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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2013-00534-01

Pensión de sobreviviente: por muerte en combate de miembros de las fuerzas militares

Fecha
23 de febrero de 2017
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2013-00534-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el artículo TERCERO de la decisión impugnada, en el sentido de ordenar el descuento de los valores pagados al demandante por concepto de compensación por la muerte del cabo segundo (póstumo) LIBARDO DÁVILA PATIÑO, en los siguientes términos: TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL a reconocer, liquidar y pagar al señor HIPÓLITO DÁVILA SIERRA, una pensión de sobreviviente en su condición de beneficiario del Cabo Segundo (póstumo) LIBARDO DÁVILA PATIÑO, en los términos del literal d) del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, esto es, en el equivalente al 50% de las partidas señaladas en el artículo 158 ejusdem, a partir del 07 de septiembre de 1996 –fecha en que se causó el derecho por el fallecimiento del soldado-, de acuerdo a lo expuesto en las consideraciones de esta providencia. ORDENAR el descuento de los valores pagados al demandante por concepto de compensación por la muerte del cabo segundo (póstumo) LIBARDO DÁVILA PATIÑO de acuerdo con los argumentos manifestados en la parte motiva de esta sentencia. Las sumas a que se condena a la entidad demandada en esta sentencia se actualizarán aplicando la formula indicada en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en la audiencia inicial realizada el día 23 de febrero de 2015. TERCERO: NO CONDENAR en costas de segunda instancia de conformidad con la parte motiva de esta providencia. CUARTO: En firme esta decisión, envíese al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2013-00534-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

23 de febrero de 2017

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE – Por muerte en combate de miembros de las fuerzas militares / PENSION DE SOBREVIVIENTE – Marco legal. Antecedente jurisprudencial. Línea / PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE Y COMPENSACIÓN POR MUERTE – Incompatibilidad /

De las citas jurisprudenciales antes transcritas, se extrae la subregla según la cual, en desarrollo de los principios constitucionales de igualdad y favorabilidad laboral, en los eventos en que se produzca la muerte de un soldado regular (soldados voluntarios, vinculados para prestar el servicio militar obligatorio, oficiales y/o suboficiales) en servicio activo, en combate o por acción directa del enemigo, bien sea que se trate en el marco de un conflicto internacional o de operaciones para el restablecimiento o mantenimiento del orden público interno, los beneficiarios del causante tendrán derecho al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivencia, tal como lo preceptúa el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990. (…) Ahora bien, de dichas pruebas, se evidencia que en el proceso está plenamente demostrado el supuesto de hecho de la subregla jurídica previamente estructurada, esto es, que el demandante es el padre del soldado HIPÓLITO DÁVILA SIERRA, quien falleció en combate y fue ascendido a cabo segundo de forma póstuma, razón por la cual se le reconoció la indemnización por muerte de acuerdo con la Resolución No. 0930 de 1996 y la Resolución No. 0531 de 1997. En desarrollo de lo anterior, la Sala de Subsección encuentra que el señor HIPÓLITO DÁVILA SIERRA tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivencia en los términos del literal d del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, con ocasión a la muerte del Cabo Segundo (póstumo) LIBARDO DÁVILA PATIÑO, motivo por el cual, en este punto, la decisión del a quo será confirmada. Por otra parte, en relación a la deducción de los valores pagados a título de compensación por muerte a favor del actor, la Sala revocará la decisión de primera instancia, por cuanto la jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacifica en considerar que de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente (parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 447 de 1998), la pensión de sobrevivencia por muerte en combate y la compensación por muerte resultan incompatibles. NOTA DE RELATORIA: Sobre antecedente jurisprudencial de pensión de sobrevivientes por muerte en combate de miembros de las fuerzas militares ver sentencias del Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 1 de abril de 2004. Rad. 07001-23-31-000-2001-01619-01 (1994-2003). Consejero ponente doctor NICOLÁS PÁJARO PEÑARANDA; Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Rad. 05001-23-31-000-2000-01274-01 (8626-2005). Consejera ponente doctora BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ; Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 7 de julio de 2011. Rad. 70001-23-31-000-2004-00832-01 (2161-2009). Consejero ponente doctor GERARDO ARENAS MONSALVE; Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 2 de agosto de 2012. Rad. 05001-23-31-000-2002-00672-01 (1020-2010). Consejero ponente doctor VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA; Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 18 de febrero de 2016. Rad. 66001-23-33-000-2012-00060-01 (2681-2013). Consejera ponente doctora SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
FUENTE FROMAL: LEY 131 DE 1985 – ARTICULO 3 / LEY 65 DE 1967 / DECRETO 2728 DE 1968 / DECRETO 1211 DE 1990 – ARTICULO 189 / LEY 447 DE 1998

CONDENA EN COSTAS – Criterio objetivo

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho, los llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación. En cuanto a la condena en costas en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo esta Corporación ya lo ha analizado con detenimiento y en cumplimiento del numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso, no se condenará en costas, debido a que la decisión de segunda instancia es desfavorable a las dos partes.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTICULO 365

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00534-01(2146-15)

Actor: HIPÓLITO DÁVILA SIERRA

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL

Asunto: Pensión de sobrevivientes. Ley 1437 de 2011.

La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 23 de febrero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda presentada por el señor HIPÓLITO DÁVILA SIERRA en contra de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional.

ANTECEDENTES

1.1.- PRETENSIONES.

HIPÓLITO DÁVILA SIERRA, por intermedio de apoderado y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), solicitó la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo respecto de la petición que radicó el 13 de marzo de 2012 ante la Coordinación del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad y a título de restablecimiento de derecho, pidió que se ordenara a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional, que reconozca la pensión de sobreviviente vitalicia a su favor, en calidad de padre del militar muerto en combate LIBARDO DÁVILA PATIÑO, desde el momento en que ocurrió ese hecho, el 7 de septiembre de 1996, teniendo en cuenta lo establecido en los Decretos 2728 de 1968 y 1211 de 1990, el derecho a la igualdad y el principio de favorabilidad laboral.

En ese sentido, pidió la liquidación y pago de las mesadas pensionales desde la fecha en que falleció su hijo, con la inclusión de todos los factores salariales que devengó; además requirió la abstención de cualquier reembolso o descuentos de dineros a favor de la demandada, que se pagaron como compensación por muerte de acuerdo con el inciso primero, literal a), del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990.

De esa misma forma, solicitó que se condenara en agencias en derecho y costas del proceso a la entidad demandada.

1.2.- HECHOS

Los señores HIPOLITO DÁVILA SIERRA y ANA MARÍA PATIÑO MORENO (Q.E.P.D.) eran los padres del joven LIBARDO DÁVILA PATIÑO (Q.E.P.D.), quien prestó el servicio militar obligatorio como soldado regular, en el Batallón Contraguerrilla No. 14 Palagua, entre el 25 de junio de 1992 y el 31 de diciembre de 1993. Luego, el 1 de enero de 1994, siguió su actividad militar pero esta vez como soldado voluntario.

La muerte del soldado ocurrió, el 7 de septiembre de 1996, cuando se encontraba en una misión en el Municipio de Puerto Parra (Santander) contra el grupo armado FARC.

Un mes después de su fallecimiento, mediante Resolución No. 930 del 7 de noviembre de 1996, el Comandante del Ejército Nacional, en uso de las facultades conferidas por el artículo 32 del Decreto 1211 de 1990, en concordancia con el artículo 8 del decreto 2728 de 1968, y en consideración a la forma en que murió el soldado, decidió ascenderlo en forma póstuma al grado de cabo segundo.

Así mismo, mediante Resolución 05631 de 1997, la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, reconoció el pago de cesantías definitivas y una compensación por muerte a sus padres, equivalente a cuatro años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, es decir, cabo segundo.

En razón a que la Dirección de Prestaciones mencionada no se pronunció sobre el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a favor del padre, HIPÓLITO DÁVILA SIERRA, el 27 de marzo de 2012, éste interpuso solicitud con el fin de lograr que le fuera reconocida.

A la fecha de presentación de la demanda, dicha Entidad no ha respondido, razón por la cual se configuró el silencio administrativo negativo.

1.3.- DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se invocó en la demanda la violación de las siguientes disposiciones normativas: artículos 1, 2, 4, 13, 29, 46, 48, 53, 209, 217, 228 y 230 de la Constitución Política; artículo 3 de la Ley 131 de 1985; artículo 3 del Decreto 370 de 1991, artículos 46 y 279 de la Ley 100 de 1993; artículos 8 y 10 del Decreto Ley 2728 de 1968, artículos 158, 174 y 189 del Decreto 1211 de 1990.

Como concepto de violación, el apoderado del demandante indicó que la entidad demandada al no reconocer la pensión de sobreviviente al padre del fallecido LIBARDO DÁVILA PATIO, vulneró su derecho a la igualdad, pues a otras personas en la misma situación les han concedido esta prestación social.

En ese orden de ideas, afirmó que se debe tener en cuenta que el soldado difunto fue ascendido de forma póstuma a cabo segundo, en consecuencia y de acuerdo con el principio de favorabilidad constitucional, se deben aplicar las normas correspondientes a esta nueva condición, es decir, las dispuestas en el Decreto 1211 de 1990.

Finalmente señaló que en el caso de reconocer la prestación social solicitada no se debe ordenar el reembolso de los dineros pagados al actor pues son el resultado de una actuación pública de carácter oficioso y unilateral, además fueron recibidos de buena fe.
1.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El apoderado de la parte demandada contestó la demanda en los siguientes términos: la pensión de sobrevivientes no está contemplada en el régimen en el que se encontraba el soldado fallecido, solo la compensación por muerte que fue reconocida al señor HIPÓLITO DÁVILA SIERRA mediante Resolución No. 05631 del 19 de mayo de 1997.

En ese sentido, manifestó que los soldados voluntarios de las Fuerzas Militares, como lo fue el hijo del demandante, estaban sometidos a un régimen legal especial diferente al propio de carrera y definido como servicio militar voluntario con sujeción a las previsiones de la Ley 131 de 1985, del Decreto 370 de 1991 y en materia prestacional a los Decretos 2728 de 1998 y 94 de 1989, sin que en ninguna de las disposiciones se estableciera el derecho a la pensión de sobrevivencia.

Advirtió que el Ministerio de Defensa Nacional a través de la Coordinación del Grupo de Prestaciones Sociales respondió la solicitud del demandante a través de Oficio No. OFI12-35868 del 18 de abril de 2012, que negó la pensión de sobrevivientes pretendida pues consideró que no hay lugar a ella. Esta decisión fue debidamente notificada.

En ese orden de ideas, explicó que el Decreto 1211 de 1990 no es aplicable al caso bajo estudio porque éste regulaba a dos grupos específicos de las Fuerzas Militares: oficiales y suboficiales, dentro de los cuales no se encontraba LIBARDO DÁVILA PATIÑO, y si bien él fue ascendido a cabo segundo de forma póstuma, ello ocurrió con el fin de obtener un ingreso base de liquidación de prestaciones más favorable, sin que implicara el derecho a la pensión de sobrevivientes.

Advirtió además, que el señor HIPÓLITO DÁVILA SIERRA, no interpuso recurso alguno contra la Resolución No. 05631 de fecha 19 de mayo de 1997, solo trece años después decide solicitar la pensión con el argumento que se le debió aplicar el Decreto 1211 de 1990 por ser más favorable.

Pidió que en el evento de acceder a las pretensiones de la demanda y ordenar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reclamada, se realice el descuento correspondiente al valor, debidamente indexado, de la indemnización y compensación por muerte que recibió el demandante, porque estas dos prestaciones son incompatibles en tanto el daño que cubre la prestación estaría cubierto con el reconocimiento pensional.

Finalmente, interpuso las excepciones que denominó: «inepta demanda: por inexistencia del acto ficto demandado y por no haberse individualizado el acto que negó la petición de pensión de sobrevivientes solicitada» y «prescripción de las mesadas pensionales».

1.5.- LA SENTENCIA APELADA

Durante la audiencia inicial realizada el día 23 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Santander, dictó sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda.

Al respecto, indicó que el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 dispone que a la muerte de un oficial o suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, sus beneficiarios, en el orden establecido en ese Estatuto, tendrán derecho, entre otras prestaciones, al pago de una pensión mensual equivalente al 50% de las partidas de que trata el artículo 158 ejusdem, si el oficial o suboficial no hubiere cumplido doce años de servicio.

En consideración con dicha norma, advirtió que está acreditado en el expediente que el cabo segundo póstumo LIBARDO DÁVILA PATIÑO prestó sus servicios como soldado regular desde el 25 de junio de 1992 al 7 de septiembre de 1996, fecha en que murió, es decir por un término de 4 años, 3 meses y 2 días, tal y como quedó consignado en la liquidación de servicios de soldados No. 751 en folio 8 del expediente.

En desarrollo de lo expuesto, concluyó que resulta procedente ordenar el reconocimiento de la pensión de sobreviviente al demandante, en los términos del literal d) del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, en consecuencia, declaró la nulidad del acto administrativo demandado que negó el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes a favor del señor HIPÓLITO DÁVILA SIERRA por transgredir las normas en las que debería fundarse toda vez que resulta injustificado, violatorio del derecho a la igualdad y desconocedor de la estabilidad económica que debe propenderse para el núcleo familiar del soldado que fallece prestando sus servicios al Estado, aplicar el Decreto No. 2798 de 1968.

Por último declaró prescritas las mesadas anteriores al 27 de marzo de 2008; en relación al descuento solicitado por la demandada, señaló que no era procedente pues la indemnización por muerte del Agente y las cesantías dobles no son incompatibles con la pensión de sobrevivientes, y condenó en costas a la parte demandada.

1.6.- LA APELACIÓN.

Contra la decisión anterior, la apoderada de la parte demandada interpuso recurso de apelación en el que reiteró que el Decreto 1211 de 1990 no es aplicable a la situación del actor pues solo está dirigido a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares de modo que no es procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Ratificó además la solicitud de ordenar el descuento de lo que recibió el actor por concepto de indemnización por muerte y pidió que se revocara la condena en costas impuesta en primera instancia.

1.7.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

• La parte demandante manifestó que el acto administrativo demandado es contrario a la Constitución y la Ley pues debió aplicarse el régimen contenido en el Decreto 1211 de 1990 por cuanto es más favorable al actor en tanto contempla el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

A su vez, resaltó que la indemnización pagada no es incompatible con la pensión de sobreviviente razón por la cual el descuento solicitado por la demandada resulta improcedente.

• La parte demandada replicó en su totalidad las razones expuestas en la contestación y en el recurso de apelación.

1.8.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a decidir previas las siguientes consideraciones.

2.1.- Problema jurídico.

Le corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor HIPÓLITO DÁVILA SIERRA, tiene derecho al reconocimiento de una pensión de sobreviviente por la muerte en combate de su hijo, el cabo segundo del Ejército Nacional, LIBARDO DÁVILA PATIÑO, de conformidad con el Decreto 1211 de 1990.

A fin de resolver este problema jurídico, la Sala de Decisión analizará las pruebas obrantes en el expediente frente al marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.

2.2.- Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.

2.2.1.- De la pensión de sobrevivientes por muerte en combate de miembros de las Fuerzas Militares

Sea lo primero señalar que de conformidad con lo reglado en el artículo 3 de la Ley 131 de 1985, los soldados voluntarios, a partir de su vinculación, quedan sometidos a los regímenes penal, disciplinario, prestacional y demás normas relativas a la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones de las Fuerzas Militares.

De igual manera, esta Sala de Decisión debe advertir que el marco legal del régimen prestacional por muerte en combate de miembros de las Fuerzas Militares (i) en un primer momento diferenció entre soldados voluntarios y personal con la calidad de oficiales y suboficiales, y (ii) que con el paso del tiempo han cambiado las prestaciones especificas a reconocer y pagar con cargo al tesoro de la Nación tras el acontecimiento de esta contingencia.

Dicho esto, se procederá a realizar un breve recuento de las normas jurídicas que han regulado la materia.

En el año 1968, el presidente de la Republica, en uso de las facultades extraordinarias a él conferidas por la Ley 65 de 1967, profirió el Decreto 2728 de 1968 «por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares»; decreto que al tenor de su artículo 8 dispuso, entre otros y específicamente en lo que atañe al caso concreto, que el soldado voluntario que fallezca en servicio activo, en combate o por acción directa del enemigo, bien sea que se trate en el marco de un conflicto internacional o del mantenimiento del orden público, (a) tiene derecho a ser ascendido de forma póstuma al grado de Cabo Segundo y (b) sus beneficiarios tendrán derecho a (i) una compensación por muerte y (ii) el pago doble de las cesantías definitivas del causante.

Dicho artículo dispone expresamente lo siguiente:

Artículo 8. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía. A la muerte del Soldado o Grumete en servicio activo, causada por accidente en misión del servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta y seis (36) meses del sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.

A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las enunciadas anteriores a sus beneficiarios tendrá derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero. (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Posteriormente, el Decreto 1211 de 1990, en su artículo 189, estableció el régimen prestacional por muerte en combate aplicable al personal que ostentara la dignidad de oficial y/o suboficial de las Fuerzas Militares, según el cual a la muerte de un oficial o suboficial de las FF. MM., en servicio activo, en combate o por acción directa del enemigo, bien sea que se trate en el marco de un conflicto internacional o del mantenimiento del orden público (es decir, en los mismos términos del Decreto 2728 de 1968), (a) tiene derecho a ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior y (b) sus beneficiarios tendrán derecho a (i) una compensación por muerte, (ii) el pago doble de las cesantías por el tiempo de servicio del causante, y (iii) una pensión mensual (pensión de sobreviviente) cuyo monto varía de acuerdo al tiempo que el causante tuviese de servicio.

Sobre este decreto, merece igual atención el artículo 5, toda vez que establece que el grado de cabo segundo corresponde jerárquicamente a un suboficial del Ejército Nacional y por tanto se encuentra sujeto a las obligaciones y derechos de ese estatuto; así lo consagró:

La jerarquía y equivalencia de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares para efectos de mando, régimen interno, régimen disciplinario y justicia penal militar, lo mismo que para todas las obligaciones y derechos consagrados en este Estatuto, comprende los siguientes grados en escala descendente: […] II. SUBOFICIALES. EJÉRCITO. Sargento Mayor, Sargento Primero, Sargento Viceprimero, Sargento Segundo, Cabo Primero, Cabo Segundo […] (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Luego, para el año de 1998, el legislador profirió la Ley 447 de ese mismo año en la cual (i) reconoció el derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio (11/2) mínimo mensual y vigente, a favor de los beneficiarios de la persona vinculada a las fuerzas armadas y de Policía por razón constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio, cuya muerte acaezca en combate o por acción directa del enemigo, bien sea que se trate en el marco de un conflicto internacional o de la conservación o restablecimiento del orden público, y (ii) suprimió «la indemnización por muerte, que actualmente se causa, de conformidad al Estatuto Militar, cuando se apliquen estos casos de pensiones», refiriéndose a las pensiones de sobrevivencia por muerte en combate.

Sobre este marco legal, el Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en repetidas ocasiones, estableciendo una clara línea jurisprudencial sobre la materia. Es así como en sentencia de 1 de abril de 2004, esta Sala de Subsección, con ponencia del doctor Nicolás Pájaro Peñaranda, sostuvo que:

« […] es cierto que el artículo 8º del referido estatuto 2728 no contempló como prestación a favor de los beneficiarios legales, la pensión en el caso de muerte del soldado en misiones de orden público, en combate o por acción directa del enemigo, y que tal derecho lo establece el decreto ley 1211 de 1990 cuando fallecen en esas condiciones los oficiales y suboficiales.

Pero, la Sala estima que es un contrasentido que la ley ordene ascender a los soldados que mueren en misiones de orden público, en combate o por acción directa del enemigo al grado de Cabo Segundo, les conceda la misma compensación, en cuantía de 48 meses de los haberes correspondientes y doble la cesantía, como en el caso de los Oficiales y Suboficiales, pero en cambio no les otorgue a sus beneficiarios la pensión que sí concede tratándose de estos últimos militares y, por ello, no ve tan claro que a aquellos solo se les aplique el decreto 2728 de 1968 y no 1211 de 1990. Tal duda evidente, solo puede resolverse en los términos del artículo 53 constitucional, con aplicación de la mas [sic] favorable, o sea el último estatuto.

Además, desde otro ángulo, al no existir una razón suficiente que explique y menos justifique que los beneficiarios legales de los soldados muertos como se dijo, no tengan el mismo derecho que los de los oficiales y suboficiales, la estricta aplicación del decreto 2728 de 1968, conduciría a la violación del derecho a la igualdad de los primeros, por lo que la Sala, ante tal vacío legal, y en aplicación del artículo 8º de la ley 153 de 1887, tendrá en cuenta al caso el artículo 189 letra d) del decreto ley 1211 de 1990 y ordenará el reconocimiento y pago de la pensión allí establecida, que corresponde al 50% de las partidas previstas en el artículo 158 ibídem, a partir del 5 de mayo de 1991, cuyos valores serán ajustados, con la fórmula matemática ya dicha, que deberá liquidarse mes a mes, con índice inicial de la fecha en que debió pagarse la mesada pensional.» [Corchetes fuera del texto]

Posteriormente, esta tesis fue ratificada por la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación, en proveído de 30 de octubre de 2008 con ponencia de la Doctora Bertha Lucía Ramírez de Páez, en la cual se explicó que:

«De conformidad con la jurisprudencia en cita [refiriéndose a la sentencia de 1 de abril de 2004], los demandantes en su calidad de padres del soldado muerto en combate (fl. 2) tienen derecho a la pensión consagrada en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 teniendo en cuenta que el causante fue merecedor de un ascenso al grado de Cabo Segundo que lo ubica dentro de los suboficiales beneficiarios de dicha prestación (artículo 5 del Decreto 1211 de 1990).» [Corchetes fuera del texto]

Igualmente, en sentencia de 7 de julio de 2011 con ponencia del Doctor Gerardo Arenas Monsalve, en la que se estudió un caso similar al del proceso de la referencia, se señaló lo siguiente:

«Bajo estos supuestos, resulta evidente la existencia de un trato diferenciado entre las prestaciones que le son reconocidas, por el Decreto 2728 de 1968 a los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio y las previstas por el Decreto 1211 de 1990, para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en las mismas circunstancias.

A juicio de la Sala tal discriminación tiene lugar debido a que las citadas disposiciones fueron expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, sólo a partir de la cual, se reivindican como principio y derecho constitucionales la igualdad material y la seguridad social, respectivamente. En efecto, una interpretación armónica de los artículos 13 y 48 de la Constitución Política, y de los principios que orientan el desarrollo del derecho a la seguridad social, entre ellos la universalidad y la solidaridad, no admiten la existencia dentro del ordenamiento jurídico de disposiciones que conlleven el desmedro de las condiciones dignas de vida de un ser humano y en especial la imposibilidad de acceder a los beneficios derivados del citado derecho, entre ellos los que buscan amparar las contingencias derivadas por muerte.

[…]

Así las cosas, y descendiendo al caso concreto, estima la Sala que no existe justificación valida [sic] para que a los beneficiarios de los soldados regulares que vienen prestando sus servicios a la Fuerza Pública, y fallezcan en desarrollo de actos propios del servicio, no les sea reconocida una pensión de sobreviviente cuya única finalidad, como quedó visto, es la de brindar un apoyo económico al grupo familiar que ante la ausencia definitiva de quien proveía lo necesario para satisfacer las necesidades básicas, ha quedado desprovisto de los medios económicos para tal efecto.

[…]

Lo anterior, si se tiene en cuenta que los soldados al igual que los suboficiales y oficiales no sólo hacen parte de las Fuerzas Militares, sino que contribuyen al desarrollo de su misión constitucional y legal, esto es, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional.» [Corchetes fuera del texto]

En providencia de 2 de agosto de 2012 con ponencia del Doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila, se replica la postura jurisprudencial aquí reseñada, cuando dispuso que:

En atención a la aludida directriz jurisprudencial [refiriéndose a la sentencia de 7 de julio de 2011], en consonancia con el artículo 44 de la Constitución Política, la Sala en el caso concreto inaplicará el artículo 8° del Decreto 2728 de 1968 en cuanto no dispone el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a favor de los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio y, en su lugar, aplicará el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, toda vez que, como quedó visto, sí reconoce la citada prestación pensional a favor de los beneficiarios de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública. [Corchetes fuera del texto]

Recientemente, en sentencia de 18 de febrero de 2016 con ponencia de la doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, fue recogida la menciona línea jurisprudencial sobre la materia; en esta providencia se sostuvo expresamente que:

«Así las cosas, es claro que en el presente caso existe duda seria y razonable en relación con la norma que se ha de aplicar para la solución del problema jurídico planteado, puesto que como ya se dijo, el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968 contempla el pago de 48 meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía; al paso que el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 estipula el pago de una pensión mensual, cuya cuantía dependerá del tiempo de servicios prestado por el miembro de las Fuerzas Militares fallecido en actos del servicio. Por ende, se debe establecer cuál de las dos disposiciones legales favorece a la actora y para ese efecto, se debe acudir al principio constitucional de favorabilidad en materia laboral consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política.

Al respecto, la Corte Constitucional señaló que para efectos de la aplicación de la favorabilidad, es necesaria la concurrencia de dos elementos a saber: (i) la duda seria y objetiva ante la necesidad de elegir entre dos o más interpretaciones, ello, en función de la razonabilidad argumentativa y solidez jurídica que una u otra interpretación tengan; y (ii) la noción de interpretaciones concurrentes, pues además de generar duda, deben ser aplicables a los supuestos de hecho de las disposiciones normativas en juego y a las situaciones fácticas concretas.

Por tal razón, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política, en el caso concreto se debe inaplicar el artículo 8° del Decreto 2728 de 1968 en cuanto no dispone el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a favor de los familiares de los soldados regulares muertos en desarrollo de actos propios del servicio, y en su lugar, aplicar el artículo 185 del Decreto 1211 de 1990, toda vez que, como quedó visto, sí reconoce la citada prestación pensional a favor de los beneficiarios de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública.»

De las citas jurisprudenciales antes transcritas, se extrae la subregla según la cual, en desarrollo de los principios constitucionales de igualdad y favorabilidad laboral, en los eventos en que se produzca la muerte de un soldado regular (soldados voluntarios, vinculados para prestar el servicio militar obligatorio, oficiales y/o suboficiales) en servicio activo, en combate o por acción directa del enemigo, bien sea que se trate en el marco de un conflicto internacional o de operaciones para el restablecimiento o mantenimiento del orden público interno, los beneficiarios del causante tendrán derecho al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivencia, tal como lo preceptúa el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990.

2.3.- Caso concreto.

De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto, la Sala de Subsección resolverá el problema jurídico planteado, para lo cual se tendrán como pruebas útiles, pertinentes y conducentes las siguientes:

Resolución No. 0930 del 7 de noviembre de 1996 «por la cual se honra la memoria y se confiere ascenso póstumo a un soldado del Ejército» suscrita por el Comandante del Ejército Nacional, en la que consta: (i) que el señor LIBARDO DÁVILA PATIÑO, falleció el 7 de septiembre de 1996, en cumplimiento de misiones para el mantenimiento y restablecimiento del orden público, en combate por acción directa del enemigo, en el Departamento de Santander y (ii) que en razón a ello y en atención al artículo 8 del Decreto 2728 de 1968 fue ascendido de forma póstuma al grado de cabo segundo.

Informe administrativo por muerte No. 004 firmado por el mayor comandante del Batallón Contraguerrilla 14 Palagua, en el que certifica que a las 9:30 a. m. del día 7 de septiembre de 1996, «en cumplimiento de misión de orden público en el área general de la inspección Las Montoyas del municipio de Puerto Parra, en operación de registro y control militar de área de combate de encuentro fue asesinado con arma de fuego por narcobandoleros de las autodenominadas FARC el SLV. DÁVILA PATIÑO LIBARDO CM. 79541376 presentando un impacto en el pecho produciéndole una herida transfixiente de corazón que le causó un shock cardiopénico(sic) causal de muerte»

Certificado del Notario Único del Circulo de Puerto Berrio de fecha 9 de septiembre de 1996 en el que quedó registrada la muerte de LIBARDO DÁVILA PATIÑO, el día 7 de septiembre de 1996, cuya causa fue «shock cardiogénico» y en el que figuran como sus padres, el señor «HIPÓLITO» y la señora «ANA MARÍA».

Registro civil de defunción del señor LIBARDO DÁVILA PATIÑO, en el que consta que falleció el 7 de septiembre de 1996 y tuvo una muerte violenta.

Registro civil de nacimiento mediante el que se acredita que los señores HIPÓLITO DÁVILA y ANA MARÍA PATIÑO son los padres de LIBARDO DÁVILA PATIÑO.

Copia de la cédula de ciudadanía del señor HIPÓLITO DÁVILA SIERRA en folio 16 del expediente.

Liquidación de servicios de soldados No. 751 en la que se consigna que el soldado fallecido LIBARDO DÁVILA PATIÑO, prestó sus servicios al Ejército Nacional por un término de 4 años, 3 meses y 2 días.

Resolución No. 05631 de 1997, proferida por el jefe de división de prestaciones sociales del ejército nacional, por la cual se reconoció y ordenó el pago de prestaciones sociales por el retiro del cabo segundo del Ejército Nacional, LIBARDO DÁVILA PATIÑO, al señor HIPÓLITO DÁVILA PATIÑO, su padre, en los siguientes conceptos:

Cesantía definitiva por 4 años, 3 meses y 3 días: $2.551.765
Compensación por muerte: $15.310.594.08

Ahora bien, de dichas pruebas, se evidencia que en el proceso está plenamente demostrado el supuesto de hecho de la subregla jurídica previamente estructurada, esto es, que el demandante es el padre del soldado HIPÓLITO DÁVILA SIERRA, quien falleció en combate y fue ascendido a cabo segundo de forma póstuma, razón por la cual se le reconoció la indemnización por muerte de acuerdo con la Resolución No. 0930 de 1996 y la Resolución No. 0531 de 1997.

En desarrollo de lo anterior, la Sala de Subsección encuentra que el señor HIPÓLITO DÁVILA SIERRA tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivencia en los términos del literal d del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, con ocasión a la muerte del Cabo Segundo (póstumo) LIBARDO DÁVILA PATIÑO, motivo por el cual, en este punto, la decisión del a quo será confirmada.

Por otra parte, en relación a la deducción de los valores pagados a título de compensación por muerte a favor del actor, la Sala revocará la decisión de primera instancia, por cuanto la jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacifica en considerar que de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente (parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 447 de 1998), la pensión de sobrevivencia por muerte en combate y la compensación por muerte resultan incompatibles; sobre el particular en la referenciada sentencia de 30 de octubre de 2008 se dijo:

En estas condiciones el fallo apelado que accedió a las súplicas de la demanda reconociendo a favor de los demandantes la pensión de que trata el Decreto 1211 de 1990, a partir del 7 de diciembre de 1997, será confirmado con la aclaración de que de la suma adeudada deberá descontarse lo pagado por concepto de compensación por muerte pues el daño que cubre tal prestación entraría a ser cubierto con el reconocimiento pensional, máxime si se tiene en cuenta que con posterioridad, la Ley 447 de 1998, consagra la incompatibilidad entre las dos prestaciones (parágrafo 1, artículo 1).

Y en la también citada sentencia de 18 de febrero de 2016, se sostuvo:

Frente al argumento planteado por la demandante, referido a que el A quo erró al ordenar descontar por parte de la entidad accionada lo pagado por concepto de compensación por muerte, la Sala precisa que la compensación por muerte y la pensión de sobrevivencia cubren la misma contingencia derivada de la muerte, por lo que fue acertada la decisión de primera instancia frente a este tópico, máxime si se tiene en cuenta que con posterioridad, la Ley 447 de 1998, consagra la incompatibilidad entre las dos prestaciones (parágrafo 1, artículo 1).

Así las cosas, la providencia impugnada será modificada en el sentido de ordenar el descuento de las sumas canceladas al actor por concepto de la indemnización por muerte de su hijo.

2.4.- De la condena en costas en segunda instancia.

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho, los llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación.

En cuanto a la condena en costas en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo esta Corporación ya lo ha analizado con detenimiento y en cumplimiento del numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso, no se condenará en costas, debido a que la decisión de segunda instancia es desfavorable a las dos partes.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el artículo TERCERO de la decisión impugnada, en el sentido de ordenar el descuento de los valores pagados al demandante por concepto de compensación por la muerte del cabo segundo (póstumo) LIBARDO DÁVILA PATIÑO, en los siguientes términos:

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL a reconocer, liquidar y pagar al señor HIPÓLITO DÁVILA SIERRA, una pensión de sobreviviente en su condición de beneficiario del Cabo Segundo (póstumo) LIBARDO DÁVILA PATIÑO, en los términos del literal d) del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, esto es, en el equivalente al 50% de las partidas señaladas en el artículo 158 ejusdem, a partir del 07 de septiembre de 1996 –fecha en que se causó el derecho por el fallecimiento del soldado-, de acuerdo a lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

ORDENAR el descuento de los valores pagados al demandante por concepto de compensación por la muerte del cabo segundo (póstumo) LIBARDO DÁVILA PATIÑO de acuerdo con los argumentos manifestados en la parte motiva de esta sentencia.

Las sumas a que se condena a la entidad demandada en esta sentencia se actualizarán aplicando la formula indicada en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en la audiencia inicial realizada el día 23 de febrero de 2015.

TERCERO: NO CONDENAR en costas de segunda instancia de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: En firme esta decisión, envíese al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAÉL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Relatoria JORM
Fols. 19 a 20 del expediente. Fols. 17 a 19 del expediente. Fols. 20 a 37 del expediente. Fols. 72 a 91 del expediente. Fols. 120 a 125 del expediente. Fols. 128 a 131 del expediente. Fols. 161 a 167 del expediente. Fols. 170 a 175 del expediente.
«Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario»
«Artículo 3. Las personas a que se refiere el artículo 2º. de la presente Ley, quedarán sujetas, a partir de su vinculación como soldados voluntarios, al Código de Justicia Penal Militar, al Reglamento de Régimen Disciplinario, al Régimen Prestacional y a las normas relativas a la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones para los soldados de las Fuerzas Militares y los reglamentos especiales que se expidan para el desarrollo de esta Ley.» (Negrilla y subrayado fuera de texto).
«Por el cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la remuneración y régimen de prestaciones de las Fuerzas Militares, se prevee [sic] al fortalecimiento de la administración fiscal, se dictan otras disposiciones relacionadas con el mejor aprovechamiento de las partidas presupuestales destinadas a gastos de funcionamiento y se crea una nueva Comisión Constitucional Permanente en las Cámaras Legislativas»
«Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares».
«Artículo 189. Muerte en combate. A partir de la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 de este Decreto.
b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.
c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.
d. Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, con excepción de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas de que trata el artículo 158 de este Decreto.»
«Por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones.»
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 1 de abril de 2004. Rad. 07001-23-31-000-2001-01619-01 (1994-2003). Consejero ponente doctor NICOLÁS PÁJARO PEÑARANDA. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Rad. 05001-23-31-000-2000-01274-01 (8626-2005). Consejera ponente doctora BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 7 de julio de 2011. Rad. 70001-23-31-000-2004-00832-01 (2161-2009). Consejero ponente doctor GERARDO ARENAS MONSALVE. 4 “Artículo 4º.- La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.”. Consejo de Estado.

Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 2 de agosto de 2012. Rad. 05001-23-31-000-2002-00672-01 (1020-2010). Consejero ponente doctor VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA.
“ARTÍCULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. (…)”
Sentencias T-545 de mayo 28 de 2004, M. P.: Dr. Eduardo Montealegre Lynett, T-248 de marzo 6 de 2008, M. P.: Dr. Rodrigo Escobar Gil, y T-090 de febrero 17 de 2009, M. P.: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
“ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.”
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 18 de febrero de 2016. Rad. 66001-23-33-000-2012-00060-01 (2681-2013). Consejera ponente doctora SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Folio 5 del expediente. Folio 6 del expediente. Folio 7 del expediente. Folio 13 del expediente. Folio 14 del expediente. Folio 8 del expediente. Folios 10 a 11 del expediente. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Rad. 05001-23-31-000-2000-01274-01 (8626-2005). Consejera ponente doctora BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 18 de febrero de 2016. Rad. 66001-23-33-000-2012-00060-01 (2681-2013). Consejera ponente doctora SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Sobre el particular: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 3 de marzo de 2016. Rad. 25000-23-42-000-2012-01460-01 (1753-2014). Consejero ponente doctor GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ. En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. sentencia de 7 de abril de 2016. Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014). Consejero ponente doctor WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ. Artículo 361 del Código General del Proceso. Artículo 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 3 de marzo de 2016. Rad. 25000-23-42-000-2012-01460-01 (1753-2014). Consejero ponente doctor GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ. En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 7 de abril de 2016. Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014). Consejero ponente doctor WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ.

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