Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2015-00357-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2015-00357-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-33-000-2015-00357-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
27 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 27 de febrero de 2026
Radicación: 68001-23-33-000-2015-00357-01 (67999)
Demandante: Hernando Rojas Leal
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Bucaramanga
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Temas: reparación directa-responsabilidad extracontractual del Estado por daños a la
propiedad–falta de prueba.
Síntesis del caso: la parte demandante reclamó los perjuicios causados por el cambio del
uso del suelo en un predio de su propiedad.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
en contra de la Sentencia de 5 de diciembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda1.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada.
1.3. Sentencia recurrida. 1.4. Recursos de apelación. 1.5. Trámite relevante en primera
instancia – 1.6. Trámite relevante en segunda instancia.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 10 de abril de 2015, Hernando Rojas Leal -en adelante la demandante-
presentó una demanda2 de reparación directa en contra de la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -en
adelante CDMB- con las pretensiones que se trascriben a continuación:
“Primera. Que la CORPORACIÓN DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA –
C.D.M.B., es administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales
causados al señor Hernando Rojas Leal, por falla o falta del servicio o de la
administración en la declaración y creación del Parque Natural Regional Páramo de
1 Artículo 150 de la Ley 1437 de 2011. “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del
recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este
código”).
2 Folios 13-22 del expediente digital del índice 139 del Samai del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 68001-23-33-000-2015-00357-01 (67999)
Demandante: Hernando Rojas Leal
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Bucaramanga
Referencia: Reparación directa
Decisión: Revoca la Sentencia
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Santurbán, al limitar de manera absoluta el dominio de su predio, sin que existiera
compensación económica alguna previamente.
Segundo. Condenar, en consecuencia, a la CORPORACIÓN DE DEFENSA DE LA MESETA
DE BUCARAMANGA – C.D.M.B. – a la reparación del daño ocasionado, y por
consiguiente a pagar al actor, los perjuicios de orden material y moral, subjetivados y
objetivados, actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo en la suma de
NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000), o lo que resulte probado dentro del
proceso, o en su defecto, en forma genérica.”
2. La parte demandante fundamentó sus pretensiones en los siguientes
hechos:
3. 1) Mediante el Acuerdo 1236 de 2013, corregido por el Acuerdo 1238 del
mismo año, la CDMB declaró y alinderó el Parque Natural Regional Páramo
de Santurbán. En la delimitación se incluyó el predio “La Cimbriadera”, de
propiedad del demandante, ubicado en la vereda El Centro del municipio
de Vetas, sin que se hubiera adelantado ningún trámite de expropiación
con indemnización previa.
4. 2) Sobre el uso de estas áreas, en el Acuerdo 1236 de 2013 se dispuso que
“no [podía desarrollarse] ninguna actividad humana distinta a la de simple
conservación”. Adicionalmente, se ordenó la inscripción del acto en el folio
de matrícula inmobiliaria de los inmuebles afectados.
5. Para la parte demandante, de conformidad con el artículo 300 del
Decreto 2811 de 1974 se debieron adquirir los bienes afectados con
limitaciones absolutas de dominio. Lo anterior, en concordancia con el
artículo 33 del Decreto 2372 de 2010 según el cual “la delimitación o reserva
implica de suyo una limitación al atributo del uso de los predios”. Finalmente,
advirtió que “las restricciones de la actividad humana” impedían que el
demandante pudiera acceder a la prestación de servicios públicos.
1.2. Posición de la parte demandada
6. La CDMB contestó la demanda3 y se opuso a las pretensiones, porque la
declaratoria del Parque Natural Regional Páramo de Santurbán obedeció
al cumplimiento de sus funciones como autoridad ambiental.
7. Frente a los hechos señaló que, el Decreto 2372 de 2010 permitía la
realización de algunas actividades económicas en el área protegida,
siempre y cuando fueran compatibles con el uso del suelo. Además, el
demandante no acreditó que se le hubiera impuesto algún tipo de
restricción ni solicitó la sustracción del bien del área protegida.
3 Folios 46-54 del cuaderno 1.
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Decisión: Revoca la Sentencia
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8. También aclaró que todavía no se había limitado el dominio de los
inmuebles, porque no se había realizado la clasificación de los usos del suelo.
Finalmente, propuso las excepciones de “improcedencia de la acción por
no conformación del litisconsorcio necesario, [porque] no demandó a la
nación”; “no acreditó la titularidad del bien”; “inexistencia del daño”, y
“falta de consumación del daño porque no se [había] limitado el dominio”.
1.3. Sentencia recurrida
9. El 5 de diciembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Santander accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, con fundamento en el
daño especial que se causó con ocasión de la creación y delimitación del
Parque Natural Regional Páramo de Santurbán4.
10. En el juicio de responsabilidad, el Tribunal incurrió en una confusión entre
distintos elementos que la integran; sin embargo, de la lectura de la
providencia puede advertirse la identificación de la posible configuración
de dos daños distintos. En relación con el daño derivado de la imposibilidad
de explotar el suelo con cultivos o minería, sostuvo que se trataba de un
daño eventual porque para el momento en que se profirió la sentencia no
se había expedido en el plan de manejo ambiental, lo que impedía
determinar con certeza las restricciones del uso del suelo.
11. Frente al daño consistente en la pérdida del valor comercial del predio,
el Tribunal señaló que se había configurado una ruptura en las cargas
públicas al imponer una limitación del derecho a la propiedad privada
únicamente con la creación del Parque Natural Regional Santurbán. Precisó
que, a pesar de que la creación de las áreas protegidas atendía al interés
general, la administración contaba con la facultad de adquirir el inmueble
en un procedimiento de compra o declaratoria de expropiación.
12. En consecuencia, para el Tribunal la creación del área protegida
produjo una pérdida de valor comercial, sin que se hubiera adelantado el
trámite de la indemnización previa o el respectivo proceso de expropiación
del bien, lo que produjo una ruptura en las cargas públicas.
4 En la parte resolutiva de la decisión se indicó (se trascribe): “PRIMERO. ACCEDER parcialmente a las pretensiones
de la demanda instaurada por el señor HERNANDO ROJAS LEAL contra la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE SANTATNDER-CDMB, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. //
SEGUNDO: DECLARAR administrativamente y patrimonialmente responsable a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB por el daño causado a los demandantes
con ocasión de la expedición del Acuerdo de Consejo Directivo N° 1263 DE 2013, corregido por el Acuerdo de
Consejo Directivo N° 1268 de 2013, por medio del cual se declaró el Parque Natural Regional Páramo de Santurbán.
// TERCERO: En consecuencia, CONDENAR en abstracto a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA
DEFENSA DE LA MESESTA DE BNUCARAMANGA – CDMB al pago de los perjuicios sufridos a título de daño emergente
en favor del señor HENANDO ROJAS LEAL de conformidad con los parámetros señalados en la parte de esta
providencia. // CUARTO: Esta sentencia y el auto que decida el incidente de liquidación de condena, deberá ser
registrados en la oficina de registro de instrumentos públicos de Bucaramanga, como título traslaticio de dominio
de los inmuebles a favor de la CDMB. Los gastos correspondientes al registro serán por cuenta de la entidad. //
QUINTO: DENEGAR las demás pretensiones invocadas en la demanda. // [SEXTO]: SIN CONDENA EN COSTAS en
esta instancia procesal” Índice 2 de Samai.
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Referencia: Reparación directa
Decisión: Revoca la Sentencia
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13. Finalmente, en el acápite de “reparación del daño” sin realizar ningún
análisis adicional sobre la atribución, expuso que no encontró acreditada la
cuantía del perjuicio por lo que condenó en abstracto únicamente por el
daño emergente derivado de la “la limitación impuesta al ejercicio del
derecho de dominio”. El Tribunal también aclaró que para tal efecto debía
probarse el valor comercial del inmueble a través de un avalúo. Finalmente,
precisó que la sentencia y el auto que resolviera el incidente obraban como
título traslaticio de dominio a favor de la CDMB.
1.4. Recurso de apelación
14. La CDMB presentó un recurso de apelación5 en el que solicitó que se
negaran a las pretensiones de la demanda con fundamento en que no se
demostró una afectación al núcleo esencial a la propiedad. A su juicio, en
la misma línea argumentativa que planteó el Tribunal para negar el daño
consistente en imposibilidad de la explotación económica del suelo por la
falta de adopción del plan de manejo, el daño consistente en la
devaluación del predio también era eventual, en la medida en que no
había certeza del tipo de limitación que tendría el predio.
15. Frente a la condena, advirtió que el Tribunal asemejó el reconocimiento
del daño emergente a un título traslaticio de dominio, como consecuencia
de una interpretación errónea del artículo 4 de Ley 2 de 1959, pues la
creación de un “Parque Nacional Natural” no traía consigo la obligación de
expropiar los bienes del área.
1.5. Trámite relevante en segunda instancia
16. En la etapa para alegar de conclusión la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado6 afirmó que, por una parte, la demanda se ejerció de
forma extemporánea porque la caducidad debía contarse a partir de la
publicación del acto, tanto en el caso de considerar que se trataba de una
reparación directa como en el evento de que se hubiera ejercido el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En ese sentido,
también advirtió la posible configuración de una “indebida elección del
medio de control” porque las pretensiones estaban orientadas a controvertir
la legalidad del acto.
17. Por otra parte, advirtió que tampoco se encontraban demostrados los
elementos para declarar responsable a la demandada, en la medida en
que el daño era incierto por la falta de inscripción del acto en el folio de
matrícula inmobiliaria. También sostuvo que no existía relación causal entre
5 F. 289- del expediente digital índice 2, Samai.
6 Índice 40 de Samai.
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el hecho dañino y el daño porque con el plan de manejo que se adoptó
mediante el Acuerdo 1387 de 12 de diciembre de 2019, con posterioridad a
la fecha de la sentencia de la primera instancia, no se limitó la capacidad
dispositiva del bien ni se prohibió la ejecución de actividades económicas
en el inmueble del demandante.
18. La demandada insistió en que la inclusión del bien dentro del área
protegida respondía a la función social y ecológica de la propiedad. En este
caso, tanto para el momento de presentación de la demanda como en la
fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia, no se había
adoptado el plan de manejo que determinaba las restricciones concretas
al inmueble del demandante. Además, tampoco se había realizado
ninguna anotación en el folio de matrícula inmobiliaria ni se impuso ninguna
medida que redujera el valor del predio7.
19. La Procuraduría General de la Nación rindió concepto en el que sostuvo
que la parte demandante no cumplió con la carga de acreditar la
afectación concreta al núcleo esencial del derecho de propiedad, por lo
que debían negarse las pretensiones de la demanda8.
CONSIDERACIONES
2.1. Síntesis de la controversia. 2.2. Análisis sustantivo. 2.3. Condena en costas.
2.1. Síntesis de la controversia
20. La Sala revocará la Sentencia de primera instancia, dado que no se
demostró el daño, pues no se probó el grado de la afectación al derecho
de dominio del demandante sobre el bien que quedó comprendido dentro
de la delimitación del Parque Natural Regional Páramo de Santurbán9.
2.2. Análisis sustantivo
21. La Sala encuentra acreditado que el demandante es propietario del
inmueble denominado “La Cimbriadera”10 y que el predio se encuentra
ubicado dentro del área que fue declarada Parque Natural Regional
7 Índica 39 de Samai.
8 Índice 37 de Samai.
9 Según los hechos y pretensiones de la demanda el daño se causó con ocasión del Acuerdo 1236 de 2013,
mediante el cual se delimitó y creo el Parque Natural Regional Páramo de Santurbán, corregido a través del
Acuerdo 1238 de 2013 que ajustó las coordenadas de delimitación del área protegida. Este último acto fue
publicado en el diario oficial el 7 de abril de 2013, momento a partir del cual se contabiliza el término de
caducidad. En consecuencia, la demanda presentada el 10 de abril de 2015 fue oportuna, teniendo en cuenta
que el término estuvo suspendido entre el 6 de febrero y el 24 de marzo de 2015 como consecuencia de la solicitud
de conciliación adelantada ante la Procuraduría General de la Nación.
10 De conformidad con el folio de matrícula inmobiliaria 300-96850 (folio 29 del cuaderno 1).
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Páramo de Santurbán11. Sin embargo, no se demostró que solo la
superposición del bien con el área del Parque Natural Regional, en el caso
concreto, causó una restricción a la propiedad susceptible de ser
indemnizable.
22. Contrario a lo indicado por la sentencia de primera instancia, la creación
y delimitación de áreas protegidas no conlleva a una declaración
automática de responsabilidad del Estado a título de daño especial. Por el
contrario, la jurisprudencia de la Sección Tercera y de la Corte
Constitucional ha considerado que las afectaciones a los bienes inmuebles
corresponden, por regla general, a una carga que el propietario está en la
obligación de soportar, dada la función social y ecológica de la propiedad.
No obstante, también se ha reconocido que dichas afectaciones pueden
dar lugar a la declaratoria de responsabilidad del Estado cuando la
administración limita de manera absoluta y permanente el derecho de
dominio o cuando las compensaciones reconocidas resulten insuficientes
para el resarcimiento de los perjuicios causados o no haya habido ningún
tipo de compensación, como ocurre con el daño consistente en la
depreciación de bienes inmuebles con ocasión de creación de áreas
protegidas. De ahí que se deba determinar cuál fue el grado de la
afectación a la propiedad, para establecer si hay lugar o no la declaratoria
de responsabilidad12.
23. Sobre la creación de las áreas protegidas los artículos 34 del Decreto
2372 de 201013 y 5 del Acuerdo 1236 de 2013, dispusieron que se debía
11 A través de oficio la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de Bucaramanga informó que el inmueble
propiedad del demandante se encuentra “incluido dentro de los límites del Parque Natural Regional Páramo de
Santurbán” (folio 121 del expediente digital).
12 En el mismo sentido la Subsección A se pronunció en un caso que quedó comprendido dentro de la delimitación
del Parque Natural Regional Páramo de Santurbán: Sentencia de 10 de octubre de 2022, radicado: 68001-23-33-
000-2015-00448-01 (59715).
13 “Artículo 34. Las áreas protegidas del Sinap deberán zonificarse con fines de manejo, a fin de garantizar el
cumplimiento de sus objetivos de conservación. Las zonas y sus consecuentes subzonas dependerán de la
destinación que se prevea para el área según la categoría de manejo definida, conforme a lo dispuesto en el
presente decreto y podrán ser las siguientes:
Zona de preservación.
Es un espacio donde el manejo está dirigido ante todo a evitar su alteración, degradación o transformación por
la actividad humana. Un área protegida puede contener una o varias zonas de preservación, las cuales se
mantienen como intangibles para el logro de los objetivos de conservación. Cuando por cualquier motivo la
intangibilidad no sea condición suficiente para el logro de los objetivos de conservación, esta zona debe
catalogarse como de restauración.
Zona de restauración.
Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado anterior, de la composición, estructura y
función de la diversidad biológica. En las zonas de restauración se pueden llevar a cabo procesos inducidos por
acciones humanas, encaminados al cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida. Un área
protegida puede tener una o más zonas de restauración, las cuales son transitorias hasta que se alcance el estado
de conservación deseado y conforme los objetivos de conservación del área, caso en el cual se denominará de
acuerdo con la zona que corresponda a la nueva situación. Será el administrador del área protegida quien definirá
y pondrá en marcha las acciones necesarias para el mantenimiento de la zona restaurada.
Zona de uso sostenible:
Incluye los espacios para adelantar actividades productivas y extractivas compatibles con el objetivo de
conservación del área protegida. Contiene las siguientes subzonas:
a) Subzona para el aprovechamiento sostenible. Son espacios definidos con el fin de aprovechar en forma
sostenible la biodiversidad contribuyendo a su preservación o restauración.
b) Subzona para el desarrollo: Son espacios donde se permiten actividades controladas, agrícolas, ganaderas,
mineras, forestales, industriales, habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y la
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formular un plan de manejo ambiental para garantizar los objetivos de
conservación a través de la zonificación de las áreas del parque, para ello
estableció varias categorías de zonas y subzonas, entre las que se
encuentran las zonas de preservación, restauración, uso sostenible y
generales de uso público. Cada una de ellas implica un grado de
afectación distinto pues, a manera de ejemplo, las zonas de preservación
tienen como objetivo mantener el estado natural del ecosistema por lo que
la actividad humana se encuentra restringida, mientras que las zonas de uso
sostenible permiten la realización de actividades controladas, bien sea de
ganadería, agricultura, forestales, entre otras; siempre y cuando sean
compatibles con los objetivos de conservación. Lo que quiere decir que, el
plan de manejo ambiental permite comprender las limitaciones concretas
a la propiedad que se derivan del área protegida.
24. Por su parte, el artículo 47 sobre la adopción del plan de manejo
ambiental, en el componente de ordenamiento, sostiene que en el plan “se
define la zonificación y las reglas para el uso de los recursos y el desarrollo
de actividades” 14.
25. En este caso, la ANDJE en los alegatos de conclusión advirtió que la
CDMB adoptó el plan de manejo del Parque Natural Regional Páramo de
Santurbán a través del Acuerdo 1387 de 12 de diciembre de 201915-16. Sin
embargo, de la lectura del plan de manejo ambiental no es posible inferir el
grado de afectación del demandante, como pasa explicarse.
construcción y ejecución de proyectos de desarrollo, bajo un esquema compatible con los objetivos de
conservación del área protegida.
Zona general de uso público.
Son aquellos espacios definidos en el plan de manejo con el fin de alcanzar objetivos particulares de gestión a
través de la educación, la recreación, el ecoturismo y el desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigación.
Contiene las siguientes subzonas:
a) Subzona para la recreación. Es aquella porción, en la que se permite el acceso a los visitantes a través del
desarrollo de una infraestructura mínima tal como senderos o miradores.
b) Subzona de alta densidad de uso. Es aquella porción, en la que se permite el desarrollo controlado de
infraestructura mínima para el acojo de los visitantes y el desarrollo de facilidades de interpretación”.
14 “Artículo 47. Plan de manejo de las áreas protegidas. Cada una de las áreas protegidas que integran el Sinap
contará con un plan de manejo que será el principal instrumento de planificación que orienta su gestión de
conservación para un periodo de cinco (5) años de manera que se evidencien resultados frente al logro de los
objetivos de conservación que motivaron su designación y su contribución al desarrollo del Sinap. Este plan deberá
formularse dentro del año siguiente a la declaratoria o en el caso de las áreas existentes que se integren al Sinap
dentro del año siguiente al registro y tener como mínimo lo siguiente: // Componente diagnóstico: Ilustra la
información básica del área, su contexto regional, y analiza espacial y temporalmente los objetivos de
conservación, precisando la condición actual del área y su problemática. // Componente de ordenamiento:
Contempla la información que regula el manejo del área, aquí se define la zonificación y las reglas para el uso de
los recursos y el desarrollo de actividades. // Componente estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y
actividades más adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de conservación.” Se resalta.
15 La Sala tendrá en cuenta el plan de manejo que obra en la página web de la CDMB de conformidad con el
artículo 177 del Código General del Proceso: “El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el
de las leyes extranjeras, se aducirá en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte. // La copia total o parcial
de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad competente del respectivo país, por el cónsul de ese país
en Colombia o solicitarse al cónsul colombiano en ese país. // También podrá adjuntarse dictamen pericial rendido
por persona o institución experta en razón de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un país o
territorio fuera de Colombia, con independencia de si está habilitado para actuar como abogado allí. // Cuando
se trate de ley extranjera no escrita, podrá probarse con el testimonio de dos o más abogados del país de origen
o mediante dictamen pericial en los términos del inciso precedente. // Estas reglas se aplicarán a las resoluciones,
circulares y conceptos de las autoridades administrativas. Sin embargo, no será necesaria su presentación cuando
estén publicadas en la página web de la entidad pública correspondiente.” Se resalta.
16 El Acuerdo puede ser consultado en:
https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/institucional/areas_protegidas/Acuerdo%20CDMB%201387%202
019%20Plan%20Manejo%20PNR%20Páramo%20Santurbán.pdf
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26. En primer lugar, en el proceso no se acreditó que con ocasión de la
creación del área protegida el predio del inmueble sufrió una depreciación
y mucho menos las actividades económicas que se desarrollaban en el
inmueble.
27. La única prueba con la que se pretendió acreditar el daño fue una
prueba pericial que fue practicada en el trámite del proceso17; sin embargo,
el dictamen no reúne los requisitos para ser valorado de conformidad con
el artículo 226 del CGP. En efecto, el dictamen no analizó la depreciación
del inmueble, sino que se limitó a señalar el valor del inmueble y el precio de
determinadas actividades económicas. Además, la prueba pericial se
sustentó en apreciaciones subjetivas, estimaciones visuales y referencias
genéricas, sin que el perito explicara de manera clara la metodología, los
criterios técnicos ni los procedimientos utilizados para sustentar sus
conclusiones18 .
28. Aunque las falencias de la prueba pericial fueron advertidas por el
Ministerio Público en la audiencia de pruebas, la aclaración del dictamen
presentada el 20 de noviembre de 2017 no las corrigió, una muestra de lo
anterior es que la prueba pericial fundamentó las conclusiones en la
Resolución 2090 de 2014 según la cual “no se permiti[ría] el avance de las
actividades agropecuarias al interior del ‘Área de Páramo Jurisdiccional-
Santurbán-Berlín’”, sin embargo, la mencionada Resolución fue dejada sin
efectos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 de 30 de mayo de
2017 porque, entre otras razones, vulneró el derecho de participación de la
comunidad.
29. En segundo lugar, con ocasión de la posterior adopción del plan de
manejo, era posible demostrar con certeza el grado de afectación del
inmueble. Sin embargo, el demandante nuevamente guardó silencio,
aunque esta circunstancia encuadraba en una de las causales para
decretar pruebas en segunda instancia.
30. De la simple lectura del plan de manejo
no es posible determinar con certeza la zona específica en la que quedó
incluido el inmueble del demandante, pues la vereda El Centro del
municipio de Vetas comprende sectores clasificados tanto como zona de
restauración como dentro de la subzona de recreación, cada una con
17 El objeto de la prueba pericial fue “[determinar] el valor equivalente a las pérdidas por lucro cesante y daño
emergente causadas por la presunta limitación al dominio en la propiedad del demandante” (F. 74 del cuaderno
digital). La prueba pericial concluyó que el daño emergente correspondía al valor del predio y equivalía a
$311.467.500; en relación con lucro cesante precisó que equivalía a $$54.809.954 por “las cosechas, cultivos de
flores y levante de bovinos y caballar” (F. 148-158 del cuaderno digital).
18 El perito expuso que: “mirando y calculando a ojo se puede tasar esta medida”. Luego, precisó que la
información la había conocido “por personal que laboró ocasionalmente en la finca […]”. F. 195 del cuaderno
digital.
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regímenes de uso y niveles de afectación diferenciados. En particular, el
mismo plan de manejo reconoce que en la vereda existían actividades
agropecuarias preexistentes, y prevé la continuidad condicionada de
actividades productivas compatibles con los objetivos de conservación, así
como procesos de reconversión productiva. En consecuencia, sin una
delimitación precisa del predio dentro de la zonificación adoptada, no
puede afirmarse que la actividad económica -agricultura- que el
demandante afirmó ejecutar estuviera prohibida ni que el acto
administrativo hubiera generado, por sí mismo, una restricción absoluta del
uso del suelo19.
31. En otras palabras, no es posible determinar el grado de afectación del
predio con ocasión de la creación del parque, sin que solo la superposición,
en el caso concreto, pueda considerarse una afectación en sí misma, pues,
como se explicó, no se acreditaron sus efectos20.
32. La falta de prueba del daño en los términos en que fue planteado en la
demanda y el silencio que guardó frente a la posterior adopción del plan
de manejo, evidenció la inactividad de la parte demandante para
acreditar el supuesto de hecho que perseguía. En consecuencia, la Sala
revocará la sentencia de primera instancia y negará las pretensiones de la
demanda.
2.3. Condena en costas
33. De conformidad con el artículo 188 del CPACA21 y el numeral 4 del
artículo 365 del CGP22, se condenará en costas y agencias en derecho de
ambas instancias a la parte demandante. Estas deberán ser tasadas y
liquidadas por el tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos
365 y 366 del CGP.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
19 Además, el demandante no acreditó que desarrollara actividades de minería, que fue la única actividad
productiva sobre la que el Acuerdo 1236 de 2013 restringió de forma expresa su ejecución.
20 Adicionalmente, la Sala advierte que la afectación no fue inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria del
inmueble.
21 “Artículo 188: Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
22 “4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
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Radicación: 68001-23-33-000-2015-00357-01 (67999)
Demandante: Hernando Rojas Leal
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Bucaramanga
Referencia: Reparación directa
Decisión: Revoca la Sentencia
________________________________________________________________________________
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 5 de diciembre de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander.
SEGUNDO: CONDENAR al demandante en costas de ambas instancias, las
cuales se fijarán y liquidarán por el tribunal de primera instancia de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firma electrónica Firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
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