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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2015-00448-01

Fecha
10 de octubre de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2015-00448-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante. Como agencias en derecho en esta instancia, se fija a favor de la entidad demandada la suma de $7.000.000. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su Tribunal de origen. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-33-000-2015-00448-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

10 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: RODOLFO RODRÍGUEZ GAMBOA Y OTRO
Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: AFECTACIÓN DEL DOMINIO PRIVADO POR RESTRICCIONES AMBIENTALES
– No se encontró acreditada porque no se ha registrado una afectación concreta en el folio
de matrícula correspondiente al inmueble de los accionantes; porque los usos y fines
establecidos para esta zona de protección no comportan una restricción que afecte el
núcleo esencial del derecho de dominio y porque las autoridades no han desplegado
actuaciones encaminadas a impedir que los demandantes realicen actividades de uso y
aprovechamiento del inmueble con base en la declaración y delimitación de la zona
protectora, la Sala concluye que debe confirmarse la decisión desestimatoria de las
pretensiones contenida en el fallo apelado.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 9 de febrero de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se pretende la declaratoria de responsabilidad de la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga por la afectación que sobre
el derecho de dominio del inmueble de matrícula 300-109057, le causó a los señores
Rodolfo y Humberto Rodríguez Gamboa, con ocasión de la delimitación del Parque
Natural Regional Páramo de Santurbán, adoptada mediante acuerdos 1236 del 16
de enero de 2013 y 1238 del 27 de febrero de la misma anualidad.

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: Rodolfo Rodríguez Gamboa y otro
Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 23 de abril de 2015 (fl. 20 c. ppal.), los señores
Rodolfo Rodríguez Gamboa y Humberto Rodríguez Gamboa, actuando por
conducto de apoderado judicial (fl. 10 c. ppal.), interpusieron demanda de
reparación directa contra la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga -en adelante CDMB-, con el fin de que se efectuaran las
siguientes declaraciones y condenas (fl. 1C c. ppal.):

Primera. Que la CORPORACION DE DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA-C.D.M.B. es administrativamente responsable de los
perjuicios materiales y morales causados a los señores Rodolfo Rodríguez
Gamboa y Humberto Rodríguez Gamboa, por falla o falta del servicio o de la
administración en la declaración y creación del Parque Natural Regional
Páramo de Santurbán, al limitar de manera absoluta el dominio de su predio,
sin que existiera compensación económica alguna previamente.

Segunda. Condenar, en consecuencia, a la CORPORACIÓN DE DEFENSA
DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - C.D.M.B. - a la reparación del daño
ocasionado, y por consiguiente a pagar a los actores, los perjuicios de orden
material y moral, subjetivos y objetivados, actuales y futuros, los cuales se
estiman como mínimo en la suma de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS
($700.000.000.), o lo que resulte probado dentro del proceso, o en su defecto,
en forma genérica.

Tercera. La condena respectiva será actualizada, aplicando en la liquidación la
variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la
fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente
fallo definitivo.

Cuarta. La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos
de los artículos 187, 188 y 189 del C.P.A.C.A.

Quinta. Condenar a la parte demandada, al pago de las correspondientes
costas.

Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se adujo lo siguiente:

La CDMB expidió los acuerdos 1236 del 16 de enero y 1238 del 27 de febrero de
2013, en virtud de los cuales se declaró y alinderó el Parque Natural Regional
Páramo de Santurbán.

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: Rodolfo Rodríguez Gamboa y otro
Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

En la alinderación que se hizo de estos parques se incluyó la franja de terreno que
corresponde al predio Villa Nueva, que se encuentra localizado en el municipio de
Vetas, Santander y que es de propiedad de los accionantes.

Debido a que el área que ocupa ese parque no admite un uso distinto al de
conservación, los accionantes vieron afectados los atributos de su derecho de
dominio, en tanto no pueden utilizar su predio para un fin distinto al señalado por la
autoridad ambiental. Esta afectación se impuso sin que previamente se adelantara
un procedimiento de compra o expropiación por parte de la CDMB y generó en los
accionantes un desarraigo que debe ser indemnizado.

2. Trámite en primera instancia

2.1. Mediante auto del 24 de junio de 2015 (fl. 21 c. ppal.), el Tribunal Administrativo
de Santander admitió la demanda, actuación que fue notificada en debida forma a
la parte demandada, al Ministerio Público y a la ANDJE (fls. 29 a 32 c. ppal.).

2.2. La CDMB se opuso a las pretensiones (fl. 34 c. ppal.) con base en cuatro
argumentos. En primer lugar, adujo que no se acreditó la existencia de un daño
antijurídico, debido a que la supuesta limitación a la propiedad no se inscribió en el
folio de matrícula inmobiliaria del inmueble de los accionantes. Esto se adujo en los
siguientes términos (fl. 40 c. ppal.):

Es necesario manifestar al Despacho que efectivamente la CDMB expidió el
Acuerdo de Consejo Directivo CDMB N° 1236 de enero 16 de 2013 por medio
del cual se acuerda declarar, reservar, delimitar, y alinderar como Parque
Natural Regional Páramo de Santurbán un área de 11.700 hectáreas, ubicadas
en la jurisdicción de los municipios de Suratá, California y Vetas en el
Departamento de Santander. Posteriormente, fue necesario realizar unas
correcciones aritméticas al aludido acuerdo, que para nada modificaron el
polígono de delimitación, y en consecuencia se expide el Acuerdo de Consejo
Directivo CDMB N° 1238 de febrero 27 de 2013 "Por el cual se corrige el
acuerdo de consejo Directivo CDMB 1236 de enero 16 de 2013.

Sin embargo, la CDMB no ha procedido a realizar el registro de los actos
administrativos en el folio de matrícula inmobiliaria del predio [de] propiedad de
los demandantes, esto es, del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria
300-109057 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bucaramanga, y en consecuencia sobre el predio no pesa ninguna limitación
de las alegadas por los demandantes, pudiendo perfectamente venderlo,
comercializarlo, explotarlo económicamente sin ningún tipo de restricción
distintas a las que exige la ley para tales menesteres.

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: Rodolfo Rodríguez Gamboa y otro
Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

En efecto, se debe precisar a los demandantes que el solo hecho de que la
CDMB haya realizado la declaración de Parque Natural Regional Páramo de
Santurbán, en manera alguna implica que los predios identificados en el
Acuerdo de Consejo Directivo CDMB N° 1236 de enero 16 de 2013 hayan
quedado afectados, pues para que ello ocurra primero debe registrarse en el
folio de matrícula inmobiliaria de cada predio, en los términos señalados en la
Ley 1579 de 2012. Situación que a la fecha no se ha generado, se insiste.

También se argumentó que “los demandantes no demuestran la realización de
actividades económicas en el predio referido en la demanda, en la medida que no
se aprecia en el plenario certificado de cámara de comercio ni libros de contabilidad,
ni declaraciones de renta, o documento alguno que le permita a la jurisdicción
evidenciar una posible explotación económica del predio y mucho menos que esta
explotación se haya visto afectada en razón de la declaratoria de Parque Natural
Regional Páramo de Santurbán. En consecuencia, no se evidencia daño o perjuicio
económico alguno” (fl. 41 c. ppal.).

En tercer lugar, se adujo que los accionantes adquirieron el inmueble por valor de
$2.400.000, tal como consta en la escritura pública 1695 del 4 de mayo de 2001 de
la Notaría Tercera del Círculo de Bucaramanga, razón por la cual no se comprende
por qué si en la demanda se sostiene que el inmueble se depreció en un 70% la
cifra pretendida para reparar ese perjuicio asciende a los $400.000.000, máxime si
no se acreditó que en dicho predio se realizara alguna actividad económica que
variara el valor comercial del inmueble.

Por último, la CDMB alegó que “los demandantes no han sido desalojados del predio
referido en la demanda, y en consecuencia hoy lo disfrutan sin ningún tipo de
restricción o limitación, siendo entonces contrario a la verdad que se haya producido
un desarraigo de los demandantes. En efecto sea necesario establecer la CDMB no
ha realizado ninguna actuación para que los demandantes abandonen el predio, y
prueba de ello es que con la demanda no se allega ningún requerimiento formulado
por la CDMB a los demandantes tendiente a que los hermanos RODRÍGUEZ
GAMBOA se retiren del predio (…), ni tampoco se aporta acta o documento en virtud
del cual los demandantes entreguen la posesión de su predio a la CDMB, hecho
que permitiría deducir que los hoy demandantes en verdad tuvieron que abandonar
el predio” (fl. 43 c. ppal.).

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: Rodolfo Rodríguez Gamboa y otro
Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

2.3. El 20 de junio de 2016 se celebró audiencia inicial en la que se fijó el litigio en
los siguientes términos (fl. 371 c. ppal.):

En resumen, recae en los efectos que implica el hecho según el cual, el predio
de propiedad de los aqui demandantes, denominado Villa Nueva, ubicado en
el municipio de Vetas, se encuentre dentro de la delimitación o categoría de
Área de Páramo, Parque Natural Regional Páramo Santurbán que hizo la
demandada en el Acuerdo No. 1236 del 16 de Enero/2013. Para la parte
Demandante, de tal situación se deriva la limitación absoluta del dominio de
ese predio "Villa Nueva", y en consecuencia tiene derecho a una
"compensación económica previa" y a la "reparación de los daños y perjuicios
de orden material y moral" referidos en el escrito de demanda. Para la parte
demandada: i) no es procedente la indemnización previa que se reclama,
porque no se está frente a un proceso de expropiación. ii) No es cierta la
limitación absoluta de dominio aducida. puesto que no se ha hecho en el
certificado de libertad y tradición del inmueble el registro de documento alguno
que imponga por parte de la CDMB una afectación específica a la propiedad.
"Aún no se han ejecutado las órdenes contenidas en los actos administrativos
indicados en la demanda y por ello no se puede predicar el daño alegado. Los
demandantes no han sido despojados o desarraigados del predio indicado en
la demanda y en esta medida no se ha causado un daño.

2.4. Los días 27 y 28 de junio de 2016 (fls. 381 a 385 c. ppal) y 8 de septiembre de
2016 (fl. 433 c. ppal.) se llevó a cabo la audiencia de pruebas en la que se practicó
la prueba testimonial y pericial decretada previamente. Al cabo de esta diligencia se
corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público
para que rindiera concepto.

2.5. La parte actora alegó de conclusión y solicitó que se accediera a las
pretensiones, para lo cual señaló (fl. 436 c. ppal.):

Tres son los aspectos que sustentan las pretensiones de mi demanda, todos
probados hasta la saciedad a través del proceso, son a saber los siguientes:

1. CREACIÓN DEL PARQUE NATURAL REGIONAL PÁRAMO DE
SANTURBÁN, cuyo objeto es según el artículo 2 del Acuerdo 1236 de 2013,
declarar su existencia, reservada para fines muy particulares como el mantener
a perpetuidad la oferta hídrica, garantizar la preservación de las zonas de
captación de acuíferos, preservar el ecosistema del páramo, conservar las
especies de flora y fauna, proteger los espacios de aves migratorias entre otras
más, del mismo modo y en estas mismas disposiciones delimita y alindera,
dejando comprendida en su área la propiedad de mis mandantes.

2. Que con la anterior declaración contenida en los acuerdos 1236 de 2013 y
1238 de 2013, se limitó de modo absoluto el dominio, propiedad, uso, disfrute
y goce de la propiedad de mis clientes Humberto y Rodolfo Rodríguez Gamboa,
causando con ello un daño de carácter económico y moral.

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: Rodolfo Rodríguez Gamboa y otro
Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

3. El daño anterior tiene una causa obligada y directa en la omisión de la CDMB,
de salvaguardar los DERECHOS ADQUIRIDOS con justo título, que obligaban
de modo imperativo la realización de una adquisición directa (negociación
directa), expropiación administrativa o expropiación forzosa.

2.6. A su vez, el Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó que se negaran
las pretensiones, por considerar que “no se demostró que en el presente asunto se
haya provocado un daño antijurídico a los demandantes con la expedición del
Acuerdo que fijó el predio de los demandantes como parte del Parque Natural
Páramo de Santurbán como un área de protección, el cual no restringe el núcleo
esencial del derecho a la propiedad privada y se trata de una obligación derivada
de la función social y ecológica que no vulnera el equilibrio frente a las cargas
públicas. Adicionalmente, porque no se encontró que se hubiera transgredido el
principio de confianza legítima por algún daño provocado por el desconocimiento de
expectativas legítimas o de intereses creados al amparo de la confianza” (fl. 455 c.
ppal.).

La CDMB guardó silencio en esta etapa procesal.

3.- La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 9 de febrero de 2017 (fl. 458 c. ppal.), el Tribunal
Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda, por considerar
que no se acreditó la existencia de un daño antijurídico.

Al respecto, se precisó que no obra en el plenario medio de prueba alguno que
permita concluir que los accionantes adelantaban alguna actividad económica en
su predio que se viera truncada con la delimitación del Parque Natural Regional
Páramo de Santurbán. Esto se precisó de la siguiente manera (fl. 462 c. ppal.):

Destaca la Sala que junto a la demanda no se allega alguna prueba que permita
conocer la destinación que daba la p. actora al bien inmueble Villa Nueva desde
que son propietarios del mismo, pese a que ello ocurrió en 2001. Destaca la
Sala que es importante conocer dentro del presente proceso las actividades
que como señores y dueños se realizaron sobre el plurimencionado bien
durante 12 años, pues el derecho real de dominio puede ejercerse de diferentes
maneras, según los intereses de cada uno de los individuos. La extensión
considerable del Parque Regional Páramo de Santurbán abre la posibilidad que
los diferentes inmuebles privados que lo conforman se destinen a todas
actividades con características muy particulares que deben ser aclaradas por
los interesados que aleguen la causación de un daño antijurídico por la
intervención al derecho de propiedad.
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Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: Rodolfo Rodríguez Gamboa y otro
Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

De las pruebas decretadas durante la audiencia inicial, en referencia a los
anotados hechos de interés se tiene que sólo el dictamen pericial podría darles
claridad. En él el perito señala que no encontró facturas sobre las actividades
económicas. Estas que son prueba directa de posibles perjuicios también
podrían llegar a probar la existencia de un daño si dichas actividades no se
realizan luego de enero de 2013. El perito afirma que en el predio se explotaba
la ganadería, lo cual resulta extraño pues en la demanda el apoderado de los
demandantes señaló que allí había una explotación agropecuaria. Ahora bien,
el dictamen pericial no permite saber cómo el perito pudo conocer sobre la
realización de una actividad que él mismo reconoce que se suspendió tres años
antes de que él realizara su experticio.

En conclusión, se tiene que la parte actora no probó las actividades
desarrolladas en el predio "Villa Nueva" antes de la creación del Parque
Regional Natural de Santurbán. Esta situación genera un grave efecto sobre la
prosperidad de las pretensiones pues no es posible saber si los demandantes
realizaban actividades que luego serían prohibidas.

También se explicó que no hay prueba de que los demandantes hubiesen sufrido el
desarraigo alegado en la demanda, por cuanto quedó establecido que la CDMB no
ha realizado actos tendientes a lograr que los señores Rodríguez Gamboa
abandonen su predio.

4.- El recurso de apelación

De manera oportuna, la parte actora formuló recurso de apelación por considerar
que con la sola delimitación del Parque Natural Regional Páramo de Santurbán se
causó un daño antijurídico consistente en la afectación o limitación al derecho de
dominio, así (fl. 468 c. ppal.):

Sorprende de verdad la afirmación del juzgador de instancia, en cuanto que no
se pudo constatar que nunca ha tenido alguna limitación el predio de los
demandantes por parte de la Corporación Autónoma de la Meseta de
Bucaramanga, ello significa nada más ni nada menos que olvidar, dejando de
lado o desentendiéndose del verdadero fenómeno que parte necesariamente
de la delimitación, demarcación y encerramiento de lo que constituye el Parque
Natural Regional Páramo de Santurbán, esa es la delimitación fundamental y
de la cual nace o se genera la acción que aquí nos ocupa. Es la delimitación o
demarcación del parque la fuente material de toda esta controversia, por eso
extraño resulta a esta parte, semejante aseveración.

Del mismo modo resultará inadmisible que el fallador señale que no se ha
prohibido su uso, esto igualmente demuestra que el planteamiento jurídico,
como la consecuencia derivada de la limitación del dominio por la destinación
como bien público que hace la Corporación Autónoma de Bucaramanga,
tampoco le merecía el fallador, alcance o significación alguna, por el contrario,

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: Rodolfo Rodríguez Gamboa y otro
Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

se desprecia por completo, entonces el fenómeno planteado, esto es, el
atentado al patrimonio, al derecho de dominio en la concepción que otorga,
señala y establece con claridad el código civil, para nada correspondió al
fallador este planteamiento (…).

Es igualmente evidente e indiscutible y sobre ello no existe la menor duda, que
al convertir el área de interés público, con fines específicos de conservación
ambiental e hídrica, como de flora y fauna, de preservación absoluta del
ecosistema de páramo, el dominio o lo que llamamos propiedad desde el
derecho civil, quedó limitado y de manera absoluta, causando necesariamente
un daño de carácter económico a sus propietarios, concretamente a mis
clientes Rodríguez Gamboa (…).

El recurso de apelación fue concedido mediante auto del 5 de julio de 2017 (fl. 477
c. ppal.).

5.- Trámite en segunda instancia

5.1. Mediante proveído del 17 de agosto de 2017, esta Corporación admitió el
recurso de apelación (fl. 486 c. ppal.). Luego, en auto del 28 de septiembre siguiente
se dispuso se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera su concepto (fl. 490 c. ppal.).

5.2. La CDMB solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia, debido a
que (i) no se ha efectuado anotación alguna en el folio de matrícula inmobiliaria del
predio de los accionantes, (ii) no se han realizado actos que materialmente tiendan
al desalojo del inmueble y (iii) porque en los acuerdos que delimitaron el parque se
establecen unos mecanismos de compensación económica para las afectaciones
de los predios localizados en “áreas abastecedoras de acueductos y ecosistemas
estratégicos”, lo cual no ocurre en el presente asunto, pues los accionantes siguen
ejerciendo libre y plenamente los atributos de su derecho de dominio (fl. 494 c.
ppal.).

5.3. La parte actora reiteró que con la sola delimitación de la zona que abarcaba el
Parque Natural Regional Páramo de Santurbán se causó el daño antijurídico
alegado, sobre todo si se tiene en cuenta lo precisado por la Corte Constitucional
en la sentencia C-598 de 2010, según la cual las autoridades ambientales tienen a
su cargo la administración de los parques naturales.

5.4. El Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia
“por cuanto no se demostró que en el presente asunto se haya provocado un daño

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: Rodolfo Rodríguez Gamboa y otro
Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

antijurídico a los demandantes con la expedición del Acuerdo que fijó el predio de
los demandantes como parte del Parque Natural Páramo de Santurbán como un
área de protección, el cual no restringe el núcleo esencial del derecho a la propiedad
privada y se trata de una obligación derivada de la función social y ecológica que no
vulnera el equilibrio frente a las cargas públicas. Adicionalmente, porque no se
encontró que se hubiera transgredido el principio de confianza legítima por algún
daño provocado por el desconocimiento de expectativas legítimas o de intereses
creados al amparo de la confianza” (fl. 508 c. ppal.).

III. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto, en la medida en que se resuelve un
recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander en un proceso que tiene vocación de doble instancia.

2.- Idoneidad del medio de control y la oportunidad para su ejercicio

Para establecer si el derecho de acción fue ejercido oportunamente, la Sala estima
pertinente verificar que el medio de control empleado por la parte actora haya sido
el adecuado.

En ese contexto, debe recordarse que en el presente asunto se pretendió la
reparación de los perjuicios causados a los señores Rodríguez Gamboa con la
imposición de limitaciones a la propiedad privada. A juicio de los demandantes, esta
situación devino de la sola declaratoria del Parque Natural Regional Páramo de
Santurbán adoptaba por la CDMB, mediante el acuerdo 1236 del 16 de enero de
2013, corregido por el acuerdo 1238 de 27 de febrero de la misma anualidad.

De conformidad con lo previsto en los artículos 135 a 148 del CPACA y en la
jurisprudencia de esta Corporación1, la escogencia de los medios de control en

1
Al respecto, y en relación con los supuestos de procedencia de las acciones de reparación directa
y de la de nulidad y restablecimiento del derecho esta Sala en providencia del 19 de julio de 2007,
expediente 33628, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, señaló:
“Con la acción de reparación directa en los términos del artículo 86 del C.C.A. se busca la declaratoria
de responsabilidad del Estado, cuando con un hecho, omisión, operación administrativa o la
ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o cualquier otra
causa, se ocasione un daño antijurídico que se le pueda imputar y, por ende, tiene el deber jurídico
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Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: Rodolfo Rodríguez Gamboa y otro
Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

ejercicio de los cuales se deben tramitar los asuntos de conocimiento de esta
Jurisdicción no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del
perjuicio alegado y del fin pretendido.

Así, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho procede en
aquellos eventos en los cuales los perjuicios alegados son consecuencia de un acto
administrativo que se considera ilegal, en tanto que el medio de control de
reparación directa procede en los casos en los que la causa de las pretensiones se
deriva de un hecho, una omisión, una operación administrativa 2.

Sin embargo, se ha considerado que el medio de control de reparación directa
también procede cuando se pretende la condena por los perjuicios causados con la
expedición y ejecución de un acto administrativo sobre el que no se discute su
legalidad, o por la ejecución de una acto administrativo general que fue declarado
nulo3, pero siempre que entre dicho acto y la situación individual no haya mediado
un acto administrativo de carácter particular, pues en esta última situación el medio
de control idóneo para reclamar el reconocimiento de tales perjuicios es el de
nulidad y restablecimiento del derecho4.

Como quedó expresado desde la fijación del litigio efectuada en la audiencia inicial5,
en el sub judice no se debate la legalidad de los acuerdos 1236 del 16 de enero de

de indemnizar. Jurisprudencialmente se ha establecido, además, como la acción idónea para
demandar la indemnización por el daño causado por el acto legal, cuando este rompe el principio de
la igualdad frente a las cargas públicas.
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por su parte, es procedente cuando el daño
proviene del acto administrativo ilegal y para lograr su reparación es menester que el juez declare
su nulidad, porque solo entonces el daño causado por éste será antijurídico y comprometerá la
responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, que siempre que exista un acto administrativo con
el cual se afirma haber causado un perjuicio, y del cual se acusa su ilegalidad, ésta será la acción
correcta”.
En vigencia de la Ley 1437 de 2011 véase: auto del 12 de mayo de 2016, exp. 68001-23-33-000-
2015-00511-01 (55032); auto del 10 de diciembre de 2014, exp. 76001-23-33-000-2014-00387-01
C.P. Hernán Andrade Rincón (E).
2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de
abril de 2006, expediente 16079, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 15 de mayo
de 2003, radicación 23205, C.P. Alier Hernández Enríquez, y sentencia del 21 de marzo de 2012,
radicación 21986, C.P. Hernán Andrade Rincón.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de
julio de 2006, radicación 21051, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
5
Aunque en la demanda se expresó tangencialmente que la afectación alegada se impuso sin que
previamente se adelantara un procedimiento de compra o expropiación por parte de la CDMB, una
lectura integral del libelo introductorio permite comprender que no se formularon cargos de nulidad
contra los acuerdos que declararon y delimitaron el parque natural regional. Esto explica por qué en
la fase admisoria de la demanda no se adecuó el medio de control, y en las actuaciones de parte
posteriores (contestación de la demanda, anuencia en la formulación del problema jurídico, alegatos
de conclusión) siempre ambas partes en litigio siempre debatieron sobre la responsabilidad
10

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: Rodolfo Rodríguez Gamboa y otro
Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

2013 y 1238 de 27 de febrero de la misma anualidad, sino que se discuten los
efectos dañinos de esos actos generales, sobre la base de su incuestionada
legalidad y respecto de los cuales no se expidió un acto de carácter particular
destinado a los accionantes. Por tal razón, en el presente asunto resulta procedente
el medio de control de reparación directa.

El numeral 2, literal i) del artículo 164 del CPACA6, reguló lo concerniente al ejercicio
oportuno del derecho de acción, en el sentido de señalar que, en materia de
reparación directa, la demanda deberá presentarse “dentro del término de dos (2)
años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia”.

En reciente pronunciamiento de la Subsección7 se abordó con detenimiento la
cuestión del cómputo de la caducidad en los eventos en que se demanda la
declaratoria de responsabilidad del Estado por la ocupación material y jurídica de
un bien inmueble. En dicha providencia se precisó:

En la jurisprudencia actual, con evidente sentido didáctico más que jurídico, se
han identificado dos tipologías de ocupación según su forma de expresión,
puede ser física o material y jurídica o abstracta. En el primer evento, la
ocupación se produce de forma tangible, bien por la disposición de maquinaria,
tropas, infraestructura u obras en el inmueble; en el segundo, la ocupación tiene
lugar, por virtud de una restricción intangible, de orden legal, que impide al titular
de la cosa ejercer los derechos de dominio que le corresponden conforme con
las leyes civiles8 (…).

extracontractual de la administración, sobre la base del reconocimiento de la legalidad de los
mencionados actos administrativos.
6
“Artículo 136. Caducidad de las acciones.
(…)
8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del
día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o
por cualquiera otra causa”.
7
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A.
Sentencia del 17 de febrero de 2021, exp. 48671. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
8
“(…) puede suceder que la entidad declare de utilidad pública un inmueble pero no adelante el
procedimiento señalado en la ley para obtener su enajenación voluntaria ni tramite el proceso de
expropiación ni lo ocupe materialmente, pero se niegue a expedir las autorizaciones administrativas
necesarias para que el propietario puedan realizar construcciones sobre el mismo, reformarlo,
urbanizarlo, lotearlo, etc. Es decir, que se hubiera producido una ocupación jurídica, en tanto si bien
no se despoja materialmente del bien a su titular, sí se le limita el ejercicio de las facultades propias
de los derechos reales o de la posesión que se ejerce respecto del predio”, sentencia del 9 de mayo
de 2014, exp. 24679.
11

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: Rodolfo Rodríguez Gamboa y otro
Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

En relación con la ocupación material, se ha considerado que el término con el
que cuenta el afectado para reclamar por los daños recibidos debe contarse en
atención a la temporalidad de la ocupación causante de daños.

Así, cuando se reclama indemnización por una ocupación de carácter material
transitoria, el término de caducidad inicia a partir de que ésta finaliza, al margen
de su fuente (…).

Por su parte, en los casos que se persigue la reparación por una ocupación
material con vocación de permanencia, el plazo perentorio definido por la ley
comienza su cómputo a partir de la finalización del proyecto u obra que le
hubiera dado origen, con la salvedad que ha definido la jurisprudencia en torno
a que, si la obra o intervención estatal es de gran envergadura e implica un
desarrollo de labores por fases dada su complejidad, el término no está llamado
a contarse desde la finalización de la totalidad de la obra o proyecto que genera
la ocupación, sino desde la terminación de ésta en el predio del demandante9.

Lo anterior, sin perjuicio de que: i) cuando, por razones excusables10, el
afectado no pudo tener conocimiento del daño en el momento en que la
ocupación finalizó en su predio, dicho término se compute desde cuando aquél
pudo advertirlo, o ii) que se cuente antes de la finalización de la obra o
intervención que originó la ocupación (transitoria o permanente), si el lesionado
la conoció y tuvo la oportunidad de dimensionar sus consecuencias, pues no
debe olvidarse que una cosa es el daño y su posterior agravación11 y ya que la
caducidad de la acción se funda en la seguridad jurídica y el interés público no
puede estar a la espera de que el lesionado decida invocarlo, teniendo pleno

9
“el término de caducidad debe empezar a contarse desde el momento en que las obras que
afectaron directamente un inmueble hayan culminado dentro del mismo, aun cuando todavía quede
por ejecutar una parte del respectivo proyecto general; esto es, que el término no empieza a correr
desde la terminación de la totalidad del proyecto o de las obras que lo integran” Sentencia del 25 de
marzo de 2015, exp. 35992.
10
“cuando la ocupación ocurre ‘por cualquier otra causa’, el término de caducidad empieza a correr
desde que ocurre el hecho dañoso, que se entiende consumado cuando cesa la ocupación del
inmueble, siempre que la misma sea temporal, o, en casos especiales, se computa desde cuando el
afectado ha tenido conocimiento de la ocupación del bien en forma posterior a la cesación de la
misma”, sentencia del 10 de septiembre de 2020, proferida por esta Subsección y con ponencia del
suscrito Magistrado Ponente, en exp. 49362.
11
“Finalmente, vale la pena señalar, que no debe confundirse el daño continuado, con la agravación
de éste. En efecto, en algunas oportunidades se constata que una vez consolidado el daño (sea este
inmediato o continuado) lo que acontece con posterioridad es que éste se agrava, como por ejemplo
el daño estructural de una vivienda que se evidencia con grietas y cimentaciones diferenciadas, y
tiempo después se produce la caída de uno de sus muros ” Sentencia del 28 de enero de 1994, exp.
8610.
‘En este caso, las reglas sobre el momento desde el cual debe contabilizarse el término de la
caducidad no cambian; éste debe contarse, según se dijo, desde el momento en que se configuró el
daño o se tuvo noticia de éste, en caso de que estas circunstancias no coincidan. En el ejemplo
traído, el término de la caducidad no se contaría desde la caída del muro, sino desde que se
evidenció el daño o se tuvo noticia de éste” Sentencia del 18 de octubre de 2007, exp. 19099.
12

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: Rodolfo Rodríguez Gamboa y otro
Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

conocimiento del daño12, en tanto que desde que pueda dimensionarlo, nace
para el afectado el interés actual y vigente de reclamar su indemnización13.

En torno a la forma de contar la caducidad en los casos de limitaciones a la
propiedad provenientes de una decisión legal o administrativa -ocupación
jurídica de un inmueble-, la jurisprudencia ha abordado la temática casi que en
forma casuística; así, en algunos pronunciamientos ha señalado que el término
corre desde el momento en que se efectúa el registro de la restricción
administrativa en el folio de matrícula inmobiliaria del bien sobre el cual pesa la
medida14 (condición objetiva) y en otros ha considerado que inicia a correr
desde el momento en que el propietario tuvo conocimiento de la restricción
impuesta (condición subjetiva), como en los eventos en los que, se solicitan
licencias de construcción o modificación estructural y éstas son negadas por
una disposición administrativa15 (…).

En consecuencia, si el acervo probatorio del juicio permite establecer que el
afectado conoció la restricción que se impuso sobre los bienes de su propiedad
en el momento mismo en que el Estado así lo determinó por medio de un acto
administrativo, no hay duda de que es a partir de este momento que comenzará
a correr el plazo de ley; pero si las pruebas válidamente obtenidas indican que
lo conoció en un momento posterior a tal circunstancia, nada obsta que sea a
partir de este instante que la caducidad comience su cómputo, en tanto que es
desde esa oportunidad que nace el interés actual y vigente del lesionado para
exigir la protección de los derechos que por Ley le corresponden y la
indemnización de los perjuicios que la restricción administrativa generó,
agregándose, además, que el conocimiento tardío no puede tener como
explicación el abandono o descuido del derecho que se entiende afectado, lo
que impone en cada caso, la carga de verificar la razonabilidad y justificación
de esa circunstancia.

12
“el término de caducidad no se extiende hasta los dos años siguientes a la terminación de la
totalidad del proyecto o de las obras que lo integran, pues el mismo debe empezar a contarse desde
el momento en que las obras que afectaron directamente un inmueble hayan culminado, aun cuando
todavía quede por ejecutar una parte del respectivo proyecto general. El hecho de que los efectos
del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación, no puede evitar que el término
de caducidad comience a correr, porque, si ello fuera así, en los casos en los cuales los perjuicios
tuvieran carácter permanente, como ocurre cuando se construyen unas viviendas en el inmueble de
un particular, la acción no caducaría jamás”, sentencia del 24 de junio de 2015, exp. 34898.
13
“Se trata de afirmar como criterio aquel según el cual el cómputo de la caducidad debe tener en
cuenta la fecha en la que la víctima o demandante conoció la existencia del hecho dañoso ‘por la
sencilla razón de que sólo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción”
sentencia del 11 de mayo de 2000, exp. 12200, reiterada en las siguientes providencias: 10 de
noviembre de 2000, exp. 18805; de 27 de febrero de 2003, exp. 23446; 2 de febrero de 2005, exp.
27994; de 11 de mayo de 2006, exp. 30325; de 18 de julio de 2007, exp. 30512.
14
“Para la Sala, la caducidad de la acción de reparación directa respecto de la ocupación jurídica de
bienes inmuebles se debe contar, de manera general, a partir del día siguiente a aquél en que la
afectación al interés general se inscriba en el Registro de Instrumentos Públicos, puesto que es
desde ese evento en que se hace pública la decisión de la Administración de limitar el ejercicio de
propiedad respecto del bien objeto de la afectación”.
15
“el eventual afectado deberá adelantar la acción de reparación directa, ‘la cual puede interponer
dentro del término previsto en la ley, contado a partir del momento en que tenga certeza de que el
titular está imposibilitado para hacer uso de las facultades que el derecho le reconoce en tal calidad’”,
sentencia del 9 de mayo de 2014, exp. 24679, citada en la sentencia del 28 de junio de 2019, exp.
43892.
13

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: Rodolfo Rodríguez Gamboa y otro
Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

Para el caso específico del cómputo de caducidad en los eventos en que se aleguen
afectaciones al dominio privado derivadas de la delimitación de zonas de protección
ambiental, esta Corporación, en sentencia del 18 de noviembre de 202116 señaló:

[D]e conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación17, en los casos de
responsabilidad del Estado por la afectación jurídica de bienes inmuebles al
quedar incluidos en reservas forestales o parques nacionales, por regla general
el término de caducidad se contabiliza a partir de la inscripción de la afectación
en el registro de instrumentos públicos. En este sentido en sentencia del 27 de
abril de 201618, esta Sección consideró que:

“(…) en relación con el cómputo del término de caducidad en casos que, como
este, se demanda la responsabilidad del Estado por la afectación jurídica de
bienes inmuebles al quedar incluidos en reservas forestales o parques
nacionales, esta Subsección ha considerado lo siguiente:

“Dado que la vía procesal a la cual acudió el actor fue la de la reparación
directa, que la ocupación objeto de esta demanda fue decretada mediante
Acuerdo número 057 del 27 de agosto de 1987 de la Junta Directiva del
INDERENA, aprobada por medio de la Resolución Ejecutiva Número 84 del 13
de mayo de 1988 y que la demanda fue presentada el 12 de agosto de 1993,
le corresponde a esta Sala analizar si al momento de presentación de la
demanda ya había operado la caducidad de la acción, es decir, si para ese
momento ya habían transcurrido los dos años a los que hace referencia el
numeral 8 del artículo 136 C.C.A. (…).

“Para la Sala, la caducidad de la acción de reparación directa respecto de la
ocupación jurídica de bienes inmuebles se debe contar, de manera general, a
partir del día siguiente a aquél en que la afectación al interés general se inscriba
en el Registro de Instrumentos Públicos, puesto que es desde ese evento en
que se hace pública la decisión de la Administración de limitar el ejercicio de
propiedad respecto del bien objeto de la afectación.

En efecto, según el artículo 67 del Decreto-ley 2811 de 1974, Código de
Recursos Naturales Renovables:

‘De oficio o a petición de cualquier particular interesado, se impondrá limitación
de dominio o servidumbres sobre inmueble de propiedad privada, cuando lo
impongan la utilidad pública o el interés social por razón del uso colectivo o
individual de un recurso, previa declaratoria de dicho interés o utilidad
efectuada con arreglo a las leyes.

16
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 18 de noviembre de 2021, exp.
44670 C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
17
[cita del original] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de abril de
2016, exp. 34623, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
18
[cita del original] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 9 de mayo de
2012, exp. 21.906; M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; citada en: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de abril de 2016, exp. 34623, C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
14

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
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‘Tanto la limitación o la servidumbre voluntariamente aceptadas como las que
se imponen mediante resolución o sentencia ejecutoriadas, se inscribirán en la
correspondiente oficina de instrumentos públicos sin perjuicio de lo dispuesto
en este Código sobre sistema de registro.

‘Se podrá solicitar el concurso de las autoridades de policía para hacer efectiva
la limitación del dominio o la servidumbre”19.

Lo anterior se acompasa con la naturaleza del servicio público registral, tema
respecto del cual se ha considerado que:

“… la jurisprudencia de esta Corporación20 ha expresado que uno de los
aspectos más importantes del servicio público registral lo constituye el hecho
de que sirve, justamente, de publicidad21, en tanto da a conocer a terceros
quién es el propietario del bien y, en consecuencia, quién puede disponer del
mismo, así como su real situación jurídica …”22.

Pues bien, en el presente caso, la afectación que dispuso el INDERENA
respecto del predio denominado Las Cejas –Acuerdo 4 de 1969– fue inscrita
en el folio de matrícula inmobiliaria de ese predio –identificado con el número
228-0004858– el 8 de agosto de 1985, motivo por el cual el término para ejercer
la acción de reparación directa inició a partir del 9 de los mismos mes y año y
feneció el 9 de agosto de 1987, de conformidad con la jurisprudencia antes
descrita”.

Aunque, de acuerdo con la jurisprudencia en comento, la caducidad en estos casos
debe contarse, por regla general, a partir del día siguiente a aquél en que la
afectación al interés general se inscriba en el Registro de Instrumentos Públicos, la
Sala precisa que dicha regla no puede aplicarse de manera rígida y acrítica.

Esto es así, porque hay situaciones en las que, aunque no haya una inscripción de
la limitación al dominio privado en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria,
con la expedición del acto general que declara y delimita una zona protectora se
puede causar este efecto si con el solo acto general se proscriben de manera
absoluta las actividades económicas que se venían realizando en los predios o se
prohíbe expresamente la ejecución hacia el futuro de cualquier actividad de esa
índole.

19
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 9 de mayo de 2012, exp. 21.906;
M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.
20
[cita del original]: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril de 2010.
Expediente 16744.
21
[cita del original]: VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo; Bienes, Editorial Temis, Bogotá,
Novena edición, 2004, p. 309.
22
[cita del original] Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 13 de mayo de 2014, exp. 23.128;
M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.
15

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
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Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

Existen también situaciones en las que, pese a no haberse efectuado la mencionada
inscripción, hay actuaciones posteriores de la administración que concretan las
mencionadas afectaciones. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se expide el
correspondiente plan de manejo ambiental en el que se zonifica el área protectora
y se establecen los usos permitidos para cada uno de los predios localizados en su
interior -aspecto sobre el que la Sala volverá párrafos más adelante-, o cuando la
administración deniega la concesión de un permiso de construcción, de
aprovechamiento de recursos o de funcionamiento de una actividad comercial,
debido a que el predio sobre el que recaería ese permiso está superpuesto con esa
área protectora.

Para el caso concreto, la Sala precisa que mediante el acuerdo 1236 del 16 de enero
de 2013, corregido por el acuerdo 1238 del 27 de febrero siguiente, la CDMB
declaró, reservó, delimitó y alinderó un área de 11.700 hectáreas localizada en los
municipios de Suratá, California y Vetas del departamento de Santander, para crear
allí el Parque Natural Regional Páramo de Santurbán.

En el artículo 8° del acuerdo 1236 de 2013, se estableció que la afectación derivada
de la delimitación del parque natural debía ser inscrita en los folios de matrícula
inmobiliaria de todos los predios23; sin embargo, al apreciar el certificado de tradición
y libertad del predio de matrícula 300-109057, de propiedad de los accionantes, se
verificó que dicha afectación no se inscribió.

En un caso como el que ahora se resuelve, en el que se analizó la responsabilidad
del Estado por las afectaciones impuestas a un inmueble con la delimitación de una
zona protectora que no fue inscrita en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria,
esta Corporación precisó que el punto de partida para el cómputo de caducidad
debe ser la fecha de conocimiento del daño, así:

Así las cosas, según la jurisprudencia de la Sala el momento a partir del cual
se debe contar la caducidad de la acción de reparación directa por ocupación
de bien inmueble es el de la ocurrencia del hecho o el de su conocimiento por
parte del afectado, puesto que es partir de la ocurrencia de alguno de estos
eventos que se entiende que el daño se ha consolidado en cabeza del
propietario.

23
“Artículo 8º. Se ordena la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial, las Alcaldías
Municipales de Suratá, California y Vetas, y la Gobernación de Santander, y su inscripción en los
folios de matrícula inmobiliaria correspondiente a cada uno de los predios que se involucran dentro
de los linderos del Parque Natural Regional Páramo de Santurbán descritos en el presente acuerdo”.
16

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
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Demandado: CDMB
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Para la Sala, la caducidad de la acción de reparación directa respecto de la
ocupación jurídica de bienes inmuebles se debe contar, de manera general, a
partir del día siguiente a aquél en que la afectación al interés general se
inscriba en el Registro de Instrumentos Públicos, puesto que es desde
ese evento en que se hace pública la decisión de la Administración de
limitar el ejercicio de propiedad respecto del bien objeto de la afectación
(…).

Pues bien, en el folio de matrícula inmobiliaria número 230-0000094 (fl. 11 a
12 c 1), correspondiente al inmueble objeto de la demanda que dio inicio al
presente proceso, no se encuentra anotación alguna referente a la inscripción
de la declaratoria de Reserva Forestal, por lo tanto, no se podría considerar
que al momento de interposición de la demanda ya hubiere transcurrido el
término de caducidad.

Ahora bien, a partir de las pruebas aportadas al proceso, se puede afirmar que
el particular tuvo conocimiento de la declaratoria de su inmueble como Zona de
Reserva Forestal Protectora, desde el mes de mayo de 1988, fecha en la cual
se expidió la Resolución Ejecutiva No. 84 de 1988 (…).

Sin embargo, de las afirmaciones hechas por las partes y de los elementos
probatorios allegados al proceso, la Sala encuentra que el actor solicitó desde
junio de 1988 el desenglobe del predio para efectos de su sustracción de la
Zona de Reserva Forestal Protectora o su cambio de destinación a Zona de
Reserva Forestal Protectora-Productora y la entidad demandada dio respuesta
negativa a dicha solicitud en el mes de noviembre de 1991 (…).

Para la Sala, el hecho de que el particular haya solicitado en repetidas
ocasiones a la entidad demandada y de manera ininterrumpida, entre el
período en que se realizó la declaratoria y la interposición de la demanda, el
desenglobe o el cambio de afectación del mismo, aunado al hecho de que las
respuestas del INDERENA se dieron después de un largo lapso –para el caso
del desenglobe la solicitud se elevó en junio de 1988 y no fue contestada sino
hasta noviembre de 1991–, implican que el hecho dañoso no se hubiere
consolidado sino hasta el momento en el cual la Administración dio una
respuesta definitiva a la solicitud de desenglobe del predio, es decir en
noviembre de 1991 (…).

En consecuencia, teniendo en cuenta lo anterior, la Sala encuentra que al
momento de la presentación de la demanda, 17 de agosto de 1993, no habían
transcurrido los 2 años a los que hace referencia el numeral 8 del artículo 136
C.C.A., por lo tanto la acción se presentó en debido tiempo y la Sala procederá
a analizar el fondo del asunto sometido a su conocimiento24.

Visto lo anterior, la Sala pone de relieve que en la demanda se pretende la
declaratoria de responsabilidad de la CDMB por la “declaración y creación del
Parque Natural Regional Páramo de Santurbán, al limitar de manera absoluta el

24
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de mayo de 2012, exp. 21906,
C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
17

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: Rodolfo Rodríguez Gamboa y otro
Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

dominio de su predio”, idea que se reiteró en el recurso de apelación, cuando se
sostuvo que la sentencia de primera instancia debía revocarse porque la afectación
al dominio privado alegada devino de la sola delimitación de la zona protectora (fl.
468 c. ppal.).

De acuerdo con esto, el punto de partida para el cómputo de la caducidad es el día
siguiente a la promulgación del acuerdo 1236 de 2013, en atención a los
fundamentos de la responsabilidad expresados por la parte actora y debido a que
no existen medios de prueba que permitan comprender que la fecha de
conocimiento del daño antijurídico alegado fue otra.

Así las cosas, como el acuerdo 1236 del 16 de enero de 2013 comenzó a regir
desde su publicación en el Diario Oficial 48.700 del 10 de febrero de 2013 (fl. 1B c.
ppal.), el término para presentar la demanda de reparación directa corría hasta el
11 de febrero de 2015. Sin embargo, como la solicitud de conciliación extrajudicial
se radicó el 6 de febrero de 2015 y dicho trámite se agotó con la expedición de la
constancia del 22 de abril siguiente (fl. 12 c. ppal.), la oportunidad para demandar
se extendió hasta el 27 de abril de 2015. En ese contexto, la demanda radicada el
23 de abril de 2015 (fl. 20 c. ppal.) fue interpuesta oportunamente.

3.- Legitimación en la causa

Los señores Rodolfo y Humberto Rodríguez Gamboa se encuentran legitimados
en la causa por activa, por cuanto demostraron que son los propietarios del
inmueble con matrícula 300-109057, respecto del cual se alega la afectación
derivada de la delimitación del Parque Natural Regional Páramo de Santurbán (fl.
17 c. ppal.).

A su vez, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga se encuentra legitimada en la causa por pasiva, en atención a que
fue la entidad que expidió los actos mediante los cuales se creó el referido parque
natural regional -acuerdo 1236 del 16 de enero de 2013, corregido por el acuerdo
1238 del 27 de febrero siguiente- (fl. 1B c. ppal.).

4.- Caso concreto

Corresponde a la Sala establecer si la CDMB debe responder patrimonialmente por

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la afectación a la propiedad privada de los señores Rodolfo y Humberto Rodríguez
Gamboa, al haberse expedido legalmente los acuerdos 1236 del 16 de enero de
2013 y 1238 del 27 de febrero de la misma anualidad, mediante los cuales se
declaró, reservó, delimitó y alinderó un área destinada a la creación del Parque
Natural Regional Páramo de Santurbán.

La jurisprudencia de esta Sección ha considerado en diversas providencias25 que
las afectaciones sobre bienes inmuebles corresponden, por regla general, a una
carga que el propietario está en la obligación de soportar, dada la función social y
ecológica de la propiedad26.

Sin embargo, también se ha reconocido que dichas afectaciones pueden dar lugar
a la declaratoria de responsabilidad del Estado, cuando la decisión de la
administración exceda los límites de intervención pública sobre la propiedad
privada, de modo que se limite de manera absoluta y permanente el derecho de
dominio, lo que vacía de contenido su núcleo esencial y deja al propietario
totalmente privado del bien. Al respecto, esta Corporación ha precisado:

Sin embargo, ello no implica que los particulares deban soportar todo tipo de
limitación sobre sus derechos patrimoniales en aras de garantizar el
cumplimiento del interés general (…).

[E]n la medida en que la afectación implica una limitación de los derechos de
los particulares, se deberá mantener el equilibrio de las cargas públicas,
equilibrio que se puede garantizar por el mismo ordenamiento jurídico al
establecer compensaciones tarifarias o bien por el juez al momento de analizar
el alcance de la intervención estatal, ya sea mediante el análisis de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se cuestione la legalidad del
acto que hace efectiva la afectación, o mediante la acción de reparación directa
cuando quiera que se alegue la responsabilidad del Estado por la declaratoria
de afectación al interés general. Como consecuencia de ello la responsabilidad
del Estado por violación del equilibrio de las cargas públicas podrá realizarse,
en muchos eventos, en aplicación de la teoría del daño especial (…).

Por lo tanto, para determinar en qué medida una afectación al interés general
tiene alcances expropiatorios se deberá determinar como parámetro definitorio
si, una vez realizada la afectación, el titular del derecho real sobre el bien
cuenta con una genérica utilidad privada de carácter económico, cuyo alcance
deberá ser establecido por el juez en cada caso concreto (…).

25
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de 2012, exp. 21906.
Cf., también, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de abril de 2013,
exp. 26437, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Citada en: sentencia del 19 de febrero de 2021,
expe.63087, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de 2012, exp. 21906,
C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: Rodolfo Rodríguez Gamboa y otro
Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

De manera general, si el juez, a la luz de los hechos probados en el proceso,
encuentra que la afectación al interés general excede las cargas derivadas de
la función social y ecológica de la propiedad se configurará la existencia de un
daño antijurídico y se ordenará la indemnización de los perjuicios materiales
causados por la afectación, es decir, el daño emergente y el lucro cesante,
cuando a ello hubiere lugar, puesto que en este evento la afectación tendrá
alcance expropiatorio. Por su alcance, este tipo de afectaciones al interés
general se puede asimilar a la noción de ocupación permanente de bienes
inmuebles y se deberá dar aplicación al artículo 220 C.C.A.27.

También se ha reconocido la existencia de otro tipo de intervenciones o
afectaciones al dominio privado que no son suficientes para vaciarlo de contenido,
es decir, dejan intacto el núcleo esencial del derecho, pero que pueden dar lugar a
declarar la responsabilidad del Estado si el juez verifica que las compensaciones
reconocidas son insuficientes para el resarcimiento del perjuicio sufrido por el
accionante, o cuando ni siquiera se reconoce tal compensación. Sobre este punto,
en providencia del 26 de agosto de 201528, esta Corporación precisó:

Aquellos casos en los que no se vacía de contenido el derecho de propiedad
del demandante –o algún otro derecho de contenido patrimonial que se ejerza
sobre un bien-, pero sí se disminuye. En esta segunda hipótesis se podrán
identificar tres eventos: a. La aminoración del derecho se identifica como una
carga tolerable que debe ser soportada por el titular del derecho de propiedad
atendiendo el caso concreto; b. La limitación del derecho de propiedad –o de
otros de contenido patrimonial respecto de un bien- es particular y especial,
pero el ordenamiento jurídico establece mecanismos de compensación de
dicha aminoración, en cuyo caso le corresponderá al juez de la reparación
directa determinar si la compensación establecida por el ordenamiento
jurídico es suficiente respecto de la aminoración patrimonial sufrida por el
titular del derecho; y, finalmente, c. La limitación del derecho de propiedad –
o de otros de contenido patrimonial respecto de un bien- es particular y
especial, pero el ordenamiento jurídico no creó mecanismos de
compensación, caso el cual le compete al juez establecer la manera más
adecuada de compensar el detrimento del derecho de propiedad.

De acuerdo con lo anterior, para resolver el caso concreto deberá precisarse el
grado de afectación de la medida adoptada por la CDMB, en el sentido de
especificar si el demandante demostró la imposibilidad de explotación jurídica y
económica del inmueble de su propiedad como consecuencia de la declaratoria de
afectación al interés general.

En tal sentido, si de las pruebas obrantes en el plenario se infiere que la afectación

27
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de 2012, exp. 21906.
Cf., también, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de abril de 2013,
exp. 26437, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Citada en: sentencia del 19 de febrero de 2021,
exp.63087, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico.
28
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2015, exp.
33113, C.P. Hernán Andrade Rincón.
20

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: Rodolfo Rodríguez Gamboa y otro
Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

tiene efectos expropiatorios, es decir, imposibilita toda explotación jurídica o
económica del inmueble, deberá ordenarse el pago de una indemnización por la
totalidad del valor del predio29 y la sentencia fungirá como título traslaticio de
dominio -art. 220 C.C.A.-. Por otra parte, si de la naturaleza de la afectación y de lo
probado en el proceso se infiere que la limitación al dominio privado tiene carácter
parcial o que el ordenamiento jurídico permite usos adecuados a la afectación y
compensaciones tarifarias, esto se deberá tener en cuenta con el fin de establecer
el alcance específico de los perjuicios.

Para el caso concreto, se encuentra acreditado que los señores Rodolfo y Humberto
Rodríguez Gamboa son los propietarios del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria 300-109057, el cual se encuentra localizado en el municipio de Vetas,
Santander (fl. 17 c. ppal.).

Mediante el acuerdo 1236 del 16 de enero de 2013 -corregido mediante el acuerdo
1238 del 27 de febrero de 2013-, la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga declaró y delimitó el Parque Natural
Regional Páramo de Santurbán. El predio de los accionantes quedó comprendido
dentro del área delimitada para este parque, hecho que, desde la fijación del litigio
se excluyó del tema de la prueba por no ser objeto de controversia 30 (fl. 371 c. ppal.).

Aunque el predio de los señores Rodríguez Gamboa está localizado dentro del
polígono que comprende el mencionado parque natural, lo cierto es que las
limitaciones al dominio privado por ellos alegadas no se encuentran acreditadas, en
la medida en que (i) no se ha registrado una afectación concreta en el folio de
matrícula correspondiente al inmueble de los accionantes, (ii) porque los usos y
fines establecidos para esta zona de protección no comportan una restricción que
afecte el núcleo esencial del derecho de dominio (iii) y porque las autoridades no
han desplegado actuaciones encaminadas a impedir que los demandantes realicen

29
Descontando la valorización generada por la afectación en los términos del artículo 219 C.C.A. si
a ello hubiere lugar.
30
Específicamente, en la audiencia inicial se señaló: “Declarar relevado del debate probatorio, por
coincidencia de las Partes en ello que se refuerza con la prueba documental que aquí se decreta y
recauda, lo que sigue: 1. Que la CDMB aquí demandada, mediante los Acuerdos proferidos por su
Consejo Directivo, distinguidos con los Nos. 1236 del 16 de Enero/2013, modificado por el Acuerdo
1238 de Febrero/2013, crea el Parque Natural Regional Páramo de Santurbán. 2. Que los aquí
actores son propietarios del predio llamado Villa Nueva" que se halla alinderado según lo describe
la escritura pública No.1696 del 04 de mayo/2001 cuya copia se decreta y recauda a folios 13 a 16
del expediente. 3. Que el predio anterior "Villa Nueva", de propiedad de los aquí demandantes, quedó
incluido en el área que la demandada alinderó como Parque Natural Regional Páramo de Santurbán
sin que a la fecha le haya reconocido un valor económico de dinero o en especie por ello (…)”.
21

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: Rodolfo Rodríguez Gamboa y otro
Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

actividades de uso y aprovechamiento del inmueble con base en la declaración y
delimitación de la zona protectora.

Mediante el acuerdo 1236 del 16 de enero de 2013, la CDMB señaló los objetivos
de conservación por los cuales se declaraba el Parque Natural Regional31,
estableció la prohibición expresa de autorizar o ejecutar explotaciones o
exploraciones mineras en ese territorio32 y concedió un plazo de 12 meses para que
la autoridad ambiental definiera la zonificación, uso y actividades permitidas, de
acuerdo con lo señalado en el Decreto 2372 de 201033.

Según lo previsto en el artículo 8° del acuerdo 1236 del 16 de enero de 2013, las
limitaciones a los usos establecidas en dicho acto administrativo debían ser inscritas
en cada uno de los “folios de matrícula inmobiliaria correspondiente a cada uno de
los predios que se involucran dentro de los linderos del Parque Natural Regional
Páramo de Santurbán”.

La anterior determinación concuerda con lo previsto en el Decreto-ley 2811 de
197434 35, que establece la necesidad de inscribir en el respectivo folio de matrícula
inmobiliaria las restricciones y limitaciones al dominio privado derivadas de las
determinaciones de carácter ambiental como la que ahora se analiza.

En igual sentido, el artículo 32 del Decreto 2372 de 2010, reglamentario del Decreto-
ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de
2003, estableció para el Sistema Nacional de Áreas Protegida que el “acto
administrativo mediante el cual se reserva, delimita, declara o sustrae un área
protegida pública, por ser de carácter general, debe publicarse en el Diario Oficial e
inscribirse en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos correspondientes,

31
Artículo 4° ibídem.
32
Artículo 5° ibídem.
33
Hoy compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente - 1076 de 2015.
34
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
35
“Artículo 67.- De oficio o a petición de cualquier particular interesado, se impondrá limitación de
dominio o servidumbre sobre inmueble de propiedad privada, cuando lo impongan la utilidad pública
o el interés social por razón del uso colectivo o individual de un recurso, previa declaratoria de dicho
interés o utilidad efectuada con arreglo a las leyes.
Tanto la limitación o la servidumbre voluntariamente aceptada como las que se impongan mediante
resolución o sentencia ejecutoriada, se inscribirán en la correspondiente oficina de instrumentos
públicos, sin perjuicio de lo dispuesto en este Código sobre sistema de registro.
Se podrá solicitar el concurso de las autoridades de policía para hacer efectiva la limitación del
dominio o la servidumbre”.
22

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: Rodolfo Rodríguez Gamboa y otro
Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

de conformidad con los códigos creados para este fin por la Superintendencia de
Notariado y Registro. La inscripción citada, no tendrá costo alguno”.

Una lectura armónica de estas disposiciones y de las previsiones de los artículos
3336, 35 y 47 del Decreto 2372 de 2010, permite comprender que la determinación
específica de las limitaciones o afectaciones a la propiedad privada derivadas del
establecimiento de una zona protectora implica la expedición del correspondiente
plan de manejo ambiental en el que se zonifique la respectiva área, de acuerdo con
los usos permitidos y prohibidos requeridos para el cumplimiento de los fines
perseguidos con cada área protectora.

Específicamente, en el artículo 47 del citado Decreto 2372 de 2010, se establece:

Artículo 47. Plan de manejo de las áreas protegidas. Cada una de las áreas
protegidas que integran el Sinap contará con un plan de manejo que será el
principal instrumento de planificación que orienta su gestión de conservación
para un periodo de cinco (5) años de manera que se evidencien resultados
frente al logro de los objetivos de conservación que motivaron su designación
y su contribución al desarrollo del Sinap. Este plan deberá formularse dentro
del año siguiente a la declaratoria o en el caso de las áreas existentes que se
integren al Sinap dentro del año siguiente al registro y tener como mínimo lo
siguiente:

Componente diagnóstico: Ilustra la información básica del área, su contexto
regional, y analiza espacial y temporalmente los objetivos de conservación,
precisando la condición actual del área y su problemática.

Componente de ordenamiento: Contempla la información que regula el manejo
del área, aquí se define la zonificación y las reglas para el uso de los recursos
y el desarrollo de actividades.

Componente estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y
actividades más adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de
conservación.

36
“Artículo 33. Función social y ecológica de la propiedad y limitación de uso. Cuando se trate de
áreas protegidas públicas, su reserva, delimitación, alinderación, declaración y manejo implican una
limitación al atributo del uso de los predios de propiedad pública o privada sobre los cuales recae.
Esa afectación, conlleva la imposición de ciertas restricciones o limitaciones al ejercicio del derecho
de propiedad por su titular, o la imposición de obligaciones de hacer o no hacer al propietario, acordes
con esa finalidad y derivadas de la función ecológica que le es propia, que varían en intensidad de
acuerdo a la categoría de manejo de que se trate, en los términos del presente decreto.
La limitación al dominio en razón de la reserva, delimitación, alinderación, declaración y manejo del
área respectiva, faculta a la Administración a intervenir los usos y actividades que se realizan en
ellas, para evitar que se contraríen los fines para los cuales se crean, sin perjuicio de los derechos
adquiridos legítimamente dentro del marco legal y constitucional vigente. Igualmente, procede la
imposición de las servidumbres necesarias para alcanzar los objetivos de conservación
correspondientes en cada caso”.
23

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: Rodolfo Rodríguez Gamboa y otro
Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

Parágrafo 1°. El Plan de Manejo deberá ser construido garantizando la
participación de los actores que resulten involucrados en la regulación del
manejo del área protegida. En el caso de las áreas protegidas públicas, el plan
de manejo se adoptará por la entidad encargada de la administración del área
protegida mediante acto administrativo.

Parágrafo 2°. Para el caso de las Reservas Forestales Protectoras Nacionales,
el Plan de Manejo será adoptado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

Parágrafo 3°. La reglamentación sobre compensaciones ambientales deberá
incorporar acciones de conservación y manejo de áreas protegidas integrantes
del Sinap.

Visto lo anterior, la Sala destaca que en el plenario no hay prueba que acredite la
existencia del respectivo plan de manejo ambiental del Parque Natural Regional
Páramo de Santurbán37. Esta situación guarda plena conexión con lo consignado
en el certificado de tradición y libertad del predio de los accionantes (fl. 17 c. ppal.),
en el que se observa que no se ha inscrito afectación alguna, puesto que, como
es apenas lógico, dicha actuación solo puede adelantarse cuando se expida el
correspondiente plan de manejo que zonifique el área protectora, establezca los
usos permitidos y prohibidos e identifique con precisión las restricciones
específicas para los predios del actor.

En torno a la inexistencia del plan de manejo ambiental para el Parque Natural
Regional y la consecuente falta de inscripción de afectación alguna en el folio de
matrícula inmobiliaria, en el testimonio rendido por el ingeniero Carlos Alberto
Suárez Sánchez, Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del
Territorio de la CDMB, se precisó (Audiencia de pruebas, min. 38:24):

(…) cuéntele a este despacho en qué estado se encuentra la ejecución del
contenido de los acuerdos 1236 y 1238 de 2013. Contesta: (…) esos acuerdos
(…) a través de los cuales se declara el parque natural regional contemplan en
la primera etapa la formulación del plan de manejo. Ese plan de manejo la
Corporación una vez se aprobó el parque inició el proceso de formulación del
plan de manejo (…) que busca (…) hacer la zonificación ambiental, determinar
el régimen de usos porque es importante aclarar que si bien el parque natural
regional corresponde a una categoría de conservación importante, de todas
maneras hay actividades económicas que se pueden desarrollar inclusive (…)
uno de los de los objetivos es precisamente eso, poder desarrollar el
ecoturismo como actividad que permite aprovechar los atributos del paisaje y
los complejos lagunares y finalmente el plan de manejo conlleva la formulación
de los programas y proyectos que la corporación ejecute en esa área protegida

37
Hasta los alegatos en segunda instancia, las partes adujeron que no se había aprobado este
instrumento de planificación ambiental.
24

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
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Referencia: Medio de control de Reparación Directa

para su conservación y para que cumplan los objetivos que motivaron la
declaratoria. Este proceso como les digo se inició (…) y la corporación ya tiene
(…) un documento muy muy avanzado pero el plan de manejo tiene una
connotación muy especial y es que requiere que (…) tenga una amplia
participación de la comunidad o de las personas que están al interior del parque
en su zona de influencia y lamentablemente con ocasión de la declaratoria (…)
el parque natural regional prácticamente restringe de manera inmediata la
actividad minera. Se nos presentó una situación compleja que nos impidió
poder continuar con el proceso más que todo por seguridad de los funcionarios
porque estaban en una situación compleja para poderlo desarrollar en esos
momentos entonces la corporación resolvió parar por lo pronto la declaratoria
(…). La idea es en muy poquito tiempo poder ya tener ese plan de manejo y
ese plan de manejo nos va a permitir poder concertar con la comunidad todo lo
pertinente a la forma como vamos a conservar el parque y como la comunidad
(…) no se va realmente a perjudicar en lo absoluto por la declaratoria de parque
porque ese parque tiene una particularidad y es que aproximadamente un 3%
del área del parque tiene actividades agropecuarias y la estrategia que se ha
planteado (…) y con la que se ha venido trabajando es que esas actividades
agropecuarias las personas pueden seguirlas desarrollando (…). (Min. 47:03)
Pregunta: Ingeniero, ¿desde el punto de vista jurídico se ha producido alguna
limitación a la propiedad mediante inscripción en folio de matrícula inmobiliaria
cuando menos de la determinación de los acuerdos? Contesta: el decreto 2372
establece que (…) los predios que conforman un área protegida deben hacerse
el registro en la oficina de instrumentos públicos ese es un requerimiento que
hay que hacer. Hasta el momento la corporación no ha realizado ese esa
inscripción, estamos en un proceso como le decía de la formulación y de
culminación del plan de manejo para tener un panorama muy claro con la
comunidad con relación a cómo se va a manejar y entonces hasta el momento
pues ninguna persona puede decir que tiene registrado en instrumentos
públicos la anotación en su predio (…). (Min. 1:02:05) Pregunta: Ingeniero,
entonces queda categóricamente aquí confirmado que no existe plan de
manejo ambiental. Contesta: Correcto magistrada.

Al margen de la falta de prueba de la existencia del referido plan de manejo
ambiental y la incidencia que esto tiene en la acreditación de las afectaciones
alegadas por los demandantes, la Sala pone de presente que la sola
superposición de un predio privado con el parque regional en sí misma no da lugar
a la determinación en abstracto de la existencia de las restricciones al dominio,
como se sugirió con los argumentos expresados en la apelación.

En efecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2372 de 2010,
la zona protectora denominada parque natural regional se define como un
“espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala
regional, mantienen la estructura, composición y función, así como los procesos
ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales y culturales
asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlas a su
preservación, restauración, conocimiento y disfrute”.
25

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
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Las finalidades de preservación, restauración, conocimiento y disfrute inherentes
a todos los parques naturales regionales están definidas por el artículo 35 del
Decreto 2372 de 2010, así:

Artículo 35. Definición de los usos y actividades permitidas. De acuerdo a la
destinación prevista para cada categoría de manejo, los usos y las
consecuentes actividades permitidas, deben regularse para cada área
protegida en el Plan de Manejo y ceñirse a las siguientes definiciones:

a) Usos de preservación: Comprenden todas aquellas actividades de
protección, regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al
mantenimiento de los atributos, composición, estructura y función de la
biodiversidad, evitando al máximo la intervención humana y sus efectos.

b) Usos de restauración: Comprenden todas las actividades de recuperación y
rehabilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante
de especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los
atributos de la biodiversidad.

c) Usos de Conocimiento: Comprenden todas las actividades de investigación,
monitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el
conocimiento, el intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a
temas ambientales y la comprensión de los valores y funciones naturales,
sociales y culturales de la biodiversidad (…).

e) Usos de disfrute: Comprenden todas las actividades de recreación y
ecoturismo, incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la
infraestructura necesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la
biodiversidad previstos para cada categoría.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Decreto 2372 de 2010, estos usos
permitidos deberán estar contemplados en la zonificación que se haga de la
respectiva área protectora, así:

Artículo 34. Zonificación. Las áreas protegidas del Sinap deberán zonificarse
con fines de manejo, a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos de
conservación. Las zonas y sus consecuentes subzonas dependerán de la
destinación que se prevea para el área según la categoría de manejo definida,
conforme a lo dispuesto en el presente decreto y podrán ser las siguientes:

Zona de preservación. Es un espacio donde el manejo está dirigido ante todo
a evitar su alteración, degradación o transformación por la actividad humana.
Un área protegida puede contener una o varias zonas de preservación, las
cuales se mantienen como intangibles para el logro de los objetivos de
conservación. Cuando por cualquier motivo la intangibilidad no sea condición
suficiente para el logro de los objetivos de conservación, esta zona debe
catalogarse como de restauración.

Zona de restauración. Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total
a un estado anterior, de la composición, estructura y función de la diversidad
26

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
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Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

biológica. En las zonas de restauración se pueden llevar a cabo procesos
inducidos por acciones humanas, encaminados al cumplimiento de los
objetivos de conservación del área protegida. Un área protegida puede tener
una o más zonas de restauración, las cuales son transitorias hasta que se
alcance el estado de conservación deseado y conforme los objetivos de
conservación del área, caso en el cual se denominará de acuerdo con la zona
que corresponda a la nueva situación. Será el administrador del área protegida
quien definirá y pondrá en marcha las acciones necesarias para el
mantenimiento de la zona restaurada.

Zona de uso sostenible: Incluye los espacios para adelantar actividades
productivas y extractivas compatibles con el objetivo de conservación del área
protegida. Contiene las siguientes subzonas:

a) Subzona para el aprovechamiento sostenible. Son espacios definidos con el
fin de aprovechar en forma sostenible la biodiversidad contribuyendo a su
preservación o restauración.

b) Subzona para el desarrollo: Son espacios donde se permiten actividades
controladas, agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales,
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y
la construcción y ejecución de proyectos de desarrollo, bajo un esquema
compatible con los objetivos de conservación del área protegida.

Zona general de uso público. Son aquellos espacios definidos en el plan de
manejo con el fin de alcanzar objetivos particulares de gestión a través de la
educación, la recreación, el ecoturismo y el desarrollo de infraestructura de
apoyo a la investigación. Contiene las siguientes subzonas:

a) Subzona para la recreación. Es aquella porción, en la que se permite el
acceso a los visitantes a través del desarrollo de una infraestructura mínima tal
como senderos o miradores.

b) Subzona de alta densidad de uso. Es aquella porción, en la que se permite
el desarrollo controlado de infraestructura mínima para el acojo de los visitantes
y el desarrollo de facilidades de interpretación.

Como puede observarse, entre los usos que podrían avalarse en el parque
regional natural se incluye el de disfrute, que comprende “todas las actividades de
recreación y ecoturismo, incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento
de la infraestructura necesaria para su desarrollo”. Este uso es plenamente
compatible con la zona general de uso público -subzonas para la recreación y de
alta intensidad de uso-, así como con la zona de uso sostenible -subzona para el
aprovechamiento sostenible-.

En relación con la compatibilidad de usos y zonas del parque regional, el ingeniero
Carlos Alberto Suárez Sánchez, en su declaración como testigo, expresamente
indicó que la intención del área protectora era desarrollar un uso ecoturístico y de
27

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educación, aprovechando el recurso paisajístico de la zona. Además, indicó que,
debido a que solamente en el 3% de la extensión total del área protectora había
actividades agrícolas, con la implementación del respectivo plan de manejo
ambiental se buscaría conservar dichas actividades -en tanto no tenían mayor
incidencia para los servicios ecosistémicos prestados por el páramo- o sustituirlas
mediante el reconocimiento de pagos por servicios ambientales.

Las categorías de uso y zonificación establecidas para el parque regional permiten
que los señores Rodríguez Gamboa realicen actividades económicas sobre el
bien, aunque estas se refieren a ecoturismo, recreación y agrícolas -solo hasta la
expedición del PMA y bajo el entendido que se vinieran ejecutando previamente-
. De la misma manera los propietarios pueden vender el bien a quien esté
interesado en adquirirlo para realizar los fines propuestos por el parque natural.

En tal sentido, se observa que aunque puede reconcomerse la existencia de cierta
restricción al derecho de los propietarios, esta no implica un vaciamiento del
dominio privado, puesto que el ordenamiento jurídico mantiene un reducto de
aprovechamiento económico del bien, inclusive para la explotación económica del
mismo38.

Como se precisó en párrafos precedentes, la jurisprudencia de la Corporación ha
establecido que la cuestión del vaciamiento del derecho de propiedad -por la
afectación de su núcleo esencial- se ha considerado como el aspecto determinante
en la declaratoria de responsabilidad del Estado, cuando se demanda por las
limitaciones a la propiedad derivadas del establecimiento de una zona protectora
ambiental.

Debe precisarse igualmente que, aunque en el artículo cuarto del acuerdo 1236
de 2013 se estableció de manera expresa que en el área del parque natural no
podría “autorizarse, ni ejecutarse exploraciones o explotaciones mineras”, lo cierto
es que en el presente asunto los accionantes no alegaron, ni probaron que
estuviesen realizando dicha actividad económica en el predio de su propiedad,

38
En la sentencia del 9 de mayo de 2012, esta Corporación empleó un razonamiento semejante, al
reconocer que no había afectación al núcleo esencial de la propiedad en relación con predio incluido
en una zona declarada como reserva forestal, respecto del cual podía hacerse “aprovechamiento
persistente de los bosques” (art. 2 decreto 877 de 1976) y al uso habitacional. Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de 2012, exp. 21906, C.P. Mauricio Fajardo
Gómez.
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como para que de esta situación pudiera desprenderse el reconocimiento de un
perjuicio derivado de tal prohibición.

Por lo anterior, la Sala concluye que, contrario a lo alegado en el recurso de
apelación, la afectación que en abstracto se impone con la declaración y
delimitación del Parque Natural Regional Páramo de Santurbán no implica una
afectación al núcleo esencial del derecho de propiedad, en tanto los accionantes
conservan a su favor la facultad de gozar o explotar jurídica y económicamente el
bien, así como la de disponer de él, en las condiciones del artículo 669 del Código
Civil, en el que se concibe a la propiedad como un derecho que se tiene sobre una
cosa corporal, “para gozar y disponer de ella , no siendo contra ley o contra
derecho ajeno”.

La anterior conclusión sobre la ausencia de acreditación del daño se refuerza con
la idea de que la administración no ha adelantado actuaciones dirigidas a los
accionantes, que tengan como propósito negar algún tipo de licenciamiento o
permiso para la ejecución de actividades económicas o de construcción en su
predio, en la que se tome como fundamento la existencia de alguna restricción a
la propiedad derivada del establecimiento del parque natural regional.

Tampoco existe prueba de que los accionantes hayan sido compelidos o siquiera
requeridos a desocupar el inmueble de su propiedad, el cual pueden habitar
normalmente, tal como expresó el testigo Carlos Alberto Suárez Sánchez, al
señalar que “nosotros [la CDMB] no tenemos (…) afectación (…) sobre una
persona que tenga una casa en un predio del área protegida o sea ni vamos a
actuar ni (…) vamos a decirle a la persona ni que tenga que salirse ni que tenga
que tumbar la casa” (Audiencia de pruebas min. 1:06:55).

Esta aseveración fue corroborada por el perito, quien para rendir su informe visitó
el inmueble objeto de discusión y constató que en el inmueble había tres
viviendas, y que en dos de ellas vivían personas, sin que se les hubiera efectuado
requerimiento alguno para que desalojaran (Audiencia de pruebas min. 15:48).

En consecuencia, al no encontrarse acreditada la afectación al dominio alegada
en la demanda, se confirmará la sentencia apelada, en tanto (i) no se ha registrado
una afectación concreta en el folio de matrícula correspondiente al inmueble de
los accionantes, (ii) porque los usos y fines establecidos para esta zona de

29

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protección no comportan una restricción que afecte el núcleo esencial del derecho
de dominio (iii) y porque las autoridades no han desplegado actuaciones
encaminadas a impedir que los demandantes realicen actividades de uso y
aprovechamiento del inmueble con base en la declaración y delimitación de la
zona protectora.

5.- Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia debe disponerse
sobre la imposición de costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el
procedimiento civil. Como esa condena obedece a un factor objetivo, no se tiene en
cuenta la conducta de las partes, sino los supuestos consagrados por la norma.

El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso, mientras que el artículo 361 ibídem establece que las
costas “están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados
durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale
aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo
Superior de la Judicatura, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366
ejusdem.

Así las cosas, se condenará en costas a la parte demandante, es decir, a quien
interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia,
debido a que no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera
concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General
del Proceso39.

En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, de
conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se debe tener
en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere.

39
A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
30

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: Rodolfo Rodríguez Gamboa y otro
Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

En ese sentido se observa que se trata de un proceso de reparación directa, asunto
en el que la parte demandante resultó vencida en segunda instancia porque no se
accedió a lo pretendido con el recurso de apelación.

A manera de precisión y para justificar con mayor razón lo expuesto anteriormente,
resulta importante destacar que la fijación de agencias en derecho no se ve afectada
en el evento en el que la parte haya litigado, incluso, a nombre propio, sin
apoderado, pues aún en ese caso tiene derecho a que se fije el monto de agencias
para retribuir su actuación, tal como se desprende de lo señalado en los numerales
3 y 4 del artículo 366 del CGP.

Por lo anterior, si la parte actuó a nombre propio y tiene derecho a que se le fijen
agencias en derecho a su favor, a pesar de que no incurrió en el pago de honorarios
de un apoderado que lo representara, igual razonamiento debe aplicarse cuando se
trata de una entidad pública que actúa a través de un apoderado que hace parte de
su planta de personal, pues el hecho de que no se hayan realizado pagos
adicionales a su salario no enerva la causación de las agencias en derecho como
parte de la condena en costas.

De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el
acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda40, en materia de
tarifas de agencias en derecho se debe observar lo prescrito en el Acuerdo 1887 de
2003.

A partir de lo expuesto, se fijan las agencias en derecho en la segunda instancia en
el 1% de las pretensiones negadas a la parte actora, cifra pagadera a la entidad
demandada, que deberá incluirse en el auto de liquidación de costas a cargo de la
parte vencida en el recurso -parte demandante- y que corresponde a la suma de
$7.000.00041.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

40
La demanda se presentó el 19 de marzo de 2013. El Acuerdo 1887 de 2003 se encontraba vigente
para ese momento.
41
En la demanda se pretendió el reconocimiento de perjuicios por $700.000.000.
31

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00448-01 (59715)
Actor: Rodolfo Rodríguez Gamboa y otro
Demandado: CDMB
Referencia: Medio de control de Reparación Directa

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de febrero de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante.
Como agencias en derecho en esta instancia, se fija a favor de la entidad
demandada la suma de $7.000.000. Las costas se liquidarán de manera
concentrada en el Tribunal a quo.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su Tribunal de origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF

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