Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2015-01468-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2015-01468-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-33-000-2015-01468-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
20 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 68001-23-33-000-2015-01468-01 (65495)
Actor: ÉTICOS SERRANO GÓMEZ LTDA.
Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: Responsabilidad patrimonial del Estado por omisión en el cumplimiento de
los requerimientos de los agentes liquidadores, cuando en el proceso ejecutivo,
además de la sociedad en liquidación, existan otros demandados.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia del 26 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La sociedad Éticos Serrano Gómez Ltda. asegura que debido a que el Juzgado
Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga no remitió en original el proceso ejecutivo
6800131030092008009600, el agente liquidador de Solsalud EPS S.A. rechazó la
acreencia que había sido radicada en tiempo, razón por la cual solicita que se le
indemnicen los perjuicios causados con esa omisión.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 18 de noviembre de 2015 (fls. 1-11 c. 1), el señor Álvaro Tarazona Gómez, en
calidad de representante legal de la sociedad Éticos Serrano Gómez Ltda., por
Radicación número: 68001-23-33-000-2015-01468-01 (65495)
Actor: ETICOS SERRANO GÓMEZ LTDA
Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
intermedio de apoderado judicial (fls. 12-13 c. 1), presentó demanda de reparación
directa en contra de la Nación-Rama Judicial, con el fin de que se declarara la
responsabilidad de la demandada, por los perjuicios que le fueron causados al
omitir, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga, la remisión del original
del proceso ejecutivo 6800131030092008009600 al agente liquidador de Solsalud
EPS S.A.
Como fundamentos fácticos de la demanda se narraron los siguientes:
En el mes de noviembre de 2008, la sociedad Éticos Serrano Gómez Ltda. presentó
demanda ejecutiva singular contra la sociedad Servir S.A., proceso que le
correspondió por reparto al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga,
despacho judicial que el 5 de noviembre de 2009 libró mandamiento de pago.
Encontrándose el proceso en trámite, se adicionó la demanda para vincular como
demandados a Salud Colpatria EPS, Humana Vivir EPS y Solsalud EPS S.A. El 13
de abril de 2011, el juzgado libró mandamiento de pago contra las nuevas
vinculadas.
Debido a la liquidación de Solsalud E.P.S., la demandante se hizo presente en el
proceso liquidatorio de dicha sociedad, en el que informó que el proceso ejecutivo
contra la sociedad en liquidación cursaba ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito
de Bucaramanga y registró una acreencia por valor de $686´410.357.
El 27 de mayo de 2013, Solsalud E.P.S. en liquidación solicitó al Juzgado Noveno
Civil del Circuito de Bucaramanga la remisión de los títulos ejecutivos originales. A
pesar de que el requerimiento fue recibido en el juzgado el 6 de junio de 2013, no
fue contestado, razón por la cual le fue reiterada la petición el 1 de agosto siguiente.
Con ocasión de dicha solicitud, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de
Bucaramanga, el 18 de septiembre de 2013, excluyó del proceso ejecutivo a la
sociedad Solsalud EPS S.A. y ordenó remitir los títulos ejecutivos presentados; sin
embargo, no fueron enviados los originales, sino solamente copias de los mismos,
razón por la cual el liquidador de Solsalud EPS S.A. rechazó la acreencia
presentada, con lo cual se le causó el perjuicio que la demandante reclama.
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Radicación número: 68001-23-33-000-2015-01468-01 (65495)
Actor: ETICOS SERRANO GÓMEZ LTDA
Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
2. Trámite de primera instancia
2.1. La demanda fue admitida el 15 de febrero de 2016 (fls. 5121 c. 13), providencia
que fue debidamente notificada el 19 de mayo de 2016 a la demandada (fl. 5125 c.
13), quien no contestó la demanda.
2.2. El 22 de febrero de 2017 se celebró la audiencia inicial, en la cual el tribunal de
primera instancia manifestó que en razón a los hechos y las pretensiones en que se
fundamenta la demanda, el litigio “se circunscribe a determinar si la Nación-Rama
Judicial es responsable por el presunto error judicial y/o defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia en que incurrió el Juzgado Noveno Civil del Circuito
de Bucaramanga en el trámite del proceso ejecutivo radicado al n.°
68001310300920080029600 cuando mediante auto interlocutorio excluyó del
proceso a la Sociedad Solidaria en Salud E.P.S. SA. – SOLSALUD y omitió el envío
oportuno de los documentos (facturas originales) que obraban como pruebas al
interior del referido proceso, lo que conllevó, según se afirma en la demanda, a que
Solsalud rechazara la acreencia presentada por la parte demandante dentro del
proceso liquidatorio por el que atravesaba, generándole los perjuicios objeto de
reclamo en sede judicial” (fls. 5143-5145, c. 13).
El 29 de marzo de 2017, se corrió traslado a las partes para que presentaran
alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto si lo consideraba
pertinente (fl. 5152 c. 13). En dicho término, la parte demandante reiteró lo
manifestado en la demanda. La demandada presentó alegatos de conclusión y
advirtió que revisada la actuación del proceso ejecutivo se encontró que una vez fue
recibida la información acerca de la liquidación de Solsalud E.P.S. el Juzgado
Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga procedió tal como lo disponen los
artículos 70 y 20 de la Ley 1116 de 2006, es decir, ordenó la exclusión del proceso
de la empresa intervenida, la expedición de las copias pertinentes incluidos los
títulos ejecutivos y una certificación en la cual constara la existencia y el estado del
proceso y que fue el apoderado de la ahora demandante quien no actuó con
diligencia, pues no consta en el proceso ejecutivo que hubiera solicitado la copia de
los títulos ejecutivos, ni su autenticación o la remisión de los originales, conducta
que realmente causó el perjuicio que ahora se reclama (fls. 5187-5191 c. 13).
El Ministerio Público solicitó que se decretara una prueba de oficio, para solicitar el
traslado del proceso ejecutivo tramitado ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito
de Bucaramanga, porque en las copias incorporadas al expediente no obraba el
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Radicación número: 68001-23-33-000-2015-01468-01 (65495)
Actor: ETICOS SERRANO GÓMEZ LTDA
Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
primer requerimiento de que se habla en la demanda, ni constancia de lo remitido al
agente liquidador (fls. 5257-5258 c. 13).
3. Sentencia de primera instancia
En providencia del 26 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo de
Santander negó las pretensiones de la demanda. Como sustento de dicha decisión
consideró que se encontraba probado que el origen del daño fue determinado por
la decisión del agente liquidador de Solsalud E.P.S. S.A., contenida en la Resolución
003789 de 2014 y no en la actuación adelantada por el Juzgado Noveno Civil del
Circuito de Bucaramanga.
Lo anterior, porque el proceso de liquidación se rigió por lo dispuesto en la Ley 1116
de 2006 y las normas especiales contenidas en el Decreto 2555 de 2010 en relación
con el procedimiento de toma de posesión y de liquidación forzosa administrativa
realizada por la Superintendencia de Salud.
Añadió que, conforme a lo establecido en los artículos 20 y 70 de la Ley 1116 de
2006, cuando el proceso ejecutivo se hubiera iniciado antes del trámite de
liquidación y el mismo se dirija también contra otros deudores, no se puede remitir
el proceso ejecutivo en forma inmediata, porque las consecuencias del proceso
concursal no se extienden a los demás obligados a cumplir las acreencias. El
artículo 70 dispone que el juez debe poner en conocimiento del ejecutante el inicio
del proceso de insolvencia de su deudor, para que manifieste si prescinde de cobrar
el crédito a los garantes o deudores solidarios, con la advertencia de que en caso
de que guarde silencio, se debe continuar la ejecución contra ellos, es decir, no
opera la terminación automática para proteger los intereses del acreedor.
Concluyó, de acuerdo con el anterior razonamiento, que como en este caso el
ejecutante guardó silencio durante el término de ejecutoria del auto del 28 de agosto
de 2013, el juzgado debía excluir del proceso a Solsalud EPS S.A. y seguir adelante
con la ejecución de los demás ejecutados. Por tanto, a pesar de que el agente
liquidador solicitó la remisión del expediente, el juez no podía remitir el original de
los títulos base de ejecución, porque debía continuar el trámite en relación con los
demás deudores.
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Radicación número: 68001-23-33-000-2015-01468-01 (65495)
Actor: ETICOS SERRANO GÓMEZ LTDA
Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
En síntesis, consideró que el daño no provenía de la decisión de 18 de septiembre
de 2013 proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga, sino
de la decisión del agente liquidador de rechazar la acreencia presentada por la
demandante, porque “restringir la posibilidad de calificar la reclamación n.° A09.25
impuso una carga excesivamente rigurosa e injustificada a la parte demandante, por
considerar que era necesario aportar el proceso ejecutivo en original, cuando así no
lo dispone el artículo 20 ni el artículo 70 de la Ley 1116 de 2006, para el caso en
que son varios los obligados a cumplir con la obligación de pago” (fls. 5265-5272 c.
13).
4. Recurso de apelación y su concesión
Inconforme lo decidido, la parte demandante interpuso recurso de apelación, con el
fin de que fuera revocada la sentencia impugnada y, en su lugar, se accediera a las
pretensiones de la demanda.
Como sustento de la impugnación insistió en que el Juez Noveno Civil del Circuito
de Bucaramanga no dio respuesta en un tiempo razonable y, en consecuencia, no
ordenó la remisión de los documentos originales que conformaban el expediente,
con lo cual incurrió en una vía de hecho por omisión, “en dos oportunidades ya que
nunca materializó el envío del proceso requerido”.
Explicó que el 27 de mayo de 2013, Solsalud EPS S.A. en liquidación solicitó al
juzgado la remisión del proceso original dentro de un término de 20 días, petición
que fue recibida por el despacho judicial el 6 de junio de 2013. Transcurridos 2
meses y 22 días, mediante providencia del 28 de agosto de 2013, el juzgado puso
en conocimiento de la ahora demandante la toma de posesión de Solsalud por parte
de la Superintendencia Nacional de Salud, con lo cual quedó demostrado que la
demandada no fue diligente al momento de imprimirle el trámite requerido y no
justificó la mora en la que incurrió.
Añadió que contra el auto del 28 de agosto de 2013 no se interpuso recurso alguno,
razón por la cual una vez quedó ejecutoriada esa providencia la demandada debió
ordenar la remisión inmediata del expediente al liquidador de Solsalud y no esperar
hasta el 18 de septiembre para impartir la orden y continuar en mora, porque nunca
remitió el proceso y dejó vencer el tiempo de cierre de la liquidación, a pesar de que
se habían pagado las expensas para las copias.
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Radicación número: 68001-23-33-000-2015-01468-01 (65495)
Actor: ETICOS SERRANO GÓMEZ LTDA
Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Manifestó el impugnante que el Ministerio Público durante el término de alegatos de
conclusión advirtió la necesidad de que el a quo decretara pruebas de oficio, para
solicitar el proceso ejecutivo que se surtió ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito
de Bucaramanga y reprochó que no se hubiera librado dicha orden, con lo cual
consideró que con las pruebas que obraban en el expediente no era posible
determinar la responsabilidad que se le atribuía a la demandada.
Aseguró que cumplió con su deber, dado que se hizo presente, en tiempo, en el
proceso liquidatorio de Solsalud EPS S.A. e informó al liquidador que el proceso
ejecutivo se encontraba cursando en el Juzgado Noveno Civil del Circuito de
Bucaramanga.
Finalmente, señaló que en la sentencia impugnada no se les dio “el valor probatorio
a los medios de prueba existentes en el proceso”, por lo que el fallo es “carente de
motivación razonada y lógica”, específicamente, cuando afirma que el juzgado no
podía segregar el expediente porque existían otros demandados, razón por la cual
no podía remitir el expediente al liquidador, lo cual, según su criterio, no es causal
de exclusión, porque en la Resolución 03789 de 5 de junio de 2014, se refirió que
se había oficiado a todos los jueces de la República solicitando la remisión de “los
expedientes originales que cursaran contra Solsalud” (fls. 5276-5284 c. 14).
El a quo concedió el recurso de apelación, mediante auto del 30 de octubre de 2019
(fl. 5285 c. 14).
5. Trámite de segunda instancia
Mediante providencia del 21 de febrero de 2020, se admitió el recurso de apelación;
el 14 de julio siguiente se corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión y al Ministerio Público para que presentara concepto, si lo consideraba
pertinente (fls. 5294, 5299 c. 14).
Las partes alegaron de conclusión y reiteraron las posiciones asumidas durante el
trámite del proceso (Índice 8, 14, 15 y 16 de Samai), el Ministerio Público guardó
silencio.
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Radicación número: 68001-23-33-000-2015-01468-01 (65495)
Actor: ETICOS SERRANO GÓMEZ LTDA
Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL
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III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
En atención a lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo
615 del CGP, el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda
instancia, de «las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por
los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación».
Por su parte, el numeral 6 del artículo 152 del CPACA dispone que los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, «de los de
reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los
agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes».
En el proceso de la referencia, se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía
señalada en la mencionada disposición normativa1, razón por la cual se concluye
que esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia emitida
por el Tribunal Administrativo de Santander el 26 de septiembre de 2019.
2. Legitimación en la causa
Al presente asunto acudió como demandante la empresa Éticos Serrano Gómez
Ltda. con el fin de que le fueran resarcidos los perjuicios materiales que dice haber
sufrido con ocasión de la omisión en que incurrió la Juez Novena Civil del Circuito
de Bucaramanga al no remitir el original del título ejecutivo que dio origen al proceso
ejecutivo que cursaba en ese despacho al trámite liquidatorio de Solsalud EPS S.A.
en liquidación.
En este caso, se encuentra probada la constitución de la empresa demandante con
la escritura pública 191 de 16 de febrero de 19792, suscrita en la notaría primera del
círculo de Valledupar (fls. 14-18 c. 1).
1
La pretensión mayor corresponde a lo pedido por concepto de perjuicios materiales en la modalidad
de lucro cesante, el cual ascendió a la suma de $2.038´722.592 y para la fecha de presentación de
la demanda -18 de noviembre de 2015- 500 SMLMV equivalían a $322´175.000.
2
Así se hace constar en el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla.
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Actor: ETICOS SERRANO GÓMEZ LTDA
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De acuerdo con lo anterior se debe concluir que la empresa Éticos Serrano Gómez
Ltda. se encuentra legitimada en la causa por activa para acudir al plenario a solicitar
la indemnización de los perjuicios materiales que considera le fueron causados con
la omisión en la que incurrió el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga
al no remitir el proceso ejecutivo que cursaba en dicho despacho judicial al trámite
liquidatorio de Solsalud EPS S.A.
La Rama Judicial se encuentra legitimada en la medida en que el perjuicio que se
demanda sea resarcido deviene de la omisión, en que dice la demanda, incurrió el
Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga.
3. La demanda en tiempo
De conformidad con lo previsto en el literal i, del numeral 2, del artículo 164 del
CPACA, la demanda de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos años
“contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia”.
En el caso concreto, la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda
se origina en el daño que se alega sufrido por la parte demandante con ocasión del
rechazo de la acreencia presentada en el proceso liquidatorio de Solsalud E.P.S.
S.A., debido a que el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga no remitió
el original del proceso ejecutivo que cursaba en ese despacho judicial, contra la
entidad en liquidación.
El 5 de junio de 2014, el agente especial liquidador de Solsalud EPS S.A. en
liquidación profirió la Resolución 003789, mediante la cual se pronunció “acerca de
la calificación y graduación de las acreencias presentadas de manera oportuna al
proceso liquidatorio” de Solsalud E.P.S. S.A. en liquidación, en la que rechazó la
radicada por la hoy demandante, debido a que el Juzgado Noveno Civil del Circuito
de Bucaramanga no remitió el original del proceso ejecutivo que cursaba en dicho
despacho judicial contra la entidad en liquidación (fls. 19-76 c. 1).
En ese orden, el plazo para demandar a través de la acción de reparación directa
vencía, en principio, el 6 de junio de 2016; sin embargo, el 18 de septiembre de
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Radicación número: 68001-23-33-000-2015-01468-01 (65495)
Actor: ETICOS SERRANO GÓMEZ LTDA
Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
2015 (faltando 8 meses y 18 días para que venciera el término de caducidad), se
formuló solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría n.° 159 Judicial II
para Asuntos Administrativos de Bucaramanga, la cual se declaró fallida el 4 de
noviembre de 2015, de conformidad con la constancia expedida en la misma fecha
(fls. 123-124 c. 1).
Teniendo en cuenta que el plazo para demandar se reactivó el 5 de noviembre de
2015 y vencía el 23 de julio de 2016 y que la demanda se presentó el 18 de
noviembre de 2015, no hay duda de que la misma se formuló en tiempo.
4. De la carga procesal de sustentación material del recurso de apelación
Considera la Sala que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
no se encuentra sustentado, dado que es obligación del impugnante, cuando
pretenda cuestionar las decisiones judiciales, expresar de manera concreta los
motivos de su divergencia.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en relación con el tema
ha sido clara en determinar que el deber de sustentación del recurso consiste en
explicar la razón o el motivo concreto por el cual se interpone el recurso, explicación
que no puede ser vaga e imprecisa, para así obtener la revocatoria de la decisión
impugnada3
También la doctrina ha destacado la importancia de la carga de sustentación del
recurso de apelación, consistente en que se exponga, al menos, una razón que
contraríe las conclusiones de la providencia cuestionada para que dicha
impugnación pueda ser considerada seria, por lo que “decir apelo porque su
providencia es abiertamente ilegal, o su fallo olvidó la aplicación de la normatividad
vigente o desconoció la prueba que obra en el proceso así, en abstracto, no puede
constituir por no ser argumento serio, concreto, base para una adecuada
fundamentación4”.
Las diferentes secciones de esta Corporación, en la misma línea, han resaltado la
necesidad de que se sustente en forma adecuada el recurso de apelación, pues de
3
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta Judicial
No. 2415, M.P. Humberto Murcia Ballén. Con orientación similar se ha pronunciado la Sala de
Casación Laboral de dicho cuerpo colegiado. Al respecto, ver: sentencia de 29 de junio de 2006,
radicación No. 26936 y sentencia de 7 de septiembre de 2010, radicación No. 37302, M.P. Eduardo
López Villegas.
4 López Blanco, Hernán Fabio. La sustentación de la apelación en Derecho Procesal Civil. Revista
del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, 1985. P.P. 75-80.
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Actor: ETICOS SERRANO GÓMEZ LTDA
Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL
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no serlo se deberá confirmar la sentencia impugnada por ausencia de objeto de la
censura. Se ha resaltado que el escrito de apelación debe contener los argumentos
tendientes a desvirtuar las razones que fundamentan el fallo de primera instancia,
por tanto no basta que se presente un escrito de sustentación del recurso, sino que
la sustentación debe ser adecuada, se debe indicar concretamente los motivos de
inconformidad respecto del fallo del a quo, los cuales determinarán la competencia
del juez de segunda instancia y el tema que debe ser abordado durante la decisión
de la impugnación, no debe limitarse a reiterar las manifestaciones hechas en la
demanda5.
La Sala reitera que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por
la impugnante en su recurso, en tanto a través de ella se ejerce el derecho de
impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los
recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó
para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efectos de solicitarle
al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que
se plantean ante la segunda instancia6. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido en la parte inicial del artículo 320 CGP, que dispone que “el recurso de
apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente
en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión”
Así las cosas se debe concluir que para el juez de segunda instancia, el marco
fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y
argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere
adoptado en la providencia de primera instancia, por lo cual, en principio, los demás
aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse
del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados
por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2018, expediente No. 73001-
23-31-000-2014-00160-01 (3026-15), C.P. William Hernández Gómez. Cabe destacar que la
Subsección B de dicha Sección también ha expuesto un criterio similar. Al respecto, ver: Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 4 de julio de 2019, exp. 25000-23-25-000-
2011-00740-01(0649-15), C.P. César Palomino Cortés. Sección Cuarta, sentencia de 29 de junio de
2017, exp. 20838, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. En el mismo sentido, sentencia del 7 de
mayo de 2014, exp. 18755, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Sección Primera, sentencia de
23 de enero de 2020, exp. 25000-23-25-000-2012-90514-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Sección Tercera, sentencia del 16 de agosto de 2022, exp. 52803.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de
abril de 2009, exp. 17.160. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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operan tanto el principio de congruencia7, como el principio dispositivo8, razón por
la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que «las pretensiones del recurrente
y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que
conoce del mismo».
Claro lo anterior, la Sala procederá a verificar si en el caso concreto, se cuenta,
realmente, con una sustentación material suficiente de las razones por las cuales la
parte demandante no comparte la decisión proferida en primera instancia.
En la sentencia recurrida, el Tribunal Administrativo de Santander negó las
pretensiones de la demanda. Explicó que el daño no provenía de la decisión del 18
de septiembre de 2013, proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de
Bucaramanga, sino de la decisión del agente liquidador de rechazar la acreencia
presentada por la demandante, porque “restringir la posibilidad de calificar la
reclamación n.° A09.25 impuso una carga excesivamente rigurosa e injustificada a
la parte demandante, por considerar que era necesario aportar el proceso ejecutivo
en original, cuando así no lo dispone el artículo 20 ni el artículo 70 de la Ley 1116
de 2006, para el caso en que son varios los obligados a cumplir con la obligación
de pago”.
Por su parte, el impugnante insistió en que el Juez Noveno Civil del Circuito de
Bucaramanga se encontraba incurso en una vía de hecho por omisión al no haber
remitido los documentos originales que conformaban el expediente. Refirió las
fechas en las que el liquidador de Solsalud EPS S.A. realizó los requerimientos y
cuándo fueron recibidos por el juzgado, sin que se diera respuesta oportuna a los
mismos.
7 En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución
del recurso de apelación, providencia de 1 de 2009, dentro del expediente 32.800, con ponencia de
la señora Magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó: «De conformidad con el
principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido
emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón
por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo
impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud
del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional».
8 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: «La facultad exclusiva del individuo de
reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con
el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin». O
como dice el tratadista Eduardo J. Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a
los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso,
Son características de esta regla las siguientes: «(…). El campo de decisión del juez queda
determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no
puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado». López Blanco, Hernán Fabio,
Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá,
2005, Pág. 106.
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Radicación número: 68001-23-33-000-2015-01468-01 (65495)
Actor: ETICOS SERRANO GÓMEZ LTDA
Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
También hizo referencia a una solicitud presentada por el Ministerio Público durante
el término de alegatos de conclusión, la cual no había sido tramitada por el a quo.
Aseguró que cumplió con su deber de presentarse en el término legal ante el
proceso liquidatorio de Solsalud EPS S.A. e informar al liquidador dónde se
encontraba cursando el proceso ejecutivo.
Finalmente, señaló que en la sentencia impugnada no se les dio “el valor probatorio
a los medios de prueba existentes en el proceso”, por lo que calificó el fallo como
“carente de motivación razonada y lógica”, específicamente, cuando afirmó que el
juzgado no podía segregar el expediente porque existían otros demandados, razón
por la cual no le había sido posible remitir el original del mismo al liquidador, a pesar
de que la Resolución 03789 de 5 de junio de 2014, había sido clara en solicitar la
remisión de “los expedientes originales que cursaran contra Solsalud”, en todos los
despachos judiciales del país.
Si bien el escrito de impugnación pretende la revocatoria de la sentencia de primera
instancia, con el fin de que se acceda a las pretensiones de la demanda, de su
lectura no es posible extractar los motivos con los que pretende quebrar la negativa
de la sentencia, en tanto que no explica por qué considera que el daño por el cual
ahora se reclama si deviene de la decisión del 18 de septiembre de 2013 proferida
por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga y no de lo resuelto por el
agente liquidador, al imponer una carga excesivamente rigurosa e injustificada,
consistente en aportar el original del proceso ejecutivo, cuando dicha exigencia no
se encontraba contenida en los artículos 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006.
Tal como se dejó explicado con antelación el recurso de apelación es un mecanismo
de control de las decisiones judiciales, razón por la cual los motivos de disenso
expuestos en él deben estar íntimamente relacionados con la sustentación de la
providencia impugnada, es decir, el escrito debe atacar los fundamentos de hecho
y de derecho que sirvieron de sustento a la providencia, en aquello que le resulte
desfavorable, es así como no es dable que se reiteren los argumentos expuestos a
lo largo de la primera instancia, dado que para el momento de interponer el recurso
de apelación ya existe una providencia que debe ser debatida con argumentos
serios y concretos.
Se reitera que al examinar el recurso de apelación éste no cumple con la carga de
fundamentación que se requiere, en tanto que no presenta reparos frente a los
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Radicación número: 68001-23-33-000-2015-01468-01 (65495)
Actor: ETICOS SERRANO GÓMEZ LTDA
Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
argumentos expuestos en la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de
Santander.
No encuentra la Sala que el recurrente presentara argumentos tendientes a
controvertir la conclusión del a quo, al señalar que el daño por el cual se está
reclamando se deriva de la decisión proferida por el Juzgado Noveno Civil del
Circuito de Bucaramanga el 18 de septiembre de 2013. Simplemente guardó
silencio en relación con los argumentos que le sirvieron al juez de primera instancia
para negar las pretensiones de la demanda, por tanto -se reitera-, el recurso
presentado no fue materialmente sustentado.
Es claro entonces, que la afirmación de que no comparte la sentencia de primera
instancia y la reiteración de lo expuesto en la demanda, no supone una
confrontación del dicho del tribunal en relación a que no hay lugar a acceder a las
pretensiones del libelo demandatorio porque el daño por el que se reclama deviene
de la decisión del agente liquidador, que considera excesiva, sin que existiera
sustento legal para ello.
Con lo hasta aquí expuesto es claro que la parte recurrente no cumplió con la carga
argumentativa para sustentar la impugnación, en tanto que no expuso los motivos
por los cuales no comparte las argumentaciones planteadas por el a quo.
En conclusión, ante la ausencia de sustentación suficiente, adecuada o material del
recurso de alzada propuesto por la parte demandante, al simplemente limitarse a
volver a exponer las consideraciones contenidas en la demanda, sin exponer
argumentos para desvirtuar la presunción de acierto de la decisión adoptada por el
Tribunal de primera instancia, esta Subsección deberá confirmar la sentencia de 26
de septiembre de 2019, tal como lo dispondrá en el acápite resolutivo de esta
providencia.
5. Condena en costas
De conformidad con el numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso,
se condenará en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación.
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Radicación número: 68001-23-33-000-2015-01468-01 (65495)
Actor: ETICOS SERRANO GÓMEZ LTDA
Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Por lo anterior se condenará en costas a la parte demandante que es la apelante
porque se confirmó la sentencia impugnada. En cuanto a su liquidación se hará por
el a quo, según lo regulado por el artículo 366 del estatuto procesal general.
De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el
acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda9, en materia de tarifas
de agencias en derecho se debe observar lo prescrito en el Acuerdo 1887 de 2003.
Se observa que se trata de un proceso de reparación directa, cuyas pretensiones
equivalían a $20´000.000, a título de daño emergente, y $2.038´722.592 por lucro
cesante, cuya sumatoria corresponde a $2.058.722.592, asunto en el que la parte
demandante resultó vencida en segunda instancia porque se confirmó la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
A partir de lo expuesto, se fijan las agencias en derecho en la segunda instancia en
el 1% de $2.058´722.592, es decir, la suma de $20´587.225, a favor de la
demandada; la suma de dinero señalada deberá incluirse en la liquidación de costas
a cargo de la parte vencida en el recurso, en este caso la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de septiembre de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Condenar en costas en segunda instancia a la parte demandante.
Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de $20´587.225, a
favor de la demandada; la suma de dinero establecida deberá incluirse en el auto
de liquidación de costas a cargo de la parte demandante.
9
La demanda se presentó el 18 de noviembre de 2015. El Acuerdo 1887 de 2003 se encontraba
vigente para ese momento.
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Radicación número: 68001-23-33-000-2015-01468-01 (65495)
Actor: ETICOS SERRANO GÓMEZ LTDA
Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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