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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2014-00095-01

Fecha
12 de julio de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2014-00095-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por las razones expuestas en la parte motiva del presente fallo. SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte accionante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el a quo. Se fija como agencias en derecho en segunda instancia, a cargo de la parte actora y en favor de las entidades demandadas en proporciones iguales, la suma de $7.109.270. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría se dispondrá DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen. Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-000-2014-00095-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

12 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

RADICACIÓN: 76001-23-33-000-2014-00095-01 (67601)
DEMANDANTE: JUAN CARLOS JESÚS NAVIA CARRILLO Y OTROS
DEMANDADO: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL
CAUCA Y OTRO
REFERENCIA: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

TEMAS: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DESASTRES
NATURALES: Inundaciones / CERTEZA DEL DAÑO: el daño indemnizable debe
ser apreciable material y jurídicamente / CARGA DE LA PRUEBA: La víctima tiene
la carga de probar la certeza del daño.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia proferida el 30 de junio de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

I.SÍNTESIS DEL CASO

Entre el 11 y 12 de noviembre de 2011 se presentó una inundación en la hacienda
El Silencio, destinada al cultivo de caña de azúcar, ubicada en el municipio de
Candelaria, Valle del Cauca. Los demandantes alegan que el daño ocurrió por la
omisión de las entidades demandadas de su obligación de prevenir desastres
naturales, concretamente, por la falta de mantenimiento de un puente cercano a los
terrenos que generaba el represamiento de las aguas del río Fraile.

II. ANTECEDENTES
2.1. Demanda

El 5 de febrero de 2014, los señores Fernando Giraldo Muñoz, María Elena Calero
Cruz, Daniel Eduardo Galvis Mantilla, Yolanda Cadavid de Galvis, Carlos Navia,
María Eugenia Carrillo de Navia, Juan Carlos Jesús Navia Carrillo, Andrés Felipe
Navia Carrillo y Ana María Navia Carrillo, por intermedio de apoderado judicial (fl.1

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Radicación: 76001-23-33-000-2014-00095-01 (67601)
Demandante: Juan Carlos Jesús Navia Carrillo y otros
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

C.1), presentaron demanda de reparación directa en contra del municipio de
Candelaria y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con el fin de
que se acceda a las siguientes pretensiones:

1. Que el municipio de Candelaria (Valle del Cauca) y la Corporación Autónoma
del Valle del Cauca, sean declarados responsable solidarios frente a los daños
sufridos por los demandantes a raíz de la inundación de sus predios y cultivos
de caña de azúcar el 12 de noviembre de 2011, debido al incumplimiento de las
obligaciones de evitar desastres previsibles, regular cauces y prevenir
inundaciones en el río Fraile, sector de la hacienda “El silencio” del municipio
de Candelaria (Valle del Cauca).

2. Que como consecuencia de lo anterior, el municipio de Candelaria (Valle del
Cauca) y la Corporación Autónoma del Valle del Cauca debe indemnizar los
siguientes perjuicios a los demandantes:

a. Daño emergente por inundación de 42.41 hectáreas de cultivos de
caña, rehabilitación de suelos, costos financieros por prórroga de créditos y
reconstrucción del jarillón sobre el río Fraile para evitar una mayor inundación:
cuatrocientos catorce millones cincuenta y seis mil novecientos ochenta y ocho
pesos ($414’056.988).

b. Lucro cesante de ingresos dejados de percibir durante diez (10) meses
por la merma en la producción de 42.41 hectáreas cultivadas por los
demandantes: doscientos noventa y seis millones ochocientos setenta mil
pesos ($296’870.000).

c. La actualización de las anteriores sumas de dinero desde la fecha de
los hechos hasta la ocurrencia del pago definitivo, así como el reconocimiento
de intereses corrientes sobre dichas sumas.

Como fundamento fáctico se narró que la hacienda El Silencio, ubicada en el
corregimiento Guanabanal del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, estaba
comprendida por 7 inmuebles y se encontraba destinada desde el año 2000 al
cultivo y comercialización de caña de azúcar.

Los señores Fernando Giraldo Muñoz, Carlos Navia Rodríguez, Daniel Eduardo
Galvis Mantilla, Yolanda Cadavid de Galvis, María Eugenia Carrillo de Navia, Juan
Carlos Navia Carrillo y Ana María Navia Carrillo fungían como comodantes y
propietarios de dicha unidad productiva, mientras que las señoras Yolanda Cadavid
de Galvis, María Eugenia Carrillo de Navia y María Elena Calero Ruíz eran sus
comodatarias.

El 18 de mayo de 2011 la hacienda El Silencio resultó inundada por el
desbordamiento del río Cauca y rompimiento del jarillón del río Fraile. Con el
objetivo de evitar una nueva emergencia, el 27 de julio siguiente, el señor Fernando
Giraldo Muñoz elevó derecho de petición ante el municipio de Candelaria
informando que a la altura de la hacienda mencionada existía un puente deteriorado
y sin mantenimiento que cruzaba el río Fraile, que constituía un obstáculo para la

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Radicación: 76001-23-33-000-2014-00095-01 (67601)
Demandante: Juan Carlos Jesús Navia Carrillo y otros
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

escorrentía de las aguas y acumulaba material vegetal debajo de su plataforma; en
otras palabras, el puente realmente era un dique.

El 13 de septiembre de 2011, se reunieron la comunidad posiblemente afectada y
la alcaldía de Candelaria, pero no se logró ningún compromiso concreto que
solucionara la obstrucción generada en el río Fraile.

Entre el 11 y 12 de noviembre de 2011 se derrumbaron 30 metros del jarillón del río
Fraile sobre la hacienda El Silencio, causando la inundación de los predios por
varias semanas y destruyendo los cultivos existentes. Pese a que las entidades
estaban informadas del riesgo, no intervinieron el puente, omisión que generó la
acumulación de material vegetal y sedimentos debajo de su plataforma, lo que
provocó el aumento del cauce del río.

Como consecuencia de esta inundación, se perdieron los cultivos existentes, se
disminuyó la producción de caña de azúcar, se incurrió en erogaciones para reparar
el jarillón, rehabilitar el área anegada, y se incumplió un crédito tomado para la
actividad productiva desarrollada.

2.2. El 15 de mayo de 2014 se admitió la demanda (fls. 69-71 C.1).

2.3. Luego de la notificación del auto admisorio (fls. 76-79 C.1), las entidades
demandadas presentaron contestación en los siguientes términos:

2.3.1. El municipio de Candelaria alegó fuerza mayor y caso fortuito, porque las
graves inundaciones ocurrieron en una época no previsible y el IDEAM no pudo
percatarse de esta situación. La ola invernal fue tan fuerte que las obras realizadas
con anterioridad por las autoridades no pudieron resistir la catástrofe, dada la
intensidad y persistencia de la lluvia, aunado a que no se probaron las obras
realizadas por los demandantes para evitar la inundación de sus predios (fls.115-
120 C.1).

2.3.2. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca expuso los siguientes
argumentos: en la época de los hechos el país se vio sometido al fenómeno de La
Niña y se incrementaron inusitadamente las precipitaciones, a tal punto que se
superaron los pronósticos del IDEAM, evento constitutivo de fuerza mayor; los
municipios no cumplieron con su obligación de identificar y declarar zonas de alto
riesgo; los demandantes no construyeron obras de defensa contra las inundaciones,
pese a que se encontraban obligadas según el contrato de comodato y contaban
con la experiencia previa de una inundación; y la Corporación Autónoma Regional

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Radicación: 76001-23-33-000-2014-00095-01 (67601)
Demandante: Juan Carlos Jesús Navia Carrillo y otros
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

del Valle del Cauca realizó una serie de inversiones y actuaciones tendientes a
atender la emergencia invernal presentada en los años 2010 y 2011 (fls.128-157
C.1).

2.4. La audiencia inicial se llevó a cabo en sesiones del 6 de septiembre y 29 de
noviembre de 2016, en esta última fecha se adoptó la decisión de desvincular del
proceso a los demandantes Juan Carlos Jesús Navia, Andrés Felipe Navia Carrillo,
Daniel Eduardo Galvis Mantilla y Yolanda Cadavid de Galvis, quienes no otorgaron
poder en debida forma, pese al término concedido para subsanar la irregularidad
(fls.217-219 y 232-237 C.1).

2.5. La audiencia de pruebas se realizó el 26 de marzo de 2019, durante la cual se
corrió el traslado para alegar de conclusión (fls.286-288 C.1).

2.6. Durante el término concedido, el municipio de Candelaria y la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca presentaron alegatos de conclusión (fls.
292-303 C.1)

3. Sentencia de primera instancia

El 30 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
sentencia denegatoria de las pretensiones de la demanda. Luego de referirse al
material probatorio obrante en el proceso, se concluyó que el daño no estaba
acreditado, pues las certificaciones del municipio de Candelaria daban cuenta de
una inundación anterior a los hechos objeto de debate y el oficio de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, si bien permitía establecer que el 12 de
noviembre de 2011 se presentó una rotura del dique de protección del río Fraile a
la altura del predio El Silencio, lo cierto es que este mismo documento indicaba que
los terrenos inundados fueron La Amalia y Campoalegre, sin que se mencione El
Silencio.

En el expediente obran diversas facturas de diciembre de 2011 y el primer trimestre
del año 2012 en torno a la reconstrucción del jarillón del río Fraile; sin embargo, no
determinó la fecha en que se afectó materialmente el inmueble objeto de litigio.
Hecho que tampoco resultó probado con el oficio del 19 de junio de 2013 del
municipio de Candelaria y los testimonios escuchados en el trámite procesal. Bajo
tales razonamientos concluyó:

Considera la Sala que la parte demandante no acreditó la afectación del predio
la hacienda El Silencio durante el periodo de noviembre de 2011, pues es claro
que si bien es cierto que la ola invernal presentada en el país, que afectó

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Radicación: 76001-23-33-000-2014-00095-01 (67601)
Demandante: Juan Carlos Jesús Navia Carrillo y otros
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

considerablemente el departamento del Valle del Cauca se dio entre noviembre
de 2010 y febrero de 2012, las pruebas no permiten establecer que el daño
sufrido se haya dado en la época alegada en la demanda; por el contrario, se
observa que la afectación al predio sucedió en mayo de 2011, es decir, no existe
alguna prueba que permita tener certeza que en noviembre de 2011 se
ocasionó alguna pérdida material del predio la hacienda El Silencio-siendo este
aspecto el daño antijurídico alegado- (fls. 306-310 C.1).

4. Recurso de apelación

La parte demandante apeló la decisión bajo la consideración que el daño
identificado en la demanda ocurrió entre el 11 y 12 de noviembre de 2011, y no en
mayo de ese mismo año, como lo entendió el tribunal de primera instancia.

Refirió que el oficio del 15 de noviembre de 2011 de la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca sí probada la ocurrencia del daño, porque dio cuenta
de la inundación de tres predios, incluido El Silencio, “toda vez que la referencia a
que el jarillón se rompió a la altura de ese predio quiere decir por donde se escapó
el agua hacia los cultivos circundantes, pero ello no quiere decir que la inundación
pasó y dejó incólume el predio de los actores, pero que sí afectó el resto de predios”.
La mención al predio El Silencio no es una mera referencia geográfica, es un predio
afectado también por la inundación.

Agregó que todas las fechas de las facturas son posteriores al 12 de noviembre de
2011 e identifican las obras de reconstrucción del jarillón sobre el río Fraile,
hacienda El Silencio, de lo que se concluye que estas labores fueron producto de
la inundación ocasionada en noviembre de 2011, sin que las facturas tengan fecha
de expedición anterior.

Finalmente concluyó que sí existían pruebas del daño, tanto directas como
indirectas, aunado a que se probó la disminución patrimonial producida, “pues se
encuentran las facturas por la que los actores pagaron para reparar lo ocurrido, así
como se encuentran las declaraciones de renta que lo soportan” (fls. 313-314 C.1).

El recurso de apelación fue concedido por auto del 17 de septiembre de 2021 (fl.316
C.1).

5. Trámite de segunda instancia

5.1. Por proveído del 20 de septiembre de 2021 esta Corporación admitió el recurso
de apelación (fl. 324 C.1).

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Demandante: Juan Carlos Jesús Navia Carrillo y otros
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

5.2. El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer el presente asunto por tratarse de la apelación
de una sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
conforme a lo previsto por el artículo 150 del CPACA.

Igualmente, en razón a la cuantía, porque la pretensión mayor1 superó el límite de
quinientos (500) SMLMV contemplado en la disposición vigente para el momento
de presentación de la demanda, esto es, el numeral 6 del artículo 152 de la Ley
1437 de 2011, sin las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021 sobre
este aspecto.

2. Legitimación en la causa

En el expediente obra contrato de comodato celebrado el 15 de abril de 2002, con
vigencia de 10 años, sobre dos predios identificados con los folios de matrícula Nos.
378-1364 y 378-1498, lotes 1 y 2 de la hacienda El Silencio. Los comodantes eran
los señores Fernando Giraldo Muñoz, Daniel Eduardo Galvis Mantilla, Yolanda
Cadavid de Galvis, Carlos Navia Rodríguez, María Eugenia Carrillo de Navia, Juan
Carlos Navia Carrillo y Ana María Navia Carrillo, mientras que las comodatarias eran
las señoras María Elena Calero Cruz, María Eugenia Carrillo de Navia y Yolanda
Cadavid de Galvis.

Los terrenos fueron entregados a título gratuito; se especificó en el contrato que las
comodatarias podían vender la caña de azúcar producida y celebrar cualquier
contrato de compraventa de este producto con algún ingenio de la zona. Entre las
obligaciones de las comodatarias, se estableció la de realizar el mantenimiento de
drenajes, canales, acequias, muros, terraplenes, defensas, diques, jarillones o
cualquier otra obra necesaria para la adecuación del terreno o para el riego del
cultivo, así como mantener indemne a los comodantes por los daños ocasionados
a los inmuebles o por los derivados de la actividad desarrollada en los mismos (fls.3-
10 C.1).

1
Daño emergente: $414.056.988.

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Radicación: 76001-23-33-000-2014-00095-01 (67601)
Demandante: Juan Carlos Jesús Navia Carrillo y otros
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

Recuérdese que las pretensiones indemnizatorias están dirigidas al reconocimiento,
por un lado, de un daño emergente por la inundación de varias hectáreas de cultivo
de caña, la rehabilitación de suelos, los costos por prórroga de créditos y la
reconstrucción de un jarillón sobre el río Fraile; por el otro, de un lucro cesante
consistente en los ingresos dejados de percibir por la merma de producción de los
cultivos.

Por consiguiente, no le asiste legitimación en la causa por activa a los señores
Fernando Giraldo Muñoz, Carlos Navia Rodríguez y Ana María Navia Carrillo,
propietarios y comodantes que sí otorgaron poder en debida forma, pero que al
entregar el predio supuestamente inundado a título gratuito y desligarse de las
obligaciones de conservación del terreno, no pueden pretender una indemnización
por estos conceptos, máxime cuando en el expediente no obra prueba alguna de la
cual se deduzca que estos demandantes sufrieron alguna pérdida de ingresos o
incurrieron en alguna erogación con ocasión de los hechos objeto de litigio.

Así las cosas, como la comodataria Yolanda Cadavid de Galvis fue desvinculada
del proceso por ausencia de poder, la legitimación en la causa por activa
únicamente radica en las demandantes María Elena Calero Cruz y María Eugenia
Carrillo de Navia, quienes pueden reclamar, pues en virtud del contrato celebrado,
podían vender la caña de azúcar, de lo que reportaban los ingresos solicitados como
lucro cesante, y tenían a su cargo la realización de las obras para adecuar el terreno
y protegerlo de posibles inundaciones, junto con la obligación de mantener indemne
a los comodatarios por cualquier daño causado a los mismos o generado con
ocasión de la actividad productiva, eventos de los que se derivan los conceptos
agrupados bajo el daño emergente.

Por otra parte, el municipio de Candelaria y la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca se encuentran legitimadas en la causa por pasiva, debido a que se
les imputa el daño tanto fáctica como jurídicamente, por el incumplimiento de sus
obligaciones concernientes con la prevención de inundaciones.

3. Ejercicio oportuno del medio de control

En consonancia con lo regulado por el literal i) del numeral 2° del artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el
término de caducidad del medio de control de reparación directa es de dos años
contados a partir del día siguiente de la ocurrencia de la acción u omisión causante
del daño o cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en
fecha posterior.

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Demandante: Juan Carlos Jesús Navia Carrillo y otros
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Referencia: Medio de control de reparación directa

De acuerdo con el escrito inicial, los días 11 y 12 de noviembre de 2011 se produjo
una inundación de la hacienda El Silencio, por el desbordamiento del río Fraile, por
tanto, la acción debía ser ejercida a más tardar el 13 de noviembre de 2013; sin
embargo, este término fue suspendido en virtud de la radicación de la solicitud de
conciliación el 12 de noviembre de 2013, cuando faltaban 2 días para operar el
fenómeno de la caducidad. La constancia de no acuerdo conciliatorio fue expedida
el 4 de febrero de 2014 (fl. 40 C.1), por ello el plazo se extendió hasta el día 6
siguiente, y como la demanda se radicó el 5 de febrero de 2014, resulta imperioso
concluir que fue presentada oportunamente.

4. Daño

El primer elemento que debe verificarse en cualquiera de los supuestos donde se
pretenda la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado es el daño,
entendido como la lesión o menoscabo a un bien, derecho o interés protegido por
el ordenamiento jurídico2, que en todo caso debe revestir las características de
cierto, directo, personal y antijurídico3. Ante la ausencia de este elemento, cualquier
estudio sobre la imputación resulta inane, puesto que el daño se erige como un
presupuesto para poder establecer la atribución a un sujeto determinado.

El daño cierto es aquel apreciable material y jurídicamente4, esto es, debe ocurrir
en el mundo fenomenológico para luego ser calificado jurídicamente como una
lesión a un bien, derecho o interés que goza de protección por el ordenamiento
jurídico, de tal modo que se excluyen las meras conjeturas subjetivas y todos
aquellos eventos calificados como hipotéticos o eventuales.

Esta característica del daño lleva aparejada la carga para la víctima de allegar al
proceso de reparación directa los medios de prueba dirigidos a su comprobación,
como lo ha explicado la doctrina, “el daño debe ser probado por quien lo sufre”5,

2
Juan Carlos Henao, (2015), “Las formas de reparación en la responsabilidad del Estado: hacia su
unificación sustancial en todas las acciones contra el Estado”, págs. 33-117, publicado en “La
responsabilidad extracontractual del Estado: XVI Jornadas Internacionales de Derecho
Administrativo”, Universidad Externado de Colombia: “Daño es toda afrenta a los intereses lícitos de
una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o
colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce
pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros
requisitos de la responsabilidad civil-imputación y fundamento del deber de reparar-se encuentran
reunidos” (pág.35).
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación No. 05001-33-31-001-2010-00146-01(59218),
C.P. María Adriana Marín.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 27 de agosto de 2021, radicación No. 68001-23-31-000-2012-00212-01(55569), C.P.
María Adriana Marín.
5
Juan Carlos Henao (1998), “El daño: análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual
del Estado en Derecho Colombiano y Francés”, pág. 39, Universidad Externado de Colombia.

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Radicación: 76001-23-33-000-2014-00095-01 (67601)
Demandante: Juan Carlos Jesús Navia Carrillo y otros
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Referencia: Medio de control de reparación directa

consecuencia lógica del instituto procesal de la carga de la prueba, consagrado en
el artículo 167 del Código General del Proceso, en el entendido que incumbe a la
parte probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
pretendido.

El artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado será responsable
por los daños antijurídicos imputables a las autoridades públicas, luego entonces,
la víctima tendrá a su cargo la prueba del daño antijurídico con el fin de superar ese
primer escalón para dar paso al estudio de la imputación, que definirá la
responsabilidad de la entidad pública demandada.

En el caso concreto, la parte demandante alegó que el daño consistía en la
inundación de la hacienda El Silencio ocurrida entre el 11 y 12 de noviembre de
2011, lo que generó la pérdida de varias hectáreas de cultivo de caña de azúcar, la
disminución en los ingresos por esta actividad económica, así como la necesidad
de incurrir en una serie de gastos para mitigar la contingencia.

La única prueba que apunta a este supuesto fáctico consiste en la comunicación
0721-16147-2011 del 15 de noviembre de 2011 suscrita por el director territorial de
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y dirigida a los señores El
Silencio del Frayle S.A.S., en el cual se consignó (fl.32 C.1):

El pasado 12 de noviembre de 2011 se presentó una rotura del dique de
protección contra inundaciones del río Frayle, a la altura del predio El Silencio,
en una longitud aproximada de 30 metros, ocasionando la inundación de los
predios La Amalia de Santiago Mejía y Campoalegre de Cecilia Bueno de
Balcázar.

Esta emergencia fue atendida en forma inmediata por personal del ingenio
Manuelita y de los propietarios del predio, reparando el dique con el hincado de
pilotes y rellenos con bolsas de polietileno, terminando de realizar el cierre del
dique el día noviembre 14 de 2011.

En visitas realizadas por funcionarios de la CVC Dirección Ambiental Regional
Suroriente los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2011 ante la emergencia
presentada se hacen las siguientes observaciones:

-En el sitio donde se presentó la rotura del dique existe un puente metálico que
permite el paso de personal y vehículos sobre el río Frayle. Por estar bajo el
nivel del puente con relación al nivel de las aguas del río Frayle, en épocas de
crecientes ocasiona represamientos y empalizadas, que elevan al nivel aguas
arriba ocasionando presión sobre los diques ubicados en ambas márgenes y
fenómenos de erosión que debilitan su estructura.

-Aguas arriba de donde se presentó la rotura del dique en una curva se observa
la cara húmeda del dique erosionada en una longitud aproximadamente de 80
metros.

Conforme con lo expuesto anteriormente es necesario que el El Silencio del
Frayle S.A.S. propietarios del predio El Silencio realicen en forma inmediata las
siguientes actividades:

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Radicación: 76001-23-33-000-2014-00095-01 (67601)
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1.-Realzar el puente metálico existente a la altura del predio El Silencio, para
permitir el libre flujo de las aguas del río Frayle. El nivel inferior de la viga del
puente deberá estar por encima de la cota de nivel de crecientes del río Frayle.

2.-Realizar el mantenimiento del dique de protección contra inundaciones a la
altura del predio El Silencio, reconformando sus taludes y corona, en el sector
aguas arriba donde se presentó la rotura del dique, en el cual se observan
fenómenos de erosión de la cara húmeda.

Para la ejecución de estas actividades la CVC DAR Suroriente autoriza el
ingreso de tierra y/o material seleccionado suministrado por la firma PROGEA,
proveniente de la excavación de las obras civiles que se adelantan en la ciudad
de CALI y/o ciudades vecinas, que garanticen la compactación y la estabilidad
de estas estructuras.

A juicio de la Sala, esta prueba por sí sola no acredita el daño alegado en la
demanda, por las siguientes razones:

I) La comunicación se encuentra dirigida a El Silencio del Frayle S.A.S., sociedad
que no hizo parte del proceso de reparación directa y tampoco se estableció alguna
relación con las demandantes, sin que en la pieza documental se mencione a las
señoras María Elena Calero Cruz o María Eugenia Carrillo de Navia.

II) A pesar de hacer referencia al predio El Silencio, no se consignan datos que
permitan establecer que efectivamente se trata del predio objeto de litigio, dado que
no se anotan las matrículas inmobiliarias, las cédulas catastrales e inclusive se
afirmó que el propietario del inmueble es la sociedad El Silencio del Frayle S.A.S.

III) Al margen de lo anterior, la comunicación no es clara en establecer que el predio
El Silencio resultó inundado, específicamente, se indicó que los terrenos anegados
fueron “La Amalia de Santiago Mejía y Campoalegre de Cecilia Bueno de Balcázar”,
de manera que no se comprenden las razones para excluir de esta conclusión a la
hacienda El Silencio.

Así mismo, no existen referencias geográficas de los predios aludidos de cara a
determinar si el agua que inundó el predio La Amalia y Campoalegre debió anegar
primero la hacienda El Silencio.

IV) El documento no prueba que el predio El Silencio estuviera cultivado con caña
de azúcar para la época de los hechos. Es cierto que en el contrato de comodato
celebrado en el año 2002 se refería que los inmuebles estaban sembrados con
este producto; sin embargo, este hecho no puede extenderse hasta el año 2011,
con el fin de asumir que para esa época el terreno también estaba cultivado.

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Demandados: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

V) El documento no acredita las afectaciones concretas de la hacienda El Silencio,
como sería la anegación de 42.41 hectáreas de cultivos existentes o daños en la
infraestructura emplazada en el terreno.

VI) El documento es totalmente aislado, en el escaso material probatorio
recaudado no obra algún elemento que permita corroborar la inundación del
predio El Silencio para noviembre de 2011.

En ese orden de ideas, el razonamiento expuesto en el recurso de apelación, en
el sentido de que este documento acredita fehacientemente el daño porque se
indica que la ruptura del dique sobre el río Fraile ocurrió la altura del predio El
Silencio y por ello debía concluirse que este terreno también resultó afectado, no
cuenta con el suficiente soporte probatorio para considerar este hecho como
cierto, toda vez que esa conclusión requiere una serie de inferencias que no
encuentran fundamento en el acervo probatorio y que riñen con el principio de la
necesidad de la prueba, según el cual: “para poder afirmar la verdad de un
enunciado fáctico es necesaria prueba del mismo, sea ésta directa, deductiva o
indirecta”6.

Contrario a lo planteado en el recurso de apelación, el a quo no confundió el daño
objeto del litigio, en tanto la referencia a los documentos elaborados con anterioridad
a noviembre de 2011 se orientó a resaltar que los demás medios probatorios
tampoco permitían verificar la ocurrencia de la inundación en la época mencionada
en la demanda.

En efecto, en el plenario obra una certificación del 18 de mayo de 2011 suscrita por
el Comité local para la prevención y atención de desastres y la alcaldesa del
municipio de Candelaria acerca de que el señor Fernando Giraldo Muñoz fue
afectado por el fenómeno de la niña 2010-2011, conforme a la visita de verificación
efectuada en la hacienda El Silencio-Fraile, ubicado en la vereda El Silencio, con un
área perjudicada aproximada de 75 hectáreas. En cuanto a las afectaciones se
consignó: “Inundación del área cultivada en caña de azúcar, afectación del suelo y
deterioro de este cultivo debido a la anegación ocasionada por desbordamiento del
río Cauca y zanjón tortugas, además del rompimiento del jarillón del río Frayle” (fl.
24 C.1).

Esta pieza documental no permite verificar el daño ocurrido en noviembre de 2011,
sencillamente porque se refiere a un hecho previo, pero de paso genera dificultades

6
Marina Gascón Abellán. (1999). Los hechos en el derecho: bases argumentales de la prueba.
Marcial Pons. Pág.128.

11

Radicación: 76001-23-33-000-2014-00095-01 (67601)
Demandante: Juan Carlos Jesús Navia Carrillo y otros
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

para diferenciar las afectaciones ocasionadas por la inundación aparentemente
ocurrida con anterioridad al 18 de mayo de 2011 de aquellas alegadas en la
demanda, supuestamente acaecidas en noviembre de ese mismo año.

De igual modo, el derecho de petición elevado por el señor Fernando Giraldo Muñoz
el 16 de agosto de 2011 ante la alcaldía y secretaría de infraestructura vial del
municipio de Candelaria tampoco permite deducir la afectación ocurrida en el predio
El Silencio para noviembre de ese mismo año (fls. 25-31 C.1).

Por otro lado, en el recurso de apelación se aduce que las facturas aportadas
prueban el hecho dañoso. Es cierto que al plenario fueron allegadas un total de 7
facturas (fls. 33-40), en todas ellas aparece como cliente la señora María Elena
Calero Cruz; su emisión es posterior al 12 de noviembre de 2011; en seis de ellas
se menciona el predio El Silencio, pero también se hace referencia a que la obra se
adelantaba a la altura del predio La Suerte y todas están relacionadas con la
reconstrucción del jarillón sobre el río Fraile; con todo, de estas piezas
documentales no se deriva la ocurrencia de la inundación en el predio El Silencio
en el mes de noviembre de 2011 y tampoco guardan relación con la rehabilitación
de suelos para el cultivo de caña de azúcar.

Ciertamente dentro de las pretensiones se solicitó como daño emergente el valor
de la reconstrucción del jarillón sobre el río Fraile para evitar una mayor inundación;
aunque las facturas apuntan a demostrar estas erogaciones, lo cierto es que estas
no cumplen con los requisitos legales para otorgarles total mérito probatorio.

Respecto de las facturas expedidas por Jorge E. Amezquita M. (fls. 33-36 C.1), se
observa que las mismas carecen de fecha de recibido y aunque cuentan con una
firma en el espacio destinado para tal fin, no es posible identificar la persona que la
suscribe. Asimismo, las facturas emitidas por Ricardo Polanco Tamayo (fl. 39 C.1.)
y Carlos Alberto Correa (fl.40 C.1) tampoco cuentan con la fecha de recibido, todo
ello contraría el numeral 2 del artículo 774 del Código de Comercio, según el cual,
la factura debe contener: “La fecha de recibo de la factura, con indicación del
nombre, o identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla según lo
establecido en la presente ley”.

Vale la pena recordar que estos títulos valores no prueban por sí solos el pago
efectuado por el cliente, de ahí que para indemnizar estos rubros sea exigible,
además de aportar la factura con todos sus requisitos legales, la prueba del pago
realizado por la víctima. De hecho, el numeral 3 del artículo 774 del Código de
Comercio exige: “El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar

12

Radicación: 76001-23-33-000-2014-00095-01 (67601)
Demandante: Juan Carlos Jesús Navia Carrillo y otros
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

constancia en el original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración
y las condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los
terceros a quienes se haya transferido la factura”.

En todas las facturas aportadas, incluyendo la emitida por Manuelita S.A. (fls.37-38
C.1), no se cumple con este condicionamiento, puesto que no se informa sobre el
estado del pago del precio, no se plasmó algún sello que así lo establezca y tampoco
se aportaron otros documentos para deducir que efectivamente fueron canceladas,
de suerte que, al no verificarse el pago de estas facturas por parte de la
demandante, no es posible afirmar que este daño sea cierto.

Como parte del daño emergente también se solicitó la indemnización de los costos
financieros por prórroga de créditos, pero al igual que los demás perjuicios
solicitados, este quedó desprovisto de prueba, a tal punto que ni siquiera se
allegaron los contratos iniciales celebrados con las entidades bancarias y mucho
menos sus prórrogas.

Por último, como lucro cesante se solicitó la pérdida de ingresos durante 10 meses
por la merma en la producción de 42.41 hectáreas cultivadas de caña de azúcar por
los demandantes, sobre este aspecto, la parte demandante en el recurso de
apelación afirmó que las declaraciones de renta prueban la disminución patrimonial.

En el expediente obran las declaraciones de renta de la señora María Elena Calero
Cruz para los años 2010, 2011 y 2012 (fls. 65-67 C.1), que dicho sea de paso, no
fueron aportadas con la demanda, sino con el escrito de subsanación con el único
fin de solicitar la exoneración del pago del arancel judicial; sea de ello lo que fuere,
se observa una disminución significativa en los ingresos netos de los años 2010 y
2011 en comparación con la declaración del 2012, pero nuevamente se observa la
ausencia de medios probatorios que permitan relacionar este detrimento con la
inundación sucedida en la hacienda El Silencio en noviembre de 2011, comoquiera
que no se aportaron los contratos celebrados con los ingenios para la venta de caña
de azúcar, la constancia de los pagos realizados por dichos productos y su eventual
terminación debido a la pérdida de los cultivos.

Adicionalmente, se reitera que con la certificación del 18 de mayo de 2011 del
Comité Local para la prevención y atención de desastres y la alcaldesa del municipio
de Candelaria se probó que la hacienda El Silencio resultó inundada en 75
hectáreas cultivadas de caña de azúcar, de modo que no es posible determinar que
esa disminución en los ingresos del año 2012 sea el producto de la inundación

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Radicación: 76001-23-33-000-2014-00095-01 (67601)
Demandante: Juan Carlos Jesús Navia Carrillo y otros
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

supuestamente ocurrida en noviembre de 2011, ya que también puede obedecer a
la anegación del predio ocurrida con anterioridad al 18 de mayo de ese mismo año.

Inclusive, considerando las pruebas documentales aportadas por el municipio de
Candelaria (96-114 C.1) y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
(fls.158-191 C.1), se arriba a la misma conclusión, esto es, no existe prueba del
daño identificado en el escrito inicial.

Del mismo modo, los testimonios de Harold Orlando González Pabón (estadístico
con especialización en meteorología), Óscar Ramírez Benjumea (ingeniero
agrícola) y Rodrigo Mercado Sánchez (ingeniero civil), todos funcionarios de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, no prueban la inundación del
predio El Silencio para el mes de noviembre de 2011, toda vez que sus
declaraciones estuvieron dirigidas a informar sobre la ola invernal agravada por el
fenómeno de La Niña, su influencia sobre el río Fraile, las obras de contención que
debían realizar los propietarios de los predios aledaños a este afluente y las
actuaciones desplegadas por la entidad para conjurar la emergencia (fls. 286-289 y
CD Fl. 291 C.1).

En conclusión, la parte actora no acreditó el daño antijurídico, primer elemento del
juicio de responsabilidad patrimonial del Estado, siendo inocuo referirse al estudio
de la imputación; por ende, se dará aplicación a la regla de juicio de la carga de la
prueba (Art. 167 CGP) y se confirmará la sentencia de primera instancia denegatoria
de las pretensiones.

5. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en la sentencia debe disponerse sobre la imposición de costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por el estatuto procesal civil. La condena
obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta la conducta subjetiva de las
partes, sino los condicionamientos expresamente consagrados.

En atención a lo regulado por el numeral 1 del artículo 365 del CGP, se condenará
en costas a la parte demandante, a quien se le resolvió desfavorablemente el
recurso de apelación. En cuanto a su liquidación se hará de manera concentrada
por el a quo, según lo previsto por el artículo 366 del estatuto procesal general. Si
bien la parte demandante estaba conformada por varios litigantes, la condena en
costas deberá ser asumida por todos en proporciones iguales, debido a que en las
pretensiones no se diferencia el interés que le asiste a cada uno de ellos.

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Radicación: 76001-23-33-000-2014-00095-01 (67601)
Demandante: Juan Carlos Jesús Navia Carrillo y otros
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

En concordancia con el acuerdo No. 1887 de 2003 del Consejo Superior de la
Judicatura, aplicable al presente asunto en razón a la fecha de presentación de la
demanda7, se fija por concepto de agencias en derecho el 1% de las pretensiones
negadas en esta sentencia, equivalente a $7.109.270.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de junio de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por las razones expuestas en la parte
motiva del presente fallo.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte accionante, las
cuales serán liquidadas de manera concentrada por el a quo.

Se fija como agencias en derecho en segunda instancia, a cargo de la parte actora
y en favor de las entidades demandadas en proporciones iguales, la suma de
$7.109.270.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría se dispondrá DEVOLVER
el expediente a su Tribunal de origen.

Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto

Ausente con excusa
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

7
5 de febrero de 2014.

15

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