Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00427-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2014-00427-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Contrato realidad: requisitos para su reconocimiento
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00427-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2014-00427-01
Consejero ponente: César Palomino Cortés
26 de agosto de 2021
CONTRATO REALIDAD – Requisitos para su reconocimiento / PRUEBA DE LOS ELEMENTOS DE LA RELACIÓN LABORAL / RECONOCIMIENTO DEL CONTRATO REALIDAD – No le atribuye al contratista la calidad de empleado público
Para efectos de demostrar la relación laboral entre las partes, se requiere que la parte demandante pruebe los elementos esenciales de la misma, esto es, que su actividad en la entidad haya sido personal y que por dicha labor haya recibido una remuneración o pago y, además, debe probar que en la relación con el empleador exista subordinación o dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo. Además de las exigencias legales citadas, le corresponde a la parte demandante demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral. Adicional a lo anterior, y sin perjuicio de que pueda declararse la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, por este sólo hecho de estar vinculado no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es necesario que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión como lo ha reiterado esta Corporación en diferentes fallos. NOTA DE RELATORÍA: En relación con las diferencias de la relación laboral y aquella de prestación de servicios, ver: Corte constitucional, sentencia C-154 de 1997. En relación con la declaración del contrato realidad y su prueba, ver: C. de E., Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, rad.: 0088-15, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 53 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 122 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 125 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 32 / LEY 909 DE 2004 – ARTÍCULO 19 / LEY 909 DE 2004 – ARTÍCULO 24 / LEY 790 DE 2002 – ARTÍCULO 17 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 48 NUMERAL 29 / LEY 79 DE 1988 – ARTÍCULO 70 / DECRETO 2400 DE 1968 – ARTÍCULO 2 / DECRETO 1950 DE 1973 – ARTÍCULO 7 / DECRETO LEY 1045 DE 1978 – ARTÍCULO 20 / DECRETO 4588 DE 2006 – ARTÍCULO 5 / LEY 995 DE 2005 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365
CONTRATO REALIDAD / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Alcance / CONDENA POR APORTES A SEGURIDAD SOCIAL – Se contrae a la cuota parte que le corresponda al empleador
En el caso de las prestaciones sociales a cargo de los sistemas de salud y pensiones, cubiertas por las entidades respectivas, derivadas de la financiación de las cotizaciones que efectúan las partes que integran la relación laboral, la entidad tendrá que aportar la cuota parte que dejó de trasladar a las entidades de seguridad social a las cuales cotizaba el contratista y no por la totalidad de la cotización que debía efectuar el actor.
CONTRATO REALIDAD / PRUEBA DE LA SUBORDINACIÓN / SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA – Contenido
Para demostrar la subordinación será necesario que se acrediten una serie de sucesos que giran en torno al contrato, los cuales de manera conjunta llevan a la convicción de este elemento esencial, como por ejemplo las condiciones en que se debe ejecutar la labor contratada, el objeto social de la entidad estatal donde se presta el servicio, las necesidades que justifican la contratación, la temporalidad de la prestación del servicio, entre otras. Empero, es importante aclarar, que los criterios fácticos que se deben acreditar para llegar a concluir que una relación contractual estuvo orientada por la subordinación, son disímiles en cada caso, de tal forma que, a modo de ejemplo, no siempre que haya cumplimiento de horario implica per sé que nos encontremos ante una relación laboral. Sin embargo, si es posible enunciar algunas situaciones fácticas que permiten inferir que la relación enjuiciada puede estar regida por la subordinación, sin pretender agotarlas en su totalidad, como el cumplimiento de horario o turnos no convenidos entre las partes, la asistencia obligatoria a reuniones, la aplicación del reglamento interno del trabajo, forma de pago no acordada entre las partes, la aplicación de sanciones disciplinarias no propias de la contratación estatal y que exceden los límites de la coordinación y vigilancia, llamados de atención, el exceso en la temporalidad de los contratos, sobre todo en aquellos casos que se ejecutan funciones permanentes o inherentes al objeto social de la entidad, y demás. Ahora bien, le corresponde a la parte demandante demostrar que en el caso particular las órdenes de prestación de servicios se utilizaron con el propósito de encubrir la continuada subordinación, toda vez que, al contrario de lo que acontece en la jurisdicción laboral ordinaria, en donde toda prestación personal del servicio se presume una relación laboral y en consecuencia se invierte la carga probatoria de la subordinación; en esta jurisdicción, para efectos de la declaración del contrato realidad a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que se ataca son actos administrativos que se encuentran amparados por la presunción de legalidad, por lo tanto es al ciudadano afectado a quien le corresponde probar que los argumentos y los hechos en que se funda vulneran el ordenamiento jurídico y debido a ello procede la declaración de nulidad y correspondiente reconocimiento de la relación laboral.
CONTRATO REALIDAD / PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS – Configuración / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DOCENTE – Subordinación acreditada / RECONOCIMIENTO DEL CONTRATO REALIDAD – Procedencia
Se deduce entonces que las actividades desarrolladas por el demandante, revisten las características propias de un empleo de carácter permanente, pues estuvo ejerciéndolo por más de 4 años, cumpliendo labores primordiales para el funcionamiento de la entidad, como lo es, el control de la asistencia de los docentes, que hacen parte del objeto principal de la entidad demandada, y comporta un servicio permanente para el correcto funcionamiento de la institución. Lo anterior, permite concluir que en el caso particular, la entidad trató de ocultar una verdadera relación laboral, con el propósito de no reconocer los derechos y garantías labores que la Constitución y la ley le otorgan a esa especial relación, detrás de la suscripción de diferentes contratos de prestación de servicios, por lo que el demandante reunió los elementos de subordinación, dependencia, cumplir con un horario establecido, la prestación personal del servicio y una remuneración como contraprestación a las funciones ejecutadas, lo cual está acompasado con la permanente necesidad del servicio prestado y que hacen parte del giro ordinario de la entidad demandada, lo que permite concluir, que en este caso se tendrá que los argumentos expuestos en el recurso de apelación por la entidad demandada, no son suficientes para modificar la decisión adoptada por el a quo, motivo por el cual se confirmará la sentencia apelada. Además, la Sala considera que, en el caso del demandante, se desvirtuó la autonomía e independencia en la prestación del servicio, al igual que la temporalidad propia de un verdadero contrato de prestación de servicios, motivo por el cual se encuentran presentes todos los elementos de la relación laboral en virtud del principio de la realidad sobre las formalidades, conforme así lo encontró probado el a quo.
RECONOCIMIENTO DEL CONTRATO REALIDAD / PRESCRIPCIÓN TRIENAL – Configuración parcial / PRESCRIPCIÓN DE LOS APORTES A PENSIÓN – Inoperancia / APORTES A PENSIÓN – Diferencias entre los efectuados por el contratista y los que debió realizar
Se pudo establecer que, entre el 15 de junio de 2007 y el 24 de julio de 2007, la relación entre las partes tuvo una interrupción por más de un mes (39 días), según se observa en el cuadro relacionado anteriormente, con lo que se puede afirmar que hubo solución de continuidad en la relación durante esta temporada. Por lo tanto, al verificar que la solicitud del reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 9 de septiembre de 2013, encontramos que todas las prestaciones sociales anteriores al periodo del 24 de julio de 2007 se encuentran prescritas, por no haber sido reclamadas dentro del término de los tres (3) años que la ley permite, de tal manera que a la entidad no le corresponderá realizar el pago de los emolumentos prestacionales que se encuentran por fuera de este término, y solo se podrá reclamar lo debido entre el 24 de julio de 2007 hasta el 30 de diciembre de 2010. No obstante lo argüido, se aplicará la tesis planteada por la Sala de Sección en sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016 , en lo que se refiere a la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, motivo por el que las entidades accionadas deberán tomar todos los interregnos comprendidos entre el 4 de septiembre de 2006 y el 30 de diciembre de 2010, teniendo en cuenta la interrupción, el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante, mes a mes y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista (si los hubo) y los que se debieron efectuar, para cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, conforme se estableció en la sentencia recurrida. Para estos efectos, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbe como trabajador.
CONDENA EN COSTAS – Criterio objetivo valorativo / CONDENA EN COSTAS – Improcedencia por falta de prueba de su causación
Como el escrito de apelación la entidad demandada solicitó la revocación del fallo de primera instancia en su integridad, lo cual incluye la condena en costas impuesta; la Sala estima pertinente precisar que con la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, el legislador abandonó el criterio subjetivo que venía imperando en este tipo de asuntos para dar paso, según se advierte en el artículo 188 ibidem, a la valoración objetiva frente a la imposición, liquidación y ejecución de las costas procesales. En efecto, de la redacción del citado artículo se extraen los elementos que determinan la imposición de la condena en costas, a saber: i) objetivo en cuanto a que toda sentencia decidirá sobre las costas procesales, bien sea para condenar total o parcialmente o, en su defecto, para abstenerse y ii) valorativo en el entendido de que el juez debe verificar que las costas se causaron con el pago de gastos ordinarios y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Lo anterior en consonancia con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso. Empero, se considera que conforme los documentos que obran en el expediente, no es posible comprobar el pago de gastos ordinarios y que la actividad efectivamente realizada por el abogado haya generado otro tipo de gastos para la parte demandante. Así las cosas, se revocará la condena en costas impuesta a las Unidades Tecnológicas de Santander, sin más disquisiciones sobre el particular.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 68001-23-33-000-2014-00427-01(3630-15)
Actor: ROBERTO PICÓN CHAPARRO
Demandado: UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
Se desata el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida el veintiuno (21) de mayo de dos mil quince (2015) por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander, accedió a las pretensiones de la demanda promovida por el señor Roberto Picón Chaparro en contra de las Unidades Tecnológicas de Santander – U.T.S.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1.1. Pretensiones
Roberto Picón Chaparro, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, demandó a las Unidades Tecnológicas de Santander – U.T.S., con el fin que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio fecha 12 de septiembre de 2013, suscrito por el Director Administrativo y Financiero por medio del cual se le niega “el derecho a la declaración de una relación legal y reglamentaria entre el demandante y la entidad demandada en luhar de un contrato de prestación de servicio, que da lugar a tener durante el tiempo de vinculación conforme a las funciones que desempeñó como TECNÓLOGO ELECTROMECÁNICO, que eran similares a las de un empleado de planta de la entidad, correspondiéndole en tal virtud el derecho a que se le liquide y pague sus prestaciones sociales conforme lo dispone la ley en materia laboral, tales como: vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, Bonificación por servicios prestados, Prima Técnica, Indemnización por terminación del vínculo laboral sin justa causa y por haber prestado sus servicios desde el 04 de SEPTIEMBRE de 2006 y el 30 de diciembre de 2010, cuando se les desvincula de la entidad por voluntad de la entidad estatal y sin justa causa; la indemnización moratoria de que trata la Ley 244 de 1995, de un día de salario por cada día de retardo en la liquidación u pago de las cesantías.”
A título de restablecimiento del derecho, solicitó se declare la existencia de una relación laboral entre las partes, durante el período comprendido entre el 6 de septiembre de 2006 y el 30 de diciembre de 2010, cuando prestó sus servicios bajo contrato de prestación de servicios en el área de Recursos Físicos y Mantenimiento, y luego prestando apoyo administrativo en la Vicerrectoría, para finalmente desempeñarse como Tecnólogo en Electromecánica para las labores de mantenimiento preventivo y correctivo en Instrumentación y maquinas de las Unidades Tecnológicas, y no un contrato administrativo de prestación de servicios al amparo de la Ley 80 de 1993, en aplicación de principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades.
Con fundamento en lo anterior, solicitó se condene a la entidad demandada a pagar los valores correspondientes por auxilio de cesantías, prima de servicios, prima de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, indemnización por terminación del contrato sin justa causa que lo justifique, indemnización moratoria de un día de salario cada día de retardo en el pago de las prestaciones sociales y las demás prestaciones sociales a que tenga derecho de conformidad con las normas legales vigentes, por los servicios prestados desde el 6 de septiembre de 2006 al 30 de diciembre de 2010. De la misma forma solicitó que se declare que los valores causados y no pagados deben ser indexados a partir de la fecha de su causación y conforme al IPC, así como se ordene dar cumplimiento a la sentencia en la forma y oportunidad prevista en el artículo 192 y siguientes del CPACA, y se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.
1.2. Hechos
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda (ff. 41 – 67), en síntesis, son los siguientes:
El señor Roberto Picón Chaparro inició con las Unidades Tecnológicas de Santander una relación contractual de prestación de servicios, inicialmente en el área de recursos físicos y mantenimiento, luego prestando apoyo administrativo en la vicerrectoría y por último como tecnólogo en electromecánico para las labores de mantenimiento preventivo y correctivo en instrumentación y maquinas, contratos que fueron prolongando en el tiempo, toda vez que al vencimiento de cada contrato se producía la firma del siguientes hasta el 30 de diciembre de 2010.
Afirmó que esta relación contractual iniciada en septiembre de 2006 y mantenida sin solución de continuidad se dio por terminada el 30 de diciembre de 2010, en razón a que al año siguiente, con fecha 7 de enero al 30 de diciembre de 2011, el demandante fue vinculado laboralmente como docente de tiempo completo, cuando sin justificación alguna fue liquidado sin tener en cuenta todos los años anteriores en que estuvo vinculado, sin que se dieran las garantías para el desempeño de las funciones asignadas y la desigualdad en la que se encontraba frente a los demás empleados, por lo que considera un despido injusto atribuible a la entidad demandada, razón por la cual se debe acceder al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de una relación de carácter laboral.
Sostuvo que para el cumplimiento de las labores encomendadas le fueron asignadas funciones públicas, de carácter permanente idénticas a las desempeñadas por uno de planta, siendo ejecutadas en forma personal, atendiendo instrucciones de cada uno de los jefes inmediatos y cumpliendo con un horario asignado para el efecto: 6 am a 9 pm.
Refiere que el objeto de los contratos inicialmente fue para prestar en forma persona por su idoneidad y conocimientos por su cuenta y riesgo actividades relacionadas con servicios generales en el área de recursos físicos y mantenimientos de las Unidades Tecnológicas de Santander, para luego prestar apoyo administrativo en la vicerrectoría de la UTS, y luego, como tecnólogo electromecánico para las labores de mantenimiento preventivo y correctivo en instrumentación y máquinas hidráulicas.
Manifestó que la entidad se comprometió a cancelar mes vencido el valor de los servicios prestados, previa la presentación a satisfacción del cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte de un supervisor quien actuaba como jefe inmediato y a quien le debía presentar informes diarios sobre la función ejecutada.
Alegó que, por el desempeño personal de las funciones asignadas al demandante, se observa que existió una relación legal y reglamentaria, por cuanto en el desarrollo del mismo, confluyeron los elementos legales: prestación personal del servicio, subordinación o dependencia, en cuanto siempre estuvo bajo la supervisión de un jefe inmediato (vicerrector o profesional universitario del área de recursos físicos y mantenimiento de la UTS), así como la remuneración. Consideró que pesar de que la institución haya utilizado la modalidad de contrato administrativo de prestación de servicio, se está en presencia frente a una relación ficta de trabajo, toda vez que se configuran los elementos que conforman una verdadera relación laboral, en cuanto el demandante cumplió con las obligaciones asignadas, no siendo de manera independiente y libre, toda vez que existía subordinación y dependencia. Además, realizó el pago de los aportes a la seguridad social en calidad de trabajador independiente como lo prevé la Ley 100 de 1993.
Explicó que, mediante oficio del 5 de septiembre de 2013, solicitó a las Unidades Tecnológicas de Santander el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de las relaciones laborales surgidas desde el 4 de septiembre de 2006 hasta el 30 de diciembre de 2010. Mediante oficio 16.0211 del 12 de septiembre de 2013, el rector de la UTS, a través del Director Administrativo y Financiero, da respuesta a las peticiones, negando el reconocimiento del tiempo de servicios, prestaciones sociales y demás acreencias laborales solicitadas.
1.3. Normas violadas
Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:
Los artículos 1, 2, 13, 25 y 53 de la Constitución Política; 25, 40 y 52 del Decreto 1045 de 1978; Ley 80 de 1993; 8 y 11 del Decreto 3135 de 1968; 2 de la Ley 244 de 1995.
2. Contestación de la demanda
Las Unidades Tecnológicas de Santander – UTS por intermedio de apoderado judicial, se opuso a todas y cada una de las pretensiones (ff. 111 – 119) al considerar que carecen de fundamento de hecho y de derecho que las soporten.
Sostuvo que el señor Roberto Picón Chaparro no desempeñó funciones públicas, en cuanto siempre fue un contratista, no recibía asignación sino honorarios y no tenía un jefe sino un supervisor del contrato.
Propuso la excepción de prescripción de las acreencias laborales, en cuanto los derechos pretendidos, en este caso, la reliquidación de los salarios y prestaciones sociales prescribieron por no ejercitarlos en su momento. Sostuvo que el interesado debe reclamar la declaración de la existencia aboral en un término no mayor a 3 años, so pena de que prescriba el derecho a reclamar la existencia de la misma y el consecuente pago de las prestaciones que de ella se derivan.
3. Fijación del litigio
Mediante audiencia inicial celebrada el 2 de febrero de 2015 (ff. 176 – 179), se fijó como litigio, el siguiente:
“4.1. Si la prestación de los servicios por parte de ROBERTO PICÓN CHAPARRO a la UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER obedeció, o no, a una verdadera relación laboral con la entidad demandada,, con la concurrencia de los elementos de i) prestación personal del servicio, ii) remuneración y iii) subordinación.
4.2. O si, por el contrario, se trató de la prestación de unos servicios con base en una relación contractual, lo cual no genera relación laboral ni el pago de prestaciones sociales.”
4. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Santander a través de la sentencia del 21 de mayo de 2015 (ff. 221 – 230), accedió a declarar la nulidad del acto administrativo demandado, al reconocimiento y pago en favor del demandante del equivalente a las prestaciones sociales que devengaron el personal con funciones equivalentes dentro de la entidad durante el período comprendido entre el 4 de septiembre de 2006 hasta el 30 de diciembre de 2010, sin solución de continuidad, tomando como base el valor pactado en los contratos debidamente indexado. De la misma forma estableció, que el tiempo laborado se computará para efectos pensionales, para lo cual la entidad deberá hacer las respectivas cotizaciones y efectuará los descuentos de ley. De la misma forma, condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar en favor del demandante el valor equivalente al porcentaje que legalmente le corresponde trasladar como empleador por concepto de aportes de salud y pensiones, y que el demandante demuestre haber realizado; denegó las demás pretensiones de la demanda, y condenó en costas las Unidades Tecnológicas de Santander
Luego de realizar un recuento del material probatorio allegado al expediente, en relación a los contratos de prestación de servicios suscritos por el demandante con la entidad demandada, y se refiere a las pruebas testimoniales que fueron recepcionados en el curso de la primera instancia, para concluir que el demandante prestó sus servicios personales a las Unidades Tecnológicas de Santander, con la suscripción de contratos desde 2006 al 2011, por distintos períodos de tiempo en los que se prestaba horas de tuno en la entidad y otros de disponibilidad.
Encontró probado el elemento de subordinación, teniendo en cuenta los relatos de los testigos en los que se señalo que las Unidades Tecnológicas de Santander programaba el horario de prestación del servicio, aclarando que de existir la necesidad de cambiar los turnos o no poder asistir, el demandante debía solicitar autorización del supervisor del contrato, a lo que se suma la naturaleza misma de las funciones inherentes al cargo que desempeñaba, junto a las funciones de chofer que ejerció para el rector y vicerrector de la entidad, así como los desplazamientos a los que era sometido para transportar a los directivos a las demás sedes del departamento. Consideró que más de una relación de coordinación para el cumplimiento del objeto contractual, se presentó una verdadera subordinación, en cuanto la prestación del servicio no era autónoma ni se encontraba sólo al arbitrio de este, sino que era dirigida y controlada por la entidad, lo cual demuestra la existencia de una verdadera relación laboral.
Puntualizó que el servicio prestado por el demandante, no se regula por un contrato de prestación de servicios, sino que, conforme al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, existía una relación laboral que impone la especial protección del estado, en igualdad de condiciones, a la de sus pares en la planta de personal.
Con relación a la pretensión de indemnización por despido unilateral y sin justa causa, consideró que no se configura, por cuanto la relación laboral se terminó por la expiración del plazo fijado pactado. De igual forma, no condenó a la sanción moratoria pretendida por el no pago e las cesantías, puesto que la relación laboral surge con la declaración de la sentencia, lo que implica que los derechos que se originan sean exigibles a partir de la ejecutoria de la misma, motivo por el cual accede parcialmente a las pretensiones de la demanda, ordenó el reconocimiento de las prestaciones correspondientes al período comprendido entre el 4 de septiembre de 2006 al 30 de diciembre de 2010, y el consecuente cómputo del tiempo laborado para efectos pensionales junto con el pago de las cotizaciones legales, y condenó en costas a la entidad demandada.
4. Fundamento del recurso de apelación
Las Unidades Tecnológicas de Santander a través de apoderado judicial mediante escrito visible a folios 234 a 250 del expediente, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, por encontrarse inconforme con la decisión, por tal motivo, solicitó se revoque y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.
Alegó que, el demandante no recibía órdenes ni del supervisor del contrato, ni muchos menos para pedir permisos, en cuanto era autónomo, y respecto a que el demandante permanecía todo el día en el plantel educativo, ello no es indicativo de estar desempeñando el servicio, sino era una practica “costumbrista de quien no tiene nada más que hacer”.
Sostuvo que el demandante en los contratos de apoyo a la gestión de la entidad, supervisaba el horario aleatorio de asistencia docente, y en uno de ellos solo pactó conducir cuando lo requiriera, no en forma permanente.
Manifestó que la sentencia de primera instancia, hace un análisis distorsionado de los testimonios, haciéndole producir efectos que no se establecen en su contexto, puesto que el demandante ejercía como supervisor de aulas, cuando la realidad es que los servicios fueron contratados para el mantenimiento y servicios profesionales, para el apoyo de la gestión de la entidad.
Refirió que no existió subordinación sino coordinación, que no recibía ordenes directas del representante de la entidad accionada, y que la obligación contractual celebrada no tenía par como función laboral de la entidad contratante, además que el supervisor de un contrato no es el equivalente a un jefe inmediato.
Sostuvo que el a quo no se pronunció respecto a la prescripción de las acreencias laborales, teniendo en cuenta que los salarios y prestaciones sociales pretendidas prescribieron al no ejercitarlos en su momento, en cuanto fueron reclamados 7 de años después de haberse generado los contratos, amparándose en la fecha de la solicitud de la reclamación.
5. Alegatos de conclusión
5.1. Por la entidad demandada
Las Unidades Tecnológicas de Santander mediante apoderada judicial descorrió el término de traslado para alegar de conclusión, en memorial visible a folios 319 a 322 del expediente, en el cual solicitó se revoque la sentencia de primera instancia, y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.
Reiteró los argumentos presentados en el recurso de apelación, para sostener que no se realizó una valoración probatoria siguiendo las reglas de la sana crítica, sin que se otorgue valor alguno a las declaraciones determinantes en el presente proceso, además no se realizó un estudio independiente de cada contrato.
Manifestó que dentro de la entidad no existe empleo público que tenga funciones equivalentes a las desempeñadas por el demandante; y reitera que en el presente caso opera la prescripción de las acreencias laborales, que deberá ser aplicado teniendo en cuenta que la solicitud se elevó el 9 de septiembre de 2013, por lo tanto, el restablecimiento del derecho deberá ordenarse entre el 8 de septiembre de 2010 al 31 de diciembre de 2010
5.2. Por la parte demandante
El apoderado del demandante, mediante escrito obrante a folios 323 a 330 del expediente, presentó alegatos de conclusión, en el cual solicita se confirme la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda.
Mencionó que las entidades de derecho púbico siempre han acudido a la figura del contrato de prestación de servicios de la Ley 80 de 1993, para ocultar una verdadera relación laboral entre los extremos.
Sostuvo que el elemento de dependencia o subordinación es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, por lo que conforme a las pruebas testimoniales allegada sal plenario, entre las partes se dio una vinculación de carácter laboral, en cuanto están presentes los elementos constitutivos de un contrato laboral, aunado al carácter permanente de la prestación del servicio por parte del demandante entre el 6 de septiembre de 2006 al 30 de diciembre de 2010, situación que va en contra de la temporalidad de los contratos regidos por la Ley 80 de 1993
Y con relación a la prescripción sostuvo que es a partir del fallo que nace a la vida jurídica el derecho reclamado, y por tanto no puede operar el fenómeno procesal extintivo.
6. Agente del Ministerio Público
Vencido el término concedido mediante auto del 26 de septiembre de 2016, para presentar alegatos de conclusión, el Agente del Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si al demandante le asiste el derecho o no para reclamar de las Unidades Tecnológicas de Santander, el pago de las prestaciones salariales y sociales no devengadas durante el tiempo que permaneció vinculado al servicio, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre formalidades, o, por el contrario, si los contratos de prestación de servicios que celebró con dicha entidad se ajustan a la normativa legal vigente, por cuanto no se configuraron los elementos de subordinación y continua dependencia que alega, propios de una relación laboral.
El Tribunal Administrativo de Santander, a través de la sentencia del 21 de mayo de 2015, accedió parcialmente a las demás pretensiones de la demanda.
2.3. Análisis de la Sala
2.3.1. Marco normativo y jurisprudencial del contrato realidad.
La Sala entrará a estudiar lo relativo al contrato de prestación de servicios, para establecer si con el mismo no puede constituirse en un instrumento para desconocer los derechos laborales y, conforme a ello, en aras de hacer evidente la relación laboral sobre las formas que pretendan ocultarla, es dable acudir al precepto del artículo 53 de la Constitución Política, que contempla la “primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas, con la finalidad de exigir la especial protección en igualdad de condiciones de quienes realizan la misma función pero en calidad de servidores públicos.
Así las cosas, en el presente caso, esta Sala reitera lo expuesto en la sentencia de 16 de julio de 2009, radicación 85001233100020030047801 (1258-07) y en la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, radicación 2300123330020130026001 (0088-15) CE-SUJ2-005-16, en relación con los elementos y características propias del contrato de prestación de servicios y su distinción con las relaciones de carácter laboral. Por ende, se retoman los aspectos desarrollados en los precedentes, en punto del marco conceptual, legal y jurisprudencial de la figura de prestación de servicios frente a las relaciones laborales de carácter legal y reglamentario.
2.3.1.1. El contrato de prestación de servicios y la teoría de la relación laboral.
La Constitución Política de 1991, contempló en el Capítulo II, de la función pública, lo siguiente:
“Artículo 122.- No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. (Inc. 1º).”
Por su parte, el artículo 125 ibidem, dispone:
“Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”.
De acuerdo con las citadas normas, el régimen jurídico tiene previstas tres clases de vinculaciones con entidades del Estado: a) De los empleados públicos (relación legal y reglamentaria); b) De los trabajadores oficiales (relación contractual laboral) y, c) De los contratistas de prestación de servicios (relación contractual estatal). Si en el caso de los contratos de prestación de servicios se llegan a desdibujar sus elementos esenciales, corresponderá decidir, a la justicia ordinaria, cuando la relación se asimile a la de un trabajador oficial o, a la jurisdicción contencioso administrativa, cuando el contratista desarrolle el objeto del contrato ejerciendo las mismas funciones que corresponden a un cargo de empleado público.
La contratación por prestación de servicios con el Estado ha sido desarrollada por nuestra legislación a través del Decreto Ley 222 de 1983, la Ley 80 de 1993 y por la Ley 190 de 1995. La Ley 80 en su artículo 32, dispone:
“3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.
En sentencia C -154 de 1997 la Corte Constitucional, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra apartes de la norma transcrita, estableció las características del contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el contrato de trabajo, concluyendo que:
“(…) el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente” (El resaltado es de la Sala).
Adicionalmente, el artículo 2º del Decreto 2400 de 1968, modificado por el Decreto 3074 del mismo año, norma que se encuentra vigente, dispuso:
“Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.
Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.
Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.
Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones”.
La parte subrayada fue demandada ante la Corte Constitucional, que en sentencia C - 614 de 2009, señaló entre otros criterios, la permanencia como un elemento más que indica la existencia de una verdadera relación laboral:
“La disposición normativa impugnada dispone que, para el ejercicio de funciones de carácter permanente en la administración pública, no pueden celebrarse contratos de prestación de servicios porque para ese efecto deben crearse los empleos requeridos. Cabe advertir que esa regla jurídica se encuentra reiterada en el artículo 17 de la Ley 790 de 2002, según el cual “En ningún caso los Ministerios, los Departamentos Administrativos y los organismos o las entidades públicas podrán celebrar contratos de prestación de servicios para cumplir de forma permanente las funciones propias de los cargos existentes de conformidad con los decretos de planta respectivos”.
Sin duda, esa prohibición legal constituye una medida de protección a la relación laboral, pues no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal. En efecto, la norma impugnada conserva como regla general de acceso a la función pública el empleo, pues simplemente reitera que el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional y se justifica constitucionalmente si es concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del “giro ordinario” de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o requieran conocimientos especializados.
De esta forma, el texto normativo impugnado constituye un claro desarrollo de las normas constitucionales que protegen los derechos laborales de los servidores públicos porque: i) impone la relación laboral, y sus plenas garantías, para el ejercicio de las funciones permanentes en la administración, ii) consagra al empleo público como la forma general y natural de ejercer funciones públicas y, iii) prohíbe la desviación de poder en la contratación pública.
De igual manera, la norma acusada despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos. Así mismo, la creación de empleos en la planta de personal de la administración exige convocar, en igualdad de condiciones, a todos los aspirantes y, de todos ellos, escoger con moralidad y transparencia, al servidor con mayores calidades y méritos.
(…)
En conclusión, como la Corte encuentra ajustado a la Constitución que el legislador haya prohibido a la administración pública celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente, porque para ello se requiere crear los empleos correspondientes, debe declararse la exequibilidad de la disposición normativa impugnada.”
Si bien la legislación colombiana ha previsto la posibilidad de acudir a la contratación de prestación de servicios en los casos y para los fines señalados en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, de igual forma, se han establecido limitantes para evitar el abuso de esta figura jurídica.
El artículo 7 del Decreto 1950 de 1973 prevé que “en ningún caso podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones públicas de carácter permanente, en cuyo caso se crearán los empleos correspondientes mediante el procedimiento que se señala en el presente Decreto (…) la función pública que implique el ejercicio de la autoridad administrativa no podrá ser objeto de contrato ni delegarse en el personal vinculado mediante esta modalidad.” (Resaltado fuera de texto).
La Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, dispuso en materia de empleo público:
“Art. 19 El Empleo Público.
El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado.
2. El diseño de cada empleo debe contener:
a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular;
b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el acceso al servicio. En todo caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias funcionales del contenido del empleo;
c) La duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales” (…)”
Para que una persona natural desempeñe un cargo en calidad de empleado público (relación legal y reglamentaria), es preciso que se realice su ingreso al servicio público en la forma establecida en la ley, esto es, requiere de la designación válida (nombramiento o elección, según el caso) seguida de la posesión, previo a ejercer las funciones propias de dicho empleo.
Por otra parte, como ya se ha dicho para evitar el uso indebido del contrato de prestación de servicios, la Ley 790 de 2002, por medio de la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al presidente de la República, prevé:
“ARTÍCULO 17. PLANTAS DE PERSONAL. La estructura de planta de los Ministerios, los Departamentos Administrativos y los organismos o las entidades públicas del orden nacional tendrán los cargos necesarios para su funcionamiento. En ningún caso los Ministerios, los Departamentos Administrativos y los organismos o las entidades públicas podrán celebrar contratos de prestación de servicios para cumplir de forma permanente las funciones propias de los cargos existentes de conformidad con los decretos de planta respectivos.
En el evento en que sea necesario celebrar contratos de prestación de servicios personales, el Ministro o el Director del Departamento Administrativo cabeza del sector respectivo, semestralmente presentará un informe al Congreso sobre el particular.
PARÁGRAFO. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades no podrán celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales, con la finalidad de reemplazar cargos que se supriman dentro del programa de renovación de la administración pública” (subrayado fuera de texto).
Por su parte, la Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Único Disciplinario, establece en el artículo 48, numeral 29 como falta gravísima:
“29. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales”.
Como puede observarse, el ordenamiento jurídico ha previsto no sólo la prohibición de celebrar contratos de prestación de servicios para llevar a cabo funciones propias previstas en la ley o en los reglamentos para un empleo público, sino que también sanciona al servidor que realice dicha contratación por fuera de los fines contemplados en el estatuto de contratación estatal.
2.3.1.2. De la solución de las controversias judiciales con ocasión de los contratos de prestación de servicios
El principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, previsto en el artículo 53 de nuestra Carta Política, tiene plena aplicación en aquellos eventos en que se hayan celebrado contratos de prestación de servicios para esconder una relación laboral; de tal manera que, configurada la relación dentro de un contrato de esa modalidad, el efecto del principio se concretará en la protección del derecho al trabajo y garantías laborales, sin reparar en la calificación o denominación del vínculo desde el punto de vista formal, con el fin de hacer valer la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Y esta primacía puede imponerse tanto frente a particulares como al Estado.
Adicional a lo expuesto, el artículo 25 constitucional establece que el trabajo es un derecho fundamental que goza "...en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado". De ahí que se decida proteger a las personas que bajo el ropaje de un contrato de prestación de servicios cumplan funciones y desarrollen actividades en las mismas condiciones que los trabajadores vinculados al sector público o privado, para que reciban todas las garantías de carácter prestacional, independientemente de las formalidades adoptadas por las partes contratantes.
En sentencia de fecha 18 de noviembre de 2003, la Sala Plena del Consejo de Estado abordó el tema de los contratos de prestación de servicios y en aquella oportunidad, negó las pretensiones de la demanda porque se acreditó en el plenario que en la ejecución de las órdenes suscritas por la parte actora se encontraba presente el elemento “coordinación”. No obstante, esta pauta jurisprudencial no resulta aplicable en los eventos en los cuales se acuda al elemento “subordinación”, aspecto trascendente que como se anotó, requiere ser acreditado plenamente en la tarea de descubrir la relación laboral, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.
Para efectos de demostrar la relación laboral entre las partes, se requiere que la parte demandante pruebe los elementos esenciales de la misma, esto es, que su actividad en la entidad haya sido personal y que por dicha labor haya recibido una remuneración o pago y, además, debe probar que en la relación con el empleador exista subordinación o dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo.
Además de las exigencias legales citadas, le corresponde a la parte demandante demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral.
Adicional a lo anterior, y sin perjuicio de que pueda declararse la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, por este sólo hecho de estar vinculado no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es necesario que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión como lo ha reiterado esta Corporación en diferentes fallos, entre los cuales cabe resaltar la sentencia del 28 de julio de 2005, dentro del expediente No. 5212-2003, C.P. Tarcisio Cáceres Toro, la cual efectuó un análisis de la forma de vinculación de los empleados públicos, precisando que:
“(…) para que una persona natural desempeñe un EMPLEO PÚBLICO, EN CALIDAD DE EMPLEADO PÚBLICO (RELACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA) que se realice su ingreso al servicio público en la forma establecida en nuestro régimen, vale decir, requiere de la designación válida (nombramiento o elección, según el caso) seguida de la posesión, para poder entrar a ejercer las funciones del empleo. Con ello la persona nombrada y posesionada es quien se halla investida de las facultades y debe cumplir sus obligaciones y prestar el servicio correspondiente”.
Así es dable concluir que no por el hecho de haber laborado para el Estado se adquiere la calidad de empleado público, dadas las condiciones especiales que se predican de dicha vinculación establecidas en la Constitución y la Ley.
De otra parte, al reunir los elementos de juicio para que se declare una relación laboral entre quien prestó el servicio y la entidad que se benefició con el mismo, se debe reconocer el derecho a obtener las prerrogativas de orden prestacional.
Sobre el punto es dable destacar lo reiterado en diversos pronunciamientos de esta Sección, referente al reconocimiento a título de indemnización reparatoria de las prestaciones sociales dejadas de percibir, en los siguientes términos:
“El fundamento según el cual el contratista que desvirtúa su situación no se convierte automáticamente en empleado público, no restringe la posibilidad de que precisamente luego de probar la subordinación se acceda a la reparación del daño, que desde luego no podrá consistir en un restablecimiento del derecho como el reintegro, ni el pago de los emolumentos dejados de percibir, pues evidentemente el cargo no existe en la planta de personal, pero sí el pago de la totalidad de las prestaciones sociales que nunca fueron sufragadas…”
Respecto a la liquidación de la condena, encuentra la Sala, que es razonable la posición que ha venido sosteniendo la Sección Segunda al ordenar a título de reparación del daño, el pago de las prestaciones sociales, con base en los honorarios pactados en el contrato, pues en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal dichos emolumentos son la única forma de tasar objetivamente los perjuicios, ya que la otra forma sería asimilarlo a un empleado de condiciones parecidas presentándose una situación subjetiva de la Administración para definir esta identidad, implicando reabrir la discusión al momento de ejecutar la sentencia”.
Sin embargo, advierte la Sala que, en sentencia de 25 de agosto de 2016, la Sección Segunda de esta Corporación unificó el criterio de interpretación sobre el título en virtud del cual se reconocen las prestaciones sociales derivadas de un contrato realidad, en los siguientes términos:
“Frente al anterior panorama jurisprudencial, resulta imperioso unificar el precedente con el fin último de acoger el criterio que sea más favorable a los ciudadanos que acuden ante la justicia contencioso-administrativa en busca de obtener el reconocimiento de los derechos que eran inherentes a una relación laboral pero que la Administración disfrazó con la suscripción de un contrato estatal, para lo cual ha de advertirse que el restablecimiento del derecho es una consecuencia lógica de la nulidad que se decreta, ya que una vez ejecutoriada la sentencia que así lo declara, el acto administrativo desaparece del mundo jurídico, por lo que los derechos y situaciones afectados deben volver a su estado inicial (…)
Por consiguiente, no resulta procedente condenar a la agencia estatal demandada al pago de las prestaciones a las que tenía derecho el contratista-trabajador a título de reparación integral de perjuicios, dado que estas se reconocen como efecto de la anulación del acto que las negó, pese a su derecho a ser tratado en igualdad de condiciones que a los demás empleados públicos vinculados a través de una relación legal y reglamentaria, esto es, a pesar de tener una remuneración constituida por los honorarios pactados, le fue cercenado su derecho a recibir las prestaciones que le hubiere correspondido si la Administración no hubiese usado la modalidad de contratación estatal para esconder en la práctica una relación de trabajo” (Subraya la Sala).
Ahora bien, con el fin de determinar cuáles son las prestaciones sociales que se deberán reconocer al declararse una relación de carácter laboral, la Sala acude a la clasificación que se ha hecho de estas, sobre la base de quien debe asumirlas.
En ese orden de ideas, se encuentran las que son asumidas por el empleador directamente y las que se prestan o se reconocen de forma dineraria por el Sistema de Seguridad Social Integral.
Dentro de las prestaciones que están a cargo directamente del empleador se encuentran las ordinarias o comunes como son entre otras las primas y las cesantías; por otra parte, las prestaciones sociales que se encuentran a cargo del Sistema Integral de Seguridad Social son la salud, la seguridad social, los riesgos profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas o reconocidas por cada sistema debe mediar una cotización.
Así, que en caso de que exista un contrato de trabajo o se posea la calidad de servidor público, la cotización debe realizarse por el empleador en el caso del sistema de riesgos profesionales y del sistema de subsidio familiar, y en el caso de cotizaciones a los sistemas de pensión y salud, deben realizarse por el empleador y el empleado en forma compartida según los porcentajes establecidos en la ley para cada caso. La cotización al sistema de pensiones es del 16% del ingreso laboral la cual debe realizarse en un 75% por el empleador y en un 25% por el empleado; la cotización al sistema de salud es el 12.5% de lo netamente devengado correspondiéndole al empleador el 8.5% y al empleado 4%.
Teniendo claro lo anterior, se advierte que la Sección Segunda de esta Corporación ha sostenido que es viable condenar y liquidar las prestaciones ordinarias, pero que no sucede lo mismo con las prestaciones que se encuentran a cargo de los sistemas de Seguridad Social en los siguientes términos:
“En lo relativo a las prestaciones sociales comunes u ordinarias, esta Sala no advierte dificultad para su condena y liquidación, pues están establecidas en las normas especiales que rigen dicha situación y su pago está a cargo del empleador; sin embargo, tratándose de las prestaciones compartidas y aquellas que cumplen un fin social, la situación debe ser analizada con otros criterios dependiendo del sujeto activo que efectúa la cotización”.
Por lo expuesto es dable concluir que, en el caso de las prestaciones sociales a cargo de los sistemas de salud y pensiones, cubiertas por las entidades respectivas, derivadas de la financiación de las cotizaciones que efectúan las partes que integran la relación laboral, la entidad tendrá que aportar la cuota parte que dejó de trasladar a las entidades de seguridad social a las cuales cotizaba el contratista y no por la totalidad de la cotización que debía efectuar el actor.
2.3.2. Caso concreto
Aduce la entidad apelante que el Tribunal de primera instancia no realizó una valoración apropiada de las pruebas aportadas al plenario, y por tal razón encontró probado el elemento de la subordinación y accedió a las pretensiones de la demanda. Por tal motivo, el estudio de esta sentencia se centrará en determinar si realmente hubo una relación de subordinación entre las partes.
En ese orden, es sabido que la subordinación es el elemento esencial de toda relación laboral y, además, es el factor que lo diferencia del contrato de prestación de servicios, por lo tanto para verificar su existencia se deberá analizar el material probatorio que fue recaudado en el proceso para finalmente determinar si la relación que se suscitó entre las partes cumple con los requisitos para que se configure el contrato realidad a que hace referencia el artículo 53 de la Constitución Política.
La jurisprudencia ha definido la subordinación como:
“La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y definidor del contrato de trabajo ha sido entendida, según la concepción más aceptable por la doctrina y la jurisprudencia, como un poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de los objetivos de la empresa, los cuales son generalmente económicos.
Se destaca dentro del elemento subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador ejerce sobre éste para asegurar un comportamiento y una disciplina acordes con los propósitos de la organización empresarial y el respeto por la dignidad y los derechos de aquél”.
Así las cosas, para demostrar la subordinación será necesario que se acrediten una serie de sucesos que giran en torno al contrato, los cuales de manera conjunta llevan a la convicción de este elemento esencial, como por ejemplo las condiciones en que se debe ejecutar la labor contratada, el objeto social de la entidad estatal donde se presta el servicio, las necesidades que justifican la contratación, la temporalidad de la prestación del servicio, entre otras. Empero, es importante aclarar, que los criterios fácticos que se deben acreditar para llegar a concluir que una relación contractual estuvo orientada por la subordinación, son disímiles en cada caso, de tal forma que, a modo de ejemplo, no siempre que haya cumplimiento de horario implica per se que nos encontremos ante una relación laboral.
Sin embargo, si es posible enunciar algunas situaciones fácticas que permiten inferir que la relación enjuiciada puede estar regida por la subordinación, sin pretender agotarlas en su totalidad, como el cumplimiento de horario o turnos no convenidos entre las partes, la asistencia obligatoria a reuniones, la aplicación del reglamento interno del trabajo, forma de pago no acordada entre las partes, la aplicación de sanciones disciplinarias no propias de la contratación estatal y que exceden los límites de la coordinación y vigilancia, llamados de atención, el exceso en la temporalidad de los contratos, sobre todo en aquellos casos que se ejecutan funciones permanentes o inherentes al objeto social de la entidad, y demás.
Ahora bien, le corresponde a la parte demandante demostrar que en el caso particular las órdenes de prestación de servicios se utilizaron con el propósito de encubrir la continuada subordinación, toda vez que, al contrario de lo que acontece en la jurisdicción laboral ordinaria, en donde toda prestación personal del servicio se presume una relación laboral y en consecuencia se invierte la carga probatoria de la subordinación; en esta jurisdicción, para efectos de la declaración del contrato realidad a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que se ataca son actos administrativos que se encuentran amparados por la presunción de legalidad, por lo tanto es al ciudadano afectado a quien le corresponde probar que los argumentos y los hechos en que se funda vulneran el ordenamiento jurídico y debido a ello procede la declaración de nulidad y correspondiente reconocimiento de la relación laboral.
Adicionalmente, es de recordar que, según lo regula el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la figura del contrato de prestación de servicios se justifica en los eventos en que la función de la administración no puede ser realizada por personas pertenecientes a la planta de la entidad oficial contratante, o por la necesidad de conocimientos especializados, mostrándose en estos casos la autonomía e independencia técnica y profesional del contratista, tal como lo ilustró la Corte Constitucional en la sentencia C-154 de 1997, de la siguiente manera:
“El contrato de prestación de servicios a que se refiere la norma demandada, se celebra por el Estado en aquellos eventos en que la función de la administración no puede ser suministrada por personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos especializados, para lo cual se establecen las siguientes características:
a. La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales.
El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades inherentes al funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, relacionadas con el objeto y finalidad para la cual fue creada y organizada. Podrá, por esta razón, el contrato de prestación de servicios tener también por objeto funciones administrativas en los términos que se establezcan por la ley, de acuerdo con el mandato constitucional contenido en el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución Política, según el cual “...Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley.¨.
b. La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato. Esto significa que el contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la realización de la labor, según las estipulaciones acordadas.
Es evidente que por regla general la función pública se presta por parte del personal perteneciente a la entidad oficial correspondiente y sólo, excepcionalmente, en los casos previstos, cuando las actividades de la administración no puedan realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos especializados, aquellas podrán ser ejercidas a través de la modalidad del contrato de prestación de servicios.
c. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. En el caso de que las actividades con ellos atendidas demanden una permanencia mayor e indefinida, excediendo su carácter excepcional y temporal para convertirse en ordinario y permanente, será necesario que la respectiva entidad adopte las medidas y provisiones pertinentes a fin de que se dé cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 de la Carta Política, según el cual se requiere que el empleo público quede contemplado en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.” (Negrillas y subrayas fuera del texto).
De la misma forma, la Sala en reciente pronunciamiento, al destacar el carácter excepcional de la modalidad de contratación de prestación de servicios, enunció:
“(…) el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual”. (Subrayado fuera de texto).
En consecuencia, será necesario analizar las situaciones fácticas probadas en el proceso para llegar a determinar si, efectivamente, los contratos de prestación de servicios reúnen las características de un contrato laboral, y por lo tanto se deberá aplicar lo que se ha denominado contrato realidad, así como los efectos derivados de dicho reconocimiento.
La Secretaría General de las Unidades Tecnológicas de Santander, mediante certificación de fecha 30 de diciembre de 2011, hizo constar que, el señor Roberto Picón Chaparro estuvo vinculado a la institución mediante los siguientes contratos de prestación de servicios:
“(…)
Orden de Prestación de Servicios No. 0199 de septiembre 04 hasta 15 de diciembre de 2006, Objeto: Prestar servicios en forma personal por su idoneidad y conocimiento, por cuenta y riesgo actividades relacionadas con servicios generales en el área de Recursos Físicos y Mantenimiento de las Unidades Tecnológicas de Santander, con asignación mensual de $770.000.oo Moneda Legal Colombia.
Orden de Prestación de Servicios No. 0016 de Enero 02 hsta 15 e Junio de 2007, Objeto: Prestar servicios de apoyo administrativo en la Vicerrectoría de las Unidades Tecnológicas de Santander, con asignación mensual de $847.000.oo Moneda Legal Colombia.
Orden de Prestación de Servicios No. 0016 de Enero 02 hsta 15 e Junio de 2007, Objeto: Prestar servicios de apoyo administrativo en la Vicerrectoría de las Unidades Tecnológicas de Santander, con asignación mensual de $847.000.oo Moneda Legal Colombia (sic).
Orden de Prestación de Servicios No. 0516 de Enero 24 hasta 30 de diciembre de 2007, Objeto: Prestar servicios de apoyo administrativo en la Vicerrectoría de las Unidades Tecnológicas de Santander, con asignación mensual de $847.000.oo Moneda Legal Colombia.
Orden de Prestación de Servicios No. 0029 de Enero 04 hasta 30 de Diciembre de 2008, Objeto: Prestar servicios de apoyo administrativo en la Vicerrectoría de las Unidades Tecnológicas de Santander, con asignación mensual de $970.000.oo Moneda Legal Colombia.
Orden de Prestación de Servicios No. 0050 de Enero 07 hasta 30 de Diciembre de 2009, Objeto: Prestar servicios de apoyo administrativo en la Vicerrectoría de las Unidades Tecnológicas de Santander, con asignación mensual de $1.500.000.oo Moneda Legal Colombia.
Orden de Prestación de Servicios No. 00014 de Enero 06 hasta 30 de Diciembre de 2010, Objeto: Prestar servicios profesionales como Tecnólogo en Electromecánico para las labores de mantenimiento preventivo y correctivo en Instrumentación y Máquinas Hidráulicas de las Tecnológicas de Santander, con asignación mensual de $1.700.000.oo Moneda Legal Colombia.
Contrato Docente Tiempo Completo No. 000055 – 11, del 07 de Enero a 30 de Diciembre de 2011, con asignación mensual de $2.366.608 Moneda Legal Colombiana.
(…).”
Obra a folios 19 a 31 del expediente, los contratos de prestación de servicios suscritos entre el señor Roberto Picón Chaparro y las Unidades Tecnológicas de Santander, así:
Contrato
No.
Fecha de inicio
Fecha de Finalización
Valor
OBJETO
Folio
000199
4/09/2006
15/12/2006
$770.000
Prestar en forma personal por su idoneidad y conocimiento por su cuenta y riesgo actividades relacionadas con Servicios Generales en el área de Recursos Físicos y Mantenimiento de las Unidades Tecnológicas de Santander
19 - 20
Otro Si No. 01
16/12/2006
30/12/2006
$385.000
21
016
02/01/2007
15/06/2007
$847.000
Prestar servicio de apoyo administrativo en la Vicerrectoría de las Unidades Tecnológicas de Santander
22 – 23
516
24/07/2007
30/12/2007
$847.000
Prestar servicio de apoyo administrativo en la Vicerrectoría de las Unidades Tecnológicas de Santander
24 – 25
0029
4/01/2008
30/12/2008
$873.000
El contratista se compromete con las UTS a Prestar servicios de apoyo administrativo en la Vicerrectoría de las Unidades Tecnológicas de Santander
26
050
7/01/2009
30/09/2009
$1.500.000
El contratista se compromete para con las UTS a Prestar servicios de apoyo administrativo en la Vicerrectoría de las Unidades Tecnológicas de Santander
27
Adicional No. 01
1/10/2009
30/12/2009
$1.500.000
28
000014
6/01/2010
30/12/2010
$1.700.000
El contratista se compromete con las UTS a la prestación de servicios de profesionales como Tecnólogo Electromecánico para las labores de mantenimiento preventivo y correctivo en instrumentación y máquinas hidráulicas en las UTS
29
A folios 30 a 31 del expediente, obra copia del contrato de trabajo docente de tiempo completo suscrito entre el demandante y las Unidades Tecnológicas de Santander, de fecha 6 de enero de 2011.
A folio 72 del expediente, obra certificación suscrita por la Oficina de Recursos Físicos y Mantenimiento de las Unidades Tecnológicas de Santander, en el cual hace constar las actividades realizadas por el demandante, en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de diciembre de 2006, correspondientes a “Coordinador control de asistencia de docentes” y “Y todas las demás acciones tendientes al cumplimiento del objeto contractual y al apoyo al plan de acción de la Jefatura de recursos Físicos y mantenimiento.”
A folio 73 y 74 del expediente, se relaciona las actividades que debía realizar el demandante durante el contrato celebrado en el año 2007, así: “Inclusión de horarios en base de satos en Excel de los programas académicos de las Facultades de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales y Ciencias Naturales e Ingenierías” y “Supervisión del cumplimiento de horarios de los docentes de hora cátedra de los programas académicos de las Facultades de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales y Ciencias Naturales e Ingenierías”.
Obra a folios 76, 77, 81, 82 y 84 del expediente, certificación suscrita por el Supervisor de los contratos de prestación de servicios suscritos por el demandante, en el cual hace constar el aporte en salud y pensión realizado por el demandante.
El demandante mediante derecho de petición radicado el 9 de septiembre de 2013, le solicitó al rector de las Unidades Tecnológicas de Santander, el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales por los servicios prestados entre 2006 y el 31 de diciembre de 2010, correspondientes a vacaciones, cesantías, prima de servicio, prima de navidad, intereses a las cesantías y las demás que la ley otorga (f. 15).
Mediante el Oficio 16.0211 del 12 de septiembre de 2013 (f. 16), el Director Administrativo y Financiero de las Unidades Tecnológicas de Santander, en respuesta al derecho de petición elevado por el demandante, manifestó:
“(…)
Revisado el archivo financiero de la institución se pudo evidenciar que durante el segundo semestre de 2006 a Diciembre de 2010, no se encuentra ningún contrato de vinculación laboral con esta Institución. En el año 2011 existe el contrato laboral como docente de tiempo completo, No. No. 00055 – 11 con fecha de inicio el 7 de enero al 30 de Diciembre de 2011, el cual fue correctamente cancelado y liquidado incluyendo las respectivas prestaciones sociales, lo cual puede verificar por las planillas de pago anexas.
(…).”
En audiencia de pruebas llevada a cabo el 24 de febrero de 2015, se tomó la declaración de los testimonios de los señores Luis Jesús Ortiz Rojas, Martha Isabel Celis Jurado, Milton Puentes Herrera, Sonia Serrano Hernández, Cristian Alfredo Reyes Serpa (ff. 184 – 194).
Conforme con lo anterior, tenemos que en este caso encontramos que hubo una prestación personal del servicio por parte del señor Roberto Picón Chaparro a las Unidades Tecnológicas de Santander que se mantuvieron vigentes por entre septiembre de 2006 al 30 de diciembre de 2010, es decir, por más de 4 años, y a cambio recibió un pago durante la prestación del servicio, con lo cual es indiscutible que se encuentran acreditados tanto la prestación personal del servicio como el pago por retribución a los mismos, dos de las tres características que constituyen un contrato laboral.
Ahora bien, para acreditar la subordinación, se deberá analizar los documentos que atestiguan sobre las situaciones fácticas que rodearon la relación entre las partes, para luego llegar a concluir si el caso particular estuvo regido por la subordinación.
Así entonces, el objeto de los contratos que se ejecutaron, en términos generales, es el mismo a lo largo de toda la relación y consistía en que el señor Picón Chaparro debía prestar los servicios como “Coordinador control de asistencia de docentes”, “Inclusión de horarios en base de datos en Excel de los programas académicos de las Facultades de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales y Ciencias Naturales e Ingenierías” , “Supervisión del cumplimiento de horarios de los docentes de hora cátedra de los programas académicos de las Facultades de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales y Ciencias Naturales e Ingenierías” y “Y todas las demás acciones tendientes al cumplimiento del objeto contractual y al apoyo al plan de acción de la Jefatura de recursos Físicos y mantenimiento”, de lo que se puede llegar a una primera conclusión, de una parte, que no requería de una persona con conocimientos especializados para desarrollar las tareas que implicaba las funciones asignados en los diferentes contratos, y de otra, que las funciones que debía cumplir eran de carácter permanentes para la entidad, por lo tanto el servicio que debía prestar no tenía la categoría de temporal ni podía ejercerse de forma independiente. Además, el objeto de los diversos contratos suscritos con la entidad demandada era tan general que de una u otra forma siempre implicaba depender de las órdenes impartidas por un superior para cumplir con sus funciones, en este caso de los supervisores asignados por la Vicerrectoría, hecho que envuelve un claro acto de subordinación.
Ahora bien, con relación a las declaraciones rendidas en el curso de la primera instancia, la Sala observa que el señor Luis Jesús Ortiz Rojas (f. 186 – 187) al indagársele sobre los hechos de la demanda, manifestó conocer al demandante por haber sido contratado por la entidad demandada “para efectuar labores de auditoría, asistencia de docentes a clase”, quien debía controlar la entrada de los docentes desde las 6 a.m. y los horarios de los profesores. Refirió que: “Roberto estuvo en la oficina donde el trabajo como hasta el año siguiente, luego lo asignan a un lugar propio, le asignan escritorio computador y todos los elementos de oficina. Y le ponen frente a la puerta un rotulo que decía auditor de aulas o coordinador de asistencia (…) establecieron relación por el cargo que el desarrollaba, controlando las aulas para ver que docente estaba y cual no (…) indica que permanecía todo el día en la institución no sabe si estaba después de las 6 de la tarde.” Refirió que el demandante para ausentarse de la institución debía dirigirse al rector o a la vicerrectoría, que la misma institución era quien le suministraba los elementos para desempeñar las labores que le habían sido encomendadas, que recibía órdenes de la vicerrectoría y que el demandante era quien asumía directamente el pago de la seguridad social. Y con relación a las funciones desempeñadas por el actor, sostuvo que tenía a su cargo el control de auditoria de aula de docentes, para el 2011 tuvo un contrato de docencia, y también ejerció funciones de “todero” como conducir vehículos y transportar a quien lo llamara. Mencionó que dentro de la entidad no existía otra persona que realizara las mismas funciones que el demandante.
Por su parte la señora Martha Isabel Celis Jurado quien trabajó en la institución demandada en la biblioteca y como secretaria de las unidades de ciencias básicas, afirmó conocer al demandante porque era el supervisor de aulas, para saber si los docentes asistían a clases, y tenía la función de pasar un reporte al mes de la inasistencia de docentes, y cuando se necesitaba salón era el encargado de asignarlo. Con relación al horario del demandante, sostuvo que “él se encontraba a cualquier hora ahí supervisando las aulas”, y refirió que el demandante cuando se iba ausentar de sus funciones, debía informarle al jefe inmediato o al supervisor, y manifestó que ejercía otras funciones, “a veces lo veía en el carro del rector o vicerrector”, además declaró que el jefe superior del demandante “era el doctor Alfredo, el vicerrector de las unidades tecnológicas”.
El señor Milton Puentes Herrera quien ejerció como director administrativo de la entidad demandada, entre 2008 al 2011, sostuvo que “distingue al demandante como conductor el rector o vicerrector, en alguna ocasión le pusieron oficina en el primer piso al lado de admisiones, le pagaba viáticos porque tenía que viajar a Barranca o a Vélez, su relación era como pagador entonces conocía la vinculación de casi todos ellos.” Refirió que las actividades desarrolladas por el demandante “estaba en supervisión de salones para constatar que los profesores asistían o no en sus horas asignadas”. Y con relación al horario en que realizaba esta actividad, manifestó: “pues el llegaba temprano y se iba tipo 7 t y media y también lo veía ahí.”; sin embargo, afirmó que “no le consta si le pusieron horario o no porque no estaba bajo su mandato.”
La señora Sonia Serrano Hernández al indagársele sobre los hechos de la demanda, afirmó que: “indica que fue docente ocasional de la UTS hasta 2011. En el año 2011 conoció al demandante porque tenía el cargo de supervisor de aulas es decir que el docente a cargo del salón cumplía su función de asistir a clases. En agosto de 2007 (sic) pasa a ser docente de tiempo completo. Ejerció funciones aparte de las de docente. Dentro de sus labores administrativas estaba la de revisar horarios de la información que remitía el demandante. El demandante era supervisor de aulas, que los docentes cumplieran con su horario de clases. Pasaba por todos los edificios en caso de que no estuviera se reportaba como inasistencia. A final mes des (sic) se pasaba el formato de inasistencia a la coordinación, para que se llamara al docente a informar porque no había asistido. Otra función que tenía era asignación de aulas de la carrera de acuerdo a los horarios. Hay clases en las que iniciaba a las 6 de la mañana y el estaba a las 6 de mañana, en el transcurso del día o veía en la universidad, cuando salía en la noche aún lo veía haciendo rondas.” Mencionó que los elementos para desempeñar la función fueron asignados por la institución, que le rendía informe a “los coordinadores de inferior a superior, estaban los docentes, después coordinadores de carreras, después los decanos, ellos dependían del vicerrector académico”; afirmó que, en caso de ausencia del demandante, no había quien lo reemplazara, pues el era el encargado, y sostuvo que el demandante recibía órdenes de los decanos, vicerrector y los coordinadores.
El señor Cristian Alfredo Reyes Serpa, como Vicerrector de la UTS, al realizar un relato de los hechos de la demanda, manifestó que: “el demandante inició trabajando en las UTS mediante orden de prestación de servicios, el primer año no tuvo nada que ver con la vice rectoría, cree que después de ese primer año fue asistente de la vicerrectoría en cuanto a la vigilancia de la asistencia de los profesores. […] además algunas veces que necesitaban viajar a atrás (sic) sedes se le pedía el favor de que los llevara a estas ciudades.” Al indagársele sobre el cargo ejercido por el demandante, afirmó que “el cargo de supervisión de aula no existe, él lo que hacía era una revisión de la asistencia de los docentes. Entones era una supervisión esporádica, era una revisión que el hacía de manera voluntaria, nunca se le dijo a qué hora. El asistía en la mañana o en la tarde. Nunca se le exigió que debía revisar todos los edificios o salones. El escogía de forma aleatoria los salones para mirar si los docentes habían asistido a clase.” Refirió que el demandante “no recibía órdenes de nadie, ni quiera (sic) del que era el supervisor o la persona que tenía que ver para el cumplimiento de sus funciones. Él iba a su oficina cuando él lo solicitaba, hablaban de su labor de la falta de asistencia de docentes.” Con relación al horario que cumplía el demandante, sostuvo que “la UTS ofrece educación desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. En la noche había personas que cumplían esta función, En la mañana Roberto cumplía estas labores pero nunca se le dijo que debía ser a las 6 de la mañana.” Y con relación a las funciones, manifestó que “el pasaba el informe de inasistencias, ese iba a la oficina financiera donde se hacían los descargos de nómina para efectuar los descuentos”. Y sostuvo que el demandante pasaba un informe de la labor a la dirección financiera “para que al elaborar la nómina de docentes miraran las razones de ausencia y determinaran si era viable descontar o no.”
De acuerdo con todo lo anterior, para la Sala es incuestionable el hecho de que la ejecución del objeto convenido no se hizo de manera independiente y autónoma como corresponde a una relación de carácter contractual soportada en la autonomía de la voluntad, sino que se trató de una relación en la que la labor asignada se cumplió bajo los condicionamientos fijados por la Vicerrectoría de las Unidades Tecnológicas de Santander, lo que asimila dicha relación a una de carácter laboral, donde se asignaron responsabilidades indispensables en el funcionamiento de la entidad, como era el de tener el control de la asistencia de los docentes, que incidía en el monto para la elaboración de las nóminas.
La Sala observa que las actividades realizadas por el demandante, requerían de su presencia en las instalaciones de la institución educativa en forma permanente y continua, en cuanto estaba encargado de los informes de asistencia de los docentes de la institución, que servían de soporte para el pago de la nómina y respecto de los cuales era el responsable. De igual forma, se advierte que las actividades desempeñadas por el demandante estaban sometidas a las directrices de la Vicerrectoría de la UTS, que luego, quedaba sujeto a control y revisión por parte de la división financiera de la entidad.
Si bien el Vicerrector en su declaración afirma que el demandante no se le exigía cumplir un horario de trabajo, es evidente que, para cumplir con la función asignada relativa al control de asistencia de los docentes, para con ello realizar el pago de la nómina de acuerdo a las horas de clase dictadas, era menester que estuviera no solo en las instalaciones de la institución, sino que cumpliera con las funciones asignadas durante la jornada en que se dictaban las clases. Además, se encontró que el demandante no gozaba de autonomía e independencia, pues para ausentarse del ejercicio de sus funciones, debía contar con la anuencia de la Vicerrectoría.
Esta Sección ha establecido que, la figura del contrato realidad es aplicable en aquellos eventos en los que se logra probar la continua prestación de los servicios personales remunerados “propios de la actividad misional de la entidad contratante”, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales, pues al desarrollarse en cumplimiento de órdenes directas de sus superiores, es claro que se desvanece la figura de la coordinación y por ende se desvirtúa la autonomía e independencia con la que se presta el servicio.
Así las cosas, se deduce entonces que las actividades desarrolladas por el demandante, revisten las características propias de un empleo de carácter permanente, pues estuvo ejerciéndolo por más de 4 años, cumpliendo labores primordiales para el funcionamiento de la entidad, como lo es, el control de la asistencia de los docentes, que hacen parte del objeto principal de la entidad demandada, y comporta un servicio permanente para el correcto funcionamiento de la institución.
Lo anterior, permite concluir que en el caso particular, la entidad trató de ocultar una verdadera relación laboral, con el propósito de no reconocer los derechos y garantías labores que la Constitución y la ley le otorgan a esa especial relación, detrás de la suscripción de diferentes contratos de prestación de servicios, por lo que el demandante reunió los elementos de subordinación, dependencia, cumplir con un horario establecido, la prestación personal del servicio y una remuneración como contraprestación a las funciones ejecutadas, lo cual está acompasado con la permanente necesidad del servicio prestado y que hacen parte del giro ordinario de la entidad demandada, lo que permite concluir, que en este caso se tendrá que los argumentos expuestos en el recurso de apelación por la entidad demandada, no son suficientes para modificar la decisión adoptada por el a quo, motivo por el cual se confirmará la sentencia apelada.
Además, la Sala considera que, en el caso del señor Roberto Picón Chaparro, se desvirtuó la autonomía e independencia en la prestación del servicio, al igual que la temporalidad propia de un verdadero contrato de prestación de servicios, motivo por el cual se encuentran presentes todos los elementos de la relación laboral en virtud del principio de la realidad sobre las formalidades, conforme así lo encontró probado el a quo.
Esta Corporación en diferentes oportunidades ha manifestado que las entidades públicas no deben recurrir a la práctica de vincular personal bajo la modalidad de prestación de servicios para el cumplimiento de actividades permanentes propias de la administración, a efectos de evitar el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales, en cuanto no solo vulnera los derechos de os trabajadores, sino que se desvirtúa la razón de ser del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en relación con la independencia y autonomía del contratista.
Ahora bien, la parte demandada alega que el a quo olvidó la aplicación del fenómeno de la prescripción.
Encontrado probado que es procedente la declaratoria de la relación laboral conforme se dejó establecido en líneas anteriores, será necesario analizar lo relacionado con los extremos temporales de la relación laboral reconocida y la prescripción de algunos periodos de labores.
Con ese propósito, iniciaremos por resolver lo referente a la prescripción de las prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la declaratoria del reconocimiento del contrato realidad.
Oportuno es entonces, traer a colación lo manifestado por el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, en donde se establece el término de tres años para aplicar la prescripción extintiva de los derechos prestacionales, que deberán contarse a partir de la finalización de cada contrato, a menos que haya continuidad de estos, de conformidad con lo estimado en el artículo 10 del Decreto 1045 de 1978, que erige:
“Artículo 10º.- Para el reconocimiento y pago de vacaciones se computará el tiempo servido en todos los organismos a que se refiere el artículo 2o. de este Decreto, siempre que no haya solución de continuidad. Se entenderá que hubo solución de continuidad cuando medien más de quince días hábiles de interrupción en el servicio a una y otra entidad (…)”. (Negrilla fuera de texto).
Adicionalmente, haremos uso de las subreglas establecidas en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, donde dispuso:
“(…)
En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales (…)”. (Subrayado fuera de texto)
Y más adelante estableció, las siguientes reglas jurisprudenciales:
“(…)
i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual.
ii) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y progresividad.
iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.
iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA).
v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.
vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia, una vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral, pues el hecho de que esté concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los aportes al sistema de seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión principal (la nulidad del acto administrativo que negó la existencia del vínculo laboral).
vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción de una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la efectividad de los derechos del trabajador.
De igual modo, se unifica la jurisprudencia en lo que atañe a que (i) el consecuente reconocimiento de las prestaciones por la nulidad del acto administrativo que niega la existencia de la relación laboral y del tiempo de servicios con fines pensionales proceden a título de restablecimiento del derecho (…).”
Conforme con lo anterior, es primordial examinar los contratos de prestación de servicios celebrados con las Unidades Tecnológicas de Santander – UTS, entre el 4 de septiembre de 2006 y el 30 de diciembre de 2010, con el propósito de aclarar si hubo solución de continuidad en la relación, y finalmente establecer si se debe aplicar la prescripción de algunas de las prestaciones sociales reclamadas.
Bajo esa perspectiva, se pudo establecer que, entre el 15 de junio de 2007 y el 24 de julio de 2007, la relación entre las partes tuvo una interrupción por más de un mes (39 días), según se observa en el cuadro relacionado anteriormente, con lo que se puede afirmar que hubo solución de continuidad en la relación durante esta temporada. Por lo tanto, al verificar que la solicitud del reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 9 de septiembre de 2013, encontramos que todas las prestaciones sociales anteriores al periodo del 24 de julio de 2007 se encuentran prescritas, por no haber sido reclamadas dentro del término de los tres (3) años que la ley permite, de tal manera que a la entidad no le corresponderá realizar el pago de los emolumentos prestacionales que se encuentran por fuera de este término, y solo se podrá reclamar lo debido entre el 24 de julio de 2007 hasta el 30 de diciembre de 2010.
No obstante lo argüido, se aplicará la tesis planteada por la Sala de Sección en sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, en lo que se refiere a la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, motivo por el que las entidades accionadas deberán tomar todos los interregnos comprendidos entre el 4 de septiembre de 2006 y el 30 de diciembre de 2010, teniendo en cuenta la interrupción, el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante, mes a mes y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista (si los hubo) y los que se debieron efectuar, para cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, conforme se estableció en la sentencia recurrida.
Para estos efectos, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbe como trabajador.
Así las cosas, esta Sala confirmará parcialmente la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander, el 21 de mayo de 2015, apelada por la entidad demandada, pero con las respectivas modificaciones, por lo cual quedará en síntesis de la siguiente manera:
Se confirma la nulidad del acto acusado y la correspondiente declaratoria de la relación laboral.
A título de restablecimiento del derecho, se ordenará reconocer todas las prestaciones sociales a que tiene derecho el señor Roberto Picón Chaparro, liquidadas por el valor que recibía como contraprestación a sus servicios, en el lapso comprendido entre el 24 de julio de 2007 hasta el 30 de diciembre de 2010, teniendo en cuenta que los demás periodos no enunciados se encuentran prescritos.
Como última medida, se declarará que operó el fenómeno de la prescripción trienal de todas las prestaciones laborales sobre las que hubiere tenido derecho el demandante en el lapso comprendido entre el 4 de septiembre de 2006 al 23 de julio de 2007, (exceptuando el pago de la cotización a pensión), teniendo especial cuidado en las interrupciones del servicio debidamente identificadas, según se fundamentó en la parte motiva de esta sentencia.
En este orden de ideas, con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente, la Sala confirmará de manera parcial la sentencia de primera instancia, que accedió a las súplicas de la demanda, la adicionará en el sentido de declarar que operó el fenómeno de la prescripción extintiva de los derechos prestacionales derivados de los contratos de prestación de servicios suscritos y ejecutados con anterioridad al 24 de julio de 2007 (3 años atrás a la fecha en que solicitó de la administración el reconocimiento de sus derechos laborales y pago de los emolumentos derivados de estos), y, por tanto, modificará la orden descritas en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto ordenó el reconocimiento y pago de prestaciones sociales entre el 4 de septiembre de 2006 al 30 de diciembre de 2010; para en su lugar disponer que tal condena se refiere únicamente al período comprendido entre el 24 de julio de 2007 al 30 de diciembre de 2010, ya que operó la prescripción trienal respecto de los derechos laborales reclamados.
Por último, como el escrito de apelación la entidad demandada solicitó la revocación del fallo de primera instancia en su integridad, lo cual incluye la condena en costas impuesta; la Sala estima pertinente precisar que con la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, el legislador abandonó el criterio subjetivo que venía imperando en este tipo de asuntos para dar paso, según se advierte en el artículo 188 ibidem, a la valoración objetiva frente a la imposición, liquidación y ejecución de las costas procesales.
En efecto, de la redacción del citado artículo se extraen los elementos que determinan la imposición de la condena en costas, a saber: i) objetivo en cuanto a que toda sentencia decidirá sobre las costas procesales, bien sea para condenar total o parcialmente o, en su defecto, para abstenerse y ii) valorativo en el entendido de que el juez debe verificar que las costas se causaron con el pago de gastos ordinarios y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Lo anterior en consonancia con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso.
Empero, se considera que conforme los documentos que obran en el expediente, no es posible comprobar el pago de gastos ordinarios y que la actividad efectivamente realizada por el abogado haya generado otro tipo de gastos para la parte demandante. Así las cosas, se revocará la condena en costas impuesta a las Unidades Tecnológicas de Santander, sin más disquisiciones sobre el particular.
III. DECISIÓN
Atendiendo la normatividad en cita y el acervo probatorio, la Sala concluye que la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda será confirmada de manera parcial; sin embargo, la adicionará en el sentido de declarar que ocurrió el fenómeno de la prescripción extintiva de los derechos prestacionales derivados de los contratos de prestación de servicios suscritos y ejecutados con anterioridad al 24 de junio de 2007, y como consecuencia de lo anterior, modificará la orden descrita en el numeral segundo, para en su lugar disponer que la condena se refiere únicamente a cada período trabajado en virtud de los contratos de prestación de servicios, es decir, en el lapso comprendido entre el 24 de julio de 2007 al 30 de diciembre de 2010, por haber operado la prescripción trienal respecto de los derechos reclamados frente a los demás.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO.- CONFIRMAR parcialmente la sentencia proferida el veintiuno (21) de mayo de dos mil quince (2015) por el Tribunal Administrativo de Santander, en la demanda promovida por el señor ROBERTO PICÓN CHAPARRO contra las UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER – UTS, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO.- ADICIÓNASE el fallo de primera instancia, en el sentido de declarar de oficio la excepción de prescripción extintiva de los emolumentos laborales derivados del vínculo que sostuvo el señor Roberto Picón Chaparro con el ente demandado, en virtud de los contratos de prestación de servicios suscritos con anterioridad al 24 de julio de 2007 y anteriores, de acuerdo a las razones expuestas.
TERCERO.- MODIFÍCASE el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 21 de mayo de 2015, en el sentido de que (i) el pago de prestaciones sociales y devolución de aportes al sistema de seguridad social, corresponderá únicamente a cada período trabajado en virtud de los contratos de prestación de servicios suscritos entre el 4 de septiembre de 2006 al 30 de diciembre de 2010, salvo las interrupciones, por cuanto operó la prescripción trienal respecto de los derechos laborales reclamados frente a los demás; y (ii) el ente accionado deberá tomar como ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante, el valor mensual pactado como honorarios o remuneración dentro de cada uno de los contratos de prestación de servicios, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizará al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
CUARTO.- REVÓCASE el numeral sexto de la parte resolutiva de la providencia apelada, que condenó en costas a la parte demandada, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
QUINTO.- Se acepta la renuncia presentada por la doctora Ana María Chogó Torrado abogada con T.P. No. 259.451 del C. S de la J., quien ejercía la representación judicial de las Unidades Tecnológicas de Santander, conforme al memorial visible a folio 3445 del expediente.
SEXTO.- Se reconoce personería jurídica al doctor Manuel Antonio Ramírez Ortiz abogado con T.P. No. 60.663 del C. S de la J., para ejerza la representación judicial de las Unidades Tecnológicas de Santander, en los términos y para los efectos del poder visible a folios 332 a 341 del expediente.
SEPTIMO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia. Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016. Corte Constitucional. Sentencia del 19 de marzo de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara. Ibidem. Consejo de Estado, Sala Plena, radicación IJ 0039-01, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Demandante: María Zulay Ramírez Orozco. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de fecha 29 de septiembre de 2005, radicación Nro. 68001-23-15-000-1998-01445-01, referencia Nro. 02990-05, actor: Mónica María Herrera Vega, demandado: Municipio de Floridablanca, C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Sentencia de 15 de Junio de 2006, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, radicación No. 2603-05, C.P. Dr. Jesús María Lemos Bustamante, en esta ocasión se expuso que: “cuando existe contrato de prestación de servicios entre una persona y una entidad pública y se demuestra la existencia de los tres elementos propios de toda relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación personal y remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación de trabajo que, en consecuencia, confiere al trabajador las prerrogativas de orden prestacional”.
(…)
“En consecuencia, se reconocerá una indemnización por las prestaciones sociales dejadas de percibir, para cuya liquidación se tomará como base el valor del respectivo contrato u orden de prestación de servicios”. Consejo de Estado. Sección Segunda, Sentencia del 19 de febrero de 2009. Rad. 3074-05. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 25 de agosto de 2016. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado. Sección Segunda, Sentencia del 27 de febrero de 2014. Rad. 1994-13. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E). ARTÍCULO 24. PRESUNCION. <Artículo modificado por el artículo 2o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente>. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, Bogotá, D.C., primero (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00117-01(3730-14), actor: Zuly Fátima Núñez Pacheco, demandado: Instituto Departamental De Deportes Córdoba - Indeportes Córdoba, referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente:
William Hernández Gómez, Bogotá D.C., diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018), radicación número: 08001-23-33-000-2012-00161-01(3809-14), actor: Piedad del Carmen González Mendoza, demandado: Municipio de Tubará (Atlántico), medio de control: nulidad y restablecimiento del derecho. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. Prescripción de acciones. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible. 2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual. Respecto de la oportunidad a partir de la cual debe contabilizarse el aludido interregno, es del caso interpretar los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, en armonía con el mandato contenido en el artículo 12 (numeral 2) del convenio 95 de la OIT, de acuerdo con el cual los ajustes finales de los salarios debidos tienen lugar desde la terminación del nexo contractual con el empleador, por cuanto es desde ese momento en que se podrá demostrar que durante la ejecución del contrato de prestación de servicios se dieron los elementos constitutivos de una relación laboral con el Estado (prestación personal del servicio, remuneración y subordinación) y, en consecuencia, reclamar el pago de las prestaciones a las que tendría derecho de comprobarse ese vínculo, todo lo anterior en virtud de los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y progresividad y prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, así como los derechos constitucionales al trabajo en condiciones dignas e irrenunciabilidad a la seguridad social. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Demandante: Lucinda María Cordero Causil. Radicado: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015).
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.