solo en caso de que se demuestre que
esa labor de protección no fue ejercida en términos racionales y que además esta
omisión constituyó la causa eficiente del daño, podrá imputarse tal responsabilidad
a la Administración [...]».
• Luego, al realizar el análisis probatorio destacó que (i) «la prueba testimonial
presenta[ba] contradicciones»5, sumado a que (ii) «no obraban en el plenario
elementos de convicción que le permitan concluir a la Sala que las entidades
demandadas faltaron a su deber de protección».
• Respecto al segundo punto en mención expuso que «echa[ba] de menos
documentos que revisten suma importancia, como son, el expediente penal que se
siguió por la denuncia […] ante las amenazas y llamadas extorsivas que estaba
recibiendo, y sobre todo la documentación, [referente a las] actas de
recomendaciones de seguridad, copia de libros de población, minutas de guardia y
planillas de revista de vigilancia correspondientes a las fechas en que debió
prestarse el servicio de seguridad, pues este tipo de documentación demostraría si
se brindó o no el respectivo servicio de protección a la víctima y en qué forma6».
3 Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
providencia de 3 de octubre de 2019, expediente 68001-23-31-000-2007-00539-02 (54.689), M.P.
Freddy Ibarra Martínez.
4 Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 29 de mayo de 2013, expediente 25000-23-26-000-2002- 01589-01(27.356), M.P.
Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón.
5 En este punto el tribunal resaltó, «[…] pues mientras la declarante GLADYS MARULANDA GARCÍA
aduce nunca haber visto a miembros de la policía en su casa, pasando revista, brindando apoyo u
otorgando algún tipo de protección a los miembros de la familia; su esposo, el señor JORGE
ALBERTO RIOS GÓMEZ indicó que los uniformados si acudían a su hogar y hasta compartía con
ellos».
6 El ad quem advirtió que, aunque muchos de esos documentos se encontraban en poder de las
demandadas, ello no eximía al extremo activo del deber probar, máxime cuando tales medios
probatorios no fueron solicitados en ninguna etapa procesal.
3
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• Finalmente el ad quem concluyó que tampoco se podría comprometer la
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación frente a la no inclusión del joven
Marulanda Erazo al programa de protección a testigos, víctimas e intervinientes del
proceso penal, de que trata el artículo 67 y siguientes de la Ley 418 de 1997,
comoquiera que no se cumplían los presupuestos para su incorporación7.
• La providencia de segunda instancia fue notificada por medios electrónicos el 2 de
febrero de 2023 y la acción de tutela de la referencia se radicó el 29 de mayo de
2023.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte accionante consideró que las autoridades judiciales demandadas
trasgredieron sus garantías constitucionales al configurarse los defectos fáctico y
por desconocimiento del precedente8.
En primer lugar se precisó, frente al yerro de índole probatorio, que las accionadas
valoraron indebidamente los testimonios de los señores Jorge Ríos Gómez y Gladys
Marulanda, al establecer que eran contradictorios, ya que de estos solo se debió
colegir que «las amenazas eran veraces, reales, ciertas y de pleno conocimiento de
las autoridades», máxime cuando su objeto era probar el perjuicio moral.
Precisaron que el «daño alegado se prueba con el registro civil de defunción el cual
indica que la muerte se produce de manera violenta, y que lo manifestado por los
testimonios daban cuenta que las amenazas eran reales, ciertas, como también en
contra de quien iban dirigidas principalmente y que, pese a que estos hechos fueron
denunciados a las autoridades competentes, las demandadas fueron omisivas
frente a estos hechos, en la cual recae la responsabilidad aducida».
Agregaron que en el caso se invirtió la carga de la prueba, porque la obligación de
probar y demostrar la diligencia ante las amenazas deprecadas era de las entidades
demandadas y no del extremo activo.
7 Particularmente el tribunal precisó que tanto la «Ley 418 de 1997, como la Resolución 0-5101 de
2008 que reglamenta el programa -vigente para la fecha de la denuncia – establecen que solo podrán
ser incluidos en el mismo las víctimas, testigos e intervinientes, siempre y cuando el origen del riesgo
provenga de la intervención en un proceso penal de conocimiento de la FISCALÍA, lo cual con certeza
no ocurría en este caso, pues los medios de prueba demuestran que las amenazas recibidas por la
señora PATRICIA ERAZO AREVALO nada tenían que ver con investigaciones penales que se
estuvieran adelantando por parte del ente instructor, por el contrario, es con ocasión de las amenazas
recibidas que finalmente se acude a la FISCALIA y por ello, a esta entidad no le asistía el deber legal
de incluir al joven MARULANDA ERAZO en el programa de protección de que trata la aludida
norma».
8 La sala destaca que, si bien se hizo alusión al defecto por violación directa de la Constitución, frente
a este en realidad se argumentó un desconocimiento del criterio de varias sentencias del Consejo
de Estado, las cuales fueron reiteradas al desarrollar el yerro consistente en el desconocimiento del
precedente.
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Por su parte, respecto al desconocimiento del precedente, precisaron que no se
atendió al criterio adoptado en varias sentencias proferidas por el Consejo de
Estado, limitándose a transcribir apartes de dichas providencias, de las cuales se
podría inferir que los accionantes consideraban que la sola puesta en conocimiento
de las amenazas a las autoridades competentes permitía la declaratoria de
responsabilidad extrapatrimonial de la Nación9.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 25 de julio de 2023 el magistrado ponente admitió la acción de
tutela y ordenó notificar a los demandantes, así como al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Cali,
como autoridades judiciales accionadas.
Como terceros con interés en las resultas del proceso vinculó a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y a la Fiscalía General de la
Nación.
De igual forma, reconoció como apoderado al abogado de los demandantes y
ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara una
publicación en la página web de la corporación, con la información de la tutela, con
el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Cali, por
intermedio del juez instructor de la providencia de primera instancia controvertida,
realizó un breve recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso
contencioso y luego solicitó negar la acción de la referencia al considerar que «no
existe vulneración de derecho fundamental alguno».
1.6.2. La Fiscalía General de la Nación pidió declarar la improcedencia de la
solicitud de amparo, porque no se cumplió con las causales generales o específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de: «[…]15
DE ABRIL DE 2010, RADICACIÓN NÚMERO: 70001-23-31-000-1997-06651-01(17894) […]; […] 19
DE JUNIO DE 2013, RADICACIÓN NÚMERO: 18001-23-31-000-1998-00241-01(27952) […];18 DE
MAYO DE 2017, RADICACIÓN NÚMERO: 68001-23- 31-000-1994-09953-01(36386) […]; 20 DE
MARZO DE 2018, [Radicado 05001-23-31-000-2006-03260-01 (42791)] […]» y Sección Segunda
«SUBSECCIÓN "A", Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ, Radicación número:
11001-03-15-000-2020-02379-00».
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Precisó que no se superó el requisito de subsidiariedad, sin especificar el recurso
que se omitió interponer. Además, destacó que las providencias que «hoy [se]
reclama su nulidad fueron emitidas bajo los procedimientos legales adecuados, con
las normas legales aplicables a la materia y en el momento oportuno», lo que
permitía colegir que se pretende «retrotraer las actuaciones procesales».
1.6.3. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, a través
de apoderado judicial, presentó informe en el que también solicitó declarar
improcedente la acción constitucional, porque la sentencia del tribunal fue proferida
en cumplimiento de los principios de autonomía funcional, independencia y sana
crítica, por lo cual lo pretendido por los tutelantes es convertir la acción de tutela en
una tercera instancia, sumado a que no se justificó un perjuicio irremediable.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Álvaro Marulanda García y otros, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
La sala destaca que si bien la parte tutelante manifestó que la vulneración de sus
garantías constitucionales deviene de las sentencias proferidas en ambas
instancias, lo cierto es que el análisis en sede constitucional se realizaría a partir de
la providencia de segunda grado del proceso ordinario, esto es, el proveído 2 de
febrero de 2023 expedido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
comoquiera que con dicha decisión se puso fin a la controversia al interior del
proceso contencioso.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por los accionantes, por parte
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con ocasión de la sentencia proferida
en segunda instancia el 2 de febrero de 2023.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, en evento de
acreditarse lo anterior, (iii) las generalidades de los defectos alegados, y (iv) el caso
en concreto.
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2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 10
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales12.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia Constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:
[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
10 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
12 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta Corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201414, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de
un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia15.
Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.
En primera medida resulta pertinente recordar que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, para confirmar la sentencia que negó las pretensiones, expuso que
«echa[ba] de menos documentos que revisten suma importancia, como son, el
expediente penal que se siguió por la denuncia […] ante las amenazas y llamadas
extorsivas que estaba recibiendo, y sobre todo la documentación, [referente a las],
actas de recomendaciones de seguridad, copia de libros de población, minutas de
guardia y planillas de revista de vigilancia correspondientes a las fechas en que
debió prestarse el servicio de seguridad, pues este tipo de documentación
demostraría si se brindó o no el respectivo servicio de protección a la víctima y en
qué forma16».
En consecuencia, el ad quem resolvió que el extremo demandante incumplió con el
deber de probar, máxime cuando el régimen que implementó fue el subjetivo de falla
probada del servicio.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
15 Énfasis de la Sala.
16 El ad quem advirtió que, aunque muchos de esos documentos se encontraban en poder de las
demandadas, ello no eximía al extremo activo del deber de probar, máxime cuando tales medios
probatorios no fueron solicitados en ninguna etapa procesal.
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Por su parte, los accionantes en la solicitud de amparo consideraron que los medios
probatorios en mención, y la jurisprudencia relacionada, prueban el daño antijurídico
causado, en atención a que, en este caso solo era necesario acreditar la puesta en
conocimiento de las amenazas a las autoridades competentes para establecer la
responsabilidad de las demandadas, lo que implicaría un traslado de la carga
probatoria a las entidades, en cuanto al deber de probar el cumplimiento de su deber
de protección.
En otras palabras, los tutelantes exponen que era suficiente con el caudal probatorio
aportado para que se procediera con la condena administrativa y extracontractual
solicitada.
Ahora, aclarado lo anterior, es posible concluir que, tanto en el recurso de apelación
al interior del proceso contencioso, como en el escrito de tutela, se indicó que la
providencia controvertida valoró indebidamente las pruebas aportadas, pero en esta
oportunidad dicha tesis se enmarcó en la configuración del defecto fáctico en
concordancia con el desconocimiento del precedente.
Sobre el punto, se itera, que en materia de tutelas contra providencias judiciales le
está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los
jueces naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente
en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro
del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los fundamentos de los
accionantes frente a la apreciación de las pruebas del proceso contencioso
expuestos en la solicitud de amparo, sin el debido contraste de un irracional estudio
por parte de la autoridad judicial; se atentaría contra el principio de autonomía
judicial y así, en últimas, se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia.
De manera que, para esta sala, la tesis que se refiere a la indebida valoración
probatoria, que se fundó a su vez en el desconocimiento del precedente, no cuenta
con la carga argumentativa para ser estudiada, en el marco de la trasgresión de
derechos fundamentales, porque además de ser una reiteración de lo ya resuelto
en sede ordinaria, no desvirtúa el análisis realizado por el ad quem frente a los
medios probatorios o el argumento relativo a la omisión probatoria dentro de los
parámetros de un régimen subjetivo, más allá de una inconformidad frente a su
determinación o alcance.
En este orden de ideas, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este
presupuesto, en atención a que no se justificó la presencia de una posible
trasgresión de la garantía constitucional de los tutelantes, sino que, por el contrario,
se advierten manifestaciones con el fin de intentar acreditar el daño antijurídico
expuesto en la demanda por la muerte del joven Brayan Stiven Marulanda Erazo,
con el fin de disentir del análisis probatorio efectuado por la autoridad judicial
demandada.
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De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la controversia
planteada por los accionantes, la sala concluye que esta no se encuentra ligada a
la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional, máxime cuando sus
fundamentos fueron resueltos por el juez natural de la causa, lo que implica que la
tutela se torna improcedente.
En este sentido, para esta sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de los demandantes, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»17 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
2.6. Conclusión
Así las cosas, es claro para esta colegiatura que en el sub examine, no puede el
juez constitucional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo, toda vez que
no se supera el requisito de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por Álvaro Marulanda García y otros.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Default.aspx”
17 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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