Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-00523-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2015-00523-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-00523-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2015-00523-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 68001-23-33-000-2015-00-523-01 (1052-2023)1
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Reconocimiento de pensión Ley 71 de 1988
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la
sentencia del 28 de julio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones.
La señora Teresa Hermencia Bautista Ramón, por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
1
Expediente híbrido, las actuaciones digitales pueden ser consultadas en el aplicativo Samai Consejo de Estado, en
el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201500523011100103
2
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
para solicitar que se declare la nulidad de los oficios (i) sin número del 2 de
agosto de 2012, y (ii) 2012RE1555 del 10 de septiembre de 2012, por medio
de los cuales la Secretaría de Educación de Floridablanca negó el
reconocimiento de la pensión.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la
accionada a: i) reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor de la
demandante, ii) ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos
previstos en el artículo 192 de la Ley 1437, y iii) pagar las costas, expensas y
agencias en derecho.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La demandante relató que nació el 3 de octubre de 1952 y para la fecha de
presentación de la demanda contaba con 62 años de edad.
La señora Teresa Bautista dijo que prestó sus servicios como maestra y
acumuló un total de 22 años, 3 meses y 18 días; a través de los siguientes
tiempos y vinculaciones:
• Departamento de Santander desde el 9 de abril de 1974 hasta el 27 de
abril de 1976.
• Docente interina desde el 19 de febrero de 1991 hasta el 30 de
noviembre de 1995, con interrupciones [por 10 meses cada uno de
estos años: 1991, 1992, 1993, 1994, y 1995; hasta que sumó 4 años
de servicios].
• Municipio de Bucaramanga desde el 15 de enero de 1996, completó 16
años, 5 meses y 11 días.
La demandante sostuvo que tiene el derecho al reconocimiento de la pensión
con la edad de 55 años de edad y 20 años de tiempo de servicios, y con los
2
3
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
periodos acreditados se puede concluir que adquirió el estatus pensional el 27
de junio de 2010.
La parte accionante informó que el 16 de julio de 2012 solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión, sin embargo, la demandada negó la
petición con los actos cuestionados.
1.2. Concepto de violación.
La señora Teresa Hermencia Bautista Ramón invocó como normas violadas
las leyes 6ª de 1945, 33 de 1985, 91 de 1989, 71 de 1988, 812 de 2003; los
decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 908 de 1992, Decreto ley 1045 de 1978
y el artículo 48 de la Constitución Política.
La demandante argumentó que la entidad ha desconocido sistemáticamente
las normas a las que debe acudir para el reconocimiento de la pensión de
jubilación docente.
2. Contestaciones de la demanda.
No hay evidencia de contestación de la demanda por parte de la entidad
accionada.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Santander, por sentencia del 28 de julio de 2022
negó las pretensiones de la demanda, con condena en costas para la parte
demandante.
En la sentencia el Tribunal afirmó que de acuerdo con el material probatorio
arrimado al proceso y la Resolución núm. 9925 del 22 de diciembre de 2015,
la demandante prestó sus servicios así:
3
4
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
Entidad previsora Desde Hasta
Municipio de Floridablanca (S) 1974-04-09 1975-10-15
1975-12-01 1976-04-27
Administradora Colombiana de 1994-09-01 1994-12-31
Pensiones 1995-02-01 1995-06-30
FNPSM FIDUPREVISORA 1996-01-15 2013-05-10
Entidad Previsora Días
Fondo Territorial de Pensiones de Santander 964
Administradora Colombiana de Pensiones 270
FNPSM FIDUPREVISORA 6.236
Total de días 7.200
Por lo anterior, en la sentencia se concluyó que la señora Bautista Ramón es
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, porque a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con
42 años y por ello «el estudio del reconocimiento de la pensión debe realizarse a luz de las
disposiciones consagradas en la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994 ».
Entonces, el Tribunal afirmó que «Frente a los requisitos establecido en el Art. 7 de la
Ley 71 de 1988, para acceder a la pensión de por aportes, advierte la Sala que, la aquí
demandante para el año 2012, fecha en la que solicitó su reconocimiento no los cumple, por
cuanto, si bien tenía 55 años de edad, no acreditó 20 años de servicios, pues solo hasta el
10.05.2013 adquiere su status pensional (964 días + 270 días + 6.236 días), dando paso así
a negar las pretensiones».
Finalmente, el juzgador consideró que ante la negativa de las pretensiones de
la demanda era procedente la condena en costas a la parte accionante.
4
5
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
4. El recurso de apelación
La demandante solicitó la revocatoria de la sentencia de primer grado. En
concreto, sostuvo que el Tribunal realizó una indebida valoración probatoria,
porque no valoró adecuadamente la sentencia de fecha 30 de abril de 2012,
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión,
radicado 2011-106, que dispuso ordenar al municipio de Floridablanca pagar
las prestaciones sociales correlativas a la relación laboral que se acreditó y el
consecuente cómputo de ese tiempo para efectos pensionales junto con el
pago de las cotizaciones correspondientes, puesto que de haberlo hecho
encontraría que la demandante completó la totalidad de los requisitos cuando
realizó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión.
La señora Bautista Ramón sostuvo que esta prueba fue aportada oportuna y
adecuadamente al proceso.
5. Trámite de la apelación.
Mediante auto del 11 de noviembre de 2022 2, fue concedido el recurso de
apelación por parte del Tribunal y con providencia del 29 de junio de 20233, el
despacho sustanciador lo admitió conforme al artículo 67 de la Ley 2080 de
2021, no corrió traslado para alegar de conclusión.
II. CONSIDERACIONES
2.1.- El objeto de la impugnación y el alcance del estudio de segunda
instancia.
Previo a abordar el análisis de fondo, para la Sala resulta necesario señalar
que la demanda se dirigió a controvertir los oficios i) sin número del 2 de agosto
2
Índice 77 Samai Tribunal Administrativo de Santander
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201500523011100103
3
Índice 6 Samai Consejo de Estado
5
6
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
de 2012 y ii) 2012RE1555 del 10 de septiembre de 2012, por medio de los
cuales la Secretaría de Educación de Floridablanca negó el reconocimiento de
la pensión solicitada por la señora Teresa Hermencia Bautista Ramón.
No obstante, antes de la celebración de la audiencia inicial la parte
demandante aportó al proceso la Resolución núm. 9925 del 22 de diciembre
de 2015, por medio de la cual la Secretaría de Educación de Floridablanca
reconoció y ordenó el pago de una pensión vitalicia de jubilación a la señora
Teresa Bautista Ramón, equivalente al 75% del promedio de los factores
salariales devengados en el año de servicio anterior al estatus (10 de mayo de
2013), por valor de $2.013.473.
En lo que atañe a esta resolución se advierte que fue emitida como
consecuencia de una petición «con radicado web bajo el numero 2014pens-
023691 fecha 25 de noviembre de 2014», es decir, en respuesta a una
reclamación posterior a las solicitudes de agosto y septiembre de 2012, que
originaron los actos cuestionados.
Valga precisar que, la Resolución núm. 9925 del 22 de diciembre de 2015 4, se
expidió en fecha posterior al auto admisorio de esta demanda y es el resultado
de una petición diferente a las que en el presente proceso son objeto de litigio.
Así las cosas, es un acto que no hace parte de la demanda que se estudia y
por tanto, no corresponde realizar ningún juicio de legalidad sobre el mismo.
Así las cosas, el análisis que se hará en esta instancia recaerá sobre los dos
actos demandados, es decir, los oficios del 2 de agosto de 2012 y el
2012RE1555 del 10 de septiembre de 2012, por medio de los cuales la
Secretaría de Educación de Floridablanca respondió las peticiones del 16 de
julio de 2012 y 27 de agosto de 2012, respectivamente.
6
7
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
2.2. Competencia
La subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 5, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2.3 Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
le corresponde a la Sala establecer ¿si el tiempo de servicios que resulta de la
relación laboral declarada por la sentencia del 30 de abril de 2012, expedida
4 No se evidencia la fecha en la que fue notificada.
5 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y
ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
por el Juzgado Segundo Administrativo en descongestión de Bucaramanga
puede ser tenido en cuenta para el reconocimiento de la pensión de la señora
Teresa Hermencia Bautista Ramón?
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.4 Marco normativo y jurisprudencial, 2.5 Hechos probados y 2.6.
Análisis sustancial.
2.4. Marco normativo y jurisprudencial. “El derecho fundamental a la
seguridad social”.
Como es bien sabido, la seguridad social es un derecho reconocido como un
derecho fundamental. La Constitución Política de Colombia en su artículo 48
7
8
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
define la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio que
debe ser prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado a través
de las entidades dispuesta por ello, como una garantía irrenunciable de todas
las personas4.
Ciertamente este derecho, guarda una estrecha relación con la dignidad
humana puesto que permite que cualquier persona haga frente a las
circunstancias que las privan de su capacidad para ejercer plenamente sus
derechos y disfrutar de los aspectos sencillos de la vida. Se ha reconocido, por
las Naciones Unidas que la seguridad social desempeña una importante labor
en la reducción y el alivio de la pobreza y la prevención de la exclusión social.
Ahora bien, la protección que el orden constitucional le confiere al derecho a
la seguridad social también encuentra respaldo en varios instrumentos
internacionales que reconocen este derecho. Así sucede con la Declaración
Universal de Derechos Humanos la cual establece que: “Toda persona, como
miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta
de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad”.
Por su parte, el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la
Persona afirma que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le
proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la
incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la
imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.
En igual sentido, el artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Sociales y
4
Corte Constitucional Sentencia T-321 de 1999.
8
9
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
Culturales pregona que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.
De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales prescribe que: “Toda persona tiene derecho a la
seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la
incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios
para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las
prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”.
Como se infiere de las normas internacionales mencionadas, el derecho a la
seguridad social busca proteger a todas las personas que, se encuentran en
imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que le
permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del desempleo o de una
enfermedad o incapacidad laboral.
La Corte Constitucional, se ha pronunciado sobre la necesidad que existe de
cubrir riesgos que son propios a la condición humana que no pueden
desconocerse y requiere un alto grado de protección. Tal es el caso, de la
pensión de vejez, que es uno de los mecanismos que, en virtud del derecho a
la seguridad social, protege a las personas cuando se produce una
disminución de la producción laboral que impide o dificulta obtener los recursos
para disfrutar de una vida digna”5 .
En este sentido, la pensión de vejez ha sido definida por la jurisprudencia
constitucional como un "salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro
forzoso durante toda una vida de trabajo". Por lo tanto, "el pago de una pensión
no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple reintegro que, del ahorro
constante durante largos años, es debido al trabajador"8.
5
Sentencia T 163 de 2013. 8
Sentencia C.177 de 1998.
9
10
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
Por su parte, el Convenio núm. 102 “Sobre la Seguridad Social” de la
Organización Internacional del Trabajo establece un deber de los estados
miembros de garantizar el derecho a la seguridad social.
Del régimen docente
En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de
jubilación prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20
años de servicio y llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión
vitalicia de jubilación liquidada con el 75% del “promedio de los sueldos
devengados durante el último año”. Posteriormente, sus derechos pensionales
fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma que consagró el derecho a
obtener una pensión de jubilación para aquellos que acumularan 20 años de
servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% “del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”.
Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio concebido como una cuenta especial de la Nación, que tenía como
finalidad realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes. En
estos términos, el Fondo tiene dentro de sus funciones, reconocer la pensión
de jubilación, post mortem, de retiro por vejez, de invalidez y la sustitución
pensional.
Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes
afiliados a dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los
empleados del sector público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b)
de la Ley 91 de 1989 según el cual “para los docentes vinculados a partir del
1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se
nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de
Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del
salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del
10
11
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional” (Subrayado fuera de texto).
En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
determinó que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
corresponderá al equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año de servicios, también lo es que, no especificó los requisitos de
reconocimiento de la prestación, y por ello, remite al régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese régimen atendiendo
a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 6 ,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto
teniendo en cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional
establecido en la Ley 100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, por expreso mandato del artículo 279
de esta normativa.
De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 prevé que el
empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y
llegue a la edad de 55 años tendrá derecho a que la respectiva Caja de
Previsión le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último
año de servicio.
Por su parte, el artículo 3° de esta misma disposición, modificado por el artículo
1° de la Ley 62 de 1985, indica que la base de liquidación de los aportes estará
constituida por la asignación básica, los gastos de representación, la prima
técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, la bonificación por
servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o
en días de descanso obligatorio. Y precisa que, en todo caso, “las pensiones
6
Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Radicado
68001233100020110027601.
11
12
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los
mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.
Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones
de cómo se venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto
que como dicho gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las
condiciones fijadas, en la ya mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con
los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado
comunitario", puesto que a través del artículo 81 7 introdujo importantes
cambios en el régimen de los docentes oficiales, con el fin de incorporar a este
sector al sistema de seguridad en pensiones regulado por la Ley 100 de 1993.
En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al
servicio público educativo oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio
en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de [esa]
ley»; sin embargo, en seguida reguló que los docentes oficiales vinculados a
partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003), deben ser afiliados al
Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres».
El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de
la Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en
relación con el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm. 1o dispuso que
7
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional
3752 de 2003.
12
13
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
“El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la
citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del
Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de
2003”.
La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado cambio
legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril
de 20198, en la cual estableció que para definir el régimen pensional que regula
el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales,
nacionalizados o territoriales, es necesario tomar como punto de partida la fecha
de ingreso al servicio educativo oficial docente. En esos términos quedó
explicado en la citada sentencia:
«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen,
con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres».
De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que para
quienes se hayan vinculado al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27
de junio del mismo año12 la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación
sería la que corresponde “al mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación
para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985,
8
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés. 12
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
13
14
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la
Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo”13.
Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de
la Ley 812 de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley
812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años 14. Esto quiere decir,
que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse
en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se
deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto
1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones […]».
En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les
aplicarán las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. Requisito de edad: 55 años.
Requisito de tiempo o semanas: 20 años de servicio. Monto: 75%.con un IBL
o Componente temporal: del último año anterior a la adquisición del derecho a
la pensión, en consideración de la compatibilidad del ejercicio de la docencia
con el goce de la pensión de jubilación prevista por el art. 5º de la Ley 224 de
1972; o último año de prestación de servicios, según corresponda.
En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les
tendrá en cuenta la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003. Requisito de edad:
57 años. Requisito de tiempo de servicios: según corresponda de acuerdo con
el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Monto: el que resulte de aplicar las reglas
previstas en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, según corresponda en el
tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos 10 años o toda la vida
laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
14
15
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
13
0937-2017. M.P. César Palomino Cortés.
14
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el
artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con
antelación a la promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley
91 de 1989 que, a su vez, remite al “[…] régimen vigente para los pensionados
del sector público nacional” contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945
y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la
Ley 33 de 1985.
Es importante destacar, aunque parezca de Perogrullo que, el régimen de los
pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985,
solo permite sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.
La Ley 71 de 1988- Finalidad y alcance
Con anterioridad a la expedición de la Ley 71 de 1988 no era posible que los
trabajadores del sector público y del sector privado sumaran el tiempo servido
en los dos sectores para efectos de obtener su derecho pensional, esto traía
como consecuencia que unos y otros no lograran en varias oportunidades
completar el tiempo para acceder a dicha prestación.
Con esta normativa, el legislador buscó dar solución a esta contingencia
consagrando la “pensión de jubilación por acumulación de aportes”, según el
artículo 7º de esta disposición, como aquella que se obtiene sumando los
tiempos de cotización en el sector público y privado.
De acuerdo con ello, a partir de esta normatividad, los empleados oficiales y
públicos y los trabajadores particulares que acrediten, 55 años si es mujer y
15
16
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
60 años si es varón, y 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo en
una o varias entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, con
los efectuados ante el I.S.S., tendrán derecho a acceder a la prestación
jubilatoria mediante la acumulación de aportes y cotizaciones derivados de la
relación contractual particular u oficial y la legal y reglamentaria.
Es importante mencionar que el nacimiento en el ordenamiento jurídico de la
Ley 71 de 1988, no produjo ninguna modificación en los regímenes ordinarios
de pensión que existían hasta ese momento. Así quedó claramente señalado
en el artículo 11º de la misma Ley 71 en el que se indicó que "esta ley y las
leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a. de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de
1985 y sus decretos reglamentarios, contienen los derechos mínimos en
materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán en favor de
los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del
sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades
de previsión social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales
y jurídicas que reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e
invalidez".
La Corte Constitucional en la Sentencia C-012 de 1994, puso de presente que
con anterioridad a la Ley 71 de 1998 “los regímenes jurídicos sobre pensiones
no permitían obtener el derecho a la pensión de jubilación acumulando el
tiempo servido en entidades oficiales, afiliadas a instituciones de previsión
social oficiales y a las cuales se habían hecho aportes, con el tiempo servido
a patronos particulares, afiliados al Instituto Colombiano de los Seguros
Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun cuando si era
procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido a
diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes
entidades de previsión social oficial o al ISS".
16
17
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
En el contexto descrito, el establecimiento de la pensión de jubilación por
aportes se convirtió en una garantía para los empleados oficiales y públicos y
los trabajadores particulares, de sumar todas las cotizaciones realizadas en su
historia laboral, independientemente de si estas tuvieron origen en el sector
público o privado, para cubrir su riesgo de vejez.
La Sección Segunda, también se ha pronunciado sobre las implicaciones que
ha tenido la expedición de la Ley 71 de 1998 en relación con la pensión por
aportes. Sobre dicha prestación, esta Corporación9 también ha manifestado
lo siguiente:
«[…] En el modelo de prestaciones sociales y de seguridad social anterior a la
Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993, el sistema pensional aplicable a los
trabajadores del sector privado era diferente al aplicable a los servidores
públicos, al punto de que por regla general no era posible, para efectos de la
pensión, sumar el tiempo servido en una u otra calidad de vínculo laboral. Para
remediar esta situación el Congreso expidió la Ley 71 de 1988, la cual, en su
artículo 7 de la Ley 71 de 1988 consagró la denominada “pensión de jubilación
por acumulación de aportes”, es decir, aquella que se obtiene sumando los
tiempos de cotización y de servicios en el sector público y en el privado.»
De acuerdo con todo lo dicho, la pensión por aportes representó la oportunidad
para empleados públicos y privados de sumar sus aportes para efectos
pensionales.
Aplicación de la pensión por aportes regulada por la Ley 71 de 1988, a los
docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003.
Aunque en oportunidades anteriores, el suscrito ponente de esta decisión
había salvado el voto en asuntos como el que se discute en esta ocasión, a
partir de la sentencia del 30 de enero del 2025 10 acompaño la posición
9
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 9 de junio de 2011; expediente: 25000-2325-000-
2005-05520-01(1117-09); consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
10
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de enero de 2025. Exp. 0391-2022. M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar.
17
18
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
mayoritaria de la Sala, en la que se determinó que la Ley 71 de 1988 sí era
aplicable a los docentes estatales.
Ciertamente, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
llegó a la mencionada conclusión al interpretar la Ley 71 de 1988, de
conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala expresó en esta oportunidad
varios razonamientos que dan lugar a esta interpretación. En síntesis, estos
fueron los siguientes:
“En primer lugar, el legislador tuvo la intención al establecer en el numeral 2, literal
b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los docentes «gozarán del régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional» lo que significa que dicha
expresión también incluye que puedan ser beneficiarios de la Ley 71 de 1988 puesto
que esta normativa está dirigida a todos los empleados públicos en general, sin
hacer exclusión expresa de algún sector.
En segundo lugar, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales» 11 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
En tercer lugar, la Ley 71 de 1988, fijó unos derechos pensionales que no pueden
ser desconocidos a ningún servidor público o trabajador privado. En efecto, en su
artículo 11, analizado antes en esta providencia y que debe ser interpretado de
manera sistemática con el 7 por ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual
materia, determinó que su contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de
las leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con
la Ley 33 de 1985, comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y
sustituciones pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los
niveles».
En cuarto lugar, no hay un mandato legal que disponga que los docentes oficiales
deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector público para
que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, esto
es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen pensional de los
empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral referido trae como
única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado vinculado a partir
del 1° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno de sus apartes exige
que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia oficial.
11
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente» los clasificó en
su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
18
19
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
En quinto lugar, si bien la Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban
cobijados por sus reglas todos los empleados públicos salvo «los empleados
oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción
que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un
régimen especial de pensiones», lo cierto es que tal enunciado normativo que
establece una excepción tan estricta no implica que a los docentes no los pueda
gobernar otra norma en temas pensionales porque las leyes 71 de 1988 y 91 de
1989 se expidieron con posterioridad”.
Para la Sala, los argumentos expuestos en esta oportunidad, no solo ofrecen
una interpretación sistemática de las normas que regulan el régimen docente,
sino además de ello, corresponden a una intelección que materializa el
principio de favorabilidad en materia laboral consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política.
Ciertamente, considerar que la denominada pensión por aportes creada por la
Ley 71 de 1988, es aplicable a los docentes oficiales, conlleva al
convencimiento de optar por la situación más favorable al empleado, incluso
cuando de la norma surjan varias interpretaciones posibles, como en el
presente, en donde respecto al numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley
91 de 1989 en donde se afirma que los docentes “gozarán del régimen vigente
para los pensionados del sector público nacional” podría acogerse una primera
interpretación que los excluye, porque expresamente no se mencionó la Ley
71 de 1988, y una segunda, que sí los incluye, bajo la idea que los docentes
como empleados públicos también pueden acceder al régimen pensional por
aportes señalado en la pluricitada Ley 71 de 1988, postura que fue expuesta
por la Sala.
De igual manera, esta posición, también encuentra sustento en una
interpretación finalista de la Ley 71 de 1988 que como se expuso en párrafos
precedentes, tenía como objetivo que cualquier empleado del sector público o
privado, contara con la posibilidad de sumar sus cotizaciones, sin importar el
origen del sector en donde éstas fueron causadas, en tal sentido, considerar
que los docentes no tienen derecho a sumar sus aportes a la luz de dicha
normativa, trae como consecuencia, una transgresión al derecho a la igualdad
19
20
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
de este sector de la sociedad, puesto que mientras el art. 7º de la Ley 71 de
1988 permite que accedan a la pensión por aportes todos los empleados
públicos, oficiales y los trabajadores privados, una interpretación restrictiva los
excluiría, y con ello se crea una barrera de acceso al derecho a la pensión de
aquellos que no puedan obtenerla sumando únicamente los tiempos públicos.
Ciertamente aplicar una interpretación favorable, según la cual los docentes
también puedan acumular las semanas sin importar que cambien de
empleador, permite sin duda que se materialice el derecho fundamental a
percibir una pensión de vejez, que solamente tiene origen en el trabajo
continuado del trabajador que espera en algún momento recibir el ahorro que
ha guardado para disfrutar de un descanso remunerado y en condiciones
dignas.
Marco Normativo para reconocer el pago de la pensión de jubilación por
aportes
Bajo el contexto que se ha descrito, los docentes tienen derecho a que se
aplique la Ley 71 de 1988, siempre y cuando se hayan vinculado al ejercicio
docente público oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en la que
entró en vigencia la Ley 812 del mismo año. Cumplida esta condición, y en el
evento en que los docentes hayan prestado sus servicios en entidades
públicas y privadas, podrán acceder al reconocimiento de la pensión por
aportes, de acuerdo a lo requisitos establecidos en el artículo 7º de dicha
normativa, que dispone lo siguiente:
«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que
hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial,
comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a
una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o
más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
20
21
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el
reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que
correspondan a las entidades involucradas».
Esta disposición, fue reglamentada por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de
1994, de la siguiente manera:
«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el
artículo 7o. de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60
años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en
cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o
discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las
entidades de previsión social del sector público.
Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión
de jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez
se retiren del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación
de los seguros de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad
profesional, salvo las excepciones previstas en la ley.
Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión
de jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la
más favorable cuando haya concurrencia entre ellas.
Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por
aportes, se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de
previsión social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden
nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital y al
Instituto de los Seguros Sociales.
[…]
Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios,
salvo las excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario
base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto
deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período
correspondiente.
Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión
de jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación.
El valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario
mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo
lo previsto en la ley».
21
22
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
Siguiendo el tenor literal de las normas transcritas, para tener derecho a una
pensión de jubilación, bajo la Ley 71 de 1988, se requiere que los empleados
oficiales y trabajadores cumplan los siguientes requisitos: 1) que acumulen 20
años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de
previsión de cualquier orden y en el ISS (hoy Colpensiones); 2) que cumplan
la edad de 55 años si es mujer y 60 si es hombre.
De otra parte, en lo que se refiere al monto que se tiene en cuenta para liquidar
esta pensión de jubilación por aportes, este corresponde al 75% del salario
promedio base para los aportes durante el último año de servicios.
2.5. De lo probado en el proceso.
En este caso se encuentra acreditado lo siguiente:
1) La demandante nació el 3 de octubre de 1952, de acuerdo con la fotocopia
de la cédula de ciudadanía y del registro civil.
2) La señora Teresa Hermencia Bautista solicitó al Fondo de Prestaciones del
Magisterio el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad
con el formato que obra en el expediente (solicitud sin fecha).
3) Certificado de información laboral, del 25 de junio de 2012, expedido por la
gobernación de Santander, en el cual consta que la interesada estuvo
vinculada como maestra “de Rionegro” desde el 9 de abril de 1974 hasta el
30 de diciembre de 1975.
4) La certificación de salarios de los años 1974, 1975 y 76; del 25 de junio de
2012, expedida por la gobernación de Santander evidencia que en el
periodo desde el 9 de abril hasta el 30 de diciembre de 1974, percibió como
factores salariales la asignación básica, y la prima de navidad; desde el 21
de enero de 1975 hasta el 30 de diciembre de 1975 recibió como factores
22
23
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
salariales asignación básica, prima de servicios y prima de navidad, y en
1976 de enero hasta el 27 de abril recibió asignación básica.
5) Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios, expedido por
el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, donde se consignó que
la demandante prestó sus servicios como docente en propiedad de básica
secundaria, en el municipio de Floridablanca, y desde el 1 de enero de 2011
hasta el 30 de diciembre de 2011 recibió como factores salariales:
asignación básica, prima de vacaciones, prima de navidad; y desde el 1 de
enero de 2012 hasta el 25 de junio de 2012 recibió asignación básica.
6) Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral,
consecutivo 4350 del 25 de junio de 2012, expedido por el Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, se evidencia que la demandante
prestó sus servicios como docente de básica secundaria, en propiedad,
vinculada por Decreto 0017 del 3 de enero de 1996; desde el 15 de enero
de 1996.
7) Por oficio del 28 de marzo de 2016 la demandante informó al Tribunal que
por Resolución 9925 del 22 de diciembre de 2015 el Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio reconoció la pensión de jubilación, con efectividad
al 10 de mayo de 2013.
8) Resolución núm. 9925 del 22 de diciembre de 2015, por medio de la cual
la Secretaría de Educación de Floridablanca reconoció una pensión vitalicia
de jubilación «por aportes» a favor de la señora Teresa Hermencia Bautista
Ramón, en cuantía de $2.013.473, a partir del 11 de mayo de 2013.
En esta Resolución se estableció que de acuerdo con los certificados de
tiempo de servicios la accionante prestó sus servicios y realizó aportes para
el sistema de seguridad social en pensiones así:
23
24
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
En dicho acto administrativo se indica que la demandante adquirió el
estatus de jubilada el 10 de mayo de 2013, y precisó que la prestación se
haría efectiva a partir del 11 de mayo de 2013.
9) Certificado de la Secretaría de Educación de la alcaldía municipal de
Floridablanca sobre la celebración de contratos de prestación de servicios
con la demandante, así:
Tipo de vinculación Periodo
Orden de prestación de Desde el 19 de febrero de 1991 hasta el
servicios 18 de octubre de 1992
Orden de prestación de Desde el 1 de febrero de 1992 hasta el 30
servicios de noviembre de 1992
Orden de prestación de Desde el 1 de febrero de 1993 hasta el 30
servicios de noviembre de 1993
Orden de prestación de Desde el 24 de enero de 1994 hasta el 23
servicios de noviembre de 1994
Además, se indica que:
10) Sentencia del 30 de abril de 2012, dictada por el Juzgado Segundo
Administrativo en Descongestión de Bucaramanga, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, de carácter laboral (contrato
realidad docente), con radicación número: 68001-333105-2011000106-00,
24
25
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón, demandado: Municipio
de Floridablanca en esta sentencia se reconoció un vínculo laboral de
carácter continuo y permanente entre la demandante y la demandada.
El Juzgado decidió lo siguiente:
[…]
Primero. Declarar la nulidad del Oficio No. SAC: RE2695 del 29 de
noviembre de 2010, proferido por el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, por
medio del cual niega el reconocimiento, liquidación y pago de los derechos
laborales, salariales, prestacionales, pensionales e indemnizatorios, por el
tiempo en el que el accionante prestó sus servicios docentes a través de
órdenes de prestación de servicios.
Segundo. Como consecuencia de la anterior declaración, ORDENAR al
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA título de RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO pagar a favor de la señora TERESA HERMENCIA BAUTISTA
RAMÓN, las prestaciones sociales correlativas a la relación laboral que se
encontró acreditada, tomando en cuenta el tiempo de servicios y valor
pactado en cada uno de los contratos individuales de trabajo y de prestación
de servicios, correspondientes a los periodos contados desde el 19 de
febrero de 1991 y el 30 de Noviembre de 1995, además del consecuente
cómputo de ese tiempo para efectos pensionales junto con el pago de las
cotizaciones correspondientes, de acuerdo con lo establecido en la parte
motiva de esta providencia. […].
11) En la sentencia, sobre el material probatorio se encuentra el siguiente
cuadro:
25
26
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
12) Resolución núm.1408 del 18 de mayo de 2017, por medio del cual el
alcalde municipal de Floridablanca ordenó el pago a favor de Colpensiones
de la suma de $3.598.503 por concepto de aportes pensionales de la
señora Teresa Hermencia Bautista Ramón, de acuerdo con los términos
establecidos en el fallo del 30 de abril de 2012, dictado por el Juzgado
Segundo Administrativo en Descongestión de Bucaramanga.
13) Comprobantes del 30 de mayo de 2017, en los que se evidenció que el
municipio de Floridablanca realizó pagos, «por concepto: pago de
sentencias judiciales», a favor de Colpensiones así:
Referencia de pago Valor
06517000000288 $ 1.034.029
06571700000285 754.453
06517000000284 480.938
06517000000283 376.735
26
27
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
06517000000286 952.346
14) Petición radicada el 16 de julio de 2012 ante la Secretaría de Educación de
Floridablanca, suscrita por la accionante para reclamar el reconocimiento y
pago de una pensión de jubilación «de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33
de 1985 y el Decreto 1045 de 1978».
15) Oficio sin número del 2 de agosto de 2012 (respuesta a derecho de
petición radicado el 16 de julio de 2012), por medio del cual, frente a la
solicitud de pensión de jubilación, el Secretario de Educación de
Floridablanca respondió la petición. En el cual se precisó que « de acuerdo
con los certificados de tiempo de servicio allegado, la educadora prestó sus
servicios así»:
16) Oficio 2012RE1555 del 10 de septiembre de 2012 por medio del cual el
Secretario de Educación de Floridablanca, contestó la solicitud del 27 de
agosto de 2012 (SAC-2012PQR5947) instaurada por la parte accionante
para obtener el reconocimiento de una pensión de jubilación.
2.6. Análisis sustancial
La señora Teresa Hermencia Bautista Ramón solicitó a la Secretaría de
Educación de Floridablanca el reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación de acuerdo con lo previsto en la Ley 33 de 1985, con el 75% de los
factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus
27
28
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
pensional. La Secretaría de Educación de Santander por medio de los oficios
sin número del 2 de agosto de 2012 y 2012RE1555 del 10 de septiembre de
2012, le informó a la señora Bautista Ramón que el tiempo certificado era
insuficiente para acceder al reconocimiento pensional y por ello, debería
aportar las cotizaciones por el lapso restante.
El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda,
al considerar que la demandante no cumplió con los requisitos establecidos en
el artículo 7° de la Ley 71 de 1988, para acceder a la pensión por aportes,
porque aunque para el año 2012 (fecha de la solicitud) la demandante contaba
con 55 años de edad, lo cierto es que no acreditó 20 años de servicios.
La accionante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión.
Argumentó que el Tribunal desconoció lo ordenado en la sentencia del
Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga del 30 de abril de 2012, en
el sentido de reconocer que el tiempo servido por contratos de prestación de
servicios correspondiente al período que corre desde el 19 de febrero de 1991
hasta el 30 de noviembre de 1995 (con interrupciones) es computable para el
reconocimiento de la pensión de jubilación.
Con la suma de este tiempo laborado a través de contratos de prestación de
servicios y el tiempo certificado por los fondos previsionales, se contaría con
los 20 años de servicios, para la fecha de radicación de la primera solicitud (16
de julio de 2012) cumpliendo así con los requisitos del «artículo 7 de la Ley 71 de
1988» para acceder a la pensión por aportes.
Pues bien, en el presente asunto se tiene lo siguiente:
1. La demandante nació el 3 de octubre de 1952.
28
29
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
2. La accionante laboró para el departamento de Santander desde el 9 de abril
de 1974 hasta el 30 de diciembre de 1975 y del 19 de enero de 1976, hasta
el 27 de abril de 1976.
3. La señora Bautista Ramón prestó sus servicios como docente en el
municipio de Floridablanca, a través de órdenes de prestación de servicios
por periodos, de 8 meses en 1991 y después (1992, 1993, 1994) de 10
meses cada año que corrieron desde el 19 de febrero de 1991, hasta el 30
de noviembre de 1995, como se indicó en el numeral noveno de hechos
probados.
4. El Juzgado Segundo Administrativo en descongestión de Bucaramanga, por
sentencia del 30 de abril de 2012 dispuso que el tiempo servido por
contratos de prestación de servicios por la demandante, al que se hizo
referencia en el numeral anterior que va desde el 19 de abril de 1991 hasta
el 30 de noviembre de 1995 debía ser computado para el reconocimiento de
la pensión de jubilación12.
Sobre el particular, se recuerda que en varios de los pronunciamientos de esta
Subsección se ha considerado que la prestación del servicio docente por
órdenes de trabajo o contratos de prestación de servicios, es válido para
efectos del reconocimiento del derecho pensional.
En efecto, en la sentencia del 28 de febrero de 2022 13, se dijo lo siguiente:
[…]En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia,
habida cuenta de que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación
de servicios desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia
que haya querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa
modalidad de contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de
12
De acuerdo con el hecho probado número 11, el Juzgado concluyó que para ese periodo había laborado por 48 meses
13
Expediente 52001-23-33-000-2016-00261-01 (2304-2019) MP Carmelo Perdomo Cueter
29
30
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
planta que están sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y,
además, deben acreditar iguales condiciones de formación y experiencia.
Por tanto, la Sala valida los períodos laborados por la accionante como docente
mediante contratos u órdenes de prestación de servicios, para que sean
contabilizados con el ejercido en propiedad, circunstancia que le permite,
previo estudio de su caso particular, acceder al reconocimiento de la pensión
gracia, por lo que no le asiste razón a la accionada sobre su pretensión de
exclusión de estos tiempos de servicios. […]
Precisión que sigue la interpretación constitucional 14 porque esta forma de
vinculación no es ajena a quienes se incorporen a la planta docente de las
entidades territoriales en propiedad, en el entendido que las funciones que
cumplen unos y otros son similares, de manera que quienes se vinculen por
esta modalidad como aquellos que ingresan al servicio educativo a través de
una relación legal y reglamentaria, deben acreditar los mismos requisitos para
acceder al empleo.
Por tanto, el periodo de servicios acumulado por la señora Teresa Bautista con
vinculación a través de ordenes de prestación de servicios, puede ser
computado para el reconocimiento de la pensión que reclama.
5. También se demostró que posterior a esa vinculación, la demandante laboró
como docente oficial designada por el Decreto núm. 0017 del 3 de enero de
1996 para el Colegio Gonzalo Jiménez Navas del municipio de Floridablanca
desde el 15 de enero de 1996 hasta la fecha de la solicitud 16 de julio de 2012
tiempo con el que según el certificado había acumulado “ 16 años, 5 meses y 11
días”.
De la revisión del Formato para la expedición de certificado de historia laboral,
consecutivo 58050, cotizó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
14
Entre otras, la sentencia C-517 de 1999
30
31
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
Magisterio – Fiduprevisora, prestó sus servicios desde el 15 de enero de 1996
hasta el 10 de mayo de 2013 (fecha de la solicitud).
Así las cosas, el tiempo de servicios de la señora Teresa Bautista se resume
de la siguiente manera:
Tiempo
Nominador Desde Hasta laborado
A M D
Gobernación de
30 de
Santander 9 de abril
diciembre 1 8 26
de 1974
de 1975
Fondo de pensiones de
Santander
Gobernación de
Santander 19 de
27 de abril
enero de 0 3 10
de 1976
Fondo de pensiones de 1976
Santander
Municipio de 19 de 30 de
Floridablanca enero de noviembre 4 15 0 0
1991 de 1995
Municipio de 15 de
8 de enero
Floridablanca enero de 13 11 24
de 2010 22
1996
TOTAL 2023 0 00
De acuerdo con los datos que se ilustran en el cuadro que antecede, la
demandante desde el 9 de abril de 1974 hasta el 8 de enero de 2010 laboró
un total de 20 años, sin embargo, se precisa que, de las pruebas existentes en
el proceso se concluye que la docente trabajó, por lo menos, hasta el 25 de
junio de 2012, fecha de expedición del Formato para la Expedición de Historia
Laboral.
15
Se aclara que se tiene en cuenta el tiempo y la suma que, del mismo, fue ordenada en la sentencia del Juzgado
Segundo Administrativo de Bucaramanga, según la cual el periodo laborado fue de 48 meses (se sumó el tiempo
teniendo en cuenta las interrupciones en la prestación del servicio docente). 22 Fecha en la que completó los 20 años
de servicios. 23 El cálculo se realizó sumando los días calendario.
31
32
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
De las pruebas allegadas al expediente y una vez revisados los tiempos
realmente servidos por la demandante se evidencian varios aspectos sobre los
cuales es importante realizar las siguientes precisiones:
En primer lugar, es cierto que la demandante es beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 812 de 2003, teniendo en cuenta que se vinculó por
primera vez al ejercicio docente con la gobernación de Santander que, data
del 9 de abril de 1974 al 30 de diciembre de 1975. En estos términos, la
accionante tiene derecho a ser beneficiaria de la Ley 33 de 1985 y no de la
Ley 71 de 1988, como equivocadamente lo entendió el Tribual de Santander.
Lo anterior porque los tiempos servidos al ejercicio docente fueron en su
totalidad de carácter público, puesto que, tal como se observa en la ilustración
que precede, las cotizaciones realizadas a Colpensiones tuvieron origen en las
órdenes de prestaciones de servicios suscritas entre la demandante y la
demandada, tiempo que valga destacar fue el reconocido mediante la
sentencia del 30 de abril de 2012, proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo en Descongestión de Bucaramanga, a la que se hizo referencia
en el numeral décimo de los hechos probados.
De acuerdo con la anterior interpretación, se tiene entonces, que la docente
Teresa Hermencia Bautista Ramón sumó un total de más de 20 años al servicio
público.
En segundo lugar, también se evidencia que no hay lugar a considerar que
haya existido una doble cotización, puesto que el lapso reportado a
Colpensiones por el municipio de Floridablanca corresponde a aquel en que la
demandante laboró por órdenes de prestación de servicios y que fueron
pagados a la entidad de previsión social, de acuerdo con la sentencia del 30
de abril de 2012 proferida por el Juzgado Segundo en Descongestión de
Bucaramanga, ya mencionada, teniendo en cuenta que coincide exactamente
con las fechas y periodos reconocidos por la autoridad judicial.
32
33
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
Este hecho también se puede corroborar con la Resolución núm. 1408 del 18
de mayo de 2017 que dispone el pago a favor de Colpensiones por la
vinculación laboral de la demandante con el municipio de Floridablanca, como
se indicó en los numeras 12 y 13 de los hechos probados.
En tercer lugar y una vez aclarado lo anterior, la demandante tiene derecho al
reconocimiento prestacional establecido en la Ley 33 de 1985 porque acreditó
55 años de edad, el 3 de octubre de 2007; se comprobó que los 20 años de
labor los cumplió el 8 de enero de 2010.
Así las cosas, aunque en principio no hay mayores diferencias entre el
reconocimiento de la pensión de jubilación con la Ley 33 de 1985, y el de la
Ley 71 de 1988, esta última normativa analizada por el Tribunal, conforme a
la cual negó las pretensiones de la demanda, al concluir que la demandante
no cumplió con los tiempos necesarios; lo cierto es que, el análisis que en esta
instancia se realiza parte de la necesidad de precisar que el estatus de la
demandante se consolidó el 8 de enero de 2010.
También la Sala advierte que el estatus pensional en el presente caso debe
definirse teniendo en cuenta los tiempos servidos a través de las órdenes de
prestación de servicios suscritos por la demandante con el municipio de
Floridablanca a los que se ha venido haciendo referencia a lo largo de esta
providencia.
En estos precisos términos la señora Hermencia Bautista consolidó los
requisitos para ser beneficiaria de la pensión de jubilación el 8 de enero de
2010. Así las cosas, le asiste razón a la demandante en el recurso de apelación
presentado contra la sentencia de primera instancia, puesto que, si bien el a
quo negó las pretensiones de la demanda, lo cierto es que, bajo el estudio que
se realiza en esta instancia, la señora Teresa Hermencia Bautista no solo
cumple con el tiempo exigido, contrario a lo afirmado en los actos demandados,
33
34
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
sino además que, al tenerse en cuenta los tiempos de las OPS, se aclara el
tiempo de consolidación de su estatus pensional.
2.7 Prescripción de las mesadas pensionales
El legislador estableció el fenómeno de la prescripción, de manera que se
pagan solamente las mesadas causadas hasta tres (3) años antes de la fecha
en que se haya formulado la correspondiente reclamación ante la entidad de
previsión, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 196816. No obstante, se
observa que el en sub lite no trascurrieron más tres (3) años, esto es, entre la
reclamación (16 de julio de 2012) y la fecha de adquisición del estatus (8 de
enero de 2010)17. Así las cosas, no operó el fenómeno prescriptivo.
Las sumas reconocidas se ajustarán a la siguiente fórmula:
R= Rh X Índice final _____________
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es la mesada pensional dejada de percibir por la demandante, por el
guarismo que resulta al dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia,
por el índice inicial, vigente para la fecha en que debió hacerse el pago.
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente
mes por mes para cada mesada comenzando desde la fecha de su causación,
teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de causación
de cada uno de ellos.
16
“Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, El simple reclamo escrito del empleado o
trabajador ente la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpe la
prescripción, pero sólo por un lapso igual”.
17
Además, la presentación de la demanda se realizó el 19 de mayo de 2015
34
35
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
Es del caso decir que este reconocimiento pensional no implica para su disfrute
que el docente se retire del servicio, es decir, existe compatibilidad entre el
salario y la pensión de jubilación18.
Por todo lo anterior, esta Subsección revocará la sentencia de primer grado,
para en su lugar, ordenar al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, de acuerdo con las
previsiones de la Ley 33 de 1985 a favor de la señora Teresa Hermencia
Bautista Ramón, a partir de la fecha en que adquirió el estatus pensional, es
decir 8 de enero de 2010, en el equivalente al 75% de los factores salariales
sobre los cuales se haya cotizado. No hay lugar a declarar la prescripción de
mesadas.
Finalmente, destaca la Sala que, por medio de la Resolución 9925 del 12 de
diciembre de 2015, la Secretaría de Educación de Floridablanca reconoció una
pensión por aportes a la demandante, de acuerdo con la Ley 71 de 1988, pero
con régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Acto que se
reitera no puede ser objeto de control judicial en el presente, puesto que no se
demandó o discutió su legalidad por parte de la demandante. En
consecuencia, es necesario advertir sobre este asunto a la entidad
demandada, para que al momento de dar cumplimento a la presente sentencia,
tenga en cuenta la decisión de la demandante de escoger el régimen que le
sea más favorable, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.
2.8 Condena en costas.
En el sub lite no habrá lugar a condena en costas, en la medida en que no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues esta
Sala ha sostenido que dicha norma otorga al juez la facultad de valorar la
18
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024) sentencia del 20 de noviembre de 2024. MP Jorge Edison
Portocarrero Banguera
35
36
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
procedencia de las costas, lo cual implica examinar la actuación procesal de
la parte vencida, verificar con certeza su causación y constatar que la conducta
desplegada revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple resultado
adverso del proceso19.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del Tribunal Administrativo
de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
IV. FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de julio de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que negó las súplicas de la demanda
promovida por la señora Teresa Hermencia Bautista Ramón, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone:
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los oficios sin número del 2 de agosto
de 2012 y 2012RE1555 del 10 de septiembre de 2012, por medio de los cuales
la Secretaría de Educación de Floridablanca negó el reconocimiento de la
pensión a favor de la demandante.
19
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 1300033-33-
000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
36
37
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, se ordena al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FONPREMAG), reconocer y pagar a favor de la señora Teresa Hermencia
Bautista Ramón una pensión mensual de jubilación a partir del 8 de enero de
2010, conforme al régimen previsto en la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta
como factores relevantes para su liquidación aquellos en el equivalente al 75%
de los factores salariales, sobre los cuales se haya cotizado.
Así mismo, el FONPREMAG deberá tener en cuenta que la demandante ya
tiene reconocida una pensión de vejez conforme al régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, mediante la Resolución N° 9925 del 12 de diciembre de 2015,
para efectos del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación que es
objeto de esta decisión, la demandante podrá escoger el régimen que le resulte
más favorable.
El pago del derecho pensional se realizará una vez la demandante adopte la
decisión que le resulte más favorable, entre aquellos que le sean aplicables,
esto en aras de evitar que se realicen pagos dobles por el mismo concepto.
CUARTO: Las sumas debidas deberán ser indexadas mes a mes hasta la
fecha de quedar en firme la decisión, de conformidad con lo establecido en el
artículo 187 (inciso final) del CPACA y mediante la aplicación de la fórmula
matemática financiera adoptada por el Consejo de Estado.
QUINTO: A la sentencia se le dará cumplimiento en los términos previstos en
el artículo 192 del CPACA.
SEXTO: Sin condena en costas en ninguna de las instancias.
37
38
Nº Interno: 1052-2023
Demandante: Teresa Hermencia Bautista Ramón
Demandada: FOMAG y otros
SÉPTIMO. - Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
Cfr. AV Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA
38
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.