Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2012-00212-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2012-00212-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-31-000-2012-00212-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
27 de agosto de 2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JURISDICCIONAL / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia (…), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado, en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa en casos de reparación directa por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ver providencia de 9 de septiembre de 2008, Exp. 2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / SENTENCIA JUDICIAL / DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PARTES DEL PROCESO / DEMANDANTE / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / RAMA JUDICIAL / FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL / ERROR JURISDICCIONAL / SENTENCIA JUDICIAL / IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
De conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, está demostrado que el señor (…) fue demandante en el proceso ordinario de pertenencia identificado con el número de radicación 2005-00272, en el que el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga negaron las pretensiones de la demanda, sentencias que en este litigio se catalogan como erróneas, de modo que al aquí demandante le asiste legitimación para actuar en el presente asunto. De otra parte, con base en las imputaciones fácticas y jurídicas de la demanda, así como del acervo probatorio del proceso, la Sala considera que la Nación -Rama Judicial- se encuentra legitimada en la causa por pasiva, dado que las decisiones cuyo error judicial se alega fueron proferidas por las autoridades judiciales antes mencionadas.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JURISDICCIONAL / SENTENCIA JUDICIAL / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / SENTENCIA EJECUTORIADA / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO
De conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. En los eventos de error jurisdiccional, la Sección Tercera de esta Corporación ha sostenido que la caducidad de la acción se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia acusada de contener el error y que agote la instancia, toda vez que solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad de la acción de reparación directa en eventos de error judicial, ver sentencias de 24 de octubre de 2016, Exp. 38159, C.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia de 22 de febrero de 2017, Exp. 58052, C.P. Hernán Andrade Rincón.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JURISDICCIONAL / SENTENCIA JUDICIAL / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / SENTENCIA EJECUTORIADA / PROCESO ORDINARIO / PROCESO DE PERTENENCIA / PROCESO ORDINARIO DE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA / SENTENCIA EN FIRME / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
En el presente asunto, en el marco del proceso ordinario de pertenencia que promovió el hoy demandante, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga profirió sentencia denegatoria de primera instancia (…), decisión que fue apelada y confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga (…). Esta última providencia quedó en firme (…), dado que el edicto que notificó la sentencia se desfijó (…), por lo que la parte demandante (…) para presentar la demanda y, como ello ocurrió (…), resulta evidente que se hizo oportunamente, esto es, sin que operara el fenómeno jurídico procesal de caducidad de la acción.
ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / DAÑO CIERTO / CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO
El primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad Estatal es la existencia del daño, el cual, además, debe ser antijurídico, dado que constituye un elemento necesario de la responsabilidad y solo ante su acreditación hay lugar a analizar la posibilidad de imputación de este al Estado. El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado ha establecido que resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) que el daño sea antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo, (…); ii) que lesione un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y; iii) que el daño sea cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura y que, además, debe ser personal.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber de acreditar la antijuricidad del daño, ver sentencia del 16 de julio de 2015, Exp. 28389, C.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia de 10 de noviembre de 2017, Exp. 38824, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico(E), sentencia de 10 de noviembre de 2017, Exp. 50451, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico(E), sentencia de 23 de octubre de 2017, Exp. 42121, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia de 19 de julio de 2017, Exp. 43447, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencias del 13 de agosto de 2008, Exp. 16516, C.P. Enrique Gil Botero, sentencia del 6 de junio de 2012, Exp. 24633, C.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia del 24 de octubre de 2017, Exp. 32985B, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico(E), sentencia del 27 de abril de 2006, Exp. 14837, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, sentencia del 1 de marzo de 2018, Exp. 52097, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia del 7 de mayo de 2018, Exp. 40610, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
SENTENCIA JUDICIAL / PROCESO ORDINARIO / PROCESO DE PERTENENCIA / PROCESO ORDINARIO DE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA / IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE PERTENENCIA / PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO /
[L]a parte actora manifestó que el daño antijurídico le fue ocasionado con las sentencias (…), mediante las cuales el Juzgado (…) y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga se abstuvieron de declarar la prescripción extraordinaria del 50% del inmueble (…), a pesar de que se demostró que el señor (…) cumplía con los requisitos exigidos por la ley. Así pues, la Sala advierte que si bien en el proceso ordinario de pertenencia que promovió el demandante no le fueron reconocidos los derechos que adujo haber adquirido con el paso del tiempo y, por tanto, no fue declarada la prescripción extraordinaria que pretendió, esa decisión no constituyó un daño antijurídico y, por ende, no es indemnizable, por las razones que se pasan a exponer.
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO / CLASES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO / PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO / PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO / PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ORDINARIA DE DOMINIO / TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO / REQUISITOS DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DEL DOMINIO / REQUISITOS DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO / TRANSICIÓN DE LA LEY / TRANSICIÓN DE LA NORMA
La prescripción adquisitiva tiene como propósito convertir al poseedor de un bien en su propietario. Esta es de dos clases: ordinaria y extraordinaria. Inicialmente, el término de la prescripción extraordinaria, según el artículo 2531 del Código Civil, era para bienes muebles de 20 años; sin embargo, con la expedición de la Ley 791 de 2002, se redujeron a “diez (10) años el término de todas las prescripciones veintenarias, establecidas en el Código Civil, tales como la extraordinaria adquisitiva de dominio”. Tal modificación supuso conflictos en la aplicación de las leyes en el tiempo. Sin embargo, el mismo legislador estableció un remedio procesal, esto es, la regla de transición contemplada en el artículo 41 de la Ley 153 de 1887.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 2531 / LEY 791 DE 2002 / LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 41
TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO / REQUISITOS DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DEL DOMINIO / TIEMPO DE POSESIÓN
POSESIÓN / ADQUISICIÓN DE LA POSESIÓN / PRUEBA DE LA POSESIÓN / POSEEDOR / FALTA DE LOS REQUISITOS DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DEL DOMINIO / TRANSICIÓN DE LA LEY / TRANSICIÓN DE LA NORMA / NORMA VIGENTE / VIGENCIA DE LA NORMA / ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NORMA
En el caso concreto, (…) era dable concluir que el accionante no había cumplido el tiempo exigido por la norma. Tampoco era posible que se le contabilizara el tiempo transcurrido luego de haber interpuesto la demanda, porque, tal como lo explicó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, “el demandante ha de tener el derecho que recaba al momento de formular su demanda”. Ahora, en el presente asunto la parte actora insistió que en el marco del proceso ordinario de pertenencia el demandante demostró la posesión pública, pacífica e ininterrumpida del inmueble por más de 10 años, es decir, que aquel cumplía con los términos modificados por la Ley 791 de 2002, y, a pesar de ello, le fueron negadas las pretensiones. Sin duda, era facultativo del demandante escoger el término que le fuera más favorable; sin embargo, de preferir el de 10 años, es claro que el mismo comenzó a correr desde el día en que empezó a regir la Ley 791 de 2002, en los términos del artículo 41 de la Ley 153 de 1887, y no desde octubre de 1986, tal como lo pretende hacer ver la parte actora.
FUENTE FORMAL: LEY 791 DE 2002 / LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 41
INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / INEXISTENCIA DEL ERROR JUDICIAL / TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO / REQUISITOS DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DEL DOMINIO / TIEMPO DE POSESIÓN POSESIÓN / ADQUISICIÓN DE LA POSESIÓN / PRUEBA DE LA POSESIÓN / POSEEDOR / FALTA DE LOS REQUISITOS DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DEL DOMINIO / PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / CONTENIDO DE LA SENTENCIA / SENTENCIA JUDICIAL / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ / AUTONOMÍA DEL JUEZ / ERROR JURISDICCIONAL - No constituye una tercera instancia
[L]a Sala considera que no se probó el error atribuido a las decisiones dictadas en el proceso ordinario de pertenencia (…), en la medida en que no se encontró acreditado el presupuesto de tiempo requerido por la ley para la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio y, por ello, no fue necesario estudiar siquiera otros aspectos del litigio, tales como la posesión del bien. Cabe anotar que en casos como el examinado, una providencia no puede considerarse, per se, contentiva de un daño antijurídico, por el hecho de ser contraria a los intereses de alguna de las partes de un proceso, porque el derecho de iniciar un proceso o de interponer un recurso, no implica necesariamente que la decisión que corresponda deba ser favorable a lo que se pretende, como tampoco pueden convertirse las demandas por error jurisdiccional en una tercera instancia para insistir en las peticiones elevadas dentro de un proceso ya concluido.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la acción de reparación directa por error jurisdiccional ver sentencia de 17 de noviembre de 2011, Exp. 22982, C.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia de 6 de junio de 2012, Exp. 24690, C.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia de 27 de junio de 2013, Exp. 28189, C.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia de 29 de enero de 2014, Exp. 28215, C.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia de 12 de febrero de 2014, Exp. 28428, C.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 29540, C.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia de 1 de octubre de 2014, Exp. 27862, C.P. Hernán Andrade Rincón, y sentencia de 12 de febrero de 2015, Exp. 28482, C.P. Hernán Andrade Rincón.
INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / INEXISTENCIA DEL ERROR JUDICIAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO - No configurada / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO
De todo lo planteado, se concluye que el demandante sufrió un daño, (…) sin embargo, esas decisiones no le causaron un daño antijurídico, porque, como se expuso, las providencias cuestionadas contaron con el fundamento fáctico y probatorio, con las consideraciones y la interpretación jurídica suficientes para arribar a la conclusión antes expuesta, lo que descarta la existencia del error judicial que les fue atribuido.
NOTA DE RELATORÍA: Sentencia con aclaración de voto de la honorable consejera Marta Nubia Velásquez Rico.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 68001-23-31-000-2012-00212-01(55569)
Actor: PEDRO ANTONIO VALBUENA VERA
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
TEMAS: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - ERROR JUDICIAL - providencias dictadas en el marco de un proceso civil de pertenencia / DAÑO ANTIJURÍDICO - No se demostró en el presente caso. Para su configuración la providencia debe estar desprovista de una justificación o argumentación razonable.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 26 de junio 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda
SÍNTESIS DEL CASO
El 5 de noviembre de 2005, el señor Pedro Antonio Valbuena presentó demanda ordinaria de pertenencia en contra de los herederos indeterminados de la señora Marleny Gamboa Barrera, con el fin de que se declarara “la prescripción extraordinaria de dominio del 50% del inmueble ubicado en la carrera 7 No. 43-73 del Barrio Campo Hermoso de Bucaramanga”, dado que, en su criterio, el demandante cumplía con los requisitos exigidos por la norma para “ganar dicha pertenencia”; sin embargo, las pretensiones le fueron negadas y ahora, en sede de reparación directa, acusa las sentencias que en ese proceso se dictaron de haber incurrido en error judicial.
ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 23 de febrero de 2012 (f. 2-5 c-1), el señor Pedro Antonio Valbuena, por conducto de apoderado judicial (f. 1 c-1), instauró demanda de reparación directa contra la Nación-Rama Judicial, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable por los errores judiciales en los que, según su afirmación, incurrieron el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga al dictar los fallos denegatorios de las pretensiones en un proceso ordinario de pertenencia identificado con el número de radicación 2005-00272.
En concreto, el demandante solicitó que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
Acudo en demanda de reparación directa ante su Despacho con el fin de que se indemnicen todos y cada uno de los daños morales, psicológicos y económicos causados a mi poderdante, Pedro Antonio Valbuena, así como el lucro cesante y daño emergente; por proferir y emitir los fallos de tutela (sic) contrarios a la C.N., y a la Ley por la suma total de seiscientos (600) S.M.L. M. V., cuya competencia corresponde al Tribunal Administrativo de Santander.
PRIMERO: Por concepto de violación directa de la ley, Art. 762 y S.S. y 972 y S.S. del código Civil, no aplicada ni ejecutada por ninguno de los operadores judiciales, en la sumatoria de Doscientos (200) S.M.L.M.V. de la aplicación del Art. 2512 y S.S. de la prescripción adquisitiva del dominio con título inscrito.
SEGUNDO. Por concepto de privación del derecho de posesión material y jurídica del inmueble para prevenir que se turbe (…) su posesión conforme al Art. 976 y 977 del Código Civil en la sumatoria de doscientos (200) S.M.L.M.V.
TERCERO: Por concepto de lucro cesante y daño emergente dejado de percibir, y demandas de conservación de la posesión para la seguridad que fundadamente teme (…), la sumatoria de doscientos (200) S.M.L.M.V.
Las pretensiones anteriores se fundamentaron en los siguientes hechos:
De conformidad con la escritura pública 989 de 21 de marzo de 1989, el señor Pedro Antonio Valbuena era el propietario del 50% “del inmueble ubicado en la carrera 7 No. 43-73 del Barrio Campo Hermoso de Bucaramanga”.
El 5 de noviembre de 2005, el señor Pedro Antonio Valbuena presentó demanda ordinaria de pertenencia en contra de los herederos indeterminados de la señora Marleny Gamboa Barrera, con el fin de que se declarara “la prescripción extraordinaria de dominio del 50%” restante del inmueble.
En aquel proceso, el demandante demostró la posesión pública, pacífica e ininterrumpida del inmueble por más de 10 años; sin embargo, en sentencia del 26 de noviembre de 2009, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda. La decisión fue apelada y confirmada en su integridad por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 30 de septiembre de 2010.
Según la demanda, la Rama Judicial incurrió en error judicial, pues desconoció que en favor del hoy demandante concurrían todos los presupuestos exigidos por la ley para “ganar dicha pertenencia”.
El trámite en primera instancia
2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia del 12 de abril de 2012 (f. 44 c-1), decisión que fue notificada a la Rama Judicial (f. 46 c-1) y al Ministerio Público (f. 14 Vto c-1).
2.2. La Nación-Rama Judicial no contestó la demanda.
2.3. Por auto del 28 de marzo de 2014 (f. 53 c-1), se abrió el proceso a pruebas y, mediante proveído del 9 de mayo del mismo año (f. 55 c-1), se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.
La parte actora explicó que en el proceso de declaración de pertenencia que cursó en el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga y, posteriormente, en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, se “violaron los derechos de posesión y acciones posesorias [del demandante]”. Adujo que el señor Pedro Antonio Valbuena actuó “como señor y dueño” del bien objeto del litigio por más de 10 años, por lo que había operado la prescripción extraordinaria del bien.
La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.
3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia del 26 de junio 2015, negó las pretensiones de la demanda (f. 144-150 c-2).
Indicó el A quo que en el presente asunto “no se podía establecer que, efectivamente, el actor hubiera tenido la posesión material del bien inmueble por el lapso contemplado en la ley, y que los medios de convicción [que daban cuenta de ello] (…) hubieran sido desconocidos o subvalorados por los jueces competentes en las respectivas instancias, pues dentro del sub judice las únicas pruebas allegadas por la parte actora son los fallos censurados”.
En ese sentido, explicó que la parte actora no aportó “a este plenario material probatorio alguno que demuestre el desconocimiento incurrido por los operadores de la justicia referenciados” y, por ello, “no es posible establecer en qué error judicial incurrió la administración de justicia, pues, se insiste, no se evidencia la prueba que presuntamente se desconoció [en el proceso ordinario de pertenencia], lo cual resulta insuficiente para probar la vulneración de los derechos del demandante”.
4. El recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia (f. 151-152 c-2). Explicó que el señor Pedro Antonio Valbuena interpuso una demanda de declaración de pertenencia ante la jurisdicción ordinaria con el fin de obtener el 50% del inmueble ubicado en la carrera 7 No. 43-73 del Barrio Campo Hermoso de Bucaramanga; sin embargo, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga no declararon “el derecho de posesión y acciones posesorias que [el demandante] ejecutó (…) de manera continua, permanente e interrumpida por veintiún años de posesión sobre el inmueble, más siento el legítimo propietario del otros 50%”
En su criterio, las autoridades judiciales antes relacionadas incurrieron en un “defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, [por el desconocimiento] de los derechos inalienables contemplados en la Constitución Política, artículos 4, 5, 6 y 58, en complementación con el Estatuto de Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, artículos 68, 69, 70 y 71”.
Agregó que con los fallos adversos a las pretensiones el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga no reconocieron la función social y ecológica de la propiedad -artículo 59 de la Constitución Política-, y en el presente asunto el tribunal de primera instancia tampoco aceptó tal error.
Manifestó que, a la fecha de la presentación del recurso, el señor Pedro Antonio Valbuena “conserva la posesión y acciones posesorias de dicho inmueble, sin que las autoridades hallan (sic) garantizado estos derechos inalienables a la propiedad privada como función social en Colombia”.
Finalmente, reiteró que en este caso se configuró una “violación de carácter sustancial” del artículo 71 de la Ley 270 de 1996; de los artículos 4, 5, 6 y 58 de la Constitución Política, y del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil.
5. El trámite de segunda instancia
El recurso de apelación presentado por la parte demandante fue concedido el 29 de julio de 2015 (f. 159 c-2) y admitido el 4 de febrero de 2016 (f. 181 c-2). Posteriormente, mediante providencia del 3 de marzo siguiente, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (f. 183 c-2).
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio (f. 184 c-2).
CONSIDERACIONES
1. Competencia de la Sala
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 26 de junio 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado, en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.
En este caso, la Sala es competente porque se debate la responsabilidad del Estado por los supuestos errores judiciales contenidos en las sentencias del 26 de noviembre de 2009 y el 30 de septiembre de 2010, proferidas por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, respectivamente, en el proceso ordinario de pertenencia identificado con el número de radicación 2005-00272.
2. Legitimación en la causa
De conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, está demostrado que el señor Pedro Antonio Valbuena fue demandante en el proceso ordinario de pertenencia identificado con el número de radicación 2005-00272, en el que el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga negaron las pretensiones de la demanda, sentencias que en este litigio se catalogan como erróneas, de modo que al aquí demandante le asiste legitimación para actuar en el presente asunto.
De otra parte, con base en las imputaciones fácticas y jurídicas de la demanda, así como del acervo probatorio del proceso, la Sala considera que la Nación -Rama Judicial- se encuentra legitimada en la causa por pasiva, dado que las decisiones cuyo error judicial se alega fueron proferidas por las autoridades judiciales antes mencionadas.
3. Ejercicio oportuno de la acción
De conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
En los eventos de error jurisdiccional, la Sección Tercera de esta Corporación ha sostenido que la caducidad de la acción se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia acusada de contener el error y que agote la instancia, toda vez que solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño.
En el presente asunto, en el marco del proceso ordinario de pertenencia que promovió el hoy demandante, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga profirió sentencia denegatoria de primera instancia el 26 de noviembre de 2009, decisión que fue apelada y confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 30 de septiembre de 2010.
Esta última providencia quedó en firme el 29 de noviembre de 2010, dado que el edicto que notificó la sentencia se desfijó el 24 de noviembre anterior (f. 16 c-1), por lo que la parte demandante tenía hasta el 30 de noviembre de 2012 para presentar la demanda y, como ello ocurrió el 23 de febrero de ese año, resulta evidente que se hizo oportunamente, esto es, sin que operara el fenómeno jurídico procesal de caducidad de la acción (f. 43 c-1).
4. Pruebas
Por razones metodológicas, se expondrán los hechos que se encuentran demostrados en el proceso, conforme con las únicas pruebas allegadas al plenario y que tienen relación directa con el error alegado:
El 5 de noviembre de 2005, el señor Pedro Antonio Valbuena presentó demanda ordinaria de pertenencia en contra de los herederos indeterminados de la señora Marleny Gamboa Barrera, con el fin de que se declarara “la prescripción extraordinaria de dominio del 50% del inmueble ubicado en la carrera 7 No. 43-73 del Barrio Campo Hermoso de Bucaramanga”.
El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga, autoridad judicial que, el 26 de noviembre de 2009, negó las pretensiones de la demanda. Los argumentos para adoptar la decisión fueron los siguientes (f. 6-13 c-1):
De lo anterior se tiene entonces que el demandante no probó ni su calidad de poseedor ni el tiempo necesario para la usucapión y, por el contrario, fue la parte demandada quien estableció que para la época de 1985 el demandado no poseía el inmueble, y si en todo caso hubo alguna ocupación esta 1. Fue después de la muerte de la señora Marleny Gamboa Barrera y 2. En una calidad que no se puede determinar, pero que los testigos atribuyen como arrendatario.
Ahora bien, de la inspección judicial se deduce sin mayor dificultad que la aprehensión material del inmueble por parte el demandante sí ocurre en la actualidad; no obstante, lo anterior, no se verifica el segundo requisito señalado para la adquisición del inmueble por prescripción, esto es, el lapso de tiempo durante el cual se ha ostentado la posesión del inmueble objeto del presente proceso, pues de los testimonios transcritos previamente, se puede establecer sin mayor dificultad que para el 2 de febrero de 1985, el demandante no tenía la posesión del inmueble que pretende usucapir, tal como la prueba acopiada lo revela, por lo tanto, la petición solicitada en la demanda no tiene vocación de prosperidad.
De conformidad con todo lo expuesto, se puede concluir que el demandante no trajo suficientes elementos de juicio que permitan fundadamente acreditar que tiene derecho para adquirir por el modo de la prescripción el bien que pretende, pues una simple afirmación en el escrito de la demanda no es prueba suficiente para acreditar el tiempo que lleva ocupando el inmueble en comento. Así las cosas, no hay motivo para adentrarnos en el estudio de elemento volitivo de la posesión, para tratar de establecer si el demandante ha tenido el animus dominis, pues se advierte que, a la fecha de la presentación de la demanda, el tiempo necesario para adquirir el inmueble mediante la figura impetrada, aún no había transcurrido.
(…)
Demostrado como está que no concurren los elementos constitutivos de prescripción adquisitiva de dominio por haber sido desvirtuados por la parte demandada al acreditar la presencia de un factor que excluyera las condiciones jurídicas ya señaladas, como es la falta de tiempo en la ocupación del inmueble, debe declarase no prósperas las pretensiones de la demanda.
Contra la anterior providencia, la parte actora interpuso recurso de apelación (f. 16 c-1). De manera puntual, indicó que el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga desconoció que “Pedro Valbuena ha[bia] tenido la posesión [del inmueble] por más de 20 años”; que en el trámite del proceso ordinario de pertenencia no se escuchó el testimonio del demandante, a pesar de que era él quien con sus dichos podía evidenciar de manera fidedigna la posesión pacífica e ininterrumpida del inmueble; y que los herederos de la señora Marleny Gamboa Barrera “durante 20 años no reclamaron al señor Valbuena [el bien], sino hasta el momento en que se presentó la correspondiente demanda” (f. 25-25 c-1).
Surtido el trámite procesal correspondiente, el 30 de septiembre de 2010 la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó la sentencia de primera instancia. Los argumentos fueron los siguientes (f. 29-34 c-1):
Yerra el recurrente cuando cuenta los años necesarios para la prescripción adquisitiva e incluye los que han transcurrido en el trámite del proceso, pues olvida que el demandante ha de tener el derecho que recaba al momento de formular su demanda. Y yerra de nuevo cuando estima que la declaración de su cliente constituye la prueba indispensable para esclarecer los hechos que interesan al proceso, pues obviamente cualquier declaración que haga en su favor no puede tenerse como prueba, pues no es dable a ningún ciudadano fabricar su propia prueba (…).
El tiempo de posesión para este caso no puede tomarse como inferior a veinte años, todos los cuales debieron transcurrir antes de la presentación de la demanda. Si bien la norma citada atrás, artículo 2532 del Código Civil, modificado por la Ley 50 de 1936 que redujo el inicial término treintanario a veinte años, y que ahora la Ley 791 de 2002, artículo 6, reformó para reducirlo a diez, el conflicto y normas que allí surge se soluciona con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, la regla de transición.
Para cuando se presentó la demanda, sí habían pasado más de diez años desde cuando el demandante afirma que comenzó su posesión, pero no es posible jurídicamente que el juez otorgue efectos retroactivos a la Ley 791 de 2002, ni a ninguna norma que fije un término de prescripción, pues si bien conforme a la regla de transición citada el prescribiente puede escoger la norma, entre la antigua y la nueva, si el demandante opta por la nueva debe contarse el tiempo a partir de la vigencia de esta.
Lo anterior significa que toda persona que pretenda usucapión extraordinaria de diez años solo podrán pretenderla después del 27 de diciembre de 2012, fecha en que la mentada ley cumple diez años.
El Tribunal se abstiene de entrar en la controversia de si el demandante es o no poseedor, planteado por la parte demandada, pues con la falta del requisito temporario es suficiente para que las pretensiones sean negadas (…).
La mencionada providencia se notificó por edicto, el cual se fijó en la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga durante el término de tres días, entre el 22 y el 24 de noviembre de 2010 (f. 35 c-1) y, como se advirtió párrafos atrás, quedó en firme el 29 de noviembre siguiente.
5. Daño antijurídico
El primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad Estatal es la existencia del daño, el cual, además, debe ser antijurídico, dado que constituye un elemento necesario de la responsabilidad y solo ante su acreditación hay lugar a analizar la posibilidad de imputación de este al Estado.
El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado ha establecido que resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) que el daño sea antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo, “se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos”; ii) que lesione un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y; iii) que el daño sea cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura y que, además, debe ser personal.
En este caso, la parte actora manifestó que el daño antijurídico le fue ocasionado con las sentencias del 26 de noviembre de 2009 y el 30 de septiembre de 2010, mediante las cuales el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga se abstuvieron de declarar la prescripción extraordinaria del 50% del inmueble ubicado en la carrera 7 No. 43-73 del Barrio Campo Hermoso de Bucaramanga, a pesar de que se demostró que el señor Pedro Antonio Valbuena cumplía con los requisitos exigidos por la ley.
Así pues, la Sala advierte que si bien en el proceso ordinario de pertenencia que promovió el demandante no le fueron reconocidos los derechos que adujo haber adquirido con el paso del tiempo y, por tanto, no fue declarada la prescripción extraordinaria que pretendió, esa decisión no constituyó un daño antijurídico y, por ende, no es indemnizable, por las razones que se pasan a exponer.
De los únicos elementos de juicio obrantes en el expediente, se encuentra demostrado que en el proceso ordinario de pertenencia ninguno de los jueces que conocieron del caso encontraron acreditado el presupuesto de tiempo requerido por la ley para la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio.
La prescripción adquisitiva tiene como propósito convertir al poseedor de un bien en su propietario. Esta es de dos clases: ordinaria y extraordinaria. Inicialmente, el término de la prescripción extraordinaria, según el artículo 2531 del Código Civil, era para bienes muebles de 20 años; sin embargo, con la expedición de la Ley 791 de 2002, se redujeron a “diez (10) años el término de todas las prescripciones veintenarias, establecidas en el HYPERLINK "http://go.vlex.com/vid/43010756?fbt=webapp_preview" \h Código Civil, tales como la extraordinaria adquisitiva de dominio”.
Tal modificación supuso conflictos en la aplicación de las leyes en el tiempo. Sin embargo, el mismo legislador estableció un remedio procesal, esto es, la regla de transición contemplada en el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, según el cual:
La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda, á voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir.
En el caso concreto, la parte actora adujo haber tenido la posesión real y material del 50% del inmueble ubicado en la carrera 7 No. 43-73 del Barrio Campo Hermoso de Bucaramanga desde octubre de 1986; es decir que el término de prescripción que le resultaba aplicable era el de 20 años, que era el que se encontraba vigente, lo cual significaba que el mismo se cumplía en octubre de 2006, pero como la demanda se presentó el 5 de noviembre de 2005, era dable concluir que el accionante no había cumplido el tiempo exigido por la norma. Tampoco era posible que se le contabilizara el tiempo transcurrido luego de haber interpuesto la demanda, porque, tal como lo explicó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, “el demandante ha de tener el derecho que recaba al momento de formular su demanda”.
Ahora, en el presente asunto la parte actora insistió que en el marco del proceso ordinario de pertenencia el demandante demostró la posesión pública, pacífica e ininterrumpida del inmueble por más de 10 años, es decir, que aquel cumplía con los términos modificados por la Ley 791 de 2002, y, a pesar de ello, le fueron negadas las pretensiones.
Sin duda, era facultativo del demandante escoger el término que le fuera más favorable; sin embargo, de preferir el de 10 años, es claro que el mismo comenzó a correr desde el día en que empezó a regir la Ley 791 de 2002, en los términos del artículo 41 de la Ley 153 de 1887, y no desde octubre de 1986, tal como lo pretende hacer ver la parte actora.
Así las cosas, la Sala considera que no se probó el error atribuido a las decisiones dictadas en el proceso ordinario de pertenencia identificado con el número de radicación 2005-00272, en la medida en que no se encontró acreditado el presupuesto de tiempo requerido por la ley para la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio y, por ello, no fue necesario estudiar siquiera otros aspectos del litigio, tales como la posesión del bien.
Cabe anotar que en casos como el examinado, una providencia no puede considerarse, per se, contentiva de un daño antijurídico, por el hecho de ser contraria a los intereses de alguna de las partes de un proceso, porque el derecho de iniciar un proceso o de interponer un recurso, no implica necesariamente que la decisión que corresponda deba ser favorable a lo que se pretende, como tampoco pueden convertirse las demandas por error jurisdiccional en una tercera instancia para insistir en las peticiones elevadas dentro de un proceso ya concluido. Así ha discurrido la Subsección:
Es oportuno precisar que cuando un ciudadano acude a la Administración de Justicia para que por intermedio de los jueces de la República se decida una controversia, está expuesto a que la decisión que dirima el litigio le sea favorable o desfavorable a sus pretensiones, porque el derecho de iniciar un proceso y promover un pronunciamiento judicial no conlleva, en sí mismo, que la decisión que corresponda necesariamente debe ser positiva en relación con sus intereses.
De todo lo planteado, se concluye que el demandante sufrió un daño, porque tanto el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga se abstuvieron de declarar la prescripción extraordinaria del 50% del inmueble ubicado en la carrera 7 No. 43-73 del Barrio Campo Hermoso de Bucaramanga, derecho que el señor Pedro Antonio Valbuena alegaba haber adquirido; sin embargo, esas decisiones no le causaron un daño antijurídico, porque, como se expuso, las providencias cuestionadas contaron con el fundamento fáctico y probatorio, con las consideraciones y la interpretación jurídica suficientes para arribar a la conclusión antes expuesta, lo que descarta la existencia del error judicial que les fue atribuido.
Así las cosas, es razonable concluir que las pretensiones no están llamadas a prosperar, porque no se demostró la existencia de un daño antijurídico atribuible a la entidad demandada, razón por la cual se negarán las súplicas de la demanda.
6. Condena en costas
En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 26 de junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente enlace: HYPERLINK "https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx" \h https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Aclaración de voto
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO / PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO / PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ORDINARIA DE DOMINIO / TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO / REQUISITOS DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DEL DOMINIO / ERROR JURISDICCIONAL / JUEZ NATURAL / COMPETENCIA DEL JUEZ NATURAL / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PRINCIPIO DE COSA JUZGADA / EFECTOS DE LA COSA JUZGADA
Al acompañar la decisión de la Sala, y con ella la decisión adoptada, quise aclarar mi voto respecto de la forma como se verificó la existencia del error jurisdiccional en el sub lite, por cuanto los análisis efectuados en la sentencia respecto de los fundamentos normativos, fácticos y probatorios en torno a la configuración de la prescripción adquisitiva de dominio corresponde única y exclusivamente a los jueces naturales del proceso, sin que, a través del título jurídico de imputación de error jurisdiccional, se habilite al juez de la reparación directa para revisar nuevamente el asunto y decidirlo, pues tal premisa es contraria a la seguridad que las relaciones jurídicas y sociales imprime a la cosa juzgada a las providencias de los operadores judiciales.
INEXISTENCIA DEL ERROR JUDICIAL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA / DEMANDA / REQUISITOS DE LA DEMANDA / CONTENIDO DE LA DEMANDA / SUSTENTACIÓN DE LA DEMANDA - Falta de Claridad, precisión y argumentación / CLARIDAD DE LA DEMANDA / PRECISIÓN DE LA DEMANDA / ARGUMENTO EN LA DEMANDA / PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / PRINCIPIO DE CLARIDAD / PRINCIPIO DE PRECISIÓN / ARGUMENTACIÓN JURÍDICA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JURISDICCIONAL - No constituye una tercera instancia / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL / JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / LIMITACIÓN DEL JUEZ / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRINCIPIO DE COSA JUZGADA
En ese orden de ideas, considero que se debían negar las pretensiones de la demanda, no porque fueran correctas las determinaciones de los despacho judiciales que conocieron del proceso civil -como se afirmó en la sentencia cuyo voto estoy aclarando-, sino, principalmente, porque el demandante no cumplió con la carga argumentativa de explicar en qué consistía el error jurisdiccional que le atribuyó a las providencias que cuestionó y porque en sede de reparación directa adujo los mismos argumentos que invocó durante el trámite del proceso civil, lo cual a todas luces evidencia que pretende utilizar este mecanismo procesal como una tercera instancia en la que se acceda a sus pretensiones e intereses, de manera que, resulte necesario precisar que, el proceso judicial que se tramita ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene –ni puede tener– la vocación de constituirse en una instancia adicional a la tramitada dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a la providencia judicial a la cual se le endilga la producción del daño antijurídico.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre los preupuestos del error jurisdiccional, ver sentencia del 17 de noviembre de 2011, Exp. 22982, C.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia del 6 de junio de 2012, Exp. 24690, C.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia de 10 de julio de 2020, Exp. 56763, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
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CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE LA PRUEBA / AUSENCIA DE PRUEBA DEL DAÑO / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Todo lo dicho cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, carga probatoria que la parte demandante no cumplió en el presente asunto.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 177
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JUDICIAL / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / CARGA ARGUMENTATIVA / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA / ERROR JURISDICCIONAL / ERROR EN LA SENTENCIA JUDICIAL / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA / GARANTÍA PROCESAL / GARANTÍAS A LOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS DEL PROCESADO / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ALCANCE DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Así las cosas, en consideración a que la parte actora no demostró la vulneración de sus derechos de acceso de administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto que no cumplió con la carga de suficiencia que exige el título de imputación de error jurisdiccional frente a la demostración y argumentación de los yerros que se predican de una determinada providencia, dicha razón era suficiente para negar las pretensiones de la demanda, sin necesidad de repetir los análisis fácticos, probatorios y jurídicos efectuados por los jueces naturales de la causa.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
ACLARACIÓN DE VOTO
Consejero: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 68001-23-31-000-2012-00212-01(55569)
Actor: PEDRO ANTONIO VALBUENA VERA
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Al acompañar la decisión de la Sala, y con ella la decisión adoptada, quise aclarar mi voto respecto de la forma como se verificó la existencia del error jurisdiccional en el sub lite, por cuanto los análisis efectuados en la sentencia respecto de los fundamentos normativos, fácticos y probatorios en torno a la configuración de la prescripción adquisitiva de dominio corresponde única y exclusivamente a los jueces naturales del proceso, sin que, a través del título jurídico de imputación de error jurisdiccional, se habilite al juez de la reparación directa para revisar nuevamente el asunto y decidirlo, pues tal premisa es contraria a la seguridad que las relaciones jurídicas y sociales imprime a la cosa juzgada a las providencias de los operadores judiciales.
En ese orden de ideas, considero que se debían negar las pretensiones de la demanda, no porque fueran correctas las determinaciones de los despacho judiciales que conocieron del proceso civil -como se afirmó en la sentencia cuyo voto estoy aclarando-, sino, principalmente, porque el demandante no cumplió con la carga argumentativa de explicar en qué consistía el error jurisdiccional que le atribuyó a las providencias que cuestionó y porque en sede de reparación directa adujo los mismos argumentos que invocó durante el trámite del proceso civil, lo cual a todas luces evidencia que pretende utilizar este mecanismo procesal como una tercera instancia en la que se acceda a sus pretensiones e intereses, de manera que, resulte necesario precisar que, el proceso judicial que se tramita ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene –ni puede tener– la vocación de constituirse en una instancia adicional a la tramitada dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a la providencia judicial a la cual se le endilga la producción del daño antijurídico.
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Todo lo dicho cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, carga probatoria que la parte demandante no cumplió en el presente asunto.
Así las cosas, en consideración a que la parte actora no demostró la vulneración de sus derechos de acceso de administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto que no cumplió con la carga de suficiencia que exige el título de imputación de error jurisdiccional frente a la demostración y argumentación de los yerros que se predican de una determinada providencia, dicha razón era suficiente para negar las pretensiones de la demanda, sin necesidad de repetir los análisis fácticos, probatorios y jurídicos efectuados por los jueces naturales de la causa.
Aspiro a que, frente a casos como éste, la Sala de la Sección Tercera haga nuevos análisis y valoraciones, en torno a la forma en que debe analizarse el daño en los asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado bajo el título jurídico de imputación de error jurisdiccional, en función del postulado expuesto.
Fecha ut supra.
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado
Nota: se deja constancia de que este documento se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace HYPERLINK "https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, expediente: 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Al respecto, consultar, entre muchas otras, las siguientes decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2016, exp. 38.159, MP: Hernán Andrade Rincón; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de febrero de 2017, exp. 58.052, MP: Hernán Andrade Rincón. Para efectos de verificar la ejecutoria de la providencia, se acudió al enlace de consulta de procesos de la Rama Judicial, donde se constató que contra la providencia del 30 de septiembre de 2010 la parte demandante no interpuso recurso extraordinario de casación y, por tanto, el 14 de diciembre siguiente se devolvió el expediente al juzgado de origen. Consulta efectuada en la siguiente página web el 12 de agosto de la presente anualidad: HYPERLINK "https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=vNdpFWp8QR%2fFG1qmLtUE0NKAsEo%3d" \h https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=vNdpFWp8QR%2fFG1qmLtUE0NKAsEo%3d. Se advierte que, en el presente asunto, la parte actora agotó el requisito de procedibilidad, dado que el 4 de enero de 2012 presentó solicitud de conciliación y el 23 de febrero 2012 se celebró la audiencia, la cual se declaró fallida, según la constancia proferida por la Procuraduría 159 Judicial II Delegada ante el Tribunal Administrativo de Bucaramanga, obrante a folio 36 del cuaderno No. 1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2015, expediente 28.389, M.P. Hernán Andrade Rincón. La Subsección, de forma pacífica, ha reiterado el criterio antes expuesto. Al respecto se pueden consultar las siguientes decisiones: i) expediente 38.824 del 10 de noviembre de 2017; ii) expediente 50.451 del 10 de noviembre de 2017; iii) expediente 42.121 del 23 de octubre de 2017; iv) expediente 44.260 del 14 de septiembre de 2017; v) expediente 43.447 del 19 de julio de 2017; vi) expediente 39.321 del 26 de abril de 2017, entre otras. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, expediente 16.516 M.P. Enrique Gil Botero y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del expediente 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de 2017, expediente 32.985, entre otras. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, expediente 14837 y, 23 de abril de 2008, expediente 16271. Reiterada por la Subsección A, en sentencia del 1 de marzo de 2018, expediente 52.097, y por la Subsección C, en sentencia del 7 de mayo de 2018, expediente 40.610. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Esta Subsección ha señalado que el proceso judicial que se tramita ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene -ni puede tener- la vocación de constituirse en una instancia adicional a las tramitadas dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la producción de un daño antijurídico. Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes providencias de esta Subsección: sentencia de 17 de noviembre de 2011, exp. 250002326000 1997 05238 01 (22982); sentencia de 6 de junio de 2012, exp. 250002326000 1997 15324 01 (24.690); sentencia de 27 de junio de 2013, exp. 250002326000 2001 02345 01 (28.189); sentencia de 29 de enero de 2014, exp. 250002326000 2000 02527 01 (28.215); sentencia de 12 de febrero de 2014, exp. 250002326000 2001 00349 02 (28.428); sentencia de 28 de agosto de 2014, exp.
250002326000 2001 02368 01 (29.540); sentencia de 1 de octubre de 2014, exp. 250002326000 2000 01292 01 (27.862); sentencia de 12 de febrero de 2015, exp 250002326000 2000 02235 02 (28.482), todas con ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón. Reiteradas por la Subsección en sentencia del 23 de octubre de 2017, expediente No 25000-23-26-000-2009-01042-01(49493). Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes providencias de la Sección Tercera: Sentencia del 17 de noviembre de 2011, exp. 22.982; sentencia del 6 de junio de 2012, exp. 24.690; sentencia del 27 de junio de 2013, exp. 28.189; sentencia del 29 de enero de 2014, exp. 28.215; sentencia del 12 de febrero de 2014, exp. 28.428; sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 29.540; sentencia del 1° de octubre de 2014, exp. 27.862, y sentencia de 10 de julio de 2020. exp. 56763). C.P.: Nicolás Yepes Corrales, entre otras.
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