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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-2010-00499-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-2010-00499-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró la prosperidad de la objeción por error grave del dictamen pericial, propuesto por la parte demandada, declaró la nulidad parcial del acto demandado al respecto de la deducción que por contribución por valorización, así como la reliquidación y reintegro a los demandantes debidamente actualizado y negó las demás pretensiones; de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas. TERCERO: RECONOCER personería al abogado ROMAN ANDRÉS VELASQUEZ CALDERÓN para que represente los intereses de la Empresa ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA y TENER por debidamente presentada su renuncia al citado poder. CUARTO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-31-000-2010-00499-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 68001 2331000 2010 00499 01
Demandantes: Martha Inés Tobo Osma y Otros
Demandado: Area Metropolitana de Bucaramanga – AMB
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Tema: Expropiación por vía administrativa – Error Grave del dictamen
pericial.
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de
17 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la
cual declaró la prosperidad de la objeción por error grave del dictamen pericial propuesto
por la demandada; declaró la nulidad parcial de los actos demandados y negó las demás
pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

1.1. La demanda

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85
del C.C.A., en concordancia con el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, MARTHA INES TOBO
OSMA Y OTROS, a través de apoderado judicial, demandaron al AREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA, con el objeto de que se accediera a las siguientes:

1.1.1. Pretensiones

[…] PRIMERA: Se declare la nulidad parcial de la Resolución 00769 de diciembre 22 de
2009, por la cual se decretó una expropiación por vía administrativa, pero solo en lo que
respecta al artículo primero de este acto administrativo por cuanto la mayor parte del área
expropiada se destinará a un uso diferente del señalado en el acto que autorizó la
expropiación por vía administrativa y lo señalado en el propio acto acusado, como también
el artículo segundo en lo referente al precio indemnizatorio reconocido y en razón a la
contribución de valorización descontada del precio indemnizatorio.

SEGUNDA: Se declare la nulidad parcial de la Resolución 000107 del 11 de febrero de
2010, por la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 00769
de diciembre 22 de 2009, confirmando en todas sus partes este último acto administrativo,
la cual fue notificada por edicto desfijado el nueve (9) de marzo de dos mil diez (2010),
quedando ejecutoriada en consecuencia en marzo diez (10) de dos mil diez (2010), de
acuerdo con la constancia de ejecutoria proferida por el AREA METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA que se acompaña en esta demanda.

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Radicado: 680012331000 2010 00499 01
Demandantes: Martha Inés Tobo Osma y Otros
Demandados: Area Metropolitana de Bucaramanga – AMB

TERCERA: Que como consecuencia de la nulidad decretada y a título de restablecimiento
del derecho, se ordene proceder de conformidad con el artículo 71, numeral 7, literales a),
b), c) de la Ley 388 de 1997 y subsidiariamente según sea el caso el literal d) y el literal e)
de esta ley. En consecuencia disponer lo siguiente: a) La suspensión en forma inmediata,
por parte del AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, de todas las acciones y
operaciones en curso para utilizar el bien expropiado; b) La práctica, antes del cumplimiento
de la sentencia, por el H. Tribunal Administrativo, de una diligencia de inspección con
intervención de peritos, a fin de determinar mediante auto de liquidación y ejecución de la
sentencia que pronunciará la respectiva sala de Decisión contra el cual sólo procederá el
recurso de reposición, si el bien ha sido o no utilizado o si lo ha sido parcialmente y, según
el caso, el valor de la indemnización debida. En el mismo auto se precisará si los valores y
documentos de deber compensan (sic) la indemnización determinada y en qué proporción,
si hay lugar a reintegro de parte de ellos a la administración, o si ésta debe pagar una suma
adicional para cubrir el total de la indemnización, c) La orden de registro de la sentencia de
la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, a fin de que la persona recupere
en forma total o parcial la titularidad del bien expropiado, conforme a la determinación que
se haya tomado en el auto de liquidación y ejecución de la sentencia, para el caso en que
la administración no haya utilizado o solo haya utilizado parcialmente el inmueble
expropiado. Cuando haya lugar al reintegro de valores o documentos de deber, para
efectuar el registro se deberá acreditar certificación autentica de que se efectuó el reintegro
respectivo en los términos indicados en el auto de liquidación y ejecución de la sentencia;
d) La orden de pago del valor que a título de restablecimiento del derecho lesionado debe
pagar adicionalmente el AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, sin que haya
lugar a reintegro alguno de los valores y documentos de deber recibidos ni al registro de la
sentencia de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos, cuando la administración haya
utilizado completamente el bien expropiado, siempre y cuando se haya utilizado para el fin
por el cual se decretó la expropiación administrativa; e) Si la sentencia decide, conforme a
la demanda, sobre el precio indemnizatorio reconocido por la administración, dispondrá si
hay lugar a una elevación del valor correspondiente. En este caso, las determinaciones que
se hagan en el auto de liquidación de la sentencia, tendrán en cuenta el nuevo precio
indemnizatorio; f) Devolver a los demandantes la contribución de valorización cobrada por
el AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, o en subsidio la cobrada en exceso, de
conformidad con lo que se pruebe en el presente proceso.

CUARTA: Que sobre las sumas que decrete el Tribunal sean indexadas para mantener su
valor adquisitivo.

QUINTA: Que a las anteriores declaraciones y condenas la parte demandada les debe car
cumplimiento en el término y en la forma ordenada por el artículo 176 del C.C.A. […]

1.1.2. Los actos acusados

En este proceso se pretende la nulidad parcial de las siguientes Resoluciones:

Resolución núm. 0769 de 22 de diciembre de 2009, proferida por la Directora del ÁREA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, por “LA CUAL SE DECRETA UNA
EXPROPIACION VIA ADMINISTRATIVA”; los artículos primero y segundo:

[…] PRIMERO: Decretar por motivos de utilidad pública e interés social, la expropiación
vía administrativa de dos franjas de terreno ubicadas en el costado Oriental y Occidental,
junto con las construcciones allí levantadas que suman DOS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE METROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMETROS
CUADRADOS (2.347.51 M2) de lote Oriental y Occidental y TRESCIENTOS OCHENTA
Y CINCO METROS CON TREINTA Y DOS CENTIMETROS CUADRADOS (385.32 M2)
de construcción, identificadas así: (...)

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Radicado: 680012331000 2010 00499 01
Demandantes: Martha Inés Tobo Osma y Otros
Demandados: Area Metropolitana de Bucaramanga – AMB

SEGUNDO: El valor del precio indemnizatorio de la expropiación que se decide por la
presente resolución es la suma de TRESIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS
($381.691.163.00) MONEDA CORRIENTE... dinero que queda inmediatamente a
disposición de los expropiados señores ELISEO OSMA MARTINEZ Y MARTHA INES
TOBO DE OSMA en la Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad para que
sean retirados dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la presente
resolución […] (Mayúsculas del texto)

Resolución núm. 000107 de 11 de febrero de 2010 por la cual se decide un recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución núm. 0769 de 22 de diciembre de 2009,
confirmándola en todas sus partes.

1.1.3. Fundamentos de hecho

La parte actora manifiesta que:

1. El AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA -AMB-, mediante convenio
interadministrativo suscrito entre el INVIAS, el INCO, el AMB y METROLINEA S.A., el 20 de
septiembre de 2005, pactó como obligación a su cargo, la compra de los predios necesarios
para que el INCO llevara a cabo la ejecución de la construcción de "un carril adicional por
sentido en el sector Papi Quiero Piña (Floridablanca) hasta la Estación El Molino
(Piedecuesta)".

2. Con Acuerdo Metropolitano núm. 004 de 19 de febrero de 2004, la Junta Metropolitana
de Bucaramanga declaró de utilidad pública e interés social, además, las especiales
condiciones de urgencia exigidas en el art. 64 de la Ley 388 de 1997, para autorizar la
expropiación por vía administrativa de unos inmuebles necesarios para la construcción de
"un carril adicional por sentido en el sector Papi Quiero Piña (Floridablanca) hasta la
Estación El Molino (Piedecuesta)".

3. Según Resolución núm. 595 de 23 de octubre de 2009, la Directora del AMB, determinó
la adquisición de 2 franjas de terreno de 2.347,51 m2, de propiedad de los demandantes;
por encontrarse dentro del eje de la vía a intervenir. Dichos predios formaban parte de uno
de mayor extensión, del cual se segregaron en virtud de la expropiación administrativa.

Como valor a reconocer por indemnización, se determinó la suma de $381.691.163, de
conformidad con lo establecido en el adendo de 11 de septiembre de 2009 al Avaluó
Corporativo Comercial núm. 094-09 de 13 de junio de 2008, elaborado por la Lonja de
Propiedad Raíz de Santander, de cuyo valor se descontaría la suma de $12.612.428 por
concepto de Contribución de Valorización, quedando en consecuencia, un saldo de
$369.078.735 como precio a favor de los demandantes.

4. Con escrito de 9 de noviembre y 18 de diciembre de 2009, los demandantes manifestaron
no estar de acuerdo con la oferta de compra para la enajenación voluntaria de su predio,
realizada por el AMB, con fundamento en el avalúo realizado por el IGAC, del cual resultaba
un mayor valor a su favor.

5. Al no lograrse un acuerdo entre las partes, con Resolución núm. 00769 de 22 de
diciembre de 2009, el AMB decretó por motivos de utilidad pública e interés social, la
expropiación por vía administrativa de 2 franjas de terreno por un total de 2.347,51 m2.

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Demandados: Area Metropolitana de Bucaramanga – AMB

6. En respuesta al derecho de petición presentado por los demandantes, la Directora del
AMB indicó que del terreno expropiado se requerían 591.26 m2 para la ampliación del carril
adicional en ambos sentidos, y que el resto, 1.756,25 m2, se requerían para la obra
complementaria destinada a construir el intercambiador vial de Ruitoque, lo que indica que
el terreno destinado a la ejecución de dicho intercambiador no hace parte de los motivos de
utilidad pública invocados en el Acuerdo Metropolitano núm. 004 de 19 de febrero de 2004.

7. Contra la Resolución núm. 0769 de 22 de diciembre de 2009, se interpuso recurso de
reposición, que fue resuelto por la Resolución núm. 000107 de 11 de febrero de 2010, que
la confirmó íntegramente.

1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación.

En opinión de la parte actora los actos acusados vulneran los artículos 58 de la
Constitución Política; 63, 64, 67, 68-3, 70-5 de la Ley 388 de 1997; 20, 26 del Decreto
1420 de 1997 y la Resolución 620 de 2008 del IGAC, con fundamento en el cargo de
vulneración de normas superiores, en los siguientes términos:

Alega que teniendo en cuenta que parte del terreno expropiado se destinará a la
construcción de una obra complementaria, consistente en un intercambiador vial de
Ruitoque, que no está contemplado en los motivos de utilidad pública invocados en el
Acuerdo Metropolitano núm. 004 de 19 de febrero de 2004, ni en la Resolución núm. 0769
de 22 de diciembre de 2009, se vulnera directamente el numeral 3 del art. 68 de la Ley
388 de 1997, viciando de nulidad los actos acusados, que hacen referencia única y
exclusivamente a la construcción de un carril adicional en el sector Papi Quiero Piña –
Floridablanca hasta la estación El Molino – Piedecuesta.

Manifiesta que la Resolución núm. 0769 de 2009 acusada, se fundamentó en el avalúo
inicial realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Santander denominado "Datos
Generales del Avalúo Corporativo No. 094", el cual fue actualizado mediante el
documento denominado "Adendo Avalúo Corporativo No. 094-49" de fecha final 11 de
septiembre de 2009.

Resalta que, para la misma época, la parte actora solicitó al IGAC un avalúo del predio
de mayor extensión denominado "El Pomarroso", que incluyó el de menor extensión
objeto de la expropiación, el cual resultó más favorable a los demandantes en cuanto a
la metodología utilizada y el precio indemnizatorio final.

En primer lugar, se señala, que el avalúo realizado por la Lonja se basó en la Resolución
núm. 0769 de 1998 del IGAC, la cual no estaba vigente para la época, pues la que regía
en ese momento era la núm. 620 de 2008. Teniendo en cuenta ello, la Lonja,
aparentemente utilizó la metodología "estudio de mercado", y sin embargo señala que se
aplica el concepto de “VALOR DEL TERRENO EN BRUTO, VTB".

Por su parte, el IGAC en su avalúo utilizó el "Método de investigación de mercado de
oferta y transacciones reales del sector y similares" la cual se ajusta íntegramente a la
Resolución 620 de 2008. Aunque la diferencia en el valor unitario del metro cuadrado no
es significativa, sí lo es en cuanto a la valoración del terreno sobre la ronda hídrica, en el
cual la Lonja determinó en 1.391,43 m2 del predio expropiado que en total tiene 2.347,51
m2 -casi el 70%- y lo avaluó en $19.589.943, es decir, a un precio unitario de $14.079

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por metro cuadrado, mientras que el IGAC, en parte alguna incluyó el concepto de ronda
hídrica en la descripción detallada del predio.

Agrega que el avalúo de la Lonja de Propiedad Raíz de Santander tampoco tuvo en
cuenta que en el inmueble expropiado existen locales arrendados a terceros, y que dicho
factor debía considerarse para la compensación de rentas correspondiente, hasta por un
periodo máximo de 6 meses.

Afirma que los actos acusados mezclan injustificadamente aspectos de la contribución
de valorización en relación con las obras correspondientes a la construcción de los
terceros carriles entre Floridablanca y Piedecuesta, con la expropiación administrativa en
sí misma, para derivar las ventajas que una y otra institución jurídica le puede reportar
según sus conveniencias.

Además, el acto acusado incurre en falsa motivación, en tanto descontó la contribución
de valorización sobre la totalidad del predio de los demandantes, no sobre el predio
restante como lo dice el acto acusado.

Agregó que, respecto al predio de mayor extensión, no existe norma que autorice
descontar por la derecha en un proceso de expropiación la contribución de valorización,
conducta que considera arbitraria e ilegal, ya que la valorización del predio de mayor
extensión, ajeno a la expropiación, se cobra por el cauce legal normal.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. El Área Metropolitana de Bucaramanga -AMB-1, se opuso a las pretensiones de
la demanda, argumentando que frente al primer cargo alegado por los demandantes,
referente a que la franja de terreno expropiado implicó un uso distinto al autorizado para
la expropiación, no puede tenerse en cuenta al no existir conexidad con la reclamación
presentada en sede administrativa, puesto que, esta solo se hizo frente al tema del avalúo
y la técnica valuatoria utilizada por la Lonja de Propiedad Raíz de Santander. En
consecuencia, en la demanda no pueden plantearse hechos nuevos que no fueron
alegados en la vía administrativa.

Indicó que no solo hay un indebido agotamiento de la vía gubernativa sino, también, una
indebida acumulación de pretensiones, pues en ningún momento en sede administrativa
se debatió lo referente a la contribución por valorización. Tema, que se encuentra
regulado en diferentes actos administrativos que se encuentran en firme y sobre los
cuales no obra contradicción ni impugnación por parte de los demandantes, razón por la
cual no puede debatirse la nulidad y pretender restablecer dicho derecho con la
devolución a los demandantes de la contribución cobrada, o la cobrada presuntamente
en exceso.

Afirma que en cuanto al tema del intercambiador vial, es irrazonable la tesis de los
demandantes, pues dicha obra es una construcción que accede a la obra principal para
la misma destinación de ella, cómo no estar previsto y hacer parte de la misma obra los
andenes, o los perfiles viales en protección de las calzadas, o las zonas de aislamiento,
o los antejardines, o las zonas peatonales; el proyecto es la concreción de todo el Plan
Vial Metropolitano para la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo
para Bucaramanga y su área metropolitana, y en este sector en especial, para la
1 FIs. 239 257.

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construcción de un carril adicional por sentido desde Papi Quiero Piña hasta la estación
de servicio El Molino en Piedecuesta.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 17 de octubre de 2019, se
pronunció en los siguientes términos:

[…] Primero. DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por el ÁREA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA-AMB-

Segundo. DECLARAR la prosperidad de la OBJECION POR ERROR GRAVE del
dictamen pericial practicado, propuesta por el ÁREA METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA -AMB-, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Tercero. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL DE LA RESOLUCION No. 769 de 22
de diciembre de 2009, proferida por la Directora del ÁREA METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA-AMB-, únicamente, respecto de la deducción que por contribución por
valorización se ordenó efectuar de la indemnización correspondiente a los demandantes
por la expropiación de su predio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Cuarto. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
el ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA -AMB- deberá RELIQUIDAR
nuevamente la contribución por valorización que para la fecha se le hizo a los demandantes
sobre su propiedad, tomando como área del mismo los 4.653 mts por los que quedó
conformado el predio luego de la expropiación realizada, y DEVOLVER a los demandantes,
debidamente actualizada, la suma de dinero cobrada en exceso.

Así mismo, el AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA -AMB deberá
REINTEGRAR debidamente actualizado, a los demandantes, lo que por adelantado y por
cuotas estaban pagando desde el mes de abril de 2009, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la sentencia.

Quinto. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

Sexto. Sin condena en costas.

[…]

Aclaró que le asiste razón a la parte demandada, al afirmar que el dictamen rendido
desconoció el objeto de la prueba, que consistía en señalar las edificaciones y mejoras que
sobre el terreno El Pomarroso se han hecho, tal y como fue decretado, motivo por el cual
prosperó la objeción por error grave formulada por la demandada - Área Metropolitana de
Bucaramanga -AMB-, toda vez que, se “desbordó la orden dada determinando unos valores
que no fueron solicitados en el decreto de la prueba”.

Indicó que la objeción también tendría vocación de prosperidad en este sentido, teniendo
en cuenta que el dictamen del perito designado por el Tribunal no es claro, preciso y

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detallado, ni se explican las investigaciones efectuadas ni los fundamentos técnicos de las
conclusiones como lo exige el artículo 237 del Código de Procedimiento Civil.

Resaltó que no se advierte en el dictamen datos, informes, reportes o identificación de los
inmuebles con los cuales se efectuó la comparación, de modo que no es suficiente la mera
afirmación de haber comparado con construcciones similares, pues el peritazgo requiere de
la exposición detallada y suficiente de cómo se arribó a las conclusiones allí plasmadas.

Consideró que el Área Metropolitana de Bucaramanga – AMB al efectuar la liquidación de
la contribución de valorización de los demandantes, lo hizo sobre la totalidad del predio el
Pomarroso, cuando lo correcto era descontar del metraje del mismo, la cantidad de terreno
expropiado que poseía al principio, se le debían descontar los metros requeridos para la
construcción del carril adicional, y sobre el resultado, efectuar el cálculo real de la
contribución por valorización que debía compensarse de la indemnización a favor de los
demandantes.

III.- DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

Las partes interpusieron recurso de apelación, en los siguientes términos,
respectivamente:

3.1. Parte actora

Aclaró que para que el Consejo de Estado no incurra en confusión en cuanto que el
dictamen pericial para probar el error grave jamás se practicó y en la sentencia nada se
dice al respecto, por lo que se infiere que el Tribunal no advirtió esta circunstancia. De
acuerdo con lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Santander omitió la práctica de
una prueba esencial para el esclarecimiento de la verdad en este proceso, por lo cual,
dentro de la ejecutoria del auto que admita el recurso de apelación, solicitó que se
practique la prueba mediante la cual se pretendía probar la existencia de error grave del
dictamen pericial objetado.

1.- Primer cargo y primera pretensión de la demanda: El inmueble expropiado en su
mayor parte se destinó a una obra distinta de la mencionada en el acto administrativo que
declaró de utilidad pública el bien expropiado.

Sostuvo que el primer cargo de la demanda se refirió a la destinación que se le debió dar
al inmueble expropiado, de acuerdo con los motivos de utilidad pública o de interés social
que se habían invocado en los actos administrativos que declararon la utilidad pública del
inmueble expropiado y su destinación, todo ello de acuerdo con el numeral 3 del artículo
68 de la Ley 388 de 1997, que regula la decisión de expropiación por vía administrativa.

Sin embargo, se tuvo conocimiento que la destinación del inmueble expropiado sería
distinta a la prevista en los motivos de utilidad pública declarados en los actos
administrativos correspondientes, por esa razón, los demandantes en ejercicio del
derecho de petición en interés particular de información radicado el 23 de febrero de 2010
ante la Directora del AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, le solicitaron
información detallada del área requerida para cada una de las obras, es decir, qué área
exacta se requiere para la construcción del carril adicional por sentido en el sector Papi
Quiero Piña (Floridablanca) hasta la Estación El Molino (Piedecuesta) y cuanta área se
requiere para la construcción del intercambiador Ruitoque- UPB; para un total de 2.347.51

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m2. Frente a lo cual la entidad respondió que adicionalmente contempla la construcción
de una obra complementaria que se denomina Intercambiador vial de Ruitoque, que para
la ejecución de las obras de ampliación de un carril adicional se requiere de (591,26mts’)
en ambos costados; para el intercambiador vial de Ruitoque se requiere de (1756,25mts').

Sobre este punto, concluyó que la destinación de un inmueble expropiado no es un
aspecto de poca monta o intrascendente que permita la discrecional interpretación del
juzgador, para incluir destinaciones no previstas en los actos administrativos que
declararon de utilidad pública el inmueble expropiado.

Alegó que el acto acusado jamás se mencionó que la franja de terreno expropiada se
destinaría al intercambiador vial de Ruitoque.

Sostuvo que la destinación posterior del inmueble expropiado debe expresarse con toda
claridad y precisión en el acto expropiado, como ocurrió en el presente caso, puesto que
el destino del inmueble expropiado es: “La franja de terreno expropiada, se destinará
única y exclusivamente para la construcción de un carril adicional por sentido en el sector
Papi Quiero Piña (Floridablanca) hasta la estación El Molino (Piedecuesta)”, como lo
expresó el acto acusado.

Indicó que, en ningún caso, como lo expresa la sentencia, se mencionó en el acto
administrativo acusado que el intercambiador vial de Ruitoque fuera una obra
complementaria, ni tampoco incluso señaló la existencia de obras complementarias.

Sostuvo que la obra complementaria a que se refiere la sentencia es tres (3) veces mayor
que la obra principal.

Sostuvo que la obra complementaria es tres (3) veces más grande que la obra principal,
aspecto que debió ser advertido por el juzgador, para inferir que una obra complementaria
no puede ser tres (3) veces más grande que la obra principal, para que por lo menos
fuera mencionada en el acto administrativo acusado como obra complementaria. Las
obras complementarias normales en la construcción de un carril adicional por sentido
serían, por ejemplo: bermas, cunetas, desagües, andenes, separadores, que están
inmersas en la obra principal, y no exceden el área requerida.

Además, la sentencia apelada no señala en que fundamenta su conclusión, es decir, en
qué prueba, texto legal o técnico se sustenta, para afirmar que un intercambiador vial que
es tres (3) veces más grande que la obra principal, es una obra complementaria.

El segundo cargo de la demanda: “EL PRECIO RECONOCIDO POR LOS ACTOS
ACUSADOS, NO CORRESPONDE AL CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN JUSTA
COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 58 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA, EL
ARTÍCULO 21 DEL PACTO DE SAN JOSÉ Y LAS NORMAS QUE REGULAN LOS
AVALUOS PARA LA EXPROPIACIÓN JUDICIAL Y POR VÍA ADMINISTRATIVA”.

Indicó que los propietarios del inmueble expropiado, desde un comienzo del proceso
administrativo de expropiación manifestaron su desacuerdo con el precio ofrecido por la
entidad expropiante, no aceptando la oferta de compra directa, como también recurriendo
en reposición el acto administrativo que ordenó la expropiación que finalmente fue
confirmado. Por lo cual, obviamente recurrieron a la jurisdicción en lo contencioso

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administrativo para discutir, entre otros aspectos, el precio reconocido por los actos
acusados respecto del inmueble expropiado.

Con la demanda se adjuntó como prueba el avalúo que sobre la totalidad del inmueble
había efectuado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el cual, le había fijado al predio
un valor unitario por metro cuadrado de $152.000,oo. Así mismo, en la demanda se
solicitó al Tribunal que se decretara un peritazgo sobre el inmueble expropiado.

Señaló que el Tribunal Administrativo de Santander decretó un dictamen pericial que fue
practicado, respecto del cual, se surtieron las respectivas aclaraciones y
complementaciones de las partes, y al final el apoderado de la entidad expropiante objetó
por error grave dicho dictamen pericial y solicitó como prueba la práctica de otro dictamen
pericial por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Insistió que en la primera parte de este recurso que “… como está prueba no obstante
ser válidamente decretada, y la parte solicitante haber cumplido los requerimientos
para que esta prueba se practicara, el Tribunal omitió sin fundamento alguno su
realización, tanto más que en la sentencia no advirtió esta omisión, por lo que,
solicitaremos al H. Consejo de Estado que ordene su práctica”. (Subrayas y negrilla
fuera de texto).

Consideró que la práctica del dictamen pericial omitido es fundamental para aportar la
verdad al proceso, y existen las siguientes razones esenciales, que la sentencia recurrida
pasó por alto:

[…]

a.- El avalúo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que se aportó como prueba con la
demanda, señaló un valor unitario a la totalidad del predio del cual se desprendió el de
menor extensión correspondiente al área expropiada de 2.347.51 metros cuadrados, de
$152.000,oo mt*, como aparece en la pág. 17 de la sentencia, sin contar el valor de las
edificaciones existentes en el predio.

El avalúo de la Lonja de Propiedad Raíz de Santander consideró que de los 2.347.51
metros cuadrados expropiados, 1.391.43 metros cuadrados correspondían a ronda hídrica
y le fijó un precio de $14.079; y a los restantes 956.08 metros cuadrados le señaló un valor
unitario por metro cuadrado de $140.986.oo, como se desprende del cuadro en la pág. 18
de la sentencia.

En consecuencia, bastaban las diferencias fundamentales entre el avalúo del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (el avalúo de lo expropiado tendría un valor de
$355’744.000,oo sin incluir el valor de las edificaciones existentes), y el de la Lonja de
Propiedad Raíz de Santander (el avalúo del terreno sería de $154’383.838,oo más las
edificaciones para un total de $227’307.325,oo), para esperar el resultado del dictamen
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como estaba decretado dentro del proceso cuya
práctica omitió el Tribunal.

b.- El avalúo de la Lonja de Propiedad Raíz de Santander contenía errores señalados en
la demanda, que la sentencia apelada en ningún momento verificó, lo que mostraba que
este avalúo no tenía “la entidad” que sin fundamento técnico alguno le concedió la
sentencia, que le obligaban a recurrir al dictamen del Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
como estaba decretado.

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Los errores metodológicos y de fundamento normativo del avalúo de la Lonja de Propiedad
Raíz de Santander los señalamos en la demanda en las págs. 22, 23, 24 y 25.

c.- El avalúo del lnstituto Geográfico Agustín Codazzi aportado con la demanda, en ningún
momento se refirió al concepto de ronda hídrica, puesto que en parte alguna de la
reglamentación urbanística del predio expropiado existe, lo cual se extrae del POT del
municipio de Piedecuesta Santander, que aparece en el Acuerdo 028 de 2003, por lo que,
dado que el avalúo de la Lonja de Propiedad Raíz de Santander lo menciona
expresamente y sirvió de base para fijar el 70% del avalúo del predio expropiado, razón
de más para requerir el dictamen del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que fue
decretado mas no practicado por el Tribunal de Santander.

d.- La razón fundamental por la cual la sentencia apelada considera que se presentó error
grave en el dictamen pericial objetado, es porque el peritaje decretado es diferente del
realizado por el perito, ya que el auto del Tribunal ordenó “un dictamen pericial técnico,
señalando las edificaciones y mejoras que sobre él se han hecho”, y el perito manifestó
en una aclaración que, por error involuntario, tuvo en cuenta el valor global de las mejoras
de la parte occidental.

[…]

Reiteró que la omisión de practicar el dictamen del lnstituto Geográfico Agustín Codazzi
decretado dentro del proceso, justifican la necesidad de que éste sea practicado en
beneficio de la verdad del proceso, ya que sin fundamento alguno el Tribunal omitió su
práctica, sin culpa de la parte que la pidió y si en detrimento del proceso como tal.

3.2. Area Metropolitana de Bucaramanga

Afirmó que con fundamento en las atribuciones concedidas por los artículos 317, 319 y
338 de la Constitución Política y la Ley 128 de 23 de febrero de 1994 por la cual se expide
la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas, el artículo 102 del Acuerdo Metropolitano
020 de 7 de julio de 2000 por el cual se dicta el Estatuto General de Valorización
Metropolitana, autorizó a descontar del pago del valor del terreno expropiado el valor de
la contribución de valorización liquidada. Y en cumplimiento de dicho mandato especial,
el Área Metropolitana de Bucaramanga descontó del valor del terreno de propiedad de
los demandantes la “contribución de valorización liquidada”, así las cosas, no existe
ilegalidad en el acto administrativo demandado puesto que dicha actuación de la
administración cuenta con amparo en la norma antedicha.

Indicó que el valor de la contribución de valorización a cargo del predio de propiedad de
los demandantes había sido determinado previamente por un acto administrativo que no
fue materia de esta acción de nulidad, así las cosas no existe razón jurídicamente
atendible para considerar que, con la presente demanda de nulidad las Resoluciones
núm. 0769 de 22 de diciembre de 2009 y núm. 00107 de 11 de febrero de 2010, pueda
modificarse lo dispuesto en un acto administrativo que se encuentra en firme y cuya
legalidad no ha sido discutida.

Manifestó que los numerales tercero, cuarto y séptimo de la sentencia impugnada
desconocen que ante la jurisdicción contencioso - administrativa no pueden plantearse
hechos diferentes a los invocados en sede administrativa, puesto que ello implicaría la
violación del debido proceso de la administración.

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Señaló que la Resolución núm. 0769 de 22 de diciembre de 2009, acto administrativo
cuya nulidad parcial se dispuso en los apartes impugnados de la sentencia, fue
debidamente notificada a los ahora demandantes quienes interpusieron el recurso
procedente en vía gubernativa, pero nada señalaron respecto a la deducción por
contribución de valorización allí ordenada. Que en dicho recurso los interesados
controvirtieron única y exclusivamente el precio indemnizatorio de las franjas de terreno,
el avalúo y la técnica empleada por la Lonja de propiedad Raiz de Santander y nunca
adujeron como fundamento de su inconformidad los motivos de nulidad expuestos en el
cargo tercero de la demanda, que a la postre fue el argumento acogido por el juzgador a-
quo al declarar la nulidad parcial de los actos administrativos demandados.

Insistió que el a-quo debió declarar la falta de agotamiento de la vía gubernativa respecto
de los argumentos expuestos en el cargo tercero de la demanda, como lo imponen el
debido proceso y el derecho de defensa de la entidad demandada, puesto que, al
plantearse en la demanda acusaciones no esgrimidas contra el acto administrativo en la
vía gubernativa, se afectarían gravemente dichas garantías.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

4.1. Mediante providencias de 16 de octubre de 20202 y 30 de junio de 20223 se
admitieron los recursos de apelación y se corrió traslado para alegar de conclusión,
respectivamente.

4.2. La parte actora presentó escrito de alegatos de conclusión en los que reiteró los
argumentos de la demanda.

4.3. El Ministerio Público guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

De conformidad con el artículo 129 del C.C.A. y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12
de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.

5.2. Análisis de la Sala

5.2.1. En la sentencia recurrida se declaró la objeción por error grave del dictamen
pericial propuesto por la parte demandada, declaró la nulidad parcial de los actos
demandados respecto de la deducción que por contribución por valorización, así como la
reliquidación y reintegro a los demandantes debidamente actualizado y negó las demás
pretensiones; al estimar que no era suficiente para desvirtuar el practicado por la Lonja de
Propiedad Raíz de Santander, pues según la postura del Consejo de Estado, a los

2 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial – SAMAI del proceso radicado con el

núm. 68001233100020100049901.
3 Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial – SAMAI del proceso radicado con el

núm. 68001233100020100049901.

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dictámenes que se rinden en los procesos cuyo objeto es la nulidad de un acto de
expropiación, se les exigen los mismos requisitos que deben cumplir los avalúos que se
realizan en los trámites de expropiación administrativa. Indicó que la objeción también
tendría vocación de prosperidad en el sentido que el dictamen del perito designado por el
Tribunal no se advierte claro, preciso y detallado, ni se explican las investigaciones
efectuadas ni los fundamentos técnicos de las conclusiones como lo exige el artículo 237
del Código de Procedimiento Civil.

5.3 De los recursos interpuestos

5.3.1. Recurso de apelación interpuesto por la parte demandante – Martha Inés
Tobo de Osma y otros

Previo a decidir los cargos esgrimidos por la parte actora en el recurso de apelación
interpuesto, la Sala se permite poner de presente, que los demandantes insisten frente
al cargo del “error grave del dictamen pericial” que consiste en que para que esta
Corporación no incurra en confusión “en cuanto que el dictamen pericial para probar el
error grave jamás se practicó y en la sentencia nada se dice al respecto, por lo que se
infiere que el Tribunal no advirtió esta circunstancia. … De acuerdo con lo expuesto, el
Tribunal Administrativo de Santander omitió la práctica de una prueba esencial para
el esclarecimiento de la verdad en este proceso, por lo cual, dentro de la ejecutoria del
auto que admita el recurso de apelación, solicitaré que se practique la prueba
mediante la cual se pretendía probar la existencia de error grave del dictamen
pericial objetado.”. (Negrillas y subrayas fuera de texto). La cual se resolverá más
adelante.

1.- Primer cargo y primera pretensión de la demanda: “El inmueble expropiado en su
mayor parte se destinó a una obra distinta de la mencionada en el acto administrativo que
declaró de utilidad pública el bien expropiado.

a.- El acto acusado jamás menciono (sic) que la franja de terreno expropiada
se destinaría al intercambiador vial de Ruitoque.
b.- La obra complementaria a que se refiere la sentencia, es tres (3) veces mayor que la
obra principal”.

Se refirió a la destinación que se le debió dar al inmueble expropiado, de acuerdo con los
motivos de utilidad pública o de interés social que se habían invocado en los actos
administrativos que declararon la utilidad pública del inmueble expropiado y su
destinación, todo ello de acuerdo con el numeral 3 del artículo 68 de la Ley 388 de 1997,
que regula la decisión de expropiación por vía administrativa: “3. La destinación que se
dará al inmueble expropiado, de acuerdo con los motivos de utilidad pública o de interés
social que se hayan invocado y las condiciones de urgencia que se hayan declarado”.
(Resaltado y subrayado fuera de texto).

La Sala observa que el Acuerdo Metropolitano núm. 004 de 2004, proferido por la Junta
Metropolitana de Bucaramanga, declaró de utilidad pública, los predios afectados por los
corredores incorporados dentro de los estudios elaborados para la implementación del
Sistema Integrado de Transporte Masivo para Bucaramanga y su Área Metropolitana.
Luego, la Resolución núm. 0769 de 22 de diciembre de 2009, en el artículo tercero
dispuso: “…La franja de terreno expropiada, se destinará única y exclusivamente para la

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construcción de un carril adicional por sentido en el sector Papi Quiero Pina
(Floridablanca) hasta la estación El Molino (Piedecuesta)'’.

Frente a la anterior decisión, la parte actora presentó petición ante la entidad demandada
• Área Metropolitana de Bucaramanga- solicitando información detallada del área exacta
que se requería para la construcción del carril adicional por sentido, a lo que la entidad
demandada respondió que “… el total de área requerida en ambos costados del predio...
es de (2347.51 mts2), para la ejecución de las obras de ampliación de un carril
adicional se requiere de (591,26 mts2) en ambos costados; para el intercambiador
vial de Ruitoque se requiere de (1756,25mt2)". (Negrilla del texto).

De acuerdo con la anterior respuesta, la actora evidenció que, parte del terreno que le
fue expropiado para la construcción de un carril adicional desde “Papi Quiero Piña hasta
la Estación El Molino”, se destinaría para la construcción del intercambiador vial de
Ruitoque, frente a lo cual sostiene que no quedó contemplado en el acto de expropiación,
ni en el que declaró la utilidad pública de los predios afectados.

Empero, dicho intercambiador vial de Ruitoque, hace parte de las obras complementarias
del proyecto principal, que es la construcción del carril adicional entre “Papi Quiero Piña
y la Estación El Molino”, para el Sistema de Transporte Masivo de la Ciudad, por lo cual,
con su construcción no se le está dando una destinación diferente al bien expropiado, ya
que, dicha obra accede a la principal, cuyo proyecto total es el Plan Vial Metropolitano
para la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo para Bucaramanga
y su Área Metropolitana -SITM -.

Por lo anterior, en los términos señalados en el recurso de apelación, este cargo no tiene
vocación de prosperidad.

2.- El segundo cargo de la demanda: “EL PRECIO RECONOCIDO POR LOS ACTOS
ACUSADOS, NO CORRESPONDE AL CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN JUSTA COMO LO
DISPONE EL ARTÍCULO 58 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA, EL ARTÍCULO 21 DEL PACTO
DE SAN JOSÉ Y LAS NORMAS QUE REGULAN LOS AVALUOS PARA LA EXPROPIACIÓN
JUDICIAL Y POR VÍA ADMINISTRATIVA”.

Los propietarios del inmueble expropiado manifestaron su desacuerdo con el precio
ofrecido por la entidad expropiante, no aceptando la oferta de compra directa, como
también recurriendo en reposición el acto administrativo que ordenó la expropiación que
finalmente fue confirmado.

Con la demanda se adjuntó como prueba el avalúo, que sobre la totalidad del inmueble
había efectuado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el cual, le había fijado al predio
un valor unitario por metro cuadrado de $152.000.oo.

• Avalúo realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi4 solicitado por los
demandantes sobre el inmueble de su propiedad, del cual se extraen las siguientes
conclusiones:

[…] Se consideraron entre otros factores ubicados del inmueble en un sector comercia!
denominado Mensuly de amplio desarrollo comercial sobre la Autopista Bucaramanga -
Bogotá, en límites rurales entre Floridablanca y Piedecuesta... (...)

4
Folios 31 a 58 Cuaderno No. 1

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La ubicación del lote en una buena zona Comercial dentro del entorno rural suburbano de
Piedecuesta y Floridablanca.

• Los usos del suelo SUBURBANO RURAL predominantes en la zona de acuerdo a las
normas del PBOT de Piedecuesta y el POT de Floridablanca, y el uso principal
Residencial de hala densidad en condominio en el sector, y complemento comercial
• […]
• La rentabilidad de los usos predominantes.
• La extensión y configuración del predio actualmente (Funcionan seis establecimientos
comerciales y una fábrica de confección en el 2 piso del Pomarroso) […]

• Avalúo realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Santander5, sobre el inmueble
de los demandantes, y solicitado por el Área Metropolitana de Bucaramanga, del cual se
destaca:

[…] Para el desarrollo de la metodología aplicada para el avalúo en el año 2007, se utilizó
la metodología valuatoria establecida en el Decreto 1420 de 1998 y Resolución 0762 de
1998 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC vigente para el momento de
elaboración del avalúo.

Decreto y resolución que regulan expresamente el tema de la estimación del valor
comercial de los predios que se requieren para la realización de proyectos de utilidad
pública, como es el caso de bs de infraestructura vial.

5
Folio 117 Cuaderno No.1

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Se estima el VALOR MAXIMO del terreno de acuerdo con el estudio de mercado sobre
ventas de lotes en parcelas, considerando este el mayor y mejor uso posible en la zona y
sobre este valor de terreno urbanizado se aplica el concepto de VALOR DE TERRENO
EN BRUTO, VTB según el Artículo 14, Resolución IGAC 0762 23-10-1998) […]

• Adendo al Avalúo Corporativo Comercial No. 094-096 del que se extrae:

[…] OBJETO. Corregir el área legal a negociar, de acuerdo a la nueva ficha predial
suministrada por el Área Metropolitana de Bucaramanga, para establecer el valor total del
lote de terreno y de la -construcción, sobre la base del valor por metro cuadrado estimado
en el avalúo original No. 094-09 de fecha 13 de junio de 2009.

[…]

7. VALOR TOTAL ACTUALIZADO
Hechas las anteriores consideraciones el valor comercial de la afectación es el siguiente:

6
Folio 154 Cuaderno No.1

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• Aclaración del avalúo realizado por el perito7, en el que informa que:

7
Folios 455 a 457 Cuaderno No.2

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Frente a lo anterior, el apoderado del Área Metropolitana de Bucaramanga presenta
objeción al dictamen practicado, argumentando, principalmente, que lo solicitado al
decretarse la prueba8 en el predio el Pomarroso, fue un "dictamen pericial técnico,
señalando las edificaciones y mejoras que sobre él se han hecho”; sin embargo, el perito
determinó el valor total del terreno expropiado y no hizo el señalamiento de las
edificaciones y mejoras realizadas en el predio que era el objeto real de la prueba.

En cuanto a la metodología utilizada fue la de Comparación de Mercado, que se dictamina
teniendo en cuenta el valor comercial del metro cuadrado a la fecha, estado de
conservación del bien y perspectivas futuras, lo cual, afirma, es "clasificado, analizado e
interpretado por el suscrito, con base a experiencia y conocimiento del mercado de esta
clase de bienes". Por lo que determina que el valor del metro cuadrado del terreno es de
$350.000,oo que al multiplicar por los 4.527,16 metros cuadrados que posee -luego de la
expropiación-, arroja un total de $1.584'506.000,oo; a lo que se debe sumar el valor de
las mejoras construidas tanto en la parte occidental como en la oriental.

La Sala comparte el argumento del a-quo al determinar que le asiste razón a la entidad
demandada, al afirmar que el dictamen rendido desconoció el objeto de la prueba, el cual
consistía en señalar las edificaciones y mejoras que sobre el terreno El Pomarroso se
han hecho, tal y como fue decretado, razón para que prospere la objeción por error grave
formulada por el Área Metropolitana de Bucaramanga -AMB- toda vez que, desbordó la
orden dada determinando unos valores que no fueron solicitados en el decreto de la
prueba.

Además, no se advierte en el dictamen datos, informes, reportes o identificación de los
inmuebles con los cuales se efectuó la comparación, de modo que no es suficiente la
mera afirmación de haber comparado con construcciones similares, toda vez que, el
peritazgo requiere de la exposición detallada y suficiente de cómo se arribó a las
conclusiones allí plasmadas. Para determinar la antigüedad del bien, por ejemplo, el
perito tampoco tuvo en cuenta ningún parámetro objetivo o fundamento técnico o
científico pues se limitó a afirmar que el predio era de aproximadamente 20 años, y afirmó
que lo verificó personalmente y con información de los interesados. Tampoco soportó por
qué sostuvo que en el sector es escasa la oferta y alta la demanda de predios, entre otras
cosas.

Las anteriores falencias conducen a la prosperidad de la objeción por error grave
formulada por el AMB, pues, para la Sala, no es posible advertir los fundamentos de las
conclusiones a las que llegó el perito, pues no se observa cuál es la razón para atribuir
el valor del metro cuadrado, ni la relación de ofertas o transacciones en el mismo sector

8
Folios 413 Cuaderno No.2, auto de 6 de septiembre de 2011 sobre aclaración del decreto de pruebas
solicitadas por la parte demandante.

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para inmuebles de similares características atendiendo el método "valorativo del
mercado" escogido.

Así como lo advirtió el a quo, si se admitiera que el dictamen se practicó según lo
decretado, éste tampoco sería suficiente para desvirtuar el practicado por la Lonja de
Propiedad Raíz de Santander, pues, según la postura del Consejo de Estado, a los
dictámenes que se rinden en los procesos cuyo objeto es la nulidad de un acto de
expropiación, se les exigen los mismos requisitos que deben cumplir los avalúos que se
realizan en los trámites de expropiación administrativa.

Finalmente, como este cargo está directamente relacionado con la objeción por error
grave solicitada por la parte demandada y decretada en primera instancia, ergo en los
términos señalados en el recurso de apelación, este cargo no tiene vocación de
prosperidad.

Objeción por Error Grave del Dictamen Pericial.

Al efecto, resulta pertinente traer a colación la postura de esta Sección que ha exigido a
los dictámenes que se rinden en los procesos cuyo objeto es la nulidad de un acto de
expropiación, los mismos requisitos que deben cumplir los avalúos que se realizan en
los trámites de expropiación administrativa.

Sobre el punto, resultan relevantes las siguientes consideraciones que sobre la materia
ha sostenido esta Sección:

[…] Respecto de la sujeción de los dictámenes periciales rendidos al interior de procesos
judiciales, del Consejo de Estado 9

6.2.2.2.- Ahora bien, como antes se expresó, en los dictámenes periciales que se
rindan en un proceso especial de nulidad y restablecimiento del derecho en el que
se discuta el precio indemnizatorio de un inmueble expropiado por vía
administrativa, en particular en lo relativo a su avalúo comercial, los peritos
designados están sujetos a las reglas para la elaboración de dichos avalúos antes
referidas contenidas en el Decreto 1420 de 1998 y en la Resolución 762 de 1998 e
igualmente, por tratarse de una prueba en una actuación judicial, deben seguir las
reglas que el estatuto de procedimiento civil establece para la elaboración y
rendición de los informes técnicos que se les solicite (artículos 233 y s.s.),
expresando no solo las conclusiones de sus trabajos sino explicando las razones
técnicas y científicas en que se las mismas se fundamentan. Precisamente, sobre
este particular en la Sentencia del 14 de mayo de 2009 esta Sección precisó lo
siguiente:

“Según el criterio expresado por esta Corporación, en estos casos resulta
insuficiente la mera exposición de los resultados de las operaciones periciales
practicadas y de las deducciones extraídas por el perito, huérfanas de las
explicaciones relativas a su origen y al proceso lógico e intelectivo que ha
conducido a su obtención, omitiendo la exposición y explicación de las razones por
las cuales no es dable mantener otro criterio diferente.

Precisamente por el hecho de que tanto las partes como la autoridad judicial no
cuenten con los conocimientos especializados del perito, es de esperar que éste

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 16 de julio de

2015. C.P. Guillermo Vargas Ayala. núm. 20040102701.

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revele los datos y los hitos de su discernimiento, que si bien un entendido en la
materia puede reputar elementales, un profano puede encontrarlos inasequibles.
Obsérvese que el cometido principal de cualquier experticia no es otro que la persuasión,
y esta difícilmente se logra cuando solamente se efectúan afirmaciones o negaciones de
manera apodíctica, negándole al juez y a las partes la posibilidad de conocer los
rudimentos básicos del análisis efectuado. La labor del perito consiste precisamente en
proporcionar, junto con el fruto de su propia interpretación, los fundamentos que lo
soportan, para situar a sus destinatarios en condiciones de poder valorar la objetividad,
la razonabilidad, la coherencia y la sensatez de las conclusiones presentadas.
[…]

Todo lo anterior tiene su fundamento legal en el numeral 6° del artículo 237 del C.
de P. C., en donde se dispone que "El dictamen debe ser claro, preciso y detallado;
en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo
mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones".
Esta disposición consagra la necesidad de explicar por qué se rinde el dictamen en
determinado sentido, indicando las razones de orden técnico, científico o artístico que se
tuvieron en cuenta para conceptuar, a fin de que, como ya se dijo, las partes puedan
ejercer el derecho de contradicción de la prueba y el juez, por su parte, pueda valorar la
racionalidad y objetividad de las conclusiones emitidas” (Destacado fuera de texto
original)”. […]

Aunque no es el objeto de la apelación por parte de los demandantes, cabe mencionar
que de conformidad con la anterior jurisprudencia, al dictamen pericial se le exige el
cumplimiento de los mismos requisitos que al avalúo que sirve de soporte para la
determinación de la indemnización en el trámite de expropiación; y la Sala comparte las
consideraciones del a-quo en este sentido de estimar que el dictamen del perito designado
por el Tribunal no se advierte claro, preciso y detallado, ni se explican las investigaciones
efectuadas ni los fundamentos técnicos de las conclusiones como lo exige el artículo 237
del Código de Procedimiento Civil.

Sobre el “error grave” se precisa, que, de conformidad con el artículo 238 numeral 410 del
CPC, la objeción que las partes pueden formular contra el dictamen pericial procede por
error grave que “haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los
peritos o porque el error se haya originado en estas”. Es decir, debe tratarse de un error de
tal magnitud que, "de no haberse presentado, otro hubiera sido el sentido del dictamen
rendido por los peritos" por lo cual, el yerro debe ser tan significativo que las conclusiones
a las cuales conduzca sean ostensiblemente equivocadas.

Sobre dicho asunto, esta Sección en sentencia de 21 de marzo de 2024 (C.P. Oswaldo
Giraldo López, núm. único de radicación 11001 03 24 000 2003 00286 01), precisó:

“[…] En suma, es claro para la Sala que no cualquier reparo fundado en
juicios o apreciaciones sobre los fundamentos o conclusiones de la prueba
pericial tiene la entidad de configurar el error grave, puesto que, de acuerdo
los lineamientos jurisprudenciales traídos a colación, se trata de
equivocaciones de tal envergadura que tornan defectuoso el medio de
prueba y descartan su vocación para acreditar la situación fáctica objeto de

10 [..] Para la contradicción de la pericia se procederá así: […] 4. De la aclaración o complementación se
dará traslado a las partes por tres días, durante los cuales podrán objetar el dictamen, por error grave
que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error
se haya originado en éstas.

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probanza, esto es, que sean determinantes en las conclusiones del perito,
pues de no haberse presentado otro sería el sentido de la prueba. […]”
(Destacado fuera de texto).

En caso sub judice, mediante auto de 6 de septiembre de 2011 se consideró sobre la
aclaración del decreto de pruebas solicitada por la parte demandante:

[…] De conformidad con el auto de fecha 10 de agosto de 2010 por medio del cual se
decretó pruebas, la parte demandante solicitó dos peritazgos: el primero, cuyo objeto es
avaluar el predio expropiado junto con las edificaciones y mejoras en él existentes.
[…]

En consecuencia, se dispone:

Se decreta la prueba pericial solicitada por la parte demandante a folio 224. En
consecuencia, SE DESIGNA como perito avaluador a GUSTAVO AMAYA ORTEGA ...,
para que dentro de los quince (15) días siguientes a su posesión, establezca y rinda
informe del predio El Pomarroso, ubicado en el Km 7 vía Bucaramanga-Bogotá,
Piedecuesta-Santander, "señalando las edificaciones y mejoras que sobre él se han
hecho”.

[…] (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En el dictamen rendido por el perito11, se observa que se elaboró el día 20 de septiembre
de 2011, y en él, luego de precisar la ubicación geográfica del inmueble, se realizó una
descripción general del terreno, así como las características generales de la
construcción, entre otros aspectos.

Luego, el mismo perito GUSTAVO AMAYA ORTEGA presenta una aclaración12 sobre el
dictamen rendido, indicando que:

[…] Por ERROR INVOLUNTARIO, tuve en cuenta el valor global de las mejoras
de la parte OCCIDENTAL, al desmembrarse, el área de la expropiación en este punto
cardinal es de CUATROCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS CON OCHO
CENTÍMETROS...

En este sector solo se toma el área del terreno expropiado, no se tomó el metraje
de la construcción y mejoras, cosa que es difícil para el suscrito valorar lo que no
existe a la época, ni tengo certeza del tipo de construcción y demás mejoras que
en una época existieron, teniendo en cuenta que la obra del tercer carril ya está
ejecutada. […] Negrillas fuera de texto.

Frente a lo anterior, se observa que el apoderado del Área Metropolitana de
Bucaramanga - AMB, presenta objeción al dictamen practicado, toda vez que, lo
solicitado mediante el auto de 6 de septiembre de 201113 al decretarse la prueba en el
predio el Pomarroso, fue un dictamen pericial técnico, "señalando las edificaciones y

11
Fls 419 y SS del Cuaderno núm. 2
12 Fls. 455 y 456 del Cuaderno núm.2
13 Folios 413 Cuaderno No.2, auto de 6 de septiembre de 2011 sobre aclaración del decreto de pruebas

solicitadas por la parte demandante.

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mejoras que sobre él se han hecho”. El perito determinó el valor total del terreno
expropiado y no hizo el señalamiento de las edificaciones y mejoras realizadas en el
predio, que era el objeto real de la prueba; es decir que, el peritaje decretado es muy
diferente al realizado finalmente por el perito.

Con todo, el dictamen rendido desconoció el objeto de la prueba decretada, el cual se
reitera, consistía en señalar las edificaciones y mejoras que recaían sobre el terreno El
Pomarroso, razón para que prospere la objeción por error grave formulada, toda vez que,
se desbordó la orden dada determinando razones y circunstancias que no fueron
solicitadas en el decreto de la prueba; lo que de contera llevó objetar el dictamen por
error grave, dada a la conclusión determinante a la que llegó el perito en no señalar las
edificaciones y mejoras realizadas en el predio, peritazgo que fue diferente al solicitado
por la misma parte actora en el auto de 6 de septiembre de 2011 arriba mencionado. Por
lo que, en este caso, de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales antes citados, se
trató de una equivocación de tal envergadura que tornó defectuoso el medio de prueba y
descartó “… su vocación para acreditar la situación fáctica objeto de probanza, esto
es, que sean determinantes en las conclusiones del perito, pues de no haberse
presentado otro sería el sentido de la prueba”. (Negrilla fuera del texto)

Ahora bien, como se mencionó al comienzo de analizar este recurso, que se circunscribe
a que la parte actora insiste con relación a este cargo del “error grave del dictamen
pericial”, para que esta Corporación no incurra en confusión en cuanto que el dictamen
pericial para probar el error grave “jamás se practicó” y que en la sentencia apelada
nada se dice al respecto, por lo que en primera instancia se omitió la práctica de esta
prueba por lo cual, reitera la parte actora “… solicitaré que se practique la prueba
mediante la cual se pretendía probar la existencia de error grave del dictamen pericial
objetado.”. (Negrillas y subrayas fuera de texto); se resolverá a continuación.

En efecto, la Sala encontró que, la solicitud de la práctica de la prueba arriba solicitada
por la parte actora fue resuelta por el Despacho sustanciador por auto de 9 de mayo de
202214, mediante el cual negó dicha solicitud; porque consideró, entre otras razones, que
no encaja en los presupuestos exigidos en el artículo 214 del C.C.A., y porque el Área
Metropolitana de Bucaramanga fue quien la solicitó, y por tanto es ella la llamada a
solicitar su práctica en esta instancia; que endilgan a la demandada la falta de diligencia
para que se practicara la prueba; y que la parte actora solicita incluso que ella se tenga
por desistida; y del silencio de las partes contra el auto que cierra el periodo probatorio .

Ahora bien, respecto de la anterior afirmación, una vez revisada la providencia arriba
mencionada, se observa lo siguiente:

• Mediante auto de 6 de septiembre de 2011 se decretó la prueba pericial solicitada
por la parte actora, con el fin de avaluar el predio expropiado junto con las
edificaciones y mejoras en él existentes. En esta providencia se designó como
perito al señor Gustavo Amaya Ortega15, quien, mediante escrito de 5 octubre
2011, aportó el dictamen pericial16.

14 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial – SAMAI del proceso radicado con

el núm. 68001233100020100049901
15 Cuaderno No. 2, Folio 413.
16 Ibídem, folios 418 a 453

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• Respecto del anterior dictamen, el Área Metropolitana de Bucaramanga presentó
solicitud de aclaración, a la cual accedió el despacho mediante proveído de 31 de
enero de 201217, y que fue allegado al proceso por el perito el 23 enero 201218.

• Por medio de providencia de 27 febrero 2012 se corrió traslado del dictamen
pericial y de la aclaración, término dentro del cual la parte demandada, Área
Metropolitana de Bucaramanga, lo objetó por error grave y solicitó un nuevo
dictamen19.

• Mediante auto de 31 enero de 2014, el Tribunal ordenó oficiar al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi para que designara un perito capacitado para
“determinar si se presenta error grave en los términos indicados por el apoderado
del Área Metropolitana de Bucaramanga, o si por el contrario, el peritazgo rendido
y aclarado esta conforme a las disposiciones legales y técnicas aplicables al caso
concreto”.

• Por medio de Oficio de 23 septiembre de 2014, el IGAC informó que previamente
se debían allegar escrituras, matrícula inmobiliaria y planos para determinar el
tiempo de trabajo y lugar de la inspección, documentación que fue requerida por
el Despacho sustanciador el 12 de diciembre de 2014 y reiterada mediante autos
de 17 de abril y 11 de noviembre de 2015 al Área Metropolitana de Bucaramanga,
quien aportó la documentación el 26 noviembre de 2015 al expediente.

• A través de auto de 6 octubre 2016, el Tribunal se abstiene de acceder a la
solicitud de entrega del título judicial solicitada por el perito, como quiera que
estaba pendiente de decidir la objeción por error grave, la cual afirma se resolverá
en sentencia, de acuerdo con el art. 238 CPC. En este mismo auto ordena correr
traslado para alegatos de conclusión, providencia contra la cual no se interpone
recurso por ninguna de las partes.

• El Tribunal Administrativo de Santander dictó sentencia el 17 de octubre de 2019,
en la que declaró probada la objeción por error grave del dictamen pericial
propuesta por el Área Metropolitana de Bucaramanga.

La citada providencia, tuvo las siguientes consideraciones:

[…]
En el anterior contexto, el Despacho observa que la solicitud del demandante
no está llamada a prosperar, en la medida en que no encuadra en la hipótesis
que prevé el numeral 1° del artículo 214 del CCA; en primer lugar, porque
fue la parte demandada quien la solicitó y por lo tanto es ella, en
principio, la llamada a solicitar su práctica en segunda instancia.

Adicionalmente, porque, si bien la prueba pericial se decretó en primera
instancia a solicitud del Área Metropolitana de Bucaramanga, lo cierto es que,
como se advierte del recuento fáctico, dicha parte no adelantó ninguna
actuación con el fin de impulsar su práctica; situación que se corrobora
con las afirmaciones de la parte actora en primera instancia, que

17 Ibídem, folio 464
18 Ibídem, folio 465 a 469
19Ibídem, folio 584

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endilgan a la demandada la falta de diligencia para que se practicara la
prueba, y solicita incluso que ella se tenga por desistida; y del silencio
de las partes contra el auto que cierra el periodo probatorio y corre
traslado para alegar de conclusión, pues contra dicha providencia no se
interpuso recurso alguno.

[…] (Negrillas fuera de texto).

Por consiguiente, en los términos señalados en el recurso de apelación, este cargo no
tiene vocación de prosperidad, toda vez que, se reitera que por auto de 9 de mayo de
2022 en esta instancia se NEGÓ la práctica de la prueba solicitada por la parte actora;
porque se consideró que fue el Área Metropolitana de Bucaramanga quien la solicitó y
por tanto es ella la llamada a solicitar su práctica en esta instancia, entre otras razones.

Con todo, al tenor de lo dispuesto en el auto que negó la práctica de la prueba solicitada
por la parte actora, resulta a todas luces inane que la Sala se pronuncie sobre los demás
puntos esgrimidos en este cargo, que según el dicho de la interesada para demostrar el
esclarecimiento de la verdad del proceso.

5.3.2. Recurso de apelación del Área Metropolitana de Bucaramanga

El apoderado del Área Metropolitana de Bucaramanga interpuso recurso de apelación
con fundamento en las siguientes razones20:
Sostuvo que con fundamento en las atribuciones concedidas por los artículos 317 21,
31922 y 33823 de la Constitución Política y la Ley 128 de 23 de febrero de 199424, el

20 Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001

2331 000 2010 00499 01.
21 […]Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras

entidades impongan contribución de valorización. La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no
podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y
conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo
de los municipios del área de su jurisdicción. […]
22 […] Cuando dos o más municipios tengan relaciones económicas, sociales y físicas, que den al conjunto

características de un área metropolitana, podrán organizarse como entidad administrativa encargada de
programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su autoridad;
racionalizar la prestación de los servicios públicos a cargo de quienes la integran y, si es el caso, prestar
en común algunos de ellos; y ejecutar obras de interés metropolitano. La ley de ordenamiento territorial
adoptará para las áreas metropolitanas un régimen administrativo y fiscal de carácter especial; garantizará
que en sus órganos de administración tengan adecuada participación las respectivas autoridades
municipales; y señalará la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la vinculación
de los municipios. Cumplida la consulta popular, los respectivos alcaldes y los concejos municipales
protocolizarán la conformación del área y definirán sus atribuciones, financiación y autoridades, de acuerdo
con la ley. Las áreas metropolitanas podrán convertirse en Distritos conforme a la ley. […]
23 […] En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales

y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos
deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de
los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de
las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los
servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método
para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las
ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la
base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a
partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.
[…]
24
“Por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas”

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24

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artículo 10225 del Acuerdo Metropolitano 020 de 7 de julio de 2000 por el cual se dicta
el Estatuto General de Valorización Metropolitana, se autorizó descontar del pago del
valor del terreno expropiado, el valor de la contribución de valorización liquidada.

Reiteró que en cumplimiento de las normas citadas, se descontó del valor del terreno
de propiedad de los demandantes la “contribución de valorización liquidada”; por lo que
no existe ilegalidad en los actos demandados, ya que, dicha actuación de la
administración cuenta con amparo normativo.

Frente a lo anterior, se tiene que, la parte actora sostuvo que se cobró en exceso la
contribución por valorización ($12.612.428.00), toda vez que, en la liquidación realizada
por el AMB se indicó que el área sobre la cual se calcula la misma, es de 7.000 mts lo
que corresponde al área del predio antes de sufrir la expropiación, mientras que en el
acto acusado - Resolución No. 0769 de 2009 -, se indicó que la valorización se cobra
sobre el predio restante, es decir, lo que queda de propiedad de los actores luego de
haber sido expropiados los 2.347,51 mts requeridos para la construcción del carril
adicional.

En efecto, la Resolución No. 000769 de 2009, en su consideración núm. 22, expuso:

[…] 22. Que por concepto de valorización del predio restante, los señores
ELISEO OSMA MARTINEZ Y MARTHA INES TOBO DE OSMA, deberán contribuir
al AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, con la suma de DOCE
MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
($12.612.428.00) MONEDENA (sic)CORRIENTE, valor que será compensado del
precio indemnizatorio, quedando un saldo a favor del expropiado de TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO ($369.678.735,00) MCTE. (Artículo 120 del
Acuerdo Metropolitano No. 020 del 7 de Julio de 200) (sic)... […]

Observa la Sala que los demandantes de cara a lo anterior presentaron derecho de
petición, y en respuesta a dicha solicitud la entidad demandada mediarte oficio DAMB-
SPI- 001123 RAD. 681 INS.INTER.260 de 8 de abril de 2010, respondió respecto de la
liquidación de la contribución por valorización lo siguiente:

[…] Con el ánimo de aclararle y brindarle mayor Información al respecto de su
comunicación sobre el cálculo y las constantes empleadas para la tasación del
beneficio recibido al predio a causa del proyecto, me permito relacionar gráfica
con los factores aplicados al particular. […]

CODIGO MATRICULA PROPIETARIO DIRECCION AREA ICAC CONTRIBUCION
PREDIAL

25 […] COMPENSACIONES: El contribuyente que deba hacer enajenación parcial de su inmueble con

destino a la obra que lo grava, deberá compensar totalmente el valor del terreno con la contribución
liquidada, en cuyo caso, tendrá derecho a los descuentos otorgados por pronto pago dentro del período
establecido y gozará del beneficio de plazo para la cancelación del saldo de la contribución que no alcanzó
a ser compensada. Igualmente un contribuyente podrá compensar su contribución o parte de ella con la
construcción de una obra incluida en el proyecto distribuido. La Junta Metropolitana reglamentará estas
formas de pago. […]

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25

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000000100049000 314-2430 OSMA EL 7.000 $12.612.428
MARTINEZ POMARROSO
ELISEO VD MENZULI

Se evidencia que el Área Metropolitana de Bucaramanga – AMB, al efectuar la liquidación
de la contribución de valorización del predio de los demandantes, lo hizo sobre la totalidad
del predio el Pomarroso, cuando lo correcto era descontar del metraje del mismo la
cantidad de terreno expropiado; es decir, a los 7.000 mts que poseía inicialmente, se le
debían descontar los 2.347,51 mts requeridos para la construcción del carril adicional, y
sobre el resultado, esto es, 4.653 mts efectuar el cálculo real de la contribución por
valorización que debía compensarse de la indemnización a favor de los demandantes.

Razón por la cual, se le ordenó al AMB reliquidar nuevamente la contribución por
valorización, tomando como área del mismo los 4.653 mts por los que quedó conformado
el predio luego de la expropiación realizada, y devolver a la parte actora debidamente
actualizada, la suma de dinero cobrada en exceso.

Por lo anterior, lo expuesto en este punto por la entidad demandada – AMB no tiene
vocación de prosperidad.

De otro lado, con relación a la deducción por contribución de valorización ordenada, la
parte demandada indicó que:

[…]

En efecto, la Resolución 0769 de 22 de diciembre de 2009, acto administrativo cuya
nulidad parcial se dispuso en los apartes impugnados de la sentencia, fue debidamente
notificada a los ahora demandantes quienes interpusieron el recurso procedente en
vía gubernativa, pero nada señalaron respecto a la deducción por contribución de
valorización allí ordenada.

En dicho recurso los interesados controvirtieron única y exclusivamente el precio
indemnizatorio de las franjas de terreno, el avalúo y la técnica empleada por la Lonja de
propiedad Raiz de Santander y nunca adujeron como fundamento de su inconformidad los
motivos de nulidad expuestos en el cargo tercero de la demanda, que a la postre fue el
argumento acogido por el juzgador a-quo al declarar la nulidad parcial del acto
administrativo demandado.

El sentenciador ha debido declarar la falta de agotamiento de la vía gubernativa respecto
de los argumentos expuestos en el cargo tercero de la demanda, como lo imponen el
debido proceso y el derecho de defensa de la entidad demandada, puesto que al
plantearse en la demanda acusaciones no esgrimidas contra el acto administrativo
en la vía gubernativa, se afectarían gravemente dichas garantías.

[…] (Negrillas fuera de texto).

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26

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Frente a este punto, la Sala considera pertinente traer a colación lo que la parte
demandante discutió en sede administrativa, en el siguiente orden:

Al respecto, en la Resolución núm. 0769 de 22 de diciembre de 2009, «por la cual se
decreta una expropiación vía administrativa», expedida por la Directora del Área
Metropolitana de Bucaramanga, se indicó, frente a lo que es objeto de apelación, lo
siguiente26:

[…]

21. Que de conformidad a lo señalado en el artículo 67 de la Ley 388 de 1997, el valor
del precio indemnizatorio que se reconocerá a los señores ELISEO OSMA MARTINEZ Y
MARTHA INES TOBO DE OSMA, propietarios inscrito del bien inmueble expropiado, será
igual al precio de adquisición estimado en el AVALUO CORPORATIVO COMERCIAL
NUMERO No. 094-09 de fecha Junio 13 de 2.009 y mediante Adendo de Septiembre 11
de 2009 elaborado por la LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE SANTANDER, por valor de
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ($381.691.163.00) MONEDA CORRIENTE en
concordancia con lo previsto en el artículo 61 ibídem.

22. Que por concepto de valorización del predio restante, los señores ELISEO OSMA
MARTINEZ Y MARTHA INES TOBO DE OSMA, deberán contribuir al AREA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, con la suma de DOCE MILLONES
SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($12.612.428.00)
MONEDA CORRIENTE, valor que será compensado del precio indemnizatorio, quedando
un saldo a favor del expropiado de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA ($369.678.735,00)
MCTE.( Artículo 120 del Acuerdo Metropolitano No.020 del 7 de Julio de 200). […]

En contra de la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de reposición, con
los siguientes argumentos27:

[...] Consideramos que el precio indemnizatorio o daño emergente fijado a las franjas de
terreno a expropiar, señalado en la oferta comercial y en la Resolución 000769 del 22 de
diciembre de 2009, es violatorio del Decreto 1420 de 1998 y Resolución núm. 620 de 2008
proferida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi … .
[…]

1.- Clasificación del suelo

Al clasificar el avalúo de la Lonja de Propiedad Raíz de Santander el suelo del predio en
cuestión como rural, incurre en notoria impropiedad, que no corresponde a la clasificación
real del suelo y, obviamente, puede conducir a conclusiones equivocadas que afecten la
solidez del avalúo.
[…]
2. – La técnica valuatoria utilizada por la Lonja de Propiedad Raíz:
[…]

26 Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001

2331 000 2010 00499 01.
27 Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001

2331 000 2010 00499 01.

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El método que se supone utilizó la Lonja para la estimación del precio de un terreno en
bruto (artículo 14 de la Resolución 762 de 1998), es inaceptable, porque para utilizar esté
método se requiere que por las condiciones del mercado no se pueda estimar
directamente el precio, concepto que no entendemos, ya que las condiciones de mercado
si permiten otro método de evaluación […]

Por el contrario, el IGAC en su avalúo encontró que el método apropiado para avaluar el
bien era de investigación o de comparación o de mercado, de acuerdo con el artículo 1 de
la Resolución 670 de 2008 […]

En consecuencia, resulta inexplicable y sin fundamento en los usos permitidos del predio
calificados por el POT de Piedecuesta, que la casi totalidad de la franja oriental (A2) de
1.937.43 M2, se califique un área de 1.391.43 M2 como ronda hídrica, con la afectación
obvia del precio.
[…]

4.- La reglamentación urbanística municipal vigente al momento de la realización del
avalúo
En el avalúo de la Lonja de Propiedad Raíz de Santander se echa de menos la mención
de la norma o reglamentación urbanística municipal vigente en el momento de la
realización del avalúo, como lo exige el numeral 1 del artículo 21 del Decreto 1420 de
1998. […] (Negrillas y mayúsculas en el texto)

Mediante la Resolución núm. 000107 de 11 de febrero de 2010 se resolvió el recurso de
reposición interpuesto por los demandantes en contra de la precitada decisión. Del
contenido de la Resolución núm. 000107, se desprende que los argumentos expuestos
en la reposición y frente a los cuales se pronunció la autoridad demandada, fueron los
siguientes28:

[…] 4. Que en escrito presentado el día 8 de Enero de 2010, el señor ELISEO OSMA Y
MARTHA INES TOBO DE OSMA, radicaron bajo el número 054, interponen RECURSO
DE REPOSICIÓN contra la Resolución 000769 del 22 de diciembre de 2009, solicitando
se REVOQUE O MODIFIQUE EL ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO, con
fundamento en los siguientes aspectos:

4.1. Que el precio indemnizatorio fijado en la Oferta de compra y en la resolución de
expropiación, es violatorio del Decreto 1420 de 1998 y de la resolución 620 de 2008
proferida por el IGAC.
4.2. Que el avalúo elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz de Santander, desconoce
las normas antes mencionadas, al clasificar el predio como RURAL y no SUBURBANO,
como lo califica el POT de Piedecuesta aprobado mediante Acuerdo 028 de Diciembre 18
de 2003 y como consta en la certificación de fecha Mayo 22 de 2009 expedida por la
secretaria de Planeación de Piedecuesta.
4.3. Que el método o técnica valuatoria utilizada por la Lonja de Propiedad Raiz, no era el
aplicable para el predio expropiado, y que debió utilizarse el aplicado por el IGAC, es decir
el método de investigación o de comparación o de mercado.
4.4. Que la calificación dada a la franja identificada como Oriental A2, como ronda hídrica
es inexplicable, no existiendo restricción alguna en el POT para desarrollar
urbanísticamente el predio.
4.5. Que el avalúo de la Lonja de Propiedad Raíz de Santander no menciona la norma o
reglamentación urbanística municipal vigente al momento de la realización del avalúo,
como lo exige el art. 21 numeral 1 del Decreto 1420/98. […]

28 Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001

2331 000 2010 00499 01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Radicado: 680012331000 2010 00499 01
Demandantes: Martha Inés Tobo Osma y Otros
Demandados: Area Metropolitana de Bucaramanga – AMB

Observa la Sala que, si bien es cierto los demandantes no alegaron en sede
administrativa lo relativo a la “deducción por contribución de valorización”; también lo es
que, la jurisprudencia de la Sección Primera de esta Corporación ha sostenido de manera
pacífica, que, para cuestionar la legalidad de los actos enjuiciados es posible
plantear nuevos argumentos en la demanda frente a los formulados en sede
administrativa.

En efecto, la Sección Primera de la Corporación, sostuvo sobre este punto lo siguiente29:

[…] Esta Sección en reiterada jurisprudencia ha señalado que para cuestionar la
legalidad de los actos enjuiciados es posible plantear nuevos argumentos en la
demanda frente a los formulados en el agotamiento de la vía gubernativa; en tal
virtud, no se requiere que el demandante aduzca los mismos hechos o argumentos en
sede administrativa al interponer los recursos y los que se presentan ante la jurisdicción
contenciosa administrativa. (Negrillas fuera de texto).
[…]

Por consiguiente, en los términos señalados en el recurso de apelación, este cargo no
tiene vocación de prosperidad, dado que, la parte demandante podía plantear nuevos
argumentos en la demanda respecto de aquellos que formuló en sede administrativa.

En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia de 17 de octubre de 2019 proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual declaró la prosperidad de la
objeción por error grave del dictamen pericial propuesto por la demandada; declaró la
nulidad parcial de los actos demandados y negó las demás pretensiones de la demanda.

5.4. Costas

No hay lugar a condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171
del CCA, en consonancia con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, que establece que en
se condena en costas a la parte vencida, sólo en la medida en que su conducta sea
temeraria o de mala fe, que no fue el caso.

5.5. Otros pronunciamientos

5.5.1. Se reconocerá personería al abogado ROMAN ANDRÉS VELASQUEZ
CALDERÓN para que represente los intereses de la Empresa ÁREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA, conforme el poder a él conferido30, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 74 del CGP.

5.4.2. Se aceptará la renuncia presentada por el abogado ROMAN ANDRÉS
VELASQUEZ CALDERÓN en representación de la Empresa ÁREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA, conforme la renuncia presentada,31 de acuerdo con lo previsto en
el artículo 74 del CGP y ss.

29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 3 de julio de

2025. Expediente radicado núm. 85001 2333 000 2017 00152 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
30 Visto en el índice 44 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001

2331 000 2010 00499 01.
31 Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001

2331 000 2010 00499 01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Radicado: 680012331000 2010 00499 01
Demandantes: Martha Inés Tobo Osma y Otros
Demandados: Area Metropolitana de Bucaramanga – AMB

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que declaró la prosperidad de la objeción por error grave
del dictamen pericial, propuesto por la parte demandada, declaró la nulidad parcial del
acto demandado al respecto de la deducción que por contribución por valorización, así
como la reliquidación y reintegro a los demandantes debidamente actualizado y negó las
demás pretensiones; de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.

TERCERO: RECONOCER personería al abogado ROMAN ANDRÉS VELASQUEZ
CALDERÓN para que represente los intereses de la Empresa ÁREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA y TENER por debidamente presentada su renuncia al citado poder.

CUARTO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 26 de
marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Salvamento Parcial de Voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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