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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-00872-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-00872-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 10 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda, dentro del proceso promovido por la señora Gladys Fonnegra Hernández en contra del Departamento de Santander —Secretaría de Educación—. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las respectivas anotaciones en el aplicativo SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2015-00872-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001 23 33 000 2015 00872 01 (0855-2019)
Demandante: Gladys Fonnegra Hernández
Demandado: Departamento de Santander —Secretaría de Educación—

Tema: Revocatoria directa de ascenso en el escalafón docente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 10 de octubre de 2018, por el Tribunal Administrativo de
Santander, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Gladys Fonnegra Hernández formuló
demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, en orden a que se
declare la nulidad de la Resolución 020287 del 10 de noviembre de 2014, por medio
de la cual se revocó la Resolución 000073 de 2013, mediante la cual se le reconoció
un ascenso en el escalafón docente.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó

1 Folios 1 al 8.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001 23 33 000 2015 00872 01 (0855-2019)
Demandante: Gladys Fonnegra Hernández

i) mantener vigente la resolución revocada; ii) ordenar a la accionada, a título de
indemnización, el reintegro de los dineros que corresponden a las diferencias en el
escalafón docente que ha descontado del salario mensual; y, iii) dar cumplimiento
a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) Mediante Resolución 020287 del 10 de noviembre de 2014, la Secretaría de
Educación Departamental de Santander resolvió revocar, de manera oficiosa, la
Resolución 000073 de 2013, por la cual se reconoció un ascenso en el escalafón
docente a la señora Fonnegra Hernández, con el argumento de que la
documentación aportada por esta carecía de validez legal por presunta falsedad.

ii) La decisión revocatoria se tomó sin haber llamado a la afectada para ejercer su
derecho de contradicción sobre las conclusiones a las que llegó el empleador.

iii) Con el acto acusado se causó un perjuicio económico a la docente, toda vez que
del grado doce del escalafón bajó al cuatro.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron el preámbulo y los artículos 1, 2, 25, 54 y 209 de la
Constitución Política, y el 3 de la Ley 1437 de 2011.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso, en
esencia, que la administración desconoció los principios básicos sobre los que se
funda el estado social y democrático de derecho y, en ese marco, la función pública,
así como las normas mencionadas, por lo cual se desatendió los presupuestos
legales y jurisprudenciales que han establecido que cuando se trate de revocar

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Demandante: Gladys Fonnegra Hernández

actos administrativos que han generado derechos subjetivos debe oírse al eventual
afectado.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. El Departamento de Santander no contestó la demanda.2

1.3. La sentencia apelada3

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia proferida el 10 de
octubre de 2018, en el desarrollo de la audiencia inicial, resolvió declarar la nulidad
de la Resolución 020287 de 2014 y condenar a la entidad accionada a pagar a la
demandante las diferencias salariales y prestacionales dejadas de percibir en virtud
de la revocatoria contenida en el acto acusado, de manera indexada, previos los
descuentos correspondientes al sistema de seguridad social. Basó su decisión en
las siguientes consideraciones:

i) No se logró demostrar por la parte demandante que el acto acusado se hubiera
basado en supuestos de hecho contrarios a la realidad, pese a que es a ella a la
que le corresponde la carga de la prueba.

ii) En lo referente a la revocación oficiosa de actos de carácter particular y concreto,
tratándose de la revocatoria como instrumento de la administración, se tiene por
principio una limitante que evita que la administración pueda sustituir irregularmente
a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo en el juzgamiento o control a la
legalidad de las decisiones administrativas y, en ese entendido, los actos que se
originen por medios ilegales o fraudulentos ya no se pueden revocar de acuerdo
con lo previsto en la Ley 1437 de 2011, sino que se debe ejercer el medio de control
respectivo y esperar el pronunciamiento del juez; es decir, que la autoridad
administrativa que expidió el acto no tiene competencia para revocarlo

2 De ello se dejó constancia en el informe secretarial obrante en el folio 70.
3 Folios 93 vuelto al 96 vuelto.

3

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Demandante: Gladys Fonnegra Hernández

directamente.

iii) Ante la falta de veracidad del Acta de Grado 085-38, que fue presentada por la
educadora como soporte para su ascenso al grado 12 en el escalafón docente, lo
que hace entender que este documento es un medio ilegal o fraudulento, el deber
de la autoridad administrativa consistía en demandar ante esta jurisdicción la
Resolución 0073 de 2013, solicitando la suspensión provisional como medida
cautelar, puesto que no existe norma jurídica que la habilite para revocarla de oficio.

iv) Por tratarse del pago de prestaciones periódicas, la Resolución 073 de 2013
podía demandarse en cualquier tiempo.

1.5. El recurso de apelación

El apoderado de la entidad accionada interpuso recurso de apelación contra la
sentencia y solicitó que se revoque y, en su lugar, se denieguen las pretensiones
de la demanda. Expuso las siguientes razones de inconformidad:4

i) El fallo de primera instancia dejó a un lado la finalidad de la administración pública,
de proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de
los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás
preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el
funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la observancia de los
deberes del Estado y de los particulares.

ii) El a quo debió dar prevalencia al derecho sustancial sobre el procedimental, pues,
por un apego a las formas se apartó de sus obligaciones de impartir justicia, buscar
que las sentencias se basen en una verdad judicial que se acerque lo más posible
a la verdad real, garantizar la efectividad de los derechos constitucionales y evitar
que las actuaciones de la administración de justicia sean utilizadas como medios

4 Folios 97 al 110.

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Demandante: Gladys Fonnegra Hernández

para legalizar un acto ilegal desplegado por la demandante.

1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.6.1. La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal.5

1.6.2. La demandada reiteró los argumentos planteados en el recurso de apelación,
en el sentido de que los documentos ilegales no pueden ser avalados bajo ninguna
circunstancia porque atentan contra un sinnúmero de principios y valores que el
Estado debe salvaguardar.6

1.7. El Ministerio Público

El agente del ministerio público rindió concepto y solicitó confirmar la sentencia
apelada,7 con base en los siguientes argumentos:

i) No hay mérito para revocar la decisión de primera instancia, puesto que si bien la
administración agotó un procedimiento administrativo para validar la legalidad del
acta de grado de la docente, al final del cual pudo constatar las irregularidades
motivadas en la Resolución 020287 del 10 de noviembre de 2014 y la eventual
ausencia de buena fe, no podía, en aplicación del artículo 97 del CPACA, revocar
la Resolución 000073 del 4 de enero de 2013 sin el consentimiento previo, expreso
y escrito del titular del derecho reconocido.

ii) En caso de negarse tal consentimiento, debía acudir a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, por el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho (lesividad), para controvertir la legalidad del acto, solicitando la medida
cautelar de suspensión provisional, sin que ello configure un exceso ritual
manifiesto.

5 Constancia secretarial obrante en el folio 170.
6 Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI (índice 37).
7 Allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI (índice 38).

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Demandante: Gladys Fonnegra Hernández

iii) El interés general, la moralidad administrativa y el trámite incidental de liquidación
de la condena no priman en este caso, dado el actuar de la administración en
detrimento de la seguridad jurídica y el principio de legalidad de las actuaciones
administrativas.

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

La Sala advierte que en el libelo la actora solo señaló como normas infringidas
algunos cánones de orden constitucional y no invocó las disposiciones legales
vulneradas con el acto acusado, específicamente el artículo 97 de la Ley 1437 de
2011, que regula el trámite de la revocación directa de los actos administrativos de
carácter articular y concreto.

Sin embargo, aunque la parte actora no citó expresamente el mencionado artículo,
lo cierto es que manifestó que la decisión de la entidad «desconoce derechos
elementales en nuestro nuevo orden constitucional como el derecho a la defensa al
adoptar una decisión sin que se oyera al afectado y de contera violar la exigencia
del CPACA, en el sentido que cuando se trate de revocar un acto
administrativo que ha generado derechos como el del escalafonamiento, debe
consultarse a quien pueda resultar afectado con la revocatoria». (Resalta la
Sala).

Si bien es cierto que la carga procesal de indicar las normas violadas y expresar el
concepto de violación encuentra justificación constitucional, y delimita el marco en
que el juez administrativo debe realizar la confrontación y verificar la legalidad del
acto administrativo que se acusa de ilegal, también lo es que cuando se invoca la
protección de un derecho fundamental, en este caso el debido proceso, que según
la demanda se vulneró en tanto que «no se cumplió la regla de oír al perjudicado

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Demandante: Gladys Fonnegra Hernández

con la decisión de revocar un acto particular», el juez debe proceder a su protección,
tal como lo indicó la Corte Constitucional.

En efecto, en relación con la exigencia de indicar las normas violadas y explicar el
concepto de violación que deben cumplir las demandas contra actos
administrativos, la Corte, en la sentencia C-197 de 1999, al estudiar la
constitucionalidad del numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso
Administrativo declaró su exequibilidad, condicionada a que cuando el juez
administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de
aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la
demanda no hubiere cumplido con dicho requisito.

Por su parte, esta Sala ha sostenido que el principio de justicia rogada no se puede
entender como absoluto en esta jurisdicción, y menos en asuntos laborales,
especialidad dentro de la cual se conciben derechos mínimos e irrenunciables. Así
mismo, se ha señalado que el contenido de tal principio se acompasa con el objeto
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esto es, la efectividad de los
derechos consagrados en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden
jurídico, así como la prevalencia del derecho sustancial y la garantía del acceso a
la administración de justicia.

En este orden, la Sala analizará el fondo del asunto de conformidad con el marco
normativo de la revocatoria directa de los actos administrativos particulares, como
lo hizo el a quo.

2.2. El problema jurídico

De acuerdo con las razones de inconformidad planteadas por la entidad apelante,
a la Sala le corresponde determinar si la Secretaría de Educación Departamental
de Santander podía revocar en forma directa el acto administrativo mediante el cual
se ascendió a la demandante en el escalafón docente, sin su consentimiento previo.

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Demandante: Gladys Fonnegra Hernández

2.3. Marco normativo

Revocatoria directa de actos administrativos de contenido particular y
concreto

La revocatoria de los actos administrativos ha sido considerada como una forma
para que la administración pueda conseguir su desaparición o extinción de la vida
jurídica, de modo que se convierte en un ejercicio de autocontrol de sus propias
decisiones.8

Esta figura puede ser utilizada por el sujeto pasivo del acto frente a la autoridad que
lo produjo o ante su inmediato superior. También puede ser usada como medida
unilateral de la administración para dejar sin efecto decisiones que adopte. En este
último evento, se convierte en «un mecanismo ya no alternativo sino adicional al de
la vía gubernativa, del que puede hacer uso la Administración de manera oficiosa,
bajo ciertas circunstancias y limitaciones, para revisar y corregir la manifiesta
antijuridicidad, inconveniencia, o el agravio injustificado que cause alguno de sus
actos administrativos».9

El artículo 93 del CPACA reguló la revocatoria de los actos administrativos señalando
que pueden ser revocados por las autoridades que los expidieron o por sus
inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, cuando i) sea manifiesta su
oposición a la Constitución Política o a la ley; ii) no estén conformes con el interés
público o social o atenten contra él y; iii) causen un agravio injustificado a una
persona.

Por su parte, el artículo 97 ibidem regló lo referente a la revocatoria de actos de
carácter particular y concreto, en los siguientes términos:

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de febrero de

2009.radicado 13001-23-31-000-2008-00586-01 (AC), consejera ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre de

2011, radicado 2006-00225-00, consejero ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

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Radicado: 68001 23 33 000 2015 00872 01 (0855-2019)
Demandante: Gladys Fonnegra Hernández

Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso
o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y
concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el
consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es
contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo.

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o
fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación
y solicitará al juez su suspensión provisional.

Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de
audiencia y defensa. (Negritas de la Sala).

De acuerdo con el contenido de la norma, para revocar un acto administrativo de
contenido particular y concreto la administración requiere el consentimiento previo,
expreso y escrito del respectivo titular del derecho, en la medida en que dichos actos
crean, modifican o reconocen derechos de naturaleza individual. Así, si el titular de
este no otorgó su consentimiento, corresponde a la entidad acudir ante la
Jurisdicción de lo Contencioso-administrativo, a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para que mediante una decisión judicial se
declare su nulidad.

En efecto, los dos incisos finales del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 preceptúan
que en los casos en que la administración considere la inconstitucionalidad o
ilegalidad de un acto administrativo, o que su expedición tuvo lugar por medios
ilegales o fraudulentos, deberá acudir ante esta jurisdicción, para demandarlos,
siempre que no cuente con el consentimiento, previo, expreso y escrito del titular de
los derechos reconocidos en el respectivo acto administrativo.

En ese sentido, la exigencia sobre el consentimiento para la revocatoria de los actos
administrativo de contenido particular como regla general, ha sido considerada por
la jurisprudencia como «la garantía de los principios de confianza legítima,
seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos que “avalan el principio
de la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos subjetivos reconocidos por la

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administración a través de un acto administrativo” y fortalecen la relación entre la
Administración y los particulares».10

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

i) El 21 de marzo de 1996, por Resolución 214, emanada del Ministerio de
Educación Nacional —Oficina Seccional de Escalafón, Departamento de
Santander— se clasificó a la señora Gladys Fonnegra en la categoría uno del
Escalafón Docente.11

ii) El 23 de noviembre de 2001, por medio de la Resolución 3598, la Secretaría de
Educación de Santander —Junta Seccional de Escalafón— ascendió a la señora
Gladys Fonnegra al grado 2 del Escalafón Nacional Docente.12

iii) El 4 de enero de 2013, a través de la Resolución 000073, el secretario de
educación departamental resolvió ascender a la educadora Fonnegra Hernández al
grado 12 en el Escalafón Nacional Docente. Para el efecto, consideró:13

[…]
Que el(la) educador(a) allegó fotocopia de la Resolución No. 3598 de fecha
23/11/2001, expedida por la Secretaría de Educación, donde consta que tiene título
de BACHILLER PEDAGÓGICO y se encuentra en el grado 02 del Escalafón Nacional
Docente.

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 2277 de 1979 y sus
reglamentarios, es procedente acceder a la solicitud de ascenso al Grado 12 en
virtud de título, tiempo de servicio y créditos en el Escalafón Docente, teniendo en
cuenta que el(la) docente aporta: TÍTULO DE LICENCIADA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON
ÉNFASIS EN CIENCIAS NATURALES, tiempo de servicio sencillo comprendido entre
12/01/1997 al 24/01/2008 (11 años, 0 meses, 0 días y créditos en Construcción de
ambientes de aprendizaje para implementar la nueva evaluación de la Unisangil (7)

10 Sentencia SU-050 de 2017, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
11 Folio 13.
12 Folio 16 del cuaderno de antecedentes administrativos.
13 Folio 104 ibidem.

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Demandante: Gladys Fonnegra Hernández

y Metodología (Pedagogía para la educación en Tecnología) (razonemos con los
niños) (4) de la Universidad Cooperativa de Colombia para un total de once (11)
créditos y se determina fecha del próximo ascenso a partir del 24/01/2008.

Que de conformidad con fallos jurisprudenciales es viable proceder al trámite de
reconocimiento del ascenso solicitado por el docente con el pago condicionado a la
disponibilidad presupuestal que será expedida posteriormente.

Que los efectos fiscales de la presente resolución rigen a partir del 01/01/2013 de
acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Código contencioso administrativo.

iv) El 22 de octubre de 2013, por medio del Oficio con radicado 20130183263 del
22 de octubre de 2013, el Coordinador del Grupo Escalafón Docente del
Departamento de Santander le solicitó a la Rectora de la Universidad del Atlántico
confirmar las actas de grado de algunos docentes, entre ellas, la de la actora.14

v) El 10 de noviembre de 2014, por medio de la Resolución 020287, el Secretario
de Educación Departamental de Santander resolvió revocar de oficio la Resolución
000073 del 4 de enero de 2013, con base en las siguientes consideraciones:15

Que a través de Resolución No. 3598 de noviembre 23 de 2001, la Secretaría de
Educación Departamental resuelve: Ascender al grado dos (2) en el Escalafón
Docente a GLADYS FONNEGRA HERNÁNDEZ, identificado (sic) con CC No. 23.808.841.

Que posteriormente, la señora GLADYS FONNEGRA HERNÁNDEZ solicitó a la Secretaría
de Educación ascenso para el grado 12 en el Escalafón Nacional Docente
adjuntando para dicho fin, Acta de Grado No. 085-038 donde se certifica que se
otorgó título de LICENCIADA EN EDUCACIÓN BÁSICA, CON ÉNFASIS EN CIENCIAS
NATURALES que aparece registrado en el libro 005-A de la Secretaría General de la
Universidad bajo el No. 2753, folio 16 de fecha 20 de agosto de 2007.

Que a través de Resolución 000073 del 04 de enero de 2013, la Secretaría de
Educación Departamental resuelve: Ascender al educador(a) FONNEGRA HERNÁNDEZ
GLADYS, identificado(a) con CC No. 23. 808.841 al grado 12 en el Escalafón Nacional
Docente.

Que el contenido de dicho acto administrativo fue notificado en debida forma a la
interesada el 5 de abril de 2013, a través de la Oficina de Atención al Ciudadano de
la Secretaría de Educación de Santander.

Que se efectuó por parte de la Jefe Oficina de Equipo Carrera Docente de la
Secretaría de Educación Departamental, visita especial a la Universidad del
Atlántico, con el fin de comprobar la legalidad del Acta de Grado No. 085-038 donde

14 Folios 95 y 96.
15 Folios 20 al 22.

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Radicado: 68001 23 33 000 2015 00872 01 (0855-2019)
Demandante: Gladys Fonnegra Hernández

se certifica que se otorgó título de licenciada en educación básica, con énfasis en
Ciencias Naturales que aparece registrado en el libro 005-A de la Secretaría General
de la Universidad bajo el No. 2753 folio 16 de fecha 20 de agosto de 2007,
presentada por la educadora en razón a las anomalías que se vienen presentando
con algunos títulos expedidos por la citada Universidad, de cuyo resultado se levantó
Acta Especial que se realizó en el Departamento de Admisiones y Registro
Académico, fechada del 19 de agosto de 2014, donde se estableció que el libro 005-
A, citado en el acta de grado presentada, no existe como libro de graduados en la
Institución. Por lo tanto los datos suministrados no son válidos.

Que así las cosas y una vez revisada minuciosamente la información suministrada
por el Departamento de Admisiones y Registro Académico de la Universidad del
Atlántico y la documentación obrante dentro la Hoja de Vida de la señora GLADYS
FONNEGRA HERNÁNDEZ, este despacho concluye que el Acta aportada por la docente
antes mencionada para ascender al grado 12 en el Escalafón, no tiene ninguna
validez legal.

Que en este orden de ideas, es pertinente y procedente dar aplicación a lo
consagrado en el artículo 93 del Código de Procedimiento administrativo y de lo
Contencioso administrativo (Ley 1437 de 2011) el cual determina la revocación
directa de los actos administrativos […]

[…]

La revocatoria directa de los actos administrativos tiene como finalidad dejar sin
efectos jurídicos el acto administrativo desde el nacimiento mismo en que pretendió
producir efectos ya sea, modificando extinguiendo o suprimiendo derechos
subjetivos o intereses legítimos.

Que así las cosas, este Despacho considera que de oficio debe revocarse la
providencia No. 000073 del 04 de enero de 2013, invocando la causal 1) del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011) quedando esta sin efecto jurídico alguno, y por consiguiente seguirá vigente
la No. 3598 de noviembre 23 de 2001 […]

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar de oficio la Resolución No. 000073 del 04 de enero de
2013, mediante la cual se ascendió al grado doce (12) a la educadora GLADYS
FONNEGRA HERNÁNDEZ en el Escalafón Docente quedando esta sin efecto jurídico
alguno […]

vi) El 31 de agosto de 2015, mediante la Resolución 017702, la Secretaria de
Educación del Departamento, declaró que la demandante tiene la obligación de
reintegrar al Departamento de Santander la suma de $37.054.275 por concepto de
salarios y prestaciones sociales no devengados, con ocasión a la revocatoria de

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Demandante: Gladys Fonnegra Hernández

oficio de su ascenso en el escalafón docente.16 Esta decisión fue confirmada por
medio de las Resoluciones 024211 del 16 de diciembre de 201517 y 01698 del 17
de febrero de 2016,18 por las cuales se resolvieron los recursos de reposición y
apelación, respectivamente.

2.5. Análisis de la Sala

La entidad adujo, en el acto que revocó directamente la Resolución que ascendió a
la demandante al grado doce, que el Acta de Grado aportada por esta no tiene
ninguna validez legal. A su turno, en el recurso de apelación alegó que el a quo dejó
a un lado la finalidad de la administración pública, de proteger y garantizar los
derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, el
cumplimiento de los fines estatales y la observancia de los deberes del Estado y de
los particulares.

Al respecto, la Sala advierte que la Administración olvidó que la aludida herramienta
de autotutela exige como requisito previo la solicitud de autorización a la afectada
para modificar su situación, tal como lo precisó esta Corporación19 en sentencia del
19 de septiembre de 2019:

En el caso de la revocación directa de actos de contenido particular y concreto, el
respeto del derecho al debido proceso supone (i) que se adelante un procedimiento
administrativo en el que se les otorgue a los interesados la oportunidad de intervenir
y de solicitar pruebas; y (ii) la obtención del consentimiento escrito y expreso del
respectivo titular del derecho o de la situación jurídica que emana de tales actos. En
tales condiciones es plausible concluir que, en la medida en que los actos
administrativos impliquen la creación, modificación o el reconocimiento de derechos
de naturaleza individual y determinada, la administración pública debe sujetarse a
la manifestación de voluntad que ha plasmado en ellos, a no ser que de manera
inequívoca el administrado a cuyo favor ha operado tal reconocimiento autorice la
pérdida de vigencia del acto administrativo, previo agotamiento de un procedimiento
administrativo. En caso contrario, el Estado deberá cuestionar su constitucionalidad
o legalidad a través del respectivo medio de control.

16 Folios 56 y 57.
17 Folios 60 al 66.
18 Folios 50 al 53.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del

19 de septiembre de 2019. Radicado: 18001-23-31-000-2013-00006-01(2179-18).

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Radicado: 68001 23 33 000 2015 00872 01 (0855-2019)
Demandante: Gladys Fonnegra Hernández

Ahora, sobre la exigencia para la entidad pública de obtener el consentimiento
expreso del administrado afectado, con el fin de revocar su propio acto, el legislador
previó dicha condición con el ánimo de garantizar y propender por garantías
constitucionales fundamentales como la buena fe, la confianza legítima y la
seguridad jurídica, las cuales se predican de forma ambivalente tanto del actuar de
las autoridades como del que le corresponde a los particulares, en atención a que
se busca que el Estado someta, respete y adecúe su dinámica a la legalidad de sus
propias decisiones, para que en tal sentido las personas puedan confiar en esa
conducta diligente, tener certeza sobre sus derechos y obligaciones, y de esta
manera deban responder en consecuencia con esa misma actitud a través del
cumplimiento de sus deberes frente a las instituciones.20

Lo anterior fue precisado por esta Subsección en providencia del 3 de octubre de
2019,21 en los siguientes términos:

Se ha dicho por parte de la jurisprudencia que la administración, debe someter sus
actuaciones a procesos reglados y respetar sus propios actos, ello como garantía
del debido proceso de los ciudadanos y como límite en el ejercicio del poder público.
Por tanto, la regla general es que no puede revocar los actos administrativos que
crean o modifican una situación jurídica particular a su arbitrio, debiendo velar por
la protección del principio de la buena fe y de la seguridad jurídica, lo que logra, con
la solicitud y obtención de la autorización del particular para revocar el acto
administrativo que lo afecta.

En tal entendido, eludir el requisito previsto en la ley, de solicitar la autorización del
particular para modificar una situación creada, conlleva el desconocimiento de las
normas en que debía fundarse y la transgresión de principios como la buena fe y la
seguridad jurídica, que constituyen parte esencial del principio de legalidad que
debe revestir las actuaciones de los entes estatales.22

En relación con los efectos de la revocatoria directa, el Consejo de Estado ha

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de septiembre de 2020, radicado: 17001-23-33-000-

2017-00100-02 (4103-2018) y 17001-23-33-000-2017-00100-01 (3251-2017), consejero ponente: William
Hernández Gómez.
21 Citado en sentencia del 3 de septiembre de 2020, radicado 17001-23-33-000-2017-00100-02(4103-18) y

17001-23-33-000-2017-00100-01(3251-17), conejero ponente William Hernández Gómez.
22 Ibidem

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Radicado: 68001 23 33 000 2015 00872 01 (0855-2019)
Demandante: Gladys Fonnegra Hernández

explicado que difieren de los de nulidad, pues «la primera es ejercida con
fundamento en el poder de auto tutela de la administración que implica la exclusión
de los efectos del acto, sin que ella tenga el carácter de una declaración formal de
ilegalidad, mientras que en la segunda el juez de lo contencioso administrativo
verifica si se configura alguna de las causales previstas por el artículo 84 del CCA,
pronunciamiento que tiene, como regla general, efectos ex tunc, esto es, desde el
origen mismo del acto». Lo anterior, por el hecho de que «la revocación directa la
efectúa la administración a través de un acto administrativo que se sujeta a las
reglas antes dichas dentro de las cuales se encuentra la relativa a la posibilidad de
causar efectos a partir de su vigencia hacia el futuro o ex nunc, es decir, que aquella
situación no vicia de nulidad el acto que bien pudo haber generado efectos mientras
rigió, ni impide que sea demandado ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pues sigue amparado por la presunción de legalidad».23

En el caso concreto, es claro que la entidad no solicitó la autorización a la actora
para revocar la Resolución 000073 de 2013, que la ascendió en el escalafón
docente, y mucho menos que la decisión en cuestión obedeciera a un procedimiento
surtido con arreglo al debido proceso, sino que de manera equivocada decidió
revocar directamente dicho acto, con lo cual, se reitera, desconoció el ordenamiento
jurídico, que no se puede soslayar ni siquiera por la ausencia de buena fe de la
demandante en el trámite o solicitud de ascenso, ni por vía del principio de la
prevalencia del interés general, como bien lo estimó el agente fiscal.

En conclusión, a juicio de la Sala, no podía revocarse el acto administrativo
mencionado sino que lo procedente era haber solicitado el consentimiento previo,
expreso y escrito de la demandante y, en caso de que hubiese una negativa por
parte de esta, le correspondía a la entidad acudir ante la Jurisdicción de lo
Contencioso-administrativo, si consideraba que el acto administrativo era contrario
a la Constitución o la ley, como lo prevé el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011.

23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del

23 de mayo de 2019. Radicado: 76001-23-31-000-2009-00295-01(3106-16). Se aclara que si bien este fallo se
profirió en un asunto tramitado en vigencia del Decreto 01 de 1984 (CCA), resulta pertinente para el presente
asunto, pues se toma como referencia jurisprudencial en cuanto a los efectos de la revocatoria directa que no
cambiaron con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

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Radicado: 68001 23 33 000 2015 00872 01 (0855-2019)
Demandante: Gladys Fonnegra Hernández

2.6. De la condena en costas

El artículo 188 del cpaca establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del cpaca, se atendía una valoración objetiva, en la
que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la medida
de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o la
temeridad de las partes. Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del
cpaca para precisar que «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado, en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular de la demandante.

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Radicado: 68001 23 33 000 2015 00872 01 (0855-2019)
Demandante: Gladys Fonnegra Hernández

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 10 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda, dentro
del proceso promovido por la señora Gladys Fonnegra Hernández en contra del
Departamento de Santander —Secretaría de Educación—.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las respectivas anotaciones en el aplicativo SAMAI.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVAN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con salvamento de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

mygr

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