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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2013-00005-02

Fecha
19 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2013-00005-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, de 17 de noviembre de 2015, que negó las pretensiones de la demanda, según las consideraciones expuestas. SEGUNDO: CONDENAR, por concepto de costas y agencias en derecho de esta instancia, al demandante, a favor de CORMAGDALENA y del municipio de Hatillo de Loba, según las consideraciones expuestas. De conformidad con el artículo 366 del CGP, ambas serán liquidadas por el Tribunal. TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-33-000-2013-00005-02

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

19 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2025

Radicado: 68001-23-33-000-2013-00005-02 (69.599)
Demandante: Ramón Francisco Tamayo Peñuela
Demandados: Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena
(Cormagdalena) y otros
Referencia: reparación directa

Temas: reparación directa - daño - prueba del daño - falla del servicio - contenido
obligacional - carga de la prueba - ausencia de prueba de la falla del servicio - objeto de la
declaración de tercero - testigo técnico - fuerza mayor

Síntesis del caso: El demandante solicitó la declaratoria de responsabilidad del Estado por el
daño y los perjuicios producidos por la inundación de su predio, derivada de unos boquetes
que abrió el río Magdalena, en el marco de la ola invernal de finales de 2010, en una obra
pública (jarillón), presuntamente, construida y mantenida defectuosamente.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en
contra de la Sentencia de 17 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda1.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia recurrida – 1.4. Recurso de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 19 de diciembre de 2012, Ramón Francisco Tamayo Peñuela (en
adelante, el demandante) presentó demanda2, en ejercicio del medio de
control de reparación directa, en contra de la Corporación Autónoma
Regional del Río Grande de la Magdalena (en adelante, CORMAGDALENA);
del departamento de Bolívar (en adelante, el Departamento) y del municipio
de Hatillo de Loba (en adelante, el Municipio), con las siguientes (se trascribe):

“PRETENSIONES:
PRIMERA. - La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la
Magdalena (Cormagdalena), (…) [el] Municipio de Hatillo de Loba - Bolívar,
(…), [el] Departamento de Bolívar, (…) son responsables administrativamente
de los perjuicios materiales y morales causados a los predios de mi poderdante
Señor RAMON FRANCISCO TAMAYO PEÑUELA, los cuales fueron gravemente
afectados, incluidos sus cultivos, ganados, maquinaria, cercas y demás bienes,
por omisiones, fallas y daños por causas de los trabajos públicos ocasionados
al construir y no efectuar mantenimiento debido tanto en forma como en
tiempo el farillón sobre el cual se construyó la carretera que conduce del
Municipio de Hatillo de Loba al Municipio de La Victoria y obras anexas en la

1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
2 Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folios 1 a 12.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001-23-33-000-2013-00005-02 (69.599)
Demandante: Ramon Francisco Tamayo Peñuela
Demandados: Corporación Autónoma del Rio Grande de
la Magdalena (Cormagdalena) y otros
Referencia: reparación directa
Decisión: Confirma la Sentencia

Isla de Mompox, a la altura del predio de Propiedad del Señor RAMON
FRANCISCO TAMAYO PEÑUELA.
SEGUNDA. - Como consecuencia de la declaración anterior se condene a y/o
La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena
(Cormagdalena), Municipio de Hatillo de Loba - Bolívar, Departamento de
Bolívar, a pagar a mi defendido o a quien represente legalmente sus derechos,
los perjuicios de orden material y moral, objetivos y subjetivos, actuales y
futuros, integrados por daño emergente y lucro cesante causados desde el 5
de diciembre de 2010 y hasta que se produzca su pago compensación (sic)
(…).
TERCERO. - Que se condene igualmente a y/o La Corporación Autónoma
Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), Municipio de
Hatillo de loba - Bolívar, Departamento de Bolívar, a pagar a mi mandante, por
concepto de perjuicios morales, la suma en pesos colombianos, equivalente a
mil (1000) gramos oro, al momento de la ejecutoria del fallo, según cotización
del Banco de la Republica.
Los anteriores dos (2) conceptos constituyen la fuente de resarcimiento por el
daño material y el lucro cesante se deriva de los intereses corrientes y
moratorios al aplicar sobre los anteriores valores y de acuerdo con la
certificación de la certificación (sic) de la tasa de intereses para créditos
corrientes u ordinarios que certifique la Superintendencia Bancaria.
CUARTA. - La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo
previsto en el C.C.A., y se reconocerán los intereses legales desde la fecha de
ocurrencia de los hechos; esto es, desde el 05 de diciembre de 2010, hasta
cuando se dé cabal cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso.
QUINTO. - La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los
términos del artículo 192 del C.C.A.”

2. El demandante fundamentó sus pretensiones, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones y hechos:

3. 1) El demandante es dueño de un predio denominado “Santa Isabel”,
ubicado en el Municipio de Hatillo de Loba e identificado con folio de
matrícula inmobiliaria 064-8557 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Magangué.

4. 2) El 5 de diciembre de 2010, “[e]l río Magdalena hizo tres (3) boquetes [en
el jarillón] con más de 300 metros de boca cada uno, ocasionando en predios
de mi mandante, destrucción de pastos mejorados, ganado ahogado y
desaparecidos, cultivos, vías, infraestructuras (cercas, corrales de varetas,
establos, etc.) (…)”.

5. Los daños y perjuicios sufridos, producto del “boquete”, se debieron “(…)
únicamente a negligencia, error y obras o trabajos directos realizados por
parte de Cormagdalena, por cuanto si bien comenzaron trabajos en el mes
de julio de 2010, aproximadamente, en el lugar donde se produjo el
rompimiento del Jarillón; Cormagdalena llev[ó] maquinarias y obreros y
labor[ó] por un periodo de tres días y de una forma intempestiva y solo por
factores aún desconocidos, se llevaron la maquinaria y empleados al casco
urbano del Municipio de Hatillo de Loba, para empezar desde ese lugar
trabajos, dejando empezado trabajos (sic) y debilitado el Jarillón a la altura
del predio de mi mandante, el cual con la primera creciente como era obvio
se rompió (…)”.

6. Igualmente, existió negligencia del Departamento porque “(…) sobre el
Jarillón está la carretera que comunica las poblaciones de Hatillo de Loba y
de La Victoria, la cual fue diseñada y construida por el Departamento y desde

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Radicado: 68001-23-33-000-2013-00005-02 (69.599)
Demandante: Ramon Francisco Tamayo Peñuela
Demandados: Corporación Autónoma del Rio Grande de
la Magdalena (Cormagdalena) y otros
Referencia: reparación directa
Decisión: Confirma la Sentencia

su construcción, hace más de 15 años, jamás se ha efectuado trabajo de
mantenimiento, por lo menos hasta la fecha del desastre 5 de diciembre de
2010. (…)”. Mientras que el Municipio fue negligente porque “(…) pese a las
diferentes comunicaciones y circulares de orden Nacional y ante los reclamos
de la comunidad, la Alcaldía jamás gestionó, ni efectuó trabajos preventivos.”

1.2. Posición de la parte demandada3

7. El Municipio contestó la demanda4 y se opuso a las pretensiones. Alegó que
no era responsable porque los trabajos públicos realizados, en dicha obra del
jarillón, fueron ejecutadas por el Departamento. Indicó que (se trascribe) “(…)
durante el fenómeno de la niña 2010-2011 (…) [en el Municipio] más del 50%
de la población se vio afectada (…)”, situación que no se había presentado
con anterioridad, por lo que el fenómeno de “La Niña”, ocurrido en la época
de los hechos, generó lluvias difíciles de prever, lo cual configuró una fuerza
mayor o un caso fortuito. Propuso como excepción la caducidad de la
acción.

8. CORMAGDALENA contestó la demanda5 y se opuso a las pretensiones.
Alegó que no existían pruebas suficientes que demostraran la realización de
las obras públicas referidas en la demanda, y que causaron el boquete, o la
existencia de los contratos que sirvieron de fundamento para su ejecución.
Igualmente, alegó que no se demostró la preexistencia de cultivos, ganados,
maquinaria y cercas que, supuestamente, se perdieron con la inundación.
Propuso como excepciones la ausencia de responsabilidad por fuerza mayor
o caso fortuito; la inexistencia de daño antijurídico; el cumplimiento diligente
de las funciones de CORMAGDALENA; la “falta de determinación de los
hechos u omisiones” y la ausencia de nexo causal.

1.3. Sentencia recurrida

9. El 17 de noviembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Santander profirió
sentencia de primera instancia6, en la que decidió (se trascribe):

“Falla:
Primero: DENEGAR las pretensiones de la demanda instaurada.
Segundo: CONDENAR en costas a la parte demandante. (…)
Tercero: En firme este proveído, archívese el expediente, previas constancias de
rigor.”
10. El Tribunal, con base en las pruebas obrantes en el expediente, encontró
demostrado el daño, consistente en las afectaciones patrimoniales al predio
del demandante, que resultó inundado por el desbordamiento del río
Magdalena, en el marco de la ola invernal de finales de 2010.

11. En relación con la atribución del daño a las demandadas, por fallas en la
construcción o el mantenimiento del dique o por su estado inconcluso,
consideró que (se trascribe) “(…) a pesar de estar acreditado que las
entidades demandadas conocían la situación particular del caudal de río

3 El Departamento no contestó la demanda.
4 Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folios 55 a 57.
5 Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folios 58 a 74.
6 Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folios 314 a 320.

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Radicado: 68001-23-33-000-2013-00005-02 (69.599)
Demandante: Ramon Francisco Tamayo Peñuela
Demandados: Corporación Autónoma del Rio Grande de
la Magdalena (Cormagdalena) y otros
Referencia: reparación directa
Decisión: Confirma la Sentencia

Magdalena, de la falta de obras de adecuación de las estructuras y de la
inexistencia de trabajos preventivos, la ocurrencia del fenómeno de la niña,
para finales del año 2010 y principios de 2011, configuró una situación
generalizada en el país, sin precedentes que, al conjugarse con la dinámica
propia del río Magdalena, produjo consecuencias imprevisibles e irresistibles
para las demandadas”. Lo anterior generó un incremento excesivo en las
precipitaciones en la zona, superior en promedio en un 200% al registro
histórico, lo cual generó la inundación y, por lo tanto, se configuró una fuerza
mayor que eximía de responsabilidad a las demandadas.

1.4. Recurso de apelación

12. El demandante presentó recurso de apelación7. Alegó que en su
demanda atribuyó negligencias y errores en la construcción y mantenimiento
del jarillón, pero el Tribunal encontró configurada la fuerza mayor, la cual no
podía confundirse con “(…) la negligencia o la incompetencia (…) [pues] solo
p[odía] calificarse como caso fortuito o fuerza mayor el hecho que
concurrentemente contemple los caracteres de imprevisible e irresistible (…)”.
Contrario a lo concluido por el Tribunal, la ruptura del jarillón se produjo
exactamente por el mismo lugar en el que fue intervenido por las
demandadas. Entonces, “(…) de haberse realizado un buen trabajo en el
jarillón, este no se hubiese roto, como ocurrió. (…) el demandante probó la
existencia de un hecho y es el rompimiento del jarillón, igualmente pr[obó]
que este rompimiento se produ[jo] por el mismo lugar donde se efectuaron los
trabajos efectuados (sic) por los demandados y dem[ostró] con testimonios
que los trabajos realizados por los demandados fueron de mala calidad, por
haber tomado materiales del mismo lecho del río”.

13. En línea con lo anterior, alegó que el Tribunal se equivocó al concluir que
el fenómeno de “La Niña” fue la causa del daño, sin que este hecho estuviera
probado, pues ello ni siquiera fue propuesto por las demandadas. Contrario a
ese análisis del Tribunal, sostuvo que “(…) e[ra] innegable que [fue
CORMAGDALENA] la que con las obras que adelantó al intervenir el jarillón,
produ[jo] el debilitamiento en el mismo, el jarillón se romp[ió] precisamente
por el lugar donde laboró CORMAGDALENA, [fue] esta entidad la que cre[ó]
el riesgo y esto hace que se predique sobre ella la responsabilidad”.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Decisión que se adoptará. - 2.2. Análisis sustantivo - 2.3. Condena en costas

2.1. Decisión que se adoptará8

14. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda, porque el demandante no cumplió con su

7 Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 143.
8 En relación con los hechos del 5 de diciembre de 2010, el término de caducidad empezó a correr el 6 de diciembre

de 2010 y, en principio, culminaba el 6 de diciembre de 2012. Sin embargo, el término estuvo suspendido entre el 31
de octubre de 2012, fecha en la que el demandante radicó solicitud de conciliación extrajudicial, y el 10 de diciembre
de 2012, fecha en que se expidió la constancia de la audiencia celebrada (Expediente Digital del Tribunal
Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folio 40). De este modo, el término de caducidad estuvo suspendido
por 27 días y la demanda, radicada el 19 de diciembre de 2012, fue oportuna, según el literal i), numeral 2 del artículo
164 del CPACA.
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Radicado: 68001-23-33-000-2013-00005-02 (69.599)
Demandante: Ramon Francisco Tamayo Peñuela
Demandados: Corporación Autónoma del Rio Grande de
la Magdalena (Cormagdalena) y otros
Referencia: reparación directa
Decisión: Confirma la Sentencia

carga probatoria de demostrar la falla del servicio (fallas en la construcción
de una obra pública o su mantenimiento defectuoso) que les atribuyó a las
demandadas.

2.2. Análisis sustantivo

15. Según las pruebas documentales9, obrantes en el expediente, la Sala
coincide con el Tribunal y considera que quedó demostrado el daño alegado
por el demandante, esto es, las afectaciones que sufrió el predio de su
propiedad, denominado “Santa Isabel” y ubicado en la zona rural del
municipio de Hatillo de Loba – Bolívar, producto de la inundación ocurrida el
5 de diciembre de 2010, en el marco de la Ola Invernal de finales de ese año.

16. En relación con la atribución del daño, si bien en la apelación no se
discriminaron los cargos que concretaban las discrepancias, se pueden
derivar dos reparos relativos a la configuración de: i) primero, la falla del
servicio de las demandadas; y ii) la fuerza mayor, como eximente de
responsabilidad. La Sala pasa a analizar los cargos por separado:

17. i) El apelante, a fin de demostrar la falla del servicio, alegó “negligencia”
e “incompetencia” de las demandadas, pues la ruptura del jarillón fue
“exactamente por el mismo lugar donde intervino con obras civiles”
Cormagdalena; “de haberse realizado un buen trabajo en el jarillón, este no
se hubiese roto, como ocurrió” y que los trabajos públicos “fueron de mala
calidad, por haber tomado materiales del mismo lecho del río”. Al respecto,
la Sala considera que se trata, al igual que en la demanda, de una relación
abstracta y genérica de presuntas omisiones, pero carentes de soporte
probatorio.

18. El Tribunal encontró demostrada “la falta de obras de adecuación de las
estructuras y de la inexistencia de trabajos preventivos”, en relación con la ola
invernal de finales de 2010. No obstante, contrario a esa conclusión, la Sala
considera que no se solicitaron o aportaron pruebas tendientes a demostrar
acciones u omisiones de las demandadas contrarias o de incumplimiento de
su contenido obligacional, pues el demandante limitó su actividad probatoria
a la configuración del daño y de los eventuales perjuicios, lo cual se constata
con el decreto de pruebas hecho por el Tribunal10.

9 Folio de matrícula inmobiliaria No. 064-8575 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Magangué, del

predio denominado “Santa Isabel”, de propiedad del demandante, según la anotación 5. (Expediente Digital del
Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folios 35 y 36); Certificado de afectación del predio “Santa
Isabel” proferido por el presidente del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres del municipio de Hatillo
de Loba (Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folio 37).
10 Según el acta de la reanudación de la audiencia inicial, de 24 de marzo de 2015, las pruebas aportadas con la

demanda y decretadas fueron: “5.1. Documental (sic) aportada con la demanda. i) Dictamen pericial “para evaluar
pérdidas económicas en la finca Santa Isabel del Propiedad del señor Ramón Francisco Tamayo Peñuela,
ocasionada por inundaciones del río Magdalena en el 2010-2011”, de fecha 04 de septiembre de 2012 (…) ii)
Fotocopia simple del certificado de paz y salvo de impuestos del predio denominado “Santa Isabel”, (…) iii) Fotocopia
simple del Certificado de tradición del predio “Santa Isabel” con No. de Matricula Inmobiliaria 064-8557 (…) iv)
Certificación suscrita por del coordinador del CLORAD del Municipio de Hatillo de Loba el 15 de mayo de 2012, donde
manifiesta que el predio “Santa Isabel” fue afectado por el fenómeno de la niña 2010-2011 conforme a visita realizada
por esa dependencia al predio mencionado (…), v) fotocopia simple del registro único de vacunación de fecha 30
de noviembre de 2011 donde se especifica el censo de animales a vacunar, suscrito por el Comité de Ganaderos del
Banco Magdalena -COGABAN- (…) 5.4. DECLARACIÓN DE TERCEROS. Solicitada por la parte demandante, se
restringe a 4 testigos para ser oídos seguidamente al perito, dichas personas se identifican en el folio 11 del expediente,
con una secuencia 30 minutos cada uno. (…)”. Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice
118, Samai. Folios 129 y 130.
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Radicado: 68001-23-33-000-2013-00005-02 (69.599)
Demandante: Ramon Francisco Tamayo Peñuela
Demandados: Corporación Autónoma del Rio Grande de
la Magdalena (Cormagdalena) y otros
Referencia: reparación directa
Decisión: Confirma la Sentencia

19. No obstante, tal y como lo reconoció el Tribunal11, en el expediente
reposan otras pruebas que evidencian gestiones realizadas por las
demandadas para atender la ola invernal de finales de 2010, sin que ellas
permitan concluir circunstancias específicas de incumplimiento de sus
competencias12 por omisiones o fallas en las obras públicas de construcción
o de mantenimiento de la vía-dique. A saber, se tiene:

20. i) El convenio interadministrativo de cooperación No 1-0027-2009
celebrado entre CORMAGDALENA y el Municipio de Hatillo de Loba, en 2009,
con el objeto de diseñar y de construir obras de control de inundación y
erosión en el Municipio, por un periodo de 12 meses13; ii) el informe de visita
CM-582, elaborado por la Universidad Nacional de Colombia, denominado
“Obras para el control de inundaciones en el Municipio de Hatillo de Loba,
Departamento de Bolívar”, de junio 2009, aportado en cumplimiento de la
prueba de oficio ordenada por el Tribunal14, en donde se relacionó el estado
de avance de ciertas obras “de control de inundaciones (…) con el propósito
de observar las condiciones de posible riesgo y su estado de vulnerabilidad
frente a fenómenos de inundación que se presentan en el municipio” y se
efectuaron algunas recomendaciones para los 2 sectores priorizados, uno de
los cuales era “la vía que comunica la cabecera municipal con el
corregimiento La Victoria, donde se proyecta realzar y reconformar el dique-
vía (…)”15; obras que el demandante reconoció que se realizaron en el dique-
vía en cuyo trayecto se encuentra ubicado su predio16; iii) el informe del
Departamento, de 15 de abril de 2015, en cumplimiento de la prueba de
oficio que ordenó el Tribunal17, en donde se señaló, primero, que la
intervención de la carretera, en donde se ubica el dique, era de
competencia del municipio de Hatillo de Loba y que las obras de prevención
en los márgenes del río Magdalena eran de competencia de
CORMAGDALENA y, segundo, que el ente territorial celebró 2 contratos (941

11 En el acápite de la sentencia de primera instancia denominado “2. análisis de la imputación del daño”.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 10 de

octubre de 2024, Exp. 64.798; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
B, sentencia de 20 de noviembre de 2023, Exp. 59.618, entre otras.
13 Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folios 80 a 98.
14 Según el acta de la reanudación de la audiencia inicial, de 24 de marzo de 2015, se ordenó “Oficiar a

Cormagdalena, para que dentro de los 10 diez días siguientes a la necesaria comunicación copia hábil del informe
de visita CM-582 de junio de 2009 elaborado por la Universidad Nacional de Colombia (…)”. Expediente Digital del
Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folio 130.
15 “4. Conclusiones y recomendaciones.

La Alcaldía presentó y priorizó dos sectores y obras, el primero localizado en la vía que comunica la cabecera
municipal con el corregimiento La Victoria donde se proyecta realzar y reconformar el dique-vía, y el segundo sector
en el corregimiento de San Miguel, lugar donde actualmente se están realizando obras de protección y control de
inundación y erosión en el sector de la orilla del Brazo de Loba, se pretende realizar una obra complementaría que
consiste en construir un dique de protección hacia la parte posterior con material de préstamo lateral, pero esto
implica la construcción de obras de recolección, almacenamiento y evacuación de aguas lluvia inundarían a la
población en el momento que se realicen los cierres de protección. El LEH-UNC, recomienda mejor cerrar los
rompederos ubicados hada aguas abajo en el casco urbano, esta sería una posible solución más practica y menos
costosa. (…)
Se recomienda la realización de estudios más detallados que permitan determinar con un mayor grado de
aproximación las dimensiones y cantidades finales de las obras proyectadas, las cuales se consideran importantes
para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio. (…)” Expediente Digital del Tribunal
Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folio 159.
16 En el hecho primero de la demanda se indicaron los linderos del predio “Santa Isabel” y, en relación con las vías de

acceso, se indicó “(…) Por vía terrestre, partiendo de Hatillo de Loba – vía La Victoria, a unos 4 a 5 kilómetros de la
cabecera municipal. La vía se encuentra recién arreglada con una corona de más de 6 metros de ancho. (…)”.
Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folio 8.
17 Según el acta de la reanudación de la audiencia inicial, de 24 de marzo de 2015, se ordenó de oficio requerir “al

Departamento de Bolívar y al Municipio de Hatillo de Loba, Bolívar para que dentro de los 10 días siguientes a la
notificación de esta decisión, remitan con destino a este proceso copia hábil de los documentos, proyectos y todos
los antecedentes de obras ejecutadas, que dentro del marco de sus competencias ejecutaron en el jarillón ubicado
en jurisdicción del Municipio de Hatillo de Loba, cuya ruptura se dice por la p. actora inundó el predio de su propiedad
y que origina este proceso (…)”. Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folio
130.
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Radicado: 68001-23-33-000-2013-00005-02 (69.599)
Demandante: Ramon Francisco Tamayo Peñuela
Demandados: Corporación Autónoma del Rio Grande de
la Magdalena (Cormagdalena) y otros
Referencia: reparación directa
Decisión: Confirma la Sentencia

de 2011 y 1035 de 2011) para conjurar los efectos de la emergencia generada
por el fenómeno de “La Niña”, derivado de la ola invernal de finales de 201018.
Respecto de esta información, que no demuestra las omisiones que se
alegaron en la demanda, la parte actora no efectuó manifestación alguna,
ni se opuso a su contenido.

21. Por lo tanto, para la Sala es claro que el demandante no demostró las
acciones y omisiones que le endilgó a las demandadas, en particular a
CORMAGDALENA y al Municipio, en relación con la construcción y el
mantenimiento de la vía-dique, ubicada en la zona en donde, también según
la demanda, se desbordó el río Magdalena e inundó su predio. En relación
con esto último, la Sala destaca que de los medios de prueba obrantes en el
proceso no es posible determinar el lugar exacto de ubicación de los 3
boquetes que, presuntamente, se abrieron en el jarillón, con el fin de verificar,
en concreto, que la vía-dique se rompió, precisamente, en el lugar en donde
se realizaron trabajos públicos, esto es, la falla del servicio que se alegó19.

22. Igualmente, en relación con la falla del servicio, el apelante cuestionó la
valoración hecha por el Tribunal de los testimonios rendidos20, pues de ellos se
deducía que los materiales usados en el jarillón “fueron de mala calidad, por
haber tomado materiales del mismo lecho del río”. Al efecto, la Sala
encuentra que en el proceso se recibieron 4 testimonios, solicitados por el
demandante: i) Víctor Manuel Vásquez Martínez21, quien afirmó ser médico
veterinario y zootecnista, residir en El Banco - Magdalena y haber
presenciado, en varias oportunidades, que el convenio de CORMAGDALENA
y el Municipio, que buscaba solventar los problemas de sedimentación del río,
se ejecutó de forma antitécnica porque para levantar el muro se usó material
de préstamo, de uno de los costados del río y, en otros tramos, se reutilizaron
los escombros, por lo tanto, el río hizo galerías y rompió el muro, además, las
obras quedaron inconclusas. ii) Néstor Darío Restrepo Jiménez22, quien afirmó
tener estudios secundarios sin terminar, trabajar en la zona con energía solar
y haber observado muchos trabajos realizados en el jarillón y evidenciado
terraplenes abandonados, mal compactados, ejecutados con material no
apto o reutilizado, que disminuyeron su altura en más de un metro y, a raíz de
todo eso, se produjo el desbordamiento del río Magdalena; además, que
como era normal, casi todos los años se presentaban inundaciones, pero

18 Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folios 197 a 214.
19 En el expediente también reposa el dictamen pericial de parte, aportado por el demandante, y los testimonios

rendidos ante el Tribunal. El primero, denominado “Informe de visita para evaluar las pérdidas económicas en la finca
Santa Isabel de propiedad del señor Ramón Francisco Tamayo Peñuela ocasionada por las inundaciones del río
Magdalena en el 2010-2011” se centró en la identificación y cuantificación de los perjuicios, por lo tanto, no es un
medio de prueba pertinente, ni útil para demostrar las fallas atribuidas a las demandadas (Expediente Digital del
Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folios 14 a 33 y Carpeta “Audiencia de Pruebas”, que
contiene la grabación (desde el minuto 30:20 hasta el 1:39:00), junto con el acta correspondiente, Folios 227 a 230).
Los segundos serán objeto de análisis más adelante, pues el apelante cuestionó la valoración efectuada por el
Tribunal.
20 En la apelación se relacionaron como declarantes a “Luis Carlos Martínez Bernal, Fernando Sierra Román, Víctor

Manuel Vázquez Martínez, Néstor Darío Restrepo Jiménez, Eliecer Rivera Velilla y Moisés Miranda”, sin embargo, en el
acta de reanudación de la audiencia inicial, de 24 de marzo de 2015, se ordenó la recepción de 4 declaraciones de
terceros: “(…) 5.4. DECLARACIÓN DE TERCEROS. Solicitada por la parte demandante, se restringe a 4 testigos para ser
oídos seguidamente al perito, dichas personas se identifican en el folio 11 del expediente, con una secuencia 30
minutos cada uno. (…)”. Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folio 130.
21 Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Carpeta “Audiencia de Pruebas”,

que contiene la grabación (desde el minuto 1:55:00 hasta el 2:11:00), junto con el acta correspondiente, Folios 227 a
230.
22 Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Carpeta “Audiencia de Pruebas”,

que contiene la grabación (desde el minuto 1:20 hasta el 10:36), junto con el acta correspondiente, Folios 227 a 230.
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Radicado: 68001-23-33-000-2013-00005-02 (69.599)
Demandante: Ramon Francisco Tamayo Peñuela
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la Magdalena (Cormagdalena) y otros
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Decisión: Confirma la Sentencia

nunca como la ocurrida a finales de 2010. iii) Eliecer Miguel Riveria Velilla23,
quien afirmó haber estudiado hasta segundo de primaria, residir en el
municipio de Hatillo de Loba, trabajar como “inseminador” y haber
evidenciado el boquete que se abrió de la carretera que va del Municipio a
La Victoria, producido porque el jarillón quedó mal hecho, la arena la sacaron
del mismo río, no la compactaron, por lo que el agua se filtró; además, indicó
que los trabajos los realizaron, según un aviso que observó, entre
CORMAGDALENA y el Municipio; relacionó los daños que se generaron en el
predio del demandante y afirmó que las lluvias de finales de 2010 fueron más
intensas que las de años anteriores. iv) Moisés Raad Miranda24, quien afirmó
ser trabajador ocasional del demandante, en tareas de cercamiento y riego,
y haber participado de las labores de contención del desbordamiento del río,
a finales de 2010, con sacos de arena; informó que el muro lo ejecutaron mal
porque usaron material obtenido del mismo río y maquinaria no adecuada;
relacionó los daños en el predio, y que con anterioridad a ese evento no
habían ocurrido inundaciones.

23. La Sala considera que los testimonios rendidos no constituyen pruebas
útiles25 para demostrar las fallas que el demandante endilgó a las
demandadas. Lo anterior porque, si bien relataron las supuestas
irregularidades cometidas en la construcción y el mantenimiento del jarillón,
lo que, en su entender, llevó a que el río Magdalena se desbordara durante
la ola invernal de 2010, se trata de circunstancias técnicas que no les
constaban, sobre las que no podían testificar. Debe recordarse que la
declaración de tercero tiene como finalidad, según los hechos objeto de la
prueba determinados en la demanda26, y previa orden e interrogatorio del
juez, que el declarante “haga un relato de cuanto conozca o le conste sobre
los mismos (…) para precisar el conocimiento que pueda tener sobre esos
hechos y obtener del testigo un informe espontáneo sobre ellos”27.

24. En el momento de la recepción de las declaraciones, la magistrada
sustanciadora requirió, por solicitud de la apoderada de CORMAGDALENA,
en varias oportunidades, a 2 de los declarantes para que se limitaran a narrar
lo que les constara sobre el objeto del proceso, sin emitir juicios o conceptos
sobre la idoneidad de las obras del jarillón28, con lo cual se revela que el juez

23 Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Carpeta “Audiencia de Pruebas”,

que contiene la grabación (desde el minuto 13:10 hasta el 22:45), junto con el acta correspondiente, Folios 227 a 230.
24 Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Carpeta “Audiencia de Pruebas”,

que contiene la grabación (desde el minuto 26:51 hasta el 41;41), junto con el acta correspondiente, Folios 227 a 230.
25 “[L]a declaración de terceros debe cumplir con las formalidades para solicitarlos contempladas en el artículo 212

del CGP, de manera tal que el juez pueda analizar si resultan conducentes, pertinentes y útiles desde el punto de
vista jurídico, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del CGP, so pena de su rechazo. En relación con
la conducencia, se indica que es la aptitud legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho que se
investiga. Por su parte, la pertinencia refiere a que el medio probatorio guarde relación con los hechos alegados en
el proceso respecto de los cuales gira verdaderamente el proceso. Finalmente, la utilidad es el efecto directo dentro
del juicio que informa al juez sobre las circunstancias, y que debe generar cierto grado de convicción en el fallador.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 10 de junio
de 2025, Exp. 72.656.
26 Artículo 212 del CGP. “Petición de la prueba y limitación de testimonios. Cuando se pidan testimonios deberá

expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse
concretamente los hechos objeto de la prueba. (…)”.
27 Artículo 221 del CGP. “Práctica del interrogatorio. La recepción del testimonio se sujetará a las siguientes reglas:

(…)
2. A continuación el juez informará sucintamente al testigo acerca de los hechos objeto de su declaración y le
ordenará que haga un relato de cuanto conozca o le conste sobre los mismos. Cumplido lo anterior continuará
interrogándolo para precisar el conocimiento que pueda tener sobre esos hechos y obtener del testigo un informe
espontáneo sobre ellos. (…)”
28 En la declaración de Víctor Manuel Vásquez Martínez, el apoderado del demandante preguntó “(…) nos cuenta

que existía un antiguo jarillón, sírvase manifestar al despacho (…) ese jarillón qué altura tenía, de qué materiales
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de primera instancia consideró, durante la práctica de los testimonios, que no
aportaban elementos de juicio sobre esas circunstancias (utilidad)29.

25. En estricto sentido, de haberse advertido lo anterior, esto es, que el objeto
de las 4 declaraciones era conceptuar técnicamente sobre las obras de
mantenimiento del “dique-vía”, el Tribunal debió rechazar las preguntas30,
encaminadas a provocar conceptos de los declarantes, porque carecían de
los conocimientos técnicos que soportaran su testimonio y, por tanto, su dicho
no tenía credibilidad. Lo anterior porque ninguno de los 4 testigos tenía
condiciones de testigo técnico31, el cual es permitido siempre que concurra
al proceso no a emitir opiniones, “(…) sino a relatar hechos que le constan por
haberlos presenciado o por haber participado en los mismos; y cuando la
explicación de tales hechos haga necesario exponer un concepto técnico,
deben ser oídos porque ello permite precisar, entender y valorar su
declaración (…) el testigo técnico tiene conocimientos especializados que
cualifican su percepción de esos hechos, pero se diferencia claramente del
perito porque su declaración no busca demostrar una hipótesis o dar una
opinión a partir de sus conocimientos técnicos o científicos.”32. Entonces, la
Sala considera que, con base en lo anterior, las declaraciones valoradas no
permiten concluir lo que el apelante pretendía con ellas, esto es, que “los
trabajos realizados por los demandados fueron de mala calidad, por haber
tomado materiales del mismo lecho del río”.

estaba construido (…) y la apoderada de CORMADGALENA objetó la pregunta porque “(…) las declaraciones de
terceros versan sobre los hechos relatados en la demanda, no encuentro en ninguno de los hechos que se haya
pronunciado sobre el jarillón existente (…). La magistrada decidió que el testigo “(…) no debe contestar (…) hay lugar
a la objeción y, además, usted es médico veterinario y se está refiriendo sobre cuestiones altamente técnicas (…)”.
Posteriormente, al mismo declarante, el apoderado del demandante le preguntó “(…) sírvase manifestar si no se
hubiesen desarrollado las obras (…) ese jarillón hubiese soportado las inclemencias de la ola invernal (…)”, la cual
también fue objetada porque, según la magistrada, “(…) es algo meramente técnico, recordemos que tenemos una
declaración de tercero, no es un informe técnico, no es válida porque el señor se anuncia como médico veterinario
(…)”.
En la declaración de Eliecer Miguel Riveria Velilla, la magistrada preguntó “(…) dice usted que antes no se inundaban
[los predios] ¿qué pasaba?, (…) ¿cómo era ese antes? (…)”, el declarante respondió “(…) el jarillón que había anterior
era de mejor estado (…)”, la magistrada le indicó que “(…) no le voy a valer la respuesta suya sobre el estado del
jarillón, porque eso es algo técnico que usted no conoce, pero en cambio yo entiendo que usted vivía en la zona y
me habla de un antes y un después, ¿cómo era ese antes y qué es el después? (…)” y el declarante preciso “(…)
antes era que las lluvias fueron menos intensas que las del 10 [2010], fueron más fuertes, mucho más durables (…)”.
Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Carpeta “Audiencia de Pruebas”, que
contiene la grabación, junto con el acta correspondiente, Folios 227 a 230.
29 “[R]especto de la petición de practicar los testimonios de los señores (…), debe observarse que el artículo 212 del

Código General del Proceso establece que al solicitarse la declaración de terceros deberá expresarse el nombre,
domicilio, residencia o lugar donde puedan ser citados los testigos, así como también enunciar concretamente los
hechos objeto de la prueba; dichos requisitos tienen por finalidad garantizar el debido traslado y permitir una
adecuada valoración de la conducencia, pertinencia y utilidad del medio probatorio. En este caso concreto, la
solicitud no indica el lugar donde pueden ser citados los testigos ni tampoco especifica con claridad los hechos
respecto de los cuales habrían de deponer, pues, la parte actora se limitó a hacer referir que los declarantes darán
cuenta de manera general sobre su conocimiento del proyecto; en tal sentido, por no cumplirse con los requisitos
formales exigidos por la norma procesal, se negará la práctica de los testimonios solicitados, por cuanto no es posible
determinar la pertinencia y conducencia de las pruebas que se piden.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, auto de 10 de junio de 2025, Exp. 69.498.
30 Artículo 202 del CGP. “Formalidades del interrogatorio (…) El juez (…) [r]echazará también las preguntas que tiendan

a provocar conceptos del declarante que no sean necesarios para precisar o aclarar sus percepciones, excepto
cuando se trate de una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos
sobre la materia (…)”. Norma aplicable, según el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, en virtud de la fecha en la que
fueron decretadas las declaraciones, esto es, el 24 de marzo de 2015, según acta de reanudación de la audiencia
inicial, Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folios 129 y 130.
31 Artículo 220 del CGP. “Formalidades del interrogatorio. (…)

El juez rechazará las preguntas inconducentes, las manifiestamente impertinentes y las superfluas por ser repetición
de una ya respondida, a menos que sean útiles para precisar la razón del conocimiento del testigo sobre el hecho.
Rechazará también las preguntas que tiendan a provocar conceptos del declarante que no sean necesarios para
precisar o aclarar sus percepciones, excepto cuando se trate de una persona especialmente calificada por sus
conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia. (…)”
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 13 de julio

de 2022, Exp. 46.467. Reiterado en: Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Primera, Auto
de 28 de enero de 2025, Exp. 25000-23-41-000-2021-00414-01; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contenciosos
Administrativo, Sala 3 Especial de Decisión, Auto de 19 de marzo 2025, Exp. 11001-03-15-000-2024-00650-00, entre otras.
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26. Con base en las pruebas obrantes -documentos, testimonios, dictamen
pericial- la construcción defectuosa del jarillón, la ausencia de obras
preventivas o las fallas en las obras de mantenimiento no están demostradas
y, por tanto, esa conclusión del Tribunal fue errada. En otras palabras, el
demandante no satisfizo su carga probatoria de demostrar, de forma
concreta, las acciones u omisiones de las demandadas que constituyeron
falla del servicio (obra pública de mala calidad, ruptura del jarillón por el
mismo punto en que lo intervinieron las demandadas o creación de un riesgo
por parte CORMAGDALENA producto de las obras) y, por el contrario, se limitó
a referir en la demanda y la apelación, de manera general, presuntas
irregularidades en las obras del jarillón y la falta de adopción de las medidas
preventivas adecuadas para evitar la ruptura de aquel, sin concretar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de esas presuntas fallas y, menos aún,
probarlas.

27. Lo anterior sería suficiente para confirmar la sentencia de primera
instancia, sin embargo, como garantía de acceso material a la administración
de justicia, la Sala pasa a analizar el reparo ii) por la configuración de la fuerza
mayor, con base en la cual el Tribunal negó las pretensiones.

28. Si se hubieran demostrado acciones u omisiones de las demandadas,
constitutivas de falla del servicio, y el nexo causal entre estas y el daño
probado, habría lugar al análisis de la configuración de la fuerza mayor, como
causa extraña del daño, y eximente de responsabilidad33. Al respecto, el
apelante alegó su no configuración porque, dadas las advertencias
meteorológicas, que alertaron sobre el fenómeno de “La Niña”, la ola invernal
de finales de 2010: 1) no era ni imprevisible, ni irresistible y 2) la fuerza mayor
no fue planteada como excepción.

29. 1) En relación con la fuerza mayor, en el expediente reposan: i) Respuesta
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (en adelante,
UNGRD)34, de 13 de abril de 2015, a un oficio del Tribunal, en el que se le pidió
conceptuar sobre la afectación producida por la ola invernal de 2010 en el

33 “[L]a Corte Suprema de Justicia la ha entendido como un concepto unitario de causa extraña, en el que no se

distingue entre la fuerza mayor y el caso fortuito, por lo que ambas figuras son equivalentes y tienen la virtualidad de
romper la imputación. Por su parte, el Consejo de Estado, distinto a lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia,
ha sostenido de manera uniforme que la fuerza mayor, a diferencia del caso fortuito, es la única que tiene la entidad
suficiente para romper con la imputación y erigirse como una verdadera causa extraña, pues la primera se entiende
como una actividad ajena y externa al hecho demandado, mientras que el segundo, es propio de la actividad o
servicio que causó el daño. (...) Ahora bien, en lo que respecta a la comprobación de la fuerza mayor como eximente
de responsabilidad, esta Sección ha indicado que quien la aduce debe acreditar que las consecuencias del
fenómeno o del hecho generador del daño fueron externas, imprevisibles e irresistibles al agente, es decir que la lesión
patrimonial no le es atribuible pues una causa ajena la produjo o propició. (...) En conclusión, esta Corporación ha
determinado que para la prosperidad de esta causal exonerativa de responsabilidad deben reunirse tres requisitos,
a saber: i) que el hecho sea exterior, esto es, que esté dotado de una fuerza destructora abstracta, cuya realización
no es determinada, ni aun indirectamente por la actividad del demandado; ii) que el hecho sea irresistible, es decir,
que ocurrido el hecho el demandado se encuentra en tal situación que no puede actuar sino del modo que lo ha
hecho; y iii) que el hecho sea imprevisible, pues el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la
conducta prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o predecirlo.” Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 19 de mayo de 2025, Exp. 48.672. En
ésta se cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de abril de 2005, Rad.: 0829-92.
34 “(…) según informe presentado por el IDEAM de fecha 6 de diciembre de 2010, el Fenómeno de la Niña 2010 - 2011

alteró el clima desde el comienzo de su formación en el mes de junio del año 2010, ocasionando en los meses de julio
y noviembre las lluvias más intensas y abundantes nunca antes registradas en el país en las regiones Caribe, Andina
y Pacífica. (…) Los meses de agosto y septiembre se comportaron también con lluvias por encima de lo normal en la
Región Caribe y en el norte de la Región Andina. Como consecuencia de ello, las partes baja y media de los ríos
Cauca y Magdalena, así como algunos afluentes, presentaron niveles nunca antes registrados en la historia de la
hidrología colombiana. (…)” Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folios 139.
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Municipio35, en la cual se informó que, con base en datos del IDEAM, el
fenómeno de “La Niña” 2010-2011 ocasionó lluvias más intensas a las
históricamente registradas, en las regiones Andina, Pacífica y Caribe del país,
de julio a noviembre de 2010, lo que ocasionó que los afluentes del río
Magdalena presentaran niveles nunca registrados; ii) según se resaltó atrás,
los testigos Néstor Darío Restrepo Jiménez y Eliecer Miguel Riveria Velilla
declararon que, para la época de los hechos, se presentaron lluvias e
inundaciones mayores a las que ellos habían presenciado en años anteriores.

30. Con base en lo obrante en el proceso, la Sala considera que, si bien la ola
invernal de finales de 2010 era conocida y, por tanto, previsible, lo mismo no
ocurrió con su magnitud, pues se presentaron niveles de lluvias sin
precedentes, que sobrepasaron los registros históricos, según informó el IDEAM
y la UNGRD. De este modo, la Sala considera que la dimensión de las lluvias sí
fue imprevisible e irresistible, además de ser una causa externa a las
demandadas. Por tanto, se encontrarían demostrados los elementos
constitutivos de la fuerza mayor.

31. Lo anterior, como se resaltó en otra oportunidad36, en modo alguno
significa que en todos los eventos de hechos de la naturaleza (como lluvias e
inundaciones) se configure, automáticamente, una fuerza mayor como
eximente de responsabilidad. Por el contrario, cuando la controversia verse
sobre la ocurrencia de un desastre natural, esta Corporación ha considerado
que la imputación de responsabilidad al Estado, a menos que se configure
fuerza mayor, depende de que (se trascribe) “(…) se establezca su
previsibilidad y resistibilidad, en conjunto con la inactividad del Estado que,
conocedor de la potencial ocurrencia del fenómeno natural, no ejecuta
acción alguna tendiente a conjurarlo, encontrándose obligado a ello,
responsabilidad que también resulta comprometida si se establece que con
su conducta activa, el Estado expuso a los administrados al fenómeno
natural.”37. En el caso, precisamente, el demandante incumplió su carga
probatoria de la falla del servicio, según se explicó atrás.

32. 2) No es acertado sostener, como lo hace el apelante, que la excepción
de fuerza mayor debía ser alegada por las demandadas para ser declarada
por el juez. Ello porque el artículo 187 del CPACA prevé la facultad del juez de
decidir, de oficio, sobre las excepciones que encuentre probadas. En
consecuencia, incluso sin que se hubiera alegado, el juez podía, de oficio,
declarar probada la excepción de fuerza mayor. En todo caso, tanto el
Departamento como el Municipio la propusieron.

33. En conclusión, si bien quedó acreditado el daño sufrido el demandante,
este incumplió con la carga probatoria que le imponía el artículo 167 del CGP,

35 Según el acta de la reanudación de la audiencia inicial, de 24 de marzo de 2015, el Tribunal ofició a “la UNIDAD

NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES para que, dentro de los 5 días siguientes al recibo de la
necesaria comunicación, certifique el grado desastre que con la ola invernal del año 2010 se afectó todo el territorio
nacional, especialmente el Municipio del Hatillo de Loba Bolívar (…)”. Expediente Digital del Tribunal Administrativo
de Santander. Índice 118, Samai. Folios 129 y 130.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B Sentencia del 10 de

octubre de 2024, Exp 64.798.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 13 de

septiembre de 2021, Exp. 48.134.
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pues no demostró la falla del servicio que les endilgó a las demandadas y, en
cualquier caso, estaría demostrada la configuración de la fuerza mayor. Con
ello, la sentencia de primera instancia debe ser confirmada.

2.3. Condena en costas38

34. Según lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 numeral 1 del CGP,
la Sala condenará en costas y agencias en derecho de esta instancia al
demandante, a favor de CORMAGDALENA y del Municipio, toda vez que se
resolvió desfavorablemente su recurso de apelación. Ambas deberán ser
tasadas y liquidadas por el Tribunal de primera instancia, según lo dispuesto
en los artículos 365 y 366 del CGP.

3. DECISIÓN

35. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander,
de 17 de noviembre de 2015, que negó las pretensiones de la demanda,
según las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: CONDENAR, por concepto de costas y agencias en derecho de
esta instancia, al demandante, a favor de CORMAGDALENA y del municipio
de Hatillo de Loba, según las consideraciones expuestas. De conformidad con
el artículo 366 del CGP, ambas serán liquidadas por el Tribunal.

TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE
el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
Presidente de la Subsección

38En relación con el Departamento, no se causaron agencias en derecho porque no estuvo representado por
apoderado judicial en esta instancia.
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