Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-009-2015-00451-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-009-2015-00451-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-009-2015-00451-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-009-2015-00451-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
5 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)
Demandante: Asociación César Conto
Demandado: Municipio de Santiago de Cali1
Referencia: Reparación directa
Temas: COMPETENCIA DEL SUPERIOR – El marco fundamental de competencia del juez
de segunda instancia se circunscribe a las referencias conceptuales y argumentativas que
se aducen en contra de la decisión de primer grado. Por regla, los demás aspectos, diversos
a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en sede de
apelación. / CARGA DE LA PRUEBA – Es deber de las partes acreditar los supuestos de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra
de la sentencia del 31 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda y la condenó en
costas.
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA
2. Las partes suscribieron dos contratos para la prestación de servicios educativos
durante el año lectivo 2012, cada uno en favor de un número específico de
estudiantes. La accionante sostuvo que, con posterioridad, el municipio le solicitó
prestar el servicio en favor de 656 estudiantes adicionales a los pactados, con la
promesa de que se le reconocería la remuneración correspondiente al momento
de liquidar los negocios. Sin embargo, ello no se incluyó en el balance final y el
pago por dicha población adicional nunca se realizó. La apelante solicitó que se
condene al municipio a indemnizar los perjuicios causados por dicha situación.
ANTECEDENTES
La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó
3. El 27 de abril de 2015, la Asociación César Conto (en adelante, la parte
demandante, la apelante, la Asociación o la actora) formuló demanda2 en contra
del municipio de Santiago de Cali (el municipio, la entidad o la demandada), en
1 Hoy en día, Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, en virtud de
lo dispuesto en la Ley 1933 de 2018.
2 Fls. 3 a 18 del cuaderno principal.
1
Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)
Demandante: Asociación César Conto
Demandado: Municipio de Cali
Referencia: Reparación Directa
la que, en el marco del medio de control de reparación directa, formuló las
siguientes pretensiones (se transcribe de forma literal, con posibles errores):
“Primera. Declarar al Municipio de Santiago de Cali administrativamente
responsable de todos los daños y perjuicios materiales y morales ocasionados a
La ASOCIACIÓN CESAR CONTO, propietaria y administradora de las
instituciones educativas CESAR CONTO SEDE PRINCIPAL GAITÁN, CESAR
CONTO SEDE PETECUY, COLEGIO TECNICO COMERCIAL DANA MARIA Y
EL CENTRO ETNOEDUCATIVO ANTONIO MACEO, por el no pago de los
servicios educativos prestados a 656 estudiantes autorizados e impuestos por la
entidad territorial y servicio que fue prestado a satisfacción durante el año lectivo
2012.
Segunda. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene
al Municipio de Cali, a pagar a la entidad demandante por intermedio de su
apoderado todos los daños y perjuicio materiales y morales que se les han
ocasionado conforme a la siguiente liquidación.
Tercera. Relación de Daños y Perjuicios
a) PERJUICIOS MATERIALES:
● DAÑO EMERGENTE: El reconocimiento y pago del Subsidio Educativo
de las 40 semanas del calendario académico (de enero a diciembre de
2012) Servicio Educativo prestado a todos los estudiantes durante el año
lectivo 2012, suma que asciende al valor de $733.573.040 (o 1138,4
S.M.L.M.V.) los cuales se desglosan así: (…) [3]
Estos valores fueron invertidos totalmente en pago de nómina de profesores,
prestaciones sociales, seguridad social, material didáctico, mantenimiento de la
planta física, servicios públicos, dotación y gastos generales.
Subtotal= $ 733.573.040 (o 1138,4 S.M.L.M.V)
● LUCRO CESANTE: La ganancia o provecho que dejó de reportarse a
consecuencia de no haberse cumplido la obligación, por parte de la
entidad demandada. Ya que el Demandante debe dedicarse a recuperar
sus recursos, su economía y estabilidad comercial, por consiguiente
debe invertir en gastos económicos, en un largo periodo, que puede
equivaler a la duración del respectivo Proceso, que implica:
⮚ La desviación de esos recursos que de otra forma se destinarían a la
Productividad y al rendimiento social y económico de los colegios.
⮚ La pérdida de rentabilidad, por ese concepto.
⮚ La pérdida de oportunidades en el desarrollo de las actividades
comerciales del actor, como resultado del retardo injustificado en el
cumplimiento del pago de las obligaciones contraídas por el
Municipio.
Tomando como base la fecha del acaecimiento del hecho y los intereses, hasta
la fecha de ejecutoria de la sentencia por un valor de CIENTO DIECIOCHO
MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE
PESOS ($118.472.611).
3Agregó cuatro tablas, una por cada colegio de su propiedad, en las que detalló los alumnos
adicionales a los que se les habría prestado el servicio, detallados por niveles educativos y el valor
de cada uno con sus correspondientes subtotales.
2
Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)
Demandante: Asociación César Conto
Demandado: Municipio de Cali
Referencia: Reparación Directa
Subtotal= $118.472.611 (o 183,8 S.M.L.M.V)
b) PERJUICIOS MORALES: El no pago oportuno de estos recursos produjo un
trastorno económico a la ASOCIACIÓN CESAR CONTO y a las instituciones
educativas CESAR CONTO SEDE PRINCIPAL GAITÁN, CESAR CONTO
SEDE PETECUY, COLEGIO TECNICO COMERCIAL DANA MARIA Y EL
CENTRO ETNOEDUCATIVO ANTONIO MACEO, que le generó un
constante déficit económico y moral por el dificultoso funcionamiento que los
obligó a realizar préstamos para cubrir los faltantes y con esto se afectó el
buen nombre de estas Instituciones Educativas, la tranquilidad del Rector y
Administrador y la preocupación de muchos padres de familia que tenían sus
hijos en la relación de los estudiantes adicionales a los que no se cancelaron
los subsidios.
Estos perjuicios morales los taxamos así:
Un gramo oro cuesta a la fecha $94.753. Por Mil gramos oro =$94.753.000
Subtotal: 94.753.000 (o 147 S.M.L.M.V.)
SUMA TOTAL: $ 946.798.651 (o 1469,3 S.M.L.M.V.)
Cuarta. Que en todo caso se reparen integralmente los perjuicios sufridos
conforme lo que indica el artículo 16 de la ley 446 de 1.998, así como bajo los
cánones de la reciente jurisprudencia contenciosa administrativa.
Quinta. Que el valor de las condenas aquí señaladas, sean actualizados al
ejecutoriarse la sentencia con base en la variación porcentual del I.P.C. para
efectos de compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda (art. 192 del
CPACA.).
Sexta. Que la sentencia de mérito favorable a las pretensiones de la demanda,
se le dé cumplimiento en los términos del artículo 192 del Código De
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Séptima. Que se condene al demandado al pago de las costas y agencias en
derecho”.
4. Como fundamento de sus pedimentos, relató que suscribió con la Secretaría de
Educación de Cali los contratos 4143.0.26-3-2012 y 4143.0.26-98-2012, cuyo
objeto fue la prestación del servicio educativo a 4.304 estudiantes, para el año
lectivo 2012.
5. Indicó que, en enero del 2012, el alcalde de Cali promovió la política pública
educativa adelantada desde la Presidencia de la República, consistente en que
la población infantil que estuviera en edad escolar y por fuera del Sistema
Educativo Colombiano debía ingresar a él. Señaló que el secretario de
educación del municipio impuso a los contratistas que, para las comunas
deficitarias de la ciudad, se debía realizar la matrícula de los niños, niñas y
jóvenes que solicitaran los cupos respectivos en los colegios de su propiedad.
6. Refirió que la entidad territorial recibiría “dichos listados adicionales” y que
aquellos solicitantes que cumplieran los requisitos pertinentes serían
subsidiados. Con esa finalidad, se adelantarían las gestiones ante el Ministerio
3
Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)
Demandante: Asociación César Conto
Demandado: Municipio de Cali
Referencia: Reparación Directa
de Educación Nacional para que se les garantizaran a los colegios los recursos
de los niños adicionales.
7. Adujo que las instituciones educativas de su propiedad remitieron los señalados
listados al municipio para su validación, pero éste empezó muy tarde dicho
proceso, dada la inexperiencia de los funcionarios en el manejo del sistema de
información y matrículas. Sin embargo, todos los niños informados por la
Asociación fueron aprobados por el municipio.
8. Así, señaló que le prestó el servicio educativo correspondiente a dicha población
adicional durante todo el año lectivo 2012. Especificó que el número adicional
de niños ascendió a 656 estudiantes, distribuidos entre los cuatro colegios de
propiedad de la Asociación4, actividad que, según sostuvo, fue constatada por
el municipio.
9. Expuso que, pese a lo anterior, la entidad no adelantó las gestiones tendientes
a lograr la asignación presupuestal para atender la prestación del servicio de
dichos estudiantes, lo que obligó a las instituciones educativas a las que “se les
había impuesto prestar un servicio educativo adicional” a organizar una
audiencia pública que se llevó a cabo el 5 de septiembre de 2012. Detalló que,
en esa reunión, el secretario municipal de educación aseguró que realizaría el
pago con la liquidación de los contratos vigentes. Este compromiso, según se
adujo, se vio reflejado posteriormente en un acta levantada en mesa de trabajo
del 21 de septiembre de 2012.
10. La actora también alegó que, en febrero de 2013, se realizaron las liquidaciones
de los contratos del 2012, y que allí tampoco se realizó el reconocimiento de la
deuda. Argumentó que el 13 de marzo siguiente nuevamente se realizó una
reunión entre la Secretaría de Educación y los colegios, momento en el que el
municipio reiteró que cancelaría los valores de los niños, niñas y jóvenes a
quienes se les había prestado el servicio, pero que esto no sucedió.
11. Indicó que el 24 de febrero del 2015, se adelantó la audiencia de conciliación
prejudicial, que fracasó por la inasistencia de los funcionarios del municipio.
12. La Asociación fundamentó su demanda en los perjuicios que, según adujo, le
fueron ocasionados por el impago de los servicios prestados que, en su decir, el
municipio le “impuso por vía de autoridad”. Así, estructuró sus pedimentos en los
presupuestos de la teoría del enriquecimiento sin causa y las tres hipótesis que,
sobre este instituto, fueron consagradas en la sentencia de unificación del 19 de
noviembre del 2012 proferida por esta Corporación. Recapituló que existió una
relación jurídico-contractual reiterada entre el municipio y la Asociación
demandante y que la entidad territorial impuso su autoridad para garantizar el
servicio educativo a los niños, niñas y jóvenes de Cali, fundamentado en las
normas de orden superior que consagran el derecho fundamental a la educación
de los menores de edad.
4 Instituciones educativas César Conto Sede Principal Gaitán, César Conto Sede Petecuy, Colegio
Técnico Comercial Dana María y el Centro Etnoeducativo Antonio Maceo.
4
Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)
Demandante: Asociación César Conto
Demandado: Municipio de Cali
Referencia: Reparación Directa
13. A la luz de lo anterior, argumentó que existió un enriquecimiento por parte del
municipio de Cali, al ostentar el deber funcional de prestar el servicio educativo
a los 656 alumnos adicionales, pero haber impuesto dicha actividad a las
instituciones educativas. Sostuvo que ello se tradujo en un empobrecimiento
correlativo de la Asociación, que debió “pagar Docentes, Personal
Administrativos, Seguridad Social, Prestaciones Sociales, Mantenimiento de la
Planta Física, Dotación de Mobiliario y Equipos, Material Didácticos, Pagos de
Servicios Públicos, Impuestos de Industria y Comercio, derivados del hecho de
la matrícula, Seguro Estudiantil y otros gastos”.
14. Añadió que el ordenamiento jurídico obliga al Estado a indemnizar todo daño
que cause a otra persona, incluyendo aquellos eventos en los que no presta el
servicio en cabeza suya, cuando lo hace deficientemente o -como en el presente
caso- al imponer su ejecución en su nombre, pero sin pagarlo. Finalizó indicando
que no existe otra vía judicial para reclamar el pago del servicio prestado por
imposición de la autoridad municipal.
Trámite relevante en primera instancia
15. El municipio de Cali se opuso a las pretensiones5. Sostuvo que no existen
elementos de prueba para concluir la existencia de los perjuicios morales
reclamados y que, contrario a lo argumentado por la accionante, la presente es
una controversia contractual, en tanto el daño alegado se deriva del supuesto
incumplimiento de la entidad frente a los negocios celebrados. Igualmente,
objetó que existen paz y salvo suscritos por las partes con los que se da fe que
no existe ninguna obligación pendiente por parte del municipio.
16. En virtud de lo anterior, formuló la excepción previa de caducidad, al señalar que
la demanda se formuló por fuera de los dos años siguientes a la liquidación de
los contratos. Seguidamente, propuso las excepciones de mérito que denominó
“indebida escogencia de la acción”, “inexistencia de la obligación”, “buena fe”,
“cobro de lo no debido”, “imposibilidad jurídica para cumplir lo pretendido” y la
“innominada”.
17. En audiencia inicial6, el a quo encontró no probadas las excepciones de
caducidad y de indebida escogencia de la acción. En cuanto a esta última, indicó
que, dado que la accionante reclamó el pago de los servicios prestados a un
grupo de estudiantes adicional al pactado en los contratos que fueron suscritos,
la reparación directa es el medio de control idóneo para alegar el enriquecimiento
sin causa en que habría incurrido el municipio.
18. Así, fijó el litigio en torno a determinar (i) si se debe decretar la excepción de
caducidad y (ii) si hay lugar a declarar el reconocimiento del servicio prestado
por parte de la Asociación César Conto a 656 alumnos en el periodo de 2012,
5 Fls. 262 a 268 del cuaderno principal.
6 Archivo “18_AUTOCORRETRASLADOPOR10DIASPARAALEGAR” del expediente digital.
5
Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)
Demandante: Asociación César Conto
Demandado: Municipio de Cali
Referencia: Reparación Directa
los cuales fueron atendidos por fuera de los contratos suscritos. En cuanto al
decreto de pruebas, tuvo por incorporadas las documentales aportadas por
ambos extremos y negó tanto los oficios como los testimonios pedidos por la
demandante, decisión adoptada “sin objeciones”. Ante la ausencia de pruebas
por practicar, ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y emitir concepto, respectivamente. La demandante y la
demandada allegaron sus alegaciones finales, mientras que la Procuraduría
guardó silencio.
Sentencia de primera instancia
19. En fallo del 31 de mayo de 20247, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.
20. Según el a quo, no se configuró la caducidad de la acción. A su juicio, el término
debe contabilizarse desde el acta de liquidación de los contratos, la cual no estipula
la fecha exacta de su realización, pues solo indica que se llevó a cabo en febrero
de 2013. Sin embargo, ante la suspensión del término entre el 19 de diciembre de
2014 (día de radicación de la solicitud de conciliación) y el 2 de marzo de 2015
(fecha de la constancia de no acuerdo), la demanda -presentada el 27 de abril de
2015- fue oportuna.
21. En cuanto al fondo del asunto, desestimó la configuración del enriquecimiento sin
justa causa alegado. Como premisa, encontró que no se perfeccionó ningún
acuerdo de voluntades que respaldase la prestación del servicio a los 656 alumnos
adicionales, en contravía de la solemnidad exigida para la celebración del contrato
estatal y, en consecuencia, del mandato de la buena fe objetiva. De cara a ello,
señaló que tampoco se acreditó ninguna de las excepciones previstas en la
sentencia de unificación del 19 de noviembre del 2012 proferida por la Sección
Tercera de esta Corporación8 para la procedencia del señalado instituto, pues,
contrario a lo alegado por la Asociación, no se probó la existencia de actos de
constreñimiento o imposición de parte de la entidad territorial y estableció que la
contratista ejecutó el servicio adicional por su cuenta y riesgo, sin mediar una orden
expresa de la entidad. Añadió que tampoco se trató de un servicio que se hubiese
requerido para conjurar una amenaza al derecho a la salud, ni de una situación de
urgencia manifiesta que lo permitiera.
Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia
22. La Asociación interpuso recurso de apelación9 en contra de la sentencia de
primera instancia. Afirmó que, en las pretensiones, nunca se alegó el
incumplimiento de un contrato estatal, ni solicitó la adición de este, y reprochó
que el municipio se hubiera referido “a unos efectos de una relación contractual
que no existió”, con lo cual indicó que el presente asunto debe analizarse bajo
la lógica de la reparación directa.
7 Archivo “034Sentencia que n_104SENTENCIA1RARD201” del expediente digital.
8 Radicado 73001-23-31-000-2000-03075-01 (24.897). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
9 Archivo “040Apelacion de Se_recursodeapelacionco” del expediente digital.
6
Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)
Demandante: Asociación César Conto
Demandado: Municipio de Cali
Referencia: Reparación Directa
23. Controvirtió la fijación del litigio realizada por el Tribunal y estimó que, además
de los problemas jurídicos planteados, debía resolverse si se había impartido
verbalmente una orden o directriz para que se realizara la búsqueda de la
población desescolarizada y se le brindara el servicio educativo, si dicha
determinación se cumplió con la prestación de la actividad y si ésta fue pagada
o no. Con ello, objetó que el Tribunal hubiese adoptado una postura “ligada a la
acción contractual, al enriquecimiento sin causa y la Actio in Remverso (sic)”,
por considerar que, con ello, desconoció el derecho a solicitar una reparación
integral de los perjuicios causados por los hechos irregulares de la entidad, de
los que -insistió- se deriva la configuración de responsabilidad extracontractual.
24. Según su dicho, no fue correcto el razonamiento del Tribunal, pues “el juez no
debe exigirle a una de las partes del conflicto que pruebe o demuestre los
supuestos hechos que se deriva[n] del camino del desv[ío] jurídico orquestado
por su contraparte”. Sostuvo que en el proceso se probó: 1) la política pública
educativa promovida por el Ministerio de Educación, 2) la búsqueda y matrícula
de los estudiantes, 3) la existencia de las instituciones educativas que brindaron
el servicio educativo (dirigidas por la Asociación), 4) la ejecución de dicha
actividad durante el año lectivo 2012, y 5) el acta de reunión en la que se
consignó el compromiso de parte del municipio de reconocer el pago por los
alumnos adicionales.
25. Finalizó reiterando la causación de los perjuicios reclamados, al alegar que los
hechos que debió tener en cuenta el Tribunal eran “todos los extracontractuales,
no los contractuales indirectos, vía enriquecimiento sin causa”. Con ello, solicitó
revocar la sentencia de primer grado.
26. El a quo concedió el recurso de apelación ante esta Corporación10, el cual fue
admitido mediante auto del 15 de octubre de 2024 11. Las partes y el Ministerio
Público guardaron silencio en esta instancia.
CONSIDERACIONES
Presupuestos procesales, objeto del recurso de apelación y problemas
jurídicos por resolver
27. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide
lo actuado, y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales:
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa
por activa y por pasiva, el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial
y verificados los requisitos de la demanda en forma, a la Sala le corresponde
decidir la segunda instancia de la presente litis.
28. Para dichos efectos, esta Sección ha establecido que el marco fundamental de
competencia del juez ad quem se circunscribe a las referencias conceptuales y
10 Archivo “043Concede Recurso_20150045100CAGLconce” del expediente digital.
11 Archivo “003Autoqueadmite_71709admiteapelacion” del expediente digital en segunda instancia.
7
Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)
Demandante: Asociación César Conto
Demandado: Municipio de Cali
Referencia: Reparación Directa
argumentativas que se aducen en contra de la decisión de primer grado, por lo
cual, en principio12, los demás aspectos, diversos a los planteados por el
recurrente, están llamados a excluirse del debate en sede de apelación. Así se
desprende de lo señalado en el artículo 320 del Código General del Proceso
(CGP), según el cual: “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”.
29. En línea con lo anterior, tampoco son propias del recurso las simples
reiteraciones de los argumentos plasmados en etapas anteriores al proceso, en
particular en los escritos de demanda, de contestación y de alegatos de
conclusión, sino que “de cara a la tesis adoptada por el a quo en las conclusiones
del fallo, corresponde al apelante la formulación de una tesis diversa frente a
éste”13, que confronte la apreciación fáctica y las proposiciones jurídicas que la
decisión apelada contiene respecto de las alegaciones hechas por las partes14.
30. En adición a lo expuesto, son inadmisibles las modificaciones a la causa petendi
mediante el recurso de apelación, en virtud del derecho fundamental al debido
proceso y el principio de congruencia que impone fallar de forma coherente con
los hechos y las pretensiones formulados en la demanda, y con las excepciones
planteadas en la contestación. Con ello, se busca “impedir que se sorprenda a
las partes con decisiones que recaigan sobre aspectos que no fueron objeto de
debate en el curso del proceso, salvo los que, de conformidad con la ley, deban
ser resueltos de oficio”15.
31. En vista de las anteriores consideraciones, el objeto del recurso de apelación se
centró, en primera medida, en controvertir el fallo de primera instancia por haber
omitido tener en cuenta si los funcionarios del municipio, de manera verbal,
dieron una orden o directriz tendiente a que se realizara la búsqueda de la
población desescolarizada y que se le brindara el servicio educativo, si dicha
orden fue cumplida y si tal actividad fue objeto de reconocimiento económico.
Como consecuencia de ello, se cuestionó el fallo por haber resuelto la causa
12 Debe precisarse, en todo caso, que “dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe
entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los
principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el
Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales
relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional
Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran,
a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa
debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte
impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada” (Consejo de
Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060, C.P. Mauricio
Fajardo Gómez). Posición reiterada, entre otras, en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala
Plena, sentencia del 6 de abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 12 de septiembre de 2022. Rad. 05001233100020110045901 (59258). C.P. José
Roberto Sáchica Méndez.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 20 de mayo de 2024. Rad. 68001233300020150146801 (65495). C.P. María Adriana
Marín.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 24 de septiembre de 2020. Rad. 05001233100020030098501 (44707). C.P. José
Roberto Sáchica Méndez.
8
Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)
Demandante: Asociación César Conto
Demandado: Municipio de Cali
Referencia: Reparación Directa
como una controversia contractual y dando aplicación al instituto del
enriquecimiento sin justa causa, pese a que, en la demanda, se invocó el marco
de la reparación directa para reclamar la indemnización de los perjuicios
invocados. Asimismo, se dirigió a reclamar que, por esta razón, se le desconoció
la posibilidad de exigir una reparación integral del daño que alegó a título de
responsabilidad extracontractual. Por lo demás, en el recurso se insistió en los
argumentos de la demanda y en el recuento de lo que, a juicio de la actora,
quedó demostrado en el proceso, sin que ello constituya un motivo de reproche.
32. A la luz de esas pautas, los problemas jurídicos que deben ser resueltos en esta
instancia, en función del recurso de apelación, son los siguientes: (i) ¿desacertó
el Tribunal al no tener en cuenta la existencia de una alegada orden verbal,
proveniente de los funcionarios del municipio, dirigida a que se prestara el
servicio educativo a la población desescolarizada, y realmente se acreditó que
se llevó a cabo esa actividad? Solo en caso de que se resuelva de manera
afirmativa el anterior interrogante, por ser determinante para tener por
demostrada la causa petendi de la demandante, se deberá dar respuesta a los
siguientes puntos: (ii) ¿erró el a quo al analizar la controversia a partir de la
“acción contractual” y del instituto del enriquecimiento sin justa causa y no bajo
los elementos configurativos de la responsabilidad extracontractual del Estado?;
y (iii) ¿con la sentencia se vulneró el derecho de la accionante a recibir una
indemnización plena por los perjuicios que alega causados?
Solución del caso concreto
33. Según lo reseñado, el primer aspecto que debe abordar la Sala se centra en
determinar si el Tribunal pasó por alto el estudio sobre la existencia, o no, de
una directriz impartida verbalmente por parte del alcalde y el secretario de
educación de la entidad demandada, por la cual se habría ordenado a la
Asociación realizar la búsqueda de niñas, niños y jóvenes desescolarizados de
su sector comunitario para luego brindarles el servicio educativo por fuera de los
objetos de los contratos suscritos. La apelante sustentó este primer cargo de la
siguiente forma (se transcribe de forma literal con los errores):
“Señores Magistrados, si tenemos en cuenta lo anterior y los hechos detallados
en la demanda no hay duda que el Honorable Tribunal Administrativo del Valle,
no tuvo en cuenta para fijar el objeto del litigio otros hechos relevantes y
fundamentales como:
• Si se había dado la orden o directriz verbalmente por parte del entonces
Alcalde y los Secretarios de Educación del Municipio de Cali, para buscar y
matricular a los niños, niñas y jóvenes desescolarizados de su sector
comunitario para luego brindarles el servicio educativo a dichos menores de
edad?.
• Si dicha orden be había cumplido por parte de las Instituciones Educativas y
de ahí se había derivado la prestación del servicio educativo a esos niños y
niñas necesitados durante el año lectivo 2012? Y
• Si dicho servicio educativo ordenado verbalmente había sido pagado o no
pagado, por parte del Municipio de Santiago de Cali?”.
9
Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)
Demandante: Asociación César Conto
Demandado: Municipio de Cali
Referencia: Reparación Directa
34. La Sala destaca que este punto coincide con lo mencionado en la demanda
sobre la causa petendi, comoquiera que se trata del motivo de hecho que se
expuso para soportar la reclamación enfilada en contra de la entidad territorial.
En ese sentido, corresponde al tópico fundamental que la Asociación debió
demostrar durante el proceso, en tanto determina el supuesto fáctico que daría
lugar a la prosperidad de su pretensión. Esta carga -a no dudarlo- se deriva del
mandato contenido en el artículo 167 del CGP, conforme al cual: “Incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen”.
35. Así las cosas, independientemente de que esa causa sea analizada bajo la égida
de una controversia contractual, de la responsabilidad aquiliana o del instituto
del enriquecimiento sin justa causa, el primer aspecto que debió acreditarse,
para el presente caso, fue la prestación del servicio y su imposición por parte del
municipio de Cali para los 656 estudiantes que, a juicio de la actora, fueron
beneficiados por ella a pesar de no estar contenidos en la relación expresa que
hizo parte de los contratos 4143.0.26-3-2012 y 4143.0.26-98-2012.
36. Frente a lo anterior, la Sala encuentra que, pese al reproche concreto que se
enrostró sobre dicho punto, la apelante no indicó de qué forma se acreditó el
mencionado supuesto fáctico, pues no señaló de qué prueba obrante en el
expediente se deduce que la demandada actuó en ejercicio de su imperio para
instruir a la Asociación a ir más allá del objeto contractual delimitado en los
negocios que se perfeccionaron.
37. En el acápite del recurso en el que se hizo referencia a los “hechos probados”,
la apelante sostuvo que se demostró lo siguiente:
38. La política pública promovida desde el Ministerio de Educación Nacional
denominada “todos a estudiar”, probada con el Conpes Social N.° 142. La
Subsección encuentra que este documento no es idóneo para acreditar el hecho
que se alega, al provenir de una entidad ajena al presente litigio.
39. La promoción de la señalada política pública por parte del municipio, a través del
entonces alcalde y sus secretarios de educación, y la orden de realizar la
búsqueda y matrícula en el nivel educativo de los niños, niñas y jóvenes
desescolarizados. La recurrente señaló que estas actividades se demostraron
con el listado de alumnos adicionales que se aportó, junto con los folios de
matrícula de dichos estudiantes, sus certificados de evaluación y calificación y
los recibos de servicios públicos o consultas de puntaje del SISBEN, además de
las actas de validación del año lectivo 2012. Aunque estas piezas documentales
soportarían la prestación de servicios, las mismas no demuestran que
correspondan a lo reclamado, ni a la existencia de una orden proveniente del
municipio dirigida a que una actividad adicional (excediendo de los contratos
suscritos) se realizara. Tampoco se aportó copia del anexo 1 de los contratos
que se perfeccionaron, como se desarrollará más adelante.
10
Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)
Demandante: Asociación César Conto
Demandado: Municipio de Cali
Referencia: Reparación Directa
40. La existencia de las instituciones educativas que, según adujo, prestaron el
servicio. Este aspecto tampoco es materia de controversia ni se relaciona con la
emisión de la directriz verbal que se aduce.
41. La prestación del servicio educativo que, según la apelante, “lo confirman y lo
ratifican unos documentos públicos que no fueron objetados”, sin detallar a qué
instrumentos se refería. En todo caso, como se indicó, frente a ese particular la
accionante adujo copia de los documentos de identidad, folios de matrícula y
recibos de servicios públicos, o puntaje brindado por el SISBEN, de los
estudiantes que se relacionaron, pero este acervo no da cuenta de la orden
verbal que se alegó.
42. Sostuvo que, “en el Acta de la reunión (…) de fecha 21 de Septiembre (sic) de
2012 que obra en el expediente, se puede leer lo siguiente:
“los abajo firmantes luego de las discusiones de rigor llegamos al siguiente
acuerdo:
…
3. el reconocimiento de los alumnos nuevos que están siendo atendidos
desde el inicio del año lectivo 2012. lo adelantará la Secretaría de Educación
previo informe presentado por parte de la interventoría contratada para el
efecto. El mecanismo para el reconocimiento y pago de estas obligaciones
será el de conciliación prejudicial, para lo cual la Secretada adelantará las
gestiones que sean pertinentes…” (subraya la Sala)
43. La Sala constata la presencia de este documento en el expediente, junto con el
contenido que se le atribuye16. Sin embargo, las consideraciones de dicha acta
tampoco dan cuenta fidedigna de la orden verbal que se arguye, en tanto el
fundamento del compromiso adquirido se vertió con base en las siguientes
aseveraciones de parte de los funcionarios municipales:
“Dentro del contrato, no obstante haberse reconocido una tabla más
considerable que la de años anteriores, la Administración quiso hacer un
ajuste a la tipología fijada en CONPES 2012 y omitir dicha situación dará
paso al reconocimiento de un compromiso que el Alcalde quiere honrar con
el reconocimiento de los alumnos nuevos atendidos por los contratistas, el
Municipio quiere solucionar dicha situación por la única vía legal, es decir, la
conciliación prejudicial, asumiendo la Administración las consecuencias que
de esta actuación se deriven.
(…)
La Administración se encuentra realizando una inducción a cerca (sic) de los
alumnos nuevos para su reconocimiento en el periodo 2013, estos son los
compromisos asumidos por e (sic) Alcalde y así los reitera.
(…)
En atención a sus observaciones y contrapropuestas (…), la Secretaría de
Educación tiene la siguiente propuesta (…) los demás puntos propuestos,
esto es el de llevar los asuntos por fuera del contrato al trámite conciliatorios
(sic), se sostiene por parte de la Administración y en ese orden de idea (sic)
se suscribe el acta de reunión, como un acta de compromiso (…)
16 Fls. 2762-2770 del C. 12. Este instrumento aparece firmado, por un lado, por el secretario de
educación y los subsecretarios de desarrollo pedagógico y para la dirección y administración de los
recursos; y, por otro, por los representantes de las diferentes asociaciones de colegios que
concurrieron, es decir, correspondió a una reunión global.
11
Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)
Demandante: Asociación César Conto
Demandado: Municipio de Cali
Referencia: Reparación Directa
Así como la SEM está honrando los términos del contrato, los prestadores
del servicio deberán cumplir la obligación clara y expresa frente al recibo de
las visitas de interventoría y que la renuencia a las mismas es causal de
incumplimiento del contrato y en eso la Administración no cede (…)”
44. En ese sentido, de esas manifestaciones no se deduce la existencia de la orden
o instrucción que se adujo en la demanda (no es claro, entonces, si se trató de
una imposición o si respondió a la iniciativa propia de los contratistas), sino
solamente la fijación de un compromiso para reconocer “alumnos nuevos que
están siendo atendidos desde el inicio del año lectivo 2012”, además, sin detallar
la población específica a la que se refiere, ni los planteles educativos en los que
se habría prestado, ni las particularidades del servicio. Esta última circunstancia
impide a esta judicatura, además, constatar si los estudiantes aludidos por la
demandante corresponden al objeto originalmente contratado (los 2614 y 1690
alumnos previstos en los contratos que se perfeccionaron) o si son ajenos a él,
aun cuando se aportaron insumos documentales por medio de los cuales se
buscó acreditar la prestación del servicio educativo17. Lo anterior es así,
especialmente, porque no se allegó el anexo 1 previsto en la cláusula primera
de ambos contratos18, el cual, según dicho instrumento, “incluye los siguientes
datos (Nombre completo, documento de identidad, grado en el que se matricula
y domicilio) (sic)”, información imprescindible para cotejar la coincidencia, o no,
entre una y otra población de alumnos. En efecto, sin ello no puede distinguirse
si los servicios corresponden a adicionales o a los inicialmente contratados, en
tanto no se aportó prueba de toda la población, incluidos los 2614 y 1690
estudiantes integrados a los objetos de los negocios jurídicos.
45. Aunado a ello, en el citado punto compromisorio se indicó que: “El mecanismo
para el reconocimiento y pago de estas obligaciones será el de conciliación
prejudicial”, trámite que resultó fallido por inasistencia de la demanda (hecho 17
de la demanda, aceptado por el municipio). También se consignó que: “Es
menester aclarar que para efectos de un trámite eficaz e (sic) la conciliación, es
necesario contar con el informe de interventoría y la respectiva acta de
verificación suscrita por las partes contratantes”, como también se exigió en la
exposición realizada por los funcionarios del Municipio, instrumentos de los que
no se aportó prueba.
46. Aun cuando la apelante hizo alusión a un acta de interventoría, no relacionó su
ubicación en el expediente ni el contenido concreto que se deduciría de la
misma. Una vez revisado el plenario, la Sala tampoco encuentra que dicho
documento haya sido aportado y, por el contrario, solo milita copia del formato
titulado “MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN –
PROGRAMA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA 2012”, en el que se indica:
“Institución ASOCIACIÓN CÉSAR CONTO/COLEGIO CÉSAR CONTO || No. Contrato 3
(…) Valor: $ 2.194.801.920 || SUPERVISIÓN 2012”, y detallando que el “total
estudiantes efectivamente atendidos por el contratista” asciende a 1360. Este
17 Supra, párr. 39.
18 “El presente contrato tiene por objeto la prestación del servicio educativo (…) a (2614) / (1690)
estudiantes (…) en [los establecimientos educativos ubicados en las direcciones] y en la distribución
según Anexo 1 que es parte integral presente contrato”.
12
Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)
Demandante: Asociación César Conto
Demandado: Municipio de Cali
Referencia: Reparación Directa
instrumento aparece firmado “por la SEM” y “por el contratista”, sin que figure el
interventor al que se hizo referencia, y no demuestra la orden verbal aducida. A
vuelta de página obra un formato de chequeo documental que tampoco da
cuenta de ello19 y en el que tampoco se referencia participación alguna del
interventor.
47. En ese sentido, aunque en la apelación se sostuvo que se configuró la
responsabilidad del municipio “por el mero hecho de que sus servidores públicos
(el Señor Alcalde y los Secretarios de Educación) le hubieron dado las citadas
directrices a unas Instituciones Educativas que venían prestando desde el sector
privado el servicio público educativo”, esas órdenes verbales no quedaron
acreditadas en el plenario, supuesto fundamental -como se indicó- para
reconocer la procedencia de las pretensiones de la demanda.
48. La apelante controvirtió este aspecto al sostener que tal razonamiento no es
correcto, porque -a su juicio- el juez no debe exigirle a una de las partes del
conflicto que demuestre “los supuestos hechos que se derivan del desvío jurídico
orquestado por su contraparte”20, y que lo correcto era acudir a la “realidad
procesal”. La Sala desestima este motivo de inconformidad, pues el principio de
la carga probatoria (onus probandi incumbit actori), sin lugar a duda, impone al
demandante el deber de acreditar los supuestos de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, según las voces del ya citado
artículo 167 del CGP, cuya desatención impide conformar el panorama al que
alude el actor.
49. Además, debe destacarse que el aparente acuerdo al que se arribó en la
diligencia no demuestra en qué medida se habría prestado el servicio, esto es,
por ejemplo, la cantidad concreta de estudiantes que la Asociación afirma que
fueron atendidos21. Aquella tampoco ostentó la propiedad de probar la actividad,
porque -como ya se refirió- para determinar su existencia, las partes previeron
la necesidad de que se rindiera un informe de interventoría, se suscribiera un
acta de verificación y se aprobara en sede de conciliación extrajudicial; lo que -
se insiste- no se acreditó. Por su parte, la entidad demandada tampoco
reconoció la ejecución de dicha actividad durante el presente proceso,
comoquiera que, al referirse a la lista de alumnos adicionales enunciada en la
demanda (hecho décimo), señaló que ello no le consta, pero que “se acepta si
así se acredita en el plenario”, dejando la salvedad de que “al suscribirse los
respectivos paz y salvo, se dejó constancia de la cantidad de alumnos y se
estableció además que allí se incluían los reemplazos por deserción, los cupos
no utilizados, entre otros”22. Revisados estos paz y salvos, se constata que las
cantidades de alumnos allí consignadas corresponden a la cantidad prevista en
19 Fls. 89 y 90. Posterior a ella, se encuentran las actas de inicio y de liquidación de los dos contratos
(fls. 91-100), así como los paz y salvos de registros de estudiantes en el sistema SIMAT (fls. 101-
114), tras lo cual figuran los compendios de documentos señalados en el párr. 41 supra, además de
las listas de “alumnos no validados” según la Asociación (fls. 115-2752).
20 Supra, párr. 24.
21 Si fuera suficiente esa acta, todo acuerdo conciliatorio en materia contencioso-administrativa,
aunque carezca de soportes, debería ser aprobado; hipótesis que, a su vez, riñe con los principios
de la función administrativa.
22 Fl. 263.
13
Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)
Demandante: Asociación César Conto
Demandado: Municipio de Cali
Referencia: Reparación Directa
los contratos23, de forma que en esos instrumentos tampoco se encuentra la
constancia de los 656 adicionales por los que se reclamó. En ese contexto, no
podría determinarse, por ejemplo, si los cupos por deserción se cubrieron con la
lista de estudiantes que se dice fueron adicionales a los contratados.
50. Así las cosas, el primer y principal problema jurídico planteado debe ser
respondido de manera negativa. En efecto, el Tribunal no erró, en tanto no se
acreditó dentro del plenario la supuesta existencia de una orden verbal,
proveniente de los funcionarios del municipio, dirigida a que se prestara
(excediendo de los objetos contractuales) el servicio educativo a la población
desescolarizada, así como tampoco se probó la propia actividad. En ese sentido,
acertó al denegar las pretensiones de la demanda.
51. Ahora bien, conforme se expresó en el itinerario, esta conclusión releva a la
Subsección de pronunciarse frente a los demás cargos de la apelación y los
otros interrogantes planteados de manera subsidiaria. En efecto, ante la
ausencia de prueba del supuesto fáctico del que pendía la prosperidad del
petitum, carece de objeto precisar si la presente controversia debió tramitarse
como un asunto contractual o extracontractual (en este último caso, bajo la
responsabilidad patrimonial del Estado o a la luz del instituto del enriquecimiento
sin justa causa), pues, en cualquiera de esos casos, era imperativa la
demostración de la directriz tantas veces mencionada. De igual forma, dicha
conclusión trunca el estudio del supuesto desconocimiento del derecho de la
accionante a obtener una reparación integral de los perjuicios que adujo
causados, nuevamente, porque su concesión se torna inviable ante la falta de
prueba del supuesto fáctico necesario para inferir la existencia de una fuente
obligacional a cargo del municipio.
Conclusiones
52. La Sala confirmará el fallo dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, recapitulando lo siguiente:
53. Lo alegado por la demandante se fundamentó en la supuesta prestación del
servicio educativo a un número diferente de estudiantes al que había sido
pactado previamente con el municipio, sin respaldo negocial para ello. Sin
embargo, la actora no demostró esa actividad adicional ni que el municipio
hubiese emitido una orden o directriz, de manera verbal, por la que le hubiese
impuesto el deber de búsqueda de una población de niñas, niños y jóvenes
desescolarizados, para brindarles esa labor con posterioridad y al margen del
alcance fijado en los contratos que se habían perfeccionado.
54. Aun cuando en el recurso se sostuvo que en el expediente obran pruebas
atinentes a lo anterior, la valoración de las mismas no permite inferir el servicio
por el que se reclamó ni la orden verbal que se adujo, supuestos fácticos que el
23 La suma de 1360, 851 y 403 para los 2614 previstos en el contrato 4143.0.26-3-2012 (págs. 148,
151 y 154 de los antecedentes administrativos aportados por el municipio, respectivamente) y 1690
por el contrato 4143.0.26-98-2012 (fl. 111 del expediente).
14
Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)
Demandante: Asociación César Conto
Demandado: Municipio de Cali
Referencia: Reparación Directa
demandante debió acreditar en virtud del principio de la carga de la prueba y que
ostentaba el carácter fundamental de la causa petendi elevada. Por el contrario,
con la apelación, la accionante afirmó que no se le podía exigir que probara los
hechos.
55. Debido a lo anterior, la Sala se vio relevada de estudiar las demás cuestiones
vertidas en la impugnación, atinentes al medio de control idóneo para conocer la
controversia y la determinación de la supuesta vulneración del derecho de la
Asociación a una reparación integral.
Condena en costas
56. En observancia del artículo 188 del CPACA (modificado por la Ley 2080 de
2021), así como de los artículos 365 y 366 del CGP aplicables a este proceso
contencioso24, se condenará en costas de segunda instancia a la Asociación,
comoquiera que el recurso de apelación que propuso será resuelto
desfavorablemente25. Tales consideraciones operan independientemente de la
conducta desplegada en el proceso por el extremo actor26. Su liquidación será
adelantada por el Tribunal de primera instancia.
57. De otra parte, siguiendo27 las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la
Judicatura mediante el Acuerdo 1887 de 2003, vigente para la fecha de
presentación de la demanda28, las agencias en derecho29 para la segunda
instancia se limitan al “cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia”30. Pese a que la entidad demandada no
intervino en el curso del trámite ante esta Corporación, no se debe desestimar
la labor de vigilancia que aquélla debió efectuar a las actuaciones del presente
proceso, de manera que la Sala fijará el señalado concepto en la suma de
novecientos cuarenta y seis mil setecientos noventa y nueve pesos ($ 946.799),
24 Por remisión expresa del CPACA, en su artículo 306.
25 Según el artículo 365, numeral 1, del CGP, deberá condenarse en costas “a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto” (se subraya).
26 En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la
demandante (no así a la demandada vencida), debe acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación
del mandato incorporado en el artículo 188 del CPACA con la Ley 2080 de 2021, conforme al cual,
en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde
no procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos
extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento
legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual posición
mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
27 CGP – Artículo 366, numeral 4: “Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las
tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
28 27 de abril de 2015. El Acuerdo PSAA16-10554 que lo derogó fue proferido el 5 de agosto de
2016.
29 Como lo señala el artículo 361 del CGP: “Las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”.
30 Acuerdo 1887 de 2003, numeral 3.1.3.
15
Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)
Demandante: Asociación César Conto
Demandado: Municipio de Cali
Referencia: Reparación Directa
equivalente al 0,1% de las pretensiones formuladas por el extremo accionante31,
en favor de la demandada.
58. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de mayo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en este
proveído.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante,
que se liquidarán de forma concentrada por el Tribunal a quo. Como agencias en
derecho de segunda instancia, se fija la suma de novecientos cuarenta y seis mil
setecientos noventa y nueve pesos ($ 946.799), en favor de la entidad demandada.
TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
VF
31 Correspondientes a $ 946’798.651.
16
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.